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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05636-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-05636-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar, DENEGAR el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 38 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05636-01 Actor: DIÓGENES MOISÉS YUSEFF CONTRERA SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-05636-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

27 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05636-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: DIÓGENES MOISÉS YUSEFF CONTRERA

TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA Y, EN SU
LUGAR, SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. SÍ ES PROCEDENTE
LA APLICACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE
REPARACIÓN DIRECTA EN CASOS DERIVADOS DE DELITOS DE LESA
HUMANIDAD. REITERACIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD Y
REPARACIÓN INTEGRAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 6 de diciembre de 2024, mediante la cual la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

declaró improcedente la solicitud de amparo.

1
En adelante la Sección Tercera.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-05636-01
Actor: DIÓGENES MOISÉS YUSEFF CONTRERA

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor DIÓGENES MOISÉS YUSEFF CONTRERA, actuando a

través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la

igualdad y a la reparación integral, los cuales estima vulnerados por

el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

RIOHACHA2 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA3

al haber proferido, respectivamente, las providencias de 22 de

septiembre de 2023 y 19 de junio de 2024, dentro del medio de

control de reparación directa identificado con el número único de

radicación 44001-33-40-001-2017-00146-00.

I.2.- Hechos

Indicó que, junto a la señora CATALINA MARÍA PINEDO TORRES

y sus hijos JASSAN MOISÉS, NATALI ZURIA YUSEFF PINEDO y

2
En adelante el Juzgado.
3
En adelante el Tribunal.

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3

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Actor: DIÓGENES MOISÉS YUSEFF CONTRERA

JASSAN YUSEFF MAQUIUTH el 17 de julio de 2007, fueron

víctimas de delito de desplazamiento y obligados a abandonar su

vivienda ubicada en el corregimiento de Tomarrazón (treinta) del

MUNICIPIO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA.

Manifestó que, junto a su familia, presentaron demanda en ejercicio

del medio de control de reparación directa contra la NACIÓN-

MINISTERIO DE DEFENSA4 -ARMADA NACIONAL, EJÉRCITO

NACIONAL y POLICÍA NACIONAL-, con el fin de obtener el

reconocimiento y pago de los perjuicios y la reparación integral,

ocasionados por el despojo de sus predios y el desplazamiento

forzado del que fueron víctimas.

Mencionó que el proceso fue identificado con el número único de

radicación 44001-33-40-001-2017-00146-00 y le correspondió en

primera instancia al JUZGADO que, mediante sentencia de 22 de

septiembre de 2023, declaró probada la excepción de caducidad.

Aseguró que inconforme con la anterior decisión formuló recurso de

apelación ante el TRIBUNAL que, mediante fallo de 19 de junio de

4
En adelante el Ministerio.

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2024, confirmó la decisión del a quo.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en

desconocimiento del precedente, al apartarse sin justificación del

criterio jurisprudencial vigente en la Sección Tercera del Consejo de

Estado en el año 2017, la cual determinaba que los daños

ocasionados por delitos en los que convergen graves violaciones de

derechos humanos podrían demandarse en cualquier tiempo.

Señaló que, en el estudio de la caducidad en el asunto, se debió

verificar las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraba,

pues al estar en medio del conflicto armado no se tuvo en cuenta las

dificultades del retorno de las víctimas y el trámite de los procesos

administrativos en los que pretendió la indemnización de los daños

ocasionados por la violación de los derechos humanos, razón por la

que el TRIBUNAL accionado debió aplicar un estándar de valoración

probatoria amplio y flexible.

Aseguró que la ilegalidad surge de la aplicación de la sentencia SU-

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312 de 2020, la cual no se encontraba vigente al momento de la

presentación de la demanda, por lo que al exigírsele la aplicación de

los parámetros establecidos en una sentencia que no existía en la

vida jurídica, se vulneraron sus garantías constitucionales.

Agregó que, las autoridades judiciales accionadas vulneraron el

control de convencionalidad, ya que, a su juicio, “[…] existe una

prohibición universal que hace parte IUS COGENS de los delitos que

atentan contra la dignidad humana, por ser violatorios de normas de

derecho internacional, como es EL DESPLAZAMIENTO FORZADO; la

Corte Constitucional ha abordado la relación entre el derecho interno

y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: la obligación

de adelantar el denominado “control de convencionalidad” […]”.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados

como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERO: solicitó a esta Honorable Corporación, con el
debido respeto, la revocatoria de las decisiones proferidas por las
autoridades accionadas, que declararon probada la caducidad de la
acción propuesta por el juzgado Primero administrativo del circuito

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de Riohacha y confirmada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
LA GUAJIRA-SALA TERCERA DE DECISION y en su remplazo se
acceda a las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Se de aplicación a la jurisprudencia actual al momento
de presentación del medio de control de reparación directa por
desplazamiento forzado. El régimen aplicable sobre las
disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación del
medio de control de reparación directa presentada para el año
2017, dada la línea de argumentación transcrita por el apoderado,
de crímenes de lesa humanidad, que tiene como fundamento los
principios de legalidad y confianza legítima, así como el mandato
de tutela judicial efectiva.

