Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-1998-01027-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-1998-01027-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 54001-23-31-000-1998-01027-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Procesos Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357;
1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: (principales) Excelino Ariza Santana; Gustavo Barajas
Espinel; Jorge Armando Lugo Aponte; José Alejandro
Ardila Molina; Luis Armando Suescún Gómez; Salvador
Pardo Lobo
Demandados: Nación – Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial y
otros
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Temas: Acción de reparación directa - privación injusta de la libertad (Decreto 2700 de
1991) - falla en el servicio – daño especial – indemnización de perjuicios
Síntesis del caso: La Fiscalía General de la Nación inició una investigación penal contra los
demandantes principales por el homicidio de varios miembros de una asociación
campesina y una periodista. Les impuso medida de aseguramiento de detención
preventiva. En la mayoría de los casos, se profirieron sentencias absolutorias
Conoce la Sala los recursos de apelación interpuestos por los demandantes
y la Fiscalía General de la Nación contra la Sentencia de 14 de junio de 2012,
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda1.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso de apelación en contra de una Sentencia proferida por un Tribunal
Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones
solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73
de la Ley 270 de 1996.
1 En la parte resolutiva del fallo se dispuso: declarar no probada la excepción de caducidad (numeral Primero);
“DECLÁRESE a la Nación - Fiscalía General de la Nación, administrativa y patrimonialmente responsable por los
perjuicios causados a la parte demandante con motivo de la privación de la libertad de la que fue objeto el señor
Excelino Ariza Santana, de conformidad con las consideraciones de la presente decisión” (Numeral Segundo); se
absolvió de responsabilidad a “la Nación – Ministerio de Justicia y del derecho y a la Rama Judicial, de
conformidad con las consideraciones de la presente decisión” (Numeral Tercero). Como consecuencia de lo
anterior, condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar $39’669.000 a Excelino Ariza a título de perjuicio
moral; $22’668.000 por el mismo concepto a favor de su esposa y para cada uno de sus 4 hijos; $34’540.365 por
lucro cesante (Numeral Cuarto) y negó las demás pretensiones de la demanda promovida por Excelino Ariza
Santana (Numeral Quinto). En el Numeral Sexto el Tribunal negó las pretensiones de las demandas de los procesos
“2000-1214, 1998-799, 1999-358, 2000-654 y 1999-357”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada y
trámite relevante en primera instancia; 1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recursos de
apelación; 1.5 Trámite relevante en segunda instancia
1.1. Posición de la parte demandante
1. Con el fin de obtener la reparación de los perjuicios sufridos con la
privación de la libertad de que fueron víctimas los demandantes principales,
en ejercicio de la acción de reparación directa:
2. Excelino Ariza Santana y su grupo familiar (Exp.1998-1027)2, elevaron
pretensiones contra la “La Nación colombiana-Ministerio de Justicia-Fiscalía
General de la Nación-Rama Judicial”3.
3. Gustavo Barajas Espinel (Exp. 1998-799)4 demandó a la “Nación –
Ministerio de Justicia y del Derecho – Fiscalía General de la Nación”5.
4. Jorge Armando Lugo Aponte (Exp. 1999-357)6 con su grupo familiar,
demandaron a la “Nación; representada en este caso por el Director
Ejecutivo de la Administración Judicial (…) o quien le represente y/o al señor
Fiscal General de la Nación”7.
5. José Alejandro Ardila Molina (Exp. 1999-358)8, elevó pretensiones
contra la “Nación”, representada por el Director Ejecutivo de la
Administración Judicial “y/o” el Fiscal General de la Nación9.
6. Luis Armando Suescún Gómez (Exp. 2000-654)10 dirigió sus pretensiones
contra la Nación, representada por el Director Ejecutivo de Administración
Judicial “y/o” el Fiscal General de la Nación11.
2 Demanda que fue presentada el 19 de octubre de 1998 (Fl. 22 “Cuadernos: 1” Exp. 1998-1027).
3 Fl. 7-8 “Cuadernos: 1” Exp. 1998-1027.
4 Demanda que fue presentada el 18 de junio de 1998 (Fl. 10 “Cuadernos: 1” Exp. 1998-799).
5 Folio 4 del cuaderno 1.
6 Demanda que fue presentada el 8 de abril de 1999 (Fl.13 “Cuadernos: 1” Exp. 1999-357).
7 Al subsanar la demanda, indicaron que la condena se reclamaba de la “Nación, Fiscalía General de la Nación
y Ministerio de Justicia y/o representada en este caso por el Director Ejecutivo de la Administración Judicial…” (Fl.
5 y 124 “Cuadernos: 1” Exp. 1999-357).
8 Demanda que fue presentada el 8 de abril de 1999 (Fl. 10 “Cuadernos: 1” Exp. 1999-358).
9 Folio 2 del cuaderno 1.
10 Demanda que fue presentada el 8 de marzo de 2000 (Fl. 11 “Cuadernos: 1” Exp. 2000-654).
11 Fl. 3 “Cuadernos: 1” Exp. 2000-654.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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7. Salvador Pardo Lobo (Exp. 2000-1214)12 dirigió sus pretensiones contra
“La Nación -Ministerio de Justicia y del Derecho – Fiscalía General de la
Nación”13.
8. Como pretensión común en todas las demandas, se solicitó que se
declarara a las autoridades demandadas (en cada caso), responsables por
los daños materiales e inmateriales causados a los demandantes principales
con la privación injusta de la libertad.
