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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00485-00

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00485-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por Rosa Meris Caicedo Ávila y otros en contra del Tribunal Administrativo del Cesar. 23 En sentencia T-024 de 2024, la Corte Constitucional en sede de revisión entró a estudiar de fondo la aplicación de los criterios establecidos en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, en dónde señaló que «debido a la variación en el precedente aplicable, a los demandantes en los procesos de reparación directa se les debe permitir contar con una oportunidad procesal para manifestarse frente al cambio de precedente, para proteger su derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de manera que cuenten con la posibilidad material de argüir en el proceso contencioso administrativo» 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Rosa Meris Caicedo Ávila y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar Radicado: 11001-03-15-000-2024-00485-00 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00485-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

18 de abril de 2024

Demandantes: Rosa Meris Caicedo Ávila y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00485-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00485-00
Demandantes: ROSA MERIS CAICEDO ÁVILA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Temas: Tutela contra providencia judicial. Caducidad – Reparación
Directa – caso por grave violación a los derechos humanos -
delito de lesa humanidad. Niega amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la acción de tutela de la referencia, de conformidad
con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021 y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo

La señora Rosa Meris Caicedo Ávila y otros1, por intermedio de apoderado
judicial, instauraron acción de tutela el 2 de febrero de 2024, con el fin de
reclamar el amparo de sus derechos fundamentales «al debido proceso, derecho
a la igualdad y a la reparación integral».

Las mencionadas garantías las consideró transgredidas con la sentencia de 18
de enero de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cesar
confirmó el fallo de 22 de abril de 2022, proferido por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, en el que se declaró la
caducidad de la acción del medio de control de reparación directa, identificado

1 La parte actora está comprendida por: Rosa Meris Caicedo Ávila, Yamid Caicedo Ávila, Jesús

Gabriel Caicedo Ávila, Yolima Caicedo Ávila, Jolvi Caicedo Ávila, Gloria Emilse Caicedo Ávila,
Yanides Caicedo Ávila y Haichel Caicedo Ávila.
1
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Demandantes: Rosa Meris Caicedo Ávila y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00485-00

con el número de radicado 20001-33-33-001-2020-00119-00/01 que promovió la
parte actora contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional.

1.2. Pretensión

La parte actora solicitó:

PRIMERO: solicitó a esta Alta Corporación, con el debido respeto, la
revocatoria de las decisiones proferidas por las autoridades accionadas, que
declararon probada la caducidad de la acción propuesta por el juzgado primero
administrativo del circuito de Valledupar y confirmada por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR.

SEGUNDO: Se de aplicación a la normativa actual al momento de presentación
de la Conciliación ante la procuraduría 185 asuntos administrativos, para el mes
de diciembre de 2019, dada la línea de argumentación transcrita por el
apoderado, que tiene como fundamento los principios de legalidad y confianza
legítima, así como el mandato de tutela judicial efectiva. corte Constitucional
en sede de revisión y mediante sentencia de unificación No.167 de 2023
del 18 de mayo de 2023. (concepto ministerio público exp.20001-23-33-000-
2018-00094-02-(69.329). de fecha enero 17 de 2024.

TERCERO: Se protejan los derechos fundamentales de los demandantes,
accionantes, se de aplicación al concepto de la procuraduría delegada, Corte
Constitucional en sede de revisión y mediante sentencia de unificación
No.167 de 2023 del 18 de mayo de 2023. (concepto ministerio publico
exp.20001-23-33-000-2018-00094-02-(69.329). de fecha enero 17 de 2024. y
se dicte un auto de mejor proveer; donde los accionantes puedan argumentar
y plantear del porque no demandaron dentro del término. Dada la violación al
debido proceso y acceso a la justicia, reparación integral, para los casos
específicos de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “Falsos positivos”.
Así como lo establece el artículo 624 del CGP establece reglas para aplicar los
cambios legislativos.2

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes presupuestos que, a juicio
de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

El 14 de septiembre de 2010, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Valledupar
declaró a un grupo de 21 integrantes del Ejército Nacional de Colombia

2 Transcripción con posibles errores ortográficos, mayúsculas sostenidas y negrillas del texto

original.
2
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Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
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responsables del delito de homicidio en persona protegida, en concurso
homogéneo sucesivo por retener ilegalmente y ejecutar extrajudicialmente a un
grupo de jóvenes del departamento del Cesar.

