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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-31-000-2012-00004-01

Fecha
14 de julio de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-31-000-2012-00004-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 17 de noviembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío; en consecuencia, NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con los motivos expuestos en esta providencia SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 63001-23-31-000-2012-00004-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

14 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)
Actor: Isidro Encizo Alarcón
Demandado: Municipio de Armenia
Referencia: Reparación directa

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR AFECTACIÓN A LA PROPIEDAD PRIVADA -
Elementos para la procedencia de responsabilidad del Estado con base en el título
objetivo de imputación – No se acreditó la configuración del daño antijurídico alegado.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Quindío, a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

Se demanda la reparación de los daños causados con ocasión de la expedición
de un Acuerdo municipal, mediante el cual se afectó un predio del actor con
ocasión del cambio del uso del suelo de área rural a urbana de protección
ambiental.

I. SENTENCIA APELADA

1. Corresponde a la sentencia ya identificada, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Quindío decidió la demanda de reparación directa presentada
el 9 de diciembre de 20111 por el señor Isidro Encizo Alarcón en contra del
municipio de Armenia, con el fin de que se le declare patrimonialmente
responsable por los daños ocasionados con la afectación jurídica de un inmueble
de su propiedad impuesta a través del Acuerdo municipal No. 019 del 2 de
diciembre de 2009 “Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Armenia, para el periodo 2009 – 2023, Armenia
ciudad de oportunidades para la vida”2.

1
Folio 28 del cuaderno 1.
2
En consecuencia, solicitó una indemnización por concepto de perjuicios materiales, en las modalidades de
daño emergente y lucro cesante, que las hizo consistir en la suma de $580’856.745 a favor de la parte
actora, correspondiente a la pérdida del valor comercial de su inmueble y las construcciones existentes en el
mismo, así como la suma global de $17.879’849.000 referente a las utilidades dejadas de percibir ante la
imposibilidad de continuar con el proyecto de ceba de ganado estabulado para 150 novillos y la producción
de humus y lixiviado mediante lombricultivo asociado a ceba de ganado estabulado para esa misma
cantidad de novillos.
1

Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)
Actor: Isidro Encizo Alarcón
Demandado: Municipio de Armenia
Referencia: Reparación directa

2. Como fundamento fáctico de sus pretensiones narró que a través de escritura
pública No. 758 del 28 de febrero de 2003 de la Notaría Primera de Armenia,
adquirió el predio denominado “El Resto Vereda Volcanes y Finca El Paraíso”
ubicado en el paraje Volcanes del municipio de Armenia e identificado con cédula
inmobiliaria 280-52751 y ficha catastral 00-03-0000-04729-000.

3. Se indicó que para entonces -año 2003-, de conformidad con el Acuerdo
municipal No. 001 del 24 de enero de 1999, modificado por el Acuerdo municipal
No. 006 del 25 de marzo de 2004, el referido predio era rural y no tenía
restricciones para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, forestales,
agroindustriales, industriales, turísticas, entre otras. En consideración a ello, el
actor construyó varias edificaciones al interior de ese inmueble y lo destinó para
el proyecto de ceba de ganado estabulado para 150 novillos y la producción de
humus y lixiviado mediante lombricultivo asociado a ceba de ganado para esa
misma cantidad de cabezas de ganado, así como también para alquilarlo para
eventos recreativos.

4. El municipio demandado expidió el Acuerdo municipal No. 19 del 2 de
diciembre de 2009, a través del cual cambió el uso del suelo del predio en
cuestión, pasándolo de rural a urbano de protección ambiental de la Cuenca del
Río Quindío y, por tanto, “con prohibición expresa para el ejercicio de cualquier
actividad de explotación económica o agroindustrial”, permitiéndose su uso
únicamente para el desarrollo de actividades de educación ambiental, recreación
pasiva, investigación, eco turismo urbano sostenible, conectividad y espacio
público natural.

5. Indicó que la anterior afectación a su inmueble fue conocida por el actor a
través del Oficio DP-POT-10-1748 del 12 de abril de 2010 del Departamento
Administrativo de Planeación del municipio de Armenia, por medio del cual se le
informó que el inmueble en mención, según los lineamientos de la normatividad
contenida en el Acuerdo municipal No. 019 del 2 de diciembre de 2009,
pertenecía a la zona urbana y se encontraba en zona de protección ambiental;
asimismo, se le informó que los usos permitidos en ese suelo eran los de
conocimiento, conservación y protección y aprovechamiento sostenible para
educación ambiental, recreación pasiva, investigación, eco turismo urbano
sostenible, conectividad y espacio público natural.

6. Sostuvo que el municipio demandado estaba llamado a responder a título de
daño especial, en tanto el bien sufrió una desvalorización considerable, debido a
que su uso se cambió y se limitó a lo regulado en el POT contenido en el
Acuerdo municipal No. 19, así como también se impidió o limitó el desarrollo de
las actividades agropecuarias que venía realizando el demandante bajo el
anterior POT -No. 001-, hecho que le produjo una pérdida considerable en las

2

Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)
Actor: Isidro Encizo Alarcón
Demandado: Municipio de Armenia
Referencia: Reparación directa

ganancias obtenidas por su actividad, todo ello según los avalúos aportados con
la demanda3.

La defensa

7. El municipio de Armenia contestó la demanda y se opuso a las pretensiones.
Para tal efecto, sostuvo que no se causó daño alguno al demandante, dado que
desde el Acuerdo municipal 001 del 24 de enero de 1999, el sector donde está
ubicado el predio objeto de la discusión hacía parte de la categoría de suelo de
protección ambiental, por formar parte de la Unidad de Manejo de la Cuenca del
Río Quindío, la cual se trata de un área de influencia directa de la ronda
hidráulica, área de inundación, zonas de pendientes fuentes, bosques ripiaros,
fragmentos y relictos de bosque, elementos naturales consolidados en una gran
franja de protección ambiental, conforme lo determina el Decreto Ley 2811 del 18
de diciembre de 1974 -Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente- y el Decreto 1449 del 27 de junio de 1977.

8. En todo caso, manifestó que no estaba probado que el demandante, una vez
adquirió el predio, hubiera construido en el mismo diferentes edificaciones -casa
principal, vivienda auxiliar, vivienda casero, pesebreras, construcciones auxiliares
y cultivos- o si éstas ya se encontraban de tiempo atrás, pues lo cierto era que a
raíz de la afectación jurídica que se predicaba del mismo, desde el PTO No.
001, tales construcciones estaban prohibidas, al punto que, mediante auto No.
003 del 19 de febrero de 2009 se dio apertura a un procedimiento administrativo
en contra del aquí actor por parte de la Inspección de Control Urbano del
Departamento Administrativo de Planeación.

