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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-31-000-2009-00330-01

Fecha
24 de abril de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 18001-23-31-000-2009-00330-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la Sentencia de 31 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala No. 1 de decisión, que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, NEGAR las pretensiones de la 35 Folios 228 al 235 del cuaderno 2 de pruebas de la parte demandante. 15 de 16 Radicación: 18001233100020090033001 (68046) Demandante: Margarita Alarcón Alarcón y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Revoca demanda. TERCERO: NO CONDENAR en costas. CUARTO: En firme esta providencia y sin necesidad de auto que lo ordene, EXPEDIR, a costa de los interesados, copias de la misma. QUINTO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 18001-23-31-000-2009-00330-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

24 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 24 de abril de 2023

Radicación: 18001233100020090033001 (68.046)
Actor: Margarita Alarcón Alarcón y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Reparación directa - Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta
de la libertad - Ley 600 de 2000 – Inexistencia de daño antijurídico – Hecho de la víctima como
causa eximente de responsabilidad del Estado

Síntesis del caso: Las demandantes principales fueron privadas de su libertad con ocasión del
proceso penal adelantado en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación
o porte de estupefacientes. En la etapa de investigación, un juez revocó la medida de
aseguramiento

Conoce la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la
Nación y la parte demandante contra la Sentencia de 31 de mayo de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala No. 1 de decisión, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda2.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso
de apelación en contra de una Sentencia emitida por un Tribunal Administrativo,
con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la demanda,
de conformidad con lo previsto por el artículo 73 de la Ley 270 de 19963.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1 Este expediente se resuelve sin tener en cuenta el turno de entrada para fallo, de conformidad con el Acta N°10 de 25
de abril de 2013, mediante el cual la Sección Tercera dio prelación para fallo a los casos de privaciones injustas de la
libertad.
2 En la parte resolutiva se dispuso lo siguiente (se trascribe): “PRIMERO: DECLARAR a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA

NACIÓN administrativa y patrimonialmente responsable de los perjuicios morales y materiales, en la modalidad de lucro
cesante, causados a los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fueron objeto las
señoras Margarita Alarcón Alarcón y Yaneth Campos Castaño, durante el periodo comprendido entre el 30 de junio y el
5 de septiembre de 2006, conforme las razones expuestas en la parte motiva”. Como consecuencia de lo anterior
condenó a la demandada al pago de 35 S.M.L.M.V. a favor de Margarita Alarcón (víctima directa) y la misma suma para
cada uno de sus hijos y su padre (6 en total), así como la suma de 17.5 S.M.L.M.V. para cada uno de sus hermanos (5 en
total). Asimismo, condenó a la demandada al pago de 35 S.M.L.M.V. a favor de Yaneth Campos Castaño (víctima
directa) y la misma suma para cada uno de sus hijos y su madre (6 en total), así como la suma de 17.5 S.M.L.M.V. para
cada uno de sus hermanos (5 en total). Condenó a la demandada al pago de $1’973.452,26 a favor de cada una de las
víctimas directas a título de lucro cesante y negó las demás pretensiones de la demanda.
3 De acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, expediente 11001-03-26-

000-2008-00009-00 (IJ) de 9 de septiembre de 2008.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 18001233100020090033001 (68046)
Demandante: Margarita Alarcón Alarcón y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recursos de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 1 de noviembre de 20074, Margarita Alarcón Alarcón y Yaneth Campos
Castaño, con sus respectivos grupos familiares, presentaron demanda de
reparación directa en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación, con el
fin de obtener la reparación de los perjuicios ocasionados con la privación de su
libertad, debido a la medida de aseguramiento de detención preventiva que se
profirió en su contra dentro del proceso penal seguido, entre otros, por el delito
de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

2. En la demanda se formuló la siguiente pretensión declarativa (se trascribe):

“Que la Nación-Fiscalía General de la Nación, es responsable patrimonial y
administrativamente de los perjuicios morales, materiales y daños a la vida de
relación, que le fueron ocasionados, a las familias Alarcón Alarcón y Campos
Castaño, por la detención física e injusta de la que fueron objeto las señoras
Margarita Alarcón Alarcón y Yaneth Campos Castaño, desde el día 29 de junio de
2006 hasta el día 5 de septiembre de 2006, por cuenta de la Fiscalía Décima
Seccional de Florencia Caquetá, sindicadas injustamente de las conductas punibles
de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes destinación ilícita de muebles e
inmuebles; suministro a menor y receptación, proceso que concluyó con preclusión
de la investigación de fecha 22 de diciembre de 2006 proferida por la Fiscalía
Décima Seccional de Florencia Caquetá, por cuanto las conductas punibles
investigadas no fueron cometidas por las sindicadas”.

3. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, se solicitó que se
condenara al pago de perjuicios inmateriales y materiales, así:

3.1. Grupo familiar de Margarita Alarcón Alarcón:

Perjuicio Demandante Calidad Monto
200 S.M.L.M.V. por perjuicio moral
Margarita Alarcón
Víctima directa 150 S.M.L.M.V. perjuicio a la vida de relación
Alarcón

150 S.M.L.M.V. por perjuicio moral
Hermes Claros Compañero
150 S.M.L.M.V. perjuicio a la vida de relación
Yeferson Claros 150 S.M.L.M.V. por perjuicio moral
Hijo
Alarcón 150 S.M.L.M.V. perjuicio a la vida de relación
Perjuicios
Yennifer Claros 150 S.M.L.M.V. por perjuicio moral
inmateriales Hija
Alarcón 150 S.M.L.M.V. perjuicio a la vida de relación
Hermes Claros 150 S.M.L.M.V. por perjuicio moral
Hijo
Alarcón 150 S.M.L.M.V. perjuicio a la vida de relación
Efraín Esneider Claros 150 S.M.L.M.V. por perjuicio moral
Hijo
Alarcón 150 S.M.L.M.V. perjuicio a la vida de relación
Rosaura Claros 150 S.M.L.M.V. por perjuicio moral
Hija
Alarcón 150 S.M.L.M.V. perjuicio a la vida de relación

