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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02564-00

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-02564-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el señor Gabriel Enrique Buelvas Mercado, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-02564-00 Demandante: Gabriel Enrique Buelvas Mercado 4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-02564-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

11 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-02564-00
Demandante GABRIEL ENRIQUE BUELVAS MERCADO
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Y
OTRO
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa. Privación injusta de la libertad. Duplicidad de
acciones y cosa juzgada constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por el señor Gabriel Enrique Buelvas
Mercado, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de
2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 31 de marzo de 20261, el señor Gabriel Enrique Buelvas Mercado, actuando por
conducto de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del
Magdalena, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la libertad personal, a la dignidad humana, a la reparación
integral y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia del
4 de julio de 2023, proferida en segunda instancia en el medio de control de
reparación directa 47001-23-33-000-2014-00024-01 (58.145).

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones2:
«1. AMPARE los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, libertad personal,
acceso a la administración de justicia, dignidad humana y reparación integral, vulnerados
al señor GABRIEL ENRIQUE BUELVAS MERCADO, así como a su núcleo familiar,
conformado por su esposa LUDIA ESTHER DE LA HOZ ARRIETA y sus hijos e hijas:
BLANCA ZENITH BUELVAS TORRES, HELENA PATRICIA BUELVAS DE LA HOZ,
KELLYS JOHANNA DE LA HOZ, WILFREDO ENRIQUE BUELVAS DE LA HOZ,
EPIMENIA ISABEL BUELVAS DE LA HOZ, JORGE ELIECER BUELVAS DE LA HOZ,
ELADIO ANTONIO BUELVAS REYES, ELKIN ENRIQUE BUELVAS REYES, YELIMAR
BUELVAS REYES Y JUAN DAVID BUELVAS DE LA HOZ, como consecuencia directa
de la privación injusta de la libertad sufrida y de la negativa arbitraria de reparación por
parte del Estado colombiano.
2. DECLARAR que la providencia judicial proferida por la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera – Subsección A del Consejo de Estado vulneró el
derecho fundamental a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución
Política, del señor GABRIEL ENRIQUE BUELVAS MERCADO, al otorgar un trato
diferenciado, injustificado y arbitrario frente a otros coprocesados que, encontrándose en
una situación fáctica, jurídica y probatoria sustancialmente idéntica, sí fueron reconocidos
como beneficiarios de la reparación integral por privación injusta de la libertad..

1
Samai, índice 1.
2
Página 6 de la acción de tutela. SAMAI, índice 2.
1

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02564-00
Demandante: Gabriel Enrique Buelvas Mercado

3. DEJE SIN EFECTOS la sentencia proferida el 4 de julio de 2023 por la Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A del Consejo de Estado.
4. ORDENE al Consejo de Estado proferir una nueva decisión ajustada a la Constitución
Política y al precedente constitucional vigente en materia de responsabilidad del Estado
por privación injusta de la libertad».

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 26 de octubre de 2005, el señor Gabriel Enrique Buelvas Mercado fue
capturado en el municipio de Plato (Magdalena) con ocasión a orden de captura
librada por la Fiscalía por la supuesta participación en el delito de rebelión. El
31 de octubre del mismo año se le impuso medida de aseguramiento
consistente en detención preventiva.

El 14 de julio de 2007, el Juzgado Promiscuo del Circuito del Plato emitió
sentencia absolutoria a favor del procesado. Esta decisión fue confirmada por
el Tribunal Superior de Santa Marta en sentencia del 5 de septiembre de 2011.

2.2. Como consecuencia de lo anterior, el señor Gabriel Enrique Buelvas Mercado
y otros interpusieron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, en contra de la Nación, Fiscalía General de la Nación y la Rama
Judicial, con el objeto de que se declarara la responsabilidad administrativa y
patrimonial del Estado por la privación injusta de su libertad.

2.3. El proceso de reparación directa se identificó con el radicado 47001-23-33-000-
2014-00024-01 (58.145) y su conocimiento en primera instancia correspondió al
Tribunal Administrativo de Magdalena, que, en sentencia del 3 de junio de
2016, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2.4. La anterior decisión fue recurrida por las partes del proceso.