9. Por otra parte, indicó que, aun cuando el inmueble del actor estaba afectado
bajo la figura de suelo de protección ambiental, a partir del Acuerdo municipal
001 del 24 de enero de 1999, dado su uso preexistente agrícola y agropecuario,
tales actividades económicas podían seguir siendo desarrolladas en vigencias
del Acuerdo municipal 019 del 2 de diciembre de 2009, “bajo los parámetros
dados en los diferentes instrumentos de Planeación Ambiental y Territorial, con
sus respectivas zonificaciones ambientales, que hacen parte de los usos y
coberturas actuales, bajo la figura de zonas de protección sostenible agrícola
donde se implementen sistemas alternativos de producción sostenible agrícola,
para la diseminación de los impactos generados en dichas áreas susceptibles de
erosión, avalanchas, deslizamientos, deforestación, pérdida de las coberturas
naturales y de la biodiversidad”, según el parágrafo 2° del artículo 15 del Acuerdo
municipal 019 en mención, adicionado por el Acuerdo 06 del 9 de mayo de 2011.

10. Luego de surtirse el debate probatorio4, en sus alegaciones, la parte actora
insistió en que había lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de la entidad
3
Folios 1 a 28 del cuaderno 1.

3

Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)
Actor: Isidro Encizo Alarcón
Demandado: Municipio de Armenia
Referencia: Reparación directa

demandada bajo el título de imputación de daño especial por la ocupación
jurídica de su inmueble, la cual le impedía seguir ejerciendo las actividades
económicas agrícolas y agropecuarias que venía realizando bajo la vigencia de
los Acuerdos municipales Nos. 001 de 1999 y 006 del 25 de marzo de 20045; por
su parte, la demandada reiteró los argumentos de defensa expuestos en la
contestación de la demanda6.

11. En su concepto, el Ministerio Público manifestó que se debía acceder a las
pretensiones de la demanda, por cuanto se probó que desde 2003 en el predio El
Paraíso, el actor tenía sembrado varios cultivos de café, pasto y plátano, así
como realizó inversiones significativas para poder obtener mayores rendimientos,
los cuales se truncaron con la expedición del Acuerdo municipal No. 019 del 2 de
diciembre de 2009, lo que le generó perjuicios económicos al demandante7.

La decisión

12. Mediante sentencia proferida el 17 de noviembre de 2017, el Tribunal
Administrativo de Quindío accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, en los siguientes términos (se transcribe literal):

“PRIMERO: Declarar al municipio de Armenia (Quindío), administrativamente
responsable de los perjuicios materiales causados al demandante como
consecuencia de la expedición del Acuerdo 019 de 2009 ‘por medio del cual
se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Armenia’ que
modificó la clasificación del predio denominado El Paraíso de sector rural a
sector urbano.

SEGUNDO: Condénase al Municipio de Armenia a pagar, en abstracto, los
perjuicios causados al accionante, en la modalidad de daño emergente y lucro
cesante ocasionado con el Acuerdo 019 de 2009, según los parámetros
establecidos en la parte motiva de esta sentencia.

4
Mediante auto del 20 de marzo del 2012 se abrió el período probatorio, dentro del cual se allegaron los
siguientes medios de prueba:
● Certificado de tradición de la Oficina de Instrumentos Públicos de Armenia del 4 de octubre de 2011
● Certificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi del 15 de abril de 2013
● Acuerdo municipal 001 del 24 de enero de 1999
● Acuerdo municipal 019 del 2 de diciembre de 2009
● Oficio DP-POT-10-1748 del 12 de abril de 2010 del Departamento Administrativo de Planeación del
municipio de Armenia
● Avalúo comercial A077-10
● Avalúo comercial Al139-11
● Auto de apertura de investigación 003 del 19 de febrero de 2009 de la Subdirección del Departamento
Administrativo de Planeación – Inspección de Control Urbano.
● Experticia pericial del 7 de junio de 2012 rendida por el perito evaluador Alfredo Álvarez López
● Video Humus Orgánico de Lombriz California
● Testimonios de los señores Jhon Jairo Alarcón Bobadilla, Carlos Mario Muñoz Posada, José Idelgar
Castañeda Valencia y Carlos Julio Morales.
5
Folios 445 a 460 del cuaderno 1.
6
Folios 423 a 443 del cuaderno 1.
7
Folios 462 a 465 del cuaderno 1.

4

Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)
Actor: Isidro Encizo Alarcón
Demandado: Municipio de Armenia
Referencia: Reparación directa

TERCERO: ORDÉNESE al Municipio de Armenia dar cumplimiento a éste
fallo en los términos previstos en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia según lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

QUINTO: En firme este fallo, devuélvase a los demandantes el excedente, si
lo hubiere, de las sumas consignadas para gastos del proceso, efectuándose
las comunicaciones del caso para su cabal cumplimiento, cancélese su
radicación y archívese el expediente, previa anotación en el programa
informático “Justicia Sigo XXI”.

13. Para arribar a dicha decisión, el Tribunal sostuvo que carecía de relevancia
establecer si antes de la expedición del Acuerdo municipal No. 001 del 24 de
enero de 1999 el predio del actor se encontraba o no en un área de protección,
pues lo cierto era que -de acuerdo con el avalúo comercial-, ese bien inmueble
había disminuido su valor económico de forma notable al pasar de rural a
urbano.

14. Agregó que, en atención al Acuerdo municipal No. 019 del 2 de diciembre de
2009, el actor no pudo continuar ejerciendo las actividades agropecuarias que
venía realizando en su predio o por lo menos ya no en la misma proporción,
hecho que supuso una disminución considerable en sus ganancias provenientes
del proyecto de ganado de ceba estabulado y en la producción de humus y
lixiviados de lombriz relacionado a la ceba de ganado estabulado.

15. Sin embargo, indicó que no era dable acceder a la totalidad de las súplicas
de la demanda, toda vez que la Corporación Autónoma Regional del Quindío
impuso multa de $30’000.000 de pesos al actor en atención a que con su
actividad económica le causó graves daños al ambiente, incluso, antes de la
expedición del Acuerdo municipal No. 019; entonces, no era dable que el
demandante pretendiera obtener una indemnización, cuando su actuar generó un
daño a la comunidad en general y, además, realizó construcciones en su predio
sin contar con las respectivas autorizaciones de la autoridad competente.

16. En atención a ello, indicó que, para efectos de la respectiva indemnización,
era necesario establecer si todas las actividades agrícolas y agropecuarias
desarrolladas en el predio El Paraíso estaban legalmente autorizadas, por lo que
procedió a imponer una condena en abstracto8.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

17. En su apelación, la parte demandada cuestionó la decisión del a quo en
punto a que no se tuvo en cuenta que, incluso, con anterioridad a la expedición
del Acuerdo municipal No. 019 del 2 de diciembre de 2009, las construcciones y

8
Folios 509 a 520 del cuaderno del Consejo de Estado.

5

Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)
Actor: Isidro Encizo Alarcón
Demandado: Municipio de Armenia
Referencia: Reparación directa

actividad económica desarrolladas por el demandante no estaban permitidas en
atención a la condición de zona de reserva ambiental que se predica del lugar
donde se encuentra ubicado el terreno en cuestión, conforme al Acuerdo
municipal No. 001 del 24 de enero de 1999.