4 Folios 32 y 69 del Cuaderno 1 del Tribunal.

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Radicación: 18001233100020090033001 (68046)
Demandante: Margarita Alarcón Alarcón y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca

Rosana Alarcón 150 S.M.L.M.V. por perjuicio moral
Madre
Audor 150 S.M.L.M.V. perjuicio a la vida de relación
150 S.M.L.M.V. por perjuicio moral
Efraín Alarcón Ortega Padre
150 S.M.L.M.V. perjuicio a la vida de relación
Aristides Alarcón 150 S.M.L.M.V. por perjuicio moral
Hermano
Alarcón 150 S.M.L.M.V. perjuicio a la vida de relación
María del Socorro 150 S.M.L.M.V. por perjuicio moral
Hermana
Alarcón Alarcón 150 S.M.L.M.V. perjuicio a la vida de relación
Efraín Alarcón 150 S.M.L.M.V. por perjuicio moral
Hermano
Alarcón 150 S.M.L.M.V. perjuicio a la vida de relación
Lorenzo Alarcón 150 S.M.L.M.V. por perjuicio moral
Hermano
Alarcón 150 S.M.L.M.V. perjuicio a la vida de relación
Amparo Ortega 150 S.M.L.M.V. por perjuicio moral
Hermana
Alarcón 150 S.M.L.M.V. perjuicio a la vida de relación
Perjuicios Margarita Alarcón
Víctima directa $5’000.000
materiales Alarcón

3.2 Grupo familiar de Yaneth Campos Castaño

Perjuicio Demandante Calidad Monto
Yaneth Campos 150 S.M.L.M.V. por perjuicio moral. La misma
Víctima directa
Castaño suma por perjuicio a la vida de relación
Juan Marcos 150 S.M.L.M.V. por perjuicio moral
Compañero
Londoño Ortiz 150 S.M.L.M.V. perjuicio a la vida de relación
Yenifer Andrea Rayo 150 S.M.L.M.V. por perjuicio moral
Hijo
Campos 150 S.M.L.M.V. perjuicio a la vida de relación
Yessica Yucely Rayo 150 S.M.L.M.V. por perjuicio moral
Hija
Campos 150 S.M.L.M.V. perjuicio a la vida de relación
Yeison Fernando 150 S.M.L.M.V. por perjuicio moral
Hijo
Rayo Campos 150 S.M.L.M.V. perjuicio a la vida de relación
Yarssy Marley 150 S.M.L.M.V. por perjuicio moral
Hija
Londoño Campos 150 S.M.L.M.V. perjuicio a la vida de relación
Perjuicios Yhan Marcos 150 S.M.L.M.V. por perjuicio moral
Hijo
inmateriales Londoño Campos 150 S.M.L.M.V. perjuicio a la vida de relación
Rosalba Castaño de 150 S.M.L.M.V. por perjuicio moral
Madre
Campos 150 S.M.L.M.V. perjuicio a la vida de relación
José Danilo Campos 150 S.M.L.M.V. por perjuicio moral
Hermano
Castaño 150 S.M.L.M.V. perjuicio a la vida de relación
Rosa María Campos 150 S.M.L.M.V. por perjuicio moral
Hermana
Castaño 150 S.M.L.M.V. perjuicio a la vida de relación
Sandra Leonor 150 S.M.L.M.V. por perjuicio moral
Hermana
Vásquez Castaño 150 S.M.L.M.V. perjuicio a la vida de relación
Cristian Camilo 150 S.M.L.M.V. por perjuicio moral
Hermano
Vásquez Castaño 150 S.M.L.M.V. perjuicio a la vida de relación
Pedro Antonio 150 S.M.L.M.V. por perjuicio moral
Hermano
Vásquez Castaño5 150 S.M.L.M.V. perjuicio a la vida de relación
Perjuicios Yaneth Campos
Víctima directa $5’000.000
materiales Castaño

4. Como hechos que fundamentaron las pretensiones, la parte demandante
expuso, en síntesis:

5. 1) El 29 de junio de 2006, Margarita Alarcón y Yaneth Campos fueron detenidas,
por orden de la Fiscalía 10 seccional de Florencia, al haber sido señaladas como

5Demandante cuyas pretensiones se introdujeron por reforma a la demanda, que fue admitida mediante Auto de 4 de
febrero de 2008. Folios 71 y 72, así como 82 y 83 del cuaderno 1 del Tribunal.

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Radicación: 18001233100020090033001 (68046)
Demandante: Margarita Alarcón Alarcón y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca

coautoras de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes,
destinación ilícita de muebles e inmuebles, suministro a menor y receptación. A
pesar de que en la diligencia de indagatoria manifestaron su ajenidad frente a
esas conductas punibles y que dentro del proceso se demostró que se dedicaban
a actividades lícitas, la fiscalía les impuso [mediante decisión de 12 de julio de
2006] medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual no estaba
respaldada en los 2 indicios graves de responsabilidad exigidos por la ley procesal
penal. Además, el fiscal del caso “dejó de lado los fines de la detención
preventiva”, debido a que la comparecencia de las sindicadas al proceso penal
se pudo haber garantizado mediante la constitución de una caución prendaria.

6. 2) Debido a lo anterior, la defensa solicitó el control de legalidad de la medida
de aseguramiento, por lo que el Juzgado 3 penal del circuito de Florencia, en
decisión de 4 de septiembre de 2006, revocó dicha medida y ordenó la libertad
inmediata. Luego, el 22 de diciembre del mismo año, la fiscalía encargada
precluyó la investigación a favor de Margarita Alarcón y Yaneth Campos, dado
que no existían pruebas de su responsabilidad.

7. 3) La detención les causó perjuicios materiales e inmateriales a ellas y a sus
familias, al haber sido señaladas por la comunidad como delincuentes.

1.2. Posición de la parte demandada

8. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda y propuso las
excepciones de “Inexistencia de responsabilidad patrimonial (…)”, en la medida
en que existían evidencias de la participación de las víctimas directas en
actividades delictivas, de manera que la imposición de la medida de
aseguramiento fue consecuencia del “Cumplimiento de un deber legal y
constitucional (…)”. En ese contexto, alegó que se presentaba “Ausencia de
falla en la prestación del servicio”6.

