RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00581-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00581-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00581-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela de 22 de febrero de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado para, en su lugar, DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por las actoras contra la autoridad accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta 23 Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00581-01 Actoras: Margarita Alarcón Alarcón y otra sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00581-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

18 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202400581-01
Actoras: Margarita Alarcón Alarcón y otra1
Demandada: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad y ii) debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por las actoras contra la sentencia de
tutela de 22 de febrero de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual negó las pretensiones de la
solicitud de tutela.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. Índice 2 de Samai. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en

medio digital.

2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00581-01
Actoras: Margarita Alarcón Alarcón y otra

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. Las actoras2, a través de apoderado, presentaron solicitud de tutela contra la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 24 de abril de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio
de la acción de reparación directa identificado con el número único de radicación
18001-23-31-000-2009-00330-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señalaron que, presentaron demanda de reparación directa contra la Fiscalía
General de la Nación, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios
ocasionados con la presunta privación injusta de su libertad de la que fueron objeto
desde el 29 de junio de 2006 hasta el 5 de septiembre de ese año, por los delitos
de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita de muebles e
inmuebles, suministro a menor y receptación.

4. Indicaron que, el Tribunal Administrativo del Caquetá, profirió sentencia, en
primera instancia, el 31 de mayo de 2021, mediante la cual accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.

5. Manifestaron que, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante sentencia de 24 de abril de 2023, resolvió:

“[…] PRIMERO: REVOCAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, la Sentencia de 31 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caquetá, Sala No. 1 de decisión, que accedió parcialmente las
pretensiones de la demanda.

2 Margarita Alarcón Alarcón y Yaneth Campos Castaño.

3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00581-01
Actoras: Margarita Alarcón Alarcón y otra

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, NEGAR las pretensiones de la
demanda […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] 25. Las copias del proceso penal que fueron allegadas como prueba y las
certificaciones que con destino a este proceso expedidos por el Inpec, dan cuenta
de que, en el momento en el que se produjo la captura de Yaneth Campos Castaño,
esta se encontraba privada de la libertad con ocasión de una sentencia penal de
carácter condenatorio, que fue proferida el 24 de junio de 2004 por el Juzgado 3
penal del circuito de Florencia y que le impuso la pena de 8 años de prisión […]”.

[…]

“[…] 32. Yaneth Campos Castaño no podía, entonces, elevar a la categoría de daño
indemnizable la privación de la libertad de que fue objeto entre el 29 de junio y el 5
de septiembre de 2006, pues ese lapso coincidió con el periodo de cumplimiento de
pena privativa de la libertad a la que fue condenada en 2004 por el Juzgado 3 penal
del circuito de Florencia a 8 años de prisión, al encontrarla responsable del delito de
fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. En consecuencia, la nueva detención
ordenada por la Fiscalía 10 seccional no podía permitirle reclamar la reparación de
un daño que ya padecía de manera válida y que, por consiguiente, se encontraba en
la obligación jurídica de soportar. En ese sentido, como el daño alegado no tiene la
connotación de antijurídico, sus pretensiones y las de sus familiares serán negadas.

2.4. Análisis del hecho de la víctima (Margarita Alarcón Alarcón) como causa que
exonera de responsabilidad al Estado

[…]

“[…] 35. La Sala advierte que, Margarita Alarcón Alarcón fue investigada, entre otras
conductas, por la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes, cuya pena mínima era superior a los 5 años de prisión, por lo que,
en principio, procedía la imposición de la medida de aseguramiento de detención
preventiva. Dicha medida fue revocada por el Juzgado 3 penal del circuito de
Florencia al resolver, mediante Auto de 4 de septiembre de 2006, la solicitud de
control de legalidad presentada, en su momento, por la defensa de los investigados.