Corte Constitucional en sede de revisión y mediante
sentencia de unificación No.167 de 2023 del 18 de mayo de
2023. (concepto ministerio publico exp.20001-23-33-000-2018-
00094-02-(69.329).de fecha enero 17 de 2024.

TERCERO: Se protejan los derechos fundamentales de los
demandantes, accionantes, se de aplicación al concepto de la
procuraduría delegada, Corte Constitucional en sede de revisión
y mediante sentencia de unificación No.167 de 2023+ del 18
de mayo de 2023. (concepto ministerio publico exp.20001-23-
33-000-2018-00094-02-(69.329).de fecha enero 17 de 2024. y se
dicte un auto de mejor proveer; donde los accionantes puedan
argumentar y plantear del porque no demandaron dentro del
término. Dada la violación al debido proceso y acceso a la justicia,
reparación a víctimas de grave violaciones de derechos humanos,
para el caso en estudio.

CUARTO: Solicitar con el respeto acostumbrado dar aplicación a la
normatividad vigente, jurisprudencia, a lo planteado en el acápite
de la demanda en cuanto a la INSPRESCRIPTIBILIDAD de crímenes
de lesa humanidad, al control de convencionalidad, daño
continuado tesis manejada por el Consejo de estado, para la fecha
de presentación del medio de control de reparación directa lo
señalado por la corte Constitucional, concepto de la procuraduría,
y se sirva ordenar readecuar el procedimiento para permitir que las
partes actualizaran sus planteamientos conforme a las nuevas
reglas de Unificación previstas por la Sección Tercera del Consejo
de Estado sobre la materia […]” (Destacado pertenece al texto).

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I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO señaló que la solicitud de amparo debe

denegarse, en tanto la decisión cuestionada se profirió de

conformidad con el material probatorio obrante en el plenario, sin

que se hubieren desconocido las condiciones de desplazamiento

forzado que sufrió el actor y su familia.

Aseguró que, en el asunto se aplicó la posición sostenida por el

Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 29 de enero de

2020, en la que se concluyó que la regla de caducidad es aplicable a

todas las demandas incluidas las que versen sobre conductas

constitutivas de delitos de lesa humanidad.

Asimismo, indicó que el actor pretende crear una tercera instancia a

través del presente mecanismo constitucional para lograr revertir las

decisiones judiciales al no ser satisfactorias sus pretensiones.

I.5.2.- El TRIBUNAL, pese a ser notificado en debida forma, guardó

silencio.

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I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El MINISTERIO, vinculado en calidad de tercero con interés

directo en las resultas del proceso, manifestó que no existe

vulneración de los derechos fundamentales, ya que la acción de

tutela no es el medio o procedimiento llamado a reemplazar los

procesos ordinarios, ni es la instancia adicional establecida para abrir

un debate culminado.

Aseguró que la solicitud de amparo no cumple con los requisitos para

habilitar el estudio de la acción de tutela, por cuanto el actor no

cumplió los requisitos de procedencia, ni acreditó la vulneración de

los derechos fundamentales.

I.6.2.- La POLICÍA NACIONAL, vinculada en calidad de tercera con

interés directo en las resultas del proceso, manifestó que las

providencias cuestionadas no incurrieron en el defecto alegado, pues,

a su juicio, de las pruebas obrantes en el expediente no se logró

inferir algún tipo de responsabilidad a la institución policial.

Asimismo, aseguró que en el asunto no se observa una amenaza

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inminente e injustificada que amerite el estudio del mecanismo

constitucional para acceder a las pretensiones.

I.6.3.- La ARMADA NACIONAL, el EJÉRCITO NACIONAL y los

señores CATALINA MARÍA PINEDO TORRES, JASSAN JUSEFF

MAQUIUTH, JASSAN MOISÉS y NATALI ZURIA YUSEFF

PINEDO, vinculados en calidad de terceros con interés directo en las

resultas del proceso, pese a ser notificados en debida forma,

guardaron silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 6 de diciembre de

2024, declaró improcedente el amparo al considerar que no se

encontró satisfecho el requisito general de relevancia constitucional.

Señaló que los argumentos expuestos en la solicitud de amparo no

cumplen con la carga argumentativa mínima exigida y, además, no

acreditan con suficiencia la configuración de un yerro de índole

constitucional que implique la vulneración de derechos

fundamentales.

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Sostuvo que los argumentos planteados por el actor pretenden

imponer su tesis frente a la manera en que debió resolverse el litigio,

sin que se acredite que la autoridad judicial accionada incurrió en

algún tipo de arbitrariedad.

Recalcó que los argumentos formulados por el actor se dirigen a

cuestionar su inconformidad con la declaratoria de la caducidad del

medio de control, sin tener en cuenta que la autoridad judicial

accionada le explicó las razones por las cuales se declaró probada la

excepción.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN TERCERA,

manifestando su desacuerdo con la motivación de la decisión, pues,

a su juicio, dentro de la actuación judicial se logró probar el

cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional, ya que la

solicitud de amparo identifica los defectos en los que incurrieron las

autoridades judiciales accionadas.