1.3. Sentencia de primera instancia

9. La sentencia apelada accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda7. El tribunal encontró probado que, las víctimas directas estuvieron
privadas de la libertad por 65 días, daño que, precisó, era antijurídico y atribuible
a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que la medida de aseguramiento
“…no estaba plenamente justificada, en razón a que no contaba para ese
momento con los elementos mínimos de prueba que permitieran establecer,
siquiera de forma indiciaria, su participación en los hechos delictivos”. Esta
conclusión la soportó en las razones expuestas por el Juzgado 3 penal del
circuito al resolver el control de legalidad propuesto respecto de la medida de
aseguramiento.

6 Folios 175 al 184 del cuaderno 1 del Tribunal.
7 Folios 258 al 266 del Cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicación: 18001233100020090033001 (68046)
Demandante: Margarita Alarcón Alarcón y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca

10. Al revisar la indemnización de perjuicios, reconoció perjuicios morales
(aunque no en la cuantía solicitada en la demanda) a favor de la mayoría de
los demandantes, con excepción de Hermes Claros (compañero de Margarita
Alarcón) y Rosana Alarcón Audor (Madre), en tanto que sí resultaron acusados
dentro del mismo proceso penal y fueron quienes “expusieron en forma
imprudente a la directa perjudicada”. Tampoco reconoció indemnización a
Juan Marcos Londoño Ortiz (quien adujo la condición de compañero de Yaneth
Campos Castaño), debido a que las pruebas testimoniales no dieron cuenta de
quién era su esposo o compañero permanente, o de los padecimientos que
experimentó con ocasión del daño.

11. Además, encontró acreditado que las demandantes se dedicaban a
actividades productivas de carácter independiente, por lo que reconoció como
lucro cesante los ingresos que habrían devengado durante el periodo de
privación, para lo cual tomó como referente el salario mínimo de la época. Por
último, negó el reconocimiento del daño emergente, por falta de prueba, así
como del daño a la vida de relación, dado que, independiente de la
denominación, el extremo actor no había acreditado “una afectación diferente
al daño moral”.

1.4. Recursos de apelación

12. La Fiscalía General de la Nación apeló la sentencia 8. Indicó que los registros
fílmicos, las declaraciones, denuncias e informes de inteligencia fueron
elementos que sustentaron la captura y condena de algunos familiares de los
hoy demandantes, (se trascribe) “lo cual condujo a edificar el indicio grave en
contra que sirvió de base para vincularlo a la investigación penal como
presuntas responsables de concurrir en el delito endilgado, conducta culposa
que, en criterio de esta entidad, merece ser catalogada como causa jurídica
para la exoneración en la producción del daño”. En síntesis, alegó que las
víctimas directas estaban en la obligación de soportar el daño porque “habían
generado indicios” de estar vinculadas con actividades delictivas, en otros
términos, porque “con sus conductas dieron lugar a que la Fiscalía investigara y
profiriera la medida de aseguramiento correspondiente”, lo que configuraba el
hecho exclusivo de la víctima como causa que eximía de responsabilidad al
Estado.

13. La parte demandante interpuso y sustentó el recurso de apelación en contra
de la sentencia de primera instancia 9. Alegó que debía reconocerse la
indemnización del perjuicio a favor de Hermes Claros y Rosana Alarcón Audor,
pues a pesar de que estuvieron involucrados dentro del mismo proceso penal,
no por ello perdían la condición de compañero y madre de Margarita Alarcón,
quien estuvo injustamente privada de la libertad, ni se desvirtuó la presunción de
afecto que justifica la reparación del perjuicio moral. También reclamó el

8 Folios 306 al 312 del cuaderno 1 del Tribunal.
9 Folios 321 al 326 del cuaderno 1 del Tribunal.

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Radicación: 18001233100020090033001 (68046)
Demandante: Margarita Alarcón Alarcón y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca

reconocimiento de dicho perjuicio a favor de Juan Marcos Londoño, al haberse
acreditado su condición de compañero permanente de Yaneth Campos
Castaño.

14. De otra parte afirmó que había lugar al reconocimiento del daño a la vida
de relación, en la medida en que los testimonios de Beatriz Pérez Camacho y
Hernán Herrera Gonzáles dieron cuenta de su existencia, fundamentalmente por
el estigma social que la privación de la libertad generó en las víctimas directas
y en sus familias, lo que conllevó a la afectación de su buen nombre, de sus
proyectos de vida y sus relaciones con el entorno.

15. Por último, manifestó que se debía condenar en costas y agencias en
derecho a la fiscalía, porque el artículo 365 del Código General del proceso
dispone que se debe condenar en costas a la parte que resulte vencida en el
proceso, condena que, agregó, según el numeral 5 de esa norma, era
procedente en el caso de que la demanda prosperara de manera parcial,
como ocurrió en este caso. Además, el CPACA estableció un criterio objetivo en
materia de costas, de manera que bastaba la comprobación de su existencia
para que procediera imponer condena por ese concepto.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación del
daño; 2.3. El daño no es antijurídico en el caso de Yaneth Campos Castaño. 2.4. Análisis del hecho
de la víctima (Margarita Alarcón Alarcón) como causa que exonera de responsabilidad al
Estado; 2.5. Costas

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

16. La Sentencia recurrida accedió parcialmente a las pretensiones. En esta
instancia, la parte demandante solicitó que el reconocimiento del perjuicio
moral se extendiera a 3 demandantes que tenían la condición de víctimas
indirectas (Hermes Claros, Rosana Alarcón Audor y Juan Marcos Londoño);
reclamó, asimismo, el reconocimiento del perjuicio a la vida de relación para
todos los actores y que se condenara en costas, en ambas instancias, a la
Fiscalía General de la Nación. Esta última, por su parte, argumentó haber
actuado de conformidad con la ley y que, en esas condiciones, la privación de
la libertad era atribuible a la conducta de las propias víctimas directas, por lo
que no era posible declarar su responsabilidad patrimonial.