9. Como consecuencia de lo anterior, pidieron que se condenara a las
entidades demandadas al pago de los siguientes perjuicios:
Perjuicio Demandante Calidad Monto
1. Expediente No. 1998-102714
Excelino Ariza Santana Víctima directa 1000 gramos oro por perjuicio
moral.
Perjuicios Clemencia Rueda de Ariza Esposa Ídem
morales Héctor Alonso Ariza Rueda Hijo Ídem
Gladys Rufina Ariza Rueda Hija Ídem
Lilia Marina Ariza Rueda15 Hija Ídem
Erasmo Ariza Rueda Hijo Ídem
Perjuicios Excelino Ariza Santana Víctima directa Daño emergente y lucro
materiales cesante $500.000.000
Perjuicio Demandante Calidad Monto
2. Expediente No. 1998-79916
1000 gramos oro por perjuicio
moral; $1.500.000.000 por
Gustavo Barajas Espinel Víctima directa perjuicio “físicomental”
$1.500.000.000 por perjuicio
Perjuicios social.
inmateriales Mercedes Martínez Serrano Esposa Ídem
Gustavo Adolfo Barajas Martínez Hijo Ídem
Juan Pablo Barajas Martínez Hijo Ídem
Carlos Andrés Barajas Martínez Hijo Ídem
María Teresa Barajas de Jiménez Hermana Ídem
Daño emergente: $10’000.000
gastos de abogado
Perjuicios Gustavo Barajas Espinel Víctima directa Lucro cesante:
materiales $22’799.220, como asesor
tributario.
$58’600.000, como administrador
Perjuicio Demandante Calidad Monto
3. Expediente No. 1999-35717
12 Demanda que fue presentada el 12 de mayo de 2000 (Fl. 12 del. “Cuadernos: 1”. 1 Exp. 2000-1214).
13 Fl. 3 y 4 “Cuadernos: 1”. 1 Exp. 2000-1214.
14 Fl. 7-8 del cuaderno “Cuadernos: 1” Exp. 1998-1027.
15 Aunque en la demanda se indicó que el nombre de esta demandante era “Lilia María Ariza Rueda”, de las
pruebas allegadas con ese escrito, en particular, del registro civil de nacimiento (Fl. 26 “Cuadernos: 1” Exp. 1998-
1027), consta que su nombre correcto es “Lilia Marina Ariza Rueda”.
16 Fl. 4-5 “Cuadernos: 1” Exp. 1998-799.
17 Fl. 5-6 y 124-125 “Cuadernos: 1” Exp. 1999-357.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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1000 gr. oro, perjuicio moral
500 millones por perjuicios
Jorge Armando Lugo Aponte Víctima directa físico-mentales.
500 millones por perjuicios
sociales
Berenice De Antonio Flórez Compañera
Perjuicios 1000 gr. oro, perjuicio moral
permanente
inmateriales
Luis Eduardo Lugo De Antonio Hijo 1000 gr. oro, perjuicio moral
Julián Darío Lugo Suárez Hijo 1000 gr. oro, perjuicio moral
Fredy Alonso Lugo Suárez Hijo 1000 gr. oro, perjuicio moral
Erika Marina Lugo Suárez Hija 1000 gr. oro, perjuicio moral
Jorge Enrique Lugo Suárez Hijo 1000 gr. oro, perjuicio moral
Johan Sebastián Lugo De Hijo
1000 gr. oro, perjuicio moral
Antonio
$10’000.000 gastos de abogado
Perjuicios
Jorge Armando Lugo Aponte Víctima directa Lucro cesante:
materiales
$7’521.000.
Perjuicio Demandante Calidad Monto
4. Expediente No. 1999-35818
Perjuicios
morales José Alejandro Ardila Molina Víctima directa 1000 Gramos oro
Perjuicios Víctima directa $10’000.000 gastos de abogado
José Alejandro Ardila Molina Lucro cesante:
materiales
$7’000.000.
Perjuicio Demandante Calidad Monto
5. Expediente No. 2000-65419
1000 Gr. Oro perjuicio moral
500 millones por perjuicios
Perjuicios
Luis Armando Suescún Gómez Víctima directa físico-mentales.
inmateriales
500 millones por perjuicios
sociales
Perjuicios Luis Armando Suescún Gómez Víctima directa $20’000.000 gastos de abogado
Lucro cesante:
materiales
$34’400.000.
Perjuicio Demandante Calidad Monto
6. Expediente No. 2000-121420
1000 gramos oro por perjuicio
moral; $1.500.000.000 por
Perjuicios Salvador Pardo Lobo Víctima directa perjuicio “físicomental”
inmateriales $1.500.000.000 por perjuicio
social.
Edna Judith Guevara de Pardo Esposa ídem
Adolfo José Pardo Guevara Hijo Ídem
18 Fl. 2-3 “Cuadernos: 1” Exp. 1999-358. La Sala precisa que el Tribunal inadmitió la demanda para que se allegara
el poder de Judy Barrios Barriga (Fl. 110). La parte demandante no cumplió con esta orden, por lo que por Auto
de 6 de septiembre de 1999, el Tribunal rechazó la demanda “en relación con la señora Judy Barrios Barriga, quien
obra en nombre propio y en representación de su hija menor María Paola Ardila Barrios” (Fl. 113), auto que no fue
objeto de recursos. Como el demandante principal solo confirió poder en nombre propio (cfr. Fl. 1), el proceso
continuó solo con él como integrante de la parte actora. No se presentó reforma de la demanda.
