Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00443-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00443-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00443-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
22 de agosto de 2024
Demandantes: Servicio Integral de la Costa Caribe e Ingeniería S.A.S. y otro
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00443-01 (principal)
11001-03-15-000-2024-01874-01 (acumulado)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00443-01 (principal1)
11001-03-15-000-2024-01874-01 (acumulado)
Demandantes: SERVICIO INTEGRAL DE LA COSTA CARIBE E INGENIERÍA
S.A.S. Y OTRO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial - control previo de
constitucionalidad de referendo derogatorio- defecto sustantivo
confirma amparo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por los terceros con interés,
Denis Fernández Parada y Leonardo Arvey Morales Niño contra la sentencia del 6
de junio 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
que amparo los derechos invocados por la sociedad actora.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El 31 de enero de 2024 la Empresa Servicio Integral de la Costa Caribe e Ingeniería
S. A. S.2 y la Empresa Mixta de Alumbrado Público de Paz de Ariporo3, a través de
sus respectivos representantes legales, instauraron acción de tutela contra el
1
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A mediante auto del 29 de abril de 2023
(dictado en el expediente 11001-03-15-0002024-01874-00, tutela presentada por la Empresa Mixta
de Alumbra Público de Paz de Ariporo, S.A.S.) admitió la acción de tutela y ordenó su acumulación
al presente trámite constitucional, al concluir que las dos acciones eran idénticas.
2 Actuando a través de su representante legal, Alexander Antonio Rodríguez Pacheco, empresa
identificada con NIT. 819.005.874-4, tal y como obra en el certificado de existencia y representación
legal obrante en el índice 10 de Samai (tutela con radicado: 11001-03-15-000-2024-00443-00).
3 Actuando a través de su representante legal, Rafael Tomás Escobar Morales, identificada con el
NIT. 901.721.047-8, tal y como obra en el certificado de existencia y representación obrante en el
índice 2 de Samai (tutela con radicado: 11001-03-15-000-20240-1874-00).
1
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Demandantes: Servicio Integral de la Costa Caribe e Ingeniería S.A.S. y otro
Demandados: Tribunal Administrativo de Casanare y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00443-01 (principal)
11001-03-15-000-2024-01874-01 (acumulado)
Tribunal Administrativo de Casanare y la Registraduría Municipal de Paz de Ariporo,
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales «al debido
proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la libertad de
empresa, así como los principios de legalidad, confianza legítima y seguridad
jurídica».
Consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales con ocasión de la
sentencia del 2 de noviembre de 2023, mediante la cual se declaró la
constitucionalidad del referendo derogatorio del Acuerdo 500.02-023 del 30 de
diciembre de 2022, expedido por el Concejo Municipal de Paz de Ariporo
(Casanare), en el que se le confirieron facultades pro tempore a la alcaldesa de ese
ente territorial para la creación y constitución de una sociedad de economía mixta
que se encargue de la prestación integral del servicio de alumbrado público.
Lo anterior, en el marco del trámite de revisión previa de constitucionalidad previsto
en literal b del artículo 21 de la Ley 1757 de 20154 con radicado 85001-2333-000-
2023-00068-00.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
2. Como consecuencia de lo anterior, REVOCAR la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Casanare en providencia del 02 de noviembre de 2023, dentro del
Radicado No. 85001-2333-000-2023-00068-00 (2023-001), según la cual resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR la constitucionalidad del referendo derogatorio del Acuerdo
500.02-023 del 30 de diciembre de 2022 expedido por el Concejo municipal de Paz
de Ariporo, a través del cual confirió facultades pro tempore a la alcaldesa de ese ente
territorial para la creación y constitución de una sociedad de economía mixta que se
encargue de la prestación integral del servicio de alumbrado público…”
3. Asimismo, ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil, sede Municipal
de Paz de Ariporo (Casanare), que, en un término improrrogable de 48 horas,
REVOQUE y/o SUSPENDA y deje sin efectos legales el proceso de referendo
derogatorio del Acuerdo Municipal No. 500.02-023 de 2022, radicado bajo el
consecutivo RD-2023-07-001-46-680.
4 DEL TRÁMITE EN CORPORACIONES PÚBLICAS Y REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD
(…)
ARTÍCULO 21. Revisión previa de constitucionalidad. No se podrán promover mecanismos de
participación democrática sobre iniciativas inconstitucionales. Para tal efecto:
a). La Corte Constitucional revisará previamente el texto que se somete a referendo constitucional y
el texto que se somete a consulta popular para la convocatoria a una Asamblea Constituyente;
b). Los tribunales de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo competentes se
pronunciarán sobre la constitucionalidad del mecanismo de participación democrática a
realizarse.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00443-01 (principal)
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1.2. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
El Concejo Municipal del municipio de Paz de Ariporo, departamento de Casanare,
el 30 de diciembre de 2022 profirió el Acuerdo No. 500-02-2023, «mediante el cual se
confieren facultades pro tempore a la alcaldesa del municipio de Paz de Ariporo (Casanare)
para la creación y constitución de una sociedad de economía mixta para la prestación
integral del servicio del alumbrado público que permita la modernización, expansión,
repotenciación, obras exclusivas de alumbrado público, administración, operación,
mantenimientos, iluminación navideña y desarrollos tecnológicos asociados al mismo.»
