Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2023-00339-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2023-00339-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 13001-23-33-000-2023-00339-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
30 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 13001-23-33-000-2023-00339-01
Accionante: ÁLVARO SUÁREZ MORALES
Accionado: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGENA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – MORA JUDICIAL – Confirma sentencia que niega las
pretensiones de la acción de amparo.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el señor Álvaro Suárez Morales
contra la sentencia de 13 de septiembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Álvaro Suárez Morales solicitó el amparo de su derecho fundamental al
debido proceso, cuya vulneración le atribuyó al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Cartagena, con ocasión de la presunta mora judicial en la que se incurrió
al no haberse dictado sentencia dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 1300133-33-301-2021-00259-
00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Refirió que presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado núm. 1300133-33-301-2021-00259-00 en contra de la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional, con el objetivo de que se declarara la nulidad de la
Resolución núm. 03099 de 11 de octubre de 2021, que dispuso su retiro del servicio.
2.2. Indicó
que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartagena,
mediante auto de 10 de abril de 2023, resolvió dar aplicación a la figura de sentencia
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Accionante: Álvaro Suárez Morales
anticipada, de conformidad con el artículo 182A, numeral 11, de la Ley 1437 de 18
de enero de 20112.
2.3. Manifestó que han transcurrido más de sesenta (60) días desde el vencimiento
del traslado otorgado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión,
sin que la autoridad judicial accionada hubiese proferido sentencia de primera
instancia.
2.4. Señaló que lo anterior constituye una mora judicial injustificada y vulnera su
derecho fundamental al debido proceso porque se incumplió el término para dictar
sentencia, establecido en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
«[…] 2. Con fundamento en los hechos mencionados y en las
consideraciones expuestas y los argumentos jurídicos o precedentes
jurisprudenciales y los elementos materiales probatorios aportados, así
como la violación, de los términos establecidos, en el Auto de No. I-037/23
de fecha 10 de abril del 2023 en sus numerales 7.8.9 Y DEL AUTO QUE
ORDENO (sic) EL TRASLADO DE PRUEBAS, y a la presentación de los
alegatos a fecha 2 de mayo del 2023 de manera precisa y puntual, solicito
al señor Juez TUTELAR a mi favor el derecho al debido proceso relativo a
los art 228,230 de la C. N. y la ocurrencia de perjuicio irremediable. Y
cualquier otro del mismo rango que se determine como violado,
Ordenando lo siguiente
2.1: solicito respetuosamente, al señor Juez ordene INMEDIATAMENTE a
la jueza, ESTHER MARÍA MESA CAMERA: en los términos el art,1,18 del
decreto 2591 del 91 o en los términos del art 181 de la ley 1437 del 2011, o lo
establecido Auto de No. I-037/23 de fecha 10 de abril del 2023 en sus numerales
7.8.9 y del auto de traslado de pruebas de fecha,18-04-2023, y a la presentación
de los alegatos por escrito a fecha 2 mayo del 2023 expida la sentencia
correspondiente en un plazo perentorio de 48 horas para el cumplimiento
de sus deberes legales para el cumplimiento del debido proceso y el
principio de celeridad ya que los términos procesales son perentorios y
están estipulados en el art 181 numeral 2 literal 2 de la ley 1437 del 2011.
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«[…] ARTÍCULO 182A. SENTENCIA ANTICIPADA. Se podrá dictar sentencia anticipada:
1. Antes de la audiencia inicial:
a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
b) Cuando no haya que practicar pruebas;
c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación,
y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;
d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.
El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando
aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de
controversia.
Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de
este código y la sentencia se expedirá por escrito.
No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si
el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se
aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código […]».
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
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Accionante: Álvaro Suárez Morales
3: Que la orden impartida por el sr juez sea de inmediato cumplimiento
[…]». (Cursiva, negrilla y subrayado original del texto)
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 1° de septiembre de 2023, el magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso del Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la presente
acción de tutela y negó la medida provisional solicitada.
5. Posteriormente y mediante de auto de 31 de octubre de 2023, el Despacho
sustanciador en segunda instancia puso en conocimiento de la Nación – Ministerio
de Defensa - Policía Nacional la configuración de la causal de nulidad prevista en el
artículo 133, numeral 83, del Código General del Proceso y le concedió el término
de tres días para alegarla, so pena que se subsanara. Vencido el término concedido,
la entidad referida se abstuvo de solicitar la nulidad del proceso.
