RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2024 › Radicado 20001-23-33-000-2018-00094-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-33-000-2018-00094-02

Fecha
10 de octubre de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-33-000-2018-00094-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia anticipada proferida el 11 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo del Cesar. 2°) Condénase en costas de la segunda instancia a la parte actora en favor de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, tásense de manera concentrada por el tribunal de primera instancia. 3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 20001-23-33-000-2018-00094-02

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

10 de octubre de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 20001-23-33-000-2018-00094-02 (69.329)
Actor: CAROLINA MAESTRE ARIAS Y OTROS
Demandados: LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – LEY 1437 DE 2011
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – OMISIÓN DE
PROTECCIÓN - CADUCIDAD

Síntesis del caso: se reclaman perjuicios por la muerte del señor Julio César Carrillo
Maestre ocasionada por miembros de grupos ilegales el 16 de febrero de 1991 en la
Vereda Antiguo Dos, corregimiento de Pueblo Bello (Cesar).

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra
de la sentencia anticipada proferida el 11 de agosto de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Cesar (Samai – índice 02, ed. 23 y 25), mediante la cual se
dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de CADUCIDAD,
por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente”
(Samai -índice 2, ed. 23 – mayúsculas sostenidas del original).

2

Expediente 20001-23-33-000-2018-00094-02 (69.329)
Actor: Carolina Maestre Arias y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

I. ANTECEDENTES
1. La demanda1

Mediante escrito presentado el 26 de febrero de 2018, los señores Carolina
Maestre Arias, Glendys Carolina Carrillo Maestre, Yorgi Luz Carrillo Maestre,
Éduar Enrique Carrillo Maestre, Isidro Rafael Carrillo Maestre, Elkin Daniel
Carrillo Maestre, Sixta Esther Carrillo Maestre, Órland Javier Carrillo Maestre,
Vikys Soledad Carrillo Maestre, Evélides Inés Carrillo Maestre, Eliécer Adul
Carrillo Maestre, Álder José Carrillo Maestre, Imelda Perfecta Carrillo
Maestre, Eugenio Leopoldo Carrillo Maestre y José Anibal Sarmiento Maestre
presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional (Samai – índice 02, ed. 04, fls. 1 a 35, 117y
136 a 172) con las siguientes pretensiones:

“1. NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO
NACIONAL, son Administrativamente responsables de los
perjuicios materiales, morales y daño en familia, causados a los
señores: CAROLINA MAESTRE ARIAS (Madre de la Víctima);
GLENDYS CAROLINA CARRILLO MAESTRE (Hermana de la
Victima); YORGI LUZ CARRILLO MAESTRE (Hermana de la
víctima); EDUAR ENRIQUE CARRILLO MAESTRE (Hermano de
la víctima); ISIDRO RAFAELCARRILLO MAESTRE (Hermano de
la víctima); ELKIN DANIEL CARRILLO MAESTRE (Hermano de
la víctima); SIXTA ESTHER CARRILLO MAESTRE (Hermana de
la víctima); ORLAND JAVIER CARRILLO MAESTRE (Hermano
de la víctima); VIKYS SOLEDAD CARRILLO MAESTRE
(Hermana); EVELIDES INES CARRILLO MAESTRE (Hermana de
la víctima); ELIECER ADUL CARRILLO MAESTRE (Hermano de
la víctima); ELDER JOSÉ CARRILLO MAESTRE (Hermano de la
víctima); IMELDA PERFECTA CARRILLO MAESTRE (Hermana
de la víctima); EUGENIO LEOPOLDO CARRILLO MAESTRE
(Hermano de la víctima); JOSÉ ANIBAL SARMIENTO MAESTRE
(Hermano de la víctima), por falla o falta de servicio de la
administración que produjo como consecuencia la muerte selectiva
del señor: JULIO CESAR CARRILIO MAESTRE (Q.E.P.D), en
hechos ocurridos el día 16 de Febrero de 1791 en la vereda antiguo
dos, corregimiento Pueblo Bello, jurisdicción del Cesar.