El 6 de febrero de 2023, el señor Denis Fernández Parada y otros5 presentaron ante
la Registraduría Nacional del Estado Civil el formulario de inscripción del referendo
derogatorio contra el citado acuerdo. A efectos de lo anterior, se formuló la siguiente
pregunta:
Deroga usted el Acuerdo No. 500.02-23 del 30 de diciembre del 2022 “Mediante el
cual confieren facultades pro tempore, a la alcaldesa del municipio de Paz de Ariporo
Casanare, para la creación y constitución de una sociedad de economía mixta, para
la prestación integral del servicio del alumbrado público que permita la modernización,
expansión, repotenciación, obras exclusivas del alumbrado público. Administración,
operación, mantenimiento, iluminación navideña y desarrollos tecnológicos asociados
al mismo.
El 16 de febrero de 2023 la Registraduría Nacional del Estado Civil de Paz de
Ariporo profirió la Resolución 001, a través de la cual declaró que la inscripción para
adelantar la iniciativa de referendo derogatorio aludido en el numeral anterior
cumplía con el lleno de los requisitos legales establecidos en la Ley Estatutaria 1757
de 2015. Por ende, le asignó el radicado RD-2023-07-001-46-680.
El 4 de septiembre de 2023, la referida entidad emitió la Resolución 004, en la que
certificó el cumplimiento de los requisitos constitucionales para la propuesta del
referendo derogatorio del Acuerdo 500.02-023 de 2023.
El 8 de septiembre de 2023, la registradora municipal del Estado Civil de Paz de
Ariporo remitió al Tribunal Administrativo de Casanare el aludido referendo
derogatorio, con el fin de que llevara a cabo el trámite de revisión previa de
constitucionalidad que prevé el literal b del artículo 21 de la Ley 1757 de 2015:
DEL TRÁMITE EN CORPORACIONES PÚBLICAS Y REVISIÓN DE
CONSTITUCIONALIDAD
(…)
5 Yudi Paola Salcedo Abril, Armando Hilario Camargo Gil, Leonardo Arvey Morales Niño, Gabriel
Elías Peña Montaño, Michael D’Andreis Castillo Jara, José Edelmo Chaparro Fonseca y Jorge
Camilo Abril Tarache.
3
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ARTÍCULO 21. Revisión previa de constitucionalidad. No se podrán promover
mecanismos de participación democrática sobre iniciativas inconstitucionales. Para
tal efecto:
(…)
b). Los tribunales de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo
competentes se pronunciarán sobre la constitucionalidad del mecanismo de
participación democrática a realizarse.
El mencionado tribunal, por auto del 26 de septiembre de 2023, bajo el radicado
85001 23-33-000-2023-00068-00, asumió la competencia de revisión previa de
constitucionalidad; indicó que el trámite que se le iba a dar al asunto era el previsto
en el artículo 21 de la Ley 1757 de 2015; fijó el asunto en lista por el término de 10
días a través de la página web de la Rama Judicial y ordenó fijar un aviso (en un
lugar visible de la Alcaldía de Paz de Ariporo), en aras de que cualquier ciudadano
de dicho ente territorial impugnare o coadyuvare la constitucionalidad del tantas
veces citado referendo derogatorio.
El 2 de noviembre de 2023, la corporación judicial declaró la constitucionalidad del
referendo derogatorio del Acuerdo 500.02-023 del 30 de diciembre de 2022, para lo
cual estableció que el trámite del mecanismo de participación se llevó a cabo
conforme a la ley y que este no encajaba dentro de las prohibiciones establecidas
en los artículos 18 de la Ley 1757 de 2015 y 29 de la Ley 134 de 1994.
La parte resolutiva fue la siguiente:
PRIMERO: DECLARAR la constitucionalidad del referendo derogatorio del Acuerdo
500.02-023 del 30 de diciembre de 2022 expedido por el Concejo municipal de Paz
de Ariporo, a través del cual confirió facultades pro tempore a la alcaldesa de ese ente
territorial para la creación y constitución de una sociedad de economía mixta que se
encargue de la prestación integral del servicio de alumbrado público que permita la
modernización expansión, repotenciación, obras exclusivas de alumbrado público,
administración, operación, mantenimiento, iluminación navideña y desarrollos
tecnológicos asociados al mismo, según lo indicado en la motivación.
SEGUNDO: ORDENAR la notificación de este fallo a los sujetos procesales; y a la
comunidad mediante publicación en la página web de la Rama Judicial.
