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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05636-00

Fecha
6 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05636-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en atención a las consideraciones planteadas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05636-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

6 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., seis (06) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05636-00
Accionante: Diógenes Moisés Yuseff Contrera
Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro1
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro de proceso de reparación directa. Desplazamiento forzado -
Caducidad medio de control / DECLARA IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento
de requisito de relevancia constitucional – Se pretende emplear la acción de tutela
como una instancia adicional al proceso ordinario y reproches carecen de carga
argumentativa.

Surtido el trámite de ley2, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 18 de octubre de 2024 el señor Diógenes Moisés Yuseff Contrera, a través de
apoderado judicial, promovió acción de tutela contra el Juzgado Primero
Administrativo de Riohacha y el Tribunal Administrativo de La Guajira, con el fin de
que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
reparación integral.

2.
Solicitó que se dejaran sin efectos las sentencias de 22 de septiembre de 2023 y
19 de junio de 2024 emitidas dentro del proceso de reparación directa3 instaurado,
junto con su familia4, contra la Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional –
Ejército Nacional y Policía Nacional, encaminado a obtener el reconocimiento de los

1 Juzgado Primero Administrativo de Riohacha.
2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
3 Expediente 44001-33-40-001-2017-00146-01.
4 Conformada por sus menores hijos Jassan Moisés y Natalia Zuria Yuseff Pinedo y Jassan Yuseff Maquiuth y

su esposa Catalina María Pinedo Torres.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05636-00
Accionante: Diógenes Moisés Yuseff Contrera
Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro

perjuicios causados por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas el 17 de
julio de 20075.

3.
En la providencia de 19 de junio de 2024 el Tribunal Administrativo de La Guajira
confirmó la decisión adoptada el 22 de septiembre de 2023 por el Juzgado Primero
Administrativo de Riohacha, que declaró probada de oficio la caducidad del medio
de control. Consideró que no se evidenciaba que desde el 11 de julio de 2007
(cuando ocurrió el hecho victimizante) o incluso desde el 24 siguiente (cuando se
rindió la declaración en la que consta el reasentamiento por el desplazamiento en la
ciudad de Cartagena) existieran obstáculos para que la parte actora acudiera a la
administración de justicia. Presentó la solicitud de conciliación el 9 de noviembre de
2016, esto es, después de más de dos años de las aludidas fechas.

4.
La parte actora sostuvo que se incurrió en desconocimiento del precedente. Se
inobservó la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, vigente
para la fecha en que se promovió el medio de control (año 2017), según la cual los
casos originados en crímenes de lesa humanidad, involucraban un daño continuado,
al converger graves violaciones de derechos humanos, por ende, se podía perseguir
la reparación de los correspondientes agravios en cualquier tiempo, es decir que
esos litigios son imprescriptibles y no están sujetos al fenómeno de caducidad. En
ese sentido, no era factible que se aplicara la sentencia SU-312 de 2020 de la Corte
Constitucional.

5.
También indicó que se desatendió el precedente fijado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca 6 , para decidir asuntos con supuestos fácticos
similares al suyo, y una sentencia en la que el Consejo de Estado7 accedió al amparo
reclamado en una controversia como la que suscitó.

6.
En todo caso, anotó que la Corte Constitucional, en el fallo SU-167 de 2023,
precisó que en las demandas relacionadas con la reparación de daños derivados de
graves violaciones a los derechos humanos, incoadas con antelación a la sentencia
de unificación de 29 de enero de 20208 del Consejo de Estado, el juez antes de
decidirlas, deberá conceder a los demandantes un término para que actualicen sus
argumentos frente a las nuevas reglas jurisprudenciales de la caducidad del medio
de control de reparación directa. Criterio que se acogió en un “auto de mejor proveer”
dictado por la Subsección A, Sección Tercera, del Consejo de Estado, con base en
un concepto del Ministerio Público rendido el 17 de enero de 20249.