V. INTERVENCIONES
6. Efectuadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a la vinculada, se
allegaron los siguientes informes:
6.1. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartagena, a través de la
secretaria, manifestó que desde el reparto del proceso (12/11/2021) y hasta la fecha
en que ingresó la demanda al despacho para sentencia (09/05/2023) habían
transcurrido un año y seis meses, por lo que es un «[…] término que resulta
razonable para tramitar un proceso en primera instancia si se tiene en cuenta la
carga que maneja este despacho […]».
6.2. Destacó que a pesar de que transcurrió el término previsto en el artículo 181 de
la Ley 1437 de 2011, el Juzgado no había incurrido en mora judicial porque «[…] los
tiempos de las distintas etapas están determinados por diversos factores, entre
ellos, la carga del juzgado […]».
6.3. Precisó que el proceso no ha sido fallado porque existen 119 expedientes en
turno para fallo, «[…] encontrándose el proceso objeto de esta acción en el turno
120 […]».
6.4. Concluyó que no existe vulneración al derecho fundamental al debido proceso
porque no se ha excedido en forma desproporcionada el término para dictar fallo y
existe un motivo razonable por el cual a la fecha no se ha dictado sentencia.
3 «[…] ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los
siguientes casos: […]
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas
como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo
con la ley debió ser citado […]».
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Accionante: Álvaro Suárez Morales
6.5. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, mediante apoderada
judicial, manifestó que carecía de legitimación en la causa por pasiva porque lo
pretendido por el accionante en esta acción constitucional no hacía parte de las
atribuciones y competencias de dicha entidad.
6.6. Por lo anterior, solicitó su desvinculación en el presente proceso constitucional.
VI. FALLO IMPUGNADO
7. Mediante sentencia de tutela 13 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo
de Bolívar resolvió negar el amparo solicitado al considerar que no se vulneró el
derecho fundamental al debido proceso de la parte actora. Como fundamento, indicó
que la mora judicial se encontraba justificada por la carga laboral y la congestión
judicial del despacho accionado.
8. Asimismo, el Tribunal sostuvo que tampoco se evidenció negligencia por parte del
juez accionado y que no se observaba que el caso del accionante encajara dentro
de las excepciones al sistema de turnos, previstas en el artículo 18 de la Ley 446
de 7 de julio de 19984.
9. Por todo lo anterior, concluyó que no se había configurado mora judicial
injustificada y, por el contrario, la demora en emitir la sentencia pretendida se debió
a la congestión judicial y al sistema de turnos que trae la Ley 446 de 1998.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
10. El ciudadano Álvaro Suárez Morales, impugnó «[…] el auto admisorio de la
acción de tutela […]» y el fallo de primera instancia, con fundamento en los
siguientes argumentos:
10.1. Respecto del auto admisorio de la acción de tutela, indicó que la citada
providencia incurrió en una serie de irregularidades procesales, al no correr traslado
del escrito de tutela a la parte accionada, de conformidad con lo establecido en los
artículos 41 y 42 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20115 y, 117 y 167 de la Ley 1564
de 12 de julio de 20126.
10.2. Frente a la sentencia de tutela de primera instancia, indicó que en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 1300133-33-301-
2021-00259-00 sí existió una mora judicial, porque el despacho judicial incumplió
los términos procesales señalados en los artículos 181 y 182A de la Ley 1437 de
2011, por cuanto ya vencieron los veinte (20) días otorgados por la ley para dictar
sentencia después de presentados los alegatos.
4 «Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican
algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989,
se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre
descongestión, eficiencia y acceso a la justicia».
5 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».
6 «Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones».
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Accionante: Álvaro Suárez Morales
10.3. Así mismo, señaló que las pruebas aportadas por el Juzgado accionado en el
memorial de contestación constan de «[…] falsos informes contrarios a la realidad
[…]».
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
11. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19917, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20158, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20219, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
201910.
VIII.2. Cuestiones previas
VIII.2.1. De la impugnación del auto admisorio de la acción de tutela
12. En el escrito de impugnación allegado al proceso, la parte actora manifestó su
inconformidad con el auto admisorio de la presente acción de tutela, al considerar
que el juez no realizó «[…] el traslado correspondiente de la demanda y sus anexos
[…]».