TERCERO: ORDENAR remitir copia del fallo a la Registraduría Nacional de Estado
Civil, delegación de Paz de Ariporo, para que prosiga con el trámite establecido en la
Ley 1757 de 2015.
(…)
1.3. Fundamentos de la vulneración
Consideraron vulneradas sus garantías constitucionales con ocasión de la
sentencia del 2 de noviembre de 2023, al incurrir en los siguientes yerros:
-Defecto sustantivo: porque se vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la libertad de empresa, a la confianza legítima, a la legalidad, a la
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igualdad y al acceso a la administración de justicia, en atención a las siguientes
circunstancias:
En primer lugar, las iniciativas promulgadas por la Alcaldía de Paz de Ariporo,
concretadas en el Acuerdo 500.02-023 de 2022, sobre el cual se pretende el
ejercicio del referendo derogatorio, no son susceptibles de tal mecanismo de
participación constitucional, por cuanto la autorización para formar una sociedad de
economía mixta municipal es exclusiva del alcalde, de conformidad con el numeral
66 del artículo 313 de la Constitución Política y parágrafo 17 del artículo 71 de la Ley
136 de 1994.
Agregaron que, por lo tanto, el tribunal, al declarar la constitucionalidad del citado
referendo, no tuvo en cuenta los artículos 298 de la Ley 134 de 1994 y 189 de la
Ley 1757 de 2015, según los cuales se prohíbe presentar iniciativas populares
legislativas y normativas o consultas populares ante el Congreso, asambleas o
concejos municipales sobre las materias que sean de iniciativa exclusiva del
gobierno, de los gobernadores o alcaldes.
En segundo lugar, concluyeron que, en el trámite previo de constitucionalidad, el a
quo no las vinculó en calidad de terceros con interés, cercenándoles la oportunidad
de ejercer su derecho de defensa.
6 Artículo 313. Corresponde a los concejos:
(…)
6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias; las
escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, a iniciativa
del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales y autorizar la
constitución de sociedades de economía mixta.
7 ARTÍCULO 71.- Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales,
los alcaldes y en materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los contralores y
las Juntas Administradoras Locales. También podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con la Ley
Estatutaria correspondiente.
PARÁGRAFO 1.- Los acuerdos a los que se refieren los numerales 2, 3 y 6 del Artículo 313 de la
Constitución Política, sólo podrán ser dictados a iniciativa del alcalde.
8 ARTÍCULO 29.- Materias que pueden ser objeto de iniciativa popular legislativa y normativa ante
las corporaciones públicas. Sólo pueden ser materia de iniciativa popular legislativa y normativa ante
las corporaciones públicas, aquellas que sean de la competencia de la respectiva corporación.
No se podrán presentar iniciativas populares legislativas y normativas ante el Congreso, las
asambleas, los concejos o las juntas administradoras locales, sobre las siguientes materias:
1. Las que sean de iniciativa exclusiva del Gobierno, de los gobernadores o de los alcaldes, según
lo establecido en los artículos 154, 300, 313, 315, 322 y 336 de la Constitución Política.
9 ARTÍCULO 18. Materias que pueden ser objeto de iniciativa popular legislativa y normativa,
referendo o consulta popular. Solo pueden ser materia de iniciativa popular legislativa y normativa,
consulta popular o referendo ante las corporaciones públicas, aquellas que sean de la competencia
de la respectiva corporación o entidad territorial.
No se podrán presentar iniciativas populares legislativas y normativas o consultas populares ante el
Congreso, las asambleas, los concejos o las juntas administradoras locales, sobre las siguientes
materias:
a). Las que sean de iniciativa exclusiva del Gobierno, de los gobernadores o de los alcaldes;
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1.4. Auto admisorio10
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A mediante auto de 27 de
febrero de 2024 admitió la acción de tutela y ordenó notificar a las empresas
actoras11, al Tribunal Administrativo de Casanare12 y a la Registraduría Nacional del
Estado Civil13 como sujetos accionados.
Asimismo, vinculó como terceros con interés al municipio de la Paz de Ariropo14, al
Consejo Municipal de la Paz de Ariropo15, a la Registraduría Municipal de la Paz de
Ariropo16, así como a los señores Denis Fernández Parada, Yudy Paola Salcedo
Abril, Leonardo Arvey Morales Niño, Armando Hilario Camargo Gil, Gabriel Elías
Peña Montaño, Michael Andreis Castillo Jara, José Edelmo Chaparro Fonseca y
Jorge Camilo Abril Tarache, (al haber actuado, como vocero y miembros del comité
promotor del referendo derogatorio del Acuerdo Municipal 500.02-023 de 2022)17.
Además, se requirió a las autoridades judiciales para que allegaran copia
digitalizada del expediente 85001-2333-000-2023-00068-00 del medio de control de
revisión previa de constitucionalidad.
