Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00443-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00443-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00443-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
6 de junio de 2024
1
Radicados: 11001 03 15 000 2024 00443 00
11001 03 15 000 2024 01874 00
Demandantes: Servicio Integral de la Costa Caribe e Ingeniería, S. A. S.
Empresa Mixta de Alumbrado Público de Paz de Ariporo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Bogotá, D. C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: ACUMULADOS
11001 03 15 000 2024 00443 00
11001 03 15 000 2024 01874 00
Demandantes: Servicio Integral de la Costa Caribe e Ingeniería, S. A. S.
Empresa Mixta de Alumbrado Público de Paz de Ariporo
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y Registraduría Nacional del
Estado Civil
Temas: Tutela contra providencia judicial. Control previo de
constitucionalidad de referendo derogatorio. Defecto sustantivo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala las acciones de tutela de la referencia, acumuladas mediante auto del
29 de abril de 2024.
1. Antecedentes
1.1. Las demandas
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la Empresa Integral de la Costa Caribe e Ingeniería, S. A. S., y la sociedad de
economía mixta Empresa Mixta de Alumbrado Público de Paz de Ariporo, S. A. S., a
través de sus respectivos representantes legales, promovieron demandas en orden a
que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
acceso a la administración de justicia y a la libertad de empresa, así como los
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Radicados: 11001 03 15 000 2024 00443 00
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Demandantes: Servicio Integral de la Costa Caribe e Ingeniería, S. A. S.
Empresa Mixta de Alumbrado Público de Paz de Ariporo
principios de legalidad, confianza legítima y seguridad jurídica, los cuales consideran
conculcados por el Tribunal Administrativo de Casanare y la Registraduría Municipal
de Paz de Ariporo.
Como consecuencia de lo anterior, solicitaron dejar sin efectos la decisión del 2 de
noviembre de 2023, proferida por el mencionado tribunal dentro del radicado 85001
23 33 000 2023 00068 00 (2023-001), que declaró la constitucionalidad del referendo
derogatorio del Acuerdo 500.02-023 del 30 de diciembre de 2022, expedido por el
Concejo Municipal de Paz de Ariporo (Casanare), en el que se le confirieron facultades
pro tempore a la alcaldesa de ese ente territorial para la creación y constitución de
una sociedad de economía mixta que se encargue de la prestación integral del servicio
de alumbrado público y, en su lugar, se le conceda al operador judicial accionado el
término de 15 días para que lleve a cabo un nuevo control previo de constitucionalidad
del mecanismo de participación referido.
De igual modo, pidieron ordenar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, sede
municipal de Paz de Ariporo (Casanare), que, en un término de 48 horas, revoque o
suspenda el proceso de referendo derogatorio del aludido Acuerdo Municipal,
radicado bajo el consecutivo RD-2023-07-001-46-680.
1.1.1 Los hechos
Una vez leídas las demandas de tutela en cada uno de los procesos acumulados, se
tendrán como hechos comunes y relevantes, los siguientes:
i) La alcaldesa de Paz de Ariporo (Casanare), en ejercicio de sus competencias,
expidió el Decreto 300.21-197 de 2002, a través del cual convocó al Concejo Municipal
a un período de sesiones extraordinarias, con el fin de darle trámite a unos proyectos
de acuerdo, dentro de los que se encontraba el de conferirle facultades pro tempore a
ella para la constitución de una sociedad de economía mixta para la prestación integral
del servicio de alumbrado público del municipio.
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ii) El 30 de diciembre de 2022, el Concejo Municipal aprobó el referido proyecto
en las dos sesiones reglamentarias de comisión y plenaria, por lo que expidió el
Acuerdo 500.02-023.
iii) La Alcaldía del mencionado municipio adelantó lo correspondiente para
constituir la sociedad de economía mixta denominada «Empresa Mixta de Alumbrado
Público de Paz de Ariporo, S. A. S.», conformada por el Alumbrado Público de Paz de
Ariporo, S. A. S., y el municipio de Paz de Ariporo.
Sobre este punto, advirtieron que la sociedad Alumbrado Público de Paz de Ariporo,
S. A. S., está constituida a su vez por la empresa Sociedad Integral de la Costa Caribe
e Ingeniería, S. A. S.
iv) Inconformes con lo anterior, un grupo de ciudadanos, dentro de los cuales se
encuentra el actual alcalde del municipio de Paz de Ariporo, en uso de los mecanismos
de participación democrática, presentaron ante la Registraduría Municipal de Paz de
Ariporo un proyecto de referendo derogatorio del Acuerdo 500.02-023
v) Debido a ello, la Registraduría Municipal de Paz de Ariporo, en el curso de dicho
trámite expidió los siguientes actos administrativos:
a) Resolución 001 del 16 de febrero de 2023, por la cual se declara la inscripción
y reconoce al vocero y los integrantes del comité promotor del Referendo Derogatorio
del orden municipal.
vi) Resolución 4 de septiembre de 2023, por la cual se certificó el número total de
apoyos y el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales exigidos.
vii) La Registraduría mencionada remitió el proceso al Tribunal Administrativo de
Casanare para la correspondiente revisión de constitucionalidad, según lo establecido
en las Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015.
viii) El 2 de noviembre de 2023, el aludido tribunal declaró que el referendo cumple
con los preceptos de constitucionalidad.
