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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01004-01

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01004-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 14 de mayo de 2024 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-01004-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

29 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202401004-01
Actores: Ruby Esther Arias Narváez y otros1
Demandados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro2

Tema: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance

Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso

Derecho Fundamental Amparado: Debido proceso

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de sentencia presentado a
consideración de la Sala por el Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo
Osorio Cifuentes, la Sala decide la impugnación presentada por la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional contra la sentencia de tutela de 14 de mayo de 2024
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
medio de la cual amparó el derecho fundamental al debido proceso de los actores.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “2ED_Caratula(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en

forma digital
2 Idem pie de página núm. 1 supra.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202401004-01
Actores: Ruby Esther Arias Narváez y otros

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. Los actores3, a través de apoderado, presentaron solicitud de tutela contra la
Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Sincelejo, porque, a su juicio: i) el Tribunal, al proferir,
la sentencia de 2 de agosto de 2023; y ii) el Juzgado, al proferir, la sentencia de 12
de diciembre de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
700013333001201500112-01: vulneraron su derecho fundamental invocado supra.

3 Ruby Esther Arias Narváez, Jawin Javier Salcedo Yépez, Luis Felipe Díaz Ortega, Durkys Adriana Salcedo

Barreto, Norma Judith Salcedo Narváez, Glenis María Barreto Velilla, Carlos Yesid Salcedo Barreto, Francisco
Javier Salcedo Barreto, Tatiana Shirley Parra Salcedo, Celis Katiusca Ortega Peña, Yulieth Paola Yépez Alvis,
Luis Humberto Yépez de Ávila, Idalides Teresa Narváez de Salcedo, Elizabeth Manjarres Caro, José Miguel
Ortega Guzmán, Yaseni Simona Arias Tovar, Santiago Andrés Cárdenas Romero, Oved Segundo Narváez
Villegas, Manuel del Cristo Tovar Puentes, Gilberto Enrique Yepes Salcedo, Dawis Eduardo Arias Tovar, Mayra
Sofía Cárdenas Romero, Eder Segundo Cárdenas Causil, Julio César Tovar Toscano, Diana Margarita Ortega
Yépez, Julio Alejandro Monterroza Narváez, Agustín Manuel Viloria Sierra, Juan Camilo Ortega Yépez, Mileydis
Narváez Villegas, Jader Luis Yépez Olivera, Samuel Elías del Toro Rivero, Cristian Javier Torres Tovar, Ubadel
Ortega Guzmán, Martha Liliana Ortega Mercado, Daniel Antonio Ortega Yépez, Ana Mercedes Tovar Puentes,
Eduardo Enrique Tovar Alfaro, Antonio Rafael Ortega Mercado, Yorledys Judith Salcedo Manjarres, Danis
Daniela Arias Tovar, Oduver Rafael Bolaño Ortega, Luis Fernando Bolaño Ortega, Luis Mario Tovar Salcedo,
Kelly Luz Mendívil Melendres, Enuar Rafael Salcedo Ortega, Dimas José Salcedo Ortega, Elquis Rafael Tovar
Donado, Julio Manuel Puentes Rivero, Yamile María Rivero Barreto, Mercedes Puentes Pérez, Argemiro
Antonio Agamez Meriño, Edwin José Ortega Mercado, Aulio Enrique Salcedo Narváez, Rosiris María Yepes
Alvis, Juan David Ortega Yepes, Indira Rosa Agamez Meriño, Libardo José Parra Salcedo, María de las
Mercedes Olivera Rivero, Manuel Enrique Tovar Toscano, Julio Alejandro Monterroza Ramos, María de las
Mercedes Tovar Toscano, Dimas Rafael Salcedo Hernández, José Ángel Tovar Toscano, Luis Emilio Arias
Narváez, Everlides Esther Ortega Narváez, Bleidis del Socorro Viloria Ricardo, Dimas Rafael Salcedo Narváez,
Wendy Johana Salcedo Manjarres, Leda Isabel Viloria Blanco, Rosario Isabel Ramos Yepes, Manuel del Cristo
Yepes Tapia, Robinson Manuel Tovar Puentes, Yavelis Esther Monterroza Ramos, Dayana Michel Monterroza
Ramos, María de los Ángeles Ortega Manjarrez, Diana Isabel Trespalacios Viloria, María de Jesús Ricardo
Guzmán, Dilia Esther Meriño Terán, Yasmín del Carmen Salcedo Narváez, Francisco Javier Yepes Olivera, Yair
Eduardo Yépez Olivera, Samir Enrique Donado Rodríguez, Yurelis María Yepes Olivera, Geidi Rafael Ortega
Manjarrez, Luis Alejandro Yépez Arias, Blas Enrique Yépez Olivera, Juan Carlos Ortega Mercado, Gilberto
Alejandro Yepes Peñas, Diego Armando Alvis Agamez, Yolima Stella Peña Pérez, Sandys María Tovar Donado,
Camilo José Yépez Peña, Eder Cárdenas Romero, Cristo Tomás Tovar Toscano, Félix Alejandro del Toro Arias,
Héctor Julio Donado Narváez, Juan José Alviz Toscano, Daniela Patricia Ortega Yépez, Never Alfonso Tovar
Puentes, Juan Manuel Alvis Salcedo, Andrés Manuel Torres Viloria, Fernando Segundo del Toro Rivero, Juana
Francisca Tovar Toscano, David Josué del Toro Rivero, Luis Carlos Rodríguez Paredes, Yeison Yair Narváez
Villegas, Elcy Enith Arias, Bucaris del Socorro Toscano Ortega, Julia Elena Paredes de Rodríguez, Lorenzo
Miguel Yepes Peña, Jesús Antonio Tovar Toscano, María Elena Rodríguez Paredes, Danna Paola Alvis
Salcedo, Josefa María Narváez Martínez, Yeison Javier Ortega Yépez, Eliécer Enrique Yepes Alvis, María
Alejandra Yépez Arias, María Daniela Díaz Arias, Elieth Farina Alvis de Yepes, Carlos Alberto Salcedo Narváez,
Sandis Paola Monterroza Ramos, Julia Teresa Puentes Rivero, Ingris Esther Tovar Donado, José del Carmen
Olivera Madera, Diana Patricia Huertas Díaz, Moisés Rafael Alviz Salcedo, Celsa Isabel Ortega Vanegas,
Alfonso Segundo Narváez Puentes, Ludys Ester Salcedo Hernández, Eliécer Luis Yepes Rodríguez, Luis Martín
Trespalacios García, Sandra Milena Quiroz Rodríguez, Edris Jesús Tovar Donado, Favian David Alvis Salcedo,
Eduardo Rafael Agámez Monterroza, Sol María Puentes Barreto, Elizabeth Donado Narváez, Aner Alfonso
Narváez Villegas y Julia Pérez Meza.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202401004-01
Actores: Ruby Esther Arias Narváez y otros

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Manifestaron que, presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Armada Nacional y Policía Nacional, el Departamento de Sucre
y el Municipio de Ovejas en ejercicio del medio de control de reparación directa, con
el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por el
desplazamiento forzado del que fueron víctimas y, en consecuencia, se les
repararan los perjuicios causados.