Por último, ordenó la publicación en las páginas web del Consejo de Estado y de la
Rama Judicial dirigido a la comunidad, con el fin de que las personas que consideren
tener interés en las resultas de este proceso presenten su intervención, dentro de
los 3 días siguientes su publicación.
10 Se tiene que mediante auto del 8 de febrero de 2024 el despacho ponente inadmitió para que el
señor Alexander Antonio Rodríguez Pacheco, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación
de dicha providencia, allegara lo siguiente:
i) Certificado de existencia y representación legal reciente de la empresa Servicio Integral de la Costa
Caribe e Ingeniería S.A.S., en el que se acredite que es su representante legal.
ii) Copia legible del formulario de comité promotor para un mecanismo de participación que
acompaña a la Resolución 01 de 2023, (a través de la cual se reconoce el Promotor / Vocero de un
Referendo derogatorio del orden Municipal y se inscribe el Comité Promotor), que permita visualizar
las direcciones electrónicas y físicas de los señores Denis Fernández Parada (vocero), Yudy Paola
Salcedo Abril, Leonardo Arvey Morales Niño, Gabriel Elías Peña Montaño, Michael Andreis Castillo
Jara, José Edelmo Chaparro Fonseca y José Camilo Abril Tarache, o en su defecto suministre su
información de notificación, con el fin de vincularlos como terceros con interés en las resultas de este
proceso.
Dichos documentos fueron allegados por el actor motivo por el cual se admite la tutela.
11gerenciaseincoc@gmail.com;financiera@seincocingenieria.com;
gerenciaappazdeariporo@gmail.com
12 sectribadmcnare@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadmincas@notificacionesrj.gov.co
13 notificacionjudicial@registraduria.gov.co; notificaciontutelas@registraduria.gov.co
14contactenos@pazdeariporo-casanare.gov.co; notificaciones@pazdeariporo-casanare.gov.co
15contactenos@pazdeariporo-casanare.gov.co; notificaciones@pazdeariporo-casanare.gov.co;
concejopazdeariporo@hotmail.com
16 notificacionjudicial@registraduria.gov.co; notificaciontutelas@registraduria.gov.co
17armandocamargogil@yahoo.es; defepa@yahoo.es, defepa@yahoo.es,
Pazequiposgp@hotmail.com; defepa@yahoo.es, jocat17@hotmail.com; defepa@yahoo.es,
edelmojosechf@gmail.com; defepa@yahoo.es, mundoinna@outlook.es; defepa@yahoo.es,
dandreis10@gmail.com; defepa@yahoo.es, : juridicacolombiana@outlook.es; defepa@yahoo.es.
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1.5. Auto que ordena acumulación
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A mediante auto del 29 de
abril de 2023 (dictado en el expediente 11001-03-15-0002024-01874-00, tutela
presentada por la Empresa Mixta de Alumbra Público de Paz de Ariporo, S.A.S.)
admitió la acción de tutela y ordenó su acumulación al presente trámite
constitucional, al concluir que las dos acciones eran idénticas.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Casanare
Se opuso a la prosperidad de la acción de tutela, bajo el único argumento de que la
corporación judicial se limitó a aplicar la normatividad y la jurisprudencia del Consejo
de Estado que rige el mecanismo de referendo derogatorio.
1.5.2. La Registraduría Nacional del Estado Civil
Solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, con
fundamento en que una vez adelantado todo el trámite administrativo de la iniciativa
de referendo, lo remitió al Tribunal Administrativo de Casanare para que se
pronunciara sobre su constitucionalidad, en virtud del artículo 21 de la Ley
Estatutaria 1757 de 2015. Por lo tanto, no tiene injerencia alguna en la omisión
alegada.
Los demás, pese a haber sido debidamente notificados, no rindieron informe alguno.
1.6. Sentencia de primera instancia18
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A mediante fallo del 6 de junio
de 2024 amparó los derechos fundamentales de las empresas actoras y ordenó
dejar sin efecto la sentencia del 2 de noviembre de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare y en su lugar:
(…) conceder el término de 15 días para que expida una nueva decisión sobre la
constitucionalidad del referendo derogatorio convocado en contra del Acuerdo
500.02-23 del 30 de diciembre del 2022 emitido por el Concejo Municipal de Paz de
Ariporo, conforme a los derroteros desarrollados en el presente asunto.
Tercero. Ordenar a la Registraduría Nacional del Estado Civil del municipio de Paz de
Ariporo (Casanare) que suspenda el trámite del referendo RD-2023-07-001-46- 680,
hasta tanto el Tribunal Administrativo de Casanare se pronuncie nuevamente sobre
su constitucionalidad.
18 Notificada el 20 de junio de 2024.
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Igualmente, en la parte considerativa negó la solicitud de desvinculación propuesta
por la Registraduría Nacional del Estado Civil, ya que a su juicio dicha entidad sí le
asistía interés en las resultas del proceso, pues, de prosperar los sustentos
expuestos por las empresas accionantes se vería afectado el referendo derogatorio,
cuyo trámite administrativo fue adelantado por la Registraduría Municipal de Paz de
Ariporo.