13. Se destaca que en el Decreto Ley 2591 de 1991, el legislador no previó la posibilidad
de interponer recurso alguno en el trámite del mecanismo de amparo, a excepción de
la impugnación contemplada en el artículo 31 del citado Decreto Ley, la cual procede
únicamente contra el fallo de primera instancia. Al respecto, dispone la norma:
«[…] IMPUGNACIÓN DEL FALLO. Dentro de los tres días siguientes a su
notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante,
la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio
de su cumplimiento inmediato.
Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte
Constitucional para su revisión […]».
14. Con base en lo anterior, la Sala se abstendrá de analizar los argumentos del escrito
de impugnación tendientes a controvertir el auto admisorio de la acción de tutela.
VIII.2.2. De la solicitud de desvinculación de la Policía Nacional
7 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
8 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho».
9 «Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela».
10 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Accionante: Álvaro Suárez Morales
15. La Sala advierte que, previamente a la definición de los problemas jurídicos que
se habrán de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional.
16. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 200611 señaló lo siguiente:
«[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]». (Negrilla fuera del texto)
17. Así las cosas, teniendo en cuenta que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional es parte dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
objeto de la presente tutela, la Sala considera que a esta entidad sí le asiste el
interés jurídico para ser vinculada en esta acción constitucional, razón por la cual se
denegará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de la presente providencia.
VIII.3. Problemas jurídicos
18. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado12, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:
b) Determinar si el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartagena
vulneró el derecho fundamental al debido proceso invocado por el accionante
al, presuntamente, haber incurrido en mora judicial dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número
1300133-33-301-2021-00259-00.
11 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
12 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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19. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) los presupuestos para que se configure la mora judicial en
el interior de los procesos judiciales; para posteriormente (ii) resolver el caso
concreto.
VIII.4. Los presupuestos para que se configure la mora judicial en el interior
de los procesos judiciales
20. La Corte Constitucional ha definido la mora judicial como un «[…] fenómeno
multicausal y estructural […]»13, que se presenta en razón al «[…] alto número de
procesos en curso, los engorrosos diligenciamientos y la consiguiente congestión
judicial […]»14.
21. En atención al sistemático incumplimiento de los términos procesales, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, sin desconocer las circunstancias en las
que se desarrolla la función judicial en Colombia, ha reconocido que en
determinados eventos la mora judicial vulnera gravemente «[…] los derechos
fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia,
que la carta política expresamente consagra, exige y trata de proteger […]».15
22. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-186 de 28 de marzo de
201716 precisó lo siguiente:
«[…] [P]ara definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales
ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el
carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora
lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que
implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del
interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global
del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la
demora. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía
demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el
detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y
debido proceso, concluyendo que:
(…)
[L]a mora judicial se justifica cuando:
-Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera
integral una diligencia razonable del juez que los atiende,
-Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga
laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como
imprevisibles e ineludibles. Por el contrario, se considera que la mora es
injustificada en aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario
13 Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. sentencia T-186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa;
28 de marzo de 2017.
14 Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión. Exp. T-2302967. Sentencia T-1019 de 2010. M.P. Nilson Pinilla
Pinilla; 9 de diciembre de 2010.
15 Ibidem.
16 Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Exp. acumulados T-5896866 y T-5915213, M.P. María
Victoria Calle Correa; 28 de marzo de 2017.
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no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión
sistemática de sus deberes.”17
13.5. En la providencia T-230 de 2013, que abordó un caso de presunta mora
judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de Justicia – Sala de
Casación Laboral dentro de un proceso ordinario que tenía por objeto el
reconocimiento de una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno,
contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando:
(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de
funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante
casos de mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando
(1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la
existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio,
consistente en la alteración del turno era, excepcional (…).
13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena
de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de 201618, destacó que el
derecho al debido proceso en un plazo razonable, por desconocimiento del
término, es objeto de amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre en
mora judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.
La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe
un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo
razonable que justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la
falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes del funcionario
judicial […]». (Negrilla fuera del texto)
23. De acuerdo con lo transcrito, para que se estructure una violación del debido
proceso y al acceso a la administración de justicia por la falta de resolución oportuna
del asunto sometido a conocimiento de un servidor judicial resulta imprescindible
analizar: (i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión judicial de la respectiva
dependencia; (ii) el desarrollo y cumplimiento de las funciones del cargo; (iii) la
complejidad del caso sometido a decisión judicial, y (iv) el cumplimiento por las
partes de sus deberes de impulso procesal19.
