RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00540-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00540-00

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00540-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Niégase la solicitud de desvinculación elevada por la Nación – Rama Judicial. SEGUNDO: Téngase a los los señores Eladio, Elkin y Yelimar Buelvas Reyes; Ludis de la Hoz Arrieta, quien actúa en representación de su hijo menor Juan David Buelvas de la Hoz; Elena Patricia, Kellys Johana, Wilfredo, Epimenia y Jorge Buelvas de la Hoz; Blanca Buelvas Torres y Blanca Mercado González, como coadyuvantes de la parte accionante en el trámite de la presente acción. TERCERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Gabriel Enrique Buelvas Mercado contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00540-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

18 de abril de 2024

Demandante: Gabriel Enrique Buelvas
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00540-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00540-00
Demandante: GABRIEL ENRIQUE BUELVAS MERCADO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la parte actora en ejercicio de la
acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y desarrollada
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Gabriel Enrique Buelvas Mercado, actuando a través de apoderado
judicial, presentó solicitud de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

Consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la
sentencia proferida el 4 de julio de 2023 por dicha autoridad judicial en el marco del
proceso de reparación directa con radicado 47001-23-33-000-2014-00024-00,
mediante la cual se revocó la sentencia del 3 de junio de 2016 proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, y en su lugar, se negaron las pretensiones
de la demanda.

1.2. Las pretensiones

En el escrito petitorio, el accionante solicitó:

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia adiada 4 de julio de 2.023,
proferida por el CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gabriel Enrique Buelvas
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00540-00

A, Consejera Ponente: Dra. MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO, por existir un
DEFECTO FÁCTICO por la NO VALORACIÓN DEL ACERVO PROBATORIO y
por la VALORACIÓN DEFECTUOSA DEL MATERIAL PROBATORIO, además del
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE, en la parte considerativa del fallo.

TERCERO: ORDENAR que en un término de 15 días hábiles, el CONSEJO DE
ESTADO - SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A, profiera nueva sentencia de
segunda instancia dentro del medio de control de reparación directa, promovido
por el señor GABRIEL ENRIQUE BUELVAS MERCADO y Otros, contra la
NACIÓN – FISCALÍA GENERAL, radicado No. 47001233300020140002401
(58.145), teniendo en cuenta y haciendo un análisis exhaustivo y pormenorizado
de todas las pruebas e indicios allegados a la investigación adelantada por la
Fiscalía 29 seccional de Plato, antes y después de dictada la medida de
aseguramiento contra mi prohijado, y hasta antes de la resolución de acusación,
con el fin de establecer si la medida restrictiva se ajustó a los criterios de legalidad,
necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, acorde a los estándares
constitucionales de imparcialidad, racionalidad y sana critica. (SIC a lo trascrito)

1.3. Hechos

Los supuestos jurídicamente relevantes pueden sintetizarse de la siguiente manera:

El 31 de octubre de 2005, se dictó medida de aseguramiento de detención
preventiva contra el señor Gabriel Enrique Buelvas Mercado por la Fiscalía 29
delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato – Magdalena. La medida
tuvo como fundamento dos declaraciones rendidas ante la policía judicial (Sijín y
CTI) en el desarrollo de la investigación previa, por los señores Roberto Padilla
Yépez, alias «Jhon Wilson» como ex integrante del Frente 37 de las Farc y José del
Carmen Mercado de Ávila, alias «José», quien tras ser investigado y detenido
también por el delito de rebelión, decidió acogerse al programa de reinserción del
Gobierno Nacional.

Dichas declaraciones fueron valoradas como indicios graves por parte de la fiscalía,
y fueron suficientes para tener por satisfechos los requisitos exigidos por el artículo
355 y subsiguientes de la Ley 600 de 2000.

Posteriormente, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato, mediante sentencia del
14 de junio del 2007, absolvió de los cargos al señor Buelvas Mercado, proveído
confirmado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Magdalena mediante
sentencia del 5 de septiembre de 2011. Es decir, que el señor Buelvas Mercado
estuvo privado de la libertad durante 20 meses, aproximadamente.

