Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00574-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00574-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00574-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
14 de marzo de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2024 00574 00
Accionante: Lilia Arias Martínez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 00574 00
Accionante: LILIA ARIAS MARTÍNEZ
Accionados: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE POPAYÁN,
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA – SALA DE
DECISIÓN 001 Y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando la
controversia planteada por la parte actora pretende
reabrir el debate resuelto por el juez natural.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Lilia Arias
Martínez en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán y la Sala de
Decisión 001 del Tribunal Administrativo del Cauca, con ocasión de las
sentencias proferidas el 18 de diciembre de 2020 y el 31 de agosto de
2023 por las precitadas autoridades judiciales, respectivamente, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado nro. 19001 33 33 002 2018 00248 01.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 00574 00
Accionante: Lilia Arias Martínez
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Lilia Arias Martínez promovió acción de tutela en contra de las
precitadas providencias, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:
“[…] 4.1. Tutelar mis derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, de legalidad, a la vida en condiciones
dignas, a la seguridad social, al mínimo vital y a la igualdad,
vulnerados por el JUZGADO SEGUNDO ADMINSITRATIVO DEL
CIRCUITO DE POPAYÁN, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y PARAFISCAL – UGPP.
4.2. Dejar sin efecto la sentencia de Nro. 155 de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca Sala de Decisión
001 el 31 de agosto de 2023.
4.3. Reconocer y ordenar el pago de una sustitución de pensión mi
favor, causada por el fallecimiento de mi cónyuge Jesús María
Puentes Herrera (Q.E.P.D.), junto con el retroactivo pensional a que
hay lugar más la indexación e intereses de mora […]”. [Mayúsculas
del escrito de tutela].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante informó que en el año de 1980 conoció al señor Jesús María
Puentes Herrera, con quien tuvo una relación sentimental, de convivencia,
compañía, ayuda y auxilio mutuo. Agregó que de esa relación sentimental
tuvo dos hijas, Sandra Milena Puentes Arias, quien nació el 3 de agosto
de 1981, y Diana Marcela Puentes Arias, quien nació el 29 de octubre de
1983.
Manifestó que por medio de las Resoluciones nro. 1777 de 1984 y 12450
de 1985, la entonces Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL,
reconoció a favor del señor Puentes Herrera una pensión mensual vitalicia
de jubilación, de la cual dependían para satisfacer su mínimo vital.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00574 00.
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Accionante: Lilia Arias Martínez
Señaló que el 22 de septiembre de 1990 contrajo matrimonio con el señor
Jesús María Puentes Herrera, el cual fue debidamente registrado en la
Notaría Primera del Círculo de Popayán.
Indicó que convivieron juntos bajo el mismo techo, conformando una
familia desde el año 1980 hasta el año 1991 que, “(…) a causa de
problemas y diferencias personales con el señor Puentes Herrera nos
separamos de hecho (…)”2.
Expuso que a comienzos del año 1992 conoció al señor Lorenzo Salazar
Burbano, con quién inició una relación sentimental de la cual tuvo a sus
dos hijos Jhon Jairo Salazar Arias, quien nació el 5 de febrero de 1993, y
Nelson Enrique Salazar Arias, quien nació el 5 de mayo de 1994. Sin
embargo, aseveró que la relación sentimental con el señor Salazar
Burbano perduró poco tiempo, comoquiera que este la abandonó junto a
sus hijos.
Anotó que “(…) luego del abandono por parte del señor Salazar Burbano
y del paso del tiempo, donde me hice responsable del total cuidado de
mis cuatro hijos, aparece de nuevo en mi vida el señor Jesús María
Puentes, con quien en ningún momento me divorcié o disolvimos el
matrimonio existente entre nosotros, tomando la decisión por motivos
personales y sentimentales de retomar y/o continuar convivencia bajo el
mismo techo (…)”3.
Sostuvo que, en el año 2013, el señor Puentes Herrera realizó todos los
trámites ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP4, para
designarla como beneficiaria de su pensión, allegando toda la
documentación requerida, incluyendo la copia auténtica del registro civil
de nacimiento de la hoy accionante.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00574 00.
3
Ibidem.
