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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00400-00

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00400-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. SEGUNDO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por el señor Alex de Jesús Aguas Mercado contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Alex de Jesús Aguas Mercado Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A Radicado: 11001-03-15-000-2024-00400-00 CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00400-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

21 de marzo de 2024

Demandante: Alex de Jesús Aguas Mercado
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00400-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00400-00
Demandante: ALEX DE JESÚS AGUAS MERCADO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
A

Temas: Tutela contra providencia judicial – reparación directa - declara
improcedente por falta de carga argumentativa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la acción de tutela de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El señor Alex de Jesús Aguas Mercado, a través de apoderado judicial, instauró
acción de tutela1 contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, con
el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
providencia de 14 de julio de 2023, a través de la cual el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A revocó la sentencia de 16 de diciembre de 2016 dictada por
el Tribunal Administrativo de Sucre que había accedido a las súplicas del medio de
control de reparación directa2 promovido por el actor y otros contra la Nación –
Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, para en su lugar, negarlas.

1.2. Pretensiones

Lo requerido en la demanda de tutela es lo siguiente:

Con esta acción pretendo se le tutele a mi poderdante el Derecho Fundamental al
Debido Proceso, consagrado en el Art. 29 de la Constitución Nacional, y el Derecho
al Acceso a la Administración de Justicia, de la Constitución Nacional y los de más
derechos fundamentales constitucionales, que resulten vulnerados en el trámite de
la presente Acción, por el HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN
TERCERA – SUBSECCIÓN A, con ponencia de MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO,

1 Mediante correo enviado el 29 de enero de 2024, al buzón electrónico
tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co y reenviado en la misma fecha a la Secretaría General del
Consejo de Estado.
2 Proceso identificado con el radicado 70001-23-31-000-2008-00065-00/01.

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Demandante: Alex de Jesús Aguas Mercado
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00400-00

(radicado 70-001-23-31-000-2008-00065-01), en el término de 48 horas, es decir,
que como consecuencia de lo anterior, SE DEJE SIN EFECTO la sentencia adiada
14 de julio de 2023,proferida por el HONORABLE CONSEJO DE ESTADO,
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A, con ponencia de MARTA NUBIA
VELÁSQUEZ RICO, dentro del radicado 70-001-23-31-000-2008-00065-01 ya que
fue proferida por Defecto Factico, Sustantivo por inaplicación de una norma,
Desconocimiento de los precedentes Constitucionales y Violación Directa de la
Constitución.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

Señaló que junto con su grupo familiar interpuso una demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la
Nación y la Rama Judicial, con el fin de obtener la indemnización por los perjuicios
causados con ocasión a la privación injusta de la libertad de la que fue objeto dentro
de la investigación penal seguida en su contra por el presunto delito de rebelión.

Explicó que el proceso correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo
de Sucre que, en sentencia de 16 de diciembre de 2016, declaró responsable
administrativa y patrimonialmente a la Fiscalía General de la Nación al estudiar el
caso desde la óptica del régimen objetivo por daño especial y, en consecuencia,
condenó a la demandada al pago de los perjuicios materiales y morales.

Afirmó que dicha decisión fue apelada y que el trámite de segundo grado
correspondió al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, autoridad
judicial que mediante providencia de 14 de julio de 2023 revocó el fallo recurrido y,
en su lugar, negó las pretensiones del medio de control.

Lo anterior, al considerar que la imposición de la medida de aseguramiento del
señor Aguas Mercado estuvo bien soportada y fundamentada en pruebas, por lo
que fue racional, proporcional y necesaria; y a pesar de que la investigación
concluyó a su favor, el análisis que le correspondía hacer al juez se debía limitar a
los requisitos de la aplicación de la mencionada medida y no determinar si esta fue
acertada o no.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora alegó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, toda
vez que, con la sentencia de 14 de julio de 2023, incurrió en los defectos fáctico,
sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.

Al respecto, precisó que el Consejo de Estado olvidó el material probatorio con el
que el Tribunal Administrativo de Sucre condenó en primera instancia a la Fiscalía
General de la Nación.