El señor Buelvas Mercado y sus familiares instauraron medio de control de
reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación. En primera instancia, el
Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 3 de junio de 2016,
declaró a la entidad patrimonialmente responsable por el daño antijurídico sufrido
por los demandantes.

Dicha sentencia condenatoria aplicó el precedente contenido en la sentencia del 12
de febrero de 2014, el cual establecía un régimen de responsabilidad objetiva, por
virtud del cual, en todo caso en que una persona fuera privada de la libertad
mediante detención preventiva provisional, de resultar absuelto en el proceso penal,
el Estado debía responder por el daño antijurídico causado.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gabriel Enrique Buelvas
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00540-00

La sentencia fue apelada por la Fiscalía y correspondió su conocimiento a la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. La corporación revocó
la decisión del a quo, debido al giro jurisprudencial en torno a la materia y aplicó el
régimen de responsabilidad subjetiva contenido en la sentencia del 6 de agosto de
2020, con ponencia del magistrado José Roberto Sáchica Méndez, radicado 66001-
23-31-000-2011-00235-01 (46.947), en la cual se estableció que se debía constatar
si se cumplieron o no los presupuestos legales de necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad exigidos para sustentar debidamente la medida de aseguramiento
consistente en detención preventiva.

1.4. Sustento de la petición

El tutelante argumentó que la decisión proferida por el juez colegiado incurre en los
siguientes errores:

1.4.1. Defecto fáctico

Refirió que no es posible concebir, que uno de los argumentos principales para
revestir de legalidad una medida de aseguramiento de detención preventiva sea
que los indicios graves de responsabilidad de los que trata el artículo 356 de la Ley
600 de 2000, lo conformen básicamente dos declaraciones de un reinsertado y un
guerrillero confeso, que no cumplían con el elemento de «ajenidad» que deben
tener las declaraciones de terceros, lo cual les resta credibilidad en su dicho, pues
tienen un claro interés personal por los beneficios que persiguen al brindar
supuesta información sobre presuntos colaboradores de la insurgencia, además
que no dieron una información creíble, consistente, abundante y racional de los
hechos que incriminaban al señor Buelvas Mercado.

Aseguró que los presupuestos enunciados por el ad quem: racionalidad, legalidad,
proporcionalidad y necesidad no se cumplieron en la medida de aseguramiento
dictada contra el señor Buelvas Mercado.

Expuso que para efectos de dictarla no era posible tener en cuenta las pruebas
practicadas en el juicio por cuanto fueron muy posteriores, pero la sección Tercera
del Consejo de Estado, sí pudo y debió al momento de proferir fallo dentro del
proceso de reparación directa, hacer una valoración más rigurosa y exhaustiva de
todo el material probatorio arrimado al plenario antes y recién dictada la detención
preventiva, y de haberlo hecho, hubiese podido constatar todas las irregularidades
de la investigación, la denegación de justicia al omitir el decreto y práctica de
pruebas, los muchos indicios y evidencias que permitían inferir las excelentes
calidades humanas del señor Buelvas Mercado, y que no se trataba de un
supuesto colaborador de la guerrilla.

Luego formuló una serie de interrogantes:

¿Cómo se entiende que la fiscalía dio más credibilidad a las declaraciones plagadas
de inconsistencias sin especificación de 38 circunstancias de tiempo, modo y lugar,
de dos supuestos ex guerrilleros confesos, que no gozaban de imparcialidad, dado
que lo único que buscaban era obtener beneficios de excarcelación o rebaja de pena
a como diera lugar, que a:

