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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00540-01

Fecha
13 de junio de 2024
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00540-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el del 18 de abril de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Quinta que declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor Gabriel Enrique Buelvas Mercado, pero por las razones expuestas en la presente providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00540-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

13 de junio de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00540-01
Demandante: Gabriel Enrique Buelvas Mercado

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-00540-01
Demandante GABRIEL ENRIQUE BUELVAS MERCADO
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa. Privación injusta de la libertad. Defectos fáctico y
por desconocimiento del precedente. Requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial: la inmediatez.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Gabriel Enrique Buelvas Mercado,
contra la sentencia del 18 de abril de 2024, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Quinta, que resolvió:
“Primero: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Gabriel Enrique
Buelvas Mercado contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado”.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 7 de febrero de 20241, Gabriel Enrique Buelvas Mercado interpuso acción de
tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y al ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, del señor GABRIEL ENRIQUE BUELVAS MERCADO
y demás demandantes dentro del medio de control de reparación directa, promovido contra la
NACIÓN – FISCALÍA GENERAL, radicado No. 47001233300020140002401 (58.145), por la
violación en que se encuentra incurso el CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN A, en virtud de sentencia de segunda instancia proferida el día 4 de julio de
2.023, dentro del citado proceso.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia adiada 4 de julio de 2.023, proferida por el
CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A, Consejera Ponente: Dra.
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO, por existir un DEFECTO FÁCTICO por la NO
VALORACIÓN DEL ACERVO PROBATORIO y por la VALORACIÓN DEFECTUOSA DEL
MATERIAL PROBATORIO, además del DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE, en la
parte considerativa del fallo.
TERCERO: ORDENAR que en un término de 15 días hábiles, el CONSEJO DE ESTADO -
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A, profiera nueva sentencia de segunda instancia
dentro del medio de control de reparación directa, promovido por el señor GABRIEL ENRIQUE

1 Escrito de tutela presentado por ventanilla virtual. SAMAI, índice 2 del expediente de primera instancia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00540-01
Demandante: Gabriel Enrique Buelvas Mercado

BUELVAS MERCADO y Otros, contra la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL, radicado No.
47001233300020140002401 (58.145), teniendo en cuenta y haciendo un análisis exhaustivo
y pormenorizado de todas las pruebas e indicios allegados a la investigación adelantada por
la Fiscalía 29 seccional de Plato, antes y después de dictada la medida de aseguramiento
contra mi prohijado, y hasta antes de la resolución de acusación, con el fin de establecer si la
medida restrictiva se ajustó a los criterios de legalidad, necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad, acorde a los estándares constitucionales de imparcialidad, racionalidad y
sana critica”.

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor Gabriel Enrique Buelvas Mercado fue capturado el 26 de octubre de
2005 en el municipio de Plato, Magdalena, como consecuencia de una orden
de captura librada por la Fiscalía Veintinueve Delegada ante el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Plato, Magdalena, por el delito de rebelión.

El 31 de octubre de 2005 le fue impuesta medida de aseguramiento
consistente en detención preventiva y el 6 de abril de 2006 se profirió
resolución de acusación por parte de la fiscalía delegada.

Posteriormente, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato, Magdalena en
sentencia del 14 de junio de 2007, resolvió absolver al hoy accionante, decisión
que fue apelada por parte de la fiscalía y confirmada en segunda instancia el
5 de septiembre de 2011 por parte del Tribunal Superior de Santa Marta.

2.2. Por lo anterior, el señor Gabriel Enrique Buelvas Mercado y otros, en ejercicio
del medio de control de reparación directa demandaron a la Nación, Fiscalía
General de la Nación y a la Rama Judicial con el fin de que se declararan
patrimonialmente responsables y en consecuencia se ordenara la respectiva
indemnización, con ocasión de la privación injusta a la que fue sometido el
actor y que concluyó con sentencia absolutoria.

2.3. En primera instancia conoció el Tribunal Administrativo del Magdalena
(radicación Nro. 47001-23-33-000-2014-00024-00) que, en sentencia del 3 de junio
de 2016, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

En esta instancia se abordó y resolvió el caso desde el régimen objetivo de
responsabilidad y en ese orden, consideró que la imposición de la medida de
aseguramiento y la posterior absolución a su favor, implicaban la existencia de
una privación injusta de la libertad.