19 Fl. 3-5 “Cuadernos: 1” Exp. 2000-654.
20 Fl. 4-5 “Cuadernos: 1” Exp. 2000-1214.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
____________________________________________________________________________________
Ernesto Miguel Pardo Guevara Hijo Ídem
Diana Paola pardo Pinzón Hija Ídem
Víctima directa Daño emergente $40.000.000
gastos de abogado.
Lucro cesante:
Perjuicios $48’880.000
materiales $27’900.000
$25’200.000
$12’200.000
$5’100.000.
5. Como hechos comunes que fundamentaron las pretensiones de las 6
demandas, se expuso, en síntesis, lo siguiente:
6. 1) El 26 de febrero de 1990, en un restaurante en el municipio de
Cimitarra, Santander, un grupo de paramilitares asesinaron a Miguel Ángel
Barajas Collazos, Josué Vargas Mateus y Saúl Castañeda Zúñiga, miembros
de la Asociación de Campesinos del Casanare (ATCC), así como a la
periodista Silvia Duzán Sáenz, quien realizaba un documental sobre el
paramilitarismo para la BBC, de Londres.
7. 2) Con ocasión de esos hechos y por retaliaciones políticas, miembros
inocentes de la población fueron inculpados de esos asesinatos; como
consecuencia de investigaciones realizadas con respaldo en testigos con
reserva de identidad e informes poco serios del CTI, los seis demandantes
principales fueron vinculados a investigaciones y procesos penales en los
que quedaron privados de la libertad por largos periodos. Todos fueron, en
distintos momentos, exonerados de responsabilidad penal, razón por la cual
demandan indemnización de los perjuicios materiales e inmateriales.
1.2. Posición de la parte demandada y trámite relevante en primera
instancia
8. 1) Dentro del proceso 1998-1027, víctima directa Excelino Ariza
Santana. El Ministerio de Justicia y del Derecho propuso la excepción de
“Culpa de un tercero”, con fundamento en que la parte actora atribuyó la
privación de la libertad a las afirmaciones realizadas por un testigo con
reserva de identidad, así como la de “indebida representación por
pasiva”21. La Fiscalía General de la Nación propuso las excepciones de:
“Actuación legítima (…)”; “Ausencia de falla en la prestación del servicio de
administrar justicia”; “Inexistencia de daño antijurídico” y “Ausencia de error
judicial”22. La Rama Judicial no contestó la demanda.
21 Fl. 34 “Cuadernos: 1” Exp. 2000-654
22 Fl. 208 y ss. “Cuadernos 1” Exp. 1998-1027.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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9. 2) Dentro del proceso 1998-799, víctima directa Gustavo Barajas
Espinel. La Rama Judicial contestó la demanda a pesar de que en su contra
no se elevaron pretensiones y el auto admisorio de la demanda no la
cobijó23. A pesar de ello, sin explicación de ningún tipo, el Tribunal ordenó su
notificación. La Fiscalía General de la Nación alegó que no realizó ningún
tipo de acción u omisión que comprometiera su responsabilidad y que la
revocatoria de la medida de detención preventiva, no convertía en injusta
la privación de la libertad24. El Ministerio de Justicia y del Derecho no
contestó la demanda.
10. 3) Dentro del proceso 1999-357, víctima directa Jorge Armando Lugo
Aponte. La Fiscalía General de la Nación propuso las excepciones de:
“Inexistencia de la falla en el servicio” y “…hecho de un tercero”25. La Rama
Judicial alegó su “falta de legitimación en la causa”26. El Ministerio de
Justicia y del Derecho, alegó que no estaba legitimado en la causa pasiva27.
11. 4) Dentro del proceso 1999-358, víctima directa José Alejando Ardila
Molina. La Rama Judicial propuso la excepción de “Inexistencia de
perjuicios”, pues sus actuaciones habían estado ajustadas a derecho28. La
Fiscalía General de la Nación propuso la excepción de “Inexistencia de la
falla del servicio o error judicial”; “Inepta demanda por falta de
competencia para conocer de hechos generados por particulares” y la
“Caducidad de la acción”29.
12. 5) Dentro del proceso 2000-654, víctima directa Luis Armando Suescún
Gómez. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones con
fundamento en que su actuación fue legal y la absolución del investigado
se dio en aplicación del principio in dubio pro reo, de manera que la
privación de su libertad no fue injusta30. La Rama Judicial alegó que la
privación de la libertad era una carga que debía soportar la víctima directa,
toda vez que la Fiscalía y el juez de la causa actuaron conforme a
derecho31.
13. 6) Dentro del proceso 2000-1214, víctima directa Salvador Pardo Lobo.
La Fiscalía General de la Nación propuso las excepciones de “inexistencia
de falla en la prestación del servicio”; “Ausencia de error judicial”;
23 Cfr. Fl. 4, 57, 59 y 151 “Cuadernos: 1”, Exp. 1998-799.
24 Fl. 62-76 y 123-139 “Cuadernos: 1” 1 del expediente 2000-654.
25 Fl. 205-219 “Cuadernos: 1” Exp. 1999-357, Conc. Fl. 240.
26 Fl. 204-207 “Cuadernos: 1” Exp. 1999-357.
27 Fl. 154 160 del “Cuadernos: 1” Exp. 2000-654.
28 Fl.141-154 “Cuadernos: 1” Exp. 1999-358.
29 Fl.171-183 “Cuadernos: 1” Exp. 1999-358.
30 Fl. 86-101 “Cuadernos: 1” Exp. 2000-654.
31 Fl.106-110 “Cuadernos: 1” Exp. 2000-654.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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“Actuación legítima de la Fiscalía (…)” y “Ausencia de daño antijurídico”32.