4. Señalaron que, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sincelejo,
profirió sentencia, en primera instancia, el 12 de diciembre de 2022, mediante la
cual resolvió, por un lado, declarar probada la excepción de caducidad del medio de
control respecto de unos demandantes y, por otra parte, negar las pretensiones
frente a los otros demandantes.

5. Advirtieron que, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Sucre profirió sentencia, en segunda instancia, el 2 de agosto de 2023, mediante la
cual resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia de fecha 12 de
diciembre de 2022, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Sincelejo, conforme lo anotado.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, MODIFICAR el numeral primero de
la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2022, el cual quedará así:

“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de caducidad del medio de
control de reparación directa para todos los demandantes, conforme lo
descrito”.

TERCERO: Se CONFIRMA en lo demás, la decisión recurrida. […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] A partir de lo expuesto, encuentra la Sala, que el hecho dañoso que
presuntamente ocasionó los perjuicios que hoy reclaman los demandantes es el
desplazamiento forzado, del que dicen fueron víctimas, como consecuencia de la
masacre ocurrida el 06 de septiembre de 19974 en el corregimiento de Pijiguay, del

4 Ver hechos 2 y 4 del escrito de subsanación de demanda.

4

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Actores: Ruby Esther Arias Narváez y otros

municipio de Ovejas, Sucre, donde residían y desarrollaban su actividad económica;
masacre que, según los hechos de la demanda, fue cometida por grupos al margen
de la Ley, con la participación de miembros de la fuerza pública colombiana.

De ahí que, retomando el análisis normativo y jurisprudencial del fenómeno jurídico
de la caducidad, salta a la vista, que los dos años previstos por la Ley y la
jurisprudencia para que los demandantes interpusieran el medio de control de
Reparación Directa, iniciaron a partir del 07 de septiembre de 1997 y finalizaron el 07
de septiembre de 1999; lo que lleva a concluir, que el presente asunto se encuentra
afectado por este fenómeno, pues su presentación se hizo el 09 de junio del año
20155, fecha para la cual habían vencido en demasía los términos para acudir a la
administración de justicia, conllevando entonces a que, la consecuencia jurídica sea
declarar la excepción de caducidad.

Ahora bien, como quiera que la decisión de primera instancia lo fue en dos sentidos,
esto es, (i) declarar la caducidad y (ii) negar las pretensiones de la demanda, como
bien se señaló en la parte resolutiva, el Tribunal se aparta de esta postura, en razón
a que, de lo expuesto en la demanda y de las pruebas practicadas y aportadas, existe
certeza que los pobladores o residentes del corregimiento de Pijiguay, hoy
demandantes en este asunto, tuvieron conocimiento, de manera conjunta, del hecho
dañino que conllevó a su desplazamiento, desde el momento en que se perpetró la
masacre, como bien lo afirman en la demanda; por tanto, al acontecer en una misma
fecha el hecho dañino, mal podría aplicarse la caducidad frente a un grupo y negar
las pretensiones frente a otro; máxime si se tiene en cuenta, que para el caso
concreto, conocer la fecha en que fueron incluidos algunos actores en el registro de
víctimas, en nada cambiaría la fecha en que efectivamente se originó la causación
del presunto perjuicio. […]”.

[…]

“[…] Lo expuesto, cobra mayor fuerza si se tiene en cuenta lo manifestado por los
demandantes en los hechos de demanda, donde de manera expresa señalan que
desde el año 1992, existió una incursión paramilitar que sembró el terror en las
familias campesinas, para que abandonaran el pueblo, destruyendo y quemando
viviendas y, masacrando, sin que la Fuerza Pública desplegara algún acto que
repelara el ataque, vulnerándose los derechos fundamentales de esa población,
conllevando al desplazamiento del que dicen fueron víctimas, y que, las instituciones
demandadas a pesar de tener pleno conocimiento de lo que sucedía en esa época no
hicieron nada que evitara el hecho dañoso tantas veces señalado; por tanto, suficiente
era esta información para que de manera oportuna acudieran a la administración de
justicia a fin reclamar los posibles perjuicios que se le ocasionaron. […]”.

[…]

“[…] De ahí que, entiende la Sala que la caducidad comprendida como la vivencia del
derecho, no es más que aceptar que existen situaciones específicas que dan lugar a
un daño, el cual, a su vez, es causado por omisión o por acción y detrás de todo eso
existe una persona, que para el caso concreto sería el Estado, a quien se le puede
atribuir, considerando que cuando se trata de pretender indemnización por la acción
u omisión estatal, en actividades propias de la protección a la vida, la integridad
personal o a los bienes, su sola ausencia en el mismo sitio de ocurrencia del hecho,
implica un indicio muy serio de su posible responsabilidad, por ende, el reclamante
tiene la obligación de adelantar lo más pronto posible (plazo razonable, que el
ordenamiento interno ha fijado en dos años), el ejercicio de los mecanismos judiciales
respectivos.

