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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2026-00182-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2026-00182-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 26 de marzo de 2026, proferida por la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, NEGAR la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991 TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-15-000-2026-00182-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 25000-23-15-000-2026-00182-01
Accionante: JUAN SEBASTIÁN RUÍZ PIÑEROS COMO
REPRESENTANTE DE PROTEKTO CRA S.A.S.
Accionado: JUZGADO SESENTA Y UNO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ
Tema: MORA JUDICIAL – Se revoca el fallo impugnado. Se niegan las
pretensiones -La autoridad judicial no incurrió en mora judicial injustificada

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia
de 26 de marzo de 2026 proferida por la Subsección C de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Juan Sebastián Ruíz Piñeros solicitó, en calidad de representante legal
suplente de la sociedad Protekto CRA S.A.S., el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó al Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito
Bogotá, por la presunta mora judicial en la entrega de los títulos judiciales
depositados a favor de la compañía de seguros Cóndor S.A. en el proceso
ejecutivo núm. 25000-23-26-000-2005-00027-01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que en el proceso ejecutivo radicado núm. 25000-23-26-000-2005-00027-
00, mediante auto de 23 de abril de 2013, proferido por el Juzgado Veintidós
Administrativo de Descongestión de Bogotá, se ordenó devolver a la Aseguradora
Cóndor S.A. el título judicial con código de operación núm. 124660302 por la suma
de $53.394.444.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 25000-23-15-000-2026-00182-01
Accionante: Juan Sebastián Ruíz Piñeros como representante
legal de la sociedad Protekto CRA S.A.S.

2.2. Refirió que, por auto de 29 de septiembre de 2015, el juez de descongestión
resolvió “[…] excluir a la Aseguradora Cóndor en liquidación del proceso ejecutivo
acumulado cuyo mandamiento de pago se emitió el pasado 27 de octubre de 2009
[…]” y se ordenó por secretaría “[…] realizar la gestión necesaria para devolver a
Cóndor S.A. en liquidación los títulos judiciales respaldados en las consignaciones
de depósitos visibles en los folios 175 y 198 del cuaderno principal […]”.

2.3. Sostuvo que el 10 de mayo de 2016 se inscribió la aprobación del acta final de
liquidación de Cóndor S.A., y se dio por terminada la personalidad jurídica de dicha
aseguradora.

2.4. Manifestó que el 5 de diciembre de 2018 solicitó ser reconocida como
cesionaria de los derechos que ostentaba la aseguradora Cóndor S.A. en razón a
la protocolización de negocio de compraventa de cartera celebrado mediante
escritura pública núm. 1386 de 5 de abril de 2016, otorgado por la Notaria 21 de
Bogotá.

2.5. Destacó que el Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá,
a través de providencia de 28 de septiembre de 2020, aceptó “[…] la cesión de los
derechos litigiosos de la entidad Centro de Recuperación y Administración de
Activos S.A.S. como sucesora procesal de la ejecutada Seguros Cóndor S.A. […]”.

2.6. Adujo que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual fue
concedido en efecto devolutivo mediante auto de 3 de noviembre de 2020.

2.7. Comentó que, mediante auto de 13 de febrero de 2023, el Juzgado Sesenta y
Uno Administrativo del Circuito de Bogotá, suspendió la entrega de los depósitos
judiciales hasta tanto “[…] se resuelva el recurso de apelación interpuesto contra
el auto del 28 de septiembre de 2020 […]”.

2.8. Señaló que la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, a través de providencia de 23 de mayo de 2024 resolvió el
recurso de apelación en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO: DEFINIR que en la presente causa la sociedad Centro de
Recuperación y Administración de Activos S.A.S., actúa como cesionaria del
crédito, no como sucesora procesal de Cóndor S.A.