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gabriel Enrique Buelvas
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00540-00

i) la manifestación de casi cuatro decenas de vecinos a favor de la honestidad y
probidad de GABRIEL BUELVAS;
ii) la certificación del propietario del establecimiento de comercio que le vendió el
celular a GABRIEL BUELVAS, que según los ex guerrilleros calumniadores se lo
había entregado la guerrilla;
iii) la misma indagatoria rendida por GABRIEL BUELVAS que de hecho se mantuvo
incólume a lo largo de todo el proceso penal, inalterada y sólida en la exposición de
los hechos siempre coincidentes con las evidencias obtenidas por la fiscalía durante
la investigación;
iv) la certificación adiada 30 de octubre de 2.005 suscrita por el señor DAVID
PUCCINI, quien fue la persona que le vendió el motor fuera de borda a GABRIEL
BUELVAS (folio 260),
v) la certificación adiada 30 de octubre de 2.005 suscrita por el señor FIDEL
SALAZAR, quien fue la persona que le alquiló la canoa a GABRIEL BUELVAS;
evidencias que fueron allegadas a la fiscalía tan solo menos de un mes después de
dictada la medida restrictiva;
vi) la solicitud de parte del dueño del dinero que le incautaron a GABRIEL BUELVAS
durante la captura, solicitud que fue atendida satisfactoriamente por la misma
fiscalía, hecho que coincide con lo declarado con GABRIEL BUELVAS en la
indagatoria;
vii) las irregularidades que plagaron la investigación previa, como la omisión en la
práctica de pruebas oportunamente solicitadas.

¿Cuáles fueron las razones que tuvo la Sección Tercera subsección A del Consejo
de Estado en la sentencia hoy atacada, para desconocer en su totalidad el antedicho
material probatorio, que claramente demostraba las excelentes calidades personales
de mi defendido, y que solo hubieran conducido, en el caso de la fiscalía 29
seccional de Plato Magdalena, a abstenerse de privarlo de la libertad, y en el caso de
la hoy tutelada, a confirmar la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal
Administrativo del Magdalena?

1.4.4. Desconocimiento del precedente

Precisó que el precedente adoptado en la sentencia objeto de censura, está
comprendido por las sentencias constitucionales C-037 de 1996 y SU – 072 de
2018, además de la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con
radicación 66001-23- 31-000-2011-00235-01 (46.947) del 6 de agosto de 2020.

Partiendo de lo anterior, afirmó que las distintas sentencias que conforman el
precedente, si bien establecieron que en materia de responsabilidad del Estado en
casos de privación injusta de la libertad, el juez debe examinar si la medida que
restringió la libertad devino realmente en injusta o no, dicha potestad otorgada al
juez administrativo también le impone la carga de examinar rigurosamente la
medida cautelar, esto a la luz de los criterios de legalidad, razonabilidad y
proporcionalidad, para así poder definir si realmente existían méritos para la
medida, pues de no ser así, podría verse comprometida la responsabilidad del
Estado.

Añadió que la sentencia SU – 072 del 2018, expresó claramente y de modo
categórico, la exigencia que se impone a los Estados en cuanto a sus legislaciones
internas, cuando de restringir la libertad se trata, que solo debe hacerse en casos
excepcionalísimos. Además, en su ratio decidendi expresó: «Finalmente debe
acotarse que es a la Fiscalía General y a los órganos de investigación que apoyan
su labor, a quienes les corresponde evitar desaciertos a la hora de recaudar y
valorar los elementos materiales probatorios de tal manera que la decisión
respecto de la libertad del procesado se adopte a partir de elementos de juicio

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gabriel Enrique Buelvas
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00540-00

incuestionables en relación con la razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de
las medidas restrictivas de la libertad».

Aseguró que basta con revisar el material probatorio obrante en la fase
investigativa del proceso penal, para establecer que la accionada Sección Tercera
Subsección A del Consejo de Estado, no obró con el rigor exigido al despachar el
recurso de alzada dentro del medio de control de reparación directa. Tan es así,
que sobre el criterio de proporcionalidad requerido hizo un análisis escueto e
inconcluso, igual al realizado por la fiscalía en su momento, al omitir la valoración
de diversos y meritorios elementos probatorios allegados oportunamente a la
investigación penal, los cuales, de ser valorados hubiesen conducido a la fiscalía a
abstenerse de dictar medida de aseguramiento.