5 Ver acta de reparto a folio 792

5

Núm. único de radicación: 110010315000202401004-01
Actores: Ruby Esther Arias Narváez y otros

Sin embargo, si la posibilidad de acudir a la autoridad competente fuere truncada, así
debe informarlo el interesado, especificando y acreditando las razones por las cuales
aconteció tal imposibilidad, a fin que la autoridad administrativa y/o judicial encargada
de estudiar la situación particular del interesado las conozca y valore en el momento
de estudiar el caso que se e (sic) expone; situación que para el caso concreto no
acontece, pues los accionantes en el presente asunto, en nada se refieren a ello y
tampoco se avizora de las pruebas aportadas y practicadas en el presente asunto;
conllevando a inferir una vez más, que desde el día siguiente en que ocurrieron los
hechos que dieron origen al desplazamiento bien podían demandar al Estado
Colombiano a fin que se le reconocieran los perjuicios que hoy se reclaman. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. Los actores solicitaron en su escrito de tutela6:

“[…] PRIMERO: solicitó a esta Alta Corporación, con el debido respeto, la revocatoria
de las decisiones proferidas por las autoridades accionadas, que declararon probada
la caducidad de la acción propuesta por el juzgado primero administrativo del circuito
de Sincelejo y confirmada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE.

SEGUNDO: Se de aplicación a la normativa actual al momento de presentación de la
Conciliación ante la procuraduría 104 asuntos administrativos, para el mes de marzo
18 de 2015, dada la línea de argumentación transcrita por el apoderado, que tiene
como fundamento los principios de legalidad y confianza legitima, así como el
mandato de tutela judicial efectiva. corte Constitucional en sede de revisión y
mediante sentencia de unificación No.167 de 2023 del 18 de mayo de 2023. (concepto
ministerio publico exp. 20001-23-33-000-2018-00094-02-(69.329). de fecha enero 17
de 2024.

TERCERO: Se protejan los derechos fundamentales de los demandantes,
accionantes, se de aplicación al concepto de la procuraduría delegada, Corte
Constitucional en sede de revisión y mediante sentencia de unificación No.167 de
2023 del 18 de mayo de 2023. (concepto ministerio publico exp.20001-23-33-000-
2018-00094-02-(69.329). de fecha enero 17 de 2024. y se dicte un auto de mejor
proveer; donde los accionantes puedan argumentar y plantear del porque no
demandaron dentro del término. Dada la violación al debido proceso y acceso a la
justicia, reparación integral, para los casos bajo estudio.

CUARTO: Solicitar con el respeto acostumbrado dar aplicación a lo señalado por la
corte Constitucional, concepto de la procuraduría, y se sirva ordenar readecuar el
procedimiento para permitir que las partes actualizaran sus planteamientos conforme
a las nuevas reglas de Unificación previstas por la Sección Tercera del Consejo de
Estado sobre la materia […]”.

6.1. Los actores en su escrito de tutela señalaron que “[…] EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE, en aplicación de la sentencia de unificación del
29 de enero de 2020, dictada por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo

6 Transcripción literal del texto.

6

Núm. único de radicación: 110010315000202401004-01
Actores: Ruby Esther Arias Narváez y otros

de Estado. Permitiendo que los principios de seguridad jurídica y confianza
legitima (sic) quedaran sin piso, para la fecha se encontraba vigente el precedente
jurisprudencial sentencia 254 de 2023 (sic), causando una afectación de derechos
fundamentales de los demandantes involucrados, que confiaron en los términos
de imprescriptibilidad, establecidos para la fecha de presentación de la
conciliación extrajudicial presentada el 18 de marzo de 2015 y la demanda el año
2015 […]”.

6.2. Manifestaron que se desconoció que en sentencia SU 254 de 20137, la Corte
Constitucional estableció que los términos de caducidad, para que la población
desplazada con anterioridad a esa decisión pudiese comparecer ante la jurisdicción
contenciosa, solo podían comenzar a computarse desde la ejecutoria de esa
providencia.

Actuación

7. El Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante auto de 4 de marzo de 2024: i) admitió la acción de
tutela; ii) ordenó notificar a las autoridades judiciales demandadas; y iii) vinculó a la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional y Policía Nacional, al
Departamento de Sucre, al Municipio de Ovejas, a Ana Efigenia Narváez Gonzales,
a Elver Rafael Trespalacios Narváez, a Nelson José Trespalacios Narváez, a Berlys
Trespalacios Narváez, a Erlys Judicth Trespalacios Narváez, a María Mercedes
Trespalacios Narváez, a Lesvia Hortensia Caro Meriño, a Segundo Rafael Bolaño
Caro, a Zoila Elena Agamez Meriño, a Ramiro Alfonso Espinosa Agamez, a Daniela
Alejandra Espinosa Agamez, a Marelvis del Carmen Monterroza Narváez, a José
Tomas Ortega Guzmán, a Antonio Rafael Ortega Mercado, a Mirna Judit Alvis
Narváez, a Dany Luz Ramos Romero, a Ana Milena Rivero Peña, a Orfa Isabel
Narváez Puentes, a Steven David Narváez, a Josefa María Narváez Martínez, a Joel
David Narváez Puentes, a Nohemid Damaris Narváez Puentes, a Aracely del
Carmen Narváez, a Andrés Abelino Cabrera Jiménez, a Nidia Ester Munive Ordoñez
Puentes, a José Manuel Agamez Rivero, a José Eduardo Alvis Agamez, a José
Rafael Cárdenas Lans, a María Natividad Toscano de Tovar, a Luis Alfonso Puentes
Pérez, a Luis Eduardo Monterroza Cuello, a Anderson José Cárdenas Lans, a

7 Corte Constitucional. Sentencia SU-254 de 24 de abril de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

7

Núm. único de radicación: 110010315000202401004-01
Actores: Ruby Esther Arias Narváez y otros

Piedad Cecilia Villegas Pérez, a Francisco Eliseo Yepes de Ávila, a Dairo Emiro
Puentes Rivero, a Martha Cecilia Peña Pérez, a Oscar Javier Silgado Peña, a
Tatiana Margarita Mercado Peña, a Marcela Mercado Huertas, a Kellys Johanna
Mercado Huertas, a Aldair Rafael Narváez Monterroza, a Rubén Galdeidis Narváez
Monterroza, a Aníbal Eduardo Monterroza Narváez, a Senis Paola Alviz Toscano, a
Sully Andrea Alvis Toscano, a Luis Manuel Yépez Alvis, a Guillermo Ortega
Narváez, a José Miguel Ortega Manjarres, a José Tomas Ortega Manjarres, a
Elizabeth Ortega Majarres, a Celsa María Guzmán Ortega, a Néstor Gustavo
Romero Cortez, a Regina Esther Caro de Romero, a Juan Camilo Guerra Romero,
a Rubén Antonio Romero Monterroza, a José Ángel Toscano Yepes, a Hilda Teresa
Ortega de Toscano, a Robert Gregorio Toscano Ortega, a Argemiro de Jesús
Toscano Ortega, a Lucía Mercedes Toscano Ortega, a Serlis de Jesús Toscano
Ortega, a Piedad María Toscano Ortega, a Mercedes Manuela Toscano Ortega, a
Álvaro Javier Rodríguez Paredes, a Estella María Rodríguez Paredes, a Juan David
Rodríguez Paredes, a Lester Judith Diaz Salcedo, a Berny Beatriz Salcedo
Hernández, a Heidi Luz Diaz Salcedo, a Deiner José Diaz Salcedo y a Mary Luz
Díaz Salcedo, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término
de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

8. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional solicitó negar la acción de tutela,
por las siguientes razones:

“[…] Ahora bien, en cuanto Sentencia proferida el dos (02) de agosto de dos mil
veintitrés (2023) proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, en el marco del
proceso de reparación directa con radicado No. 70- 001-33-33-001-2015-00112-01,
mediante la cual revocó la decisión del Juzgado 01 Administrativo Oral del Circuito
de Sincelejo en sentencia de fecha 12 de diciembre de 2022, se dio aplicación al
precedente jurisprudencial establecido en la sentencia de unificación de 29 de enero
de 2020, lo cual es acorde con la línea de unificación y obligatoria en su aplicación
establecida por el Alto Tribunal en temas de caducidad, como así lo ha expresado
el Consejo de Estado.

Del mismo modo no se estructura irregularidades procesales ni sustanciales en las
Sentencias enjuiciada que ameriten la intervención del juez constitucional en
procura de proteger los derechos que supuestamente se vulneraron con el decreto
judicial de la caducidad. […]”.

[…]

“[…] Esta más que demostrado y ampliamente argumentado, que el Tribunal
Administrativo de Sucre lo que hizo en su decisión de fecha la sentencia de fecha

8

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Actores: Ruby Esther Arias Narváez y otros

dos (02) de agosto de dos mil veintitrés (2023) proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, en el marco del proceso de reparación directa con radicado
No. 70- 001-33-33-001-2015-00112-01, fue ceñirse a lo dispuesto por su órgano de
cierre de lo Contencioso Administrativo el cual unificó postura en lo que se refiere a
la contabilización del termino (sic) de caducidad del medio de control de reparación
directa en casos de lesa humanidad y así lo confirmó la Corte Constitucional también
en sentencia SU 312-2020 al acoger la posición adoptada por el Consejo de Estado
en la misma materia, razón por la cual ya no hay discusión, sino por el contrario
uniformidad en cuanto al tema en mención, en consecuencia, la decisión atacada
debe quedar incólume, por tanto, se debe declarar que no hubo vulneración de los
derechos que refiere la parte actora. […]”.

[…]

“[…] En este asunto la sentencia de fecha dos (02) de agosto de 2023 proferida por
el Tribunal Administrativo de Sucre, no vulneran derechos fundamentales ya que
como se observa la contabilización de la caducidad establecida para los casos de
lesa humanidad se compagina con lo señalado por la Corte Constitucional en
relación se contabiliza desde el conocimiento del generador del daño( participación
del estado), y se flexibiliza esta condición si se prueba que no contaba con la
posibilidad de conocer dicha situación o imposibilidad del ejercicio de la acción. […]”.

9. El Municipio de Ovejas solicitó su desvinculación, al considerar que carece
de legitimación en la causa por pasiva.

10. La Policía Nacional solicitó negar la acción de tutela, por las siguientes
razones:

“[…] En virtud de lo anterior, es válida la decisión adoptada por el honorable despacho
judicial al aplicar la caducidad de la acción, como quiera que las victimas (sic) del
desplazamiento forzado y de los hechos de masacres, tuvieron en todo caso la
oportunidad de acudir a la jurisdicción a ejercer el derecho de acción, aspecto que
verbi gracia, al no haber podido acceder a la administración de justicia era deber de
los demandantes argumentar en el proceso ordinario los motivos de hecho que
impedían acudir a la instancia judicial, situación que no resulta viable que en sede de
este mecanismo sea el medio idóneo para debatir tales aspectos, por lo que desde
ya, es prudente requerir respetuosamente al despacho, no acoger los planteamientos
esbozados por los accionantes para aceptar la postura del señor abogado
representantes de las partes accionantes. […]”.

[…]

“[…] De esta manera queremos significarle honorable despacho que, la instancia
judicial al momento de resolver el recurso de alzada ejerció ese control de legalidad
de la actuación y consideró no acceder a las pretensiones de la entidad demandada,
luego de efectuar un análisis riguroso frente a los hechos acontecidos, sustentando
su teoría, en la institución de la caducidad, como quiera que los demandantes tuvieron
conocimiento de los hechos generadores del daño antijurídico desde otrora y
transcurrido un tiempo prudencial lejos de lo estipulado en el artículo 164 de la Ley
1437 de 2011, no acudieron a la materialización del derecho de acción, pues
delimitando los tiempos de acuerdo a la interpretación del tribunal se indica que los
hechos tuvieron ocurrencia del 07 de septiembre de 1997 y finalizaron el 07 de
septiembre de 1999, y se ejerció el derecho de acción solo hasta el 9 de junio de
2015. […]”.

9

Núm. único de radicación: 110010315000202401004-01
Actores: Ruby Esther Arias Narváez y otros

[…]

“[…] De esta manera y con lo hasta aquí expuesto, honorable consejero solicito
comedidamente al momento de decidir la presente acción de tutela no se acojan los
argumentos de la defensa, porque fácilmente puede identificarse que no se
transgredieron derechos fundamentales a los plurimencionados accionantes, el
despacho judicial no incurrió en vías de hecho, la decisión adoptada estuvo
enmarcada en el respeto normativo y los precedentes judiciales, como se puede
apreciar en la sentencia hoy cuestionada. […]”.

11. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sincelejo allegó copia
digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
700013333001201500112-01.