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Entidad que subrogó las obligaciones de CAJANAL.
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Informó que el 31 de octubre de 2017 el señor Jesús María Puentes
Herrera falleció en la ciudad de Popayán, y afirmó que, para esa fecha,
había convivido con él por más de 5 años continuos e ininterrumpidos,
dependiendo económicamente de sus ingresos, principalmente de su
pensión.
Explicó que por causa de la muerte del señor Puentes Herrera, radicó ante
la UGPP solicitud de reconocimiento y pago de pensión de sobreviviente a
su favor. Sin embargo, mediante la Resolución nro. RDP 004572 del 7 de
febrero de 2018, la UGPP negó su solicitud argumentando que no había
probado la convivencia con el causante.
Manifestó que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación,
el cual fue resuelto por la Resolución nro. RDP 016858 del 10 de mayo de
2018, que confirmó la mencionada resolución del 7 de febrero de 2018.
Indicó que, actuando por conducto de apoderado, promovió demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la UGPP con el fin de
que se declarara la nulidad de las precitadas resoluciones que le negaron
el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente.
La demanda correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Popayán que, en sentencia del 18 de diciembre de 2020
negó las pretensiones.
Aseveró que “(…) la referida decisión se profirió pretermitiendo pruebas
documentales y testimoniales que con contundencia ratifican la
convivencia que existió con el fallecido por más de 5 años anteriores al
31 de octubre de 2017 (…)”5. Al efecto, relacionó una serie de documentos
que señaló fueron los desconocidos.
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Indicó que, inconforme con la decisión de primera instancia, presentó
recurso de apelación y el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de
Decisión 001, en sentencia del 31 de agosto de 2023 la confirmó.
Alegó que “(…) tanto el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Popayán y el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca han incurrido
en los defectos fáctico, sustantivo y en desconocimiento del precedente
jurisprudencial con la decisión que ahora se ataca, vulnerado con ello y
en conjunto con la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Parafiscal
–UGPP, mis derechos fundamentales a la administración de justicia, a la
vida en condiciones dignas, a la seguridad social, al mínimo vital, al debido
proceso y a la igualdad (…)”6.
Argumentó que “(…) dicha vulneración se centra en que los jueces
ordinarios administrativos en sus sentencias desconocieron pruebas que
evidencian el requisito de la convivencia entre el fallecido y la suscrita,
convivencia que se presentó con ánimo de auxilio, compañía, cuidado
mutuo y dependencia económica, todo lo cual es ratificado por el causante
en los documentos que él mismo y a voluntad propia diligenció en mi
favor, pretermitidos por el juzgado y tribunal accionados (…)”7.
Arguyó que “(…) al realizarse una valoración congrua, total y en legalidad
de los medios de prueba que fueron incorporados con la demanda del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y los
practicados durante el proceso, no se estaría presentando vulneración a
mis derechos fundamentales como ahora se reprocha, y, todo lo contrario,
se procuraría por la protección de los mismos accediéndose a lo pedido
(…)”8.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00574 00.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
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3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 8 de febrero de 20249 a través de correo
electrónico remitido a la Secretaría General de esta Corporación y
correspondió por reparto a la Sección Primera que por auto del 13 de
febrero de 202410 la admitió y dispuso notificar11 al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Popayán, a los magistrados de la Sala de
Decisión 001 del Tribunal Administrativo del Cauca y a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), como parte accionada.
De igual forma, requirió al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Popayán y al Tribunal Administrativo del Cauca para que allegaran
copia digital del expediente identificado con el radicado nro. 19001 33 33
002 2018 00248 01 del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, el cual fue remitido12.
3.2. La titular del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán
rindió informe13 en el que manifestó que en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho objeto de debate se agotaron las instancias
judiciales correspondientes, sin que la decisión de negar las pretensiones
pueda ser considerada, por ese solo hecho, como una vulneración de los
derechos fundamentales de la accionante.
Señaló que “(…) del escrito de tutela no se avizora que este Despacho
haya incurrido en una vía de hecho que haga procedente la acción de
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00574 00.
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Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00574 00.
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Esta orden se cumplió el 16 de febrero de 2024. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
00574 00.