El señor Johan Caicedo Ávila junto con otros dos compañeros fueron víctimas
de las actuaciones de los miembros del Ejército en la vereda Santa Tirsa,
corregimiento de Villa Germania, Valledupar.

La víctima pertenecía a un hogar conformado por sus padres y 9 hermanos,
además de 17 sobrinos, entre los cuales pendía un lazo de solidaridad y unidad,
generando una afectación con su muerte.

Con el fin de declarar administrativamente y patrimonialmente responsable a la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional de la muerte del
señor Johan Caiceo Ávila, el 6 de febrero de 2019, en cumplimiento del requisito
de procedibilidad del medio de control de reparación directa, se radicó la solicitud
de conciliación y, el 10 de febrero de 2020, se llevó a cabo audiencia de
conciliación ante la Procuraduría 185 Judicial I para Asuntos Administrativos de
Valledupar, la cual fue declarada fallida.

El 22 de abril de 2022, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Valledupar3 mediante sentencia, manifestó que la interposición de la demanda
había ocurrido de forma extemporánea y que, por ende, operó la caducidad4 del
medio de control de reparación directa.

El 18 de enero de 2024, el Tribunal Administrativo del Cesar, en segunda
instancia confirmó la providencia del 22 de abril de 2022, mediante el cual se
declaró la caducidad de la acción.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La señora Rosa Meris Caicedo Ávila y otros consideraron que las autoridades
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y a la reparación integral, con ocasión de la providencia proferida por el

3 Proceso identificado con el número de radicado 20-001-33-33-001-2020-00119-00/01.
4 En el presente caso, para contar la caducidad, se partió de la fecha en la que fue proferida la

sentencia de segunda instancia en el proceso penal que condenó a los miembros del Ejército
Nacional de Colombia implicados en la muerte de la víctima, es decir, el fallo que fue proferido
por el Tribunal Superior de Valledupar el 13 de junio de 2011.
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Tribunal Administrativo del Cesar, en el que confirmó el fallo de 22 de abril de
2022 del Juzgado Primero Administrativo de Valledupar, mediante el cual se
declaró la caducidad de la acción del medio de control de reparación directa.

Alegó que el Tribunal Administrativo del Cesar al dar aplicación a la sentencia de
unificación del 29 de enero de 20205 impidió que se protegieran los principios de
seguridad jurídica y confianza legítima, pues los demandantes confiaron en los
términos de imprescriptibilidad establecidos para la fecha de presentación de la
conciliación extrajudicial, presentada el 6 de febrero de 2019 y la demanda
radicada el día 11 de agosto de 20206.

De igual manera, en relación con el desconocimiento del precedente en el que
presuntamente incurrió juez de conocimiento, manifestó que la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020 ha llevado a que existan diferentes tesis
jurídicas en relación con la imprescriptibilidad de la acción, por lo que se ve
obstaculizado el acceso a la administración de justicia.

Por lo tanto, señaló que, en relación con el término de caducidad de dos años
del medio de control de reparación directa, este no puede ser estudiado de
manera inflexible o rígido, «pues en ocasiones, dadas las circunstancias
particulares del caso, pueden admitirse ciertas flexibilizaciones, necesarias para
garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia y la reparación
integral de las víctimas».

Asimismo, que la aplicación retrospectiva de este fallo proferido por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado generó un cambio
de precedente en el que da a lugar a afectaciones a las reglas aplicables en
procesos judiciales que estén en trámite, generando una desconfianza legítima
y desconocimiento de derechos fundamentales.

Señaló que, en virtud del concepto No. 10 de 2024 de la Procuraduría Delegada
de Intervención 6: Primera ante el Consejo de Estado de 17 de enero de 20237
se considera que el artículo 146 numeral 2 literal h) de la Ley 1437 de 2011

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,

sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, expediente 61.033.
6 Según aplicativo Samai.
7 Concepto dado en el proceso identificado con el número de radicación 20001-23-33-000-

2018-00094-02 de fecha de 17 de enero de 2024.
4
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admite una excepción cuando se demanda la reparación por hechos materia de
delitos de lesa humanidad «cuyo juzgamiento en materia de reparación no está
sometido a la regla general de la caducidad, pues existe una norma del ius
cogens según la cual el paso del tiempo no impide el acceso a la administración
de justicia para solicitar la reparación integral de los daños generados por tales
actos inhumanos».

