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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-00413-01

Jurisdiccional de consulta en materia disciplinaria

Fecha
6 de mayo de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-00413-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. REVOCAR el fallo proferido el 7 de marzo por la Sección Primera del Consejo de Estado, conforme se explica en la parte motiva de esta sentencia SEGUNDO. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del señor Nelson Ruiz Velásquez. Como consecuencia, se deja sin efectos la providencia del 26 de julio de 2023, proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para que, en el término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación de la presente providencia, dicte una nueva decisión que acoja las bases procesales sobre la admisibilidad del grado jurisdiccional de consulta, fijadas en el presente proveído. TERCERO. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. CUARTO. ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00413-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

6 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., seis (6) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00413-01
Demandante: NELSON RUIZ VELÁSQUEZ
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIÓN QUE NIEGA EL GRADO
JURISDICCIONAL DE CONSULTA EN MATERIA DISCIPLINARIA / CONCEDE
AMPARO / DEFECTOS SUSTANTIVO Y PROCEDIMENTAL - La autoridad judicial
accionada incurrió en los defectos sustancial y procedimental, al abstenerse de
tramitar el grado jurisdiccional de consulta en un proceso disciplinario, en el cual el
recurso de apelación se interpuso de forma extemporánea.

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 7 de marzo de 20231, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Primera, que negó la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 30 de enero de la presente anualidad, el señor Nelson Ruiz Velásquez presentó
acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con el objeto de
que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la
tutela judicial efectiva y de igualdad. Formuló las siguientes pretensiones:

1. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, tutela
judicial efectiva, igualdad, prevalencia del derecho sustancial y todo otro que se
encuentre vulnerado dentro de la actuación de la referencia, de NELSON RUIZ
VELÁSQUEZ por parte de la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL.

1 Se advierte que, el 12 de abril de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente,

para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.

Radicación: 25000-23-15-000-2024-00413-01
Demandante: Nelson Ruiz Velásquez
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2. En consecuencia, adoptar de oficio todas las medidas para restablecer los
derechos del accionante que han sido vulnerados, especialmente:

2.1. DEJAR SIN EFECTOS el Auto 26 de julio del 2023 proferido por la Sala
Plena de la Comisión Nacional de Disciplina judicial por ser un acto
manifiestamente contrario a la ley.

2.2. ORDENAR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial RESOLVER LA
SOLICITUD DE NULIDAD formulada por el suscrito desde el 11 de enero del
2023, puesto que versa sobre la misma sentencia que dio por terminada la
primera instancia dentro del radicado de la referencia, razón por la cual esta es
procedente, ya que ningún acto jurisdiccional puede escapar a respetar el
debido proceso

2.3. ORDENAR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conocer del grado
jurisdiccional de consulta respecto de la Sentencia del 9 de noviembre del 2022
proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca.

3. ORDENAR a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial BRINDAR ACCESO
DIGITAL AL EXPEDIENTE DE LA REFERECIA al suscrito a los correos de
notificaciones establecido en el acápite final de esta acción de tutela.

4. ADOPTAR todas las medidas conducentes, pertinentes y adecuadas para
proteger mis derechos convencional y constitucionalmente protegidos.

1.2. Hechos

Como fundamento fáctico de la demanda, el actor narró que la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial del Valle del Cauca adelantó proceso disciplinario en su contra
y lo declaró responsable en primera instancia, mediante providencia del 9 de
noviembre de 2022.

Señaló que el 11 de enero de 2023, interpuso el respectivo recurso de apelación
contra la providencia sancionatoria, y también instauró petición de nulidad, por
considerar que la sentencia no fue proferida con unanimidad de los integrantes de
la Sala, conforme lo exige el artículo 54 de la Ley 270 de 1996, toda vez, que el
magistrado Hernández Quiñones aclaró su voto y, por lo tanto, en su sentir, el fallo
disciplinario es inexistente.