5 Se precisa que la parte actora aduce que tal situación ocurrió el 17 de julio de 2007, pero en el Registro Único

de Víctimas se señaló que ello acaeció el día 11 del mismo mes y año.
6 Sentencia de 9 de septiembre de 2022, expediente 11001-33-36-036-2015-00595-01, M. P. Henry Aldemar

Barreto Mogollón.
7 Sentencia de 16 de noviembre de 2023, expediente 11001-03-15-000-2023-05139-00.
8 Expediente 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033).
9 Expediente 20001-23-33-000-2018-00094-02 (69.329).

2

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7.
De igual modo, se configuró defecto fáctico. No se tuvo en cuenta la prueba de
su domicilio en el municipio de Soledad, ni el carácter continuado del desplazamiento
forzado, conforme al artículo 18 de la Ley 387 de 1997, pues exigirle demandar aun
cuando se encontraba en auge el conflicto armado interno, es desconocer la
flexibilidad probatoria y su condición de vulnerabilidad.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

8.
Mediante auto de 22 de octubre de 202410, se admitió la acción de tutela, se
ordenó notificar a las autoridades demandadas y se vinculó a Catalina María Pinedo
Torres, Jassan Juseff Maquiuth, Jassan Moisés y Natali Zuria Yuseff Pinedo, así
como al Ministerio de Defensa – Armada Nacional – Ejército Nacional y Policía
Nacional, en calidad de terceros con interés. De igual modo, se ordenó comunicar la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

(i) Juzgado Primero Administrativo de Riohacha

9.
Afirmó que la decisión judicial que se adoptó en primera instancia, se encuentra
ajustada a derecho con estricto apego del material probatorio obrante en el plenario
y sin que se haya desconocido que los demandantes fueron víctimas del
desplazamiento forzado. Diferente es que se haya acogido la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado, en la que se concluyó
que el fenómeno de caducidad es aplicable a todas las demandas presentadas ante
esta jurisdicción, entre ellas, las que versen sobre conductas constitutivas de delitos
de lesa humanidad. En todo caso, se estudió la continuidad del daño con miras a
establecer si habría lugar a estudiar el fondo del asunto de manera excepcional, pero
dicho análisis arrojó un resultado negativo.

10.
De igual modo, la sentencia de segunda instancia se cimentó en un amplio
razonamiento jurídico probatorio centrado en la configuración de la caducidad en
casos de delitos de lesa humanidad, pero como no fue satisfactoria la decisión para
la parte actora, acude a la tutela como si fuera una tercera instancia para revertir
dicha determinación judicial, lo que está vedado en nuestro sistema jurídico.

(ii) Ministerio de Defensa

11.
Adujo que no se supera el requisito de inmediatez, por cuanto desde cuando el
Tribunal Administrativo de La Guajira profirió la sentencia de segunda instancia
acusada (19 de junio de 2024), hasta cuando el accionante presentó la solicitud de
amparo han transcurrido 4 meses, sin que se exponga alguna razón que justifique
tal mora.

10 Notificado el 24 de octubre de 2024.

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12.
Del mismo modo, se omitió hacer referencia a los defectos en los que
presuntamente incurrieron las autoridades judiciales en las providencias acusadas.
Su argumentación está encaminada a que se revisen las sentencias como si la
presente acción se tratara de una tercera instancia judicial. Se insiste en discusiones
jurídicas y probatorias que ya fueron dilucidadas dentro del proceso de reparación
directa y que no se pueden revivir a través de este trámite constitucional, porque se
desdibujaría su objeto, máxime cuando no se evidencia la afectación constitucional
invocada, sino un desacuerdo de la parte actora con la manera como se decidió el
asunto por resultar desfavorable a sus intereses.

(iii) Policía Nacional

13.
Indicó que las decisiones acusadas se fundamentaron en la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado. En esa medida, aunque
el desplazamiento forzado ocurrido el 17 de julio de 2007 constituye un delito de lesa
humanidad, se debe tener en cuenta la aludida providencia de unificación, que
impone un término para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para
reclamar la correspondiente reparación, y no pretender que transcurridos más de 9
años del acaecimiento de tal hecho no opere el fenómeno jurídico de la caducidad.