2.4. La decisión se apeló por las partes tanto demandante como demandada.
Conoció en segunda instancia el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A que, en sentencia del 4 de julio de 2023 (notificada por correo
electrónico el 19 de julio de 20232) revocó la decisión del tribunal y en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda.

Advirtió que el caso debía ser revisado desde el régimen subjetivo de
responsabilidad, conforme lo dispuesto en las sentencias SU-072 de 2018 y

2 Revisado el proceso ordinario en segunda instancia, se advierte en el aplicativo SAMAI, índice 62 las
constancias de los oficios de notificación con fecha 19 de julio de 2024. Más adelante en el índice 65 figura
notificación por estado electrónico con fecha 24 de julio de 2023.

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Demandante: Gabriel Enrique Buelvas Mercado

C-037 de 1996 proferidas por la Corte Constitucional en las que se precisó que
no existía un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos
de privación de la libertad, ya que era el juez en función del caso concreto que
debía hacer un análisis para determinar si la medida había sido apropiada,
razonable y/o proporcionada, esto es, si era o no injusta.

Sostuvo que revisada la decisión penal, la decisión de absolución había sido
como consecuencia de la aplicación del in dubio pro reo, esto es del beneficio
de la duda a su favor, lo cual se advertía como consecuencia de un análisis
probatorio, de manera que, la medida de aseguramiento impuesta en su
momento por la fiscalía había partido de una situación fáctica racional que
contaba con elementos probatorios que involucraban al procesado y permitían
considerar su posible participación en el delito por el cual había sido
investigado y acusado, pese a que posteriormente hubiera sido absuelto,
concluyendo así en la necesidad de la medida, en atención además al delito
que se le imputaba que tenía que ver con el orden público dada la presunta
participación del demandante en grupos al margen de la ley.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora consideró que la decisión emitida el 4 de julio de 2023, por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, dentro del proceso de
reparación directa identificado con el Nro. 47001-23-33-000-2014-00024-00/013,
incurrió en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente
jurisprudencial.

3.1. Defecto fáctico. Alegó que este defecto se configura por falta de valoración y
defectuosa valoración del material probatorio.

Como sustento de esta afirmación, se refirió a varios apartes de la sentencia,
indicando que, no apeló la resolución de acusación emitida por la Fiscalía, y
explicando las razones por las que no lo hizo; mencionó declaraciones y otras
pruebas que según el accionante, demostraban que, pese a no haberse
recurrido la decisión de la Fiscalía, se probaba la ausencia de responsabilidad
penal, lo que no se había valorado por la fiscalía ni por la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

Manifestó su desacuerdo con la conclusión del fallo acusado sobre la
razonabilidad de la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía, pues
estima que lejos de ser racional, estaba cimentada en declaraciones
sospechosas y parcializadas, máxime cuando existía interés por parte de los
declarantes en obtener beneficios de rebajas de pena y excarcelación. E indicó
que, al considerar la sentencia cuestionada que la medida de aseguramiento
dictada por la Fiscalía era necesaria para impedir la continuidad de un hecho
que nunca se logró probar indiciariamente, se incurría en un defecto fáctico
por la no valoración del acervo probatorio y por la defectuosa valoración
probatoria.

En criterio del accionante, en la sentencia se omitió referirse al requisito de
proporcionalidad de la medida, en relación con el peligro que representaba el

3 Al consultar el proceso ordinario en el aplicativo SAMAI, en segunda instancia se ubica con el número de
radicación 47001-23-33-000-2014-10024-01.

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sindicado para la sociedad y que, bastaba revisar el material probatorio, entre
ellas las declaraciones de los ex guerrilleros que lo incriminaban, para
entender que él no era un peligro para la sociedad y que de haberse hecho
una labor investigativa acorde haciéndole un seguimiento por parte de la
policía judicial, se hubiera llegado a la conclusión de que no era una persona
peligrosa para la sociedad y que le servía a la fiscalía más libre que privado
de la libertad.

3.2. Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial. Anunció los
precedentes fueron tenidos en cuenta en la sentencia objeto de la presente
acción (comprendido por la sentencias de la Corte Constitucional C-037 de 1996 y
SU 072 de 2018, además de la sentencia del 6 de agosto de 2020, proferida en el
expediente Nro. 66001-23-31-000-2011-00235-01 (46.947), de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, con ponencia del Dr. José Roberto Sáchica Méndez) y aseguró
que, si bien en dichos precedentes se estableció que en materia de
responsabilidad del Estado en casos de privación injusta de la libertad, el juez
debía examinar si la medida que restringió la libertad devino realmente en
injusta o no, dicha potestad otorgada al juez administrativo también le imponía
la carga de examinar rigurosamente la medida cautelar, esto a la luz de los
criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, para definir si
realmente existían méritos para la imposición de la medida restrictiva de la
libertad, pues que de no ser así, podría verse comprometida la responsabilidad
del Estado.