Así mismo, explicó que el artículo 7.° del Código General del Proceso establece que
«[l]os jueces, en sus providencias, están sometidos al imperio de la ley. Deberán
tener en cuenta, además, la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina».

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Por lo tanto, señaló que, si bien la jurisprudencia es reconocida como fuente de
derecho supeditada a la ley, los jueces deben argumentar por qué se apartan de
ella o cambian de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos.

Alegó que, en la providencia reprochada, la autoridad judicial accionada trajo a
colación la sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018 de la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, pero que esta fue dejada sin efectos por
vía de tutela.

Además, explicó que la parte motiva de la sentencia proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A es contradictoria, teniendo en cuenta que
citó la sentencia SU-072 de 2018, en la que se determinó que en ningún cuerpo
normativo se estableció un régimen de responsabilidad específico aplicable en los
eventos de privación de la libertad, pero la desatendió y pasó por alto tales
lineamientos.

Manifestó que los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y 10 de la Convención Americana de los Derechos Humanos prevén el derecho que
tiene toda persona que haya sido ilegalmente detenida a obtener una reparación,
normas que tienen mayor cobertura que la jurisprudencia colombiana.

Ahora bien, sobre el defecto fáctico, expuso que la autoridad accionada incurrió en
este error, por cuanto omitió valorar la prueba reina documental obrante en el
proceso que daba cuenta de que la investigación que se adelantó en su contra en
el proceso penal iniciado por la Fiscalía General de la Nación precluyó a su favor.

Particularmente, iteró:

El Honorable Consejo de Estado, no tuvo en cuenta, como era debido contaba, en
primer lugar, con la resolución de preclusión de investigación al ahora accionante. En
segundo lugar, el demandante aportó al proceso contencioso administrativo, también,
la resolución de preclusión de investigación del órgano de persecución penal, prueba
documental para demostrar la responsabilidad del Estado por privación injusta de la
libertad, según la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional.

Sobre el defecto sustantivo relató que este se configuró porque el Consejo de
Estado citó en la sentencia enjuiciada los artículos 356 y 357 de la Ley 600 de 2000,
los cuales no eran aplicables al caso concreto, toda vez que «las providencias
penales pueden contribuir a evidenciar los factores constitutivos de la
responsabilidad, YA QUE CONFIGURAN MEDIOS DE PRUEBA
DOCUMENTALES».

En cuanto al defecto de desconocimiento del precedente afirmó que la autoridad
accionada desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, en la que se
determina que «[…] las providencias penales pueden servir de apoyo de la decisión
de reparación».

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Finalmente, sobre el defecto por violación directa de la Constitución comentó
que este error se configuró, porque el accionado violó el artículo 29 constitucional
al no declarar la responsabilidad del Estado con base en un título objetivo de
imputación, aun cuando en su caso haya sido liberado por la aplicación del principio
in dubio pro reo. En ese sentido, reprochó que el Estado está llamado a indemnizar
los perjuicios causados por la imposición de una medida de detención preventiva.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 1.° de febrero de 2024, el magistrado ponente admitió la acción
de tutela y ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, como autoridades accionadas.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2951
de 1991, vinculó como terceros interesados al Tribunal Administrativo de Sucre, a
la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía General de
la Nación.

De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que realizara
una publicación en la página web de la Corporación, con la información de la tutela,
con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados.

Luego, mediante auto de 14 de febrero de 2024, vinculó en calidad de terceros con
interés en las resultas del proceso a los demás demandantes del proceso ordinario,
esto es a: Eduardo Segundo Aguas Canchila, Idalides del Socorro Mercado
Cárdenas, David Segundo y Liliana del Socorro Aguas Mercado, Eduardo José,
Naime Manuel, Patricia del Carmen, Cecilia del Carmen y Enith María Aguas
Mercado, y Germanio de Jesús Aguas Carrascal y Carmen Cecilia Peralta
Martínez3.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

El abogado de la División Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la entidad
solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar
que la vulneración de los derechos alegados por los accionantes no son
consecuencia de una acción u omisión atribuible a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

1.6.2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A

El magistrado (E) Nicolás Yepes Corrales solicitó que se declare la improcedencia
de la acción de tutela, ante la falta de relevancia constitucional del caso, así como
por no haberse vulnerado los derechos constitucionales invocados por la parte
actora.