12. El Tribunal Administrativo de Sucre, el Departamento de Sucre, Ana Efigenia
Narváez Gonzales, Elver Rafael Trespalacios Narváez, Nelson José Trespalacios
Narváez, Berlys Trespalacios Narváez, Erlys Judicth Trespalacios Narváez, María
Mercedes Trespalacios Narváez, Lesvia Hortensia Caro Meriño, Segundo Rafael
Bolaño Caro, Zoila Elena Agamez Meriño, Ramiro Alfonso Espinosa Agamez,
Daniela Alejandra Espinosa Agamez, Marelvis del Carmen Monterroza Narváez,
José Tomas Ortega Guzmán, Antonio Rafael Ortega Mercado, Mirna Judit Alvis
Narváez, Dany Luz Ramos Romero, Ana Milena Rivero Peña, Orfa Isabel Narváez
Puentes, Steven David Narváez, Josefa María Narváez Martínez, Joel David
Narváez Puentes, Nohemid Damaris Narváez Puentes, Aracely Del Carmen
Narváez, Andrés Abelino Cabrera Jiménez, Nidia Ester Munive Ordoñez Puentes,
José Manuel Agamez Rivero, José Eduardo Alvis Agamez, José Rafael Cárdenas
Lans, María Natividad Toscano de Tovar, Luis Alfonso Puentes Pérez, Luis Eduardo
Monterroza Cuello, Anderson José Cárdenas Lans, Piedad Cecilia Villegas Pérez,
Francisco Eliseo Yepes de Ávila, Dairo Emiro Puentes Rivero, Martha Cecilia Peña
Pérez, Oscar Javier Silgado Peña, Tatiana Margarita Mercado Peña, Marcela
Mercado Huertas, Kellys Johanna Mercado Huertas, Aldair Rafael Narváez
Monterroza, Rubén Galdeidis Narváez Monterroza, Anibal Eduardo Monterroza
Narváez, Senis Paola Alviz Toscano, Sully Andrea Alvis Toscano, Luis Manuel
Yépez Alvis, Guillermo Ortega Narváez, José Miguel Ortega Manjarres, José Tomas
Ortega Manjarres, Elizabeth Ortega Majarres, Celsa María Guzmán Ortega, Néstor
Gustavo Romero Cortez, Regina Esther Caro de Romero, Juan Camilo Guerra
Romero, Rubén Antonio Romero Monterroza, José Ángel Toscano Yepes, Hilda
Teresa Ortega de Toscano, Robert Gregorio Toscano Ortega, Argemiro de Jesús

10

Núm. único de radicación: 110010315000202401004-01
Actores: Ruby Esther Arias Narváez y otros

Toscano Ortega, Lucía Mercedes Toscano Ortega, Serlis de Jesús Toscano Ortega,
Piedad María Toscano Ortega, Mercedes Manuela Toscano Ortega, Álvaro Javier
Rodríguez Paredes, Estella María Rodríguez Paredes, Juan David Rodríguez
Paredes, Lester Judith Diaz Salcedo, Berny Beatriz Salcedo Hernández, Heidi Luz
Diaz Salcedo, Deiner José Diaz Salcedo y Mary Luz Diaz Salcedo, guardaron
silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

13. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió
sentencia, en primera instancia, el 14 de mayo de 2024, por medio de la cual resolvió
lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el municipio de
Ovejas, por los argumentos señalados.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho al debido proceso solicitado por la parte actora8,
de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia proferida el 2 de agosto de 2023, por
el Tribunal Administrativo de Sucre, dentro del proceso de reparación directa No.
70001-33-33-001-2015-00112-01 y, en consecuencia, ORDENAR al Tribunal
Administrativo de Sucre que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta
providencia, profiera una nueva decisión, en la cual atienda a lo expresado en la
presente sentencia. […]”.

13.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] A partir de lo expuesto, considera la Sala que el medio de control no se
encontraba caducado, en la medida en que, de un lado, no se demostró que cesó el
daño continuado en virtud del retorno en condiciones de seguridad o el arraigo de los
demandantes al lugar de recepción y, de otro lado, la Sentencia de la Corte
Constitucional SU-254 de 2013 quedó ejecutoriada el 23 de mayo de 2013 (fecha en
la que se empezaba a contar el término de 2 años para presentar la demanda), la
caducidad fue suspendida con la presentación de la solicitud de conciliación
extrajudicial el 3 de febrero de 2015 —cuando faltaban más de 3 meses para el fin
del término-, se declaró fallida y se expidió la constancia respectiva el 18 de marzo
de 2015, en consecuencia, la demanda presentada el 9 de junio de 2015, fue
oportuna.

28. No sobra mencionar que pese a que la Sección Tercera del Consejo de Estado
profirió la Sentencia de Unificación de 29 de enero de 20209 sobre reglas de
unificación en materia de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, la cual
sirvió de fundamento de la sentencia objeto de la presente acción de tutela, ese no
era un argumento suficiente para declarar la caducidad en el asunto toda vez que (a)

8 Anexo No. 3
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia de 29 de

enero de 2020, Exp (61033).

11

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implicaba un desconocimiento de la obligación de actuar como juez de
convencionalidad frente a la imprescriptibilidad de las acciones de reparación, que fue
reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia
Órdenes Guerra vs Chile, con fundamento en el artículo 25.1 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, y (b) implicaba un desconocimiento de la
sentencia de unificación proferida por la autoridad de cierre en materia constitucional,
en la que se determinó de manera específica, como (sic) se debía contabilizar el
término de caducidad respecto de los procesos judiciales para la población
desplazada.

29. Por todo lo expuesto, la Sala considera que el tribunal accionado vulneró el
derecho al debido proceso de la parte actora cuando declaró la caducidad del medio
de control de reparación directa, pues (a) no tuvo en cuenta que el desplazamiento
forzado constituye un daño continuado como se explicó líneas atrás, y (b) no tuvo en
cuenta que, en todo caso, la Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación
ordenó que la caducidad se debía contabilizar a partir de la ejecutoria de dicha
providencia, esto es, el 23 de mayo de 2013, tal como esta Sala lo ha dispuesto en
anteriores ocasiones10. […]”.