18. Agregó que lo que debe analizarse es la compatibilidad en materia de uso
del suelo del predio objeto de discusión y las actividades allí desarrolladas por el
demandante, a fin de concretar la fuente del daño, de ahí que no puede atribuirse
un daño con el cambio del uso del suelo de rural a urbano, cuando la actividad
económica adelantada por aquél señor no estaba permitida desde el Acuerdo
municipal No. 001 de 1999, al punto que ya ha sido sancionado
administrativamente.

19. En conclusión, ante la inexistencia de un daño antijurídico derivada de la
ilegalidad de la conducta desplegada por la propia víctima, solicitó la revocatoria
de la sentencia apelada9.

20. En el término para alegar de conclusión en la segunda instancia las partes
guardaron silencio10.

21. En su concepto, el Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia
recurrida, puesto que las modificaciones del uso del suelo del predio El Paraíso
derivadas del Acuerdo municipal No. 019 del 2 de diciembre de 2009, causó al
inmueble del actor una considerable reducción en su precio comercial, así como
también que se disminuyera su actividad económica. Sin perjuicio de esto,
sostuvo que como estaba probado que el señor Isidro Encizo Alarcón había sido
sancionado por la Corporación Autónoma del Quindío por encontrarlo
responsable de causar un daño ambiental con el desvío del cauce de un río y la
construcción de jarillones sin contar con la respectiva licencia ambiental, no
resultaba procedente acceder a la totalidad de las pretensiones de la demanda y,
además, se debía condenar en abstracto, en atención a la falta de elementos
materiales para determinar el monto de la indemnización11.

III. CONSIDERACIONES

22. Surtido el trámite procesal sin que se observe causal de nulidad o vicio que
impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación.

El objeto del recurso

9
Folios 526 a 530 del cuaderno del Consejo de Estado,
10
Folio 571 del cuaderno del Consejo de Estado.
11
Folios 555 a 570 del cuaderno del Consejo de Estado.

6

Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)
Actor: Isidro Encizo Alarcón
Demandado: Municipio de Armenia
Referencia: Reparación directa

23. El ámbito del recurso de apelación se circunscribe a verificar si la entidad
territorial demandada, al cambiar el suelo de rural a urbano con la expedición del
Acuerdo municipal No. 019 del 2 de diciembre de 2009, afectó el derecho de
propiedad de la parte actora y, si se causó un daño antijurídico habida
consideración de las actividades de explotación y construcción de obras que el
actor venía desarrollando para el momento de tal cambio.

Caso concreto

24. La Sala revocará la sentencia objeto de impugnación, dado que a partir del
análisis de los elementos de prueba allegados se impone concluir que no se
configuró ningún daño antijurídico en perjuicio del actor, tal como pasa a
explicarse.

25. El Decreto 2811 de 1974, por el cual se adoptó el Código Nacional de
Recursos Naturales, Renovables y de Protección del Medio Ambiente, estableció
en su artículo 83 que, sin perjuicio de los derechos adquiridos por los
particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado “d) Una faja
paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y
lagos, hasta de treinta metros de ancho”.

26. A su turno, el Decreto 1541 de 1978, por el cual se reglamentó la parte II del
libro III del mentado Decreto 2811 de 1974, indicó que las aguas se dividen en
aguas de uso público y aguas de dominio privado. De conformidad con su
artículo 5, son aguas de uso público, las siguientes:

“a. Los ríos y todas las aguas que corran por cauces naturales de modo
permanente o no;

b. Las aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido derivadas
de un cauce natural;

(…)

h. Las demás aguas, en todos sus estados y formas a que se refiere el
artículo 77 del Decreto 2811 de 1974, siempre y cuando no nazcan y
mueran dentro del mismo predio”.

27. Por su parte, el artículo 313 de la Constitución Política establece que está a
cargo de los concejos municipales reglamentar los usos del suelo y, dentro de
los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la
construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda y dictar las
normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio
ecológico y cultural del municipio (numerales 7 y 9).

7

Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)
Actor: Isidro Encizo Alarcón
Demandado: Municipio de Armenia
Referencia: Reparación directa

28. A fin de procurar el desarrollo de las anteriores directrices constitucionales,
fue expedida la Ley 388 de 199712 en donde se señalaron puntualmente las
funciones que en materia de desarrollo y ordenamiento territorial pueden dictar
las autoridades municipales; en sus artículos 9º y 10º definió qué se entiende por
plan de ordenamiento territorial y los determinantes que debe tener todo POT.

29. Del referido artículo 10, numeral 1º, literal b), se desprende que los
municipios pueden definir las directrices para el manejo de las cuencas
hidrográficas y las directrices para la conservación de las áreas de especial
importancia dadas las características propias del ecosistema en su territorio.

30. En línea con lo anterior, el Decreto 1504 de 199813 reglamentó el manejo del
espacio público en los planes de ordenamiento territorial. En esa disposición se
clasificaron los elementos constitutivos naturales del espacio público, entre los
cuales se encuentran:

“b) Áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico:
conformado por: i) Elementos naturales, relacionados con corrientes de
agua, tales como: cuencas y microcuencas, manantiales, ríos, quebradas,
arroyos, playas fluviales, rondas hídricas, zonas de manejo, zonas de
bajamar y protección ambiental, y relacionados con cuerpos de agua, tales
como mares, playas marinas, arenas y corales, ciénagas, lagos, lagunas,
pantanos, humedales, rondas hídricas, zonas de manejo y protección
ambiental. ii) Elementos artificiales o construidos, relacionados con
corrientes de agua, tales como: canales de desagüe, alcantarillas,
aliviaderos, diques, presas, represas, rondas hídricas, zonas de manejo y
protección ambiental, y relacionados con cuerpos de agua tales como:
embalses, lagos, muelles, puertos, tajamares, rompeolas, escolleras, rondas
hídricas, zonas de manejo y protección ambiental” (se resalta).

31. De acuerdo con el aparte subrayado, las cuencas hídricas se pueden definir
como uno de los elementos naturales de las corrientes de agua que, al integrar
el elemento constitutivo que a su vez hace parte del espacio público, resultan de
suma importancia como áreas para la conservación y preservación del sistema
acuífero, dentro del régimen ambiental nacional.

32. En reciente oportunidad, la Corte Suprema de Justicia se pronunció acerca
de la protección especial que demanda la zona adyacente a los caudales
hídricos por la relevancia que comporta de cara a la protección al medio
ambiente, sosteniendo que todo terreno adyacente al margen paralelo de un
caudal hídrico, en extensión máxima de treinta metros, forma parte de una zona
de especial protección por su importancia para la preservación de un medio
ambiente sano y, por tanto, es considerado como espacio público no susceptible

12
“Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”,
13
Compilado en el Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.

8

Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)
Actor: Isidro Encizo Alarcón
Demandado: Municipio de Armenia
Referencia: Reparación directa

de apropiación por particulares, situación establecida en la Carta Política de
199114.