Como fundamento de su amparo, explicó que el auto cuestionado incurrió en
defecto sustantivo, ya que desconoció la prohibición establecida en los artículos 29
de la Ley 134 de 1994 y 18 de la Ley 1757 de 2015, según las cuales, no se pueden
adelantar mecanismos de participación ciudadana, como lo es el referendo, sobre
asuntos que sean de iniciativa exclusiva de los alcaldes.
Adujo que, si bien el Tribunal Administrativo de Casanare llevó a cabo el control de
constitucionalidad previsto en el citado artículo 21 de la Ley 1757 de 2015, lo cierto
es que el aludido control no lo realizó de manera exhaustiva y rigurosa,
«desconociendo el mandato legal de velar porque las iniciativas populares no sean
inconstitucionales».
Por último, en cuanto al argumento de la parte actora consistente que en el trámite
previo de constitucionalidad no se les vinculó en calidad de terceros con interés,
adujo que tampoco tenía vocación de prosperar ya que el Tribunal Administrativo
de Casanare, mediante auto del 26 de septiembre de 2023 ordenó fijar el asunto en
lista por el término de 10 días a través de la página web de la Rama Judicial y
dispuso fijar un aviso.
1.7. Impugnación
El señor Denis Fernández Parada19, actuando en calidad de vocera del Comité
Promotor del referendo derogatorio contra el Acuerdo Municipal 500.02-023 del 30
de diciembre de 2022, manifestó su inconformidad con la decisión y solicitó
revocarla y ratificar la providencia del 2 de noviembre de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare.
Adujo que las prohibiciones contenidas en el artículo 29 de la Ley 134 de 1994 y 18
de la Ley 1757 de 2015 no aplican para el referendo derogatorio.
Anotó que, por su parte, el referendo derogatorio como mecanismo de participación
ciudadana desarrolla la democracia directa también establecida en el artículo 3° de
la Constitución Política.
Igualmente, Leonardo Arvey Morales Niño, actuando en calidad de vocero del
Comité Promotor del referendo derogatorio contra el Acuerdo Municipal 500.02-023
19 Con escrito allegado el 24 de junio de 2024
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del 30 de diciembre de 2022, también solicitó dejar sin efectos el fallo del a quo
constitucional ya que Tribunal Administrativo de Casanare cumplió con su deber de
revisión constitucional, sin afectar ningún tipo de derechos fundamentales.
Lo anterior, toda vez que «deberá el pueblo decidir si lo deroga o no», ya que el artículo
4° de la Constitución define a los mecanismos de participación ciudadana como un
verdadero derecho fundamental, y «con la decisión que se tomó en primera
instancia, prima facie, vulnera nuestros derechos fundamentales, como pueblo
soberano, igualdad legal que tenemos, y el reconocimiento de nuestros derechos
políticos».
Agregó que la Constitución y la Convención Interamericana prevén el referendo
derogatorio para un acuerdo municipal, como el adelantado, es decir, «que, está por
demostrado que el Tribunal Administrativo de Casanare, en un fallo de diecisiete (17)
paginas fundamentó la Constitucionalidad del Referendo Derogatorio, en síntesis, lo cierto
es que el aludido control lo realizó de manera exhaustiva y rigurosa, reconociendo el
mandato legal y velando porque la iniciativa si es constitucional de acuerdo a la Constitución
que nos gobierna».
Concluyó que no resultaba cierto que se haya vulnerado el derecho de defensa de
la parte actora, pues, el tribunal si permitió que se pronunciarán, evento que no hizo
la parte accionante, sino por el contrario guardaron silencio, «entonces, no puede
ser de recibo del Consejo de Estado, este argumento que no tienen piso jurídico,
razón por la cual deberá ser rechazado».
1.8. La Registraduría Nacional del Estado Civil
El 3 de julio de 2024 allegó escrito por medio del cual «acredita el cumplimiento de
fallo de tutela de la referencia» y explicó lo siguiente:
Adujo que hasta ahora no tenía calendario electoral para realizar el referendo en el
municipio de Paz de Ariporo, pues aún se encuentra en la revisión constitucional
por parte del Tribunal Administrativo del Casanare, «es decir, que aún no ha terminado
de surtir las etapas procedimentales para que la RNEC expida calendario electoral en el
que se incluya el ya mencionado referendo, por lo que la Entidad se encuentra en
incapacidad material y jurídica para dar cumplimiento a la ordenado por su despacho».