2. Condenar en consecuencia a la NACION - MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL, como reparación
del daño ocasionado a pagar a los actores, o a quien represente
legalmente sus derechos, los perjuicios de orden material y moral
objetivados actuales y futuros los cuales se estiman como mínimo
en la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN

1 El 18 de diciembre de 2018, la parte actora presentó corrección y aclaración de la demanda

en lo referente al hecho segundo del libelo, la cual fue admitida el 11 de septiembre de 2019
y se ordenaron los traslados de rigor (Samai – índice 2, ed 04, fl. 136 y ed. 05, fl. 230).

3

Expediente 20001-23-33-000-2018-00094-02 (69.329)
Actor: Carolina Maestre Arias y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L.
($3.471.891.991.00), o conforme a lo que resulte probado dentro de
la conciliación (sic).

3. La condena respectiva será actualizada de conformidad con el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y se reconocerán los intereses
legales desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta cuando
se le dé cabal cumplimiento a la sentencia que le ponga fin al
proceso o hasta cuando quede ejecutoriado el fallo que le dé fin al
proceso (…).” (Samai – índice 02, ed. 04, fls. 1 a 35, 136 a 172 –
negrillas y mayúsculas sostenidas del original).

2 Hechos

Como fundamento fáctico se narró, en síntesis, lo siguiente:

1) El señor Julio César Carrillo Maestre era un indígena kankuamo que residía
junto con su familia en el resguardo de Atanquez, jurisdicción del municipio de
Valledupar (Cesar); el 16 de febrero de 1991 fue ultimado en presencia de sus
parientes por grupos al margen de la ley en la vereda “Antiguo Dos”,
corregimiento “Pueblo Bello” (Cesar).

2) La muerte de la víctima y de otros indígenas fue causada por la omisión
del Ejército Nacional de brindar protección y seguridad a los habitantes de
dicho resguardo frente a las amenazas y homicidios de que eran objeto por
parte de grupos armados ilegales; la madre del occiso y otros habitantes del
lugar habían solicitado previamente protección y denunciado esos desmanes
ante la Fiscalía General de la Nación y la alcaldía de Valledupar, sin embargo,
la entidad demandada fue negligente frente a esas peticiones y alertas
tempranas, lo cual ocasionó, entre otras consecuencia, el deceso violento de
la víctima.

3) Como consecuencia de esos hechos, los familiares del occiso sufrieron
desplazamiento forzado, pues, tuvieron que abandonar su lugar de residencia
y trasladarse a otros lugares, lejos de su entorno cultural, familiar y laboral,
circunstancia que les ha causado graves perjuicios.

4) El Juzgado Sexto Especializado de Bogotá condenó a los militares Hernán
Mejía, Pastor Ruíz Mahecha, Aureliano Quejada y Efraín Andrade Perea por

4

Expediente 20001-23-33-000-2018-00094-02 (69.329)
Actor: Carolina Maestre Arias y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

múltiples homicidios, entre ellos, el del señor Julio César Carrillo Maestre.

3.Trámite de la primera instancia

1) La demanda fue admitida el 8 de noviembre de 2018 por el Tribunal
Administrativo del Cesar, quien ordenó notificar al Ministerio Público, al
representante legal de la entidad demandada y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado (Samai – índice 02, ed. 04, fls. 135).

2) La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional replicó los hechos,
se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de
“caducidad”, “excepción de existencia de políticas gubernamentales frente a la
reparación por desplazamiento forzado”, “hecho de un tercero” e “innominada”
y, como razones de la defensa expuso, principalmente: i) que la acción de
reparación directa se encuentra caducada, porque la demanda por la omisión
de protección y el desplazamiento forzado se presentó por fuera del plazo legal
sin que los demandantes hubieren acreditado que estaban imposibilitados
para acudir a la jurisdicción, ii) que los daños reclamados no le son imputables
a la entidad demandada porque fueron cometidos por un tercero y tampoco
se demostró que se le hubieren solicitado, previamente, que brindara
protección especial a las víctimas (Samai – índice 02, ed. 05, fls. 185 a 211).

3) La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

4) El 4 de marzo de 2021, el tribunal negó la excepción previa de caducidad
por considerar, en síntesis, que como el homicidio del señor Julio César
Carrillo Mestre era un delito de lesa humanidad porque era un acto sistemático
y dirigido, entre otros, contra un miembro que pertenecía a la etnia indígena
kankuama; aunque la parte demandada apeló dicha decisión, el 7 de diciembre
de 2021 el Consejo de Estado negó dicho recurso por improcedente (Samai –
índice 02, ed. 6, fls. 244 a 246; índices 06 y 38).