36. Sin embargo, a pesar de que Margarita Alarcón Alarcón fue exonerada de
responsabilidad penal, la Sala encuentra que su actuación en el trámite incidió en la
imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, ya que, en la
diligencia de indagatoria realizó afirmaciones contraevidentes, razón por la cual la
fiscalía las descartó, al resultar alejadas de la prueba técnica (registros fílmicos
acerca de la compra de productos en la casa de la entonces sindicada, que, con la
respectiva prueba de PIPH, se determinó que correspondían a sustancia
estupefaciente) […]”.

[…]

“[…] 47. En el caso concreto, la Sala advierte que la sindicada negó categóricamente
que en su residencia se comercializaran sustancias ilícitas. Sin embargo, en relación
con su propia vivienda, aparecen los registros fílmicos -al expediente se allegó el
informe de trabajo que reporta las actividades realizadas y que explican el contenido

4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00581-01
Actoras: Margarita Alarcón Alarcón y otra

de los vídeos guardados en formato VHS-, en los que se captan a personas que
compran ciertos artículos y que, después de ser abordados por los funcionarios de
policía judicial e indagar por su contenido, manifestaron que se trataba de sustancia
estupefacientes adquiridas en la casa de las marraneras, la cual, con la respectiva
prueba de PIPH, confirmaron su naturaleza […]”.

[…]

“[…] 49. En consecuencia, si bien la acá demandante no estaba en el deber legal de
autoincriminarse, en la diligencia de indagatoria realizó manifestaciones que
contrastaban con los elementos de juicio que, hasta entonces, habían sido
recolectados por parte de la Fiscalía. Ese comportamiento se dio en el curso de la
investigación penal y, en su debido momento, tuvo incidencia cierta en la imposición
de la medida de aseguramiento, motivo que exonera de responsabilidad al Estado
por las consecuencias adversas que pudo acarrear […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. Las actoras solicitaron en su escrito de tutela:

“[…] 1. DECLARAR que El Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo
sección Tercera Subsección B, ha vulnerado los derechos incoados por mis
representados.

2. CONCEDER la tutela del derecho al debido proceso de mis prohijados.

3 DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida el 24 de abril de 2023, por El Consejo
de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B.

4. Que, en consecuencia, se le ORDENE al Consejo de Estado Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B, que dentro de los 40 días
siguientes a la notificación de la providencia, emita una decisión de remplazo (sic),
en el sentido de acceder a las súplicas de la demanda, analizando le (sic) caso
también bajo el régimen objetivo de DAÑO ESPECIAL, valorando todas y cada una
de las pruebas obrantes en el expediente […]”.

7. Como fundamento de su solicitud, las actoras en su escrito de tutela
señalaron de que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico y en
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente.

Actuación

8. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante auto de 12 de febrero de 2024: i) admitió la demanda;

5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00581-01
Actoras: Margarita Alarcón Alarcón y otra

ii) ordenó notificar a la autoridad judicial accionada; y iii) vinculó, como tercero con
interés legítimo, a la Fiscalía General de la Nación, concediéndole el término de tres
(3) días para rendir informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo

9. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado rindió informe
en los siguientes términos:

“[…] Se considera que la providencia y el expediente de la respectiva acción de
reparación directa, contienen los argumentos y elementos necesarios para que el
juez de la acción de tutela tome la decisión que en derecho corresponda. En
consecuencia, el suscrito magistrado, en mi condición de ponente del fallo objeto de
esta acción de tutela, estaré presto a atender lo que disponga la Sala que decida la
acción constitucional […]”.

10. La Fiscalía General de la Nación solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela o, en su defecto, negar la solicitud de tutela. Para tal efecto,
manifestó lo siguiente:

“[…] Para empezar, es necesario señalar que en el caso sub examine, la presente
acción de tutela resulta improcedente por cuanto (i) el apoderado de las accionantes
no da cuenta de por qué a pesar de existir otro mecanismo judicial idóneo para
ventilar la controversia objeto de esta acción, no hizo uso de este, (ii) no sustentó las
causales específicas de procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente y
(iii) pretende retrotraer actuaciones procesales. […]”.

[…]

“[…] Así pues, respecto de la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha determinado que se requiere,
entre otras cosas, que el actor demuestre el cumplimiento del requisito de
subsidiariedad de la acción, es decir, haber hecho uso de todos los mecanismos
judiciales ordinarios o extraordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa
de sus derechos.

