Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00427-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00427-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00427-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
22 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00427-00
Accionante: ALIRYS MARÍA JARABA GUTIÉRREZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN "A"
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – MORA JUDICIAL – Se niegan las pretensiones de la
acción de amparo.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Alirys María Jaraba
Gutiérrez contra el Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “A”.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Laseñora Alirys María Jaraba Gutiérrez solicitó el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó a la Sección Segunda
Subsección “A” del Consejo de Estado, con ocasión de la presunta mora judicial por
no haberse dictado sentencia dentro de la solicitud de extensión de jurisprudencia
con radicado número 11001-03-25-000-2019-00313-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestóque el 23 de abril de 2019 presentó la solicitud de extensión de
jurisprudencia núm. 11001-03-25-000-2019-00313-00 (2047-2019), en contra de la
Nación - Ministerio de Educación - Secretaría de Educación Departamental del
Magdalena, la cual versa sobre “[…] el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el no reconocimiento y pago oportuno de las cesantías, con sustento
en lo establecido en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006 […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Alirys María Jaraba Gutiérrez
2.2. Indicó que dicha solicitud fue asignada a la Sección Segunda - Subsección “A”
del Consejo de Estado y la última actuación es del 17 de noviembre de 2022.
2.3. Manifestó que, pese a que el 5 de octubre de 2023, presentó escrito solicitando
impulso procesal, a la fecha de la presentación de esta acción de tutela, no se ha
proferido decisión de fondo.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló la siguiente pretensión:
"[…] Que por lo anteriormente expuesto respetuosamente solicito se declare la
violación al derecho fundamental al debido proceso y a la mora judicial
injustificada y como consecuencia de la anterior declaración se resuelva de fondo
la extensión de jurisprudencia solicitada por la suscrita […]".
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 2 de febrero de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad de
tercero con interés directo en el resultado del proceso al Departamento del
Magdalena - Secretaría de Educación, a la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la sociedad
Fiduprevisora S.A., y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a las
autoridades vinculadas, se allegaron los siguientes informes:
5.1. La Nación - Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación de la
presente acción de tutela, por cuanto no era el llamado a dar cumplimiento a la
pretensión del accionante.
5.2. El
Departamento del Magdalena solicitó su desvinculación del presente
proceso de acción de tutela porque los hechos u omisiones constitutivas de la
vulneración de los derechos fundamentales de la accionante no le eran atribuibles
a dicha entidad.
5.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado manifestó que de la
situación fáctica narrada en el escrito de tutela no se observa acción u omisión
atribuible a esa agencia, motivo por el cual, solicitó su desvinculación del trámite de
tutela.
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5.4. La Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado informó sobre el
trámite efectuado en la solicitud de extensión de jurisprudencia núm. 11001-03-25-
000-2019-00313-00 y manifestó que la tardanza en la decisión obedece a la
congestión judicial, dado que a la fecha tiene “[…] 1600 procesos al despacho, de
los cuales 768 están para fallo y desde la fecha de ingreso al despacho del proceso
objeto de la litis hay mas de 318 asuntos pendientes por decisión de fondo,
ingresados con anterioridad al proceso de la accionante […]”.
5.5. La sociedad Fiduprevisora S.A como vocera del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, refirió que carece de legitimación
en la causa por pasiva, motivo por el cual solicita su desvinculación.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia de la Sala
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20194.
VI.2. De las solicitudes de desvinculación
7. La Sala advierte que, previamente a la definición de los problemas jurídicos que
se habrán de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por el Departamento del Magdalena, la Nación
• Ministerio de Educación Nacional, la sociedad Fiduprevisora S.A. y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20065 señaló lo siguiente:
"[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
"Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela".
4
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
5
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]". (Negrilla fuera del texto)
9. Así las cosas, teniendo en cuenta que el Departamento del Magdalena, la Nación
• Ministerio de Educación Nacional, la sociedad Fiduprevisora S.A. y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado son parte dentro de la solicitud de
extensión de la jurisprudencia objeto de la presente tutela, la Sala considera que a
éstas entidades sí les asiste el interés jurídico para ser vinculadas en esta acción
constitucional, razón por la cual se denegarán las solicitudes de desvinculación
elevadas, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
VI.3. Problemas jurídicos
10. Teniendo en cuenta la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer lo
siguiente:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:
b) Determinar si la Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado
vulneró el derecho fundamental al debido proceso invocado por la accionante
al, presuntamente, haber incurrido en mora judicial dentro de la solicitud de
extensión de la jurisprudencia con radicado número 11001-03-25-000-2019-
00313-00.
11. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) los presupuestos para que se configure la mora judicial en
el interior de los procesos judiciales; para posteriormente (ii) resolver el caso
concreto.
VI.4. Los presupuestos para que se configure la mora judicial en el interior de
los procesos judiciales
12. LaCorte Constitucional ha definido la mora judicial como un "[…] fenómeno
multicausal y estructural […]"6, que se presenta en razón al "[…] alto número de
6
Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. sentencia T-186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa; 28 de marzo de
2017.
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procesos en curso, los engorrosos diligenciamientos y la consiguiente congestión
judicial […]"7.
13. En atención al sistemático incumplimiento de los términos procesales, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, sin desconocer las circunstancias en las
que se desarrolla la función judicial en Colombia, ha reconocido que en
determinados eventos la mora judicial vulnera gravemente "[…] los derechos
fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia,
que la carta política expresamente consagra, exige y trata de proteger […]".8
14. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-186 de 28 de marzo de
20179 precisó lo siguiente:
"[…] [P]ara definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales
ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el
carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora
lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que
implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del
interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global
del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la
demora. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía
demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el
detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y
debido proceso, concluyendo que:
(…)
[L]a mora judicial se justifica cuando:
-Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera
integral una diligencia razonable del juez que los atiende,
-Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga
laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como
imprevisibles e ineludibles. Por el contrario, se considera que la mora es
injustificada en aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario no
ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática
de sus deberes.”10
13.5. En la providencia T-230 de 2013, que abordó un caso de presunta mora
judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de Justicia – Sala de
Casación Laboral dentro de un proceso ordinario que tenía por objeto el
reconocimiento de una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno,
contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando:
(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para
7
Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión. Exp. T-2302967. Sentencia T-1019 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; 9 de
diciembre de 2010.
8
Ibidem.
9
Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Exp. acumulados T-5896866 y T-5915213, M.P. María Victoria Calle Correa;
28 de marzo de 2017.
10
"En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la providencia judicial atacada la
autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el sancionado se encontraba justificada".
6
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Accionante: Alirys María Jaraba Gutiérrez
adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de
funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante
casos de mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando
(1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la
existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio,
consistente en la alteración del turno era, excepcional (…).
13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena de
la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de 201611, destacó que el
derecho al debido proceso en un plazo razonable, por desconocimiento del
término, es objeto de amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre en
mora judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.
La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe
un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo
razonable que justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la
falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes del funcionario
judicial […]". (Negrilla fuera del texto)
15. De acuerdo con lo transcrito, para que se estructure una violación del debido
proceso y al acceso a la administración de justicia por la falta de resolución oportuna
del asunto sometido al conocimiento de un servidor judicial resulta imprescindible
analizar: (i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión judicial de la respectiva
dependencia; (ii) el desarrollo y cumplimiento de las funciones del cargo; (iii) la
complejidad del caso sometido a decisión judicial, y (iv) el cumplimiento por las
partes de sus deberes de impulso procesal12.
VI.5. El caso concreto
16. Laseñora Alirys María Jaraba Gutiérrez solicitó el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó a la Sección Segunda
Subsección “A” del Consejo de Estado, con ocasión de la presunta mora judicial por
no haberse dictado sentencia dentro de la solicitud de extensión de jurisprudencia
con radicado número 11001-03-25-000-2019-00313-00.
17. Retomando lo señalado en el acápite VI.4 de esta providencia, se pone de relieve
que para la configuración de una mora judicial se requiere que se estructure un
elemento objetivo, consistente en el incumplimiento o vencimiento del término
judicial, y de un elemento subjetivo que consiste en la «[…] falta de diligencia y
omisión sistemática de los deberes del funcionario judicial […]».