Por último, pese a que la parte actora enunció la violación al debido proceso con
relación a la configuración de un defecto procedimental absoluto, lo cierto es que
este yerro no fue desarrollado en la solicitud de amparo.

1.5. Trámite de la tutela

Por auto del 6 de febrero de 2024, el ponente de esta decisión admitió la solicitud
de amparo. En consecuencia, ordenó notificar a los demandantes y al Tribunal
Administrativo del Cesar, como autoridad judicial accionada.

Como tercero con interés, se vinculó: (i) al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Valledupar [autoridad que conoció en primera instancia el
medio de control de reparación directa objeto de debate] y (ii) a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional [parte demandada en el
proceso ordinario], para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en la
presente acción dentro del término de dos (2) días contados a partir de la fecha
de recibo de la correspondiente notificación.

Mediante auto de 27 de febrero de 2024 se ordenó vincular en calidad de
terceros con interés a los demás demandantes del proceso ordinario, esto es a:
Gonzalo Caicedo Camargo, Charith Yanine Orellano Caicedo, Yeliza Saray
Caicedo Bolívar, Marilenis Ester Zuñiga Caicedo, Yomir Estailin Caicedo Ávila,
Sheydys Zúñiga Caicedo, Yurleidis Indabur Caicedo, Ilse Indabur Caicedo Ávila,
Noelly Indabur Caicedo, Carlos Duban Ortiz Caicedo, Néstor Carlos Ortiz
Caicedo, Jordany Ortiz Caicedo, Gloria Estephany Ortiz Caicedo, Kyssys Beatriz
Cubillos Caicedo, Jair Cubillos Caicedo, Jhonnier Enrique Orellano Caicedo,
Katherine Sofia Zuñia Caicedo y Juliana Ortiz Caicedo.

De igual forma, se ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que
realizara una publicación en la página web de la corporación, con la información
de la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados.

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1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentó la siguiente
contestación:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Cesar

El presidente del Tribunal Administrativo del Cesar allegó contestación de la
demanda y explicó que no es posible dar aplicación a la sentencia SU-254 de
2023 proferida por la Corte Constitucional, debido a que el ámbito de aplicación
de esta providencia judicial está íntimamente arraigado a las personas que han
sido víctimas de desplazamiento forzado y pretenden el resarcimiento de los
perjuicios ocasionados.

Por tal razón, mencionó que en la demanda del medio de control de reparación
directa, a lo que se hizo referencia en el sustento fáctico y en las pretensiones
están orientados a la desaparición forzada, por lo que «el término de caducidad
debe contarse desde la aparición de la víctima, o en su defecto desde la
ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que
la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que
ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición».

Por último, remitió expediente del proceso de radicado 20001-33-33-001-2020-
00119-01.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo del Cesar. Lo
anterior de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de
2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

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2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por los accionantes, por
parte del Tribunal Administrativo del Cesar, con ocasión de la sentencia proferida
en segunda instancia el 18 de enero de 2024, que fue la providencia que puso
fin al proceso ordinario.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva, (iii)
la generalidad del defecto alegado y; (iv) el caso en concreto.

2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20128
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema9.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de
la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales10.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados
hasta el momento jurisprudencialmente».

8 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE

TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñada.
10 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
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Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 11, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia Constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por H. la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022,
en cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito,
así:

(…) 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…)

Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante
constitucionalmente pues, conforme con los argumentos esgrimidos en el
escrito de tutela, se trata de la presunta lesión de varios derechos fundamentales
y en particular de la garantía de acceso a la administración de justicia, ante la
posible configuración del defecto de desconocimiento del precedente.

En este orden de ideas, resulta pertinente destacar que la parte actora expuso
las razones por las cuales considera que el Tribunal Administrativo del Cesar

11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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incurrió en un vicio judicial debido a la caducidad declarada.

Dado que, como lo manifestó en la petición de amparo, señaló que es menester
el estudio de los efectos de la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020,
al no haber sido claramente establecidos, por lo que ha llevado a que existan
diferentes posturas jurídicas al respecto12. Así pues, la parte actora remarcó que
la sentencia de unificación del Consejo de Estado, se encaminó a abrir las
siguientes visiones jurídicas; «de un lado, se podría decir que la decisión solo
aplica a los procesos iniciados con la posterioridad al fallo de unificación –
efectos prospectivos -, como lo considera el juez de tutela de segunda instancia;
de otro lado, que la providencia aplica desde el momento que fue proferida, eso
es, a los casos que se encontraban en curso y a los iniciados luego de la
sentencia de unificación – efecto retrospectivos».