De no ser así, es decir, de utilizar el amparo constitucional como un mecanismo de
protección alternativo, se correría el riesgo no solo de anular las competencias de las
distintas autoridades judiciales, sino también de sobrecargar a la jurisdicción
constitucional, causándose con ello, un desborde institucional de la misma.

En el presente caso, se advierte que para cuestionar la decisión judicial de segunda
instancia que resolvió el proceso de acción de reparación directa con radicado No.
2009-00330-00, la Ley 1437 de 2011 prevé diferentes recursos para solicitar el
amparo de sus derechos accionados. No obstante lo anterior, en el escrito de la
presente acción de tutela, se advierte que la parte tutelante no da cuenta de por qué,
a pesar de existir otros mecanismos judiciales idóneos para ventilar la controversia

6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00581-01
Actoras: Margarita Alarcón Alarcón y otra

objeto de esta acción, no hizo uso de estos para controvertir el fallo del Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B.

Por lo anterior, para esta Dirección de Asuntos Jurídicos es claro que el requisito de
subsidiariedad que exigen la Ley y la jurisprudencia para que proceda el amparo
constitucional cuando medie una decisión judicial no se cumple en el caso objeto de
estudio, en atención a que el apoderado de las accionantes no justificó por qué los
otros mecanismos, no resultaban idóneos para amparar sus derechos fundamentales
[…]”.

11. El Tribunal Administrativo del Caquetá allegó copia digital del expediente del
proceso de reparación directa identificado con el número único de radicación 18001-
23-31-000-2009-00330-01.

La sentencia impugnada

12. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió
sentencia de tutela, en primera instancia, el 22 de febrero de 2024, por medio de la
cual resolvió lo siguiente:

“[…] Primero: Negar el amparo solicitado por las señoras Margarita Alarcón Alarcón y
Yaneth Campos Castaño, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia […]”.

12.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Esta Subsección observa que en la sentencia del 24 de abril de 2023 el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, valoró el acervo probatorio obrante en el
expediente, la normativa y la jurisprudencia vigente, lo que le permitió concluir que
no existió una responsabilidad estatal, puesto que, de un lado, la señora Yaneth
Campos Castaño para el momento de la imposición de la medida de aseguramiento
ya se encontraba privada de la libertad por otra condena penal, por lo que el daño no
tenía la condición de antijurídico y, de otro, en el proceso penal la señora Margarita
Alarcón Alarcón realizó manifestaciones contrarias a las pruebas recaudadas que
incidieron en la imposición de la medida restrictiva de la libertad, por lo que esta se
debió a un hecho que le era atribuible.

En cuanto al defecto fáctico alegado, esta Sala advierte que la parte accionante no
identificó ninguna prueba concreta que fuera, a su juicio, indebidamente valorada o
que no fuera analizada integralmente por la Subsección que conoció el proceso de
reparación directa, lo cual impide un estudio pormenorizado sobre el particular, pues,
ante esa omisión de las solicitantes del amparo, el juez constitucional no puede entrar
a examinar la totalidad del proceso de reparación directa, como si se tratara de una
instancia adicional a aquel, en tanto ello iría en contra de la naturaleza excepcional y
subsidiaria de esta acción.

7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00581-01
Actoras: Margarita Alarcón Alarcón y otra

En todo caso, no se denota un yerro en el estudio probatorio, porque el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, fundamentó su decisión en el contenido de
las pruebas, las que le permitieron evidenciar que la señora Yaneth Campos Castaño
ya se encontraba privada de la libertad de manera válida, por lo que estaba en la
obligación jurídica de soportar la restricción. […]”.

[…]

“[…] Por último, se aclara que en la Sentencia SU072/18 la Corte Constitucional no
privilegió ningún título de imputación, sino que resaltó el deber del juez administrativo
de establecer y aplicar el que se ajuste mejor a las particularidades del caso, en
atención al principio iura novit curia, por lo que, en modo alguno, puede en esta sede
obligársele al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, a la utilización de
un régimen de responsabilidad específico, como lo pretenden las
accionantes. […]”.