Considera que tal rigor en la valoración probatoria no fue cumplido por la
autoridad judicial accionada, ya que a su juicio, del análisis minucioso y
exhaustivo del material probatorio obrante en la fase investigativa del proceso
penal permitía llegar a otra conclusión respecto de la medida de
aseguramiento impuesta.

Al haber omitido la valoración de diversos y meritorios elementos probatorios
allegados oportunamente a la investigación penal, la autoridad judicial
accionada desconoció palmariamente el precedente citado en la sentencia
cuestionada sentencia del 4 de julio de 2023, pues, de ser valorados
adecuadamente, habrían conducido a la Fiscalía a abstenerse de dictar
medida de aseguramiento impuesta al hoy tutelante.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 6 de marzo de 2024 el juez de tutela de primera instancia admitió
la demanda de tutela, ordenó notificar a las partes accionante y accionada y
dispuso vincular como tercero con interés a la Fiscalía General de la Nación y
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, quienes fueron parte
demandada en el proceso ordinario, así como al Tribunal Administrativo del
Magdalena, quien emitió la sentencia de primera instancia.

4.2. El Tribunal Administrativo del Magdalena, rindió informe en el que
manifestó que no se advertía vulneración a los derechos fundamentales del
actor con las actuaciones llevadas a cabo en esa instancia. Consideró que lo
que se advertía era una inconformidad del actor con la decisión del Consejo
de Estado, Sección Tercera, en segunda instancia y, dijo que al no advertirse

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argumentos en contra del tribunal, debía ser desvinculado del presente trámite
constitucional.

4.3. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, presentó informe
en el que el actual titular del despacho ponente de la decisión de cierre indicó
que no había participado en lo allí resuelto y que, se limitaba a indicar que
acataría lo que en el presente trámite constitucional se resolviera.

4.4. La Fiscalía General de la Nación, intervino e indicó que no se cumplía con el
requisito de subsidiariedad y que el accionante no indicaba las razones por las
que no era idóneo el recurso extraordinario de revisión en aras de amparar sus
derechos fundamentales.

También sostuvo que no estaban acreditados los defectos contra providencia
judicial, que el anunciado defecto fáctico no se presentaba en el caso, que
tampoco se advertía un desconocimiento del precedente y que, si bien para el
momento de la presentación de la demanda existía un precedente, lo cierto
era que para el momento de la decisión había una postura al respecto, lo que
era razonable y era consecuencia de las modificaciones jurisprudenciales sin
que esto comportara una vulneración al debido proceso.

Pidió que se declarara improcedente la presente acción constitucional.

4.5. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa
Marta, Magdalena, rindió informe en el que manifestó la falta de legitimación
por pasiva que le asistía, al tratarse del cuestionamiento de una providencia
judicial en la que, eventualmente, tendría que responder la autoridad judicial
respectiva.

5. Providencia impugnada

En sentencia del 18 de abril de 2024, el Consejo de Estado, Sección Quinta, declaró
improcedente la presente acción de tutela. Consideró que la tutela no cumplía con
el requisito de la relevancia constitucional, pues lo que advertía era la exposición de
las inconformidades de la parte actora frente al análisis que la autoridad judicial
efectuó de los elementos de prueba, las normas y la jurisprudencia aplicable al caso.

Encontró que la discrepancia del actor se originaba en el análisis de las pruebas
realizado por el juez de la causa que había concluido que el ente acusador contaba
con elementos probatorios que involucraban al procesado y permitían considerar su
posible participación en el delito por el cual había sido investigado y acusado, al
margen de que la autoridad judicial lo hubiese absuelto, más no en la falta o indebida
valoración de los elementos de prueba que obraban en el proceso. Igualmente
observó en relación con el desconocimiento del precedente jurisprudencial que se
había omitido el señalamiento de los motivos por los que, los supuestos fácticos, las
consideraciones y el problema jurídico resuelto en el caso, constituían una regla
jurídica y de qué manera había sido desconocida en el proceso respectivo.