33. Del análisis de la normativa en referencia se puede concluir que: i) los suelos
que hacen parte del cauce de las cuencas, manantiales, ríos, quebradas y
arroyos, entre otros, los cuales son elementos naturales constitutivos del espacio
público, aunque se encuentren en predios colindantes de propiedad privada,
forman parte de la ronda hídrica que se medirá como una franja paralela a la
línea del cauce permanente del cuerpo de agua, hasta de treinta metros de
ancho, los cuales son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado y, ii) en la
elaboración de los planes de ordenamiento territorial debe tenerse en cuenta el
uso del espacio público, dentro del cual se encuentran comprendidas las áreas
de conservación y preservación del sistema hídrico que abarca, a su turno, las
cuencas, rondas hídricas y las zonas de manejo y protección ambiental.

34. De otra parte, en relación con la propiedad privada, el artículo 58 superior,
modificado por el Acto Legislativo No. 1 de 1999 que abolió la expropiación sin
indemnización, fijó ciertos elementos característicos de tal derecho fundamental
en un Estado Social de Derecho15, de los cuales se desprende que el derecho a
la propiedad es un derecho subjetivo al que le son inherentes unas funciones
sociales y ecológicas que están dirigidas a asegurar el cumplimiento de varios
deberes constitucionales, entre los que se destacan, el de respetar los derechos
ajenos y no abusar de los propios, proteger el medio ambiente y velar por su
conservación y la promoción de la justicia y el interés general16.

35. En este sentido, el artículo 1 de la Constitución de 1991 establece el interés
general como un aspecto que se proyecta sobre el derecho a la propiedad
privada, acentuando su función social y ecológica.

14
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 22 de abril de 2020, exp. 2020-00121, M.P. Luis
Armando Tolosa Villabona.
15
<<Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes
civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación
de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de
los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o
social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función
ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de
utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia
judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En
los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a
posterior acción contencioso administrativa, incluso respecto del precio>>.
16
Constitución Política, artículos 1 y 95. La función ecológica del derecho de dominio encuentra asidero en
las disposiciones contempladas en los artículos 58, 79 y 80 de la Constitución Política. Según el artículo 79
constitucional todas las personas tienen derecho a un medio ambiente sano y es deber del Estado proteger
la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica. Dentro de
las atribuciones reconocidas para cumplir con dicha obligación constitucional, el artículo 80 confiere la
posibilidad de que se establezcan medidas de protección dirigidas a garantizar el desarrollo sostenible, la
conservación, restauración o sustitución de los recursos naturales, con el propósito de prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental que puedan causar daño a los ecosistemas de especial importancia
ecológica.

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Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)
Actor: Isidro Encizo Alarcón
Demandado: Municipio de Armenia
Referencia: Reparación directa

36. Vale la pena precisar que, tratándose de bienes inmuebles, sobre ellos se
deben reconocer las reglas para su uso y explotación, todo a partir también de
enunciados constitucionales que ratifican su función social y ecológica,
atendiendo a la ordenación del territorio y, en particular, a la reglamentación de
los usos del suelo, aspectos sobre los cuales la Constitución y las leyes han
fijado una competencia concreta para definirlos17.

37. Así, uno de los límites a la propiedad privada que ha reconocido el
ordenamiento jurídico, lo constituye la función ecológica, donde se enmarcan las
cuencas hídricas -objeto de debate del presente proceso-; sin embargo, se tiene
que las limitaciones o restricciones que se impongan en virtud de la definición de
cuencas hídricas, aun cuando constituyen limitaciones de los derechos de los
propietarios, no implican un vaciamiento del derecho de propiedad, puesto que
el propietario mantiene un reducto de aprovechamiento económico del bien,
pues no pierde la propiedad del mismo.

38. La Sala no puede soslayar que el Estado debe responder patrimonialmente
a pesar de la legalidad de su actuación, de manera excepcional y por equidad,
cuando al obrar en beneficio de la comunidad, por razón de las circunstancias de
hecho en que tal actividad se desarrolla, causa al particular un daño especial,
anormal, considerable, superior al que normalmente deben estar dispuestos los
ciudadanos a soportar en razón de la especial naturaleza de los poderes y
actuaciones del Estado, de manera tal que ante la ruptura de la igualdad de los
mismos frente a las cargas públicas, la equidad que debe reinar ante los
sacrificios que conlleva para los particulares la existencia del Estado18, debe ser
restablecida.

17
El artículo 311 de la Constitución Política dispone que a los municipios, como entidades fundamentales de
la división política administrativa del Estado, les corresponde ordenar el desarrollo de sus territorios.
Igualmente, el artículo 313 establece que le corresponde a los Concejos << (…)7. Reglamentar los usos del
suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la
construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda. (…) 9. Dictar las normas necesarias para el
control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio>>”. Véase también
artículos 5 a 8 de la Ley 388 de 1997 sobre el ordenamiento del territorio municipal. Al respecto del régimen
de los usos del suelo, la Corte Constitucional ha señalado que el mismo ocupa una posición central en la
planeación urbana, de manera que en su definición se encuentra comprometido el interés público, social y
comunitario y en esa medida, ha destacado la Corte que <<la legislación urbana constituye una fuente
legítima de relativización del contenido del derecho de propiedad sobre los inmuebles>>. Corte
Constitucional. Sentencia C-192 de 20 de abril de 2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Sentencia
T-422 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
18
Bajo dicho razonamiento, al resolver un caso en el cual se pretendía obtener la declaratoria de
responsabilidad del Estado como consecuencia de la imposición de la limitación a la propiedad de los
demandantes por la declaratoria de patrimonio arquitectónico, esta Sección del Consejo de Estado, precisó,
en su oportunidad, lo siguiente: “En el caso sub examine, la acción fue interpuesta en razón del
rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas, pues, según lo afirmado en la demanda, a la
demandante le fue impuesta una carga adicional a las que comúnmente tienen todos los administrados,
cual es que su bien, como se afirmó en la demanda, haya sido declarado patrimonio arquitectónico,
limitándole de ésta forma su derecho de dominio al no poder disponer de él libremente, por cuanto tiene la
obligación de conservar su estructura en pro del beneficio histórico - cultural de una ciudad como lo es
Popayán. // En consecuencia, teniendo en cuenta los razonamientos ya expuestos, la Sala llega a la
conclusión de que la acción interpuesta por la señora XXXX es la procedente en estos casos, más aún si se
tiene en cuenta que no se está controvirtiendo la legalidad de ninguna decisión de la Administración, sino la
causación de unos perjuicios derivados de un acto administrativo legal, como lo sostiene la misma

10

Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)
Actor: Isidro Encizo Alarcón
Demandado: Municipio de Armenia
Referencia: Reparación directa

39. Conforme al material probatorio allegado al proceso se tiene acreditado,
según el certificado de tradición de la Oficina de Instrumentos Públicos de
Armenia del 4 de octubre de 201119, que desde el 10 de abril de 2003 el señor
Isidro Encizo Alarcón es propietario del inmueble “rural” denominado “1. El Resto
Vereda Volcanes, 2. Finca el Paraíso” identificado con número de matrícula 280-
52751 y ficha catastral 00-03-0000-04729-000.

40. En ese mismo certificado de tradición consta la anotación No. 16 del 23 de
febrero de 2009 sobre el registro de una medida cautelar dentro de la apertura
de investigación de la Corporación Autónoma Regional del Quindío – Armenia
(C.R.Q.), la cual, según se consigna en la anotación No. 17 del 22 de abril de
2009, fue cancelada mediante providencia administrativa.