La Rama Judicial contestó la demanda a pesar de que contra ella no se
elevaron pretensiones concretas. A pesar de ello, sin explicación de ningún
tipo, el Tribunal ordenó su notificación33. En su defensa, alegó que “no
incurrió en error ni responsabilidad alguna” y que era “ajena a los hechos y
pretensiones de la demanda”, razón por la cual se configuraba la
excepción de “Inepta demanda por pasiva”34.
14. Trámite relevante en primera instancia. 1) En el proceso promovido por
Excelino Ariza Santana (1998-1027), por Auto de 30 de agosto de 199935, se
dispuso la acumulación del expediente 1998-799 (demandante principal
Gustavo Barajas Espinel). 2) Por Auto de 29 de junio de 200136, se acumularon
los procesos 1999-357 (demandante principal Jorge Armando Lugo Aponte),
1999-358 (demandante principal José Alejandro Ardila Molina) y 2000-654
(demandante principal Luis Armando Suescún Gómez). Por último, en
providencia de 25 de junio de 200437, se ordenó la acumulación del proceso
2000-1214 (demandante principal Salvador Pardo Lobo).
1.3. Sentencia de primera instancia
15. El 14 de junio de 2012, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
profirió Sentencia de primera instancia, en la que únicamente accedió -y de
manera parcial- a las pretensiones de la demanda de Excelino Ariza
Santana. Denegó las pretensiones en los demás procesos acumulados.
16. A propósito de la demanda promovida por Excelino Ariza Santana y su
grupo familiar (Exp 1998-1027) el Tribunal sostuvo que la responsabilidad del
Estado se declaraba a partir de un título objetivo, pues la absolución se
produjo ante la comprobación de que Ariza Santana no cometió los delitos
por los que había sido acusado (se encontraba en su casa cuando se
cometieron los asesinatos), hipótesis prevista en el artículo 414 del Código
de Procedimiento Penal que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado
(sentencia de 27 de enero de 2012, Exp. 22701), daba lugar a un daño
antijurídico indemnizable38.
17. Como indemnización de perjuicios, reconoció 70 SMLMV a favor de la
víctima directa a título de daño moral; 40 SMLMV a favor de su esposa, y 40
SMLMV a favor de cada uno de sus hijos. Tras encontrar demostrado que
32 Fl. 243-253 y 267-278 “Cuadernos: 1” Exp. 2000-1214.
33 Fl. 213, “Cuadernos: 1” Exp. 2000-1214.
34 Fl. 262-266 “Cuadernos: 1” Exp. 2000-1214..
35 Fl. 65 “Cuadernos: 1” Exp. 1998-1027.
36 Fl. 100 “Cuadernos: 1” Exp. 1998-1027.
37 Fl. 217 “Cuadernos: 1” Exp. 1998-1027.
38 Fl. 750-752 del cuaderno del Consejo de Estado.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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Ariza Santana se dedicaba a una actividad productiva cuando sobrevino
la privación de su libertad, reconoció una reparación por lucro cesante
teniendo como base un salario mínimo mensual, más un 25% por
prestaciones sociales. No reconoció el daño emergente por las
afectaciones que experimentó la finca de su propiedad, debido a que no
se acreditó de manera clara esa afectación patrimonial.
18. Por último, el Tribunal concluyó, que “se demandó dentro del proceso
aparte de la Fiscalía General de la Nación, a la Rama Judicial y al Ministerio
de Justicia y del Derecho, por lo que precisa la Sala que, no existe ningún
tipo de responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación – Rama
Judicial y del Ministerio de Justicia y del Derecho” -se resalta-, teniendo en
cuenta que la Ley 446 de 1998 le asignó a la Fiscalía la representación
judicial de la Nación en procesos contencioso administrativos, “…por lo que,
al no observarse que la Rama Judicial o el Ministerio de Justicia y del
Derecho como entes autónomos e independientes de la Fiscalía, hubiesen
tomado alguna decisión que permitiera la privación de la libertad de
Excelino Ariza Santana”, los absolvió de responsabilidad.
19. Respecto de las demandas de Gustavo Barajas Espinel (Exp. 1998-799),
José Alejandro Ardila Molina (Exp. 1999-358) y Luis Armando Suescún Gómez
(Exp. 2000-654), el Tribunal consideró que debían examinarse a partir del
régimen subjetivo, en la medida en que fueron absueltos por falta de
pruebas. Luego de tener por acreditado el daño, argumentó que, en su
momento, la Fiscalía contó con elementos de juicio para imponer medida
de aseguramiento (varios testimonios con, y sin, reserva de identidad), pero
que posteriormente no contó con prueba suficiente para condenarlos.
Como la decisión que los privó de la libertad estaba ajustada a derecho, el
Tribunal concluyó que la labor de la Fiscalía no era reprochable, por lo que
estos demandantes no tenían derecho a una indemnización39.