1.1.2. El defecto invocado
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En sentir de los accionantes, la providencia del 2 de noviembre de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo de Casanare, incurrió en defecto sustantivo por inaplicación
de las Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, y, con ello, se le vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la libertad de empresa, a la confianza legítima, a
la legalidad, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, en atención a las
siguientes circunstancias:
En primer lugar, las iniciativas promulgadas por la Alcaldía de Paz de Ariporo,
concretadas en el Acuerdo 500.02-023 de 2022, sobre el cual se pretende el ejercicio
del referendo derogatorio, no son susceptibles de tal mecanismo de participación
constitucional, por cuanto la autorización para formar una sociedad de economía mixta
municipal, de conformidad con los artículos 313, numeral 6, de la Constitución Política
y 71, parágrafo 1, de la Ley 136 de 1994, es exclusiva del alcalde municipal.
Por lo tanto, el tribunal, al declarar la constitucionalidad del citado referendo, no tuvo
en cuenta los artículos 29 de la Ley 134 de 1994 y 18 de la Ley 1757 de 2015, según
los cuales se prohíbe presentar iniciativas populares legislativas y normativas o
consultas populares ante el Congreso, asambleas o concejos municipales sobre las
materias que sean de iniciativa exclusiva del gobierno, de los gobernadores o
alcaldes.
En segundo lugar, en el trámite previo de constitucionalidad, el a quo no las vinculó
en calidad de terceros con interés, cercenándoles la oportunidad de ejercer su
derecho de defensa.
1.2. Actuación procesal
El 27 de febrero de 2024, el magistrado ponente admitió la acción de tutela promovida
por el Servicio Integral de la Costa Caribe e Ingeniería, S. A. S., adelantada bajo el
radicado 11001 03 15 000 2024 00443 00, y dispuso notificar como demandados a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Casanare y a la Registraduría Nacional del
Estado Civil, como demandados. Además, ordenó vincular como terceros con interés
al municipio de Paz de Ariporo, a la Empresa Mixta de Alumbrado Público de Paz de
Ariporo, S. A. S., a la sociedad Soluciones Integrales de Colombia, S. A. S., a los
señores Denis Fernández Parada, Yudy Paola Salcedo Abril, Leonardo Arvey Morales
Niño, Armando Hilario Camargo Gil, Gabriel Elías Peña Montaño, Michael Andreis
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Castillo Jara, José Edelmo Chaparro Fonseca y José Camilo Abril Tarache —como
voceros y miembros del comité promotor del referendo derogatorio del Acuerdo
Municipal 500 02-023 de 2022.
El 29 de abril de 2023, en el expediente 11001 03 15 000 2024 01874 00, se admitió la
acción de tutela y se ordenó la acumulación de la demanda al proceso 11001 03 15
000 2024 00443 00.
El 21 de mayo de 2024, subió el expediente al despacho para decidir de fondo la
presente acción constitucional acumulada.
1.3. Contestación de la demanda
1.3.2. El Tribunal Administrativo de Casanare, a través de la magistrada Inés del
Pilar Núñez Cruz, se opuso a la prosperidad de la acción de tutela, bajo el argumento
de que la corporación judicial se limitó a aplicar la normatividad y la jurisprudencia del
Consejo de Estado que rige el mecanismo de referendo derogatorio.
1.3.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó su desvinculación, por
falta de legitimación en la causa por pasiva, con fundamento en que una vez
adelantado todo el trámite administrativo de la iniciativa de referendo, lo remitió al
Tribunal Administrativo de Casanare para que se pronunciara sobre su
constitucionalidad, en virtud del artículo 21 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015. Por lo
tanto, los hechos y las violaciones invocadas no se ocasionaron con su actuación.
1.3.4. Los demás vinculados guardaron silencio.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones
de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
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conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad
jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente
acción de tutela.
2.2. Cuestión previa
Como se advirtió en el numeral 1.3.3., ut supra, la Registraduría Nacional del Estado
Civil solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela, por falta de legitimación
en la causa por pasiva, con el argumento de que los hechos cuestionados y los
derechos que se invocan como vulnerados no fueron producto de su actuación
administrativa.
A pesar de ello, para la Sala no es de recibo la mencionada manifestación, ya que a
dicha entidad sí le asiste interés en las resultas del proceso, pues, de prosperar los
sustentos expuestos por las empresas accionantes se vería afectado el referendo
derogatorio que se adelanta contra el Acuerdo Municipal 500.02-023 del 30 de
diciembre de 2022, cuyo trámite administrativo fue adelantado por la Registraduría
Municipal de Paz de Ariporo bajo el radicado RD-2023-07-001-46-680.
