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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00469-01

Fecha
16 de mayo de 2024
Consejero ponente
Gloria Maria Gomez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00469-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 11 de marzo de 2024, de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado para, en su lugar, DECLARAR improcedente la acción de tutela por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDA: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERA: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00469-01

Consejero ponente: Gloria Maria Gomez Montoya

16 de mayo de 2024

Demandante: Isidro Encizo Alarcon
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00469-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Ricaurte (Cundinamarca), dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00469-01
Demandante: ISIDRO ENCIZO ALARCON
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Tema: Tutela contra providencia judicial. Falta de relevancia
constitucional. Revoca sentencia de primera instancia que negó el
amparo para en su lugar declarar improcedente la acción
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte accionante, contra
la sentencia proferida el 11 de marzo de 2024, por medio de la cual la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado negó las pretensiones en el proceso de
la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 1 de febrero de 2024 el señor Isidro Encizo Alarcón, actuando por conducto de
apoderado judicial, promovió acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, en la que solicitó la defensa de sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Para el accionante la trasgresión de las citadas garantías constitucionales se originó
en la sentencia del 14 de julio de 2023, que revocó la decisión de primera instancia
del 17 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío,
para en su lugar, negar las pretensiones al interior del proceso ordinario de reparación
directa que promovió el señor Isidro Encizo Alarcón contra el municipio de Armenia,
identificado con el radicado 63001-23-31-000-2012-00004-00/01.

1
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Demandante: Isidro Encizo Alarcon
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00469-01

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, formuló las siguientes pretensiones:

Por medio de la presente les solicito muy cordialmente Señores Magistrados TUTELAR
el derecho fundamental al debido proceso establecido en el artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia, en concordancia con el artículo 229 ibídem, los
cuales fueron vulnerados por la entidad accionada al haber incurrido en defecto fáctico.1

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

El señor Isidro Encizo presentó demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa en contra del municipio de Armenia, con el fin de que se declarara
administrativamente responsable de los perjuicios generados con la expedición del
Acuerdo 19 de 2009 que categorizó el predio de su propiedad, denominado “El Resto
Vereda Volcanes y Finca El Paraíso” con matrícula inmobiliaria Nro. 280-52571,
como área de protección ambiental y prohibición expresa para el ejercicio de
cualquier actividad de explotación económica o agroindustrial.

Al proceso de reparación directa le fue asignado el radicado 63001-23-31-000-2012-
00004-002, del que conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo de
Quindío, quien el 17 de noviembre de 2017 profirió sentencia en la cual accedió
parcialmente a las pretensiones porque encontró que se configuró el daño especial
con ocasión de los perjuicios generados por el actuar lícito y regular de la
administración, al expedir el Acuerdo 019 de 2009 que implicó la disminución del
valor comercial del inmueble y la imposibilidad de desarrollar las actividades
agropecuarias que venía realizando anteriormente.3

Inconforme con la decisión relacionada en líneas anteriores, el municipio de Armenia
presentó recurso de apelación, resuelto por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, que profirió sentencia el 14 de julio de 2023 en la que revocó el fallo
apelado para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, considerando que
con la expedición del Acuerdo Municipal 019 del 2 de diciembre de 2009 no se
provocó daño antijurídico al accionante, ya que con independencia del cambio de uso
del suelo rural a urbano la afectación de los predios ubicados en la cuenca del Río
Quindío viene desde la expedición del Acuerdo 001 de 1999.

Así mismo, en la sentencia de segunda instancia se indicó que, con la vocación
agrícola de los inmuebles se conserva y se permite el aprovechamiento económico

1 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
2 Proceso de reparación directa en el que funge como demandante el señor Isidro Encizo Alarcón y

como demandado el Municipio de Armenia.
3 Expediente digital obrante en índice 9 del aplicativo SAMAI.

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Demandante: Isidro Encizo Alarcon
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A
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por los propietarios de estos, máxime cuando no se demostró que el actor hubiera
agotado el trámite respectivo a efectos de seguir ejerciendo su actividad económica.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, concluyó que previo
a que el actor adquiriera el predio en cuestión, este ya había sido afectado
jurídicamente por medio del Acuerdo 01 de 1999 y «la vocación agrícola de ese bien
se conserva y se permite su aprovechamiento económica, incluso, para educación
ambiental, recreación pasiva, investigación, eco turismo urbano sostenible,
conectividad y espacio público natural» en cumplimiento del Acuerdo 05 de 2011 que
no demostró cumplir el actor.