17. Dentro del expediente se encuentra inicialmente probado que, Margarita
Alarcón Alarcón y Yaneth Campos Castaño estuvieron privadas de la libertad,
desde el 29 de junio al 5 de septiembre de 2006. Así se infiere de las actas de
derechos de las capturadas y las certificaciones expedidas por el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC 10. Además, consta que, mediante

Folios 50 y 51 del cuaderno de pruebas de oficio decretadas por el Tribunal. Al proceso, entre otros documentos que
10

ponen en evidencia la captura, se allegaron las actas de los derechos de los capturados, según las cuales las
detenciones se produjeron en la tarde del 29 de junio de 2006. Al día siguiente se expidieron las respectivas boletas de

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Radicación: 18001233100020090033001 (68046)
Demandante: Margarita Alarcón Alarcón y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca

Resolución de 22 de diciembre de 2006, la Fiscalía 10 seccional de Florencia
decretó a favor de ambas la preclusión de la investigación11.

18. En esta providencia, la Sala decidirá el fondo del asunto, dado que están
reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la presentación de
la demanda dentro del término legal. Al respecto, la Sala advierte que, la
Resolución de 22 de diciembre de 2006 por medio de la cual se precluyó la
investigación, quedó ejecutoriada el 13 de marzo de 200712 y el 1 de noviembre
de 2007 se presentó la demanda, es decir, dentro del término de 2 años previsto
por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A.

19. De acuerdo con lo anterior, la Sala anuncia que revocará la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda
presentada por Yaneth Campos Castaño y sus familiares. En su caso, la privación
de la libertad no tenía la connotación de daño antijurídico, pues al momento
de su captura, se encontraba privada de la libertad con ocasión de otro
proceso penal en el que había sido condenada, sanción que cumplía en prisión
domiciliaria, la cual, de hecho, estaría incumpliendo, al haber sido capturada -
por orden del proceso penal indicado en la demanda- en un lugar distinto al de
su residencia.

20. En relación con la demanda presentada por Margarita Alarcón Alarcón y
sus familiares, se revocará asimismo el fallo apelado, debido a que no hay
responsabilidad de la entidad demandada al proferir la medida de
aseguramiento, toda vez que su imposición fue consecuencia de un hecho
atribuible a la víctima directa.

2.2. Identificación del daño

21. Como ya se indicó, el hecho generador del daño en este caso deriva de la
privación de la libertad de Margarita Alarcón Alarcón y Yaneth Campos
Castaño, desde el 29 de junio al 5 de septiembre de 2006, esto es, por un período
de 2 meses y 8 días.

22. No obstante, a este proceso se allegaron varias certificaciones del Inpec,
en las que, además de probar el período anterior, se da cuenta de otros lapsos
de restricción de la libertad. Así, respecto de Yaneth Campos, se informó que,
según su tarjeta alfabética y antecedentes, ingresó al respectivo

encarcelación y consta que, ese mismo día, las personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía con el
propósito de que rindieran indagatoria (folios 145 al 171 de la continuación del Cuaderno 1 de pruebas de la parte
demandante)).
11 Folios 26 al 38 del cuaderno de pruebas de oficio decretadas por el Tribunal.
12 Por medio de la decisión de 13 de marzo de 2007, la Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de F lorencia resolvió el

recurso de apelación en contra de la Resolución de 22 de diciembre de 2006, mediante la cual la Fiscalía 10 seccional
de Florencia decretó la preclusión de la investigación a favor de las víctimas directas, acá demandantes, a la vez que
profirió resolución de acusación en contra de otras personas (folios 34 al 55 del cuaderno 4 de pruebas de la parte
demandante).

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Radicación: 18001233100020090033001 (68046)
Demandante: Margarita Alarcón Alarcón y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca

establecimiento carcelario el 21 de octubre de 2005 a órdenes de la Fiscalía 5
Seccional por el delito de tráfico de estupefacientes, autoridad que dispuso su
libertad el siguiente 28 de octubre, no obstante, a partir de esta fecha, según el
mismo documento, “[q]ueda en prisión domiciliaria Juzgado 3 Penal del Circuito
Ley 30/86”13.

23. Además, en relación con Margarita Alarcón, se indicó que, permaneció
privada de su libertad por varios años, pero esos lapsos ocurrieron con
posterioridad al daño aquí alegado, por medidas de aseguramiento y
sentencias condenatorias dictadas dentro de procesos penales distintas al que
se conoce en esta actuación (entre el 25 de mayo de 2008 y el 11 de octubre
de 2010, cuando se le concedió la libertad condicional 14; desde el 20 de agosto
de 2011 hasta el 21 de febrero de 2017, cuando se le otorgó la libertad por pena
cumplida y la anotación de ingreso de 27 de abril de 2018 en la modalidad de
prisión domiciliaria, “condenada por el delito de fabricación o porte de
estupefacientes”15).

24. Después de revisar cada uno de estos elementos de juicio, se advierte que
dichos períodos corresponden a medidas y sentencias condenatorias dictadas
dentro de procesos penales distintos de los que son objeto de esta demanda,
por lo que la Sala no se pronunciará respecto de esas otras situaciones. De todas
maneras, lo que si debe resaltar esta Subsección es la dispersión en la
documentación aportada como prueba en este proceso, debido a que
dificulta la comprensión acerca del daño aquí alegado, así como su
antijuridicidad.

2.3. El daño no es antijurídico en el caso de Yaneth Campos Castaño

25. Las copias del proceso penal que fueron allegadas como prueba y las
certificaciones que con destino a este proceso expedidos por el Inpec, dan
cuenta de que, en el momento en el que se produjo la captura de Yaneth
Campos Castaño, esta se encontraba privada de la libertad con ocasión de una
sentencia penal de carácter condenatorio, que fue proferida el 24 de junio de
2004 por el Juzgado 3 penal del circuito de Florencia y que le impuso la pena de
8 años de prisión.