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Causa, mediante auto del
23 de enero de 2023, declaró extemporáneo el recurso de apelación y ordenó remitir
el expediente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para surtir el grado
jurisdiccional de consulta. Como en esa oportunidad, no se dijo nada sobre la
petición de nulidad, el actor, con memorial del 2 de febrero de 2023, insistió en ella,
sin embargo, con auto del 6 de febrero siguiente, la Corporación se abstuvo de
pronunciarse, indicando que era competencia de la Comisión Nacional de Disciplina

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Demandante: Nelson Ruiz Velásquez
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Judicial, en la medida en que el proceso se remitió para surtir el grado jurisdiccional
de consulta.

Adujo que en segunda instancia no se le dio acceso al expediente digital, y que tan
solo se enteró del auto proferido el 26 de julio de 2023, porque lo solicitó mediante
derecho de petición.

Expuso que, mediante la referida providencia, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, acogió dos decisiones, que, en su sentir, vulneran flagrantemente sus
derechos: (i) se abstuvo de conocer del grado jurisdiccional de consulta que manda
la ley; y (ii) no se pronunció sobre el incidente de nulidad.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora sostuvo que el asunto planteado cumple con los requisitos
generales establecidos por la Corte Constitucional para la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales.

En cuanto a los requisitos específicos de procedencia, señaló que, con la
expedición del auto del 26 de julio de 2023, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial incurrió en los defectos procedimental por exceso ritual manifiesto,
sustantivo y desconocimiento del precedente.

Explicó que, la autoridad accionada se limitó a afirmar que de conformidad con el
artículo 208 de la Ley 734 de 2002, el grado jurisdiccional de consulta procede
siempre que las providencias no sean apeladas y que, en este caso, el disciplinado
interpuso la alzada, aunque fue extemporánea, sin embargo, en su concepto, ello
no era suficiente para abstenerse de resolver la consulta, toda vez que, en el
derecho disciplinario prima la interpretación más favorable al disciplinado.

Acotó que, con ese proceder, la Comisión desconoció el principio de identidad
lógica y negó el acceso del actor al juez natural de la causa, con fundamento en un
argumento tautológico que redunda en un exceso ritual manifiesto.

Asimismo, esgrimió que, con la decisión censurada, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial se apartó del precedente señalado en la sentencia STP5866-
2021, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

la que se indicó que la consulta suple la inactividad de la parte a cuyo favor fue
instituido ese grado jurisdiccional, para asegurar el ejercicio pleno del acceso a la
administración de justicia.

De otra parte, señaló que, la autoridad accionada, también, por un exceso ritual
manifiesto, se abstuvo de resolver sobre el incidente de nulidad presentado desde
enero de 2023, limitándose a indicar que, teniendo en cuenta su falta de
competencia para decidir el grado jurisdiccional de consulta, tampoco le
correspondía pronunciarse sobre la solicitud de nulidad.

Finalmente, reprochó que se le negó el acceso al expediente sistemáticamente,
dado que sólo obtuvo acceso al mismo, y a la providencia censurada, luego de
interponer un derecho de petición.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 5 de febrero de 2024, el despacho sustanciador del proceso
en primera instancia admitió la demanda, dispuso que aquel se notificara a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a quien requirió para que se pronunciara;
asimismo, vinculó como terceros con interés a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Valle del Cauca y al quejoso en el proceso disciplinario, señor Édgar
Saavedra Rojas.

2.2. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitó que se declare
improcedente la tutela porque no cumple con el requisito de relevancia, toda vez
que, el actor pretende convertir esta acción constitucional en una tercera instancia
del proceso disciplinario.

En su concepto, la decisión censurada no vulnera derecho fundamental alguno, no
incurrió en los defectos invocados por el accionante y tampoco en vía de hecho.

Sostuvo que, la consulta opera por ministerio de la ley y la inactividad de la parte en
cuyo favor ha sido instituida, cuando no se interpone el recurso de apelación, ya
que no es concomitante con la alzada. Agregó que, en este caso, el disciplinado sí
interpuso el recurso, pero extemporáneamente, razón por la cual, no procedía la
consulta, ya que el hecho de que no radicar la apelación oportunamente, no significa
que no se presente.

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Frente a la negativa de pronunciarse sobre la solicitud de nulidad instaurada por el
quejoso, resaltó que, de conformidad con las decisiones acogidas por la
Corporación, el expediente nunca debió habérsele remitido porque no tenía
competencia para surtir el grado de consulta, y por lo tanto, tampoco tenía
facultades para resolver la nulidad planteada.