La anterior decisión se notificó el 3 de agosto de 2023, como consta en el índice tal
del aplicativo SAMAI.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

Desde la óptica de la parte actora, en el presente caso se agotaron todos los
requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela, así:

• Relevancia constitucional: consideró que se violentó el debido proceso y la
propiedad privada, debido a que el juez de instancia profirió una decisión con
defecto fáctico, ya que, no es una simple inconformidad con la interpretación
jurídica del Tribunal Administrativo del Quindío sino ante un desconocimiento
de los fundamentos probatorios que obran en el expediente lo que generó una
incongruencia entre lo probado y lo decidido.

• Subsidiariedad: en su criterio se agotaron los recursos ordinarios
procedentes frente a la decisión dado que, el demandado presentó recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia.

• Inmediatez: Señaló que se cumple con el requisito dado que el 03 de octubre
de 2024 la secretaria del Tribunal Administrativo del Quindío pasó al
Despacho el proceso informando que regresó del Consejo de Estado sin que
se haya proferido auto de estarse a lo resuelto por el superior.

De igual forma indicó que, se configuró el defecto fáctico, en la medida en que se
dieron por probadas, sin estarlo, disposiciones del Acuerdo Municipal 001 de 1999
modificado por el Acuerdo Municipal 006 del 25 de marzo de 2004, que
presuntamente contenían el POT de la ciudad de Armenia con anterioridad a la
expedición del acuerdo Municipal del 019 de 2009 y, sobre dicho acto administrativo
la autoridad accionada fundamentó su decisión citando diferentes artículos como son
el 9, 17, 23, 24 y 27 del acuerdo Municipal 001 de 1999 sin soporte en plano o ficha
normativa alguna.

3
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1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 5 de febrero de 2024, el magistrado ponente de la primera instancia
dispuso: i) admitir la acción de tutela y vincular al Tribunal Administrativo de Quindío
y al municipio de Armenia4 ii) notificar a la autoridad judicial accionada y a los
vinculados, y iii) oficiar al Tribunal Administrativo del Quindío para que remitiera el
expediente del proceso de reparación directa Nro. 63001-23-31-000-2012-00004-
00/01.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A5.

Solicitó declarar la improcedencia de la acción ya que carece de relevancia
constitucional, en tanto, con la solicitud de amparo se busca un nuevo
pronunciamiento sobre los supuestos fácticos y jurídicos que fundamentaron la
negativa de las pretensiones.

Reiteró que la Sala valoró todos los medios de prueba allegados al plenario, así:

i) conforme el peritaje rendido al interior de este proceso, el predio de propiedad
del actor se encuentra inmerso en la zona de protección ambiental de la cuenca
del Río Quindío y que fue adquirido por éste desde el 10 de abril de 2003, por lo
tanto, cuando lo adquirió ya había sido afectado jurídicamente por el Acuerdo
municipal 001 del 24 de enero de 1999 que dispuso la limitación del uso de suelo;
ii) De acuerdo con el POT de 2009, se permite el aprovechamiento económico de
dicho predio, incluso, para educación ambiental, recreación pasiva, investigación,
eco turismo urbano sostenible, conectividad y espacio público natural, previo el
trámite establecido en el artículo 5 del Acuerdo No. 06 del 9 de mayo de 2011, el
cual no se demostró el actor hubiera agotado; iii) no se probó que se tratara de una
medida excesiva, anormal, especial o singular desde el punto de vista de la función
social del derecho de propiedad, que diera lugar a una indemnización a su favor;
iv) no se probó ningún tipo de afectación económica, toda vez que no se allegó
ningún balance contable amparado por las normas del Plan General de
Contabilidad, que llevara a la convicción de que, en efecto, tal cambio fue lo que
llevó a las bajas económicas de su actividad agrícola y que reflejara un posible
escenario de pérdida que ameritara un juicio indemnizatorio.

Finalmente, resaltó la ausencia absoluta de motivación respecto del defecto fáctico,
ya que el fallo se fundó en la valoración de la totalidad de las pruebas obrantes que
permitieron concluir la ausencia de daño antijurídico.

1.6.2. Municipio de Armenia6

Se opuso al amparo solicitado al considerar que, no se advierte violación o menoscabo
al derecho al debido proceso, contradicción y defensa del accionante en el proceso

4 Notificación obrante en índice 7 del aplicativo Samai.
5 Obrante en el índice 10 del expediente que reposa en el aplicativo Samai.
6 Obrante en el índice 11 del expediente que reposa en el aplicativo Samai.