Recalcó que la caducidad de la acción no puede aplicarse en el

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asunto, comoquiera que, a la fecha de presentación de la demanda,

esto es, en el año 2017, el desplazamiento forzado se encontraba

vigente, por lo que no había podido retornar a su lugar de origen.

Arguyó que: “[…] la decisión adoptada por la autoridad judicial está

motivada indebidamente, lo que implica el desconocimiento de los

derechos de acceso a la administración de justicia en su faceta de

tutela judicial efectiva, con una negativa a amparar los derechos

vulnerados de mis representados en esta acción. Al aplicar el

precedente SU-2020, encontrándose activo, continuo el

desplazamiento forzado al momento de presentación de la demanda

[…]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

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concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

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i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se dejen sin efecto las sentencias de 22 de septiembre de

2023 y 19 de junio de 2024, proferidas por el JUZGADO y el

TRIBUNAL, respectivamente, dentro del medio de control de

reparación directa identificado con el número único de radicación

44001-33-40-001-2017-00146-01.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la

reparación integral, toda vez que, a juicio del actor, las autoridades

judiciales incurrieron en desconocimiento del precedente judicial, al

haber declarado la caducidad del medio de control de reparación

directa, sin tener en cuenta que se trata de un suceso derivado de

un delito de lesa humanidad.

Aseguró que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en

desconocimiento del precedente, al apartarse sin justificación del

criterio jurisprudencial vigente en la Sección Tercera del Consejo de

Estado en el año 2017, la cual determinaba que los daños

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ocasionados por delitos en los que convergen graves violaciones de

derechos humanos podrían demandarse en cualquier tiempo.

Aseguró que la ilegalidad surge de la aplicación de la sentencia SU-

312 de 2020, la cual no se encontraba vigente al momento de la

presentación de la demanda, por lo que al exigírsele la aplicación de

los parámetros establecidos en una sentencia que no existía en la

vida jurídica, se vulneraron sus garantías constitucionales.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 6 de diciembre de

2024, declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no

se acreditó el requisito de relevancia constitucional.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo con la

motivación de la decisión, pues, a su juicio, dentro de la actuación

judicial se logró probar el cumplimiento del requisito de relevancia

constitucional, ya que la solicitud de amparo identifica los defectos

en los que incurrieron las autoridades judiciales accionadas.

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Actor: DIÓGENES MOISÉS YUSEFF CONTRERA

Es del caso advertir que, si bien en la acción de tutela se solicita dejar

sin efectos tanto la providencia de 22 de septiembre de 2023

proferida por el JUZGADO, como la dictada el 19 de junio de 2024

por el TRIBUNAL, la Sala realizará únicamente el análisis de la

presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados

frente a la providencia de segunda instancia, toda vez que fue esta

la que dio por terminado el proceso.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

deprecados e incurrió en el defecto alegado.

La Sala observa que, contrario a lo considerado por el a quo, en el

presente caso sí se cumple con el requisito de la relevancia

constitucional, por cuanto el actor plantea con suficiente carga

argumentativa las razones por las cuales, en su criterio, se han

vulnerado sus derechos fundamentales; contra la decisión que puso

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fin al medio de control de reparación directa no proceden recursos y

tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios

de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de

jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se

interpuso en un plazo razonable5, la solicitud identifica los hechos y

derechos que se estiman lesionados; y, por último, no se trata de

una acción de tutela contra sentencia de tutela.

En ese orden de ideas, visto que el presente caso cumple con los

requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencia judicial, la Sala hará mención del marco jurídico del

defecto alegado, para enseguida abordar el estudio del fondo del

asunto.

Del desconocimiento del precedente judicial

En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de acuerdo

con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución

Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces

5
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).

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en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta

regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que

encuentra sus límites en la realización de otros valores

constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia

constitucional.

En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional

puntualizó:

“[…] Es así como, en materia de decisiones judiciales, se
destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de
la Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino
también de trato por parte de las autoridades y concretamente
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por las
autoridades judiciales, garantizándose de esta forma la
seguridad jurídica y con ella la certeza de la comunidad
respecto a la forma en la que se van a decidir los casos iguales.
Como resultado de lo anterior, surge como límite a la
autonomía e independencia de los Jueces el respeto por el
precedente6 […]”.

De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte

Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente

constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando

la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En

especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa

6
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte Constitucional.

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Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está

vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la

igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que

su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos

fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial7.

No obstante, lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha

admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio

precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y

cuando se sustenten debidamente las razones de su posición

(principio de razón suficiente)8.

Caso concreto

Mediante la sentencia de 19 de junio de 2024 acusada, el TRIBUNAL

declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de

reparación directa promovido por el actor junto con su familia, con

ocasión del delito de desplazamiento forzado del que fueron víctimas

el 17 de julio de 2007.

7
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
8
Ver sentencia T-292 de 2006.

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Como fundamento de la providencia cuestionada, el TRIBUNAL

señaló que conforme con la posición jurisprudencial fijada por la

Sección Tercera de esta Corporación en la Sentencia de Unificación

de 29 de enero de 2020, en los casos relacionados con delitos de lesa

humanidad o crímenes de guerra, debe observarse el artículo 164 de

la Ley 1437 de 20119 sobre la caducidad.