3 Notificados el 22 de febrero de 2024, a los correos aportados por el apoderado del actor.

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Demandante: Alex de Jesús Aguas Mercado
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Señaló que se remite en su integridad a las consideraciones plasmadas en la
sentencia del 14 de julio de 2023, comoquiera que esta «contiene un análisis
riguroso del avance jurisprudencial que se ha presentado en relación con los casos
de privación injusta de la libertad y la facultad que tiene la autoridad judicial para
examinar este tipo de eventos desde la óptica del régimen subjetivo de
responsabilidad».

De otro lado, se refirió a cada uno de los defectos invocados por el accionante y
explicó las razones por las cuales estos no se configuraron, sino que por el contrario,
sus alegaciones reflejan apreciaciones subjetivas que solo pretenden reabrir el
debate de fondo del caso concreto, pero que carecen de todo sustento:

• Sustantivo: comentó que si bien el actor señaló las normas que a su juicio
fueron aplicadas indebidamente, no sustentó la forma en que se concretó el defecto,
es decir, la indebida aplicación o interpretación de los artículos 356 y 357 de la Ley
600 del 2000.

• Desconocimiento del precedente: indicó que en la sentencia reprocha se
estimó que la imposición de la medida de aseguramiento estuvo bien soportada y
fundamentada, máxime cuando allí se analizó lo siguiente:

[…] las providencias que desarrollaron los parámetros para el estudio de la
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, inclusive aquellas
proferidas en sede de tutela, para concluir que resultaba viable el análisis según el
cual no hay lugar a la aplicación automática de un régimen objetivo de
responsabilidad, en tanto el criterio jurisprudencial vigente impone el deber de
examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de la libertad, con el fin de
determinar si se encontraba justificada o no, desde la perspectiva de los criterios de
proporcionalidad, razonabilidad, legalidad y necesidad.

• Violación directa de la Constitución: alegó que lo realmente pretendido por
el demandante es que se accedan a sus pretensiones económicas, lo cual es
improcedente, puesto que la acción de tutela no es el mecanismo para controvertir
las providencias judiciales cuando no son favorables a los intereses de las partes.

• Fáctico: reiteró que en la providencia proferida por la Subsección se estudió
con rigor la medida de aseguramiento y se concluyó que el hecho sí existió y que
las circunstancias que dieron lugar a la captura del demandante justificaban la
imposición de tal medida.

1.6.3. Fiscalía General de la Nación

La profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad pidió
declarar la improcedencia de la presente acción de tutela.

En primer lugar, señaló que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad,
comoquiera que el tutelante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial como
lo es el recurso extraordinario de revisión, sobre el cual no expuso las razones por
las que no resulta ser idóneo para ventilar sus reproches; máxime cuando no se
justificó la amenaza de un perjuicio irremediable.

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De otro lado, puso de presente que el tutelante no sustentó las causales específicas
de procedibilidad de la acción de tutela, es decir, no explicó los defectos en los que
habría incurrido la autoridad acciona al proferir la sentencia de segunda instancia,
pese a que tenía la carga de hacerlo.

1.6.4. Tribunal Administrativo de Sucre

El secretario general de la corporación aportó el enlace para consultar el expediente
de reparación directa identificado con el radicado 70001-23-31-000-2008-00065-00.

1.6.5. Heberth Alexander Duarte Assia

El apoderado del actor fue requerido por la Secretaría General del Consejo de
Estado para que aportara las direcciones de notificación de los terceros vinculados.

Ante el requerimiento realizado, el apoderado allegó las direcciones de notificación
de los señores Eduardo Segundo Aguas Canchila, Idalides del Socorro Mercado
Cárdenas, David Segundo y Liliana del Socorro Aguas Mercado, Eduardo José,
Naime Manuel, Patricia del Carmen, Cecilia del Carmen y Enith María Aguas
Mercado, y Germanio de Jesús Aguas Carrascal y aportó los poderes otorgados por
las mencionadas personas para ser representados en esta acción constitucional.
Finalmente, informó que la señora Carmen Cecilia Peralta Martínez falleció.