12
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00574 00.
13
Ibidem.
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tutela contra providencia judicial, conforme la jurisprudencia de la Corte
Constitucional. Los argumentos expuestos obedecen a argumentos de
inconformidad de la accionante, con relación a los fallos de primera y
segunda instancia, sin que ello por sí solo implique la vulneración de
derecho fundamental alguno, por lo cual en el presente asunto no se logra
acreditar por la accionante que se configuren los requisitos especiales de
procedencia de la acción constitucional (…)”.
Indicó que “(…) en el escrito de tutela, se señala que el Juzgado emitió la
sentencia “pretermitiendo pruebas documentales y testimoniales que con
contundencia ratifican la convivencia que existió con el fallecido por más
de 5 años anteriores al 31 de octubre de 2017” sin embargo enlista
únicamente documentos, sin señalar los testimonios a los que hace
referencia en su afirmación (…)”.
Aseveró que todas las pruebas aportadas en el proceso fueron valoradas,
sin embargo, precisó que, tal como se puntualizó en la sentencia de
primera instancia, las pruebas recaudadas no lograban mostrar con total
certeza que, en efecto, luego de la separación de hecho, los cónyuges
decidieron reiniciar su vida en común como esposos.
Finalmente, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela
o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la parte actora.
3.3. La subdirectora encargada de Defensa Judicial Pensional y apoderada
de la UGPP allegó escrito14 en el que solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, se niegue el
amparo de los derechos fundamentales invocados por la accionante por
no configurarse vulneración alguna.
Aseguró que la decisión adoptada, tanto por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Popayán como el Tribunal Administrativo
del Cauca, se ajustó al ordenamiento legal y al precedente jurisprudencial
14
Visto en los índices 9 y 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00574 00.
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que regula el tema, para determinar si le asistía o no el derecho al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
Anotó que la parte actora no puede usar la acción de tutela como una
tercera instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez
competente de la causa, después de haberse agotado un procedimiento
establecido en la Ley para el efecto.
Agregó que la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para el
reconocimiento de peticiones prestacionales, máxime cuando ya se ha
pronunciado el juez competente de la causa.
3.4. El Tribunal Administrativo del Cauca – Sala de Decisión 001, guardó
silencio.
3.5. El expediente ingresó al despacho para fallo el 26 de febrero de
202415.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199116 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,17 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
abril de 202118, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
15
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00574 00.
16
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
17
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
18
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
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Accionante: Lilia Arias Martínez
nro. 080 del 12 de marzo de 201919 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente20:
4.2.1. La señora Lilia Arias Martínez, actuando por conducto de
apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, con el fin de
que se declarara la nulidad de los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones RDP 004572 del 7 de febrero de 2018 y RDP 016858 del 10
de mayo de 2018, por medio de las cuales se le negó el reconocimiento
de la pensión de sobreviviente solicitada.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la
demandada reconocer el pago de la pensión de sobreviviente causada por
el señor Jesús María Puentes Herrera en favor de su cónyuge, la señora
Lilia Arias Martínez.
4.2.2. La demanda fue asignada por reparto al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Popayán que, en sentencia del 18 de
diciembre de 2020 negó las pretensiones.
4.2.3. Inconforme con la decisión de primera instancia, la hoy accionante
presentó recurso de apelación y el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala
de Decisión 001, en sentencia proferida el 31 de agosto de 2023 la
confirmó.
19
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
20
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el radicado nro. 19001 33 33 002 2018 00248 00/01. Visto en el índice 8 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024
00574 00.
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Accionante: Lilia Arias Martínez
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar
es la relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los
criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional21
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”22.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
21
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
22
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
10
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constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional23.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades24:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia25. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
4.3.2. Caso concreto
23
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
24
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
25
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del tercer criterio que la compone, el cual busca
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que26 “la tutela
no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de
mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de
tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la
protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra
de una sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una actuación
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos
fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los
jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”. (Se
destaca).
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la
tutela contra providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio
de corrección respecto del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye
su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial. Como se expresó con claridad en la
Sentencia SU-128 de 2021, este “enfoque impide que el mecanismo de
amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia
adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se destaca).