VIII.5. El caso concreto
24. El señor Álvaro Suárez Morales solicitó el amparo de su derecho fundamental al
debido proceso, cuya vulneración le atribuyó al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Cartagena, con ocasión de la presunta mora judicial en la que se incurrió
al no haberse dictado sentencia dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 1300133-33-301-2021-00259-
00.
17 «En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarseque en la providencia
judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el sancionado se
encontraba justificada».
18 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
19 Corte Constitucional. Sentencia T-220 de 22 de marzo 2007. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
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25. El juez de primera instancia negó el amparo solicitado, al considerar que no se
configuró una mora judicial en el caso en concreto porque el motivo por el que no se
había emitido sentencia en el caso objeto de estudio obedecía a la carga laboral del
despacho accionado y a la aplicación del sistema de turnos.
26. En el escrito de impugnación la parte actora controvirtió la conclusión a la que arribó
el a quo en este proceso constitucional, al considerar que existió una mora judicial en
tanto que el despacho judicial incumplió el término de veinte días para dictar
sentencia, previsto en el artículo 181 de la Ley 1437 de 2011.
27. Retomando lo señalado en el acápite VIII.4 de esta providencia, se pone de
relieve que para la configuración de una mora judicial se requiere que se estructure
un elemento objetivo, consistente en el incumplimiento o vencimiento del término
judicial, y de un elemento subjetivo que consiste en la «[…] falta de diligencia y
omisión sistemática de los deberes del funcionario judicial […]».
28. Ahorabien, con el propósito de determinar si en el trámite del proceso con
radicado núm. 1300133-33-301-2021-00259-00 se cumplió con el elemento objetivo
de la mora judicial, es decir, con el incumplimiento del término judicial, la Sala estima
necesario referirse a las diferentes actuaciones que se han surtido en el decurso del
medio de control, las cuales según la información que obra en el aplicativo web
SAMAI son las siguientes:
i) El proceso núm. 1300133-33-301-2021-00259-00 fue repartido al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Cartagena el 12 de noviembre de 2021.
ii) Mediante auto de 13 de diciembre de 2021 se inadmitió la demanda.
iii) Una vez subsanada la demanda, mediante auto de 23 de marzo de 2022, fue
admitida.
iv) El 23 de junio de 2022 se notificó y corrió traslado a la entidad demandada
del auto admisorio y de la demanda y sus anexos.
v) Mediante auto de 10 de abril de 2023, la autoridad judicial accionada dispuso
dar aplicación a la figura de sentencia anticipada, con base en el artículo 182A
de la Ley 1437 de 2011.
vi) El demandante presentó los alegatos de conclusión por escrito el 2 de mayo
del 2023.
vii) El expediente pasó al despacho para dictar sentencia el 9 de mayo de 2023.
29. Verificadas las distintas actuaciones que se han adelantado en el interior del
medio de control, para esta Sección es dable concluir que, efectivamente, se
incumplió el término de veinte (20) días señalado en el artículo 181 de la Ley 1437
de 2011. Sin embargo, se considera que el tiempo que ha transcurrido es razonable,
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Radicación: 13001-23-33-000-2023-00339-01
Accionante: Álvaro Suárez Morales
teniendo en cuenta que el expediente ingresó al despacho para fallo el 9 de mayo
de este año.
30. Asimismo, la Sala destaca, de acuerdo con el informe rendido por el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Cartagena, que: (i) en el año 2023 ingresaron
331 procesos nuevos para el conocimiento del accionado; (ii) el proceso del
accionante se encuentra en el turno 120 para dictar sentencia anticipada, por lo que
existen 119 procesos que deben ser fallos previamente, y (iii) la autoridad judicial
accionada tiene 101 procesos en turno para proferir sentencia en asuntos que no
son de sentencia anticipada.
31. Conforme a lo expuesto, la Sala considera que en el caso sub examine no se
observa que la entidad accionada hubiese sido negligente en la resolución de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho; sino que existe una justificación
válida por la que no se ha dictado sentencia20.
32. Por todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de septiembre de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
20Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de
noviembre de 2023. Exp. N° 05001-23-33-000-2023-00943-01.
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Radicación: 13001-23-33-000-2023-00339-01
Accionante: Álvaro Suárez Morales
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Ausente con excusa
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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