En tal sentido, en la providencia cuestionada la autoridad judicial

accionada sostuvo que para el caso concreto el término de

presentación de la demanda se contabilizaría desde el momento en

que los demandantes tuvieron conocimiento de la participación del

Estado en el hecho y, determinó que, el actor no logró demostrar una

circunstancia que hubiere impedido el ejercicio del derecho de acción,

por las siguientes razones:

“[…] 3.5.1. Solución a la causa

De la revisión integral de la demanda, así como del recurso de
apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte
demandante, encuentra la sala que la presente demanda tiene
como principal finalidad, que se declare la responsabilidad
extracontractual de las demandadas, por los perjuicios
materiales e inmateriales derivados del desplazamiento forzado
del que fueron víctimas.

En la sentencia de primera instancia se declaró configurada la

9
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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caducidad del medio de control de reparación directa, pues se
consideró que los demandantes tenían pleno conocimiento del
daño y se encontraban en condiciones aptas para acudir a la
administración de justicia desde la ocurrencia del daño, esto es,
desde el mes de agosto de 2007.

La parte demandante apeló la sentencia, argumentando que en
el presente asunto no se configuró la caducidad del medio de
control, por las razones que han quedado transcritas en aparte
anterior de esta providencia.

En ese orden, como hecho esencial para dirimir la alzada, debe
indicarse que, en el presente asunto, se reitera, se pretende el
reconocimiento de perjuicios derivado de un crimen de lesa
humanidad, esto es, del desplazamiento forzado.

El juzgado de primer grado en la sentencia apelada concluyó que
debía darse aplicación a la postura jurisprudencial fijada por el
Consejo de Estado en la sentencia de unificación de fecha 29 de
enero de 202014, en la que se unificó la posición en torno a la
aplicabilidad del término de dos (2) años para la configuración
del fenómeno jurídico de la caducidad en eventos que se
involucren graves violaciones a los derechos humanos o al
derecho internacional humanitario, con excepción del delito de
desaparición forzada, por expresa disposición del legislador en el
CPACA.

El reproche esencial del apelante, se fundamenta en que no debió
aplicarse dicha sentencia, pues, primero, la prescripción no se
aplicará a casos de grave violación de derechos humanos,
conforme el derecho internacional que sean por naturaleza
imprescriptibles y el precedente aplicado no existía al momento
de la presentación de la demanda; segundo, porque para realizar
el cómputo del término de caducidad frente al presente caso, se
debía tener certeza respecto del momento en el cual, los
accionantes superaron la situación de desplazamiento, o el
impedimento para acceder ante la administración de justicia,
presupuestos estos posteriores a la presentación de la demanda
en el año 2017.

Sobre el primero de los argumentos, considera el tribunal que el
mismo no tiene asidero, pues, como lo reiteró recientemente la
Corte Constitucional en la sentencia SU-167 de 2023, es acorde
con los mandatos constitucionales la aplicación del término legal
de caducidad del medio de control de reparación directa en
tratándose de daños originados en delitos de lesa humanidad,

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genocidio y crímenes de guerra, sin que ello riña per se con el
criterio interpretativo que puede extraerse de lo dispuesto por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Órdenes
Guerra contra Chile y con la normativa nacional e internacional
sobre imprescriptibilidad.

Ello, por las dos razones expuestas en aparte anterior y que se
reiteran, esto es, en la medida en que “(i) El término de
caducidad del medio de control de reparación directa no inicia a
contabilizarse sino hasta el momento en que el afectado tenga
conocimiento de que un agente del Estado estuvo involucrado en
el hecho dañoso a indemnizar y esté en la capacidad material de
acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y (ii) El
término de prescripción de la acción penal frente a los delitos de
lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra no inicia
contabilizarse sino hasta el momento en que el Estado tenga
conocimiento del responsable de la conducta y lo vincula a un
proceso penal.”

De igual modo, de acuerdo con lo expuesto en la sentencia SU-
167 de 2023, “El fallo de unificación del 29 de enero de 2020 de
la Sección Tercera del Consejo de Estado es de aplicación
inmediata, pues en este no se incluyeron precisiones particulares
dirigidas a modular sus efectos temporales.”

Así mismo, la Corte Constitucional precisó que antes del
pronunciamiento de unificación del 29 de enero de 2020 de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, no existía precedente
alguno que indicara la inaplicación del requisito de caducidad en
esta clase de procesos. Así lo expuso en la precitada sentencia
SU-167 de 2023: […]

En ese orden de ideas, los argumentos expuestos en tal sentido
en el recurso de apelación no están llamados a prosperar.

Por otro lado, en cuanto al segundo de los reproches que se
encausan en el recurso, debe el tribunal advertir que el apelante
confunde el alcance de la sub-regla fijada por la sección tercera
en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020.