La impugnación

13. Las actoras impugnaron la sentencia proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado por las siguientes razones3:

“[…] El motivo de la presente impugnación es porque, insisto, honorables
magistrados, al providencia atacada adolece de defecto fáctico, tal como lo
demostraré a continuación. Y si bien, en el fallo aquí impugnado se desarrolló una
argumentación general de lo planteado en la solicitud de tutela, NUNCA SE
ANALIZÓ, PUNTO POR PUNTO - TAL COMO ES EXPUSO NE LE MENCIONADO
ESCRITO -,LA INOBSERVANCIA O AUSENCIA DE VALORACIÓN DE ALGUNAS
PRUEBAS OBRANTES EN LE EXPEDIENTE, por lo que respetuosamente solicito
es realice el análisis concreto de cada uno de los cargos presentados en la solicitud
de tutela, que aquí se vuelven a precisar […]”.

[…]

“[…] De manera evidentemente parcial y errada, sin realizar un análisis en conjunto
de la prueba, de manera sesgada, el Consejo de Estado Sección Tercera
Subsección B No tuvo en cuenta en ningún momento que al revocar la medida de
aseguramiento impuesta a las señoras MARGARITA ALARCON ALARCON Y
YANETH CAMPOS CASTAÑO, se baso principalmente en que no existían pruebas
que indicaran que éstas estaban participando de la conduta a ellas endilgada, es
decir fueron capturadas sin tener el material probatorio suficiente y por
consiguiente, no habían participado de ningún ilícito.

Es posible señor Magistrado ponente que se imponga una medida de
aseguramiento sin contar con el material probatorio suficiente, y que tenga que ser
el superior jerárquico que después de un análisis de las pruebas utilizadas en la
imposición de la medida, decida revocarla por encontrar que no existían los
indicios suficientes para imponerles una medida de aseguramiento, no puede los
entes judiciales, castigar e imponer medidas de aseguramiento a todas las
personas por el simple hecho de que el funcionario judicial piense en que están
cometiendo un delito. El ente investigador debe tener indicios graves que indiquen

3 Transcripción literal del texto.

8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00581-01
Actoras: Margarita Alarcón Alarcón y otra

que realmente se cometió un delito y no porque el funcionario judicial piense que
determinado ciudadano cometió algún tipo de delito, Situación que resulto evidente
en este caso en concreto con respecto a las señoras MARGARITA ALARCON
ALARCON y YANETH CAMPOS CASTAÑO, ya que fue el Juzgado Tercero Penal
del Circuito de Florencia, quien mediante providencia del 4 de septiembre de 2006,
revoco la media de aseguramiento impuesta a las accionantes.

No podemos convertir el Proceso Administrativo en una instancia más del proceso
penal, donde a pesar de haber sometido al ciudadano a un largo proceso y dentro
del cual logro demostrar su inocencia, después entre el Juez Administrativo y
vuelva sobre los mismos hechos con argumentos distintos y concluya que el
ciudadano tuvo alguna injerencia en el proceso penal, la justicia no puede
retroceder y si el Juez Administrativo no se encuentra de acuerdo con la decisión
que toma el Juez penal, no tiene porque controvertirlo en la Jurisdicción
Administrativa, ésta no se puede convertir en otra instancia más del proceso penal
[…]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20196, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00581-01
Actoras: Margarita Alarcón Alarcón y otra

Problemas jurídicos

16. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional.

17. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental a la igualdad; procediendo posteriormente a resolver el caso
concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan
los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

18. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena7, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00581-01
Actoras: Margarita Alarcón Alarcón y otra

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

19. Esta Sección adoptó8 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 20059, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

20. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos parámetros.

22. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
9 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

11

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00581-01
Actoras: Margarita Alarcón Alarcón y otra

jurisdiccional.

23. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

24. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

25. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5
de agosto de 201412, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, consideró lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [14].