41. También se tiene de la certificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
del 15 de abril de 2013 que el predio identificado con número de matrícula 280-
52751 y ficha catastral 00-03-0000-04729-000 se encuentra ubicado en zona
urbana.

42. En relación con lo anterior, se tiene probado que el Acuerdo municipal 001
del 24 de enero de 1999 “Por medio del cual se adopta el plan de ordenamiento
territorial del municipio de armenia 1999-2006”, en desarrollo de las
disposiciones referidas párrafos atrás, dispuso en su artículo 9 las políticas para
el ordenamiento territorial, entre ellas, para el uso del suelo y para la vivienda y
el desarrollo urbano y rural de ese municipio indicando que están orientadas a:
(i) delimitar, manejar, conservar y preservar los suelos urbanos, de expansión,
rurales, suburbanos y de protección, según sus aptitudes y clasificaciones,
dentro de la vocación de desarrollo de Armenia y (ii) a racionalizar el uso y
ocupación del espacio, con el desarrollo de programas de vivienda social y de
mejoramiento integral, complementando el desarrollo del municipio, respetando
el paisaje que le es propio e identifica al municipio, mitigando las posibilidades
de riesgo y amenaza, con el objetivo de armonizar sus condiciones físicas y
naturales, respectivamente.

43. En el artículo 17 ibídem se tuvo como suelo de protección las zonas y áreas
de terreno localizados dentro de las áreas rural, urbano y suburbano que, por
sus características geográficas, paisajísticas o ambientales o por formar parte de
las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la
provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y
riesgos no mitigables para la localización de asentamientos humanos, tiene
restringida la posibilidad de urbanizarse. Conforme a la zonificación ambiental

demanda, que en su criterio, está integrado por un certificado de urbanismo y un acuerdo municipal”.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de abril de 2006, Exp. 16.079, M.P. Ramiro Saavedra
Becerra.
19
Folios 33 a 35 del cuaderno 1.

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Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)
Actor: Isidro Encizo Alarcón
Demandado: Municipio de Armenia
Referencia: Reparación directa

establecida en el Plan de Ordenamiento Municipal este suelo se conforma por
las zonas de fragilidad ecológica y de protección de recursos naturales.

44. En el artículo 23 de esa misma disposición se tuvo como plan a corto,
mediano y largo plazo, el reconocimiento de las zonas de fragilidad ecológica y
de protección de recursos naturales (suelo de protección) que forman parte de la
oferta de espacios recreativos y paisajísticos en el ámbito municipal. A
continuación, el artículo 24 ibídem dispuso que en las zonas de especial
significancia ambiental no se permitiría ninguna actuación urbanística, salvo las
que se refieren al manejo ecológico en sí considerado y las referentes al
mejoramiento o utilización en beneficio público.

45. En el artículo 27 de la disposición en mención se hizo referencia al
tratamiento de conservación histórica, urbanística y arquitectónica. A su vez, se
señaló que eran zonas de tratamiento de protección y conservación ambiental,
entre otras, las cuencas hidrográficas de primer y segundo orden de drenaje
natural más representativas, entre esas, la cuenca del Río Quindío.

46. Ahora bien, mediante el Acuerdo municipal No. 019 del 2 de diciembre de
2009 se adoptó “el plan de ordenamiento territorial del municipio de Armenia,
para el período 2009 – 2023, ‘Armenia ciudad de oportunidades para la vida’”, en
el que, en el artículo 15 se clasificó el suelo de ese municipio en (i) urbano, (ii)
expansión urbana, (iii) rural, (iv) suburbanos, (v) protección urbanos y rurales y,
finalmente, (vi) desarrollo restringido en suelo rural.

47. En el parágrafo segundo del artículo que viene de mencionarse se dispuso
que aquellos predios que pertenecían al suelo rural, previo a la adopción de ese
POT, que mantienen su vocación de producción agrícola y que, como producto
del proceso de reclasificación de suelo con el cambio en las dinámicas
territoriales, se hubieran incluido al interior del perímetro urbano, podían
continuar desarrollando, a decisión propia, su actividad económica
productiva como campesinos urbanos y no serían considerados con la
connotación de predios urbanizables no urbanizados.

48. En el artículo 25 ibídem se consideró como suelo de protección ambiental
aquél constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados en suelo urbano,
rural o de expansión urbana, los cuales por sus características geográficas,
paisajísticas o ambientales o por formar parte de las zonas de utilidad pública
para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos
domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la
localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de
urbanizarse.

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Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)
Actor: Isidro Encizo Alarcón
Demandado: Municipio de Armenia
Referencia: Reparación directa

49. En el artículo 73 de esa misma disposición se hizo mención a las zonas de
especial significancia ambiental, como parte fundamental de la estructura
ecológica principal del municipio de Armenia, entre las que se incluyen las áreas
de reserva forestal, de manejo especial y de importancia ecosistémica, tales
como nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas
de los cuerpos de agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas y reservas de
flora y fauna, las cuales se trataron como zonas de objeto de protecciones
especiales de acuerdo con las determinantes de superior jerarquía en materia
ambiental, señalando las medidas e instrumentos para garantizar su
conservación y protección.

50. El artículo 84 siguiente definió la estructura ecológica principal, entre la cual
tuvo las áreas de manejo y preservación ambiental y la consideró como la franja
o porción de terreno de propiedad pública o privada contigua a la ronda de ríos y
quebradas destinada a la protección, conservación o restauración ecológica de
los cursos de agua y ecosistemas integrados en estas áreas.

51. En el artículo 90 ibídem fue definido el suelo de protección, así

“Es el conjunto de áreas con diferentes categorías, que por su
localización, funcionalidad ecológica, composición, biodiversidad y
generación de bienes y servicios ambientales, constituyen un patrimonio
natural municipal, por tal razón merecen ser conservadas; orientando
políticas de conocimiento, conservación y recuperación por la relevancia
de su naturaleza dentro del sistema territorial.

De acuerdo con el Artículo 35 de la Ley 388 de 1997, el suelo de
protección está constituido por las zonas y áreas de terreno, localizadas
dentro de cualquiera de las clases de suelo, que por sus características
geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas
de utilidad pública para la ubicación de infraestructura para servicios
públicos, o de las áreas de amenaza y riesgos no mitigables para la
localización de vivienda, tiene prohibida la posibilidad de urbanizarse.

Corresponden a las zonas de protección de los recursos naturales las
siguientes áreas: 1. Afloramientos, Humedales y cuerpos de agua. 2.
Ríos. 3. Quebradas. 4. Drenajes con cauces permanentes o no
permanentes. 5. Microcuencas. 6. Zonas de fragilidad ecológica. 7.
Bosques (relictos y fragmentos). 8. Corredores biológicos. 9. Ecosistemas
estratégicos. 10. Áreas naturales protegidas. 11. Áreas de valor
Paisajístico.