En efecto, es cierto que la sección tercera señaló que el término
pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que
hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de
acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.
No obstante, esa situación no se ató, en el caso de
desplazamiento forzado, al retorno efectivo al lugar donde se

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produjo el desplazamiento, como erróneamente lo entiende el
apelante, sino que se afirmó que deben ser “(…) supuestos
objetivos, como secuestros, enfermedades o cualquier situación
que no permita materialmente acudir a esta jurisdicción, pues lo
referente a la imposibilidad de conocer la relación del Estado con
el hecho dañoso no da lugar a la inaplicación de las reglas de
caducidad, sino al cómputo a partir del momento en el que, dado
el conocimiento de los hechos, surge el interés para reclamar la
indemnización de los perjuicios causados (…).”

En ese sentido, al examinar las pruebas arrimadas al plenario,
no encuentra el Tribunal alguna que permita inferir que frente a
los accionantes existieron obstáculos para acceder
oportunamente a la administración de justicia, como, por
ejemplo, la existencia de alguna enfermedad, secuestro o el
intento de ocultar la realidad de los hechos por parte de agentes
del Estado o terceros.

Es así que no se observa que, en las circunstancias concretas, se
presentara alguna barrera de acceso a la justicia que retrasaran
la presentación de la demanda para los accionantes, sin que el
hecho de que se estableciera en un lugar distinto al del
desplazamiento, pueda señalarse como un obstáculo de la
naturaleza exigida por la jurisprudencia, que conduzcan a tener
como inicio del término de la caducidad, una fecha distinta a la
establecida en autos, como la fecha que tuvieron conocimiento
los accionantes del daño, esto es, desde el 11 de julio de 2007,
fecha del hecho victimizante (Fl. 203).

Inclusive, en el escenario más favorable podría realizarse el
conteo desde el 24 de julio de 2007, fecha de la declaración en
la que consta del reasentamiento por el desplazamiento en la
ciudad de Cartagena (Fl. 206).

Sin embargo, en uno u otro caso, la conclusión no varía, pues la
solicitud de conciliación fue presentada en fecha 9 de noviembre
de 2016 (Fl. 34-35), cuando el término de dos (2) años se
encontraba más que superado.

En consecuencia, el recurso de apelación no tiene vocación de
prosperidad, por lo que se confirmará la sentencia de primera
instancia, en cuanto declaró probada la excepción de caducidad
del medio de control.

En todo caso, debe el tribunal señalar que en relación con el
precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-

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167 de 2023, en el presente asunto no se estima necesario
reabrir la etapa de alegaciones para que las partes tengan la
oportunidad de actualizar y ajustar sus argumentos con base en
la jurisprudencia unificada del 29 de enero de 2020 de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, referente a la caducidad en
asuntos concernientes a daños derivados de crímenes de lesa
humanidad. Lo anterior, porque en el presente asunto (i) la etapa
de alegaciones en segunda instancia se surtió con posterioridad
a la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, con lo cual
las partes tuvieran la oportunidad de ajustar sus argumentos en
relación al precedente, oportunidad, que, entre otras cosas, no
utilizó el extremo activo; (ii) igualmente, en la medida en que a
diferencia del caso tratado en la sentencia SU-167 de 2023, las
partes tuvieron a su disposición la posibilidad de solicitar pruebas
en segunda instancia, a la luz del artículo 212 del CPACA,
oportunidad de la que tampoco hicieron uso […]”. (Destacado
pertenece al texto)

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la autoridad judicial

accionada no incurrió en el defecto invocado, por los siguientes

motivos:

El literal i) del numeral 2, del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011,

estableció la oportunidad para presentar la demanda en el medio de

control de reparación directa, así:

“[…] ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA
DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá
presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a
partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u
omisión causante del daño, o de cuando el demandante

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tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia.

Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación
directa derivada del delito de desaparición forzada se contará a
partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde
la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin
perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse
desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar
a la desaparición; […]” (Resaltado de la Sala).

Ahora bien, sobre el término para presentar la demanda en los

procesos de reparación directa en los que se discute la ocurrencia de

un daño antijurídico atribuible al Estado con ocasión de la comisión

de un delito de lesa humanidad, la Sección Tercera de esta

Corporación, mediante providencia de 29 de enero de 202010, unificó

su jurisprudencia, en el siguiente sentido:

“[…] Las premisas establecidas por el legislador en materia de
responsabilidad patrimonial del Estado comparten la misma
finalidad de la imprescriptibilidad de la acción penal frente a los
delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, pues en los
dos ámbitos operan reglas en virtud de las cuales el término
pertinente no resulta exigible hasta tanto se cuente con elementos
para identificar a quien le resulta imputable el daño pertinente.

En el primer evento –el penal– esta situación se predica de los
autores y partícipes del delito, bajo la imprescriptibilidad de la
acción y, en el segundo –en materia de responsabilidad patrimonial
del Estado–, dicho supuesto versa sobre los particulares que
ejerzan funciones administrativas y las entidades que estén

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020. Proceso identificado con el núm. único de radicación: 85001-33-
33-002-2014-00144-01(61033)A Actores: Juan José Coba Oros y otros; M.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.