1.7. Trámite para resolver impedimento

El despacho sustanciador presentó proyecto de fallo a la Sala que actualmente se
encuentra conformada por tres [3] magistrados4, comoquiera que la integrante
restante culminó su periodo constitucional5 y en la actualidad se encuentra en
trámite de confirmación de nombramiento y posesión de su reemplazo 6.

No obstante, el 5 de marzo de 2024, el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez
manifestó estar impedido para conocer del asunto de la referencia con fundamento
en la causal 1. º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Al respecto,
indicó:

De conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal, manifiesto que me encuentro impedido para conocer y decidir el presente
asunto, dado que estoy incurso en la causal prevista en el numeral 1º del artículo 56
del Código de Procedimiento Penal7, norma que es del siguiente tenor:

«ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: (…)
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o
algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de
afinidad, tenga interés en la actuación procesal.»

4 Los magistrados Pedro Pablo Vanegas Gil, Omar Joaquín Barreto Suárez y Luis Alberto Álvarez

Parra.
5 Doctora Rocío Araújo Oñate.
6 Doctora Gloria María Gómez Montoya.
7 Aplicable por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991.

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La razón de ello se justifica en que mi cónyuge se desempeña como fiscal adscrita a
una unidad nacional de la Fiscalía General de la Nación, entidad demandada en el
medio de control de reparación directa dentro del cual el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A profirió la providencia a la que el actor le atribuye la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales invocados.8

Por lo expuesto y con el fin de asegurar los principios de transparencia, imparcialidad
y autonomía que enmarcan la actividad judicial, le solicito declarar fundado el
impedimento y separarme del conocimiento del asunto, en atención al interés que le
asiste a mi cónyuge en las resultas del mecanismo constitucional en mención.
(Negrillas del texto original)

El 6 de marzo de 2024 el despacho sustanciador dispuso, con el fin de lograr la
mayoría requerida para resolver la manifestación de impedimento del magistrado
Omar Joaquín Barreto Suárez, ordenar a la Secretaría General que procediera a
efectuar el sorteo de dos [2] conjueces, uno principal y el otro suplente, del cual
resultó la designación de los doctores Álvaro Andrés Motta Navas9 y Juan Camilo
Morales Trujillo 10.

Por si parte, el conjuez Álvaro Andrés Motta Navas señaló encontrase incurso en la
causal de impedimento prevista en el numeral 4.° del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, que dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
[…]

4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes,
o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o
manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso. (Resaltado fuera de
texto)

Lo anterior, al informar que «desde septiembre de 2012 y hasta agosto de 2013 fui
apoderado en el proceso judicial identificado con radicado No.
25000232600020100025101 adelantado en el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Tercera - en el cual el extremo demandado se encontraba
conformado por diferentes sujetos procesales dentro de los que estaba la Nación -
Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial».

El 21 de marzo de 2024, la sala integrada por Luis Alberto Álvarez Pérez, Pedro
Pablo Vanegas Gil y Juan Camilo Morales Trujillo declaró infundado el impedimento
manifestado por el consejero Omar Joaquín Barreto Suárez, porque no se configuró
el elemento subjetivo de la causal, en atención a que: (i) el solo hecho de trabajar
en la entidad en mención no conlleva a que la cónyuge del referido magistrado tenga
interés en todos los procesos en los que esa dependencia sea parte o tercero con
interés, y (ii) comoquiera que tampoco existen elementos que permitan establecer
que la unidad en la que labora la esposa del señor consejero haya participado o
inclusive conocido de los hechos que dieron lugar a la demanda contenciosa de
responsabilidad extracontractual.