II. CONSIDERACIONES

C. Análisis del caso concreto

14. La Sala estima que no se satisface el presupuesto de relevancia constitucional.

La parte actora reitera los reproches expuestos en el proceso ordinario y sobre los
cuales el Tribunal accionado se pronunció, sin que se desplegara argumentación
alguna tendiente a desvirtuar el razonamiento efectuado por dicha Corporación o
advertir que con este se incurre en la afectación constitucional alegada. No es dable
emplear esta tutela como si fuera una tercera instancia del medio de control, con
fundamento en que no está de acuerdo con la providencia acusada.

15. Según lo probado en el proceso ordinario, el 17 de julio de 2007 la parte actora
fue víctima de desplazamiento forzado, el 15 de agosto de ese año fue incluido en
el Registro Único de Víctimas con ocasión de esa situación, el 9 de noviembre de
2016 presentó solicitud de conciliación extrajudicial -cuya constancia fue expedida
el 25 de enero de 2017-, y el 11 de mayo de esa anualidad promovió el medio de
control de reparación directa, con el fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios
que sufrió por el aludido ilícito.

16. El Juzgado Primero Administrativo de Riohacha, mediante sentencia de 22 de

septiembre de 2023, declaró probada de oficio la caducidad del medio de control.
Hizo referencia a la letra i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA y a la sentencia
de unificación de 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado. Como el litigio versaba
sobre la declaración de responsabilidad patrimonial con ocasión del desplazamiento

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forzado que padeció la parte actora, el cual comportaba un delito de lesa humanidad,
se debía establecer si se había configurado un daño continuado. Se determinó que
no se contaba con el suficiente material probatorio que diera cuenta de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Solo se tenía
certeza de que el 24 de julio de 2007 el tutelante presentó su declaración de
desplazamiento en la ciudad de Cartagena y el 15 de agosto de ese año se le incluyó
junto con su núcleo familiar al Registro Único de Víctimas, lo cual no demuestra que
esa situación hubiere perdurado en el tiempo hasta febrero de 2016 cuando
otorgaron poder para ser representados judicialmente para acudir ante la
administración de justicia.

17. Contra la anterior determinación, el extremo activo interpuso recurso de
apelación, con fundamento en que (i) “al momento de presentarse la demanda en el
año 2017, se encontraba vigente el planteamiento realizado en demanda, CRIMEN
DE LESA HUMANIDAD, NO EXISTIA AUN LA SENTENCIA DE UNIFICACION.
Para esa fecha se infiere que el desplazamiento era contemplado como crimen de
LESA HUMANIDAD, el cual era imprescriptible. Reglas que fueron cambiadas en el
curso del proceso por el máximo tribunal de la jurisdicción contenciosa”; (ii) la
situación de desplazamiento no ha sido superada, por cuanto no se ha retornado a
su lugar de origen (corregimiento de Tomarrazon-Riohacha), en este momento,
reside en Soledad (Atlántico)11, lo cual fue indicado en el hecho segundo de la
demanda y no fue objeto de controversia por la parte demandada; y (iii) se debió
aplicar la sentencia de 9 de septiembre de 202212 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

18. Para desatar la apelación, el 19 de junio de 2024 el Tribunal accionado emitió

sentencia, la cual es objeto de censura en estas diligencias, por cuyo conducto
confirmó la determinación adoptada en primera instancia. Se precisó que, (i) de
acuerdo con los pronunciamientos judiciales SU-312 de 2020 y SU-167 de 2023 de
la Corte Constitucional, el fallo de unificación de 29 de enero de 2020 de la Sección
Tercera del Consejo de Estado era de aplicación inmediata, por ende era viable que
se acogieran las reglas jurisprudenciales allí fijadas; y (ii) no se demostró alguna
barrera de acceso a la justicia que retrasara la presentación de la demanda, pues el
hecho de que se establecieran en un lugar distinto al del desplazamiento, no puede
señalarse como un obstáculo de la naturaleza exigida por la jurisprudencia.