26. Dentro del proceso penal, reposa la respuesta proporcionada por el
Juzgado 3 penal del circuito de Florencia frente al requerimiento realizado el 28
de agosto de 2006 por la Fiscalía, en el que solicitaba que informara “si la señora
Yaneth Campos Castaño, (…) está vinculada a procesos de competencia de
ese juzgado”16. Dicha autoridad, mediante oficio de 8 de septiembre de 200617,
contestó que: “(…) me permito manifestarle que este despacho, mediante

13 Folio 65 Vto. del cuaderno de pruebas de oficio decretadas por el Tribunal.
14 Folio 10 ídem.
15 Folio 8 ídem.
16 Folio 324 del cuaderno 2 de pruebas de la parte demandante.
17 Folio 389 del cuaderno 2 de pruebas de la parte demandante.

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Radicación: 18001233100020090033001 (68046)
Demandante: Margarita Alarcón Alarcón y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revoca

providencia datada el 24 de junio de 2.004, profirió sentencia condenatoria
contra Yaneth Campos Castaño, identificada con la c.c. 40’731.149 expedida
en el Doncello; a la pena principal de (8) años de prisión. // Asimismo, se le
concedió la sustitución de la pena de prisión por la prisión domiciliaria,
cumpliéndola en la calle 16#17-105 barrio la Vega” -se resalta-.

27. Es importante destacar que, debido a las distintas medidas de
aseguramiento que, al parecer, le fueron impuestas a Yaneth Campos y que
concurrieron en un mismo lapso de tiempo, no es posible saber algunas
particularidades procesales de cada actuación penal. Sin embargo, de un
análisis en conjunto de las pruebas, se advierte que, para el momento en que la
aquí demandante fue capturada por orden de la Fiscalía 10 seccional, se
encontraba cumpliendo la pena de prisión domiciliaria dictada por el Juzgado
3 penal del circuito de Florencia.

28. Mediante Oficio No. 1143 EPMSCFLO - AJUR de 6 de agosto de 2019, el
INPEC informó que, el 28 de octubre de 2005, se expidió la boleta de libertad
ordenada por la Fiscalía 5 seccional por el delito de tráfico de estupefacientes -
es decir, un proceso penal distinto del que es objeto de esta demanda- y quedó
nuevamente a disposición del Juzgado 3 penal del circuito que dictó condena
“a 8 años por Ley 30/86” y le concedió el beneficio de prisión domiciliaria18. Si
bien en algunos apartes de estas certificaciones pareciera que se le revocó
dicho beneficio -solo se habla de revocatoria, más no del otorgamiento de la
libertad-, el INPEC posteriormente envió la tarjeta alfabética y de antecedentes
de Yaneth Campo, en la que aparece una anotación de 28 de octubre de 2005
según la cual, debido a la boleta de libertad No. 17640 librada por la aludida
Fiscalía 5 seccional, la interna “[q]ueda en prisión domiciliaria Juzgado 3 Penal
del Circuito Ley 30/86”19.

29. Además, en la misma certificación allegada con el Oficio No. 1143, se
informó que “[p]ara el 29 de noviembre de 2007 el juzgado de ejecución de
penas y medidas de seguridad de Florencia emite boleta 758 decretando
libertad por el delito de tráfico de estupefacientes”20. Asimismo, en la diligencia
de indagatoria practicada el 5 de julio de 2006, Campos Castaño manifestó: “he
estado en la cárcel por Ley 30 por cuenta del Juzgado Tercero Penal del
Circuito, estoy con detención domiciliaria”21.

30. De lo anterior se advierte que existía una condena vigente por el delito de
tráfico de estupefacientes dictada por el Juzgado 3 penal del circuito, la cual
venía cumpliendo Yaneth Campo en la modalidad domiciliaria y que, para el
momento de la captura dispuesta por la Fiscalía 10 seccional, aún se
encontraba vigente. En efecto, del expediente no se observa que, por lo menos
en el proceso penal por el que se emitió condena, se le hubiera otorgado la

18 Folio 7 del cuaderno de pruebas de oficio decretadas por el Tribunal.
19 Folio 65 Vto. del cuaderno de pruebas de oficio decretadas por el Tribunal.
20 Folio 7 del cuaderno de pruebas de oficio decretadas por el Tribunal.
21 Folio 199 del cuaderno 1 de pruebas de la parte actora.

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libertad condicional para el año 2006 -período de privación por el que aquí se
demanda- y, por el contrario, existe una anotación solo hasta el año 2007, según
la cual el juzgado de ejecución de penas libró boleta de libertad.

31. En ese contexto, la Sala considera que la demandante no podía alegar que
sufrió, con ocasión de la captura de que fue objeto el 29 de junio de 2006 (por lo
demás en un sitio distinto al lugar donde estaba previsto que cumpliría con la
prisión domiciliaria22), una privación injusta de su derecho a la libertad, pues ese
derecho se encontraba previamente limitado, de manera legítima, por una
decisión judicial penal de carácter condenatorio proferida por el Juzgado 3
penal del circuito de Florencia y que, con base en los documentos anteriores, se
encontraba vigente y generando efectos para ese momento.

32. Yaneth Campos Castaño no podía, entonces, elevar a la categoría de
daño indemnizable la privación de la libertad de que fue objeto entre el 29 de
junio y el 5 de septiembre de 2006, pues ese lapso coincidió con el periodo de
cumplimiento de pena privativa de la libertad a la que fue condenada en 2004
por el Juzgado 3 penal del circuito de Florencia a 8 años de prisión, al encontrarla
responsable del delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. En
consecuencia, la nueva detención ordenada por la Fiscalía 10 seccional no
podía permitirle reclamar la reparación de un daño que ya padecía de manera
válida y que, por consiguiente, se encontraba en la obligación jurídica de
soportar. En ese sentido, como el daño alegado no tiene la connotación de
antijurídico, sus pretensiones y las de sus familiares serán negadas.