4
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de reparación directa 63001-23-31-000-2012-00004-01, por lo que, solicitó la
declaratoria de improcedencia de la presente acción.

Alegó que, en el fallo enjuiciado se relacionó entre las pruebas el Acuerdo Municipal
001 del 24 de enero de 1999, por lo que se encuentra desvirtuada la manifestación
sobre la ausencia de dicho acuerdo dentro de los medios de convicción que sirvieron
de base para la providencia de segunda instancia. En igual sentido señaló que, la
sentencia en cuestión contrastó la situación del propietario del inmueble y la condición
jurídica de este, por lo que se concluyó que el derecho a la propiedad privada debía
ceder ante una condición de interés general.

A su vez indicó que, la tutela se presentó pasados cinco (5) meses desde la
notificación de la sentencia al accionante, por lo que no existe motivo válido ni
razonable que habilite la presentación extemporáneamente acción.

1.7. Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante proveído del
11 de marzo de 2024, negó las pretensiones invocadas en el escrito de tutela, luego
de superar los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, y concluir que el defecto invocado por el accionante no se
configuró en el presente caso.

Encontró que, a través de auto del 12 de julio de 2017 se decretó como prueba de
oficio remitir copia del Acuerdo Municipal 01 de 1999 aportado por el municipio de
Armenia el 11 de octubre del mismo año, por lo que no se acreditó que la sentencia
de segunda instancia haya dado por probado, sin estarlo, disposiciones del Acuerdo
Municipal 01 de 1999.

Argumentó que, la autoridad judicial accionada sustentó que el Acuerdo 19 de 2009
no le causó daño antijurídico al actor, dado que la afectación de los predios ubicados
en la cuenca hidrográfica del río Quindío data desde el Acuerdo 01 de 1999 conforme
a las limitaciones establecidas en el artículo 17 ibidem. De igual forma, con el dictamen
pericial rendido por Alfredo Álvaro López señaló que se tuvo por probado que, el
predio del actor se encontraba inmerso en la zona de protección ambiental.

Concluyó que, la autoridad judicial accionada tenía un sustento normativo y probatorio
para concluir que «el predio del actor era de protección ambiental desde el Acuerdo
No. 1 de 1999, y no desde el Acuerdo No. 19 de 2009».

La anterior providencia fue notificada por correo electrónico el 2 de abril de 2024 7.

7 Proceso pasa al despacho por reparto el 29 de abril de 2024, conforme a la constancia obrante en el

aplicativo Samai.

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1.8. Impugnación

Mediante escrito radicado ante la Secretaría General el 5 de abril de 20248, el
accionante impugnó la providencia de primera instancia, para lo cual resaltó que el
fallo de tutela de primera instancia se fundamentó en el dictamen pericial rendido por
Alfredo Álvaro López para concluir que el predio del demandante se encontraba
inmerso en la zona de protección ambiental de la cuenca del Río Quindío.

Insistió en que, existe un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, ya que
con el dictamen se probó que existía una pérdida de valor comercial del inmueble con
ocasión del paso de rural a urbano, independiente de que estuviera en zona de
protección ambiental o no.

Por lo que, conforme al dictamen pericial obrante en el proceso ordinario,
independiente de la connotación de zona de protección ambiental del predio del
demandante, éste sí perdió su valor comercial, generando una carga en el propietario
que no estaba en el deber de soportar.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación formulada por el señor Isidro
Encizo Alarcón contra la sentencia proferida el 11 de marzo de 2024, por medio de la
cual la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado negó las
pretensiones de la presente acción.

Lo anterior, en los términos del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080
de 2019.

2.3. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado y la decisión dictada en primera instancia
corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:

• ¿Se superan los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales del ciudadano Isidro Encizo Alarcón, con ocasión de

8 Obrante en el índice 20 del expediente que reposa en el aplicativo Samai.

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la sentencia de segunda instancia proferida el 14 de julio de 2023 al interior del
proceso ordinario radicado 63001-23-31-000-2012-00004-00/01?