SEGUNDO: REVOCAR la decisión adoptada en primera instancia, en virtud
de la cual se resolvió aceptar la cesión de los derechos litigiosos de la entidad
Centro de Recuperación y Administración de Activos S.A.S. como sucesora
procesal de la ejecutada Seguros Cóndor S.A., de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Declarar que corresponde al a quo, dentro de sus propias
competencias, determinar si en virtud de la cesión de créditos celebrada entre
Cóndor S.A. y CRA S.A.S, hay lugar a expedir a favor de la segunda, el titulo
judicial correspondiente, para que ésta efectúe el cobro del depósito judicial
que debió haber sido entregado a Cóndor S.A. en virtud de lo ordenado en
providencia del 23 de abril de 2013 […]”. [Negrilla del texto]

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Radicación: 25000-23-15-000-2026-00182-01
Accionante: Juan Sebastián Ruíz Piñeros como representante
legal de la sociedad Protekto CRA S.A.S.

2.9. Manifestó que el 19 de julio de 2024 reiteró al juzgado de conocimiento la solicitud
de reconocimiento de Protekto CRA S.A.S. como nuevo titular de los derechos de
CRA S.A.S. y se solicitó la entrega definitiva de los dineros que estuvieron a órdenes
de Cóndor S.A., de conformidad con la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca del 23 de mayo de 2024 y sus propias órdenes del 29 de septiembre
de 2015 y 13 de febrero de 2023.

2.10. Indicó que la anterior solicitud fue reiterada el 22 de noviembre de 2024 y 25 de
abril de 2025, sin que, a la fecha de la presentación de la presente acción de tutela,
se haya resuelto la devolución de los depósitos judiciales que considera, tiene
derecho.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. DECLARAR que el Juzgado 61 Administrativo de Bogotá ha vulnerado
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia de la sociedad Protekto CRA S.A.S., debido a la mora judicial en la
que ha incurrido en la no resolución de las peticiones promovidas por aquella
dentro del proceso ejecutivo 2005-00027, en relación con la devolución de los
títulos de depósito judicial a los que tiene derecho como cesionaria de los
derechos de la extinta aseguradora Cóndor S.A.

2. En consecuencia, TUTELAR los derechos fundamentales de la sociedad
Protekto CRA S.A.S. y ordenar inmediatamente al juzgado accionado, que,
en un término perentorio e improrrogable, proceda a reconocer a esta como
la nueva titular del derecho a recibir el reintegro de las sumas ordenadas a
favor de Cóndor S.A. y que se proceda sin dilación a efectuar su entrega
mediante abono en cuenta […]”. [Negrilla del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 13 de marzo de 2026, la Subsección C de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, admitió la acción de tutela.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a la accionada, se allegó el siguiente informe:

5.1. El Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá a través
del juez Sesenta Administrativo encargado, rindió informe en el que manifestó que
para la entrega y pago de títulos judiciales “[…] implica la autorización del juez
titular del despacho y de la secretaria a través de sus firmas registradas, sobre lo
cual no me puedo pronunciar debido a la situación administrativa de vacancia
temporal del Juzgado 61 Administrativo de Bogotá […]”.

5.2. Informó que de acuerdo con la estadística “[…] en el año 2025 recibió un gran
número de asuntos entre ordinarios y constitucionales, los que evacuó

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Accionante: Juan Sebastián Ruíz Piñeros como representante
legal de la sociedad Protekto CRA S.A.S.

diligentemente de acuerdo con los términos procesales, aunado a ello realizó un
número importante de diligencias e impulsó el despacho con labores de
sustanciación; por tanto, es posible concluir que ha sido el volumen trabajo que
reporta el Juzgado lo que ha impedido la atención de los asuntos con celeridad
deseada […]”.