19. Con base en lo expuesto, resulta evidente que las inconformidades relativas a

que se debía acoger la jurisprudencia vigente sobre la materia a la fecha de
presentación de la demanda de reparación directa (año 2017) y a que no se tuvo en
cuenta la prueba de que tenía su domicilio en el municipio de Soledad y a que el
desplazamiento forzado era de carácter continuado, fueron abordadas por el
Tribunal accionado, frente a cuyos planteamientos la parte actora no esgrimió

11 Aporta, junto con el escrito de alzada, una certificación expedida el 20 de octubre de 2023 por el inspector

sexto de policía urbana de la alcaldía de Soledad, en la cual consta que el actor reside en ese municipio.
12 Expediente 11001-33-36-036-2015-00595-01.

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motivación alguna tendiente a controvertirlos o a demostrar la afectación
constitucional que de ellos presuntamente se derivaba.

20. Lo anterior, porque el Tribunal accionado no desconoció el carácter de delito de

lesa humanidad que reviste el desplazamiento forzado sufrido por la parte actora ni
su carácter de imprescriptible, diferente es que haya advertido que el 29 de enero
de 2020 el Consejo de Estado había unificado su criterio 13 en torno a la aplicación
del término de 2 años para la configuración de la caducidad en eventos que
involucren graves violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional
humanitario, en tanto la regla de imprescriptibilidad solo era aplicable en juicios
penales cuando se desconocía al presunto autor de la conducta delictiva.

21. Postura que la Corte Constitucional acogió mediante sentencia SU-312 de 2020,

al considerar que era razonable y proporcional desde una perspectiva constitucional
y convencional, incluso en casos en los que el daño que se pretenda reparar sea
causado por un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o genocidio 14. Lo cual
fue reiterado en sentencia SU-167 de 2023, en la que adujo que aquel criterio
resultaba acorde con los mandatos constitucionales y que era “de aplicación
inmediata, pues (…) no se incluyeron precisiones particulares dirigidas a modular
sus efectos temporales”.

22.Por tanto, la mencionada providencia de unificación del Consejo de Estado era
de obligatoria observancia para la autoridad judicial demandada, la cual debía
acoger las reglas jurisprudenciales allí establecidas, como en efecto lo hizo.

23. En este punto es importante precisar que, al referirse a los efectos de las
sentencias de unificación en el tiempo, esta Subsección ha precisado, de
conformidad con las reglas establecidas por el Consejo de Estado 15 y la Corte
Constitucional 16, por regla general, los cambios jurisprudenciales tienen efectos
retrospectivos; por ende, se aplican a todos los casos pendientes de decisión en vía
judicial y administrativa.

24. Por lo anterior, en múltiples fallos de tutela17, esta Corporación ha señalado que

los funcionarios judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al

13 En razón a que antes de la expedición de esa providencia existían dos posturas: la primera, sostenía que el

juzgamiento de la responsabilidad Estatal para este tipo de actos o situaciones no estaba sujeto a un plazo
extintivo y, a contrario sensu, la segunda postura estimaba que así se estuviera ante hechos relacionados con
delitos de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos, era necesario aplicar las reglas generales
de la caducidad del medio de control de reparación directa.
14 Postura que ha sido reiterada en las sentencias: T-044 de 2022, T-210 de 2022, SU-167 de 2023, entre otras.
15 Al respecto, se pueden consultar las siguientes providencias dictadas por esta Corporación: i) Subsección A,

auto del 30 de julio de 2021, Rad.: 66.941 y ii) Sección Primera, sentencia de 29 de abril de 2021, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés Rad.: 2021-01372-00 (AC), entre otras.
16 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, M.P: Paola Andrea

Meneses Mosquera.
17 Ver, entre otros, los siguientes fallos de tutela: (i) sentencia del 1° de octubre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-

2021-05479-00, Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección C; (ii) sentencia del 18 de noviembre de
2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-07060-00, Sección Cuarta del Consejo de Estado; (iii) sentencia del 24 de
mayo de 2021, Rad.11001-03-15-000-2021-02039-00, Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección B;

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momento de resolver el asunto sometido a su consideración, argumento que ha
servido de sustento para descartar la vulneración de derechos fundamentales en
aquellas controversias en las que se alega el desconocimiento del precedente por
no tener en cuenta la jurisprudencia imperante al momento de la presentación de la
demanda o del fallo de primera instancia18.