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por por los
señores Denis Fernández Parada y Leonardo Arvey Morales Niño, conforme lo
establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1. del
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de
2019.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00443-01 (principal)
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2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de
primera instancia proferida el 6 de junio 2024 proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, para lo cual se deberán resolver los siguientes
interrogantes:
¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:
¿El Tribunal Administrativo de Casanare vulneró los derechos fundamentales «al
debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la libertad de
empresa, así como los principios de legalidad, confianza legítima y seguridad jurídica» con
ocasión de la sentencia del 2 de noviembre de 2023, mediante la cual se declaró la
constitucionalidad del referendo derogatorio del Acuerdo 500.02-023 del 30 de
diciembre de 2022, expedido por el Concejo Municipal de Paz de Ariporo?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) aspectos
generales sobre el procedimiento para llevar a cabo el mecanismo de participación
de referendo y; (iv) el caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201220
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema21 y declaró su
procedencia.22
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
21 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
22 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
El asunto reviste de relevancia constitucional ya que el debate gira en torno a la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la libertad de empresa, así
como los principios de legalidad, confianza legítima y seguridad jurídica, ante la
posible configuración de un yerro sustantivo, ya que el Tribunal Administrativo de
Casanare al declarar la constitucionalidad del referendo derogatorio del Acuerdo
500.02-023 del 30 de diciembre de 2022 desconoció una serie de normas.
De igual modo, este requisito se entiende satisfecho, ya que la providencia objeto
de tutela fue proferida en el marco de un control previo de constitucionalidad de un
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referendo derogatorio, el cual es un derecho de participación desarrollado por los
artículos 4023 y 10324 de la Constitución.
Por todo lo anterior se concluye que se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de
relevancia constitucional, en atención a que se está en presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales de los tutelantes, cuya controversia no
se enfocó en un debate de orden de contenido legal o económico, sino que se
justificó en una notoria tensión entre las garantías invocadas y la decisión judicial
objeto de reproche.
2.4.2. Inmediatez
También se acredita el cumplimiento del requisito de la inmediatez. Lo anterior, por
cuanto la providencia del Tribunal Administrativo de Casanare que se acusa como
vulneradora, fue proferida el 2 de noviembre de 2023, mientras que la tutela se
presentó el 31 de enero de 2024. Así, sin que sea necesario establecer su fecha de
de ejecutoria, se advierte que la acción de tutela se radicó dentro del término
razonable de 6 meses señalado por la jurisprudencia25.
2.4.3. Tutela contra tutela
La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues la providencia judicial reprochada fue proferida al interior
23 Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del
poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
1. Elegir y ser elegido.
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de
participación democrática.
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de
ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y
la ley.
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o
por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los
casos a los cuales ha de aplicarse.
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles
decisorios de la Administración Pública.
24 ARTICULO 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto,
el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la
revocatoria del mandato. La ley los reglamentará.
El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales,
cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin
detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de
representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la
gestión pública que se establezcan.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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del trámite de revisión previa de constitucionalidad previsto en literal b del artículo
21 de la Ley 1757 de 2015.
2.4.4. Subsidiariedad
Se tiene que este requisito también se encuentra superado porque contra la
providencia del 2 de noviembre de 2022 no procede recurso alguno, ya que el
control previo de constitucionalidad que ejercen los tribunales administrativos por
disposición del artículo 21 de la Ley 1757 de 2015 se adelanta en única instancia.
Tampoco es susceptible de los recurso ordinarios y extraordinarios.
2.5. Aspectos generales sobre el procedimiento para llevar a cabo el
mecanismo de participación de referendo26
El numeral 2 del artículo 40 de la Constitución Política establece como derecho
fundamental de todo ciudadano a participar en la conformación y control del poder
político tomando parte en las elecciones, plebiscitos, referendos, consultas
populares y otras formas de participación democrática, como lo son las descritas en
el artículo 103 ibidem.27
A su turno, el artículo 3º de la Ley Estatutaria 134 de 1994, «por medio de la cual
se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana», prevé que el
referendo es la convocatoria que hace el pueblo para que apruebe o rechace un
proyecto de norma jurídica (artículo 5.º ibidem)28 o derogue o no una disposición
ya vigente (artículo 4.º)29, a cuál puede ser nacional, departamental, distrital,
municipal o local.
Sobre este punto, la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-180 de 1994,
al revisar la exequibilidad de la mencionada Ley 134 de 1994, indicó que la
expresión «norma jurídica», prevista en el mencionado artículo 3.º ibidem, debe
entenderse respecto de actos legislativos, leyes, ordenanzas departamentales,
acuerdos municipales o resoluciones locales.
26 La Sala transcribe algunos apartes efectuados por el a quo constitucional por ser relevantes de
cara al presente fallo.
27 «Artículo 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto,
el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la
revocatoria del mandato. La ley los reglamentará. El Estado contribuirá a la organización, promoción
y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles,
benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de
que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de
participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan
28 «Artículo 5. Referendo aprobatorio. Un referendo aprobatorio es el sometimiento de un proyecto
de acto legislativo, de una ley, de una ordenanza, de acuerdo o de una resolución local, de iniciativa
popular que no haya sido adoptado por la corporación pública correspondiente, a consideración del
pueblo para que éste decida si lo aprueba o lo rechaza, total o parcialmente».