8 Proceso con radicado 70001-23-31-000-2008-00065-00/01.
9 Conjuez principal.
10 Conjuez suplente.

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De otra parte, declaró fundado el impedimento del conjuez Álvaro Andrés Motta
Navas, al determinar que al haber sido contraparte de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial en la acción de tutela identificada con el radicado 25000-23-
26-000-2010-0025-01, que se adelantó ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, el doctor Motta Navas efectivamente se encuentra incurso en la
causal de impedimento prevista en el numeral 4.° del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Alex de Jesús Aguas Mercado, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva para actuar en la presente acción constitucional.
Sin embargo, esta petición será negada, toda vez que su vinculación a este proceso
se hizo en calidad de tercero con interés directo y no como entidad accionada, al
haber participado en el proceso ordinario que originó los reproches realizados por
el actor en esta instancia.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia invocados por el accionante, de parte del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A con ocasión de la sentencia proferida en
segunda instancia el 14 de julio de 2023.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, (ii) los requisitos generales de procedibilidad adjetiva, y (iii) el
caso en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 201211
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema12.

11 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela

• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth
García González.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales13.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201414, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe
analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra
una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.15

Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta Corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201416, que en concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

13 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15 Énfasis de la sala.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29 de

septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas
Gil.

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Demandante: Alex de Jesús Aguas Mercado
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00400-00

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal.

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de
un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia17.

Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.

En primera medida, se tiene que el demandante adujo que la autoridad judicial
accionada incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución.

En síntesis, sus alegaciones se centran en reprochar que la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, al resolver su proceso de reparación
directa, obvió el material probatorio obrante en el expediente, particularmente, la
resolución de preclusión de la investigación, que era la prueba documental que
demostraba la responsabilidad del Estado por la privación injusta de su libertad, con
la cual el Tribunal Administrativo de Sucre condenó en primera instancia a la Fiscalía
General de la Nación.

Es decir que, a juicio del demandante, por la simple razón de que la investigación
precluyó a su favor, la autoridad judicial accionada debía darle mayor peso
probatorio a la providencia penal, dado que esta constituía un medio de prueba
documental que contribuía a evidenciar los factores constitutivos de la
responsabilidad del Estado.

De igual manera, en su escrito de tutela el accionante alegó que se configuraron los
mencionados defectos, puesto que su caso se tuvo que valorar desde la perspectiva
del régimen de responsabilidad objetiva por privación de la libertad, por lo que debió
condenarse al Estado a la indemnización de los perjuicios que sufrió. Además,
refutó que la autoridad judicial accionada citara la sentencia de unificación de 15 de
agosto de 2018 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, pese
a que esta fue dejada sin efectos por vía de tutela.

Al respecto, se considera que los cargos no cuentan con la carga argumentativa
mínima para ser estudiados de fondo, comoquiera que, si bien la parte actora señaló
que hubo una inadecuada valoración de los elementos probatorios, particularmente,
la resolución de preclusión de investigación, no precisó la razón del por qué las
consideraciones del operador judicial se alejaron de las reglas de la lógica, la
experiencia y la sana crítica. Así mismo, tampoco explicó la incidencia de las
pruebas en el fallo atacado o en qué medida la valoración de esos medios de prueba
podría mutar la decisión que adoptó el ad quem.

17 Énfasis de la sala.

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En el fallo reprochado, se advierte que la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, luego de hacer un análisis sobre la evolución jurisprudencial en
los casos relacionados con la privación injusta de la libertad, estudió las condiciones
en las que se produjo la restricción de la libertad del señor Aguas Mercado, para lo
cual hizo un recuento sobre los hechos probados, dentro de los cuales citó la
providencia de 20 de abril de 2006, con la cual la Fiscalía Novena Delegada ante
los Juzgados Promiscuos del Circuito de Corozal (Sucre) precluyó la investigación
en favor del demandante.