1.4.5. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto del 6 de marzo de 2023, el despacho del magistrado ponente
admitió la solicitud de tutela y ordenó notificar esta decisión a los señores Eladio,
Elkin y Yelimar Buelvas Reyes, a Ludis de La Hoz Arrieta, Elena Patricia, Kellys
Johana, Wilfredo, Epimenia y a Jorge Buelvas de La Hoz y la señora Blanca
Buelvas Torres o a sus representantes legales, quienes también integraron la parte
demandante del proceso de reparación directa dentro del cual se profirió la
decisión en cuestión y a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

Adicionalmente, dispuso comunicar la iniciación del trámite procesal en calidad de
terceros con interés, a la Nación - Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y a
los magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena.

De otra parte, el magistrado ponente manifestó su impedimento para conocer del
presente asunto, el cual fue declarado infundado mediante auto del 29 de enero de
2024.

1.5. Informes presentados

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

El magistrado titular del despacho ponente de la decisión cuestionada manifestó
que para el momento de su expedición no se encontraba ejerciendo el cargo, por lo
que no intervino en su adopción.

1.5.2. Fiscalía General de la Nación

Manifestó que el juez administrativo contó con los elementos de juicio suficientes
para emitir los fallos hoy atacados en sede de tutela y que realizó una valoración
adecuada del acervo probatorio.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gabriel Enrique Buelvas
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00540-00

Aseguró que la parte actora no acredita la ocurrencia del defecto fáctico en el que
presuntamente incurrió la providencia controvertida. En consecuencia, no se
cumplen satisfactoriamente las condiciones constitucional y jurisprudencialmente
reconocidas para el ejercicio legítimo de la acción de tutela contra providencia
judicial.

1.5.3. Nación – Rama judicial

Adujo que, de conformidad con la Ley 600 de 2000, existe falta de legitimidad en la
causa por pasiva e inexistencia de la responsabilidad por parte de la Rama Judicial,
puesto que el proceso penal al que resultó vinculado el accionante se surtió bajo la
vigencia de la ley 600 de 2000, en el que la etapa investigativa se encontraba a
cargo de la Fiscalía General de la Nación, dentro de la cual se produjo la
providencia que libró orden de captura e impuso medida de aseguramiento con
detención domiciliaria.

Aseguró que se encuentra probado que la Rama Judicial nada tuvo que ver con la
investigación penal a la que fue vinculado el señor Buelvas Mercado, y en
consecuencia, solicitó ser desvinculada del trámite y de una eventual orden
estimatoria de las pretensiones del demandante.

1.5.4. Tribunal Administrativo del Magdalena

Expuso que de la situación fáctica narrada en la solicitud de tutela lo que se
observa es más bien es una inconformidad del extremo actor con la decisión
proferida en segunda instancia; lo que supone que dicho tribunal no ha sido
identificado como la autoridad que ha incurrido en la alegada vulneración de los
derechos sobre la que versa la presente acción.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y
el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

El apoderado del señor Gabriel Enrique Buelvas Mercado manifestó que los
señores Eladio, Elkin y Yelimar Buelvas Reyes; Ludis de la Hoz Arrieta, quien
actúa en representación de su hijo menor Juan David Buelvas de la Hoz; Elena
Patricia, Kellys Johana, Wilfredo, Epimenia y Jorge Buelvas de la Hoz; Blanca
Buelvas Torres y Blanca Mercado González le confirieron poder para
representarlos como parte accionante dentro de la presente acción de tutela.
Además, indicó que la señora Blanca Mercado González, también hizo parte del
proceso ordinario en cuestión.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gabriel Enrique Buelvas
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00540-00

Para dar alcance a la anterior solicitud, una vez revisados los poderes y
documentos de identidad aportados, teniendo en cuenta que la acción de tutela fue
admitida y se encuentra para decidir de fondo, se tendrá a los mencionados
señores como coadyuvantes de la parte accionante en el trámite de la presente
acción.

De otra parte, la Nación – Rama Judicial solicita que se le desvincule de la acción
de tutela, por considerar que no está legitimada en la causa por pasiva, pues
según señala, no dictó la medida de aseguramiento que dio origen a la demanda
de reparación.