Sobre el desconocimiento del precedente invocado, manifestó que son numerosas
las providencias que la Corporación ha expedido absteniéndose de surtir el grado
jurisdiccional de consulta, por considerar que el recurso de apelación extemporáneo
no implica la inactividad del disciplinado. Citó varias providencias proferidas en sede
de tutela por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

2.3. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca solicitó que se
declare la improcedencia del amparo, dado que el accionante pretende utilizar la
tutela como una tercera instancia, para reabrir el debate surtido sobre aspectos
dilucidados en el escenario natural de la investigación disciplinaria.

Destacó que, hasta el momento de la notificación de la tutela, no conocía la
providencia objeto de reproche, la cual sólo obtuvo a través de la página de la Rama
Judicial, en la relatoría de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; y agregó que,
en efecto, el disciplinado presentó el recurso de apelación extemporáneamente y
con ello, claramente inhabilitó el grado jurisdiccional de consulta.

3.4. El señor Édgar Saavedra Rojas, quejoso en el proceso disciplinario, no intervino
en esta oportunidad.

3. Fallo impugnado

La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia proferida el 7 de marzo
de 2024, negó la solicitud de amparo.

Encontró satisfechos los requisitos generales de procedencia, en especial el de
relevancia constitucional, por considerar que se controvierte la vulneración de los
derechos fundamentales del actor al debido proceso y a la igualdad; y se cumplió
con la carga argumentativa mínima; y el de subsidiariedad, en razón a que no
existen medios ordinarios o extraordinarios de densa judicial eficaces y eficientes

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que puedan ser instaurados por el accionante para lograr la protección de los
derechos invocados.
Al analizar el asunto a fondo, estableció que el actor no cumplió con la carga de
sustentar oportunamente su recurso, y condujo a que éste fuera rechazado, pero
además, con ello, impidió que se surtiera el grado de consulta frente a la providencia
de 26 de julio de 2023, tal y como lo decidió la autoridad accionada mediante el auto
cuestionado.

En ese mismo orden, encontró razonable que la Comisión no se pronunciara sobre
la solicitud de nulidad interpuesta por el disciplinado, toda vez que carecía de
competencia, ya que le correspondía a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
del Valle del Cauca resolver lo pertinente, como en efecto lo hizo, mediante auto del
6 de febrero de 2023, en el que señaló que dicha solicitud debió ser formulada antes
de pronunciarse la providencia definitiva.

Por lo anterior, concluyó que la accionada no incurrió en el defecto por exceso ritual
manifiesto invocado por el tutelante.

Frente al desconocimiento del precedente alegado, adujo que la Sentencia TP5866-
2021 proferida por la Corte Suprema de Justicia, constituyen precedente para la
jurisdicción ordinaria y por ende, no era obligatoria para la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial.

Respecto del reparo relacionado con la negativa del acceso al expediente digital en
segunda instancia, el a quo señaló que se demostró que el disciplinado tuvo pleno
conocimiento del proceso en primera instancia y que, si en segunda instancia no se
le concedió acceso fue porque la Corporación accionada se abstuvo de conocer el
asunto y ordenó su devolución inmediata a la primera instancia. En todo caso,
advirtió que la única providencia proferida por la Comisión fue el auto censurado
calendado el 26 de julio de 2023, el cual se notificó en debida forma al disciplinado.

4. Impugnación

La parte actora solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y en su
lugar, se amparen los derechos fundamentales invocados.

En primer lugar, señaló que la consideración del a quo, según la cual, la Comisión

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Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca resolvió la nulidad mediante
auto del 6 de febrero de 2023, en el que adujo que dicha solicitud debió ser
formulada antes de pronunciarse la providencia definitiva, es violatoria de los
tratados internacionales, la Constitución y la Ley, dado que, en su sentir, las causas
que la originan se encuentran en la misma providencia.

Aclaró que la nulidad alegada tiene lugar porque la Sala de decisión de la Comisión
Seccional de la Disciplina Judicial del Valle del Cauca, está integrada por dos
magistrados, de tal manera que, en su parecer, sí la motivación de la decisión de
cualquiera de los dos integrantes es distinta y no es uniforme, no hay decisión.