De modo que, manifestó que los cambios de precedente afectan la confianza
legítima, derivando en un desconocimiento de los derechos fundamentales de
aquellos que buscan acceder a la administración de justicia.

En este orden de ideas, se insiste en que se acreditaron los criterios fijados por
la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el
requisito de relevancia Constitucional, en atención a que estamos en presencia
de una posible trasgresión de las garantías Constitucionales de los tutelantes,
cuya controversia no se enfocó en un debate de orden de contenido legal o
económico, sino que se justificó en una notoria tensión entre las garantías
invocadas y la decisión judicial objeto de reproche, por lo que la Sala superará
esta causal referente al yerro en mención.

2.4.2. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, se
tiene que la parte accionante no cuenta con otro mecanismo distinto a la tutela
para conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarles
a sus derechos fundamentales frente al cargo que se fundó en el
desconocimiento del precedente.

12 El accionante citó como sentencias la decisión de la Sección Segunda del Consejo de Estado

en sede de tutela de 22 de julio de 2021, donde planteó la tesis de solo se debe aplicar hacia el
futuro la sentencia de unificación y la decisión en sede de impugnación de la Sección Tercera
del Consejo de Estado de 27 de septiembre de 2021, dónde indicó que se debe aplicar la regla
de unificación sin distinción para los casos que se encuentran en trámite.
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Esto, toda vez que, contra la providencia proferida y ejecutoriada del Tribunal del
Cesar, que puso fin al proceso, no procede ningún recurso y que los cargos
arriba señalados no se encuadran en las causales de procedencia de los
recursos extraordinarios de revisión ni de unificación de jurisprudencia.

2.4.3. Ahora, en el presente asunto se cumple el requisito de inmediatez, pues
la decisión en cuestión se notificó mediante correo electrónico el 22 de enero de
2024, mientras que la acción de tutela fue radicada el 2 de febrero de 2024, es
decir que, sin hacer alusión a la fecha de la ejecutoria, el mecanismo se presentó
dentro de los seis meses que esta Sección considera como plazo prudencial para
acudir a esta instancia constitucional.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 13, en
la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200514, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencias judiciales y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con estas.

2.4.4. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que
la providencia que controvierte la parte actora fue proferida dentro del proceso
de reparación directa.

Por todo lo anterior, la Sala procederá a realizar el análisis de los defectos
alegados, al encontrar acreditados los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial.

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto

en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
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Demandantes: Rosa Meris Caicedo Ávila y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00485-00

2.5. De las generalidades de los defectos alegados

2.5.1. Referente al desconocimiento del precedente, resulta importante
precisar la posición de la Sala sobre el concepto de precedente, el cual se
sintetiza en los siguientes términos:

[…] es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que
debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud
en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi
constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado
sentido15

Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos16 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la
cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia
en donde se especifique una regla o subregla de derecho para que aquella sea
considerada como precedente. También se considera que constituyen
precedente las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas
tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.

Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las Altas Cortes cuando actúan como órganos de cierre, encuentra
su fundamento en la jerarquía del juez, a sus funciones asignadas por la norma
superior y a la garantía de los principios de igualdad y seguridad jurídica, así
como, en la coherencia del ordenamiento jurídico.

2.6. Caso concreto

Como viene de explicarse, los accionantes controvierten la providencia de 18 de
enero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del
proceso de reparación directa N.º 20001-33-33-001-2020-00119-00/01, que
confirmó la decisión de primera instancia que declaró la caducidad del medio de
control, al considerar que se incurrió en el yerro por desconocimiento del
precedente.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19

de febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
16 Entre otras ver sentencia de 6 de mayo de 2021; expediente 11001-03-15-000-2021-0281-01.

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Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00485-00

Ahora bien, resulta pertinente recordar que el cargo de la solicitud de amparo se
podría resumir en la indebida implementación de la sentencia de unificación de
29 de enero de 2020, dictada por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, así como el desconocimiento del criterio contenido en el concepto No.
010 del 202417 de 17 de enero de 2024 emitido por la Procuraduría de
Intervención 6: Primera ante el Consejo de Estado en la que explicó que el
artículo 148 numeral 2 literal h de la Ley 1437 de 2011 admite una excepción
cuando se demanda la reparación directa por hechos materia de delitos de lesa
humanidad, en aplicación de postulados del derecho internacional con categoría
ius cogens, de los cuales se deriva que estos asuntos pueden ser juzgados en
cualquier tiempo.