5) En la audiencia inicial celebrada el 14 de junio de 2022, el tribunal determinó
que dictaría sentencia anticipada porque era factible pronunciarse
nuevamente sobre la caducidad del medio de control de reparación directa,

5

Expediente 20001-23-33-000-2018-00094-02 (69.329)
Actor: Carolina Maestre Arias y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

toda vez que en la decisión que profirió el 4 de marzo de 2021 no tuvo en
cuenta la sentencia de unificación que profirió el Consejo de Estado sobre la
materia; por consiguiente, corrió traslado a las partes para alegaciones finales
y al Ministerio Público para que emitiera concepto, por el término común de
diez (10) días; en sus respectivas alegaciones y concepto, la entidad
demandada y el colaborador fiscal, respectivamente, coincidieron en que la
demanda se presentó por fuera del plazo legal con fundamento en las
sentencias de unificación proferida el 29 de enero de 2020 por la Sala Plena
de la Sección Tercera del Consejo de Estado y SU-254 de 24 de abril de 2013
emitida por la Corte Constitucional (Samai – índice 02, ed. 19 , 20 y 21).

4. La sentencia apelada

En fallo anticipado de 11 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo del
Cesar declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de
reparación directa y se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida, por
considerar, en síntesis, que con fundamento en la sentencia de unificación
proferida el 29 de enero de 2020 por la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y los enunciados fácticos narrados en la demanda, se
advertía que desde el día de la muerte violenta del señor Julio César Carillo
Maestre ocurrida el 16 de febrero de 1991, los actores tenían certeza del daño
y de que este era imputable a la entidad demandada, sumado al hecho de que
estos tampoco acreditaron la existencia de alguna circunstancia especial que
les hubiese impedido presentar oportunamente la demanda; por consiguiente,
como el término de caducidad fenecía el 17 de febrero de 1993 y la solicitud
de conciliación extrajudicial se presentó el 22 de septiembre de 2017, se había
configurado la caducidad del medio de control de reparación directa.

Respecto del desplazamiento forzado de los actores, el fallo precisó que en el
libelo introductorio no se reclamaban perjuicios por ese hecho y que tampoco
obraba en el expediente ningún elemento de convicción que demostrara su
ocurrencia, por tanto, que no era posible aplicar las reglas de caducidad
establecidas sobre esa materia (Samai – índice 02, ed. 23).

6

Expediente 20001-23-33-000-2018-00094-02 (69.329)
Actor: Carolina Maestre Arias y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

5. El recurso de apelación

La parte demandante solicita que se revoque la demanda y se acceda a las
pretensiones de la demanda por considerar, en síntesis, que la entidad
demandada es responsable porque incurrió en falla del servicio debido a que
no adoptó medidas de protección adecuadas para evitar o prevenir la muerte
de la víctima ocurrida el 16 de febrero de 1991 en la zona rural del municipio
de Valledupar (Cesar).

Respecto del desplazamiento forzado, el recurso no se refirió a dicho hecho ni
formuló ningún cuestionamiento sobre el particular (Samai – índice 02, ed, 25).

6. Actuación surtida en segunda instancia

1) El 3 de mayo de 2023 se admitió el recurso de apelación y se ordenó
notificar al Ministerio Público, no se decretaron pruebas ni se solicitaron dentro
del término de ejecutoria de dicho proveído (Samai – índices 04 y 12).

2) Por su parte, la vista fiscal conceptuó que era necesario requerir a la parte
demandante para que exponga las razones por las cuales si la víctima fue
ejecutada el 16 de febrero de 1991 porqué razón presentó la demanda antes
del año 2018. No obstante, si los actores insisten en los argumentos expuestos
en la alzada, se solicita que se confirme el fallo del tribunal por existir
caducidad del medio de control interpuesto, toda vez que desde esa fecha los
demandantes ya tenían conocimiento del daño y que era imputable al Estado
(Samai – índice 11).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido
a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y
anuncio de la decisión, 2) análisis de la caducidad de la acción, 3) conclusión
y, 4) condena en costas.