Así mismo, el control previo de constitucionalidad que dio origen a la providencia
objeto de tutela fue enviado, en el marco de sus funciones legales, por dicha entidad
al Tribunal Administrativo de Casanare.
2.3. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir la providencia del 2 de noviembre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del control previo de
constitucionalidad del referendo derogatorio del Acuerdo 500.02-023 del 30 de
diciembre de 2022, emitido por el Concejo Municipal de Paz de Ariporo (Casanare),
bajo el radicado 85001 23 33 000 2023 00068 00 (2023-001).
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En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida
decisión se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
al acceso a la administración de justicia y a la libertad de empresa, así como los
principios de legalidad, confianza legítima y seguridad jurídica, invocados por los
representantes legales de la Empresa Integral de la Costa Caribe e Ingeniería, S. A.
S., y la sociedad de economía mixta Empresa Mixta de Alumbrado Público de Paz de
Ariporo, S. A. S.
2.4. La acción de tutela contra providencias judiciales
La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
1 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492
de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589
de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
2.5. Aspectos generales sobre el procedimiento para llevar a cabo el
mecanismo de participación de referendo
El artículo 40 (numeral 2.º) de la Constitución Política establece como derecho
fundamental de todo ciudadano a participar en la conformación y control del poder
político tomando parte en las elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares
y otras formas de participación democrática, como lo son las descritas en el artículo
103 ibidem.3
A su turno, el artículo 3.º de la Ley Estatutaria 134 de 1994, «por medio de la cual se
dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana», prevé que el referendo
es la convocatoria que hace el pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de
3 «Artículo 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el
referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los
reglamentará. El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales,
cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de
su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes
instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan».
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norma jurídica (artículo 5.º ibidem)4 o derogue o no una disposición ya vigente (artículo
4.º),5 la cual puede ser nacional, departamental, distrital, municipal o local.
Sobre este punto, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-180 de 1994, al
revisar la exequibilidad de la mencionada Ley 134 de 1994, indicó que la expresión
«norma jurídica», prevista en el mencionado artículo 3.º ibidem, debe entenderse
respecto de actos legislativos, leyes, ordenanzas departamentales, acuerdos
municipales o resoluciones locales.
Ahora bien, la Ley Estatutaria 1757 de 2015, «[p]or la cual se dictan disposiciones en
materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática»,
dispone en su título II las reglas comunes a los mecanismos de participación
ciudadana, entre ellos, los referendos, a saber:
El artículo 5.º de la citada Ley 1757 señala que la iniciativa para convocar y adelantar
un referendo recaerá en cualquier ciudadano, organización social, partido o
movimiento político, y lo deberá hacer a través de un formulario diseñado por la
registraduría del Estado Civil, el cual deberá contener, como mínimo, la identificación
plena del promotor o los miembros del comité promotor, el título de la propuesta de
mecanismo de participación, la exposición de motivos que sustenta la iniciativa y el
proyecto de articulado (artículo 6 ejusdem).
Cumplido lo anterior, el registrador deberá asignar un número consecutivo de
identificación y lo publicará en la página web de la entidad (artículo 7 ib.). Posterior a
ello, la Registraduría diseñará y entregará gratuitamente al promotor el formulario de
recolección de firmas, que contendrá, entre otros, el resumen de la propuesta, los
motivos y conveniencia, y el número de apoyos ciudadanos necesarios para aprobar
la iniciativa (artículo 8 ib.), el cual será del 5 % del censo electoral para referendos
4 «Artículo 5. Referendo aprobatorio. Un referendo aprobatorio es el sometimiento de un proyecto de acto legislativo,
de una ley, de una ordenanza, de acuerdo o de una resolución local, de iniciativa popular que no haya sido adoptado
por la corporación pública correspondiente, a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o lo
rechaza, total o parcialmente».
5 «Artículo 4. Referendo derogatorio. Un referendo derogatorio es el sometimiento de un acto legislativo, de una
ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local en alguna de sus partes o en su integridad, a
consideración del pueblo para que éste decida si lo deroga o no».
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constitucionales, iniciativas populares de acto legislativo o de ley, o consultas
populares de carácter nacional; 10 % del censo electoral si se trata de un referendo
derogatorio de una ley; y 10 % del censo electoral local si versa sobre la
derogatoria de normativas expedidas por autoridades territoriales (artículo 9 ib.).
Para efectos de recolectar las firmas, los promotores tendrán un plazo de 15 días, el
cual podrá prorrogarse en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
acreditado (artículo 10 ib.).
Vencido el término descrito en el párrafo anterior, el promotor presentará los
formularios debidamente diligenciados (art. 11 ib.) y, quince días después, entregará
los estados contables de la campaña de recolección de apoyos a la registraduría
correspondiente (art. 12 ib.). Luego, dicha entidad hará la verificación de los apoyos
ciudadanos en un plazo máximo de 45 días calendario y, cumplido el tiempo
mencionado, el registrador del estado civil certificará el total de los respaldos
consignados válidos y nulos, así como el cumplimiento o no con de los requisitos
legales y constitucionales exigidos (arts. 13, 14 y 15 ib.).