Aclarado lo anterior, resulta pertinente recordar que la autoridad judicial
accionada concluyó, con fundamento en la sentencia de unificación de 29 de
enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado18, que era viable
aplicar el literal “i” del numeral 2.º del artículo 164 del CPACA, en virtud de lo
manifestado mediante sentencia SU-312 de 2020, en la que indicó:

Al respecto, este Tribunal evidencia que el establecimiento del término de
caducidad para pretender por vía judicial la reparación de los menoscabos
patrimoniales causados por el Estado con ocasión de un delito de lesa
humanidad, un crimen de guerra o genocidio no representa una afectación del
derecho al acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos
humanos con el fin de obtener una compensación por el daño padecido,
porque:

(i) Los interesados en la reparación patrimonial cuentan con un plazo razonable
de dos años para acudir al aparato jurisdiccional y satisfacer sus pretensiones,
el cual no se cuenta necesariamente desde el momento del daño que origina
el perjuicio, sino que solo se inicia a contabilizar el afectado tenga conocimiento
de que el menoscabo fue causado por el Estado y se encuentra en la capacidad
material de imputarle el mismo ante el aparato jurisdiccional.

(…)

En este orden de ideas, como lo puso de presente el Pleno de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en su condición de órgano de cierre de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la Sentencia del 29 de enero

17 Dentro del proceso con número de radicado 20001-23-33-000-2018-00094-02 de fecha de 17

de enero de 2024.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena,

sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, expediente 61.033.
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de 2020, la Corte considera que no es necesario extender la figura de
imprescriptibilidad que se predica de acción penal frente a los delitos de lesa
humanidad al estudio de la caducidad del medio de control de reparación
directa para asegurar los derechos de las víctimas, puesto que, además de
tratarse de instituciones jurídicas con características y lógicas diferentes, el
término legal establecido para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo integra un criterio asimilable al que lleva inmerso dicha figura
aplicable a la persecución penal, el cual busca ponderar los principios en
tensión, estos son, la seguridad jurídica y el mandato de justicia. (Énfasis de la
Sala)

En efecto, el tribunal encontró que la fecha del conocimiento del daño fue desde
el 13 de junio de 2013; puesto que debe contarse a partir del fallo de segunda
instancia que confirmó la responsabilidad penal de los militares en el homicidio
del joven Caicedo Ávila, lo que le permitió colegir que tanto la solicitud de
conciliación prejudicial presentada el 6 de febrero de 2019, como el medio de
control de reparación directa radicado en el año 2020 eran extemporáneos.

Asimismo, es relevante resaltar que a pesar de que la parte actora afirma que la
caducidad no opera en los casos donde se discute la responsabilidad del estado
por hechos ocurridos en el marco del conflicto armado interno, la autoridad
judicial accionada señaló el deber de acatamiento de la sentencia de unificación
jurisprudencial proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado el 29 de enero de 2020, con el fin de buscar el «orden a preservar la
seguridad jurídica, el criterio uniforme en asuntos de derecho de iguales
contornos fácticos o principio de unidad del ordenamiento jurídico»

Esto, en razón de que la determinación no se considera arbitraria, ni desborda
su autonomía judicial, toda vez que tuvo en cuenta la normativa 19 y la

19 “Artículo 164 del CPACA. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser

presentada: (…) 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(…) i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u
omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del
mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en
la fecha de su ocurrencia. (…)”
Asimismo, hizo alusión a la normatividad que regula el error jurisdiccional así: “(…) artículo 66
de la Ley 270 de 1996, el error jurisdiccional debe ser analizado dentro de los parámetros de la
autonomía funcional del juez, por lo que “[…] la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse
dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido
proceso, (…)”. En otras palabras, afirmó que el error jurisdiccional debe enmarcarse en los
mismos presupuestos que la jurisprudencia definió como “vía de hecho”, figura que, a raíz de la
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jurisprudencia vigente20, donde cabe destacar que el estudio que realiza esta
Sala como juez constitucional, para determinar los defectos alegados, se enfoca
en establecer si se presentó una valoración irracional de las pruebas aportadas,
de los preceptos legales o de lo dispuesto por el órgano de cierre; y no busca
imponer un concepto o una interpretación propia, ya que de llegar a esa
resolución se usurparía la competencia del funcionario natural de la causa y en
particular de la Sección especializada en la materia, como lo es la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