Luego, la autoridad judicial estimó que la imposición de la medida en contra del actor
estuvo bien soportada en las pruebas que lo involucraban en la participación del
delito de rebelión, por lo que esta era racional, proporcional y necesaria en el
momento de los hechos. Ahora bien, sobre la preclusión de la investigación, el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, argumentó lo siguiente:

Conviene agregar que, a pesar de que se precluyó la investigación a favor del hoy
actor, a la Subsección no le corresponde determinar si esa decisión fue acertada o
no, sino que el análisis se debe limitar a los requisitos para la imposición de la medida
de aseguramiento, los cuales se cumplieron y, por ende, se justificaba la decisión
proferida por la Fiscalía, de manera que no puede predicarse que la privación de la
libertad que padeció Aguar Merado haya sido injusta.

Por lo tanto, contrario a lo afirmado por la parte actora, el órgano accionado sí revisó
la resolución de preclusión, diferente es que, en ejercicio de su autonomía, le diera
otro valor probatorio al invocado por la parte actora.

Ahora, para esta sala el argumento que se refiere a la indebida valoración
probatoria, que a su vez se cimentó en el desconocimiento del precedente, frente al
régimen que se debió implementar, y la violación directa de la Constitución, no
cuenta con la carga argumentativa para ser estudiado, en el marco de la trasgresión
de derechos fundamentales, porque prima facie no desvirtúa el análisis realizado
por el Consejo de Estado frente a los medios probatorios, cuya decisión se sustentó
en que las autoridades demandadas del proceso contencioso contaban con
inferencias razonables que respaldaban la resolución que limitó la locomoción del
señor Alex de Jesús Aguas Mercado.

En este punto, se torna importante recordar que un sencillo desacuerdo en relación
con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, de ninguna manera puede ser
razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario,
implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.

En efecto, si bien la acción de tutela ha sido concebida como un mecanismo para la
protección de los derechos fundamentales, cuando se trata de desvirtuar una
providencia judicial, ha de tenerse presente que los actores deben argumentar
suficientemente los motivos de su inconformidad con esta, pues de otra manera no
se atendería al principio de autonomía judicial.

En este orden de ideas, resulta pertinente destacar que el sustento de este
mecanismo de amparo se limitó a reiterar una discusión probatoria, que a la postre
ya fue zanjada al interior del proceso contencioso por la suprema autoridad en la
materia, luego es posible concluir que los argumentos expuestos por el actor
apuntan a convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia.

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Así las cosas, quien aduzca una vulneración a sus derechos fundamentales por
yerros en los que incurrió el operador jurídico al proferir una providencia, debe
cumplir con una carga argumentativa que le permita al juez constitucional contar
con elementos precisos para analizar la presunta transgresión en ese sentido,
máxime cuando se invoca la protección por una providencia proferida por una alta
corporación, como en este caso lo es el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A.

Finalmente, esta Sala advierte que no le corresponde al juez constitucional realizar
un estudio de fondo del caso con el fin de señalar, de manera oficiosa, cuál es la
correcta interpretación que se le debe dar a un medio probatorio, como en el
presente asunto lo pretende el actor respecto de la resolución de preclusión de la
investigación, pues se vulneraría la independencia y autonomía con la que cuenta
el funcionario que conoce el trámite ordinario, donde cabe destacar que de hacerlo,
se reitera, esta Sección se convertiría en una tercera instancia.

Ahora bien, en relación con el defecto de desconocimiento del precedente, se
advierte que la parte actora en su demanda no identificó la providencia de la cual
presuntamente se desatendió una regla o sub-regla, sino que se limitó a indicar que
«[e]ste defecto se configura, porque el accionado desconoció la Jurisprudencia de
la Corte Constitucional, sobre la responsabilidad del Estado por privación injusta de
la libertad». Por lo tanto, resulta claro para la Sala que tal defecto no se acreditó con
la carga argumentativa mínima que le correspondía y por tal razón no es posible
realizar un estudio oficioso y en consecuencia este yerro debe declararse
improcedente.

2.6. Conclusión

Así las cosas, esta Colegiatura declarará la improcedencia del mecanismo
constitucional, en atención a que no se supera el requisito de la relevancia
constitucional, comoquiera que el escrito de tutela no cuenta con la carga
argumentativa mínima para ser estudiado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

3. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

SEGUNDO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor Alex de Jesús Aguas Mercado contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx ”

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