En el caso de Ríos y Quebradas, la delimitación se fundamenta en
condiciones naturales, que determinan el suelo de protección, de
acuerdo a lo definido en el Decreto-Ley 2811 de 1974 estipulando la
delimitación por distancias horizontales de 15 m al lado y lado de
quebradas y 30m al lado y lado de ríos, medidos a partir del borde
del cauce, consolidando franjas y rondas de protección de 30m y
60m respectivamente.

(…)” (se resalta).

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Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)
Actor: Isidro Encizo Alarcón
Demandado: Municipio de Armenia
Referencia: Reparación directa

52. Ahora bien, en el artículo 91 ibídem se estableció como usos permitidos en
suelo de protección ambiental, los siguientes: (i) educación ambiental, (ii)
recreación pasiva, (iii) investigación, (iv) eco turismo urbano sostenible, (v)
conectividad y (vi) espacio público natural.

53. Finalmente, en el artículo 93 de esa misma disposición se tuvo como zonas
de especial conservación y protección ambiental, entre otras, la Cuenca
Hidrográfica del Río Quindío.

54. La Sala infiere que el POT 001 del 24 de enero de 1999 y el 019 del 2 de
diciembre de 2009 desarrollaron lo instituido por la Constitución Política de 1991,
la Ley 388 de 1997 y los decretos 2811 de 1974, 1541 de 1978 y 1504 de 1998,
esto es: en el marco de la preservación ecológica, procedió a proteger la cuenca
hidrográfica del Río Quindío, limitando el uso del suelo de los predios privados
que se encontraran alrededor del área de reserva ecológica impidiendo la
construcción de edificaciones en el lugar y destinándolos solo para actividades
de: (i) educación ambiental, (ii) recreación pasiva, (iii) investigación, (iv) eco
turismo urbano sostenible, (v) conectividad y (vi) espacio público natural.

55. Con estas medidas en el parágrafo segundo del artículo 15 del Acuerdo
municipal No. 019 del 2 de diciembre de 2009, se dispuso que aquellos predios
que pertenecían al suelo rural antes de la expedición de ese POT y que
mantenían su vocación de producción agrícola y hubieran sido incluidos al
interior del perímetro urbano por la mentada disposición, continuarían
desarrollando, a decisión propia, su actividad económica productiva.

56. Dicha disposición fue adicionada por el artículo 5 del acuerdo No. 06 del 9
de mayo de 2011, en el siguiente sentido:

“PARÁGRAFO: De conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo 2º del
Artículo 15 del Acuerdo 019 de 2009, y previa solicitud escrita del
propietario, ante la Junta Municipal de Impuestos, dichos inmuebles
ya sean con área construida o lote serán clasificados como
pequeños, medianos o grandes rurales agropecuarios, para lo cual, la
Secretaría de Desarrollo Económico, deberá expedir certificación
en la cual se indique si el contribuyente se encuentra desarrollando la
actividad de acuerdo al censo que define para esta actividad
productiva, y certificación del Departamento Administrativo de Planeación,
en lo referente a las condiciones asignadas en el parágrafo 2 del art 15 del
Acuerdo 019 de 2009”.

57. De acuerdo con las consideraciones precedentes, a juicio de la Sala, con la
expedición del Acuerdo municipal No. 019 del 2 de diciembre de 2009, no se
provocó daño antijurídico alguno al actor, por cuanto, sin perjuicio del cambio del
uso del suelo de rural a urbano, la afectación de los predios ubicados en la

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Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)
Actor: Isidro Encizo Alarcón
Demandado: Municipio de Armenia
Referencia: Reparación directa

cuenca hidrográfica del Río Quindío -entre esos el inmueble objeto de la
discusión- viene desde la expedición del POT No. 001 del 24 de enero de 1999.

58. Ahora, está probado con el peritaje rendido al interior de este proceso por el
señor Alfredo Álvaro López que el predio denominado El Resto Vereda Volcanes
• Finca el Paraíso, identificado con número de matrícula 280-52751 y ficha
catastral 00-03-0000-04729-000, se encuentra inmerso en la zona de protección
ambiental de la cuenca del Río Quindío.

59. Así pues, como en el certificado de tradición de la Oficina de Instrumentos
Públicos de Armenia del 4 de octubre de 2011 se indicó que desde el 10 de abril
de 2003 el señor Isidro Encizo Alarcón es el propietario del inmueble referido
anteriormente, se impone concluir que cuando lo adquirió ya había sido afectado
jurídicamente por el Acuerdo municipal 001 del 24 de enero de 1999, en
consideración a lo referido párrafos atrás.

60. La Sala no puede dejar de considerar que mediante Oficio DP-POT-10-1748
del 12 de abril de 2010 del Departamento Administrativo de Planeación del
municipio de Armenia se indicó que, de acuerdo al POT, contenido en el
Acuerdo municipal No. 019 en cuestión, el predio con cédula catastral 280-
52751 y ficha catastral 00-03-0000-04729-000 de propiedad del señor Isidro
Encizo Alarcón tiene restricción al formar parte de la zona de protección
ambiental del municipio de Armenia, pero que carecía de ficha normativa y, por
tanto, no contempla los usos comerciales establecidos en dichas fichas.

61. En ese mismo oficio se señaló que, de acuerdo con el artículo 91 ibídem los
usos permitidos en suelo de protección ambiental son de conocimiento,
conservación y protección y aprovechamiento sostenible para: (i) educación
ambiental, (ii) recreación pasiva, (iii) investigación, (iv) eco turismo urbano
sostenible, (v) conectividad y (vi) espacio público natural. Así se sostuvo:

“Armenia abril 12 de 2010

Asunto: Solicitud información de uso del suelo.
Ref.: Su oficio radicado 05 de abril de 2010 y consecutivo 10-1573.
Cordial saludo,

En atención a su solicitud de ‘expedir certificado de uso de suelo rural para
el predio el paraíso ubicado en la vereda volcanes del municipio de
Armenia, Matricula Inmobiliaria No. 280-52751, Ficha Catastral No. 00-03-
0000-0429-000, Propietario: Isidro Encizo Alarcón; Que integre: usos
limitados, permitidos y prohibidos de acuerdo al componente rural del POT'
le informamos que una vez revisada la normatividad contenida en el
Acuerdo 019 de 2009 (POT / 2009-2023), nos permitimos informarle que el
predio-objeto de su solicitud hace parte de la zona urbana del municipio de
Armenia, y se encuentra en ZONA DE PROTECCIÓN ambiental tal y

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Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)
Actor: Isidro Encizo Alarcón
Demandado: Municipio de Armenia
Referencia: Reparación directa

como se observa en el plano anexo; por esta situación, el mismo carece
de ficha normativa y por lo tanto, no contempla los usos comerciales
establecidos en dichas fichas.

En el Artículo 91 del Acuerdo 019 de 2009 se menciona lo siguiente:
"USOS PERMITIDOS EN SUELO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. Los
usos permitidos son de conocimiento, conservación y protección
aprovechamiento sostenible para:

1. Educación ambiental
2. Recreación pasiva.
3. Investigación.
4. Eco Turismo Urbano Sostenible
5. Conectividad
6. Espacio público natural

Las zonas de protección se consolidarán con un área mínima de 30 m en
zonas de rondas de quebradas.