Dicha decisión es acorde con la posición unificada plasmada en la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020 proferida en el expediente con radicado
interno N.º 61.033 y no desconoce que el asunto que se iba someter a estudio
por la jurisdicción contenciosa buscaba la declaración de responsabilidad
administrativa de la Nación por un caso de graves violaciones de derechos
humanos, contrario a ello, pondera tal circunstancia y resolvió implementar la
posición unificada dispuesta por el máximo órgano de la jurisdicción contenciosa.

Siendo relevante señalar que, la regla general para la aplicación de la sentencia
de unificación de 29 de enero de 2020 en el tiempo es la retrospectividad, el cual
implica que la nueva regla del precedente solo se encuentra en situaciones
jurídicas en tránsito de ejecución21. Lo que quiere decir que tiene aplicación
dentro del caso en que se está resolviendo y, en los casos con similitud fáctica,
por lo que genera efectos inmediatos frente a los procesos que se encuentran
en curso22.

De tal razón que, en el estudio del caso se encuentra que, dentro del proceso
ordinario, el accionante debió exponer a fondo los argumentos en relación con el

evolución de la doctrina constitucional, dio paso a las causales específicas de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales.”
20 Consejo de Estado, XXX. Sentencia de unificación del XXX. Rad. 61.033.
21 La sentencia T-024-24 en relación con los efectos de la sentencia de 29 de enero de 2020 se

refirió «Como se concluye de lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido la
tesis según la cual las reglas de unificación establecidas en la sentencia de unificación
jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, en
principio, generan efectos generales e inmediatos frente a los procesos que se encontraran en
curso para ese momento»,
22 En sentencia SU-167 de 2013 la Corte Constitucional dispuso «la jurisprudencia constitucional

ha sostenido que, por regla general, los precedentes judiciales de las altas cortes tienen efectos
inmediatos y son de obligatorio obedecimiento por los operadores jurídicos y las partes
involucradas en un proceso en curso, aun si incorporan cambios importantes en la compresión
de un determinado problema jurídico.»
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cambio de postura sobre la caducidad del medio de control, con el fin de que el
juez de conocimiento llevara un estudio de acuerdo con las reglas del precedente
judicial. Motivo por el cual, se considera que no se vulneraron sus derechos
fundamentales a la defensa y al debido proceso23.

Por todo lo anterior, como la autoridad judicial accionada motivó su decisión en
una sentencia de unificación, que analizó los alcances del literal i del numeral 2.º
del artículo 164 del CPACA y las tesis encontradas de la Sección Tercera del
Consejo de Estado frente a la caducidad por daños derivados de graves
violaciones a los derechos humanos y por delitos de lesa humanidad, y en la que
se concluyó que sí era aplicable tal norma, se considera que la providencia
controvertida no es restrictiva ni mucho menos trasgresora de un derecho
fundamental, como lo plantean los tutelantes, ya que atiente a la obligatoriedad
del uso del precedente, lo que implica que el proveído aquí cuestionado es
razonado, acertado y dentro de los límites de su autonomía judicial.

2.7. Conclusión

Así las cosas, la Sala negará la solicitud de amparo invocada por la señora Rosa
Meris Caicedo Ávila y otros en contra del Tribunal Administrativo del Cesar, al no
encontrarse configurada la vulneración de sus derechos fundamentales.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

3. FALLA:

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por Rosa Meris Caicedo Ávila
y otros en contra del Tribunal Administrativo del Cesar.

23 En sentencia T-024 de 2024, la Corte Constitucional en sede de revisión entró a estudiar de

fondo la aplicación de los criterios establecidos en la sentencia de unificación de 29 de enero de
2020, en dónde señaló que «debido a la variación en el precedente aplicable, a los demandantes
en los procesos de reparación directa se les debe permitir contar con una oportunidad procesal
para manifestarse frente al cambio de precedente, para proteger su derecho al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia, de manera que cuenten con la posibilidad material de
argüir en el proceso contencioso administrativo»
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Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Default.aspx

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