2.5. En sentencia del 4 de julio de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su decisión, la
autoridad judicial precisó que el caso analizado debía estudiarse bajo el
régimen subjetivo de responsabilidad. Bajo ese derrotero, concluyó que la
medida de aseguramiento impuesta atendió a los presupuestos de ley, por lo
que la privación de la libertad no fue injusta.

La sentencia se notificó a través de correo electrónico remitido a las partes del
proceso el 19 de julio de 20233.

2.6. En el escrito de tutela, el actor indicó que dentro del mismo proceso penal
fueron investigadas y privadas de la libertad otras personas, las cuales fueron
posteriormente absueltas; sin embargo, destaca que solamente los señores
Luz Elena Luna Carval, Jhon Miguel Luna Carval, Edwin Enrique Luna Carval,
José Alberto Tovar y Julio César Luna Carval obtuvieron reparación integral
por parte del Estado colombiano. Por lo tanto, el actor reprocha que él y los
otros procesados no fueron indemnizados a pesar de encontrarse en la misma
situación fáctica y jurídica.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora argumentó que el caso expuesto satisface los requisitos generales
de procedibilidad.

3
Expediente digitalizado del medio de control de reparación directa 47001-23-33-000-2014-10024-01. Archivo denominado
«08NotificacionSentencia».
2

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Demandante: Gabriel Enrique Buelvas Mercado

En primer lugar, manifestó que la tutela no se limita a una discrepancia sobre la
interpretación de las normas, sino que involucra la vulneración de derechos
fundamentales.

Relativo a la subsidiaridad indicó que contra la sentencia emitida en la segunda
instancia de un proceso de reparación directa no proceden recursos ordinarios ni
extraordinarios. Asimismo, expuso que la tutela se interpuso en un plazo razonable
considerando la complejidad del asunto y la necesidad de estructurar
adecuadamente los defectos contra la sentencia acusada.

Finalmente, indicó que en el escrito de tutela se identificaron con claridad los hechos
relevantes, la providencia controvertida y los defectos que se le increpan.

Respecto del fondo del asunto, la parte actora alegó que la sentencia acusada
adolece de los siguientes errores y defectos:

3.1. Defecto sustantivo. Reprochó que la autoridad judicial accionada analizó el
caso concreto bajo un régimen de responsabilidad equivocado. En esa vía,
expuso que la absolución penal del procesado era suficiente para estructurar
el daño antijurídico indemnizable, salvo que se demostrara la concreción de
una causal eximente de responsabilidad, lo que no ocurrió en el caso
particular.

3.2. Desconocimiento del precedente constitucional. Sostuvo que la sentencia
acusada se apartó injustificadamente de la jurisprudencia constitucional y
contencioso administrativa, según la cual la privación de la libertad seguida de
una decisión de absolución conlleva el derecho a la reparación integral. En esa
vía, reprochó que el juez no justificara las razones para apartarse del
precedente en clara violación del derecho al debido proceso de los
demandantes.

3.3. Violación directa a la Constitución- igualdad. Discute el actor que la
providencia judicial acusada otorgó un trato diferenciado e injustificado al
señor Gabriel Enrique Buelvas Mercado en relación con los coprocesados de
la investigación penal, los cuales estaban en el mismo escenario fáctico.

Recordó que el Consejo de Estado reconoció la indemnización por el daño de
privación injusta de la libertad a favor de los señores Luz Elena Luna Carval,
Jhon Miguel Luna Carval, Edwin Enrique Luna Carval, José Alberto Tovar y
Julio César Luna Carval, pero negó dicho reconocimiento al accionante, sin
ofrecer una justificación objetiva que explicara el trato desigual.

3.4. Desconocimiento del Concepto 17-103 de la Procuraduría General de la
Nación. Alega el actor que la sentencia judicial acusada desconoció
injustificadamente el mencionado concepto de la Procuraduría Quinta
delegada ante el Consejo de Estado en la que, a su juicio, se estableció que
la privación de la libertad seguida de una providencia absolutoria definitiva
configura un daño antijurídico indemnizable.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 10 de abril de 2026, el despacho ponente requirió a la parte
accionante para que: (i) aportara el poder especial que legitimaba al abogado
Carlos Jesús del Toro Mosquera para presentar la acción de la referencia; (ii)
aclarara quienes actúan en calidad de accionantes en el presente proceso
constitucional; y (iii) individualizara a cada uno de los demandantes,
demandados y terceros con interés que participaron en el medio de control con
radicado 47001-23-33-000-2014-00024-00/01 (58.145), con sus respectivas
direcciones de notificación.
3