Las áreas que se encuentran en el sector de influencia como bosques
(relictos, fragmentos, corredores,) se conservarán como suelo de
protección y se agruparan a través de los 3 corredores de conservación,
definidos en el palan de ordenación y manejo de las microcuencas
urbanas, y adoptado por la Estructura Ecológica Principal del componente
urbano del P.OT.

En los dos primeros años posteriores o la adopción del presente P.O.T, el
municipio expedirá previa concertación con la C.R.Q, la Norma Ambiental
Urbano, la cual será el instrumento de regulación fundamental en materia
de vocaciones, usos, tratamientos y tipos de intervenciones, sobre las
microcuencas urbanas y su área de influencia, la cual garantizará la
consolidación del suelo de protección, reglamentando su uso y
aprovechamiento sostenible, y además, definirá los proyectos estratégicos
ambientales a ejecutarse en esta áreas y la implementación del modelo de
ocupación. Se adoptarán los planos de corredores biológicos de
conservación, retiro de borde ambiental por modelo de ocupación y la
zonificación de microcuencas urbanas, como soporte y determinantes el
posterior proceso reglamentario.

Sn embargo, en el artículo 25 del mismo acuerdo se menciona:
‘DEFINICIÓN SUELO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Está constituido por
las zonas y áreas de terrenos localizados en Suelo Urbano, Suelo Rural, o
Suelo de Expansión Urbana, que por sus características geográficas,
paisajísticas o ambientales; o por formar parte de las zonas de utilidad
pública para la ubicación de infraestructuras para lo provisión de servicios
públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable
para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la
posibilidad de urbanizarse.

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Actor: Isidro Encizo Alarcón
Demandado: Municipio de Armenia
Referencia: Reparación directa

62. Para la Sala, si bien en el referido oficio se señaló que el predio del actor
está afectado con la declaratoria de suelo de protección al encontrarse en una
zona de riesgo -río- y que las actividades que allí pueden realizarse son las
establecidas en el artículo 91 del Acuerdo municipal No. 019 del 2 de diciembre
de 2009, lo cierto es que ese documento fue expedido en virtud de una petición
de “información de uso del suelo” radicada el 5 de abril de 2010 ante el
Departamento Administrativo de Planeación. Esto quiere decir que no fue
expedida en el marco del procedimiento establecido en el parágrafo segundo del
artículo 15 del Acuerdo municipal en mención No. 019, adicionado por el artículo
5 del Acuerdo No. 06 del 9 de mayo de 2011, en el que se dispuso que, previa
solicitud escrita del propietario, ante la Junta Municipal de Impuestos, los predios
que en virtud del mentado acuerdo municipal No. 019, hubieran sido cambiados
en el uso de su suelo de rural a urbano, podrían “clasificarse como pequeños,
medianos o grandes rurales agropecuarios” previa expedición de certificación de
la Secretaría de Desarrollo Económico, en la que indique si el contribuyente se

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Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)
Actor: Isidro Encizo Alarcón
Demandado: Municipio de Armenia
Referencia: Reparación directa

encuentra desarrollando la actividad de acuerdo al censo que se define para
esta actividad productiva.

63. Entonces, no puede asegurar el actor que con la expedición del Acuerdo
municipal No. 019 del 2 de diciembre de 2009 se le irrogó un daño que no
estaba en la obligación de soportar al haberse cambiado el uso del suelo de su
bien inmueble de rural a urbano, en la medida en que con ello se le impidió
continuar desarrollando su actividad económica agrícola, puesto que, por un
lado, la vocación agrícola de esos inmueble se conserva y se permite el
aprovechamiento económico por los propietarios de los predios, a la luz de lo
previsto -se itera- en el parágrafo segundo del artículo 15 del Acuerdo municipal
019 del 2 diciembre de 2009, adicionado por el artículo 5 del Acuerdo No. 06 del
9 de mayo de 2011 y, por el otro, porque no se demostró que el actor hubiera
agotado el trámite respectivo a efectos de poder seguir ejerciendo su actividad
económica.

64. Hasta este punto, se concluye que previo a que el actor adquiera el predio
en cuestión -año 2003- el mismo ya había sido afectado jurídicamente por medio
del Acuerdo municipal 001 del 24 de enero de 1999, y que conforme al Acuerdo
019 del 2 de diciembre de 2009, la vocación preveía agrícola de ese bien se
conserva y se permite su aprovechamiento económico, incluso, para educación
ambiental, recreación pasiva, investigación, eco turismo urbano sostenible,
conectividad y espacio público natural, previo el trámite establecido en el artículo
5 del Acuerdo No. 06 del 9 de mayo de 2011, el cual -se insiste- no se demostró
haya agotado el actor.

65. Al lado de lo anterior, se tiene que una posible reducción en los negocios y la
actividad económica del actor no depende, única y exclusivamente de que el uso
del suelo de su predio hubiera cambiado de rural a urbano, puesto que dicho
comportamiento se encuentra determinado por numerosas y diversas variables,
asociadas a iguales y numerosos factores, determinados, entre otros, por
preferencias de consumo agrícola, precios al consumidor, por solo citar unos de
muchos elementos, aspectos todos ellos que no permiten elaborar un juicio de
responsabilidad como el que se reclama en este proceso.

66. Aunado a lo anterior, no puede perder de vista la Sala un punto de suma
importancia referente a los métodos de valoración de una actividad económica,
que consisten en: (i) informes contables (métodos de balance), (ii) indicadores o
cuenta de resultados, (iii) los mixtos o del Goodwill, (iv) de descuento de flujos
futuros, (v) de creación de valor y, (v) los de valoración de opciones reales, los
cuales parten de la situación de real de la actividad económica o de una
empresa, tal como lo es si está en normal funcionamiento, si presenta resultados
negativos o si es antigua o recién creada, etc.

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Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)
Actor: Isidro Encizo Alarcón
Demandado: Municipio de Armenia
Referencia: Reparación directa

67. En conclusión, brilló por su ausencia un balance contable amparado por las
normas del Plan General de Contabilidad, que lleve a la convicción de esta Sala
que, en efecto, tal cambio fue lo que llevó a las bajas económicas de su
actividad agrícola y que reflejara un posible escenario de pérdida que amerite un
juicio indemnizatorio

68. Incluso, la parte actora allegó los avalúos comerciales A077-1020 y Al139-
1121, con los cuales pretende demostrar la imposibilidad de realizar proyectos
agroindustriales a futuro en el predio en cuestión y por lo cual también reclama
indemnización, lo que denota un hecho incierto, eventual e hipotético y no una
situación consolidada que haya producido un perjuicio cierto y verificable; menos
aún, cuando nuestro ordenamiento jurídico no protege las expectativas de
destinación que una persona pueda tener sobre su propiedad, sino los títulos y
derechos que efectivamente se hubiesen incorporado al patrimonio de los
propietarios

69. Con todo, resulta forzoso concluir que el hecho de que se hubiera cambiado
el uso del suelo de rural a urbano del predio de la parte demandante no implica
que se hubiera suprimido o restringido de manera anormal, más allá de los fines
que le son inherentes, sus derechos a la libertad económica y de empresa y con
estos, el de propiedad en función de los bienes que destinó para la explotación
económica de la finca El Paraíso, como tampoco se probó que se tratara de una
medida excesiva, anormal, especial o singular desde el punto de vista de la
función social del derecho de propiedad, que diera lugar a una indemnización a
su favor, en los términos en que se dejaron indicados anteriormente.