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas:
i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial, y iii) análisis del caso en concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 9
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10 y declaró su procedencia.11

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
El criterio de relevancia constitucional establece la distinción que debe existir entre el
juez natural del caso y el juez constitucional, respetando la competencia que cada uno

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
11 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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tiene. Pues, como se ha sostenido en líneas anteriores, la acción de tutela no se erige
una tercera instancia. Al respecto, la Sala considera pertinente traer a colación lo
expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 202212, la cual,
desarrolló y explicó los derroteros que deben observarse en aplicación de este
requisito de relevancia constitucional.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando
se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más
restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no
solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor
jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:

lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se
previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se
garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía
e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción
de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales;
y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal13 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico14; es decir, la cuestión “debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”15

12 M.P. Natalia Ángel Cabo.
13 Sentencia SU-573 de 2019.
14 Sentencia SU-103 de 2022.
15 Sentencia SU-103 de 2022.

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(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no
a problemas de carácter legal.”16 En este orden, se reitera que el examen de relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con
las decisiones adoptadas por los jueces naturales”17

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto18, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal19. (Resaltado de
la Sala)

2.6. Caso concreto

La Sala anticipa que revocará el sentido de la decisión proferida en primera instancia,
toda vez que, contrario a lo considerado por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, no se encuentra satisfecho el requisito de relevancia constitucional.

Como punto de partida, se advierte que el amparo constitucional estudiado no tiene la
identidad o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos
constitucionales, toda vez que la discusión planteada por el accionante pone en
evidencia una inconformidad con la conclusión a la que llegó el juez de segunda
instancia, respecto a la eventual responsabilidad de la demandada al interior del
proceso de reparación directa.

Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos enunciados en el escrito
introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías constitucionales, no exponen
con suficiencia razones de peso que justifiquen la intromisión del juez constitucional.
Máxime que no se evidencia, prima facie, la vulneración de los derechos
fundamentales por parte de la autoridad judicial accionada, haciendo referencia a

16 Sentencia SU-103 de 2022.
17 Sentencia SU-128 de 2021.
18 Sentencia SU-573 de 2019.
19 Ibid.

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valoraciones probatorias que fueron objeto de discusión dentro del proceso ordinario
en mención, así:
REPAROS EN ESCRITO DE ACCIÓN DE
TUTELA SENTENCIA ENJUICIADA
En la sentencia enjuiciada se relacionó el
material probatorio obrante dentro del
proceso ordinario, entre los que se
encontraba el Acuerdo Municipal 001 de
1999.20

De igual forma, del folio 11 a 14 de la
En el escrito de tutela: La sentencia de providencia en cuestión se realizó análisis
segunda instancia se fundamentó y dio por del acuerdo en mención concluyendo:
probado, sin estarlo, las manifestaciones del
demandado respecto del contenido del Acto 57. De acuerdo con las consideraciones
precedentes, a juicio de la Sala, con la
Administrativo contenido en el acuerdo
expedición del Acuerdo municipal No. 019
municipal Nro. 01 del 24 de enero 2004. del 2 de diciembre de 2009, no se provocó
daño antijurídico alguno al actor, por
cuanto, sin perjuicio del cambio del uso del
suelo de rural a urbano, la afectación de
los predios ubicados en la cuenca
hidrográfica del Río Quindío -entre esos el
inmueble objeto de la discusión- viene
desde la expedición del POT No. 01 del 24
de enero de 1999.

Ahora bien, tanto en el escrito inicial como en la impugnación se cuestiona el ejercicio
de valoración probatoria realizado por el juez natural. No obstante, salvo casos
excepcionalísimos, esto es un punto que está vedado de análisis en sede
constitucional, en la medida que tales razonamientos hacen parte intrínseca de la
actividad del juez natural del proceso. De avalarse una tesis contraria, se
quebrantarían los principios de autonomía e independencia judicial, los cuales, a su
turno, son un componente inherente al derecho fundamental al debido proceso.

En conclusión, el accionante busca en esta instancia judicial, a través del juez
constitucional, obtener la interpretación y valoración de los medios de prueba en la
forma en que a él le parece correcta, es decir, pretende a través del mecanismo
constitucional obtener una sentencia favorable, desconociendo la labor realizada por
la Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

2.7. Conclusión

Para la Sala el cargo invocado por el accionante en la acción de tutela no superó el
requisito de relevancia constitucional, por lo que se impone revocar el sentido de la
decisión de primera instancia.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

20 Folio 4 de la sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario 63001-23-31-000-2012-00004-01

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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Isidro Encizo Alarcon
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00469-01

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 11 de marzo de 2024, de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado para, en su lugar,
DECLARAR improcedente la acción de tutela por no satisfacer el requisito de
relevancia constitucional.

SEGUNDA: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERA: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación
en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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