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
12 Ut supra página 6.
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

12

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00581-01
Actoras: Margarita Alarcón Alarcón y otra

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [15].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [16].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso

[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

13

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00581-01
Actoras: Margarita Alarcón Alarcón y otra

constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [19]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

26. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró20:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”21

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
20 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
21Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

14

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00581-01
Actoras: Margarita Alarcón Alarcón y otra

Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”22

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

27. En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales
y ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.

28. La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202223 precisó, en
relación con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

22 Ibidem.
23 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

15

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00581-01
Actoras: Margarita Alarcón Alarcón y otra

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).

16

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00581-01
Actoras: Margarita Alarcón Alarcón y otra

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

29. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

30. Atendiendo a que, la Corte Constitucional24 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.

24 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

17

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00581-01
Actoras: Margarita Alarcón Alarcón y otra

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad

31. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

32. Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Análisis del caso concreto

33. Las actoras, a través de apoderado, presentaron solicitud de tutela contra la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 24 de abril de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio
de la acción de reparación directa identificado con el número único de radicación
18001-23-31-000-2009-00330-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.

18

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00581-01
Actoras: Margarita Alarcón Alarcón y otra

34. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

35. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

36. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

36.1. Copia digital del proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación
directa identificado con el número único de radicación 180012331000200900330-
01.

Solución del caso concreto

37. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional.

38. Como fundamento de su solicitud, las actoras en su escrito de tutela señalaron
que25:

“[…] Mencionan el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera Subsección B en la sentencia aquí objeto de reproche que la
medida de aseguramiento impuesta a la señora MARGARITA ALARCON
ALARCON contribuyo de manera determinante con su comportamiento procesal
que renuncio al derecho a guardar silencio y la señora YANETH CAMPOS

25 Transcripción literal del texto.

19

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00581-01
Actoras: Margarita Alarcón Alarcón y otra

CASTAÑO no podía reclamar puesto que se encontraba con prisión domiciliaria por
otro delito, situación que no quedo claramente demostrada ya que las constan cias
no son claras en señalar las fechas concretas.

Ahora bien si la señora YANETH CAMPOS CASTAÑO, como lo señala el Consejo
de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B,
para el momento en que fue privada de su libertad estaba en prisión domiciliaria,
claramente se evidencia que tuvo que soportar la privación física de su libertad
desde el 29 de junio de 2006 hasta el día 5 de septiembre de 2006, por lo tanto si
sufrió un daño reparable.

Se impuso medida de aseguramiento a las señoras MARGARITA ALARCON
ALARCON y YANETH CAMPOS CASTAÑO, teniendo en cuenta los fines y
requisitos de los artículos 355 y 356 de la Ley 600 de 2000, olvidando el Juez
Colegiado de Segunda Instancia, que al imponer la medida de aseguramiento en
ningún momento se están sustentando cada uno de los requisitos exigidos en los
mencionados artículos; igualmente no tuvo en cuenta que el Juzgado Tercero Penal
del Circuito al resolver sobre el control de legalidad de la medida de aseguramiento
que se les impuso a las aquí accionantes, dispuso REVOCAR dicha medida al no
encontrar meridiana claridad de parte de ellas en la comisión de las conductas
punibles endilgadas, así mismo para formularles resolución de acusación.

De allí señores Magistrados que en este caso se profirió una sentencia
administrativa analizando la imposición de una medida de aseguramiento sin tener
el material probatorio que indicara si la medida se ajusto o no a derecho […]”.

[…]

“[…] En el presente caso, el Juez Colegiado accionado no tuvo en cuenta la
sentencia SU-072 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuarta, la cual advierte que
para casos en donde el procesado haya recobrado su libertad porque "el sindicado
no lo cometió", se debe aplicar un TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE CARÁCTER
OBJETIVO, situación que en el presente caso no se hizo. He aquí un extracto de
la mencionada sentencia de unificación, precedente obligatorio para casos como el
que nos atañe […]”.