25. En cuanto a la prueba de su domicilio en el municipio de Soledad y que el
desplazamiento forzado tenía el carácter de continuado, al no haber retornado a su
lugar de origen, el Tribunal demandado anotó que tal circunstancia por sí sola no
comportaba una razón que justificara la mora en acudir a la administración de
justicia.

26. Por consiguiente, si bien el artículo 18 de la Ley 387 de 1997, invocado por el

tutelante, prevé que “La condición de desplazado forzado por la violencia cesa
cuando se logra la consolidación y estabilización socioeconómica, bien sea en su
lugar de origen o en las zonas de reasentamiento”, también lo es que el Tribunal
accionado precisó que las reglas jurisprudenciales fijadas en la sentencia de
unificación de 29 de enero de 202019 no estipula esta situación como justificación
para no acudir de manera oportuna a la administración de justicia, sino que se
evidencien circunstancias que hayan representado un obstáculo para tal efecto, las
cuales no fueron relacionadas por la parte actora.

27. Es decir, el Tribunal accionado esclareció que si bien en la aludida providencia de

unificación el Consejo de Estado indicó que no se aplicaba el término de dos años
cuando se observaran situaciones que hubieren impedido materialmente el ejercicio
del derecho de acción, ello no se ató, en el caso del desplazamiento forzado, al
retorno efectivo al lugar donde se originó el ilícito. Sin embargo, la parte actora

(iv) sentencia del 1° de octubre de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-05479-00, Sección Tercera del Consejo
de Estado, Subsección A.
18 La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido: “Así las cosas, de conformidad con

lo expuesto, para la Sala la providencia del veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019) no incurrió
en un desconocimiento de la jurisprudencia unificada de esta Corporación. Por el contrario, el Tribunal aplicó la
regla de unificación vigente y aplicable al momento de resolver el asunto sometido a su consideración, analizando
la antijuridicidad del daño para encontrar acreditada la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad.
Adicionalmente, debe indicarse que no resultan de recibo los argumentos de la parte actora dirigidos a afirmar
que debió aplicarse la tesis prevista en la sentencia de diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013), radicado
23.354, por ser esa la vigente al momento de presentar la demanda, pues, como lo ha indicado el Consejo de
Estado, por regla general y salvo que de manera expresa se disponga lo contrario, los operadores judiciales
deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de resolver el asunto sometido a su consideración,
a efectos de salvaguardar valores superiores como la igualdad, la seguridad jurídica y la aplicación uniforme e
inmediata del derecho” (sentencia del 25 de agosto de 2022, expediente No. 66.535, M.P. Nicolás Yepes
Corrales).
19 Dichas reglas de unificación son: (i) la regla de caducidad del literal i) de numeral 2 del artículo 164 del CPACA

es aplicable a las acciones de reparación directa en las cuales se pretenda la declaratoria de responsabilidad del
Estado por hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad; (ii) por ende, en principio, el término de caducidad
debe contarse a partir de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, aunque de forma excepcional
pueda computarse desde el momento en que la parte actora advierta sobre la participación del Estado en la
causación del daño, atendiendo a la regla del conocimiento prevista en la norma referida. Con fundamento en lo
anterior, precisó que (iii) esta excepción solo sería procedente cuando el demandante pruebe que, con
posterioridad a la ocurrencia de la acción causante del daño, tuvo conocimiento de la participación del Estado en
su causación, bien sea por acción o por omisión. Si no logra probar lo anterior, se debe dar aplicación a la regla
de la ocurrencia del daño; (iv) finalmente, resaltó que era posible inaplicar totalmente la regla de caducidad
cuando los accionantes prueben que existieron situaciones o circunstancias que obstaculizaron materialmente el
ejercicio de su derecho al acceso a la administración de justicia.