5.3. Finalmente señaló que, de acuerdo con el Sistema de Información Estadístico
de la Rama Judicial, el Juzgado 61 finalizó a 31 de diciembre de 2024 con 360
procesos. En el año 2025 ingresaron entre ordinarios y constitucionales un total
de 478 procesos nuevos y el despacho en 2025 evacuó un total de 457 procesos,
terminando con un inventario de 365 procesos a 31 de diciembre de 2025.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediantefallo de tutela de 26 de marzo de 2026, la Subsección C de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró
improcedente la acción de tutela por subsidiariedad e inmediatez, al considerar
que “[…] la acción de tutela no es mecanismo judicial idóneo para obtener
actuaciones de impulso, toda vez que los procesos se rigen por las normas
procesales pertinentes, dentro de los plazos y términos que en ellas consagren
[…]”.

7. Adicionalmente advirtió que “[…] transcurrieron once meses desde la última
solicitud de impulso procesal sin que el actor haya justificado la interposición
tardía, término que la Corte Constitucional juzga irrazonable para acudir al
mecanismo de amparo […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La accionante, impugnó el fallo de primera instancia, solicitó revocar la decisión
y en su lugar se conceda el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, ordenando al juzgado accionado
que, dentro del término perentorio, proceda a “[…] materializar la entrega de los
títulos de depósito judicial mediante el respectivo abono en cuenta […]”.

9. Señaló que la providencia impugnada ignoró que la sociedad ha desplegado una
actividad procesal diligente al interior del proceso ejecutivo, a través de los
impulsos procesales radicados “[…] el 9 de julio de 2024, el 22 de noviembre de
2024 y el 25 de abril de 2025 […]”, actuaciones que demuestran “[…] una parálisis
absoluta del aparato judicial […]”.

10. Indicó que “[…] no se puede alegar falta de inmediatez cuando la afectación
iusfundamental se deriva de una omisión continuada del funcionario judicial […]”
toda vez que “[…] [m]ientras el juzgado no realice la actuación administrativa de
entrega de los títulos, el derecho al debido proceso sigue siendo vulnerado en el
tiempo. La mora judicial aquí descrita es abierta y ostensible, pues el despacho

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Accionante: Juan Sebastián Ruíz Piñeros como representante
legal de la sociedad Protekto CRA S.A.S.

ha superado con creces el plazo razonable y legal de 10 días estipulado en el
artículo 120 del Código General del Proceso para resolver las peticiones
pendientes […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia

11. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.

VIII.2. Problemas jurídicos

12. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:

b) Determinar si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia, por la presunta
mora judicial en la entrega de los títulos judiciales depositados a favor de
la compañía de seguros Cóndor S.A. en el proceso ejecutivo núm. 25000-
23-26-000-2005-00027-01.

13. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) los presupuestos para que se configure la mora judicial
en el interior de los procesos judiciales; (ii) resolver el caso concreto.

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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Radicación: 25000-23-15-000-2026-00182-01
Accionante: Juan Sebastián Ruíz Piñeros como representante
legal de la sociedad Protekto CRA S.A.S.

VIII.3. Los presupuestos para que se configure la mora judicial en el interior
de los procesos judiciales

14. La Corte Constitucional ha definido la mora judicial como un "[…] fenómeno
multicausal y estructural […]"8, que se presenta en razón al "[…] alto número de
procesos en curso, los engorrosos diligenciamientos y la consiguiente congestión
judicial […]"9.

15. En atención al sistemático incumplimiento de los términos procesales, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, sin desconocer las circunstancias en las
que se desarrolla la función judicial en Colombia, ha reconocido que en
determinados eventos la mora judicial vulnera gravemente "[…] los derechos
fundamentales como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia,
que la carta política expresamente consagra, exige y trata de proteger […]".10

16. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-186 de 28 de marzo
de 201711 precisó lo siguiente:

"[…] [P]ara definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales
ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el
carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una
mora lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de
los términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo
que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal
del interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación
global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación
razonable de la demora. Advirtió, además, que (iv) el funcionario
incumplido debía demostrar el agotamiento de todos los medios
posibles para evitar el detrimento de las garantías de acceso a la
administración de justicia y debido proceso, concluyendo que:

(…)

[L]a mora judicial se justifica cuando:

-Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de
manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende,

-Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga
laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como
imprevisibles e ineludibles. Por el contrario, se considera que la mora es
injustificada en aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario
no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión
sistemática de sus deberes.”12

8 Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. sentencia T-186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa;

28 de marzo de 2017.
9 Corte Constitucional. Sala Sexta de Revisión. Exp. T-2302967. Sentencia T-1019 de 2010. M.P. Nilson

Pinilla Pinilla; 9 de diciembre de 2010.
10 Ibidem.
11 Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Exp. acumulados T-5896866 y T-5915213, M.P. María

Victoria Calle Correa; 28 de marzo de 2017.
12 "En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la providencia

judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el sancionado se
encontraba justificada".

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legal de la sociedad Protekto CRA S.A.S.

13.5. En la providencia T-230 de 2013, que abordó un caso de presunta
mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de Justicia – Sala
de Casación Laboral dentro de un proceso ordinario que tenía por objeto el
reconocimiento de una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal
fenómeno, contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se
evidencia cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos
señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un
motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión
en el cumplimiento de funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó
la Sala, además, que ante casos de mora judicial injustificada, la acción de
tutela era procedente cuando (1) se cumpliera el requisito de
subsidiariedad y (2) se acreditara la existencia de un perjuicio
irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio, consistente en la
alteración del turno era, excepcional (…).

13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena
de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de 201613, destacó que el
derecho al debido proceso en un plazo razonable, por desconocimiento del
término, es objeto de amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre
en mora judicial injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.

La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i)
existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un
motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea
imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de los deberes
del funcionario judicial […]". [Negrilla fuera del texto].

17. De acuerdo con lo transcrito, para que se estructure una violación del debido
proceso y al acceso a la administración de justicia por la falta de resolución
oportuna del asunto sometido al conocimiento de un servidor judicial resulta
imprescindible analizar: (i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión judicial
de la respectiva dependencia; (ii) el desarrollo y cumplimiento de las funciones del
cargo; (iii) la complejidad del caso sometido a decisión judicial, y (iv) el
cumplimiento por las partes de sus deberes de impulso procesal14.

VIII.4. Caso concreto

18. El señor Juan Sebastián Ruíz Piñeros solicitó, en calidad de representante legal
suplente de la sociedad Protekto CRA S.A.S., el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó al Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito
Bogotá, por la presunta mora judicial en la entrega de los títulos judiciales
depositados a favor de la compañía de seguros Cóndor S.A. en el proceso
ejecutivo núm. 25000-23-26-000-2005-00027-01.

19. Retomando lo señalado en el acápite VI.4 de esta providencia, se pone de
relieve que para la configuración de una mora judicial se requiere que se

13 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
14 Corte Constitucional. Sentencia T-220 de 22 de marzo 2007. M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.

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estructure un elemento objetivo, consistente en el incumplimiento o vencimiento
del término judicial, y de un elemento subjetivo que consiste en la “[…] falta de
diligencia y omisión sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.

20. Ahora bien, con el propósito de determinar si en el trámite del proceso ejecutivo
con radicado núm. 25000-23-26-000-2005-00027-01 se cumplió con el elemento
objetivo de la mora judicial, es decir, con el incumplimiento del término judicial, la
Sala estima necesario referirse a las diferentes actuaciones que se han surtido en
el proceso desde la orden de entrega de títulos judiciales y la solicitud de entrega
a favor de la sociedad Protekto CRA S.A.S., de acuerdo con el expediente remitido
por el juzgado accionado y con la información que obra en el aplicativo web
SAMAI:

i) El Juzgado Veintidós Administrativo de Descongestión de Bogotá mediante
auto de 23 de abril de 2013, ordenó devolver a la Aseguradora Cóndor S.A. el
título judicial con código de operación núm. 124660302 por la suma de
$53.394.444.

ii) El 22 de octubre de 2013 se profirió auto de trámite, a través del cual se
ordenó por secretaría reiterar el oficio 2012-0297, en aras de realizar la
conversión de los títulos judiciales que obran en el expediente.