Por otra parte, el artículo 18 de la precitada Ley 1757 de 2015, en concordancia con
el artículo 29 de la Ley 134 de 1994, establece que solo serán susceptibles de
referendo aquellas que son de la competencia exclusiva de la respectiva corporación
o entidad territorial; sin embargo, dicha disposición excluyó los siguientes asuntos
para que sean objeto de tales mecanismos de participación: a) los que sean de
iniciativa exclusiva del Gobierno, de los gobernadores o de los alcaldes; b)
presupuestales, fiscales o tributarias; c) relaciones internacionales; d) concesión de
amnistías o indultos; y e) preservación y restablecimiento del orden público.
Sobre este punto, y para efectos del resolver la acción de tutela de la referencia, es
necesario traer a colación lo indicado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-
150 de 2015, sobre la exequibilidad del mencionado artículo 18 de la Ley 1757 de ese
mismo año, a saber:
[…]
El proyecto de ley objeto de examen en esta oportunidad incorpora varias novedades.
En primer lugar, dispone que para la solicitud de referendos aprobatorios de proyectos
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de ley, ordenanzas, acuerdos o resoluciones se encuentran legitimados los gobiernos
nacional, departamental, municipal y local así como la ciudadanía cuando se alcance el
número de apoyos requeridos (inc. 2 del literal a) del art. 20 del proyecto). En segundo
lugar, establece que el Congreso, las asambleas departamentales, los concejos y las
juntas administradoras locales podrán someter un determinado texto a referendo
mediante la adopción de una ley, ordenanza, acuerdo o resolución. En tercer lugar,
señala que en el caso de los referendos territoriales puede prescindirse del trámite a
través de la corporación pública cuando el número de apoyos ciudadanos sea superior
al veinte por ciento (20%) del respectivo censo electoral (par. 1 del artículo 19). En cuarto
lugar y atendiendo las reglas reseñadas y atendiendo el carácter expansivo del principio
de participación, el proyecto ya no establece como condición necesaria de
la convocatoria de un referendo, el trámite fallido de una iniciativa popular y normativa
ante la respectiva corporación pública para tal fin, esto es su no adopción por haber sido
negado o haberse vencido el plazo del artículo 163 de la Constitución, procediendo su
tramitación en la manera dispuesta en el artículo 20.a) de las disposiciones estatutarias
aquí examinadas, tanto en el nivel nacional como territorial.
[…]
6.18.3. Para la Corte, no plantea problema de constitucionalidad de ninguna
naturaleza que se establezca la procedencia de la iniciativa popular y legislativa,
de la consulta popular o del referendo, ante la respectiva corporación pública,
únicamente en aquellas materias que sean de su competencia. De permitirse que
estos mecanismos se emplearan con el propósito de aprobar asuntos que
corresponden a otras autoridades o a otros niveles territoriales, se
desatenderían reglas constitucionales básicas, con desconocimiento no
solo del principio de legalidad sino, también, de la separación de poderes y
la autonomía de las entidades territoriales.
6.18.4. La segunda parte del artículo se ocupa de precisar las restricciones que
respecto de la materia son aplicables a las iniciativas normativas y a las consultas
populares allí reguladas. Las exclusiones que se contemplan para el objeto de
tales mecanismos se justifican en el hecho de que la competencia para su
regulación o aplicación, está radicada en otras autoridades. Adicionalmente, al
adelantar el examen de una norma similar -el artículo 29 del proyecto de ley
estatutaria que dio lugar a la expedición de la Ley 134 de 1994- la Corte declaró
su exequibilidad. Esta Corporación retoma lo dicho en la sentencia C-180 de 1994:
“El artículo 29 determina las materias que pueden ser objeto de iniciativa popular
legislativa y normativa ante las corporaciones públicas, señalando que, por regla
general, procede respecto de los asuntos que sean de competencia de la
respectiva corporación, con las excepciones que la misma Constitución establece,
al reservar en forma privativa para ciertas autoridades la iniciativa exclusiva de
impulsión del proceso de formación de determinados actos jurídicos.
Efectivamente, el proyecto excluye ciertas materias de la iniciativa popular, las
cuales, por lo general, corresponden a decisiones políticas de inusitada
importancia o gravedad para la conducción o seguridad del Estado, de sus
entidades territoriales o para el manejo del orden público en los ordenes (sic)
nacional y local, en consideración a lo cual se confian (sic) exclusivamente a los
órganos constitucionalmente responsables de la respectiva función, como así lo
dispone la norma en revisión, en concordancia con los artículos 154, 170 inciso
final, 300, 313, 315, 322 y 336 de la CP.