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llamadas a indemnizar los perjuicios causados, caso en el que se
aplica el término de caducidad solo desde el momento en que el
afectado tuvo la posibilidad de saber que resultaron implicadas en
los hechos.

En suma, las situaciones que se pretenden salvaguardar con la
imprescriptibilidad penal en los casos de lesa humanidad y los
crímenes de guerra también se encuentran previstas en el campo
de lo contencioso administrativo, bajo la premisa del conocimiento
de la participación por acción u omisión del Estado, al margen de
que se trate de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra.

Así las cosas, la jurisprudencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado se unificará en relación con la caducidad
de las pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de
guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar
la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado,
bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta
exigible el término para demandar establecido por el
legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada,
que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los
afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción
u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se
aplica cuando se observan situaciones que hubiesen
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción
y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.

Finalmente, se precisa que el término de caducidad para solicitar
al Estado la indemnización de un daño es inaplicable en aquellos
eventos en los que se adviertan circunstancias que hubiesen
impedido, desde el punto de vista material, el ejercicio del derecho
de acción, lo que puede ocurrir frente a los delitos de lesa
humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto en el
que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial Estado,
pues para tales efectos no resulta determinante la situación
causante del daño, sino la condición particular de quien acude a la
administración de justicia […]”. (Destacado fuera de texto).

De lo anterior se desprende que en los casos que se pretenda la

reparación de un daño antijurídico imputable al Estado con ocasión

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de la comisión de un delito de lesa humanidad, la demanda deberá

presentarse en los términos establecidos en el literal i) del numeral

2, del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, contándose el término

para presentar la demanda desde cuando los afectados conocieron o

debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y

advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial,

salvo que se presenten situaciones que impidan materialmente el

ejercicio del derecho de acción, circunstancia en la que el plazo

empezará a correr una vez sean estas superadas.

Asimismo, debe precisarse que en la mencionada providencia la

Sección Tercera de esta Corporación sostuvo que lo resuelto en la

sentencia de 29 de noviembre de 2018, proferida por la Corte

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Órdenes Guerra y

otros vs Chile, no era vinculante en el caso colombiano por los

siguientes motivos:

“[…] 3.2.3. Sentencia de la CIDH en el caso Órdenes Guerra y
otros vs. Chile como fundamento para no aplicar las reglas que
rigen la regla de caducidad de la reparación directa

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia
del 29 de noviembre de 2018, caso Órdenes Guerra y otros vs.
Chile, concluyó que el Estado, previa aceptación de su
responsabilidad, vulneró el derecho de acceso a administración

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de justicia, en los términos de los derechos a las garantías
judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos
8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los
artículos 1.1 y 2 de la misma normativa.

La Corte precisó que el recurso judicial disponible en la
jurisdicción chilena para recibir una indemnización por
violaciones a los derechos humanos por parte del Estado era la
acción civil de indemnización y que las demandas presentadas
para tal fin fueron rechazadas en aplicación del instituto de la
prescripción consagrado en los artículos 2.514 y 2.515 del Código
Civil Chileno, según el cual el término pertinente es de 5 años.

La CIDH compartió el argumento de la Comisión, según el cual
no existen razones que justifiquen que en el derecho chileno la
acción penal sea imprescriptible y la civil no; además, aclaró que
compartía la jurisprudencia de los últimos años de la Corte
Suprema de Justicia de Chile, a través de la cual se declaró en
numerosos casos la imprescriptibilidad de la acción civil
indemnizatoria por daños derivados de delitos de lesa
humanidad.

La decisión de la Corte se fundamentó en la aceptación de
responsabilidad por parte de Chile, Estado que indicó que,
en efecto, en los casos en los que se pretendía la
reparación de los perjuicios causados por un delito de lesa
humanidad la acción civil no debía prescribir. Este
allanamiento no se confrontó con las normas internas y
las de la Convención, cuyo alcance tampoco fue
delimitado.

Pues bien, las sentencias de la CIDH resultan vinculantes
en tanto interpreten las normas de la Convención. El fallo
analizado no contiene una interpretación del artículo 25
de la CADH –acceso a la administración de justicia–, pues,
se insiste, avala la aceptación de responsabilidad de Chile,
en cuanto a los efectos de sus normas de prescripción de
las acciones civiles frente a los delitos de lesa humanidad.

Adicionalmente, esta Sala precisa que el ordenamiento jurídico
chileno contiene preceptos distintos a las establecidos en el
derecho colombiano, en cuanto no prevén la posibilidad de contar
el plazo pertinente a partir del conocimiento de la participación
del Estado, lo cual, como antes se explicó, es una regla que tiene
los mismos efectos que la imprescriptibilidad en materia penal.

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En las condiciones analizadas, la Sala concluye que, como en el
caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile no se interpretó la
Convención Americana de Derechos Humanos a la luz de reglas
con contenido material similar a las que prevé nuestro Código
Contencioso Administrativo y la Ley 1437 de 2011, tal
pronunciamiento no resulta vinculante para resolver el presente
asunto […]”.