20. Sobre las reclamaciones de Jorge Armando Lugo Aponte (Exp. 1999-
357) y Salvador Pardo Lobo (Exp. 2000-1214), el Tribunal consideró que su
análisis debía realizarse con un título de imputación subjetivo. Tras encontrar
prueba del daño, determinó que, en el caso de Lugo Aponte, aquel era
atribuible a su culpa, pues era secretario de ACDEGAN, una asociación de
ganaderos en la que, a partir de las pruebas de los testigos que declararon
dentro de la causa penal, convergían intereses de grupos paramilitares. En
esas condiciones, sin perjuicio de que, en criterio del Tribunal, la imposición
de la medida de aseguramiento estuvo ajustada a derecho, las conductas
39 Fl. 752 vto.-758 del cuaderno del Consejo de Estado.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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del investigado (concretamente el hecho de trabajar para esa asociación)
propiciaron su detención, por lo que el daño no era antijurídico40.
21. En el caso concreto de Salvador Pardo Lobo, el Tribunal consideró que
la Fiscalía sí contó con un indicio de responsabilidad en su contra, lo que le
permitió imponer la medida de aseguramiento con la que fue cobijado. En
esas condiciones, como la determinación fue razonable, concluyó que no
daba lugar a un daño antijurídico.
1.4. Recursos de apelación
22. Recursos de apelación de los demandantes
23. En todos los procesos, la parte actora presentó y sustentó recurso de
apelación.
24. En el recurso dentro del proceso promovido por Excelino Ariza
Santana (admitido como apelación adhesiva), se cuestionó que no se
hubiera accedido al reconocimiento del daño emergente experimentado
por la finca “Mata de Guadua” de propiedad de la víctima directa. Al
respecto, el recurrente indicó que cuatro testimonios dieron cuenta de su
estado antes y después de la privación de la libertad de Ariza Santana y que
el dictamen pericial que tuvo por objeto ese terreno fue desestimado, a
pesar de que el Juez comisionado fue quien designó al experto y de que la
práctica de esa prueba era muy difícil, debido a que estaba en una zona
aislada con problemas de orden público. En relación con el perjuicio moral,
solicitó que se reconociera en la cuantía más alta establecida por la
jurisprudencia del Consejo de Estado (citó el fallo de 28 de agosto de 2014,
de la Sala Plena de la Sección Tercera, Exp. 36149), en la medida en que el
experimentado en este caso fue de una gravedad suprema41. Por último,
pidió que se decretaran unas pruebas42.
25. Por su parte, los demandantes principales Luis Armando Suescún
Gómez, Gustavo Barajas Espinel, Jorge Armando Lugo Aponte y José
Alejandro Ardila Molina, presentaron un mismo escrito de sustentación del
recurso. Alegaron que la jurisprudencia del Consejo de Estado (entre otras,
Sentencia de 4 de diciembre de 2006 Rad. 13168), determinó que los
particulares no tienen la obligación de soportar la privación de su libertad
cuando la sentencia absolutoria se fundamenta en el in dubio pro reo,
40 Fl. 758 vto.-761 vto. del cuaderno del Consejo de Estado.
41 Fl. 965-968, 973 y 996-1009 del cuaderno del Consejo de Estado.
42 Indicó que las pruebas que solicitó “no se practicaron totalmente, no por culpa de nuestra parte”, sino por
“razones ajenas a la voluntad de la parte que represento”, por lo que pidió que se practicara otro dictamen
pericial o se complementara el que se rindió en primera instancia, y que se recibieran las declaraciones de Orlando
Ariza y Nelson Ariza Rojas.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
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mucho menos cuando se sostiene en la ausencia total de prueba
incriminatoria. Agregaron que la Fiscalía comprometió su responsabilidad
por haber incurrido en fallas en el servicio, pues actuó a partir de informes
poco serios del C.T.I. y dudosos testigos con reserva de identidad y sin que,
además, a los afectados se les pudiera atribuir ningún tipo de
comportamiento doloso o culposo, razón por la cual el Estado estaba en la
obligación de indemnizar los perjuicios que les causó la privación de su
libertad43.
26. Salvador Pardo Lobo (Exp. 2000-1214) alegó que fue absuelto porque
en su caso se presentó duda razonable que fue declarada en dos instancias
dentro de la actuación penal, en donde los jueces naturales pusieron en
evidencia las fallas en las que había incurrido la Fiscalía. Agregó que la
responsabilidad de esta última se daba como consecuencia de que no
realizó una investigación objetiva e integral, proceder que propició un “falso
positivo judicial”, pues la inocencia de Pardo Lobo nunca fue desvirtuada y
fue vinculado a un proceso judicial a partir de dudosas declaraciones de
testigos con reserva de identidad, o a quienes no se les tomó el juramento,
al paso que se desconoció el testimonio de ciudadanos que descartaban
la vinculación de Pardo con grupos paramilitares. En cualquier caso, indicó
que la jurisprudencia del Consejo de Estado (citó la Sentencia proferida
dentro del radicado “2005-0079400”), ya había reconocido indemnización
en casos de absolución por duda44.
27. Recurso de apelación de la Fiscalía General de la Nación
28. Indicó que, en el caso de Excelino Ariza Santana, contó con el
material probatorio suficiente y necesario para determinar con certeza su
participación en el delito que se le imputó, lo que descartaba la posibilidad
de duda o la aplicación del principio in dubio pro reo. Por ello, solicitó que
se examinara si a partir de las evidencias del proceso penal (informe del
Policía Judicial, y testimonios), era posible concluir, como terminó por
entenderlo la justicia penal, que se estaba frente a una duda razonable. A
juicio de la Fiscalía, se contó con indicios serios de responsabilidad penal, de
manera que Ariza Santana estaba en el deber jurídico de soportar su
detención.