En ese orden, consideró que lo que se pretendía con la petición de amparo no era
la interpretación del alcance de un derecho fundamental, sino la realización de un
nuevo estudio de las pruebas allegadas al proceso, a partir del cual se determinara
que las pruebas que sustentaron la decisión dictada por la fiscalía no constituían
indicios en los términos de la norma aplicable, y que la medida no cumplía los

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presupuestos de legalidad, proporcionalidad y necesidad, todo lo cual implicaría que
el juez de tutela se inmiscuyera en el fondo del asunto y desplazara al juez natural.

6. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión. Reiteró los argumentos presentados en el
escrito de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional7 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y, el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe

4 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por una alta
Corte (Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado), la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones. Por ende, los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es por tal razón
que la Corte Constitucional ha establecido como presupuesto adicional para admitir
la procedencia de la acción de tutela, y es que la providencia judicial atacada
contenga un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con
la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.

Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes del caso, le corresponde a la Sala establecer
si le asistió razón al juez de tutela de primera instancia en declarar la improcedencia
de la acción de tutela promovida por el señor Gabriel Enrique Buelvas Mercado
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

Como quiera que se trata de una tutela contra providencia judicial, se debe constatar
si en el presente asunto se cumplen a cabalidad con los requisitos generales de
procedibilidad. Para tal fin, la Sala comenzará por la verificación del requisito general
de la inmediatez.

4. Alcance del requisito de la inmediatez como presupuesto formal de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

La inmediatez es un presupuesto procesal que el juez debe examinar, antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial,
con el fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna. En
todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la
tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un término
razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene conocimiento
de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional8 ha señalado que si bien no es posible establecer un
término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela, debe existir un
término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los
derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, ya que la
naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una persona, sino

8 Sentencia T-123 de 2007

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también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de los terceros
afectados9.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en un tiempo
prudencial.

Precisamente, en razón a que el análisis de la procedencia de tutela contra
providencias judiciales debe ser más riguroso, la Sala Plena del Consejo de
Estado10 fijó como plazo razonable para la interposición de la acción, un
término de seis meses contados a partir de la notificación de la providencia
judicial enjuiciada, por considerarlo un término prudencial para que el interesado
interponga la acción. Límite temporal que también ha sido acogido por la Corte
Constitucional11.
Sin embargo, dicha providencia también acudió a unas pautas, para examinar las
excepciones a esa regla general, indicando que “además de tener como pauta el término
de seis meses, se debe analizar también:“(…) (i) si existe un motivo válido para la inactividad
de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la
acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de
la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos
fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.”.
Sobre este punto, en la sentencia SU-391 de 2016, la Corte Constitucional aseguró
que “No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del
plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz de las circunstancias
de cada caso concreto, lo que constituye un término razonable”12.
Por ende, para analizar si este requisito se cumple o no, la Corte Constitucional
brindó cinco criterios: i) la situación personal del peticionario; ii) si la vulneración de
derechos fundamentales se extiende en el tiempo; iii) la naturaleza de la
vulneración; iv) la actuación contra la que se dirige la tutela; y v) los efectos de la
tutela.
Dicho término razonable para ejercer la acción de tutela se estableció en
consideración a “la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la
tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y
estabilidad”13.

5. Análisis del caso concreto

5.1. La parte accionante cuestiona la sentencia del 4 de julio de 2023 proferida en
segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,

9 Sentencia T-594 de 2008: “el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de tutela
contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta
que en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la
incertidumbre indefinidamente”.
10 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio
Ramírez R. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
11 Sentencia T-031 de 2016.
12 Sentencia SU-391 de 2016.
13 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014.

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la cual se notificó por correo electrónico el 19 de julio de 2023, según se
evidencia en las constancias de notificación que obran en el aplicativo SAMAI,
índice 62, de manera que el plazo razonable para la interposición de tutela iba
hasta el 25 de enero de 2024, teniendo en cuenta que el término debía iniciar
a contabilizarse el 25 de julio de 202314.

Como la acción de tutela se radicó hasta el 7 de febrero de 2023, es claro que
la petición de amparo no cumple con el requisito de inmediatez. Esto se debe
a que transcurrieron 6 meses y 11 días entre la notificación de la providencia
acusada y la interposición de la acción de tutela, lo cual supera el plazo
razonable establecido por la jurisprudencia de esta Corporación.