Ahora bien, la Corte Constitucional, mediante sentencia SU-312 de

13 de agosto de 202011, también unificó su posición sobre el tema

objeto de la presente solicitud y realizó el siguiente análisis de

convencionalidad:

“[…] 6.27. En esta oportunidad, a fin de unificar la jurisprudencia,
esta Corporación estima que dicho entendimiento del
término de caducidad del medio de control de reparación
directa es razonable y proporcional desde una perspectiva
constitucional y convencional, incluso en casos en los que el
daño que se pretenda reparar sea causado por un delito de lesa
humanidad, un crimen de guerra o genocidio.

6.28. En efecto, esta Sala considera que el referido plazo es
razonable para que las víctimas de violaciones a los
derechos humanos tengan la oportunidad de acceder a la
administración de justicia con el fin de obtener la declaración
de responsabilidad de la administración y gestionar el
resarcimiento de los menoscabos padecidos, porque el término
respectivo sólo empieza a contabilizarse cuando exista
claridad en torno a lo sucedido, incluso sin han trascurrido
lustros o décadas desde el instante en el que ocurrió el
delito de lesa humanidad, el crimen de guerra o el
genocidio que causó el perjuicio. Lo anterior, comoquiera que
no es determinante la fecha de ocurrencia de la conducta, sino
la posibilidad del interesado de identificar la participación en la
misma de sujetos vinculados a una autoridad pública y de acudir
al sistema jurisdiccional para presentar la reclamación

11
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-312 de 13 de agosto de 2020. Expediente T-7243742.
Actora: Nelcy Elizabeth Jaramillo Zapata; M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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respectiva.

6.29. De igual forma, este Tribunal evidencia que la exigencia del
término legal de caducidad del medio de control de reparación
directa en tratándose de daños originados en delitos de lesa
humanidad, genocidio y crímenes de guerra permite, en la mayor
medida de lo posible, la optimización de los intereses
constitucionales en tensión en asuntos como el estudiado en la
presente oportunidad. Específicamente, por una parte, protege
la seguridad jurídica y, por otra, no implica una afectación grave
al acceso a la administración de justicia de las víctimas de
violaciones a los derechos humanos a efectos de obtener la
reparación patrimonial de los daños causados por las mismas […]

6.33. Por otro lado, esta Corte toma nota de que la reparación
patrimonial de los daños causados por el Estado es una
obligación contemplada en el artículo 90 de la Carta Política, la
cual, cuando tiene su origen en una violación a los derechos
humanos, se ve reforzada por disposiciones de instrumentos
internacionales incluidas en el bloque de constitucionalidad,
como los artículos 8° y 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, y 2.3 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, que le imponen al Estado colombiano
el deber de garantizar el acceso a la administración de justicia
para proteger de forma efectiva dichas prerrogativas.

6.34. Al respecto, este Tribunal evidencia que el
establecimiento del término de caducidad para pretender
por vía judicial la reparación de los menoscabos
patrimoniales causados por el Estado con ocasión de un
delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o genocidio
no representa una afectación del derecho al acceso a la
justicia de las víctimas de violaciones a los derechos
humanos con el fin de obtener una compensación por el daño
padecido, porque:

(i) Los interesados en la reparación patrimonial cuentan con un
plazo razonable de dos años para acudir al aparato jurisdiccional
y satisfacer sus pretensiones, el cual no se cuenta
necesariamente desde el momento del daño que origina el
perjuicio, sino que sólo se inicia a contabilizar cuando el afectado
tenga conocimiento de que el menoscabo fue causado por el
Estado y se encuentre en la capacidad material de imputarle el
mismo ante el aparato jurisdiccional;
(ii) La procedencia de la demanda de reparación debe ser
analizada por el juez contencioso administrativo competente,

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atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto; y

(iii) La desestimación del medio de control de reparación directa
por caducidad, no le impide al perjudicado obtener la
compensación económica del daño causado por otras vías, como
el incidente de reparación integral en el marco del proceso penal
que se adelante en contra del responsable material del delito de
lesa humanidad o el trámite de indemnización administrativa […]

6.41. En este orden de ideas, como lo puso de presente el Pleno
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en su condición de
órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo12, en la Sentencia del 29 de enero de 202013, la
Corte considera que no es necesario extender la figura de
imprescriptibilidad que se predica de acción penal frente a los
delitos de lesa humanidad al estudio de la caducidad del medio
de control de reparación directa para asegurar los derechos de
las víctimas, puesto que, además de tratarse de instituciones
jurídicas con características y lógicas diferentes14, el término
legal establecido para acudir a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo integra un criterio asimilable
al que lleva inmerso dicha figura aplicable a la persecución
penal, el cual busca ponderar los principios en tensión,
estos son, la seguridad jurídica y el mandato de justicia.