La impugnación

14. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional impugnó la sentencia proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las siguientes
razones:

“[…] Frente a lo expuesto y la posición asumida por el Consejo de Estado nos
encontramos en desacuerdo, ya que el Tribunal Administrativo de Sucre en sentencia
de fecha dos (02) de agosto de dos mil veintitrés (2023), en el marco del proceso de
reparación directa con radicado No. 0-001-33-33-001-2015-00112-01, tenía la
obligación de aplicar la sentencia de unificación de fecha 29 de enero de 2020, ya
que la sentencia de unificación se profiere en respuesta a la necesidad por la
incertidumbre imperante que se presentaba en todos los despachos judiciales del país
en torno al tema de caducidad, lo cual generaba una dualidad de posiciones al interior
del Consejo de Estado y en general de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
dando lugar en consecuencia, a la seguridad jurídica en torno al tema y evitando
decisiones contrarias en la misma Jurisdicción […]”.

[…]

“[…] Es el mismo Consejo de Estado que en la sentencia de Unificación decide
revocar sentencia de primera instancia de fecha 10 de julio de 2017, por considerar
que había operado la caducidad en la demanda presentada el día 23 de mayo de
2014, por unos hechos ocurridos el día 05 de abril de 2007, como ahora la misma
Corporación en sede tutela considera que no debe aplicársele la sentencia de
unificación de fecha 29 de enero de 2020 a la parte actora por haber presentado la
demanda en el año 2015, al indicar: “A partir de lo anterior, la Sala encuentra que, en
efecto, el tribunal demandado incurrió en desconocimiento del precedente
constitucional aplicable en casos de desplazamiento forzado causados con
anterioridad a la fecha en que fue dictada la sentencia SU-254 de 2013..”

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B: Auto de 30 de marzo de 2020, exp.

63134; Auto de 18 de noviembre de 2011, exp. 67078; Sentencia de 4 de mayo de 2022, exp. 63303; Sentencias
de 25 de mayo de 2023, expedientes 13001-23-31-000-2012-00235 01 y 05001-23-31-000-2012-00653 01.

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De otro lado, el fallo de tutela de fecha 14 de mayo de 2024, indica que al presentarse
la demanda en el año 2015 ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, para
efectos de contabilización de términos de caducidad debió tenerse en cuenta la
sentencia de la Corte Constitucional SU-253, lo cual es absurdo si tenemos en cuenta
que la el caso concreto que fue estudiado por el Consejo de Estado para proferir
sentencia de unificación el 29 de enero de 2020, la demanda fue presentada en el
año 2014, lo cual indica que este caso debe seguir la misma regla por analogía […]”.

[…]

“[…] Los jueces y tribunales han acogido con agrado la sentencia de unificación
expedida por el H. Consejo de Estado que otorgo (sic) claridad frente a los parámetros
a seguir para decidir sobre la caducidad de la acción en materia de presuntas
vulneraciones en derechos humanos, llevando que a la fecha se han expedido
múltiples sentencias negando pretensiones por caducidad […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 11, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
202112 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 13, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

11 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
12 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
13 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Problemas Jurídicos

17. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, al proferir la sentencia de
2 de agosto de 2023, y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sincelejo, al
proferir la sentencia de 12 de diciembre de 2022, en el proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número único
de radicación 700013333001201500112-01, incurrieron en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, lo que trajo como consecuencia que se
declarara probada la excepción de caducidad y, en consecuencia, se negaran las
pretensiones propuestas dentro de dicho medio de control.

18. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los
requisitos de procedencia en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial; v) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; vi) análisis del caso
concreto, y finalmente vii) las conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

19. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello14, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,

C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.

14

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Requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales

20. Esta Sección15 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

21. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

22. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590
de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedencia, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado
como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de
tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”16.

23. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

24. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,

C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
16Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”17 que encaje en dichos
parámetros.

25. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

26. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201418.

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de
tutela en el caso concreto

27. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional.

28. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedencia, así:

28.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración del derecho fundamental de los
actores al debido proceso.

28.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco de
la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la

17 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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posible afectación del derecho fundamental invocado supra, y además, ii) los
actores cumplieron con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas
por las cuales las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente.

28.3. Para la Sala exigirle a los actores una carga argumentativa mínima se
justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica
principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales19, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica de los actores, que realmente el operador judicial profirió
una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.

28.4. Cumplieron con el requisito general de procedencia de inmediatez20.

28.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales los actores puedan lograr la protección de los derechos
invocados.

28.6. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;

28.7. Los actores identificaron los hechos y los derechos cuya vulneración alega;
y

28.8. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

19 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las

actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.
Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
20 Puesto que la sentencia de 2 de agosto de 2023 proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal

Administrativo de Sucre se notificó el 12 de septiembre de 2023 (dos días siguientes al envío del mensaje de
datos que se realizó el 8 de septiembre de 2023), mientras que la tutela se interpuso el 28 de febrero de 2024,
es decir, se presentó antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia cuestionada.

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Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

29. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.

30. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley
169 de 31 de diciembre de 189621 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201122;
así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200123; C-816 de
201124; C-179 de 201625; y T-102 de 201426.

31. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”27 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…] conjunto
de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para
la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar
sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.

32. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional28, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que,
en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus
decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado

21 “Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
22 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de

Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
23 Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
24 Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
25 Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
26 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
27 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
28 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

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por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).

33. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria29, la regla del respeto del precedente no
es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente
a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a
resolver una situación concreta.

34. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en
los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala30, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la
regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden
constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como
precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser
tomada como referente, y v) la consideración que esa jurisprudencia resulta
errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que
se fundamenta el ordenamiento jurídico.

35. En efecto, la Sala31 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que
se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de
la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las
que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial32”, para lo cual resulta
obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y
fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión
de apartarse.

29 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5 de
febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de 2013,

C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
31 ibídem.
32 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez

y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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36. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo
los órganos de cierre como lo son: i) la Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado
y iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, fijan reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben ser
tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los hechos del
caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio decidendi
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

37. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

38. Atendiendo a que, la Corte Constitucional33 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

33 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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Análisis del caso en concreto

39. Los actores, a través de apoderado, presentaron solicitud de tutela contra la
Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Sincelejo, porque, a su juicio: i) el Tribunal, al proferir,
la sentencia de 2 de agosto de 2023; y ii) el Juzgado, al proferir, la sentencia de 12
de diciembre de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
700013333001201500112-01: vulneraron su derecho fundamental invocado supra.

40. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

41. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

42. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

42.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de reparación directa identificado con el número único de radicación
700013333001201500112-01.