29. Alegó que en este caso había culpa exclusiva de la víctima, en la
medida en que “el irregular actuar” del implicado propició que la Fiscalía le
abriera una investigación y le impusiera medida de aseguramiento, lo
43 Fl. 779-803 del cuaderno del Consejo de Estado
44 Fl. 804-822 del cuaderno del Consejo de Estado. En el plazo para presentar alegatos de conclusión en esta
instancia, este demandante los allegó de manera extemporánea (Fl. 1024, Conc. 1026-1031 del cuaderno del
Consejo de Estado).
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Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
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acusara y fuera llevado a juicio. Por último, afirmó que el Tribunal
Administrativo desconoció la injerencia que tuvo la Rama Judicial en la
privación de la libertad, pues desde el 1 de julio de 1994 hasta el 6 de
noviembre de 1996 estuvo a disposición de un juzgado penal.
1.5. Trámite relevante en segunda instancia
30. Mediante Auto de ponente de 24 de mayo de 201945, se tuvo como
sucesores procesales de Jorge Armando Lugo Aponte a sus hijos Fredy
Alonso, Jorge Enrique, Julián Darío y Erika Marina Lugo Aponte. La misma
condición se les reconoció (por Auto de 22 de julio de 2019, aclarado en
Auto de 6 de noviembre de 201946) a Johan Sebastián Lugo De Antonio y a
Luis Eduardo Lugo De Antonio, así como a su compañera permanente
Berenice De Antonio Flórez.
31. Por Auto de 22 de Julio de 2019, se reconoció la condición de sucesor
procesal de José Alejandro Ardila Molina a su hijo José Alejandro Ardila
Álvarez, representado por su madre Edith Álvarez.
32. Por decisión de 6 de noviembre de 2019, se tuvo como sucesores
procesales de Luis Armando Suescún Gómez a Leila Yadira del Pilar Suescún
Castro, Lyda Maritza Suescún Olarte y Elizabeth Suescún Olarte en calidad
de hijas, así como a Cándida Rosa Castro Amaya como compañera
permanente.
33. Por Auto de 8 de agosto de 2024, se negó la solicitud de pruebas
realizada por el grupo de demandantes encabezado por Excelino Ariza
Santana, pues no correspondía a ninguno de los supuestos legales que
habilita el decreto de pruebas en segunda instancia47.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1 Presupuestos procesales y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación
del daño; 2.3. Análisis de la legalidad de la medida de privación de la libertad; 2.4 Análisis
de la existencia de una causa extraña; 2.5. Entidad a la que se le atribuye el daño; 2.6.
Liquidación de perjuicios; 2.7. Costas.
2.1. Presupuestos procesales y decisiones que se adoptarán
34. La Sala se pronunciará sobre el fondo de la controversia porque están
reunidos los presupuestos procesales. La reparación directa es la acción
procedente para reclamar la responsabilidad del Estado por privación
45 Fl. 1092-1096 del cuaderno del Consejo de Estado.
46 Fl. 1121-1124 y 1209-1211 del cuaderno del Consejo de Estado.
47 Índice Samai 181.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
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injusta de la libertad. Además, las demandas fueron presentadas dentro del
término previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo.
35. Al respecto, las providencias que finalizaron los procesos penales
contra los demandantes, todas proferidas en el trámite de recursos de
apelación o consulta, fueron dictadas:
36. 1) En el caso de Excelino Ariza Santana y 2) Gustavo Barajas Espinel,
por el Tribunal Nacional en Sentencia de 5 de noviembre de 199648. En esa
decisión se resolvió el grado de consulta contra la Sentencia de primera
instancia proferida 31 de mayo de 1996, en la que se absolvió Ariza Santana;
también se pronunció sobre el recurso de apelación promovido por Barajas
Espinel frente al mismo fallo, pero que en su caso fue de carácter
condenatorio. Las demandas de reparación directa fueron promovidas,
respectivamente, el 19 de octubre y el 18 de junio de 1998.
37. 3) En el caso de Jorge Armando Lugo Aponte, por la Fiscalía
Delegada ante Tribunal Nacional el 18 de diciembre de 1997, decisión
adicionada el 23 de diciembre del mismo año49. En dicha providencia se
resolvió la apelación contra la resolución de 7 de enero de 1997, que
calificó el mérito del sumario con acusación. La demanda de reparación
directa se radicó el 8 de abril de 1999.
38. 4) En el caso de José Alejandro Ardila Molina, por el Tribunal Nacional
en Sentencia de 23 de octubre de 199750, decisión que resolvió el grado de
consulta contra la sentencia absolutoria de 21 de abril de 1997. La
demanda de reparación directa se presentó el 8 de abril de 1999.
39. 5) En el caso de Luis Armando Suescún Gómez, por el Tribunal
Nacional en Sentencia de 9 de marzo de 199851, decisión que resolvió el
recurso de apelación contra la sentencia condenatoria proferida el 24 de
abril de 1997 del Juzgado Regional de Cúcuta. La demanda fue interpuesta
el 8 de marzo de 2000.
40. 6) Y en el caso de Salvador Pardo Lobo, por el Tribunal Nacional en
sentencia de 28 de mayo de 199952, decisión que resolvió el recurso de
48 Fl. 141-158 del “cuaderno pruebas Nº3” Exp. 1998-1027, providencia que también se encuentra a Fl. 382-399 del
“cuaderno: 2” del mismo expediente, y a Fl. 22-30 “Cuadernos: 1” Exp. 1998-799.