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Se trata, pues, de asuntos de exclusiva iniciativa gubernamental, de carácter
presupuestal, fiscal y tributario; del manejo de las relaciones internacionales; de
la concesión de amnistías o indultos; o de la preservación y restablecimiento del
orden público. Además, como la iniciativa popular puede llevar a la convocatoria
de un referendo aprobatorio, se deben armonizar las materias excluídas (sic) de
referendo y de iniciativa popular, para cumplir el mandato constitucional del inciso
3o. del artículo 170, como en efecto lo hace el proyecto.”
(Negritas fuera del texto original)
Por su parte, el artículo 21 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, en concordancia con
el artículo 44 de la Ley 134 de 1994, consagra que los tribunales administrativos se
pronunciarán sobre la constitucionalidad de los mecanismos de participación
ciudadana, entre ellos, los referendos normativos departamentales, distritales,
municipales o locales, previo el agotamiento de un período de fijación en lista de diez
días, con el fin de que cualquier ciudadano impugne o coadyuve la constitucionalidad
de la propuesta y el Ministerio Público rinda concepto.6
Sobre el particular, la Corte, en la referida Sentencia C-150 de 2015, concluyó lo
siguiente sobre la exequibilidad del artículo 21 de la Ley 1757 de ese año, así:
La asignación de competencias para el control previo de los mecanismos de
participación es posible a la luz de la Carta Política. La disposición que se revisa
consagra una atribución general de los tribunales de la jurisdicción contencioso-
administrativa para determinar la constitucionalidad "del mecanismo de participación
ciudadana a realizarse". Esta regla, que se ajusta a la Constitución en tanto tiene
por objeto garantizar que las iniciativas del nivel territorial no desconozcan las
prescripciones legales y constitucionales, debe interpretarse a partir de las
competencias que en esta materia se encuentran previstas en la Ley 134 de 1994,
en el proyecto de ley objeto de examen y en las disposiciones generales que
regulan la actuación de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Por ello y en los términos expuestos, la Corte encuentra que la norma revisada es
desarrollo de la supremacía constitucional (art. 4).
6.21.5. La regla procedimental establecida en el último inciso del artículo 21 del proyecto
de ley es compatible con la Carta. En efecto, la consagración de un período mínimo de
fijación en lista de diez días para la intervención de los ciudadanos en los procesos a
los que alude la norma, se encuentra comprendida por el margen de configuración del
que dispone el Congreso para regular los mecanismos de participación (art. 152.d).
Adicionalmente, garantizar un término mínimo para que el Ministerio Público rinda su
concepto, es una medida que pone en evidencia el papel destacado de tal organismo
en la defensa del ordenamiento constitucional. Debe advertir la Corte que la regla
6 Sobre este punto, conviene indicar que el mencionado artículo 21 de la Ley 1757 de 2015 dispone que la Corte
Constitucional revisará previamente el texto que someta a referendo constitucional o consulta popular para la
convocatoria de una Asamblea Constituyente.
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relativa al termino de fijación en lista, no se opone a la vigencia de normas que
prevén períodos de intervención más amplios para el Ministerio Público, tal y
como ocurre con la participación del Procurador en los procesos que se surten
ante la Corte Constitucional (arts. 7º y 42 del Decreto 2067 de 1991)
(Se resalta)
Por último, se deberá tener en cuenta el trámite establecido en la Resolución 6245 del
22 de diciembre de 2015, proferido por el Consejo Nacional Electoral, «por la cual se
señala el procedimiento de verificación de autenticidad de los apoyos ciudadanos a
una propuesta de mecanismos de participación ciudadana».
2.6. Hechos probados
i) El 6 de febrero de 2023, los señores Denis Fernández Parada, Yudi Paola
Salcedo Abril, Armando Hilario Camargo Gil, Leonardo Arvey Morales Niño, Gabriel
Elías Peña Montaño, Michael D’Andreis Castillo Jara, José Edelmo Chaparro Fonseca
y Jorge Camilo Abril Tarache, presentaron ante la Registraduría Nacional del Estado
Civil el formulario de inscripción del referendo derogatorio contra el Acuerdo Municipal
500.02-023 del 30 de diciembre de 2022, bajo la siguiente pregunta:
Deroga usted el Acuerdo No. 500.02-23 del 30 de diciembre del 2022 “Mediante el cual
confieren facultades protempore, a la alcaldesa del municipio de Paz de Ariporo-
Casanare, para la creación y constitución de una sociedad de economía mixta, para la
prestación integral del servicio del alumbrado público que permita la modernización,
expansión, repotenciación, obras exclusivas del alumbrado público. Administración,
operación, mantenimiento, iluminación navideña y desarrollo tecnológicos (sic)
asociados al mismo”
ii) El 16 de febrero de 2023, la Registraduría Nacional del Estado Civil de Paz de
Ariporo (Casanare) profirió la Resolución 001, a través de la cual declaró que la
inscripción para adelantar la iniciativa de referendo derogatorio aludido en el numeral
anterior cumplía con el lleno de los requisitos legales establecidos en la Ley Estatutaria
1757 del 6 de julio de 2015. Por ende, le asignó el radicado RD-2023-07-001-46-680.