iii) El 29 de septiembre de 2015 por auto se resolvió “[…] excluir a la
Aseguradora Cóndor en liquidación del proceso ejecutivo acumulado cuyo
mandamiento de pago se emitió el pasado 27 de octubre de 2009 […]” y se
ordenó por secretaría “[…] realizar la gestión necesaria para devolver a Cóndor
S.A. en liquidación los títulos judiciales respaldados en las consignaciones de
depósitos visibles en los folios 175 y 198 del cuaderno principal […]”.

iv) El 5 de diciembre de 2018 el Centro de Recuperación y Administración de
Activos S.A.S. solicitó ser reconocido como cesionaria de los derechos que
ostentaba la aseguradora Cóndor S.A. en razón a la protocolización de negocio
de compraventa de cartera celebrado mediante escritura pública núm. 1386 de
5 de abril de 2016, otorgado por la Notaría 21 de Bogotá.

v) El Juzgado Sesenta y Uno Administrativo de Bogotá mediante providencia
de 28 de junio de 2019 ordenó requerir al Centro de Recuperación y
Administración de Activos S.A.S. a fin de que allegara copia auténtica del
documento que contiene la compraventa o cesión de los derechos litigiosos y
el acta final de la liquidación de Cóndor S.A. de 10 de mayo de 2016, mediante
la cual se dio por terminada la personalidad jurídica de la entidad cesionante.

vi) El 10 de julio de 2019, el Centro de Recuperación y Administración de
Activos S.A.S, allegó la documental solicitada.

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Accionante: Juan Sebastián Ruíz Piñeros como representante
legal de la sociedad Protekto CRA S.A.S.

vii) Mediante auto de 26 de julio de 2019, se corrió traslado de la solicitud de
la cesión de derechos litigiosos a la parte demandante.

viii) A través de providencia de 28 de septiembre de 2020, se aceptó “[…] la
cesión de los derechos litigiosos de la entidad Centro de Recuperación y
Administración de Activos S.A.S. como sucesora procesal de la ejecutada
Seguros Cóndor S.A. […]”.

ix) El 5 de octubre de 2020 el Centro de Recuperación y Administración de
Activos S.A.S, interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el
cual fue concedido en efecto devolutivo mediante auto de 3 de noviembre de
2020.

x) El 1°. de septiembre de 2021, el Centro de Recuperación y Administración
de Activos S.A.S, solicitó la ejecución de las costas aprobadas en providencia
de 29 de septiembre de 2015.

xi) Mediante providencia de 31 de octubre de 2022 se ordenó por secretaría
“[…] realizar las gestiones necesarias para la ubicación y conversión de los
depósitos judiciales constituidos por la Compañía de Seguros Cóndor SA el 28
de enero de 2011 en cuantía de $122.474.525 y el 20 de junio de 2011, por la
suma de $53.394.444, a nombre del Juzgado 37 Administrativo de Bogotá
cuyas consignaciones son visibles a folios 195 y 198 del cuaderno principal
[…]”, y se solicitó a la oficina de apoyo la asignación de un nuevo número de
radicado para la ejecución de las costas procesales a favor del Centro de
Recuperación y Administración de Activos S.A.S.

xii) El 13 de febrero de 2023, por auto se dispuso suspender la entrega de los
depósitos judiciales hasta que sea resuelto el “[…] recurso de apelación
interpuesto contra el auto del 28 de septiembre de 2020 […]”.

xiii) El 31 de marzo de 2023, la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario
S.A.- Fiduagraria S.A., actuando como vocera y administradora del patrimonio
autónomo de remanentes y contingencias Cóndor – P.A.R. Cóndor, presentó
oposición a la entrega de títulos a favor del Centro de Recuperación y
Administración de Activos S.A.S.

xiv) El 23 de mayo de 2024, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, resolvió el recurso de apelación contra el
auto de 28 de septiembre de 2020.

xv) El 9 de julio y 22 de noviembre de 2024, Protekto CRA S.A.S, sociedad
absorbente del Centro de Recuperación y Administración de Activos S.A.S
(cesionaria de los derechos de la extinta Cóndor S.A.), presentó impulso
procesal para la entrega de títulos, y solicitó la entrega definitiva de los dineros
depositados en el proceso ejecutivo.