6.42. Efectivamente, en clave con lo dispuesto por el legislador,
los perjudicados por un menoscabo originado en un delito de lesa
humanidad, un crimen de guerra o un genocidio imputable a una
autoridad pública, tienen un término de dos años para acudir
al aparato jurisdiccional y velar por sus intereses en el
entendido de que dicho plazo únicamente empezará a
contarse, bajo la misma lógica de la imprescriptibilidad
penal que se predica de las mencionadas conductas
delictivas, una vez la persona tenga conocimiento real de
la participación, por acción u omisión, del Estado y se
encuentre en la posibilidad material de imputarle el daño
causado. […]

6.55. Así las cosas, con base en las consideraciones expuestas,
la Sala Plena de la Corte estima que la aplicación del término
legal de caducidad del medio de control de reparación directa en
tratándose de daños originados en delitos de lesa humanidad,

12
Artículo 237 de la Constitución.
13
Supra II, 6.13. y siguientes.
14
Supra II, 6.11. y 6.20.

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genocidio y crímenes de guerra es acorde a los mandatos
constitucionales y, por ello, decide unificar su jurisprudencia en
tal sentido con el fin de superar los criterios divergentes
existentes dentro de la Jurisdicción Constitucional […]”.

Corolario a lo anterior, la Sala advierte que no es cierto que el

TRIBUNAL no haya valorado las circunstancias particulares del daño

cuya reparación se pretende, esto es, que se trate de un perjuicio

derivado de un delito de lesa humanidad, pues el rechazo de la

demanda no devino del reconocimiento o no de tal situación, sino de

la aplicación de las reglas sobre la caducidad, según la posición

unificada por el Consejo de Estado sobre la materia, la cual se

acompasa con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia

citada en precedencia.

En ese orden de ideas, el hecho de que el TRIBUNAL haya verificado

si la demanda de reparación directa fue presentada o no en término

conforme con el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 no constituye

la configuración del desconocimiento del precedente judicial

alegado, teniendo en cuenta que, por el contrario, atiende a los

lineamientos jurisprudenciales aludidos y, tal situación, no desconoce

las normas convencionales sobre las garantías judiciales, conforme

con lo señalado en la sentencia SU-312 de 2020, proferida por la

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Corte Constitucional, a la que se hizo alusión previamente..

Así mismo, es claro para esta Sala que el hecho de que el TRIBUNAL

haya aplicado los precedentes aludidos, al contener las reglas

jurisprudenciales del tema vigentes para el momento en que fue

proferida la decisión cuestionada, tampoco constituye defecto alguno

porque al no contener modulación alguna de sus efectos, las

providencias mencionadas eran aplicables a los casos pendientes de

resolver.

Sobre este aspecto, esta Sala ha señalado15:

“[…] Por último, la actora adujó que, en su caso, no se podía dar
aplicación a jurisprudencia que ha proferido con posterioridad a
la fecha en que ella dice haber cumplido con los requisitos para
acceder a la pensión de jubilación, esto es, el 11 de marzo de
2010.

Tal argumento, tampoco tiene vocación de prosperar en
razón a que el alcance de un precedente jurisprudencial
esta dado para los casos frente a los cuales no ha operado
cosa juzgada, excepto que en la sentencia que contenga
la regla a aplicar, el Tribunal que la profiera haya
modulado sus efectos […]” (Destacado fuera de texto)

De igual forma, frente a un caso similar al presente, relacionado con

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de marzo
de 2019, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 03272
01.

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la caducidad del medio de control de reparación directa derivado de

un delito de lesa humanidad, en sentencia SU 167 de 2013, con

ponencia de la magistrada Diana Fajardo Rivera, la Corte

Constitucional señaló:

“[…] 166. En cuarto lugar, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que, por regla general, los precedentes judiciales de
las altas cortes tienen efectos inmediatos y son de obligatorio
obedecimiento por los operadores jurídicos y las partes
involucradas en un proceso en curso, aun si incorporan cambios
importantes en la compresión de un determinado problema
jurídico.

167. En el presente asunto, la Sentencia de Unificación del 29
de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado
dispuso la exigibilidad del requisito de caducidad frente a las
demandas de reparación directa que tenían por objeto la
indemnización de un daño causado por un delito de lesa
humanidad. Por esa razón, para el 19 de marzo de 2021 -
momento de adopción de la sentencia censurada-, no existía
precedente alguno que indicara la inaplicación del requisito de
caducidad en esta clase de procesos […]”.

La Sala destaca que, si bien pueden existir otras providencias que

puedan estar estructuradas bajo la posición jurídica a la que alude el

actor, tal situación no implica por sí sola que deba concederse el

amparo solicitado, pues como fue analizado la providencia

cuestionada fue proferida en consonancia con las reglas

jurisprudenciales unificadas sobre la materia y que, en últimas, son

las que constituyen el precedente obligatorio para el caso concreto.

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En ese orden de ideas, para la Sala ni el análisis ni la decisión

contenida en la providencia controvertida resultan caprichosos o

arbitrarios, sino que fueron adoptados a partir del alcance dado a las

fuentes jurídicas aplicables al caso. De tal suerte que lo que se

advierte es la inconformidad del actor con las razones de la

providencia judicial acusada, no así la configuración de las falencias

que alegan.

En consecuencia, la Sala modificará la decisión del a quo y, en su

lugar, se denegará el amparo solicitado, como en efecto se dispondrá

en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,

DENEGAR el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en

la parte motiva de esta providencia.

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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de febrero de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Salva voto

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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