Solución del caso concreto

43. De conformidad con lo resuelto por el juez constitucional en primera instancia
y los planteamientos formulados en la impugnación, la Sala precisa que el análisis
del caso en esta instancia se centrará en el presunto desconocimiento del

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precedente judicial contenido en la sentencia SU-254 de 2013, en lo relacionado de
forma exclusiva a la caducidad por el hecho de desplazamiento forzado.

44. La Sala advierte que, los actores en su escrito de tutela señalaron que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, toda vez que su decisión se apartó de lo
establecido en la sentencia SU-254 de 201334 que, a su juicio, le era aplicable al
caso bajo estudio, para en su defecto aplicar lo señalado en la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado35. Para tal efecto, los actores manifestaron lo siguiente:

“[…] CUARTO: EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, en aplicación de la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, dictada por la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.

Permitiendo que los principios de seguridad jurídica y confianza legitima quedaran sin
piso, para la fecha se encontraba vigente el precedente jurisprudencial sentencia 254
de 2023, causando una afectación de derechos fundamentales de los demandantes
involucrados, que confiaron en los términos de imprescriptibilidad, establecidos para
a fecha de presentación de la conciliación extrajudicial presentada el 18 de marzo de
2015 y la demanda el año 2015. EL TRIBUNAL no realizo un análisis del material
probatorio, donde se encuentra el proceso penal, enviado por la fiscalía de DDHH de
Medellín.

Ante el cambio relevante en los parámetros normativos, el tribunal accionado debió
estudiar a fondo la demanda en litigio, con los argumentos planteados probamente
hubieren tenido otro resultado, dado que el profesional del derecho en la demanda,
en su parte argumentativa estaba centrado a demostrar la ocurrencia de delitos de
lesa humanidad o crímenes de guerra. Y contaba con el termino de imprescriptibilidad
de esos delitos al momento de presentación de la conciliación ante la procuraduría
104 juridicial de asuntos administrativos para el mes de marzo 18 de 2015. […]”.

[…]

“[…] SEXTO: La EXCEPCION AL TERMINO DE CADUCIDAD DERIVADA DEL
DELITO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-, TERMINO DE CADUCIDAD DE LA
ACCION DE REPARACION DIRECTA-No puede aplicarse de manera absoluta En
virtud del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general el
término de caducidad del medio de control de reparación directa es de 2 años. Por
regla general, el momento en que inicia la contabilización de dicho término es el de la
ocurrencia del hecho dañoso, pues se presume que ahí se tiene conocimiento del
daño. Sin embargo, en aplicación de reglas y principios constitucionales, se ha
comprendido que dicho conteo no puede aplicarse de manera inflexible o rígida, pues
en ocasiones, dadas las circunstancias particulares del caso, pueden admitirse ciertas
flexibilizaciones, necesarias para garantizar el acceso efectivo a la administración de
justicia y la reparación integral de las víctimas.

34 Corte Constitucional. Sentencia SU-254 de 24 de abril de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de

29 de enero de 2020, radicación número: 85001-33-33-002-2014-00144-01(61033). C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico.

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los cambios de precedente pueden dar lugar a afectaciones precisas de las reglas
aplicables en procesos judiciales que estén en trámite, con lo cual los sujetos
procesales y el mismo funcionario se encuentran frente a dos interpretaciones, en
donde una ha sucedido a la otra. Incluso, el anterior escenario cobra mayor relevancia
cuando el cambio de precedente afecta una actuación procesal que se inició al
amparo de normas y precedentes anteriores como la SENTENCIA 254 DE 2013. En
este contexto, puede resultar que los sujetos procesales actúen con la confianza
legitima de que serán aplicadas ciertas reglas jurisprudenciales vigentes, que luego
serían modificadas. Por lo tanto, la aplicación inmediata del nuevo precedente, sin
consideración alguna a esta circunstancia, podría derivar en el desconocimiento de
derechos fundamentales. Esto, en el supuesto de que en aplicación del cambio
jurisprudencial, no se den consecuencias jurídicas a actuaciones iniciadas bajo el
precedente anterior, o que, se atribuyan consecuencias jurídicas desfavorables en
razón a reglas que en su momento no existían y por tanto no se pudieron evitar. […]”36.

45. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que para la aplicación del
precedente judicial al caso concreto es necesario verificar la procedencia de los
siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre
una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un
problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del
caso sean equiparables a los resueltos anteriormente37.

Sentencia SU-254 de 201338

46. La Sala Plena de la Corte Constitucional abordó el estudio de varios casos
relacionados con víctimas de desplazamiento forzado por la violencia, en los cuales
se solicitó una reparación integral. Al respecto, en la sentencia de la referencia se
lee:

“[…] Adujeron los accionantes que, como consecuencia del desplazamiento forzado
por el conflicto armado de que fueron víctimas, tuvieron que padecer todo tipo de
vejámenes y discriminación. Sumado a esto, afirman que dejaron atrás sus trabajos
y viviendas, y que les ha sido difícil estabilizarse socio-económicamente en los
lugares de recepción.

Debido a su situación de desplazamiento, en la mayoría de los casos, los peticionarios
acudieron a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, para que
les fuera reconocido su derecho a la reparación integral, sin lograr respuesta alguna
ante sus solicitudes u obteniendo respuesta negativa. Frente a lo anterior, los
accionantes afirman que Acción Social sólo se ha limitado a brindarles ayuda
humanitaria de emergencia, sin reconocer los demás derechos que les son inherentes
por tratarse de personas con especial protección constitucional. En los demás casos,
los accionantes acudieron directamente a la vía de tutela, sin solicitud previa ante
Acción Social, hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el fin

36 Descripción literal del texto.
37 Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.

Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
38 Corte Constitucional. Sentencia SU-254 de 24 de abril de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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de reivindicar su derecho a una reparación integral y a una indemnización justa,
pronta y eficaz.

De esta forma, en todos los casos, de manera directa o previa solicitud de reparación
e indemnización ante la entidad accionada, los actores interpusieron acciones de
tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional- Acción Social-, ahora Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, para que les fuera reconocido su derecho fundamental a la indemnización
justa e inmediata de todos los daños y perjuicios ocasionados por el desplazamiento
forzado.