En este caso, se formuló pliego de cargos contra el accionante, en su condición de
FISCAL 163 SECCIONAL CALI, por presunta incursión en la falta descrita en el
numeral 1º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en armonía con el art. 196 ibidem,
conducta que a su vez se califica como GRAVÍSIMA a título de dolo y, por lo tanto,
se le sancionó con la destitución en el ejercicio del cargo e inhabilidad general por
el término de diez (10) años.

No obstante, uno de los magistrados aclaró voto, aduciendo que, en el pliego de
cargos, al disciplinable no se le imputó el incumplimiento al deber del articulo 153
numeral 1 de la ley 270 de 1996, sino que se le imputó de manera directa la falta
gravísima del articulo 48 numeral 1 de la Ley 734 de 2002 a título de dolo, lo cual,
en su parecer, hacía que el cargo estuviera formulado de manera incompleta,
porque no se determinó la norma penal que se incumplió. Además, el magistrado
indicó que, en su concepto, no vislumbró que la conducta del disciplinable fuera
dolosa, por lo tanto, no se podía imputar la descripción típica del prevaricato por
acción establecido en el artículo 413 del Código Penal, sino que más bien la falta
se produjo por su ignorancia supina, y desatención elemental de reglas de
obligatorio cumplimiento, como lo establece el parágrafo único del artículo 44 de la
Ley 734 de 2002, lo cual constituye culpa gravísima y da igualmente lugar a la
destitución.

Mediante escrito radicado con posterioridad, el accionante adicionó los argumentos
de la alzada, para señalar que en esta instancia, también debe dilucidarse si es
acertado que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se abstuviera de surtir el
grado jurisdiccional de consulta, porque el disciplinable interpuso el recurso de
apelación, pero no lo sustentó oportunamente, cuando lo cierto es que, la

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jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, sostiene
lo contrario (T-389 de 2006), en concordancia con el pleno ejercicio del acceso a la
administración de justicia.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a
confirmar, revocar o modificar el fallo del 7 de marzo de 2023, proferido por la
Sección Primera del Consejo de Estado, mediante el cual se negó el amparo.

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud cumple los requisitos generales
de la tutela contra providencia judicial. Sólo en caso de que se cumplan, se abordará
el estudio de fondo con el fin de establecer si se configuraron o no los defectos
sustantivo, procedimental por exceso ritual manifiesto y desconocimiento del
precedente, atribuidos al auto del 26 de julio de 2023, proferido por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial.

2. Análisis de la Sala

2.1. Requisitos generales de procedencia

2.1.1. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda vez
que el auto censurado se notificó el 12 de diciembre de 2023, mientras que la
solicitud de amparo se interpuso el 29 de enero de 2024, esto es, dentro de los seis
meses siguientes a la notificación de la decisión cuestionada.

2.1.2. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que
este requisito también está acreditado, por cuanto se agotaron los recursos
disponibles en el proceso disciplinario.

2.1.3. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

2.1.4. De la relevancia constitucional: para la Sala, el debate planteado satisface
esta exigencia, en tanto que la controversia planteada no está encaminada a
cuestionar las bases probatorias o jurídicas que sustentaron la decisión objeto de

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reproche, sino busca la salvaguarda de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la tutela judicial efectiva y de acceso a la administración de justicia,
representados en la garantía de la segunda instancia, que es obligatoria también en
los procesos disciplinarios ventilados ante la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, y se concreta en la resolución del recurso de apelación, o cuando se surte
el grado jurisdiccional de consulta, según el caso.

2.1.5. La parte accionante indicó los hechos que sustentan la solicitud de amparo y
evidenció de manera clara y concreta la forma en que se configuró la vulneración
de derechos alegada.

2.2. Requisitos específicos de procedencia alegados por la parte actora

En este caso, el accionante considera que el auto del 26 de julio de 2023, proferido
por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial incurrió en los defectos
procedimental por exceso ritual manifiesto y sustantivo, porque interpretó en forma
restrictiva lo consagrado en el artículo 208 de la Ley 734 de 2002, y en
consecuencia, se negó a tramitar el grado jurisdiccional de consulta, por considerar
que no era procedente, toda vez que el sujeto disciplinable interpuso el recurso de
apelación, aunque el mismo se declaró desierto, por extemporáneo.