De igual modo, reconoció al vocero y a los integrantes del comité promotor del
mecanismo popular mencionado.
iii) El 4 de septiembre de 2023, la referida entidad emitió la Resolución 004, en la
que certificó el cumplimiento de los requisitos constitucionales para la propuesta del
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referendo derogatorio del Acuerdo 500.02-023 de 2023, proferido por el Concejo
Municipal de Paz de Ariporo.
iv) El 8 de septiembre de 2023, la registradora municipal del estado civil de Paz de
Ariporo remitió al Tribunal Administrativo de Casanare el aludido referendo
derogatorio, con el fin de que llevara a cabo el trámite de revisión previa de
constitucionalidad que prevé el articulo 21 de la Ley 1757 de 2015 —literal b—.
v) El mencionado tribunal, por auto del 26 de septiembre de 2023, bajo el radicado
85001 23 33 000 2023 00068 00, asumió la competencia de revisión previa de
constitucionalidad; indicó que el trámite que se le iba a dar al asunto era el previsto en
el artículo 21 de la Ley 1757 de 2015; fijó el asunto en lista por el término de 10 días
a través de la página web de la Rama Judicial y ordenó fijar un aviso (en un lugar
visible de la Alcaldía de Paz de Ariporo), en aras de que cualquier ciudadano de dicho
ente territorial impugnare o coadyuvare la constitucionalidad del tantas veces citado
referendo derogatorio.
vi) El 2 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Casanare declaró la
constitucionalidad del referendo derogatorio del Acuerdo 500.02-023 del 30 de
diciembre de 2022, proferido por el Concejo Municipal de Paz de Ariporo, para lo cual
estableció que el trámite del mecanismo de participación se llevó a cabo conforme a
la ley y que este no encajaba dentro de las prohibiciones establecidas en los artículos
18 de la Ley 1757 de 2015 y 29 de la Ley 134 de 1994.
2.7. Análisis de la Sala. Caso concreto
2.5.1. Del cumplimiento de los requisitos generales en el caso sub lite
a) ¿El asunto tiene relevancia constitucional?: Sí, en la medida en que el debate
gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la libertad de
empresa, así como los principios de legalidad, confianza legítima y seguridad jurídica.
De igual modo, este requisito se entiende satisfecho, ya que la providencia objeto de
tutela fue proferida en el marco de un control previo de constitucionalidad de un
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referendo derogatorio, el cual es un derecho de participación desarrollado por los
artículos 40 y 103 de la Constitución.
b) ¿Se entiende satisfecho el requisito de la inmediatez? Sí, toda vez que la
presente acción de tutela se interpuso dentro de los 6 meses siguientes a la expedición
del auto del 2 de noviembre de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de
Casanare, bajo el radicado 85001 23 33 000 2023 00068 00 (2023-001).
c) ¿Se agotaron todos los recursos ordinarios y extraordinarios en el trámite
del control previo de constitucionalidad de los mecanismos de participación
ciudadana que dio origen a la providencia objeto de la tutela de la referencia?
Sí, habida cuenta de que contra el auto del 2 de noviembre de 2022 no procede
recurso alguno, ya que el control previo de constitucionalidad que ejercen los
tribunales administrativos por disposición del artículo 21 de la Ley 1757 de 2015 se
adelanta en única instancia. Tampoco es susceptible de los recurso ordinarios y
extraordinarios.
d) Por otro lado, la solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los
argumentos con fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos
fundamentales en la providencia enjuiciada.
e) Por último, el asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la
decisión objeto de litis se profirió dentro del trámite de control previo de
constitucionalidad de los mecanismos de participación previsto en el artículo 21 de la
Ley 1757 de 2015.
2.5.2. Decisión sobre el defecto sustantivo
De conformidad con los supuestos fácticos, normativos y jurisprudenciales que
anteceden, en el presente asunto se tiene que tanto la sociedad Servicio Integral de
la Costa Caribe e Ingeniería, S. A. S., como la Empresa Mixta de Alumbrado Público
de Paz de Ariporo S. A. S, por separado y a través de sus representantes legales,
concuerdan en que la providencia del 2 de noviembre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del expediente 85001 23 33 000 2023
00068 00 (2023-001), que declaró la constitucionalidad del referendo derogatorio del
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Acuerdo 500.02-023 del 30 de diciembre de 2022, expedido por el Concejo Municipal
de Paz de Ariporo, incurrió en defecto sustantivo por las siguientes razones:
En primer lugar, precisaron que el referido tribunal inaplicó al caso concreto los
artículos 29 de la Ley 134 de 1994 y 18 de la Ley 1757 de 2015, según los cuales está
prohibido adelantar iniciativas populares legislativas y normativas o consultas
populares ante el Congreso, asambleas o concejos municipales sobre las materias
que sean de iniciativa exclusiva, entre otros, de los alcaldes, tal como lo es la
creación de empresas de economía mixta, de conformidad con el artículo 313 de la
Constitución Política.