7

Expediente 20001-23-33-000-2018-00094-02 (69.329)
Actor: Carolina Maestre Arias y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

En los precisos términos del recurso, corresponde a la Sala determinar si en
el presente caso la entidad demandada es patrimonialmente responsable por
omisión de la muerte violenta del señor Julio César Carrillo Maestre ocurrida
el 16 de febrero de 1991 en la vereda “Antiguo Dos” corregimiento “Pueblo
Bello” (Cesar) y que fue perpetrada por grupos al margen de la ley; precisa la
Sala que en la impugnación no se reclama ni cuestiona nada en relación con
el supuesto desplazamiento forzado de los actores, circunstancia por la cual
como dicho aspecto no hace parte del recurso, no hay lugar a hacer ningún
pronunciamiento sobre este.

La sentencia de primera instancia será confirmada, debido a que se evidencia
la presentación extemporánea de la demanda como consecuencia de la
supuesta, omisión en que incurrió la entidad demandada con ocasión de la
muerte de la víctima, motivo por el cual no hay lugar a analizar y decidir el
fondo y mérito del asunto.

2. Caducidad

1) Con el fin de establecer si la reclamación por la muerte de la víctima se
presentó oportunamente es preciso señalar que, según la demanda, este
hecho tuvo lugar el 16 de febrero de 1991, es decir, antes de la entrada en
vigor de la Ley 1437 de 2011.

2) En ese sentido, en aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 2, la
normativa aplicable para realizar el cómputo de la caducidad en este caso es
la vigente para el tiempo en que el respectivo término la caducidad empezó a
correr, esto es, el numeral 8 del artículo 136 del CCA que preceptuaba lo
siguiente:

2 El artículo 40 de la Ley 153 de 1887 dispone: “Las leyes concernientes a la sustanciación y

ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben
empezar a regir. // Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas,
las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a
correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las
leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron
las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones (…)”.

8

Expediente 20001-23-33-000-2018-00094-02 (69.329)
Actor: Carolina Maestre Arias y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

“Artículo 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES (…).

8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos
(2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del
hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena
por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

3) Definido ese aspecto, en el libelo introductorio se relata que el 16 de febrero
de 1991 el señor Julio César Carrillo Maestre fue ultimado en presencia de los
actores y vecinos por grupos al margen de la ley en hechos ocurridos en la
vereda “Antiguo Dos”, corregimiento “Pueblo Bello” (Cesar), deceso que se
encuentra acreditado con el respectivo registro civil de defunción de la víctima
(Samai índice 02, ed. 04, fl. 51); de igual manera, la parte actora imputa ese
daño a la entidad demandada porque no le brindó seguridad y protección al
perjudicado pese a las peticiones y denuncias que en ese sentido previamente
presentó su madre a las autoridades correspondientes, lo cual denota, por un
lado, que los demandantes tuvieron conocimiento pleno de ese reprochable
hecho desde el momento mismo en que dicho homicidio se produjo y, de otro,
que ese daño era imputable al Ejército Nacional, por tanto, es claro que la
demanda, en principio, debió ser formulada dentro de los dos (2) años
siguientes a la fecha del óbito.

4) En ese sentido, es necesario reiterar que la Sala Plena de esta Sección
mediante sentencia de 29 de enero de 20203 unificó su jurisprudencia y precisó
que en relación con la caducidad del medio de control de reparación directa
formulada con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de
guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaración de
responsabilidad patrimonial del Estado, resultan aplicables las reglas de
caducidad previstas para la reparación directa, criterio este avalado por la
Corte Constitucional en sede de revisión de tutela en la sentencia SU-312 del
13 de agosto de 20204.

5) Puntualmente, la Sección Tercera del Consejo de Estado en dicha
providencia estableció que para calcular el término de caducidad de las

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de enero de 2020,
expediente no. 61.033, MP Marta Nubia Velásquez Rico.
4 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.