49 Folio 65-85, “Cuadernos: 1” Exp. 1999-357; también: Fl. 301-316 y 318-320 del “Cuaderno de pruebas Nº1” Exp.
1998-1027.
50 Fl. 51 y ss. “Cuadernos:1” Exp. 1999-358; también: Fl. 24-39 del “cuaderno de pruebas Nº1” Exp. 1998-1027; Fl. 12
y ss. “Cuaderno pruebas Nº 9” Exp. 1998-1027, Fl. 551-566 “Cuadernos: 2” Exp. 1998-1027.
51 Fl.12-43, y 240 y ss. “Cuadernos:1” Exp. 2000-654. También: Fl. 125-154 “Cuaderno pruebas No. 1”, Exp. 1998-1027.
52 Fl. 107 y ss. “Cuadernos: 1” Exp. 2000-1214. También: Fl. 194-225 “cuaderno pruebas No. 1”.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
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apelación contra el fallo condenatorio de primera instancia, proferido el 16
de noviembre de 1998 por el Juzgado Regional de Cúcuta. La demanda
fue radicada el 12 de mayo de 2000.
41. Aunque en ninguno de los casos se aportó la constancia de
ejecutoria de las decisiones que resolvieron los recursos de apelación o el
de consulta en las causas penales seguidas contra los demandantes, lo
cierto es que, contra esas providencias, no procedían recursos ordinarios
(pues resolvían un recurso de apelación o el grado de consulta), y el
extremo demandado no alegó, ni demostró, que alguna de esas decisiones
hubiera sido dejada sin efectos con posterioridad. En ausencia de
constancia de la notificación personal de esas decisiones, para efectos del
cómputo de la caducidad, la Sala asume que quedaron en firme el mismo
día en el que fueron suscritas, como estaba previsto en el artículo 197 del
Decreto 2700 de 199153.
42. Verificados los presupuestos procesales, la Sala anuncia que
modificará la sentencia de primera instancia en el siguiente sentido:
43. En la demanda de Excelino Ariza Santana y su grupo familiar,
confirmará la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la
privación injusta de su libertad. Aunque la medida de aseguramiento
cumplió con los presupuestos legales para su imposición, su práctica
comportó una afectación particular y grave que no estaba en la obligación
de soportar, de manera que la responsabilidad del Estado se comprometió
a título de daño especial. En este caso, la Sala no advierte la configuración
del hecho exclusivo de la víctima en la imposición de la medida restrictiva
de la libertad, en los términos alegados por la Fiscalía en su recurso de
apelación.
44. En el estudio de la apelación del grupo de demandantes
encabezados por Ariza Santana, confirmará el fallo apelado en lo que a la
negativa al reconocimiento de algunos perjuicios concierne. Sin embargo,
modificará (para reducir) la condena por lucro cesante y perjuicio moral
(único perjuicio inmaterial cuya indemnización reclamaron y que se
reconoció en 70 SMLMV para la víctima directa y 40 SMLMV para cada uno
de sus familiares) de acuerdo con los criterios establecidos por esta Sala en
casos similares, reducción que, resulta acorde: 1. con el hecho de que la
53 “ARTICULO 197. EJECUTORIA DE LAS PROVIDENCIAS. Las providencias quedan ejecutoriadas tres días después de
notificadas si no se han interpuesto los recursos y no deban ser consultadas. La que decide el [casación], salvo
cuando se sustituya la sentencia materia del mismo, la que lo declara desierto, y las que deciden la acción de
revisión, los recursos de hecho, o de apelación contra las providencias interlocutorios, quedan ejecutoriadas el día
en que sean suscritas por el funcionario correspondiente”.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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Fiscalía apeló expresamente la responsabilidad en este caso, lo que habilita
el estudio de la liquidación de perjuicios, y 2. con que no hay lugar a
imponer condena contra la Rama Judicial. En efecto, esta última fue
absuelta por el Tribunal en primera instancia, aspecto que no fue materia de
apelación de la parte actora; en esas condiciones, la condena que para
este grupo de demandantes se modificará, solo comprenderá el periodo
durante el cual la víctima directa estuvo privada de la libertad por cuenta
de la Fiscalía General de la Nación. Por último, la Sala ordenará la medida
restaurativa por la afectación al buen nombre.
45. En el estudio de la apelación de los otros cinco grupos de
demandantes frente al fallo de primera instancia, que fue completamente
adverso a sus intereses, la Sala lo modificará de la siguiente forma:
confirmará la negativa a las pretensiones del grupo de demandantes
encabezado por Jorge Armando Lugo Aponte y José Alejandro Ardila
Molina, con respaldo en que no acreditaron el daño alegado.
46. En los procesos donde las víctimas principales fueron Gustavo Barajas
Espinel, Luis Armando Suescún Gómez, y Salvador Pardo Lobo, accederá
parcialmente a las pretensiones, sobre la base de que está demostrada una
privación injusta de la libertad. Para la indemnización de perjuicios, los
morales serán tasados de acuerdo con los criterios establecidos por esta
Sala en casos similares y no se accederá a la reparación del “perjuicio
social”, ni la del perjuicio “físicomental”, aunque sí se ordenará la reparación
de la afectación al buen nombre de las víctimas directas cuyos casos
superen el estudio de todos los presupuestos de la responsabilidad. Los
perjuicios materiales, se reconocerán en la medida en que hayan sido
acreditados.