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Demandante: Gabriel Enrique Buelvas Mercado

4.2. El 23 de abril de 2026, la parte actora allegó poder especial conferido por el
señor Gabriel Enrique Buelvas Mercado al abogado Carlos Jesús del Toro
Mosquera para presentar la acción de la referencia

4.3. En auto del 29 de abril 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela interpuesta por el señor Gabriel Enrique Buelvas Mercado en contra del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y el Tribunal
Administrativo del Magdalena.

Además, vinculó, en calidad de terceros con interés, dada su calidad de
sujetos procesales en el medio de control de reparación directa 47001-23-33-
000-2014-00024-01(58.145), a las siguientes entidades y personas: a la Nación,
Rama Judicial, Dirección Seccional de Administración Judicial de Santa Marta
y a la Fiscalía General de la Nación; a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado y al Ministerio Público y a las personas que actuaron en calidad de
demandantes4.

También se ofició al Tribunal Administrativo del Magdalena para que notificara
la acción de tutela a los terceros con interés y para que remitiera en medio
digital el expediente del proceso de reparación directa objeto de análisis o
autorizara la consulta del expediente a través de Samai. Con este último
propósito, se requirió además a la Secretaría de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
Finalmente, se ofició a la Secretaría General de la Corporación para que fijara
aviso en el que informara a las personas individualizadas en el numeral tercero
del auto admisorio, la existencia de la presente acción de tutela y se reconoció
al abogado Carlos Jesús del Toro Mosquera como apoderado judicial de la
parte accionante.
4.4. El magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez, en calidad de integrante de la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aclaró que no
suscribió la providencia accionada, pero que respetaría y acataría el fallo de
tutela.
De otro lado, informó que el señor Gabriel Enrique Buelvas Mercado presentó
previamente una acción de tutela que guarda similitud fáctica con la que se
estudia en el asunto de la referencia.
Precisó que dicho proceso se tramitó bajo el radicado 11001-03-15-000-2024-
00540-00/01 y fue declarado improcedente mediante sentencias del 18 de abril
de 2024 y del 13 de junio de 2024, proferidas por la Sección Quinta y la Sección
Cuarta del Consejo de Estado
4.5. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de profesional especializada
de la Dirección de Asuntos Jurídico, solicitó que se declare la improcedencia
de la acción de tutela por las siguientes razones: (i) ausencia de
fundamentación de las causales especiales de procedencia del amparo; (ii)
falta de relevancia constitucional ante la inexistencia de un escenario de
vulneración de derechos; y (iii) las providencias acusadas se ajustaron a las
garantías del debido proceso.
De otro lado, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad
debido a que la acción de tutela se dirige en contra de una providencia judicial,
ámbito en el que el ente investigador no tiene injerencia.

4
Ludis de la Hoz Arrieta, Eladio Buelvas Reyes, Elkin Buelvas Reyes, Yelimar Buelvas Reyes, Juan David Buelvas de la
Hoz, Elena Buelvas de la Hoz, Kellys Johana Buelvas de la Hoz, Epimienia Buelvas de la Hoz y Jorge Buelvas de la Hoz.
4

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Demandante: Gabriel Enrique Buelvas Mercado

4.6. La Procuraduría General de la Nación, mediante el procurador delegado
Carlos José Holguín, advirtió la improcedencia de la acción de tutela por no
satisfacer el presupuesto de subsidiariedad. Argumentó que el mecanismo
judicial idóneo para discutir que una providencia judicial desconoció una
sentencia de unificación como lo es la SU-72 de 2018, es «el recurso
extraordinario de revisión, pues dicho cargo podría constituir un defecto sustantivo
por falta de congruencia».

También alegó el incumplimiento del presupuesto de inmediatez, dado que se
cuestiona una sentencia proferida el 4 de julio de 2023 y notificada el 24 del
mismo mes y año, por lo que la interposición de la tutela en el año 2026 excede
el plazo razonable.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19915, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales6
y especiales7 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida
por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
acción de amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las
encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que
los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia.
Por ello, la Corte Constitucional ha indicado que como presupuesto adicional para
admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe
contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con
la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.

Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela

5
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
6
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
7
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
5

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Demandante: Gabriel Enrique Buelvas Mercado

contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Es importante tener en cuenta
que, en la sentencia, SU-573 de 20178, la Corte Constitucional analizó el tercer
elemento en el acápite de relevancia constitucional.

3. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes, la Sala debe determinar, en primer lugar, si en el
presente asunto se concretó el fenómeno de cosa juzgada constitucional y de
temeridad en relación con la acción de tutela 11001-03-15-000-2024-00540-01
(58.145), previamente decidida por esta Corporación. De haber lugar a ello, la Sala
analizará posteriormente la satisfacción de los presupuestos generales de la acción
de tutela contra providencias judiciales.

En caso de superar el anterior examen, el problema jurídico se concentrará en
determinar si la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió
en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa a
la Constitución al proferir la sentencia del 4 de julio de 2023 en el proceso de
reparación directa 47001-23-33-000-2014-00024-00/01.

4. Actuación temeraria y cosa juzgada

4.1. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra lo que debe entenderse por
una actuación temeraria, al señalar que «Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante
ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las
solicitudes».

Es por lo anterior que, en el artículo 37 de esa normativa se exigió que el
accionante manifestara bajo la gravedad del juramento que no había
interpuesto otra petición de amparo por los mismos hechos e invocando la
protección de los mismos derechos fundamentales.

A partir del artículo 38, la jurisprudencia constitucional 9 ha considerado la
procedencia de la temeridad en dos dimensiones: (i) cuando el accionante
actúa de mala fe, y (ii) cuando el demandante acude al recurso de amparo de
manera desmedida, por los mismos hechos, sin esgrimir una justificación
razonable que justifique dicho actuar. La Corte Constitucional ha advertido que
sólo procederán sanciones en caso de que se acredite la mala fe o el dolo en
la actuación del accionante.

La figura de la temeridad encuentra fundamento en los artículos 83 y 95 de la
Constitución Política. El primero, insta a los particulares para que sus
conductas estén enmarcadas de la buena fe y, el segundo, exige de toda
persona, entre otros, abstenerse de abusar de los derechos de los que es
titular y colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia 10.

Ha dicho la Corte Constitucional que la temeridad se configura cuando se
presentan los siguientes elementos11: (i) identidad de partes, (ii) identidad de
hechos y fundamentos, (iii) identidad de pretensiones y, (iv) la ausencia de
justificación en la presentación de la nueva demanda.

8
Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
9
Corte Constitucional. Sentencia SU-168 de 2017.
10
En este sentido ver: sentencia T-507 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
11
Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-096 de 2011 M.P. Juan Carlos
Henao Pérez; T-481 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos; T-529 de 2014 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
6

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02564-00
Demandante: Gabriel Enrique Buelvas Mercado

Este último elemento (ausencia de justificación), en palabras de la Corte, tiene
lugar cuando la actuación del actor denota el propósito desleal de satisfacer
un interés subjetivo a como dé lugar, aspecto que «deja al descubierto el abuso del
derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción» 12.

Finalmente, la Corte Constitucional ha explicado que incluso existiendo
multiplicidad de tutelas es posible que la acción no sea temeraria. Este evento
se presenta cuando la acción de tutela se funda en: «(i) la ignorancia del
accionante; (ii) el asesoramiento errado de profesionales del derecho; o (iii) el
sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que
los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un
derecho» 13 . En este supuesto, aunque la tutela debe ser declarada
improcedente, la actuación no se considera temeraria.

4.2. Por otro lado, la cosa juzgada es una institución de consagración legal en el
artículo 303 del Código General del Proceso que vuelve definitivas las
sentencias judiciales, lo que impide que las partes ventilen de nuevo el asunto
que fue objeto de resolución judicial. De esta manera se busca que no se
vuelvan a juzgar asuntos que ya fueron analizados y, además, cerrar de forma
definitiva el debate planteado.