Para resolver el fondo de la controversia, conviene traer a colación las
consideraciones esgrimidas en la sentencia de tutela proferida por esta Sala el 2
de octubre de 2023, dentro del radicado 11001-03-15-000-2023-03380-012, toda
vez que los supuestos fácticos allí analizados coinciden en gran parte con los que
ahora son objeto de estudio, en especial, en lo que atañe a la procedencia de la
consulta de las providencias sancionatorias, cuando contra aquellas se interpuso el
recurso de apelación, que se declaró desierto. En esa oportunidad, la Subsección
discurrió:

1.-Sobre el grado jurisdiccional de consulta, el artículo 31 constitucional
dispone que: <<Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo
las excepciones que consagre la ley. >>. En cuanto a la aplicación de este
mecanismo en los procesos disciplinarios, como el que se inició a la señora
Santos Vega, el artículo 112 de la Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de
Administración de Justicia) incorpora un parágrafo, según el cual: <<las
sentencias u otras providencias que pongan fin de manera definitiva a los
procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia los Consejos

2 Actora: Mariella Santos Vega. M.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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Seccionales de la Judicatura y no fueren apeladas, serán consultadas cuando
fueren desfavorables a los procesados. >>.

2.-La Corte Constitucional, en sentencia C-424 de 2015, puntualizó los
antecedentes normativos de esta institución procesal y a partir de un breve
recuento jurisprudencial delimitó el alcance de la misma, así como su fin, y los
rasgos que la caracterizan. Ello lo hizo en los siguientes términos: (…)

3.-Esa misma corporación judicial indicó que la consulta es un mecanismo ope
legis, esto es que opera por ministerio de la ley, para suplir la inactividad de la
parte que resulta desfavorecida con una decisión judicial, y su consagración en
los distintos estatutos procesales que la incorporan, atiende generalmente a
razones de interés público o se orienta a proteger a la parte más débil3. Estas
precisiones fueron incorporadas en las sentencias C-055 de 1995 y T-389 de
2006.

4.-Puntualmente, en esta última decisión, el tribunal constitucional abordó un
asunto similar al caso que nos ocupa, pero con algunos matices que no impiden
traer a colación las conclusiones a las que se arribó en aquella ocasión, sobre
este instituto procesal. En esa oportunidad, la presunta violación de derechos
tuvo lugar en el marco de un proceso laboral, en el cual la autoridad judicial
accionada se abstuvo de tramitar el grado jurisdiccional de consulta, bajo el
argumento de que el recurso de apelación fue presentado, pero no sustentado
oportunamente. La Corte consideró que:

<<(…) la autoridad judicial mediante la providencia por medio de la cual se negó
a tramitar el grado jurisdiccional de consulta, el cual es procedente por ser la
sentencia de primera instancia adversa a las pretensiones del trabajador,
desconoce las normas aplicables al caso, al realizar una interpretación
contraria a los derechos fundamentales de los trabajadores y del derecho al
acceso a la administración de justicia.

29. Si bien los derechos fundamentales invocados por el actor no se vulneran
con la declaratoria de desierta del recurso apelación por no concurrir los
presupuestos legales para su trámite, la decisión judicial en relación con la cual
se denegó el grado jurisdiccional de consulta es irrazonable y, en consecuencia
tal decisión constituye una violación de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia al interpretar de manera
restrictiva una norma (defecto sustantivo), y como consecuencia de ella,
apartarse por completo del procedimiento fijado por la ley para el proceso
respectivo (defecto procedimental)>>.

(…)
5.-La Sala advierte que amparada en las potestades interpretativas que otorga
la autonomía judicial, la referida autoridad realizó una lectura restrictiva de los
presupuestos que habilitan el ejercicio del grado jurisdiccional de consulta,
traspasando el límite de la razonabilidad, llegando a un punto en que se
desnaturalizó la institución procesal y de forma consecuente se quebrantó la
garantía constitucional de la doble instancia.