2.4. Análisis del hecho de la víctima (Margarita Alarcón Alarcón) como causa
que exonera de responsabilidad al Estado

33. Por la fecha de los hechos denunciados, la investigación penal fue
adelantada bajo las previsiones de la Ley 600 de 2000. De acuerdo con el
artículo 354 de dicha normativa, la situación jurídica se define solo en aquellos
casos en que es procedente la detención preventiva. Asimismo, de
conformidad con los artículos 355 al 357 ibídem, la detención preventiva se
impondrá cuando se trate de un delito que tenga prevista pena de prisión cuyo
mínimo sea o exceda de 4 años; si el delito imputado aparece dentro de la lista
indicada por el artículo 357, numeral 2, de la Ley 600 de 2000 o cuando estuviere
vigente sentencia condenatoria ejecutoriada por delito doloso o
preterintencional que tenga pena de prisión.

22La demandante fue capturada en la “Calle 13 cerca del río”, según el acta de allanamiento (folios 79 y 80 del cuaderno
1 de pruebas de la parte actora) -se resalta-. En su indagatoria, Yaneth Campos Castaño indicó que su residencia estaba
ubicada en la “Calle 16 # 17-105 barrio La Vega” (fl. 199 del cuaderno 1 de pruebas de la parte actora), que es el lugar
en el que, como lo indicó el Juzgado 3 Penal del Circuito de Florencia, debía cumplir la prisión domiciliaria.

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34. Además, si aparecen, por lo menos, 2 indicios graves de responsabilidad, de
acuerdo con las pruebas recopiladas legalmente en el proceso y si resulta
necesaria para el cumplimiento de alguno de sus fines, es decir, “para garantizar
la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la
libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que
emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la
instrucción, o entorpecer la actividad probatoria”23.

35. La Sala advierte que, Margarita Alarcón Alarcón fue investigada, entre
otras conductas, por la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes, cuya pena mínima era superior a los 5 años de prisión,
por lo que, en principio, procedía la imposición de la medida de aseguramiento
de detención preventiva. Dicha medida fue revocada por el Juzgado 3 penal
del circuito de Florencia al resolver, mediante Auto de 4 de septiembre de 2006,
la solicitud de control de legalidad presentada, en su momento, por la defensa
de los investigados24.

36. Sin embargo, a pesar de que Margarita Alarcón Alarcón fue exonerada de
responsabilidad penal, la Sala encuentra que su actuación en el trámite incidió
en la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, ya
que, en la diligencia de indagatoria realizó afirmaciones contraevidentes, razón
por la cual la fiscalía las descartó, al resultar alejadas de la prueba técnica
(registros fílmicos acerca de la compra de productos en la casa de la entonces
sindicada, que, con la respectiva prueba de PIPH, se determinó que
correspondían a sustancia estupefaciente).

37. La investigación penal inició por las quejas presentadas por los miembros
de la comunidad, quienes venían informando a las autoridades que en el barrio
La Vega se presentaban actividades continuas de venta y consumo de
estupefacientes; situación ésta que había generado bastante inseguridad en la
zona, lo que constituía un asunto de gran preocupación de sus residentes y de
las autoridades25.

23 Artículo 355 de la Ley 600 de 2000.
24 Al revocar la medida de aseguramiento que pesaba contra Margarita Alarcón Alarcón, ese Juzgado consideró: “De
los videos aportados efectivamente se vislumbra una serie de personas habitantes a la orilla del río, del Barrio La Vega,
cumpliendo unas actividades no recomendables, sin embargo ello no es suficiente para poder determinar [que] se trata
de la comercialización de estupefacientes, siendo necesario para darle credibilidad a esa probanza de acuerdo con las
reglas de la sana crítica, la existencia de otros medios indicativos de que efectivamente la actividad cumplida por esas
personas, se encaja dentro de los tipos penales por los cuales se les impuso medida de aseguramiento, más
concretamente decomisar en poder de los retenidos alucinógenos, pero ello no fue posible por cuanto los allanamientos
arrojaron resultados, en su mayoría a excepción del inmueble habitado por Rosana Alarcón Audor, al evidenciarse en
una de las habitaciones en el techo estupefaciente, en cantidad de 13 gramos de cocaína. // Para el despacho en las
diligencias se encuentra prueba de donde se desprende la presunta responsabilidad de los procesados en los hechos
atribuidos por el ente acusador a partir de los consumidores que fueran sorprendidos por la policía después de salir del
sitio donde adquieren el alucinógeno, más concretamente Manuel Antonio Ardila Flórez, quien compra en la casa de
alias el “Mico” y cuyo nombre es Hermes Claros y Lidber Ordóñez Hurtatis, distinguida con el mote de “La Renca”.
Gamaliel Vargas Osorio sostiene adquirir la marihuana y basuco en la vivienda de Lidber quien es coja. Rodolfo Murillo,
se le halló el estupefaciente que acaba de conseguir en una casa de dos pisos, con una puerta dividida en dos, sin
concretar qué persona fue la que le vendió. La Droga incautada corresponde a 1.12 gramos de basuco y 10 gramos de
marihuana. Como respaldo de esas probanzas se tiene la versión de Edelmira Gómez Cuellar quien residió en el Barrio La
Vega expresando [que] en la casa del “Mico”, de la “Renca” y de Rosana se vende estupefaciente” (…) ( Folios 17 al 25
del cuaderno de pruebas de oficio decretadas por el Tribunal).
25 La Policía Nacional envió un oficio a la Fiscalía en el que ponía de presente que, “Toda la comunidad del barrio La

Vega que se ha visto afectada por el flagelo de atracos y hurtos continuos, a habitantes que transitan por ese sector por
parte de personas que residen en los cambuches a orillas del río hacha que consumen sustancias alucinógenas y por
ciertas viviendas que se prestan para el expendio y consumo de las mismas y la manera como almacenan elementos

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38. Como consecuencia de esas quejas, mediante Resolución de 8 de mayo
de 2006, la fiscalía dictó la apertura de investigación penal. Al haberse
identificado 5 viviendas como centros de expendio, la fiscalía ordenó que,
durante varios días, se hiciera un registro en video de dichos sitios, se indagara
por las actividades que en ellos se desarrollaban y se identificara a los
expendedores. Asimismo, solicitó identificar a los usuarios de las sustancias y que,
con su colaboración, indicaran el lugar en el que habían adquirido el producto,
así como la persona que se los había suministrado.