En los casos acumulados en la presente sentencia de unificación, con excepción de
los expedientes T-2.405.734 y T-2.448.283 en los cuales los jueces de instancia
rechazaron por improcedente las acciones de tutela, el amparo fue concedido y se
condenó en abstracto a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional -Acción Social-, hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, al pago de los perjuicios derivados del desplazamiento forzado y
se remitió el expediente a los jueces administrativos para que se adelante el trámite
correspondiente al incidente de liquidación de los perjuicios […]”.

47. La Corte Constitucional planteó como problema jurídico determinar “[…] si en
los casos de tutela que se examinan, se presenta vulneración del derecho a la
indemnización administrativa y a la reparación integral de los accionantes, por parte
de la antigua Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional -Acción Social-, hoy transformada en el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social, de conformidad con la Constitución Política de 1991, los
estándares mínimos de derecho internacional en materia de reparación a víctimas,
y el nuevo marco jurídico e institucional creado por la Ley 1448 de 2011 y sus
decretos reglamentarios, especialmente el Decreto 4800 de 2011. Así, la Sala Plena
de esta Corporación deberá unificar los distintos criterios jurídicos que han dado
lugar a la ejecución de distintas acciones judiciales, a partir de las cuales se han
adjudicado diferentes consecuencias jurídicas a los mismos supuestos de hecho en
materia de reparación integral e indemnización administrativa a víctimas del
desplazamiento forzado. Para ello, la Corte deberá resolver diversos
cuestionamientos jurídicos, tanto de tipo procesal como sustancial, asociados a la
procedencia de la acción de tutela, su prosperidad en los casos en concreto y el
régimen legal aplicable, con el fin de lograr la protección efectiva del derecho a la
reparación integral de las víctimas de desplazamiento forzado, atendiendo el nuevo
marco legal y reglamentario en la materia […]”.

48. Por tratarse de un asunto complejo, la Corte realizó varios análisis frente a la
situación de las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia, resolviendo lo
siguiente respecto del término de caducidad para la población desplazada en

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relación con futuros procesos judiciales ante la jurisdicción contencioso
administrativa:

“[…] VIGÉSIMO CUARTO.- DETERMINAR que para efectos de la caducidad de
futuros proceso (sic) judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, los términos para la población desplazada sólo podrán
computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en
cuenta trascursos de tiempo anteriores, por tratarse de sujetos de especial
protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema
y debilidad manifiesta […]”. (Resaltado por la Sala)

49. Para la Sala, las autoridades judiciales demandadas incurrieron en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que, si bien el
asunto que se resolvió en la sentencia SU-254 de 2013 fue complejo y abordó
múltiples situaciones de la población desplazada, lo cierto es que se observa que en
ambos casos se trata de víctimas de desplazamiento forzado, que solicitaron una
reparación integral frente a los perjuicios derivados de ese desplazamiento.

50. En el caso de los actores, de conformidad con las sentencias proferidas en
primera y en segunda instancia dentro del medio de control de reparación directa,
se advierte que: i) “[…] el hecho dañoso que presuntamente ocasionó los perjuicios
que hoy reclaman los demandantes es el desplazamiento forzado, del que dicen
fueron víctimas, como consecuencia de la masacre ocurrida el 06 de septiembre de
1997 […]”; y ii) la demanda se presentó el 9 de junio de 2015, previa solicitud de
conciliación que se presentó el 3 de febrero de 2015.

51. Por otra parte, se advierte que, i) la sentencia SU-254 de 2013 determinó que
“[…] para efectos de la caducidad de futuros proceso (sic) judiciales ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, los términos para la población
desplazada sólo podrán computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no
se han de tener en cuenta trascursos de tiempo anteriores, por tratarse de sujetos
de especial protección constitucional, en atención a sus circunstancias de
vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta […]”; y ii) la ejecutoria de dicha
sentencia de unificación se configuró el 23 de mayo de 2013.

52. Al respecto, la Sala advierte que, en un caso con supuestos fácticos y jurídicos
similares, esta Sección39 se pronunció en los siguientes términos:

39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de febrero de

2024, radicado número 110010315000202304852-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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“[…] 54. Para la Sala, la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente judicial, toda vez que, si bien el asunto que se
resolvió en la sentencia SU-254 de 2013 fue complejo y abordó múltiples situaciones
de la población desplazada, lo cierto es que se observa que en ambos casos se trata
de víctimas de desplazamiento forzado, que solicitaron una reparación integral frente
a los perjuicios derivados de ese desplazamiento.

55. En el caso de los actores, de conformidad con la sentencia de primera y segunda
instancia proferidas dentro del medio de control de reparación directa, se advierte que:
i) “[…] a partir de las afirmaciones de la demanda, el desplazamiento se produjo en el
año 2001 […]”; y ii) “[…] la demanda se presentó hasta el año 2014 […]”.

56. Por otra parte, se advierte que, i) la sentencia SU-254 de 2013 determinó que “[…]
para efectos de la caducidad de futuros proceso (sic) judiciales ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, los términos para la población desplazada sólo
podrán computarse a partir de la ejecutoria del presente fallo y no se han de tener en
cuenta trascursos (sic) de tiempo anteriores, por tratarse de sujetos de especial
protección constitucional, en atención a sus circunstancias de vulnerabilidad extrema
y debilidad manifiesta […]”; y ii) la ejecutoria de dicha sentencia de unificación se
configuró el 23 de mayo de 2013.

57. Igualmente, se advierte que, de conformidad con las consideraciones expuestas
en la sentencia T-374 de 2023, la sentencia SU-254 de 2013 era el precedente vigente
al momento de la interposición de la demanda de reparación directa, tratándose de
una regla especial para la población desplazada por la violencia, que busca garantizar
el acceso efectivo a la administración de justicia de una población con una “[…]
especial situación de vulnerabilidad […]”.

53. En ese orden de ideas, la Sala considera que se desconoció la ratio decidendi
establecida en dicha sentencia, puesto que, tal como se expuso previamente, el caso
de los actores se subsume dentro de la regla jurisprudencial que para tal efecto
estableció la Corte Constitucional.

Conclusiones de la Sala

54. En suma, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 14 de mayo de 2024
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
medio de la cual amparó el derecho fundamental al debido proceso de los actores.

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Actores: Ruby Esther Arias Narváez y otros

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 14 de mayo de 2024 proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Salva voto

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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