La Corte Constitucional ha explicado que «la cosa juzgada se configura cuando
existe la triple identidad mencionada, es decir, de partes, hechos y pretensiones, sin que
se evidencie la configuración del elemento subjetivo que es la intención de buscar
engañar a las autoridades judiciales y abusar del ejercicio de la acción de tutela»14.

Puntualmente, sobre el fenómeno de la cosa juzgada en providencias de
tutela, la Corte Constitucional ha precisado que un fallo de tutela hace tránsito
a cosa juzgada cuando esta última profiere sentencia en virtud de la revisión
eventual o cuando se dicta auto notificando la no selección de la tutela.
En consecuencia, es posible que exista cosa juzgada pero no actuación
temeraria. La diferencia entre ambas instituciones jurídicas radica en que esta
última implica que el accionante o su apoderado actuó de forma desleal, al
interponer más de una acción con el fin de que, a toda costa, alguna de esas
prospere. En otras palabras, cuando se presenta una actuación de mala fe y
de forma deliberada.

5. Análisis del caso concreto

De la revisión del expediente y del informe rendido por la autoridad judicial
accionada, la Sala advierte que el señor Gabriel Enrique Buelvas Mercado ya había
promovido una acción de tutela fundada en la vulneración de sus derechos
fundamentales con ocasión de la sentencia del 4 de julio de 2023, proferida en la
segunda instancia del proceso de reparación directa 47001-23-33-000-2014-00024-01
(58.145). En concreto, se identificó la acción de tutela número 11001-03-15-000-2024-
00540-00/01.

Pues bien, de la comparación de las acciones de tutela la Sala encontró acreditada
la triple identidad requerida para declarar la cosa juzgada. Veamos:
Existe identidad de partes porque tanto en la presenta acción de tutela como en la
identificada con la radicación 11001-03-15-000-2024-00540-01, aparece como
accionante el señor Gabriel Enrique Buelvas Mercado y como parte pasiva la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

12
Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 1997.
13
Corte Constitucional. Sentencia SU-168 de 2017.
14
Corte Constitucional. Sentencia T-089 de 2019.
7

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02564-00
Demandante: Gabriel Enrique Buelvas Mercado

También se configura la identidad fáctica, comoquiera que en ambas acciones de
tutela se alega la vulneración de los derechos fundamentales del actor con ocasión
de la decisión de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa
al considerar que la imposición de la medida de aseguramiento fue legal y
razonable. De igual manera, en las dos solicitudes de amparo se cuestiona la
aplicación de la Sentencia SU-072 de 2018.

En el escrito de tutela que ahora se analiza, el actor adiciona un reproche
relacionado con la presunta vulneración de su derecho a la igualdad, bajo el
argumento de que otras personas que fueron investigadas por los mismos delitos y
fueron posteriormente absueltas sí habrían obtenido una indemnización judicial por
el daño antijurídico derivado de la privación de la libertad.

Asimismo, se encuentra acreditada la identidad de objeto, pues en las dos
acciones de tutela se solicitó el amparo de los derechos fundamentales del señor
Buelvas Mercado y, como consecuencia de ello, que se deje sin efectos la sentencia
del 4 de julio de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

En los dos casos, la pretensión consiste en que se profiera una providencia de
reemplazo que resuelva el asunto conforme a los parámetros fácticos y jurídicos
que, a juicio del actor, debieron orientar la solución del caso particular.

Se estima pertinente ilustrar lo indicado en el siguiente cuadro:

Acción de tutela previa Acción de tutela actual
1001-03-15-000-2024-00540-00/01 11001-03-15-000-2026-02564-00

Accionante: Gabriel Enrique Buelvas Mercado Accionante: Gabriel Enrique Buelvas Mercado

Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A Subsección A y Tribunal Administrativo del
Magdalena
El Tribunal Administrativo del Magdalena fue
vinculado como tercero con interés.