9

Expediente 20001-23-33-000-2018-00094-02 (69.329)
Actor: Carolina Maestre Arias y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

pretensiones indemnizatorias derivadas de los delitos de lesa humanidad,
crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pretenda la
declaración de responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado, se
deben observar las siguientes subreglas:

a) El término de caducidad establecido por el legislador se computa desde
cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por
acción u omisión del Estado en la producción del daño y advirtieron la
posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial.

b) La contabilización de ese plazo para las pretensiones indemnizatorias
derivadas del delito de desaparición forzada se sujeta a la regulación legal
expresa prevista para el efecto.

c) Ese lapso no se aplica cuando se adviertan situaciones que hubiesen
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción, de suerte que, una
vez superadas aquellas empezará a correr el término de ley, dado que para
tales efectos no resulta determinante la situación causante del daño sino la
condición particular de quien acude a la administración de justicia.

6) En ese orden de ideas, la Sala encuentra que aunque la parte demandante
tuvo conocimiento inmediato de la muerte de la víctima y de que ese daño era
imputable a la entidad demandada porque omitió protegerla, tampoco alegó ni
acreditó con la demanda o en el recurso ninguna situación material que le
hubiese impedido acudir a esta jurisdicción para presentar la correspondiente
demanda por el daño alegado, esto es, no hay elemento de juicio ni tampoco
fue aportado o solicitado por la actora en la alzada que permita considerar,
válida y fundadamente, que los demandantes se encontraban en una situación
material de carácter particular, especial y grave que les impidiese presentar
oportunamente la respectiva demanda de reparación directa, pues, aunque en
la demanda adujeron que sufrieron desplazamiento forzado, tampoco alegaron
o demostraron que por esta situación no pudieron reclamar perjuicios por la
muerte de su pariente dentro del término legal, más aún cuando se ha dicho
que esta circunstancia no constituye, por sí misma, un justificación válida para
encontrar configurada la imposibilidad material de acudir a esta jurisdicción en

10

Expediente 20001-23-33-000-2018-00094-02 (69.329)
Actor: Carolina Maestre Arias y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

tanto la administración de justicia opera a nivel nacional y el derecho de acción
se puede ejercer aún en situaciones irregulares5.

7) De otra parte, insiste la Sala que los actores tuvieron conocimiento
inmediato de la muerte de su pariente en tanto que ellos mismos refieren en la
demanda que presenciaron directamente los hechos, como también de la
responsabilidad de la entidad demandada debido que la progenitora de la
víctima presentó previamente peticiones de protección al municipio de
Valledupar y denunció los desafueros que los grupos armados ilegales venían
cometiendo en el resguardo, pero, sin que el Ejército Nacional adoptara las
correspondientes medidas de protección frente a esas las alertas tempranas y
poder evitar la muerte de su hijo y la de otros vecinos del aludido resguardo
indígena ((Samai – índice 02, ed. 04, fls. 1 a 35, y 136 a 172).

8) Finalmente, en el libelo introductorio se afirma de manera general que el
Juzgado Sexto Penal Especializado de Bogotá condenó a los militares Hernán
Mejía, Pastor Ruíz Mahecha, Aureliano Quejada y Efraín Andrade Perea por
múltiples homicidios que cometieron en ese lugar, entre ellos, el del señor
Julio César Carrillo Maestre; aunque dicha pieza procesal no se aportó el
proceso por la parte actora, el Procurador 47 Judicial II de Valledupar que
intervino en la primera instancia allegó la sentencia de 6 de septiembre de
2013 proferida por ese despacho judicial en la cual se advierte que no se
condenó a los precitados por el homicidio de la víctima sino por el delito de
concierto para delinquir agravado.

De ahí que tampoco es posible aceptar que a partir de la fecha de expedición
de dicho fallo los actores se enteraron de la participación de la entidad
demandada en el deceso de su familiar, pues, esa providencia ni siquiera se
refiere tangencialmente a esa circunstancia, por cuanto no se advierte por
ninguna parte que los supuestos fácticos que dieron lugar a la condena de los
uniformados tenían alguna relación o conexidad material con la muerte del
prenombrado, sumado al hecho de que los demandantes estaban advertidos
de la supuesta responsabilidad del Ejército Nacional desde que presentaron

5 Auto de 18 de noviembre de 2021, proceso no. 2019-03150-01 (67.078), MP Fredy Ibarra

Martínez.

11

Expediente 20001-23-33-000-2018-00094-02 (69.329)
Actor: Carolina Maestre Arias y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

las peticiones de protección ante las autoridades enunciadas con antelación
(Samai – índice 02, ed. 20).