6.-Ello es así, si se tiene en cuenta que el ejercicio hermenéutico adelantado
en la providencia censurada, conllevó a que la autoridad judicial a partir de la
necesidad de verificar los presupuestos procesales, se abrogara la potestad de
hacer inoperante una garantía procesal de carácter constitucional, pues, so
pretexto de comprobar que estuviesen dados los requisitos para que operara
el grado jurisdiccional de consulta, concluyó que se podía prescindir del mismo
aún cuando el A quo rechazó el recurso de apelación, por extemporáneo. Dicho

3 Corte Constitucional. Sentencias C-055 de 1995 y T-389 de 2006.

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de otra forma, negó efectos impugnativos al recurso de apelación por no haber
sido presentado en tiempo, pero a la vez a esa misma circunstancia le confirió
efectos para hacer nugatoria la garantía del derecho a la consulta como fórmula
procesal protectora y garante de sentencias limitativas de derechos cuando
quiera que ellas no sean llevadas a una segunda instancia por voluntad del
sujeto afectado.

7.-En este punto, la Sala pone de presente, que desde la perspectiva
constitucional y en clave de protección de las garantías procesales
fundamentales, no es posible descartar en un mismo proceso disciplinario, y a
la vez, el recurso de apelación y el grado jurisdiccional de consulta, pues el
legislador estatutario dispuso que en ausencia del primero opera el segundo,
toda vez que cuando se impone una sanción la doble instancia debe operar sin
sujeción al grado de diligencia o interés del disciplinado. En tal sentido, la lógica
supletiva de la consulta, coloca al operador judicial de segunda instancia ante
un silogismo disyuntivo, en cuya virtud procede o el recurso o la consulta. Sin
que sea aceptable que se niegue la procedencia de uno, en este caso del
recurso de apelación, y a su vez se pretenda negar también la procedencia del
otro, la consulta, pero basado en un supuesto contrario frente al cual se adoptó
la primera decisión referida. (…)

Pues bien, revisado el material probatorio allegado, se verifica que, en este caso, la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial se negó a conocer, en el grado
jurisdiccional de consulta, la sentencia sancionatoria proferida el 9 de noviembre de
2022 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca,
argumentando que el interesado interpuso recurso de apelación en su contra,
aunque el mismo, fue declarado desierto por extemporáneo.

Razón por la cual, sin más consideraciones que las ya expuestas, la Sala concluye
que la autoridad accionada incurrió en los defectos sustantivos y procedimental
invocados, puntualmente porque acogió una interpretación contraria a los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica, que sacrificó la garantía procesal
iusfundamental de la doble instancia, al abstenerse de tramitar el grado
jurisdiccional de consulta consagrado por el artículo 112 de la Ley 270 de 1996,
cuando el mismo era obligatorio, teniendo en cuenta que la sentencia fue
sancionatoria y el disciplinado no ejerció el recurso de apelación dentro del término
legal.

En ese orden de ideas, la Sala modificará la decisión de la Sección Primera del
Consejo de Estado que negó las súplicas y, en su lugar, amparará el derecho
fundamental al debido proceso invocado por la parte actora.

En consecuencia, dejará sin efectos el auto proferido el 26 de julio de 2023 por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que, en el término de treinta (30) días
contados a partir de la notificación de la presente providencia, la Corporación se
sirva proferir una nueva decisión en la que conozca en grado jurisdiccional de
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Demandante: Nelson Ruiz Velásquez
Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

consulta el fallo sancionatorio de primera instancia proferido el 9 de noviembre de
2022 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, en el
marco del proceso disciplinario 760011102000201403203-01, seguido contra el
señor Nelson Ruiz Velásquez.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO. REVOCAR el fallo proferido el 7 de marzo por la Sección Primera del
Consejo de Estado, conforme se explica en la parte motiva de esta sentencia

SEGUNDO. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del señor Nelson
Ruiz Velásquez. Como consecuencia, se deja sin efectos la providencia del 26 de
julio de 2023, proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para que, en
el término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación de la presente
providencia, dicte una nueva decisión que acoja las bases procesales sobre la
admisibilidad del grado jurisdiccional de consulta, fijadas en el presente proveído.

TERCERO. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

CUARTO. ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha
o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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