Pretensiones: Pretensiones:
«PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al «1. AMPARE los derechos fundamentales al debido
DEBIDO PROCESO y al ACCESO A LA proceso, igualdad, libertad personal, acceso a la
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, del señor GABRIEL administración de justicia, dignidad humana y reparación
ENRIQUE BUELVAS MERCADO y demás demandantes integral, vulnerados al señor GABRIEL ENRIQUE
dentro del medio de control de reparación directa, BUELVAS MERCADO, así como a su núcleo familiar,
promovido contra la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL, conformado por su esposa LUDIA ESTHER DE LA HOZ
radicado No. 47001233300020140002401 (58.145), por la ARRIETA y sus hijos e hijas: BLANCA ZENITH BUELVAS
violación en que se encuentra incurso el CONSEJO DE TORRES, HELENA PATRICIA BUELVAS DE LA HOZ,
ESTADO - SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A, en KELLYS JOHANNA DE LA HOZ, WILFREDO ENRIQUE
virtud de sentencia de segunda instancia proferida el día 4 BUELVAS DE LA HOZ, EPIMENIA ISABEL BUELVAS
de julio de 2.023, dentro del citado proceso. DE LA HOZ, JORGE ELIECER BUELVAS DE LA HOZ,
ELADIO ANTONIO BUELVAS REYES, ELKIN ENRIQUE
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia adiada 4 BUELVAS REYES, YELIMAR BUELVAS REYES Y JUAN
de julio de 2.023, proferida por el CONSEJO DE ESTADO DAVID BUELVAS DE LA HOZ, como consecuencia
• SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A, Consejera directa de la privación injusta de la libertad sufrida y de la
Ponente: Dra. MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO, por negativa arbitraria de reparación por parte del Estado
existir un DEFECTO FÁCTICO por la NO VALORACIÓN colombiano.
DEL ACERVO PROBATORIO y por la VALORACIÓN
DEFECTUOSA DEL MATERIAL PROBATORIO, además 2. DECLARAR que la providencia judicial proferida por la
del DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE, en la parte Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –
considerativa del fallo. Subsección A del Consejo de Estado vulneró el derecho
fundamental a la igualdad consagrado en el artículo 13 de
TERCERA – ORDENAR que en un término de 15 días la Constitución Política, del señor GABRIEL ENRIQUE
hábiles, el CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA BUELVAS MERCADO, al otorgar un trato diferenciado,
SUBSECCIÓN A, profiera nueva sentencia de segunda injustificado y arbitrario frente a otros coprocesados que,
instancia dentro del medio de control de reparación directa, encontrándose en una situación fáctica, jurídica y
promovido por el señor GABRIEL ENRIQUE BUELVAS probatoria sustancialmente idéntica, sí fueron
MERCADO y Otros, contra la NACIÓN – FISCALÍA reconocidos como beneficiarios de la reparación integral
GENERAL, radicado No. 47001233300020140002401 por privación injusta de la libertad.
(58.145), teniendo en cuenta y haciendo un análisis
exhaustivo y pormenorizado de todas las pruebas e indicios 3. DEJE SIN EFECTOS la sentencia proferida el 4 de
allegados a la investigación adelantada por la Fiscalía 29 julio de 2023 por la Sala de lo Contencioso
seccional de Plato, antes y después de dictada la medida
de aseguramiento contra mi prohijado, y hasta antes de la

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02564-00
Demandante: Gabriel Enrique Buelvas Mercado

Acción de tutela previa Acción de tutela actual
1001-03-15-000-2024-00540-00/01 11001-03-15-000-2026-02564-00
resolución de acusación, con el fin de establecer si la Administrativo, Sección Tercera – Subsección A del
medida restrictiva se ajustó a los criterios de legalidad, Consejo de Estado.
necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, acorde a los
estándares constitucionales de imparcialidad, racionalidad 4. ORDENE al Consejo de Estado proferir una nueva
y sana critica». decisión ajustada a la Constitución Política y al
precedente constitucional vigente en materia de
responsabilidad del Estado por privación injusta de la
libertad» (