29 «Artículo 4. Referendo derogatorio. Un referendo derogatorio es el sometimiento de un acto
legislativo, de una ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local en alguna de sus
partes o en su integridad, a consideración del pueblo para que éste decida si lo deroga o no».
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Ahora bien, la Ley Estatutaria 1757 de 2015, «por la cual se dictan disposiciones en
materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática», dispone
en su título II las reglas comunes a los mecanismos de participación ciudadana,
entre ellos, los referendos, a saber:
-El artículo 5.º de la citada señala que la iniciativa para convocar y adelantar un
referendo recaerá en cualquier ciudadano, organización social, partido o movimiento
político y lo deberá hacer a través de un formulario diseñado por la registraduría del
Estado Civil, el cual deberá contener, como mínimo, la identificación plena del
promotor o los miembros del comité promotor, el título de la propuesta de mecanismo
de participación, la exposición de motivos que sustenta la iniciativa y el proyecto de
articulado (artículo 6 ejusdem).
-Cumplido lo anterior, el registrador deberá asignar un número consecutivo de
identificación y lo publicará en la página web de la entidad (artículo 7 ib.). Posterior a
ello, la Registraduría diseñará y entregará gratuitamente al promotor el formulario de
recolección de firmas, que contendrá, entre otros, el resumen de la propuesta, los
motivos y conveniencia, y el número de apoyos ciudadanos necesarios para aprobar
la iniciativa (artículo 8 ib.), el cual será del 10 % del censo electoral local si versa
sobre la derogatoria de normativas expedidas por autoridades territoriales
(artículo 9 ib.). Para efectos de recolectar las firmas, los promotores tendrán un plazo
de 15 días, el cual podrá prorrogarse en caso de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente acreditado (artículo 10 ib.).
-Vencido el término descrito en el párrafo anterior, el promotor presentará los
formularios debidamente diligenciados (art. 11 ib.) y, quince días después, entregará
los estados contables de la campaña de recolección de apoyos a la registraduría
correspondiente (art. 12 ib.). Luego, dicha entidad hará la verificación de los apoyos
ciudadanos en un plazo máximo de 45 días calendario y, cumplido el tiempo
mencionado, el registrador del estado civil certificará el total de los respaldos
consignados válidos y nulos, así como el cumplimiento o no con de los requisitos
legales y constitucionales exigidos (arts. 13, 14 y 15 ib.).
Por otra parte, el artículo 18 de la precitada Ley 1757 de 2015, en concordancia con
el artículo 29 de la Ley 134 de 1994, establece que solo serán susceptibles de
referendo aquellas que son de la competencia exclusiva de la respectiva
corporación o entidad territorial; sin embargo, dicha disposición excluyó los
siguientes asuntos para que sean objeto de tales mecanismos de participación: a)
los que sean de iniciativa exclusiva del Gobierno, de los gobernadores o de
los alcaldes; b) presupuestales, fiscales o tributarias; c) relaciones internacionales;
d) concesión de amnistías o indultos; y e) preservación y restablecimiento del orden
público.
Sobre este punto, y para efectos del resolver la acción de tutela de la referencia, es
necesario traer a colación lo indicado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-
150 de 2015, sobre la exequibilidad del mencionado artículo 18 de la Ley 1757 que
explicó lo siguiente:
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De permitirse que estos mecanismos se emplearan con el propósito de aprobar
asuntos que corresponden a otras autoridades o a otros niveles territoriales, se
desatenderían reglas constitucionales básicas, con desconocimiento no solo del
principio de legalidad sino, también, de la separación de poderes y la autonomía de
las entidades territoriales.
Por su parte, el artículo 21 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, en concordancia con
el artículo 44 de la Ley 134 de 1994, consagra que los tribunales administrativos se
pronunciarán sobre la constitucionalidad de los mecanismos de participación
ciudadana, entre ellos, los referendos normativos departamentales, distritales,
municipales o locales, previo el agotamiento de un período de fijación en lista de
diez días, con el fin de que cualquier ciudadano impugne o coadyuve la
constitucionalidad de la propuesta y el Ministerio Público rinda concepto.
2.6. Caso concreto
Los argumentos de la parte actora apuntan a probar la vulneración de sus derechos
fundamental al considerar que la providencia del 2 de noviembre de 2023; proferida
por el Tribunal Administrativo de Casanare, que declaró la constitucionalidad del
referendo derogatorio del Acuerdo 500.02-023 del 30 de diciembre de 2022,
expedido por el Concejo Municipal de Paz de Ariporo; incurrió en defecto sustantivo
porque se inaplicaron los artículos 29 de la Ley 134 de 1994 y 18 de la Ley 1757 de
2015.