5.2. Al respecto, conviene recordar que la tesis pacífica de esta Sala consiste en
que el requisito de inmediatez, cuando la acción de tutela se interpone contra
providencias judiciales, se computa desde el momento en que surge el interés
en demandar, esto es, desde que la parte accionante tiene conocimiento de la
decisión que acusa, es decir, desde la notificación de la providencia judicial
que se cuestiona, pues es en ese momento en el que adquiere conocimiento
del presunto escenario de vulneración iusfundamental15.

De manera que, el señor Gabriel Enrique Buelvas Mercado debió acudir a la
acción de tutela dentro de un plazo razonable contabilizado desde la
notificación de la sentencia cuestionada del 4 de julio de 2023, de considerar
que le ocasionaba un perjuicio y que vulneraba derechos de rango
fundamental.

Esta Sala no desconoce que el solo paso del tiempo no es requisito suficiente
para declarar la interposición tardía de la acción de amparo dado que pueden
existir situaciones que justifiquen la inacción de la parte demandante. Sin
embargo, al revisar las pautas establecidas por la Sala Plena del Consejo de
Estado y por la Corte Constitucional16 no se encuentra acreditada en este caso
una situación que justifique la interposición de la acción de tutela luego de la
pauta de los seis meses.

5.3. Revisado el escrito de tutela, se advierte que el accionante al momento de
justificar el cumplimiento de este requisito, manifestó lo siguiente:
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.

14 El anterior término, contabilizado conforme con la regla de unificación establecida en la decisión del 29 de
noviembre de 2022, en el auto de unificación con radicación Nro. 68001-23-33-000-2013-00735-02 (68177),
con ponencia de la doctora Stella Jeannette Carvajal Basto, en el que se indicó:
«La notificación de las sentencias por vía electrónica prevista en el inciso primero del artículo 203 del CPACA
se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los
términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 2 del artículo 205 del CPACA».
En este caso, se recalca que el jueves 20 de julio de 2023 correspondió a un día festivo.
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Sentencia de tutela del 21 de agosto de 2019. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2019-01555-01. M.P. Julio
Roberto Piza; sentencia de tutela del 8 de octubre de 2020. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2020-03474-00.
M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (e).
16 Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia
T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00540-01
Demandante: Gabriel Enrique Buelvas Mercado

La notificación de la sentencia de segunda instancia se surtió el día 24 de julio de 2.023,
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 Art. 205 del CPACA, por tanto, ha
transcurrido un tiempo razonable desde la fecha en que fue notificada la sentencia de
segunda instancia.
Revisado el aplicativo SAMAI, luego de la notificación electrónica por correo,
cuyo soporte se registra en el índice 62 del medio de control en segunda
instancia, figura notificación “por estado-sentencia electrónico” el 24 de julio de
2023 en el índice 65.

Esto quiere decir que, aun si se tomara esta última fecha como punto de
partida para el cómputo de la inmediatez, tampoco se cumpliría con el
requisito, pues igual, se superaría el término de 6 meses fijado por la
jurisprudencia como lapso razonable para cuestionar providencias judiciales,
teniendo en cuenta la fecha de presentación de la presente acción.

5.4. Establecido esto, se recuerda que cuando la acción de tutela se interpone
contra una sentencia judicial, la carga de diligencia en la interposición de la
acción es más estricta, dado que el paso del tiempo reafirma la legitimidad de
las decisiones judiciales y consolida los efectos de las sentencias 17. Por
consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una
decisión judicial sin efectos y tales principios, es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción. Lo que
no aconteció en el presente asunto.

En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los
presupuestos generales se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente,
proseguir al segundo estadio de análisis consistente en determinar si las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos planteados por
el tutelante.

5.5. Como consecuencia de lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de primera
instancia por la que se declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia por no cumplir a cabalidad con los requisitos generales de
procedencia de este mecanismo constitucional contra providencias judiciales,
pero en este caso, por no estar acreditado el de la inmediatez.

6. Conclusión

Conforme lo expuesto en precedencia, la Sala confirmará la decisión de primera
instancia emitida por la Sección Quinta de esta Corporación que declaró
improcedente la acción de tutela, pero no cumplir con el requisito de procedibilidad
de la inmediatez.

17 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00540-01
Demandante: Gabriel Enrique Buelvas Mercado

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el del 18 de abril de 2024 por el
Consejo de Estado, Sección Quinta que declaró la improcedencia de la acción
de tutela interpuesta por el señor Gabriel Enrique Buelvas Mercado, pero por
las razones expuestas en la presente providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Ausente en comisión (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente (E)

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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