39. La Sala destaca que, las manifestaciones que hicieron los consumidores
que fueron abordados por la Sijin, poco después de que habían sido vistos y
grabados en el lugar en el que se hacían las pesquizas (6 entrevistas en total, 5
de las cuales fueron ratificadas ante la fiscalía bajo juramento), coincidieron en
que, en efecto, ese sector era públicamente conocido por la comercialización
de estupefacientes, particularmente, de marihuana, bazuco y cocaína.

40. Por ejemplo, los testigos Manuel Antonio Ardila26 (23 de mayo de 2006) y
Esther Julia Montoya Gaviria27 (3 de junio de 2006), a quienes se les incautaron
las sustancias que habían adquirido momentos antes y que, indagados acerca
del lugar y de las personas que se las habían vendido, manifestaron de manera
explícita que habían adquirido el producto en casa de “El Mico” y “La Mica”.
Además, Edilma Gómez Cuellar28 (que declaró el 10 de junio de 2006) manifestó
que le constaba que estos últimos estaban dedicadas a la venta de
estupefacientes en la casa que tenía una “marranera”.

41. Los alias mencionados correspondían, según las investigaciones, a Hermes
Claros (acá demandante) y su compañera, la también demandante Margarita
Alarcón Alarcón, cuyo lugar de vivienda se caracterizaba, según los testimonios
y las labores de investigación de policía judicial adelantadas, porque, además
de que era uno de los lugares señalados por practicarse actividades de
comercio de sustancias ilegales, Hermes Claros tenía un criadero de cerdos.
Cabe precisar que, en la indagatoria que rindió este último sindicado, manifestó

hurtados para luego sacar provecho de ello, están acabando con la seguridad de todo el barrio y las personas que ahí
habitan”. Por esa razón, solicitó que se realizaran actividades “con el fin de constatar la información suministrada por los
moradores del barrio La Vega…” (fl. 2-5 cuaderno 1de pruebas de la parte actora). Una de las quejas presentadas por
los residentes del barrio, fue elevada el 10 de enero de 2006 por parte de una ciudadana (Gloria Patricia Méndez Suárez)
quien le manifestó a la Policía: “…los habitantes del Barrio la Vega, han sido víctimas de la presencia constante de
personas de la calle residentes en la orilla del río el hacha, donde tienen ubicados sus cambuches. Así mismo da a
conocer que ellos hurtan los bombillos de las residencias “andenes”, dañan las farolas de las calles para que permanezca
oscuro y de esta manera poder cometer sus actividades delincuenciales “atracos”. La ciudadanía se encuentra
preocupada por le inseguridad constante generada por estas personas de la calle especialmente las cuadras aledañas
a la orilla del Río. Manifiesta que han oficiado a diferentes entidades como alcaldía, ejército, Policía y los medios de
comunicación, pero no han tenido respuesta satisfactoria. // Solicitan se realice un control más definido para
contrarrestar esta situación, ya que es imposible residir en tranquilidad en este sector de la ciudad, pueden preguntar a
cada uno de los habitantes residentes allí quienes pueden dar fe de esta situación” (folio 6 cuaderno 1 de pruebas de la
parte actora).
26 Folios 38 al 40 del cuaderno 1 de pruebas de la parte demandante. Esta versión fue ratificada ante la Fiscalía en

diligencia de 10 de julio de 2006 (fl. 214 al 216 del cuaderno 2 de pruebas de la parte demandante)
27 Folios 47 al 49 ídem.
28 Folios 50 al 52 ídem. Esta versión fue ratificada ante la Fiscalía en diligencia de 10 de julio de 2006 (fl. 224del cuaderno

2 de pruebas de la parte demandante).

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que su vivienda era conocida como las marraneras y que era la única persona
que, en ese sector, tenía un criadero de esa especie29.

42. Con fundamento en las entrevistas que se recibieron en las inmediaciones
del lugar en el que se adelantaba la investigación, así como de las evidencias y
comprobaciones que durante varios días realizaron miembros de la Sijin, el 15 de
junio de 2006 se elaboró el informe de trabajo solicitado por la fiscalía, en el que
se identificaron los inmuebles en los que se desarrollaban las actividades
delictivas indagadas y los sujetos que estaban involucrados en las mismas.

43. En este documento se indicó: “Para diciembre de 2001 mediante la
operación denominada Barrido 1, realizada por la Policía Nacional en
coordinación con la Fiscalía Tercera Seccional, se llevó a cabo varias diligencias
de allanamiento y registro a los inmuebles ubicados en el barrio La Vega a orillas
del río, donde se logró la captura de diferentes personas comprometidas en el
expendio y comercialización de sustancias estupefacientes en estos lugares…”;
mencionó que, a pesar de que en en ese sector venían siendo capturadas
personas dedicadas a la comercialización de estupefacientes, “actualmente se
continúa con esa actividad delictiva”30.

44. Asimismo, en el informe se expuso que, Hermes era conocido como alias “El
Mico” y que su compañera era conocida como “La Negra o La Mica”. Allí se
indicó: “es de notar que alias La Negra o La Mica, habita en compañía de su
esposo en el inmueble conocido como las marraneras”31, vivienda en la que,
agrega la Sala, otro de los indagados (el también demandante en esta causa
Lorenzo Alarcón32) reconoció en forma expresa que era conocida con ese
nombre y que en ella habitaba su hermana Margarita Alarcón Alarcón, con su
compañero Hermes y sus hijos.

45. Por otra parte, en la diligencia de allanamiento que se realizó en la vivienda
de Rosana Alarcón Audor (madre de Margarita Alarcón Alarcón), quien se
encontraba en compañía de Jhon Edison Acosta (a quien le fue encontrada
una “pipa artesanal” en uno de sus bolsillos), se dejó registrado en el acta que,
“…en el segundo piso en la habitación en el techo se encontró estupefaciente,
una bolsa con papeles partidos, un pedazo de tubo con una sustancia
adherida, envuelta en un papel, se encontró una llave para abrir al parecer
vehículos (…) En la pared para subir por la escalera al segundo piso se encontró
una pipa artesanal…”33.