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insiste en esta acción en dichas circunstancias, sin explicar de qué modo aquellas
le representaron un obstáculo para promover la demanda ordinaria, es decir no se
desvirtuó la postura adoptada por el Tribunal.

28. Otro de los argumentos que comparte la alzada interpuesta en sede ordinaria y

el escrito de tutela, es el atinente a la inobservancia de la sentencia de 9 de
septiembre de 2022 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca20, con base en la
cual -a juicio del actor- se debía desatar el litigio por él suscitado. Al respecto, la
Sala evidencia que si bien es cierto que el Tribunal accionado no se pronunció
expresamente sobre ese punto, también lo es que lo allí decidido no constituye de
modo alguno precedente vinculante para dicha autoridad judicial. Se incurre en
desconocimiento del precedente horizontal, cuando la misma autoridad judicial dicta
decisiones contrarias para zanjar controversias similares sin explicación alguna 21,
circunstancia que no se presentó en el sub lite.

29. La parte actora también reprocha la falta de aplicación de una sentencia emitida

el 16 de noviembre de 2023,22 en la cual el Consejo de Estado accedió al amparo
reclamado con fundamento en supuestos fácticos similares a los planteados en este
asunto. Sobre el particular, se tiene que dicha providencia al dictarse en el marco de
una acción de tutela, produce efectos inter partes23 y, en esa medida, no constituye
un criterio vinculante y obligatorio para el Tribunal demandado.

30. En todo caso, en ese trámite constitucional se analizó una sentencia de
reparación directa, en la que se declaró la caducidad del medio de control, porque
se reclamaba el resarcimiento de los perjuicios causados a una mujer líder social
con ocasión a la violencia sexual ocurrida el 8 de abril de 2015, al ataque con ácido
acaecido el 29 de febrero de 2016 y al desplazamiento forzado. Frente a los dos
primeros hechos declaró la caducidad, pues en cuanto al desplazamiento forzado
determinó que se trataba de un daño continuado. En esa medida, se dispuso que no
se podían fragmentar dichas situaciones, por lo que se debía examinar nuevamente
la oportunidad de la demanda ordinaria, con fundamento en “criterios orientadores
que se han fijado para incluir la perspectiva de género en los asuntos que involucran
violencia contra la mujer”, determinación que no se aviene a la situación de la parte
actora.

31. Por último, el accionante indicó que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-

167 de 2023 precisó que en los procesos ordinarios que se promovieran con
antelación a la aludida sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, se debía
conceder a la parte accionante un término para que actualizaran sus argumentos
frente a las nuevas reglas jurisprudenciales de la caducidad del medio de control de
reparación directa. Tal como lo efectuó la Subsección A de Sección Tercera del

20 Expediente 11001-33-36-036-2015-00595-01, M. P. Henry Aldemar Barreto Mogollón.
21 Sentencia T-390 de 2015, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
22 Expediente 11001-03-15-000-2023-05139-00.
23 De conformidad con el numeral 2 del artículo 48 de la Ley 270 de 1996, “Las decisiones judiciales adoptadas

en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo
constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces”.

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Consejo de Estado en “auto de mejor proveer”, con base en el concepto rendido el
17 de enero de 2024 por el Ministerio Público dentro de esas diligencias.

32. Sobre ese aspecto, en la providencia acusada se sostuvo que la referida
actuación no resultaba indispensable en esas diligencias, en la medida en que “(i) la
etapa de alegaciones en segunda instancia se surtió con posterioridad a la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020, con lo cual las partes tuvieran la oportunidad
de ajustar sus argumentos en relación al precedente, oportunidad, que, entre otras
cosas, no utilizó el extremo activo; (ii) igualmente, en la medida en que a diferencia
del caso tratado en la sentencia SU-167 de 2023, las partes tuvieron a su disposición
la posibilidad de solicitar pruebas en segunda instancia, a la luz del artículo 212 del
CPACA, oportunidad de la que tampoco hicieron uso”.