Para resolver dicho reparo, para la Sala es necesario indicar que, en efecto, el numeral
6.º del artículo 313 de la norma superior dispone que a los concejos municipales les
corresponde «[…] crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y
empresas industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades
de economía mixta» (se resalta).
A su turno, el artículo 71 de la Ley 136 de 1994, «por la cual se dictan normas
tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios »
establece lo siguiente:
Artículo 71.- Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los
concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con sus atribuciones por los
personeros, los contralores y las Juntas Administradoras Locales. También podrán ser
de iniciativa popular de acuerdo con la Ley Estatutaria correspondiente.
Parágrafo 1.- Los acuerdos a los que se refieren los numerales 2, 3 y 6 del Artículo
313 de la Constitución Política, sólo podrán ser dictados a iniciativa del alcalde.
(Negritas fuera del texto original)
Entre tanto, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-152 de 1995 declaró la
exequibilidad del parágrafo 1.º del artículo 71 de la Ley 136 de 1995, trascrito,
conforme a los siguientes motivos:
[…]
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5. Examinada la norma legal, desde la perspectiva de la autonomía local, no se
observa que se vulnere en modo alguno su núcleo esencial: (1) las decisiones
finalmente se adoptan por el concejo que es un órgano de autogobierno; (2) el
alcalde tiene el carácter de autoridad local, democráticamente elegido; (3) la
reserva de la iniciativa, dada la índole de las precisas funciones respecto de
las cuales se predica, en su mayoría con una proyección directa en el erario
municipal, es razonable. En efecto, el alcalde, como Jefe de la
Administración local, debe cuidar de la sanidad y solidez de la hacienda
municipal. El mismo proceso de autonomía y la prestación de los servicios
municipales, pueden ponerse en serio peligro si no se establecen
mecanismos de control al desmedido gasto público, los cuales deben tener
eficacia incluso preventiva; (4) finalmente, la reserva en materia de la concesión
de facultades pro tempore, reafirma la autonomía del concejo y evita que el mismo
se desligue de sus competencias y responsabilidades propias.
6. No considera la Corte que la norma legal haya hecho una interpretación
analógica de las restricciones que respecto de materias semejantes la
Constitución establece en el artículo 154. El Congreso tiene en esta materia
capacidad innovadora, siempre que respete la Constitución (CP art. 287). El
hecho de que la restricción legal guarde semejanza con la constitucional,
abona su exequibilidad, pues simplemente acredita que los motivos que
tuvo en mente el Constituyente para restringir en ciertos casos la iniciativa
legislativa de los congresistas, guardadas las proporciones, pueden ser
pertinentes en el ámbito municipal.
(Resalta la Sala)
Dicho de otro modo, si bien la creación de sociedades de economía mixta en el ámbito
municipal proviene de la aprobación por parte de los concejos municipales a través de
acuerdos, lo cierto es que la iniciativa para su surgimiento está constitucional y
legalmente establecida en cabeza de los alcaldes municipales, ya que estos, como
cabeza de la administración local, deben salvaguardar el erario y la solidez de la
hacienda municipal, los cuales pueden verse comprometidos con el nacimiento de
entidades comerciales como la descrita.
En este orden de ideas, en el asunto sub examine, la Sala estima que le asiste razón
a las empresas tutelantes, en la medida en que el Tribunal Administrativo de
Casanare, mediante el auto del 2 de noviembre de 2023, proferido dentro del control
previo de constitucionalidad del referendo derogatorio del Acuerdo 500.02-023 del 30
de diciembre de 2022, expedido por el Concejo Municipal de Paz de Ariporo, por medio
del cual se le concedieron facultades pro tempore a la alcaldesa municipal de dicho
ente para la creación de una sociedad de economía mixta de alumbrado público,
incurrió en defecto sustantivo, ya que desconoció e inaplicó la prohibición
establecida en los artículos 29 de la Ley 134 de 1994 y 18 de la Ley 1757 de 2015,
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según las cuales, se itera, no se pueden adelantar mecanismos de participación
ciudadana, como lo es el referendo, sobre asuntos que sean de iniciativa
exclusiva del Gobierno, de los gobernadores o de los alcaldes.
Al respecto, y en virtud de lo indicado en los hechos probados, el aludido tribunal, en
la providencia objeto de tutela, analizó la constitucionalidad del tantas veces
mencionado referendo derogatorio, estableciendo que su trámite se llevó a cabo
conforme a la ley. No obstante, de manera somera, y sin mayor ahondamiento,
concluyó que «[e]l referendo que pretende derogar el Acuerdo 500.02-23 del 30 de
diciembre del 2022 emitido por el Concejo Municipal de Paz de Ariporo no encaja
dentro de las prohibiciones establecidas en los artículos 18 de la Ley 1757 de 2015 y
28 (sic) de la Ley 134 de 1994», lo cual no está sujeto a la realidad.