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Radicación: 25000-23-15-000-2026-00182-01
Accionante: Juan Sebastián Ruíz Piñeros como representante
legal de la sociedad Protekto CRA S.A.S.

xvi) El 6 de diciembre de 2024, el expediente fue ingresado al Despacho.

xvii) El 25 de abril de 2025, Protekto CRA S.A.S, reiteró la solicitud de entrega
de títulos judiciales dispuestos a su favor, dada la calidad de sociedad
absorbente del Centro de Recuperación y Administración de Activos S.A.S.,
cesionaria de la extinta Cóndor S.A.

21. Examinadas las distintas actuaciones surtidas dentro del proceso ejecutivo,
esta Sección constata que el expediente se encuentra al despacho desde el 6 de
diciembre de 2024 pendiente de resolverse, (i) la oposición a la entrega de títulos
formuladas por la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.-
Fiduagraria S.A, y, ii) la procedencia de autorizar y ordenar la entrega del título
judicial núm. 400100003144783, depositado a favor de la Compañía de Seguros
Cóndor S.A., a la sociedad Protekto CRA S.A.S.

22. Con todo, se advierte que, conforme al informe rendido por el Juez Sesenta
Administrativo del Circuito de Bogotá, en encargo, se acreditó: (i) la existencia de
una vacancia temporal del cargo de Juez titular del Juzgado Sesenta y Uno
Administrativo del Circuito de Bogotá, circunstancia en virtud de la cual la decisión
de fondo y la eventual autorización para la entrega de los títulos judiciales
corresponde al juez que sea designado como titular; (ii) que según las estadísticas
oficiales del juzgado accionado, al cierre del año 2024 se reportó un inventario
final de 360 procesos activos, y que durante el año 2025 se registró un ingreso de
478 procesos nuevos y un egreso efectivo de 457 procesos, finalizando dicho
periodo con 365 procesos activos; y (iii) que, pese a la significativa carga laboral
y a la alta congestión judicial, el despacho ha adoptado las medidas necesarias
para evacuar el mayor número de asuntos posibles.

23. Conforme a lo expuesto, la Sala considera que en el caso sub examine no se
observa que la entidad accionada hubiese sido negligente en la entrega de título
judicial; sino que existe una justificación válida por la que no se ha resuelto la
entrega de depósitos judiciales15, toda vez que dentro del proceso ejecutivo obra
solicitud de oposición a la entrega de títulos judiciales, presentada por la Sociedad
Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - Fiduagraria S.A., actuación que se
encuentra pendiente de decisión. Dicha oposición constituye una cuestión previa
y necesaria que debe ser resuelta por el juez natural del proceso, en ejercicio de
sus competencias funcionales, antes de pronunciarse sobre la procedencia de la
entrega del título judicial solicitado, lo cual descarta que el despacho haya estado
en posibilidad de autorizar dicha entrega de manera inmediata o automática, y
refuerza la razonabilidad del trámite seguido hasta el momento.

15 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de

noviembre de 2023. Exp. núm. 05001-23-33-000-2023-00943-01 y Sentencia del 30 de noviembre de 2023.
Exp. núm. 13001-23-33-000-2023-00339-01.

11

Radicación: 25000-23-15-000-2026-00182-01
Accionante: Juan Sebastián Ruíz Piñeros como representante
legal de la sociedad Protekto CRA S.A.S.

24. Así las cosas, la Sala revocará la sentencia de 26 de marzo de 2026 proferida
por la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y, en su lugar, negará las pretensiones de esta acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 26 de marzo de 2026, proferida por la
Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. En su lugar, NEGAR la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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