33. Frente a la citada motivación el tutelante en su solicitud de amparo no hizo alusión

alguna, sino que se limitó a insistir en que no se otorgó la aludida oportunidad
procesal, sin controvertir las razones que el Tribunal accionado esgrimió para
justificar la no realización de dicha actuación, lo que a juicio de esta Sala, no
comporta vulneración constitucional alguna, en la medida en que se evidencia que,
en efecto, la etapa de alegaciones y la oportunidad de solicitar pruebas en segunda
instancia tuvo lugar con posterioridad a que la sentencia de unificación de 29 de
enero de 2020 fuera proferida.

34. Se aclara que el actor indica que lo referente a otorgar la oportunidad procesal a

la que alude fue acogido por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante “auto de mejor proveer”, sin embargo no señaló la fecha en que
fue emitida tal providencia, por lo que no fue posible su ubicación, pues consultado
el número de expediente relacionado no se evidencia este tipo de proveído en ese
proceso. Por el contrario, se evidencia que el argumento expuesto por el actor
corresponde al concepto rendido el 17 de enero de 2024 por el Ministerio Público en
esas diligencias.

35. En dicho concepto el Ministerio Público solicitó “requerir a los demandantes para

que un término prudencial exponga los argumentos por los cuales no se presentó la
demanda con anterioridad conforme las nuevas reglas jurisprudenciales”. No
obstante, frente a tal petición, en la sentencia de 10 de octubre de 2024 que decidió
el litigio en segunda instancia, se precisó que no se “encuentra necesario ni
procedente acudir a ese procedimiento porque los actores tuvieron conocimiento
cierto y directo de la muerte de su pariente desde la fecha de su ocurrencia y también
que dicho daño era imputable a la supuestas omisiones de la entidad demandada,
sin perjuicio de que en ninguna de las oportunidades procesales esgrimieron alguna
situación especial, anormal y grave que les impidiese demandar ni tampoco en la
alzada solicitaron o allegaron elementos de convicción que permitiera establecer que
ignoraban o que se enteraron del referido hecho con posterioridad, de modo que ello
implicase contabilizar el aludido término a partir de otras datas, más aún cuando el
fallo de primera instancia apelado se profirió con posterioridad a la expedición de la
sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, razón por la cual en el recurso de

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-05636-00
Accionante: Diógenes Moisés Yuseff Contrera
Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro

apelación los interesados pudieron haber solicitado la aplicación de la regla de
unificación”.

36. Con base en lo anterior, no se evidencia de qué modo se configura un
desconocimiento del precedente, máxime cuando la argumentación invocada
corresponde a un requerimiento del Ministerio Público, que no es vinculante para el
Tribunal accionado, respecto del cual el Consejo de Estado se fundamentó en
similares argumentos a los esbozados por aquella Corporación para justificar la no
realización de tal actuación procesal.

37. En ese orden de ideas, las inconformidades del actor no demuestran afectación

constitucional alguna ni contienen una carga argumentativa suficiente que acredite
algún yerro de índole constitucional que implique vulneración de derechos
fundamentales.

38. Así las cosas, se evidencia que el demandante pretende imponer su tesis frente

al modo en que se debió zanjar el litigio, sin que se acredite que de la manera en
que lo hizo la autoridad accionada comporte algún tipo de arbitrariedad, solamente
porque no comparte la declaración de caducidad del medio de control que promovió,
sin tener en cuenta que la autoridad judicial le explicó la razón por la cual se había
configurado tal fenómeno.

39.
En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo.

40.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Aclaración de voto Salvamento de voto

10

Radicación: 11001-03-15-000-2024-05636-00
Accionante: Diógenes Moisés Yuseff Contrera
Accionado: Tribunal Administrativo de La Guajira y otro

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE24
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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