La petición elevada por la entidad se desestimará, en atención a que su
comparecencia al proceso obedece a la vinculación en calidad de tercero con
interés, ordenada por el despacho sustanciador, por conformar el extremo pasivo
del medio de control de reparación directa que culminó con la sentencia
cuestionada a través de este mecanismo constitucional.

2.3. Problemas jurídicos

En orden a decidir la presente acción de tutela se determinará si en este caso se
cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial (procedencia adjetiva) establecidos por la Corte Constitucional.

En caso de superarse el examen de procedibilidad de la acción, se establecerá si
la providencia cuestionada, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda, orientadas a que se declarara la responsabilidad patrimonial de la
Fiscalía General de la Nación por el daño antijurídico padecido por los accionantes
ocasionado por la detención del señor Gabriel Enrique Buelvas Mercado, y la
consecuente reparación de perjuicios, vulnera los derechos fundamentales de los
demandantes, por incurrir en los defectos fáctico y desconocimiento del
precedente.

En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) criterio de esta
sección sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii)
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse
superados, (iii) el fondo del asunto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20121, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:

…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción

1 Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gabriel Enrique Buelvas
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00540-00

constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.2

Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a
él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto
los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente
lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y,

ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones
o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva – Relevancia
constitucional

2 Ibídem.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gabriel Enrique Buelvas
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00540-00

La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, unificó los criterios
respecto del presupuesto de relevancia constitucional.

En el mencionado fallo la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial «…el juez de tutela debe limitarse a
analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el
accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada’. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una
providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo
teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…».

El alto Tribunal Constitucional consideró que la acción de tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado, por
lo que no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para
discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se
zanjaron por el juez natural.

A su vez precisó, que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal3 (Énfasis de la Sala).

Luego de abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte consideró que el mecanismo de tutela no cumplía con este
postulado, en estos eventos:

i) Cuando no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental,
ii) Cuando involucra un debate eminentemente legal,
iii) Cuando plantea una discusión preponderantemente económica y,
iv) Cuando no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

En el caso bajo examen, la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera de esta colegiatura, revocó el fallo de primera instancia, y en su lugar, negó
las pretensiones de la demanda, al considerar que la medida restrictiva de la
libertad dictada contra el señor Buelvas Mercado tuvo como soporte la declaración
de un exintegrante del frente 37 de las Farc y la confesión de un subversivo que se
acogió al beneficio de sentencia anticipada e involucró al demandante como
colaborador de esa organización criminal.

3 Sentencia SU 573 de 2019.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gabriel Enrique Buelvas
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00540-00

El caso fue abordado desde la óptica del régimen subjetivo, conforme al fallo SU-
072 de 2018, proferido por la Corte Constitucional. La subsección señaló que no
hay un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación
de la libertad, pues es el juez quien, en cada caso, debe realizar un análisis para
determinar si la medida restrictiva de ese derecho fundamental fue apropiada,
razonable y/o proporcionada, es decir, si devino o no en injusta.

Para analizar el cumplimiento de los criterios de legalidad, proporcionalidad y
necesidad de la medida, el juez colegiado observó que los elementos con los que
contaba la Fiscalía, permitían la imposición de la medida de aseguramiento pues
existían indicios que comprometían la participación del actor como posible
responsable del delito de rebelión.

Además discurrió que la naturaleza del delito investigado justificaba la restricción de
su libertad, por el gran impacto nacional que tiene, su relación con la potencial
perturbación del orden público y social, la estructura del gobierno y del mismo
Estado, y, porque la pena establecida para ese tipo de conductas permitía al fiscal
actuar de la forma en que lo hizo «lo que denota que la investigación no fue
caprichosa ni irracional».