18. Ahora bien, con el propósito de determinar si en el trámite dela solicitud de
extensión de la jurisprudencia con radicado núm. 11001-03-25-000-2019-00313-00
11
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
12
Corte Constitucional. Sentencia T-220 de 22 de marzo 2007. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
7
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Accionante: Alirys María Jaraba Gutiérrez
se cumplió con el elemento objetivo de la mora judicial, es decir, con el
incumplimiento del término judicial, la Sala estima necesario referirse a las
diferentes actuaciones que se han surtido en el decurso de la referida petición, las
cuales según la información que obra en el aplicativo web SAMAI son las siguientes:
i) El 23 de abril de 2019 fue radicado y asignado por reparto a la Subsección
"A" de la Sección Segunda del Consejo de Estado la solicitud de extensión de
jurisprudencia promovida por la accionante.
ii) El 17 de septiembre de 2020 se profirió auto de trámite, a través del cual se
requirió a la Secretaría de Educación del Magdalena para que informara si había
dado o no respuesta a la solicitud de extensión allí presentada, con el fin de tener
certeza en el conteo del término de caducidad.
iii) Una vez allegada la respuesta al requerimiento, el 19 de marzo de 2021, el
expediente ingresó al despacho.
iv) El 13 de mayo de 2021 se inadmitió la solicitud, ya que la accionante no
actuó a través de apoderado judicial.
v) El 9 de agosto de 2021 el expediente ingresó al despacho.
vi) El 3 de febrero de 2022, se profirió auto por el cual se corrió traslado de la
solicitud de extensión a la entidad convocada, al agente del Ministerio Publico y
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que se pronunciaran
al respecto.
vii) El 31 de mayo de 2022 ingresó al despacho.
viii) El 28 de julio de 2022, por auto de trámite, se dispuso notificar
personalmente, del auto admisorio, a la Nación – Ministerio de Educación –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
ix) El 17 de noviembre de 2022 ingresó el expediente al despacho.
19. Verificadas las distintas actuaciones que se han adelantado en el interior de la
solicitud de extensión de la jurisprudencia, para esta Sección es dable concluir que,
en efecto, desde el pasado 17 de noviembre de 2022 la solicitud se encuentra al
despacho pendiente de ser resuelta.
20. Sin embargo, la Sala destaca que, de acuerdo con el informe rendido por el
magistrado a cargo de la sustanciación de la solicitud objeto de esta acción, que: (i)
a la fecha se encuentran 1600 procesos al despacho, de los cuales (ii) 768 procesos
están para fallo, y iii) existen 318 expedientes pendientes de proferir sentencia que
ingresaron de manera previa al expediente objeto de la presente tutela.
8
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Accionante: Alirys María Jaraba Gutiérrez
21. Conforme a lo expuesto, la Sección considera que en el caso sub examine no se
observa que la entidad accionada hubiese sido negligente en la resolución de la
solicitud de extensión de la jurisprudencia; sino que existe una justificación válida
por la que no se ha dictado sentencia13, adicionalmente la demandante no acreditó
ninguna circunstancia que justifique prelación legal de conformidad con lo señalado
en el artículo 63 A de la Ley 270 de 7 de marzo de 199614, adicionado por el artículo
1615 de la Ley 1285 de 22 de enero de 200916.
22. Así las cosas, la Sala negará las pretensiones de esta acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el
Departamento del Magdalena, la Nación - Ministerio de Educación Nacional, la
sociedad Fiduprevisora S.A. y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
13
Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre de 2023.
Exp. núm. 05001-23-33-000-2023-00943-01 y Sentencia del 30 de noviembre de 2023. Exp. núm. 13001-23-33-000-2023-
00339-01.
14
“Estatutaria de la Administración de Justicia”.
15
"ARTÍCULO 63A. DEL ORDEN Y PRELACIÓN DE TURNOS. adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009. Cuando
existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves
violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social, las
Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las Salas, Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, la Sala
Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional, señalarán la clase de procesos que deberán
ser tramitados y fallados preferentemente. Dicha actuación también podrá ser solicitada por el Procurador General de la
Nación"
16
“Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00427-00
Accionante: Alirys María Jaraba Gutiérrez
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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