46. En la diligencia de indagatoria, Margarita Alarcón Alarcón manifestó que
vivía en unión libre con Hermes Claros, quien se encontraba igualmente
detenido, que tenía la condición de ama de casa y que además se dedicaba
a lavar ropa ajena y a hacer aseo, “lo que me pongan a hacer”. En particular,

29 Folios 176 al 179 ídem.
30 Folio 12 del cuaderno 1 de pruebas de la parte actora.
31 Folios 11 al 34 del cuaderno 1 de pruebas de la parte actora.
32 Folio 195 del cuaderno 1 de pruebas de la parte actora.
33 Folios 84 al 86 del cuaderno 1 de pruebas de la parte actora.

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indicó que vivía con Hermes Claros, sus hijos y su suegra y que tenían “como unos
dieciocho a veinte marranos”. Al interrogársele acerca de la venta de
estupefacientes en su residencia y confrontarla con las diligencias investigativas
recaudadas sobre el consumo de estupefacientes adquiridos en dicho
inmueble, manifestó que, “No, eso es mentira. Porque es que yo no vendo eso y
mis hijos tampoco porque para eso ellos tienen un papá que trabaja para que
los mantenga”34.

47. En el caso concreto, la Sala advierte que la sindicada negó
categóricamente que en su residencia se comercializaran sustancias ilícitas. Sin
embargo, en relación con su propia vivienda, aparecen los registros fílmicos -al
expediente se allegó el informe de trabajo que reporta las actividades
realizadas y que explican el contenido de los vídeos guardados en formato VHS-
, en los que se captan a personas que compran ciertos artículos y que, después
de ser abordados por los funcionarios de policía judicial e indagar por su
contenido, manifestaron que se trataba de sustancia estupefacientes
adquiridas en la casa de las marraneras, la cual, con la respectiva prueba de
PIPH, confirmaron su naturaleza.

48. A pesar de que la Fiscalía no pudo establecer la persona o personas que,
en esa vivienda, adquirían y vendían esos estupefacientes, razón por la cual se
precluyó la investigación a favor de Margarita Alarcón, su absoluto
desconocimiento manifestado acerca del desarrollo de esas actividades en su
casa resultaba contraevidente. En efecto, los registros en vídeo obtenidos
acerca de las acciones ejecutadas en un día cualquiera en ese inmueble,
reflejaban el acercamiento continuo de personas a su casa, la adquisición de
pequeños artículos que no eran coherentes con la actividad productiva por ellos
manifestada -marranera- y la posterior confirmación técnica de que esos
productos correspondían a sustancia estupefaciente, como marihuana, bazuco
o cocaína.

49. En consecuencia, si bien la acá demandante no estaba en el deber legal
de autoincriminarse, en la diligencia de indagatoria realizó manifestaciones que
contrastaban con los elementos de juicio que, hasta entonces, habían sido
recolectados por parte de la Fiscalía. Ese comportamiento se dio en el curso de
la investigación penal y, en su debido momento, tuvo incidencia cierta en la
imposición de la medida de aseguramiento, motivo que exonera de
responsabilidad al Estado por las consecuencias adversas que pudo acarrear.

50. En efecto, al momento de definir la situación jurídica de Margarita Alarcón
Alarcón y de los demás implicados, la Fiscalía consideró que “Las pruebas
evaluadas para tomar la decisión que resulte en este instante procesal, merecen
credibilidad de parte del Despacho, toda vez que hay consonancia y
correspondencia entre el contenido del informe policial, las pruebas que lo
soportan: los testimonios de adictos y película en video del movimiento diario del

34 Folios 188 al 190 del cuaderno 1 de pruebas de la parte actora.

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centro de expendios”. En lo que a la incidencia que la conducta procesal de
Alarcón Alarcón y los otros sindicados tuvo en la imposición de la medida, la
Fiscalía manifestó: “…el material probatorio muestra una relación entre los
procesados y un acuerdo tácito puede advertirse sobre la autoprotección”, a lo
que agregó que se advertía “…su disposición negativa a aceptar su actividad
criminal y someterse al imperio de la justicia” -se resalta-. Lo anterior, sumado a
que existían evidencias que ponían de presente que la red familiar
presuntamente dedicada a la venta de estupefacientes, involucraba a menores
tanto en su consumo como en su distribución, hizo imperiosa, en su momento, la
imposición de la medida de aseguramiento35.

51. Como en la imposición de esa medida contribuyó de manera determinante
el comportamiento procesal de la víctima, que renunció a su derecho a guardar
silencio para realizar, en cambio, aseveraciones que, en ese momento de la
investigación, resultaban contrarias a la realidad, el daño no puede atribuirse
causalmente al Estado, quien quedó así exonerado de responsabilidad.

52. Como conclusión general, la Sala revocará el fallo apelado y negará las
pretensiones de la demanda, en la medida en que el daño padecido por
Yaneth Campos Castaño no era antijurídico. Además, en relación con Margarita
Alarcón Alarcón (y su grupo familiar), las pretensiones debían negarse, al quedar
demostrado que su conducta procesal incidió de manera directa en la
imposición de la medida de aseguramiento.

2.5. Costas

53. En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la
actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas,
de conformidad con lo previsto por el artículo 171 del C.C.A., modificado por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, la Sentencia de 31 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Caquetá, Sala No. 1 de decisión, que accedió parcialmente
las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, NEGAR las pretensiones de la

35 Folios 228 al 235 del cuaderno 2 de pruebas de la parte demandante.

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Decisión: Revoca

demanda.

TERCERO: NO CONDENAR en costas.

CUARTO: En firme esta providencia y sin necesidad de auto que lo ordene,
EXPEDIR, a costa de los interesados, copias de la misma.

QUINTO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriado este
proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su
competencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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