Lo anterior sin perjuicio de que en estos eventos insiste la Sala que la
caducidad de la acción no puede contabilizarse desde la ejecutoria de la
sentencia penal, pues, tal como lo estableció esta Sección en la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020, el derecho de acción debe ejercitarse aun
cuando se estime que el resultado del proceso penal tiene la suficiencia para
determinar el sentido del fallo de responsabilidad patrimonial del Estado y,
luego, una vez el proceso tramitado ante esta jurisdicción se encuentre para
dictar sentencia corresponde a la parte actora solicitar la suspensión del
proceso llevado ante esta jurisdicción por prejudicialidad para que el juez de
la causa defina si este una relación de dependencia o si pude fallar el asunto
sin esperar la condena penal.

9) Por consiguiente, dado que el deceso de la víctima ocurrió el 16 de febrero
de 1991, los actores tenían plazo para demandar hasta el 17 de febrero 1993;
en consecuencia, como la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó el 22
de septiembre de 2017 y la demanda el 26 de febrero de 2018, es claro que
se configuró la caducidad de la acción de reparación directa de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 136-8 del CCA (Samai – índice 02, ed. 04, fls.
1 a 35, 113 a 117).

Fenómeno que también se configura aún si se toma la fecha de inscripción
del deceso de la víctima señalada en el registro civil de defunción (18 de
septiembre de 2008), pues, aunque se desconocen las razones por las cuáles
ese registro se hizo en forma tardía, la parte actora no adujo ninguna
circunstancia especial relacionada con dicha demora ni tampoco que ello le
hubiese impedido tener conocimiento inmediato del hecho dañoso, ni de la
responsabilidad de la entidad demandada, ni de acudir en forma oportuna a
esta jurisdicción.

10) Finalmente, aunque el Ministerio Público solicitó que se aplique el criterio

12

Expediente 20001-23-33-000-2018-00094-02 (69.329)
Actor: Carolina Maestre Arias y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-167 de 20236 relativo a
readecuar el trámite para brindar a las partes la oportunidad de ajustarse a la
nuevas cargas y oportunidades procesales que brinda la mencionada
sentencia de unificación proferida por esta Sección en materia de caducidad,
la Sala no encuentra necesario ni procedente acudir a ese procedimiento
porque los actores tuvieron conocimiento cierto y directo de la muerte de su
pariente desde la fecha de su ocurrencia y también que dicho daño era
imputable a la supuestas omisiones de la entidad demandada, sin perjuicio de
que en ninguna de las oportunidades procesales esgrimieron alguna situación
especial, anormal y grave que les impidiese demandar ni tampoco en la alzada
solicitaron o allegaron elementos de convicción que permitiera establecer que
ignoraban o que se enteraron del referido hecho con posterioridad, de modo
que ello implicase contabilizar el aludido término a partir de otras datas, más
aún cuando el fallo de primera instancia apelado se profirió con posterioridad
a la expedición de la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, razón
por la cual en el recurso de apelación los interesados pudieron haber solicitado
la aplicación de la regla de unificación.

11) Por consiguiente, no hay lugar a decidir de fondo la controversia porque
se configuró caducidad del medio de control judicial de reparación directa
ejercido con la demanda, en consecuencia, se confirmará el fallo apelado.

3. Conclusión

Como la demanda se presentó cuando el medio de control judicial de
reparación directa ya había caducado se impone confirmar la sentencia
apelada que declaró probada dicha excepción.

4. Condena en costas

En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 3) del CGP,
como se desestimó el recurso de apelación de la parte demandante, esta
asumirá las costas procesales de la segunda instancia, las cuales deberán ser

6Sentencia del 18 de mayo de 2023, expediente no. expediente T-8.473.096, MP Diana
Fajardo Rivera.

13

Expediente 20001-23-33-000-2018-00094-02 (69.329)
Actor: Carolina Maestre Arias y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

liquidadas en forma concentrada por el tribunal de primera instancia de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia anticipada proferida el 11 de agosto de 2022 por
el Tribunal Administrativo del Cesar.

2°) Condénase en costas de la segunda instancia a la parte actora en favor
de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, tásense de manera
concentrada por el tribunal de primera instancia.

3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Con aclaración de voto

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.