26
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
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En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través
de la acción de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo
probatorio, o reprocha la convicción que genera en el fallador las pruebas
allegadas al expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el
amparo radica en la interpretación de las normas de carácter legal que
regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional está
siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y
como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la
autonomía e independencia del juez natural.
La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces,
no está superado.
Ello, por cuanto, la petición de amparo está siendo utilizada por la
accionante para reabrir el debate probatorio que se surtió en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que las inconformidades
expuestas en sede constitucional están encaminadas a cuestionar la
valoración que los jueces naturales de la causa hicieron sobre las pruebas
obrantes en el expediente, en tanto que, alega que “(…) los jueces
ordinarios administrativos en sus sentencias desconocieron pruebas que
evidencian el requisito de la convivencia entre el fallecido y la suscrita,
convivencia que se presentó con ánimo de auxilio, compañía, cuidado
mutuo y dependencia económica, todo lo cual es ratificado por el causante
en los documentos que él mismo y a voluntad propia diligenció en mi
favor, pretermitidos por el juzgado y tribunal accionados (…)”27.
En igual sentido, argumenta que “(…) al realizarse una valoración
congrua, total y en legalidad de los medios de prueba que fueron
incorporados con la demanda del medio de control de nulidad y
27
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restablecimiento del derecho, y los practicados durante el proceso, no se
estaría presentando vulneración a mis derechos fundamentales como
ahora se reprocha (…)”28.
Lo anterior, con el fin de insistir en que había convivido con el señor Jesús
María Puentes Herrera por más de 5 años continuos e ininterrumpidos
anteriores a la fecha de su muerte, por lo que estima que tiene derecho
al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente que le fue
negada.
Al respecto, el Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 001,
en la sentencia de segunda instancia cuestionada en este trámite tutelar,
expuso que29:
“[…] aunque se encuentre que el causante elevó una solicitud para
que se tuviera en cuenta a Lilia Arias Martínez para el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, se advierte que
dicha actuación no tuvo la virtualidad de probar el requisito
establecido en la ley, esto es, la convivencia durante los últimos 5
años de vida de aquel, sin el cual no es viable reconocer la prestación
por la que se demanda.
[…]
En el presente asunto, la actora adujo que eran nulos los actos
administrativos por los cuales se negó el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes por cuenta del fallecimiento de Jesús
María Puentes, porque sí convivió con él durante los últimos cinco
años de vida; sin embargo, para ello aportó pruebas que no
demostraron con suficiencia dicha situación, en tanto que se tornan
dubitativas a tal punto que llegan a controvertirse entre sí, de modo
que no se logra desvirtuar la presunción de legalidad de los actos
administrativos demandados […].
Es decir, la parte actora omitió, teniendo tal carga, traer pruebas al
proceso que permitieran inferir con suficiencia que, durante los
últimos cinco años de vida del causante, convivió con él y que, por
lo mismo, tenía derecho al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes […].”
28
Ibidem.
29
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En esa medida, la Sala observa que la parte actora está utilizando la
acción de tutela como una instancia o recurso adicional al proceso
ordinario para controvertir la valoración probatoria efectuada por el juez
natural de la causa, por lo que se concluye que, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, la petición de amparo no cumple con el
tercer criterio de la relevancia constitucional.
De otro lado, frente al argumento de la accionante consistente en que las
providencias cuestionadas incurrieron en desconocimiento del precedente
jurisprudencial, es pertinente señalar que en el escrito de tutela no indicó
cuáles eran las sentencias presuntamente desconocidas, incumpliendo
con la carga de identificar cuáles son los otros asuntos similares que, a
su consideración, fueron resueltos favorablemente y eran aplicables a su
caso.
En este punto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene.
Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a
alguna de las partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias; y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
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competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la
parte actora no alega que el juez se haya desviado de los hechos o el
derecho propuesto en el proceso.
Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional.
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Accionante: Lilia Arias Martínez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por la señora Lilia Arias Martínez, según lo expuesto en la parte
considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión al día siguiente de la ejecutoria de esta providencia, si
no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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