[…]

“[…] Lo que sí estaba claro, desde un principio, era que no se podía descartar el
estudio a fondo del caso bajo el régimen de imputación objetiva de Daño Especial,
dado que, reitero, la providencia que les otorgó la libertad a las señoras
MARGARITA ALARCON ALARCON Y YANETH CAMPOS CASTAÑO se basó en
que "el procesado no cometió las conductas", lo que ineludiblemente exigía no sólo
el estudio de falla en el servicio sino también bajo la luz de la teoría del Daño
Especial, sistema de responsabilidad que mejor convenía a abordar en esta
situación particular de las señoras MARGARITA ALARCON ALARCON y YANETH
CAMPOS CASTAÑO […]”.

39. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por las actoras ya fue
objeto de estudio por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
y el Tribunal Administrativo del Caquetá, y la acción de tutela contra providencia
judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate resuelto por

20

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00581-01
Actoras: Margarita Alarcón Alarcón y otra

el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si las entidades accionadas
incurrieron en la vulneración de derechos fundamentales.

40. Además de lo anterior, para la Sala, las actoras plantearon una afectación de
sus derechos fundamentales que tiene su origen en últimas en un debate
estrictamente legal y probatorio, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de la
acción de reparación directa y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que
no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda
vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial
y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.

41. Además, la Sala debe hacer énfasis que cuando se trata de interponer una
acción de tutela contra providencias proferidas por una Alta Corte como lo es el
Consejo de Estado, el juez constitucional debe efectuar un análisis de procedencia
de los requisitos generales de manera más rigurosa y exigente. En ese orden de
ideas, la Corte Constitucional frente al tema ha considerado lo siguiente26:

“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido
que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y
autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en
el ejercicio del poder público”27, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus
competencias ‘la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con
autoridad y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas
del ordenamiento jurídico”28. Por tanto, en el evento en que se cuestione una
sentencia dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia constitucional
debe ser más estricto que el que pudiera hacerse en los demás eventos de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En tales términos,
la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un
derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel […]”.

42. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito

26 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
27 Sentencia SU-050 de 2018.
28 Sentencia SU-354 de 2017.

21

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00581-01
Actoras: Margarita Alarcón Alarcón y otra

general de procedencia de relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal de
lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de
un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite
a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

43. Así las cosas, esta Sección, siguiendo el precedente precisado por la Corte en
la sentencia SU – 215 de 2022, considera que la controversia que nos ocupa carece
de relevancia constitucional porque la discusión planteada por las actoras no gira en
torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental; a lo que se
agrega que las actoras no justificaron el motivo por el cual dicha decisión constituye
una afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.

44. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien las actoras aducen que
fueron desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad,
lo cierto es que no existe una mayor explicación acerca de las razones por las cuales
se afectó, en forma desproporcionada, el núcleo esencial de los derechos
fundamentales de las actoras con ocasión de la sentencia de 24 de abril de 2023
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado

45. Asimismo, la Sala considera que la discusión que se expone a través del
escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia
antes transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la
controversia se encuentra limitado a asuntos legales y probatorios cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

46. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente legal, esto es así porque la discusión y los
argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la necesidad de
protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica de las actoras y, con ello, acceda a las pretensiones de la demanda de

22

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00581-01
Actoras: Margarita Alarcón Alarcón y otra

reparación directa, sin que de esta discusión se pueda evidenciar una clara
trascendencia o relevancia constitucional.

47. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple
con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del
marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien
las actoras enuncian la trasgresión de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, esa presunta afectación tiene su origen en un debate
estrictamente legal y probatorio.

Conclusiones de la Sala

48. Con fundamento en lo anterior, la Sala revocará la sentencia de tutela de 22
de febrero de 2024, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por medio de la cual negó las pretensiones de la solicitud de
tutela para, en su lugar, declarar la improcedencia del amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela de 22 de febrero de 2024, proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado para, en su
lugar, DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por las
actoras contra la autoridad accionada, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta

23

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-00581-01
Actoras: Margarita Alarcón Alarcón y otra

sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.