70. Se precisa, además, que tal declaratoria no niega al actor la posibilidad de
ejercer otras actividades diferentes a la agrícola, pues como se dijo también lo
puede destinar a la educación ambiental, recreación pasiva, investigación, eco
turismo urbano sostenible, conectividad y espacio público natural.

71. De acuerdo con lo anterior, si bien está acreditada una afectación al
derecho de dominio, pues existe es una limitación al uso del suelo que se
predica desde mucho antes de la expedición del Acuerdo municipal No. 019 del
2 de diciembre de 2009 -al cual se le endilgó el daño-, la misma se encuentra
comprendida en la función social y ecológica de la propiedad y por eso debe ser
soportada por el particular, quien al no padecer un vaciamiento de su derecho de
propiedad, ni la frustración de un proyecto económico como producto de la
decisión administrativa, no fue sometido a un daño especial que deba ser
indemnizado.

20
Folios 60 a 106 del cuaderno 1.
21
Folios 107 a 158 del cuaderno 1.

19

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Actor: Isidro Encizo Alarcón
Demandado: Municipio de Armenia
Referencia: Reparación directa

72. De otra parte, con la demanda inicial se solicitó una indemnización por
concepto de la pérdida de las construcciones existentes en el predio en cuestión
destinadas a la actividad agroindustrial y, en consecuencia, la reducción del
valor comercial del inmueble.

73. Al respecto, encuentra probado la Sala en el expediente que, mediante auto
de apertura de investigación 003 del 19 de febrero de 2009 22 la Subdirección del
Departamento Administrativo de Planeación – Inspección de Control Urbano
inició una investigación en contra del señor Isidro Encizo Alarcón en calidad de
propietario de la finca El Paraíso, por cuanto en zona de protección ambiental y
sin la respectiva licencia adelantó la construcción de viviendas, establos,
estructura de acero, así como para el desvío del cauce del Río Quindío, la cual
culminó con la imposición de una multa al infractor por la suma de $30’000.000,
al confesar la comisión de la infracción.

74. En ese orden, para la Sala no es dable acceder al reconocimiento de
indemnización alguna por este concepto, cuando, por un lado, desde el Acuerdo
municipal 001 del 24 de enero de 1999 existía la imposibilidad de construir en
los predios afectados como zonas de protección ambiental y, por el otro, cuando
el actor fue sancionado administrativamente al causar un daño ambiental con el
adelanto de las construcciones por las que ahora reclama una indemnización y
porque también lo hizo sin contar con las respectivas licencias de construcción.

75. En ese mismo sentido, la Sala se pronunciara en relación con la
desvalorización del terreno, pues para acreditar este daño se practicó experticia
pericial al predio al interior del proceso de la referencia por parte del perito
evaluador Alfredo Álvarez López23, quien, para el efecto, tuvo en cuenta las
construcciones existentes en el bien inmueble, tales como dos edificaciones de
casa principal, vivienda auxiliar, vivienda mayordomo, dos edificaciones que
consta de 18 pesebreras, bodega para establos, bodega deshidratador, bodega
almacenaje ensilado, bodega lombricultivo, tanque lixiviados, construcciones
auxiliares. A las cuales se les dio una edad de 7 años -casas, pesebreras y
construcciones auxiliares- y de 2 años -bodegas-.

76. Es decir, el avalúo del predio partió de la edificaciones de casa principal,
vivienda auxiliar, vivienda mayordomo, las pesebreras y bodegas allí
construidas, cuando lo ciertos es que las mismas no estaban permitidas al punto
que se realizaron sin la respectiva licencia de construcción, razón por la cual
por medio de apertura de investigación 003 del 19 de febrero de 2009 24 la
Subdirección del Departamento Administrativo de Planeación – Inspección de
Control Urbano inició una investigación en contra del señor Isidro Encizo Alarcón

22
Folios 359 a 364 del cuaderno 2.
23
Folios 398 a 419 del cuaderno 2.
24
Folios 359 a 364 del cuaderno 2.

20

Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)
Actor: Isidro Encizo Alarcón
Demandado: Municipio de Armenia
Referencia: Reparación directa

quien fue sancionado con multa al encontrarlo responsable de la comisión de la
infracción.

77. De manera que no es dable acceder al reconocimiento de una
indemnización por una presunta desvalorización del predio en cuestión a partir
de un dictamen pericial referido anteriormente, pues en el mismo no se tuvo en
cuenta el factor que tales construcciones no estaban permitidas en el predio por
ser zona de protección ambiental y que se realizaron sin la respectiva licencia.

78. Además, en ese dictamen se indicó que el predio contaba con servidumbres
que influían directamente en el valor del bien inmueble.

79. Así las cosas, considera la Sala que el avalúo comercial debió centrarse
precisamente en la desvalorización como consecuencia de la afectación
ambiental pero tuvo en cuenta factores generales -construcciones ilegales,
servidumbres, etc.-, cuando lo determinante era realizar una comparación del
valor comercial del bien antes de la expedición del Acuerdo municipal 019 del 2
de diciembre de 2009 y con posterioridad al mismo y teniendo en cuenta lo dicho
dos párrafos atrás

80. En ese orden de ideas, al verificar la falta de coherencia del citado dictamen
en relación con las condiciones del predio y lo relacionado con la afectación
jurídica, se colige que no tiene el mérito para conferir certeza sobre los hechos
que se pretenden probar y, bajo ese escenario, no se encuentra acreditado el
daño alegado referente a la desvalorización del predio El Paraíso.

81. En todo caso, según lo ha señalado está Corporación, la sola disminución en
el valor de un bien como consecuencia de la adopción de una medida legítima
del Estado dirigida a la protección del medio ambiente y mediante la cual se
limite o fijen restricciones para el uso del suelo en el que se halla, con
independencia de su monto, no constituye un supuesto que por sí solo permita
evidenciar la existencia de un daño antijurídico en cabeza de su propietario 25.

82. Por consiguiente, como no se probó la configuración de un daño antijurídico
susceptible de ser indemnizado, se impone revocar la sentencia apelada y, en
consecuencia, negar las súplicas de la demanda.

Costas

83. Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las
partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas (artículo 171 del C.C.A.,
subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998).

25
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado , Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 19 de febrero de 2021, exp: 63.087. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

21

Radicación: 63001-23-31-000-2012-00004-01 (61.402)
Actor: Isidro Encizo Alarcón
Demandado: Municipio de Armenia
Referencia: Reparación directa

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 17 de noviembre de 2017 proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío; en consecuencia, NEGAR las pretensiones
de la demanda, de conformidad con los motivos expuestos en esta providencia

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE
el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a
la derecha.

VF

22

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