Dichos artículos establecen que está prohibido adelantar iniciativas populares
legislativas y normativas o consultas populares ante el Congreso, asambleas o
concejos municipales sobre las materias que sean de iniciativa exclusiva, entre
otros, de los alcaldes, tal como lo es la creación de empresas de economía mixta,
de conformidad con el artículo 313 de la Constitución Política.
El a quo constitucional amparó los derechos fundamentes de las empresas actoras
ya que, a su juicio, se desconoció la prohibición establecida en los mentados
artículos, según los cuales no se pueden adelantar mecanismos de participación
ciudadana, como lo es el referendo, sobre asuntos que sean de iniciativa exclusiva
de los alcaldes.
En sus escritos de impugnación los señores Denis Fernández Parada y Leonardo
Arvey Morales Niño manifestaron en síntesis que las prohibiciones establecidas en
los artículos 29 de la Ley 134 de 1994 y 18 de la Ley 1757 de 2015 solo aplican
para el referendo aprobatorio, no para el derogatorio y; iii) que la Constitución y la
Convención Interamericana prevén el referendo derogatorio a un acuerdo municipal,
razón por la cual es constitucional, pues el tribunal accionado se ciñó a las normas.
Para resolver los reparos, resulta preciso citar el numeral 6º del artículo 313 de la
Constitución Política dispone que a los concejos municipales les corresponde «[…]
crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o
comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta».
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Igualmente, el artículo 71 de la Ley 136 de 1994, «por la cual se dictan normas
tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios»
establece lo siguiente:
Artículo 71.- Iniciativa. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los
concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con sus atribuciones por los
personeros, los contralores y las Juntas Administradoras Locales. También podrán
ser de iniciativa popular de acuerdo con la Ley Estatutaria correspondiente.
Parágrafo 1.- Los acuerdos a los que se refieren los numerales 2, 3 y 6 del
Artículo 313 de la Constitución Política, sólo podrán ser dictados a iniciativa del
alcalde. (Negritas fuera del texto original)
De igual forma, la Corte Constitucional en la sentencia C-152 de 1995 declaró la
exequibilidad del parágrafo 1.º del artículo 71 de la Ley 136 de 1995, trascrito,
conforme a los siguientes motivos:
(3) la reserva de la iniciativa, dada la índole de las precisas funciones respecto de las
cuales se predica, en su mayoría con una proyección directa en el erario municipal,
es razonable. En efecto, el alcalde, como Jefe de la Administración local, debe cuidar
de la sanidad y solidez de la hacienda municipal. El mismo proceso de autonomía y
la prestación de los servicios municipales, pueden ponerse en serio peligro si no se
establecen mecanismos de control al desmedido gasto público, los cuales deben
tener eficacia incluso preventiva (…).
De lo anterior, se extrae que si bien la creación de sociedades de economía mixta
en el ámbito municipal proviene de la aprobación por parte de los concejos
municipales a través de acuerdos, lo cierto es que la iniciativa para su surgimiento
está constitucional y legalmente establecida en cabeza de los alcaldes municipales,
ya que estos, como cabeza de la administración local, deben salvaguardar el erario
y la solidez de la hacienda municipal, los cuales pueden verse comprometidos con
el nacimiento de entidades comerciales como la descrita.
Es así que esta Sala, concuerda con el análisis efectuado por el a quo, en la medida
que la providencia cuestionada incurrió en un defecto sustantivo, ya que desconoció
la prohibición establecida en los artículos 29 de la Ley 134 de 1994 y 18 de la Ley
1757 de 2015, según las cuales, se itera, no se pueden adelantar mecanismos de
participación ciudadana, como lo es el referendo, sobre asuntos que sean de
iniciativa exclusiva del Gobierno, de los gobernadores o de los alcaldes.
Dicho de otro modo, si bien es cierto que el Tribunal Administrativo de Casanare
llevó a cabo el control de constitucionalidad previsto en el citado artículo 21 de la
Ley 1757 de 2015, lo cierto es que el aludido control no lo realizó de manera
razonable, pues se desconoció el mandato legal de velar porque las iniciativas
populares no sean inconstitucionales.
Por último, en cuanto al argumento de la parte actora consistente que en el trámite
previo de constitucionalidad no se les vinculó en calidad de terceros con interés,
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esta Sala comparte el análisis efectuado por el a quo en cuanto el tribunal accionado
mediante auto del 26 de septiembre de 2023 ordenó fijar el asunto en lista por el
término de 10 días a través de la página web de la Rama Judicial y dispuso fijar un
aviso, motivo por el cual se garantizó la publicidad del procedimiento en mención y
se protegió el debido proceso y derecho de defensa de quienes consideraban tener
interés directo en las resultas de ese trámite.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de junio de 2024 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A que accedió al amparo
invocado por la Empresa Servicio Integral de la Costa Caribe e Ingeniería S. A. S. y
la Empresa Mixta de Alumbrado Público de Paz de Ariporo.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
Aclara voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.
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