Dicho de otro modo, si bien es cierto que el Tribunal Administrativo de Casanare llevó
a cabo el control de constitucionalidad previsto en el pluricitado artículo 21 de la Ley
1757 de 2015, lo cierto es que el aludido control no lo realizó de manera exhaustiva y
rigurosa, desconociendo el mandato legal de velar porque las iniciativas populares no
sean inconstitucionales
Por consiguiente, el defecto sustantivo, por la inaplicación de los artículos 29 de la Ley
134 de 1994 y 18 de la Ley 1757 de 2015 tiene vocación de prosperidad.
En segundo lugar, las accionantes argumentaron que se violó su derecho fundamental
al debido proceso, porque el Tribunal Administrativo de Casanare no las vinculó como
terceros interesados en el trámite del control previo de constitucionalidad, situación
que les impidió ejercer su derecho de defensa.
Sobre el particular, conviene reiterar que el artículo 21 de la Ley 1757 de 2015
establece que «Todo proceso de revisión previa de constitucionalidad de
convocatorias a mecanismos de participación democrática deberá permitir un período
de fijación en lista de diez días, para que cualquier ciudadano impugne o coadyuve la
constitucionalidad de la propuesta y el Ministerio Público rinda su concepto».
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A pesar de ello, la referida norma no contempla la vinculación de terceros con interés
o de otras partes, puesto que, en el marco del control previo de constitucionalidad,
únicamente se debe analizar si la iniciativa de participación constitucional está acorde
con la constitución, y no deviene un análisis de legalidad y/o nulidad de la actuación
administrativa que adelanta la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre la materia
o sobre el acto administrativo cuya derogatoria se solicita.
Por lo tanto, para la Sala dicha disposición normativa garantiza el derecho de defensa
de los ciudadanos y demás personas que deseen intervenir en el trámite de control de
constitucionalidad del referendo, pues permite que, en el término de 10 días, se
presenten solicitudes de impugnación o coadyuvancia.
vii) Así las cosas, en el caso bajo examen se tiene que el Tribunal Administrativo
de Casanare, mediante auto del 26 de septiembre de 2023, ordenó fijar el asunto en
lista por el término de 10 días a través de la página web de la Rama Judicial y dispuso
fijar un aviso (en un lugar visible de la Alcaldía de Paz de Ariporo), en aras de que
cualquier ciudadano de dicho ente territorial impugnare o coadyuvare la
constitucionalidad del tantas veces citado referendo derogatorio.
Por consiguiente, con la referida actuación se garantizó la publicidad del
procedimiento en mención y se protegió el debido proceso y derecho de defensa de
quienes consideraban tener interés directo en las resultas de ese trámite.
En consecuencia, el anterior reparo no prospera.
3. Conclusión
Con los anteriores argumentos, la Sala concederá el amparo invocado y dejará sin
efectos la providencia del 2 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare, dentro del expediente 85001 23 33 000 2023 00068 00
(2023-001), por haber incurrido en el defecto sustantivo por la inaplicación de los
artículos 29 de la Ley 134 de 1004 y 18 de la Ley 1757 de 2015.
Por ende, se le concederá al mencionado tribunal el término de 15 días, contados a
partir de la notificación de esta sentencia, para que expida una nueva decisión sobre
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la constitucionalidad del referendo derogatorio del Acuerdo 500.02-23 del 30 de
diciembre del 2022, emitido por el Concejo Municipal de Paz de Ariporo, conforme a
los derroteros desarrollados en el presente asunto.
De igual modo, se le ordenará a la Registraduría Nacional del Estado Civil del
municipio de Paz de Ariporo (Casanare) que suspenda el trámite del referendo RD-
2023-07-001-46-680, hasta tanto el Tribunal Administrativo de Casanare se pronuncie
nuevamente sobre su constitucionalidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Amparar los derechos fundamentales invocados por los representantes
legales de la sociedad Servicio Integral de la Costa Caribe e Ingeniería, S. A. S., y de
la Empresa Mixta de Alumbrado Público de Paz de Ariporo.
Segundo. Dejar sin efectos la providencia del 2 de noviembre de 2023, proferida por
el proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, dentro del expediente 85001
23 33 000 2023 00068 00 (2023-001), y, en su lugar, conceder el término de 15 días
para que expida una nueva decisión sobre la constitucionalidad del referendo
derogatorio convocado en contra del Acuerdo 500.02-23 del 30 de diciembre del 2022
emitido por el Concejo Municipal de Paz de Ariporo, conforme a los derroteros
desarrollados en el presente asunto.
Tercero. Ordenar a la Registraduría Nacional del Estado Civil del municipio de Paz
de Ariporo (Casanare) que suspenda el trámite del referendo RD-2023-07-001-46-
680, hasta tanto el Tribunal Administrativo de Casanare se pronuncie nuevamente
sobre su constitucionalidad.
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Cuarto. En caso de no impugnarse esta providencia, remitir el expediente de tutela a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
En comisión de servicios
DLAR
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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