A su turno, el accionante considera que las declaraciones tenidas en cuenta por el
ente acusador no aportaban credibilidad y eran insuficientes para soportar le
medida dictada, pues se trataba de personas que podían obtener beneficios al
declarar contra el accionante. Además, sostiene que el juez contencioso
administrativo debió revisar, en sede de responsabilidad extracontractual del
Estado, las pruebas practicadas durante toda la investigación que demostraban la
calidad de persona que es el demandante, como declaraciones y otros
documentos, condición que hacía innecesaria la imposición de la medida de
aseguramiento.

Dilucidados los argumentos expuestos por el actor, la sala considera que la petición
de amparo no se relaciona con el alcance o interpretación de derechos
fundamentales, sino que se limita a una exposición de las inconformidades frente al
análisis que la autoridad judicial hizo de los elementos de prueba, la normativa y la
jurisprudencia aplicable al caso.

Como se puede observar, la discrepancia del actor se origina en el análisis de las
pruebas realizado por el juez de la causa, que lo condujo a considerar que el ente
acusador contaba con elementos probatorios que involucraban al procesado y
permitían considerar su posible participación en el delito por el cual fue investigado
y acusado, al margen de que la autoridad judicial lo hubiese absuelto; más no en la
falta o indebida valoración de los elementos de prueba que obraban en el proceso.

En contraposición a lo indicado por el actor, el juez tutelado consideró que la
medida superaba el examen de proporcionalidad y legalidad porque la fiscalía
contaba con dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas
legalmente producidas en el proceso.

De otra parte, el actor alega que se desconoció el precedente judicial, sin embargo,
omitió señalar los motivos por los cuales, los supuestos fácticos, las

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gabriel Enrique Buelvas
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00540-00

consideraciones y el problema jurídico resuelto en el caso, cuya aplicación
analógica pretende, constituían una regla jurídica para el proceso objeto de tutela y
de qué manera fue desconocida. En especial, porque en la sustentación de la
vulneración indicó que el análisis de los presupuestos de racionalidad, legalidad,
proporcionalidad y necesidad, no se cumplieron al adoptar la medida de
aseguramiento, pero no explica por qué el análisis que corresponde a un estudio
propio del régimen subjetivo de responsabilidad realizado por el ad quem era
incorrecto o desbordaba su autonomía judicial.

En ese orden, lo que se pretende con la petición de amparo no es la interpretación
del alcance de un derecho fundamental, sino la realización de un nuevo estudio de
las pruebas allegadas al proceso, a partir del cual se determine que las pruebas
que sustentaron la decisión dictada por la fiscalía no constituían indicios en los
términos de la norma aplicable, y que la medida no cumplía los presupuestos de
legalidad, proporcionalidad y necesidad.

Acceder al propósito del actor llevaría al juez de tutela a inmiscuirse en el fondo del
asunto y desplazar al juez natural de la causa, quien después de una valoración del
caudal probatorio y dentro del escenario procesal pertinente dotado de todas las
garantías y herramientas procesales, adoptó la decisión que definió la controversia
legal trabada entre las partes.

Conforme a lo señalado, la petición estudiada no supera el examen de procedencia
general en los términos de los lineamientos trazados por la Corte Constitucional en
la sentencia SU-215 de 2022, por referirse a una disputa que tiene su origen en una
disputa de orden legal, tarea que ya fue abordada por los jueces competentes
durante el proceso judicial, y no en el alcance de un derecho fundamental ni la
interpretación, aplicación o desarrollo de la Constitución Política.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Niégase la solicitud de desvinculación elevada por la Nación – Rama
Judicial.

SEGUNDO: Téngase a los los señores Eladio, Elkin y Yelimar Buelvas Reyes;
Ludis de la Hoz Arrieta, quien actúa en representación de su hijo menor Juan David
Buelvas de la Hoz; Elena Patricia, Kellys Johana, Wilfredo, Epimenia y Jorge
Buelvas de la Hoz; Blanca Buelvas Torres y Blanca Mercado González, como
coadyuvantes de la parte accionante en el trámite de la presente acción.

TERCERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Gabriel Enrique Buelvas Mercado contra la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

CUARTO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gabriel Enrique Buelvas
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00540-00

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.