Fundamentos15: Fundamentos:
La parte actora consideró que la decisión emitida el 4 de El actor argumentó que la providencia del 4 de julio de
julio de 2023, por el Consejo de Estado, Sección Tercera, 2023 incurrió en defecto sustantivo por haber analizado el
Subsección A, dentro del proceso de reparación directa caso bajo un régimen de responsabilidad errado.
identificado con el Nro. 47001-23-33-000-2014-00024- Además, reprochó la concreción del desconocimiento del
00/01, incurrió en defecto fáctico por defectuosa valoración precedente judicial y de la doctrina del Ministerio Público
del material probatorio, pues en su consideración aquel porque desconoció injustificadamente las providencias y
daba cuenta de que la medida de aseguramiento no fue pronunciamientos, entre ellos la sentencia SU-072 de
razonable. También alegó el desconocimiento del 2018, según los cuales «la privación de la libertad seguida
precedente jurisprudencial, por la errada comprensión y de una absolución definitiva genera el derecho a la
aplicación de la sentencia SU-072 de 2018. reparación integral del daño antijurídico.»
Finalmente, alegó el desconocimiento de su derecho a la
igualdad porque otras personas que fueron investigadas
penalmente por los mismos hechos y posteriormente
absueltas, sí fueron indemnizadas por vía judicial.

Decisión de primera instancia:
Sentencia 18 de abril de 2024, emitida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado. Declaró la improcedencia de
la tutela por incumplir el presupuesto de relevancia
constitucional.
Decisión en sede de impugnación:
sentencia del 13 de junio de 2024, emitida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado. Declaró la improcedencia
de la acción de tutela por incumplir el presupuesto de
inmediatez.

Frente a lo expuesto, conviene precisar que, aunque en la nueva acción de tutela el
actor adiciona argumentos que no fueron expuestos en la demanda previa, incluida
la referencia general a la presunta vulneración del derecho a la igualdad, ello no
desvirtúa la cosa juzgada constitucional.

Tales planteamientos no constituyen hechos nuevos, actuaciones posteriores ni
circunstancias sobrevinientes que alteren la identidad de causa, sino una
reformulación de los reparos contra la misma providencia judicial. En consecuencia,
no se advierte una causa distinta que impida declarar configurada la cosa juzgada
constitucional.

Hecha la anterior precisión, la Sala encuentra entonces acreditada la identidad de
partes, objeto y causa entre las acciones de tutela presentadas por el señor Gabriel
Enrique Buelvas Mercado.

En este punto, resulta pertinente agregar que el fallo de tutela emitido en el proceso
constitucional 1001-03-15-000-2024-00540-00/01 hizo tránsito a cosa juzgada
comoquiera que en auto del 30 de agosto de 202416, la Sala de Selección de Tutelas
nro. 8 de la Corte Constitucional decidió no seleccionar para revisión el expediente
T-10.386.297, correspondiente al referido trámite constitucional.

Se relaciona captura de pantalla tomada de la página web de la Corte
Constitucional:

15
Este resumen se efectúo a partir de la lectura de los acápites correspondientes de las sentencias de tutela emitidas en
primera y segunda instancia dentro del proceso constitucional 1001-03-15-000-2024-00540-00/01.
16
Cfr. https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AUTO%20SALA%20SELECCION%20No%208-2024%20-
%2030%20DE%20AGOSTO%20DE%202024%20-NOTIFICADO%2013%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202024.pdf
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02564-00
Demandante: Gabriel Enrique Buelvas Mercado

Así las cosas, se insiste, en el caso concreto se configuró el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional respecto del objeto de la presente acción, en tanto que el
juez de tutela ya se había pronunciado sobre la alegada vulneración de los derechos
fundamentales del señor Buelvas Mercado con ocasión de la sentencia del 4 de julio
de 2023, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda de reparación
directa en el proceso 47001-23-33-000-2014-00024-01 (58.145).

Ahora bien, a pesar de que en el caso concreto se advirtió la identidad de partes,
objeto y causa frente a la acción de tutela previamente promovida (rad. 2024-00540),
la Sala se abstendrá de declarar la temeridad.

Lo anterior, considerando que, si bien el actor no justificó la interposición de la nueva
acción de tutela por los mismos hechos y pretensiones, no se evidencia una
actuación dolosa, mala fe o intención de abusar del ejercicio de la acción. Más bien,
la presentación de la nueva solicitud puede explicarse en la creencia, aunque
errada, de que la incorporación de nuevos argumentos habilitaba un nuevo
pronunciamiento del juez constitucional.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela promovida por el señor Gabriel Enrique Buelvas Mercado por haberse
configurado la cosa juzgada constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el señor Gabriel
Enrique Buelvas Mercado, de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02564-00
Demandante: Gabriel Enrique Buelvas Mercado

4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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