47. La Sala confirmará la falta de legitimación pasiva del Ministerio de
Justicia y del Derecho porque no fue objeto de apelación.
48. La Sala abordará los asuntos en el siguiente orden: estudiará la prueba
de la existencia del daño alegado -afectación del derecho a la libertad-.
Luego, valorará la legalidad en la imposición de la medida restrictiva de la
libertad. Enseguida, estudiará la inexistencia de prueba de una causal de
exoneración de responsabilidad y atribuirá el daño a la Fiscalía General de
la Nación y/o a la Rama Judicial, en la proporción que, en cada caso,
corresponda teniendo en cuenta el tiempo en que las víctimas directas
estuvieron privadas de la libertad por cuenta de cada una de esas
entidades. Por último, liquidará los perjuicios y no impondrá condena en
costas. La Sala insiste en que, el grupo de demandantes encabezado por
Gustavo Barajas Espinel y Salvador Pardo Lobo, no elevaron pretensiones
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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contra la Rama Judicial, y que el de Excelino Ariza Santana no apeló la
exoneración declarada a favor de esta última entidad en el fallo de primera
instancia.
2.2. Identificación y análisis probatorio del daño
49. El daño alegado consistió en la restricción de la libertad de los
demandantes, ordenada por distintas autoridades en el desarrollo de las
investigaciones penales adelantadas, mayoritariamente, por el delito de
homicidio con fines terroristas y el previsto en el artículo 2 del decreto 1194
de 198954 (adoptado como legislación permanente por el Artículo 6 del
Decreto 2266 de 1991). Los procesos penales se tramitaron bajo las
previsiones del Código de Procedimiento Penal adoptado mediante
Decreto 2700 de 1991 (que empezó a regir el 1 de julio de 1992), pues todas
las decisiones en las que se definió la situación jurídica de los investigados,
fueron proferidas con posterioridad a la entrada en vigencia de esa
normativa, y ese fue el régimen procesal referido expresamente como
aplicable por los respectivos fiscales al imponer las medidas de
aseguramiento55. En esta parte de la decisión, la Sala tendrá acreditado el
daño en relación con los demandantes principales Excelino Ariza Santana,
Gustavo Barajas Espinel, Luis Armando Suescún Gómez y Salvador Pardo
Lobo, y no probado por parte de José Alejandro Ardila Molina y Jorge
Armando Lugo Aponte.
50. Excelino Ariza Santana permaneció privado de la libertad entre el 11 de
octubre de 1992 y el 5 de noviembre de 1996. De la captura da cuenta el
oficio del Distrito Noveno de Policía de Santander del 12 de octubre de 1992,
dirigido al director de la cárcel de Cimitarra, en el que consta que Ariza
Santana fue capturado el 11 de octubre de ese año56. Corrobora el acto
jurídico de la captura que, el 14 de octubre de ese mismo año, la Fiscalía
Regional de Cúcuta remitió un oficio al director de la Cárcel de Cimitarra,
con el fin de que, “hasta nueva orden”, retuviera al investigado por cuenta
de esa autoridad57. Poco después (el 3 de noviembre de 1992) esa misma
Fiscalía, al resolver la situación jurídica de Ariza Santana, se abstuvo
54 “Artículo 2º La persona que ingrese, se vincule, forme parte o a cualquier título pertenezca a los grupos armados
a que se refiere el artículo anterior, será sancionada, por este solo hecho, con pena de prisión de diez (10) a quince
(15) años y multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, sin perjuicio de la sanción que
le corresponda por los demás delitos que cometa en ejercicio de esa finalidad”.
55 El articulo transitorio 9 del Decreto 2700 de 1991 disponía: “TRASLADO DE INVESTIGACIONES A LA FISCALIA. Las
actuaciones que no tengan resolución de acusación ejecutoriada al momento de entrar en vigencia el presente
código, pasarán a conocimiento de las unidades de fiscalía competentes, para que continúen el trámite que
corresponda (…)”.
Y el artículo transitorio 13 de la misma normativa ordenó: “TRAMITE DE AUDIENCIA Y SENTENCIA. Los procesos en los
cuales se haya iniciado audiencia pública, se continuará tramitando con base en el anterior código, sin necesidad
de traslado en segunda instancia al Ministerio Público”.
56 Fl. 275 “Cuaderno pruebas Nº 15”, Exp. 1998-1027.
57 Fl. 104 “Cuaderno de pruebas Nº 3” Exp. 1998-1027.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
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Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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expresamente de reconocerle el beneficio de la libertad condicional58.
Además, de su situación de detención da cuenta el hecho de que, en
decisión de 2 de agosto de 1994, la Fiscalía Regional de Bogotá negó una
petición de libertad que hizo junto con el acá codemandante Gustavo
Barajas Espinel59. Finalmente, consta que recobró la libertad el 6 de
noviembre de 199660, como consecuencia del fallo proferido por el Tribunal
Nacional el día anterior, decisión en la que se manifestó de manera expresa
que el procesado se encontraba en situación de reclusión.
51. Gustavo Barajas Espinel estuvo privado de la libertad entre el 16 de
octubre de 1992 y el 5 de noviembre de 1996, cuando la recobró por orden
del Tribunal Nacional en fallo del mismo día61. Aunque en la demanda afirmó
que la detención se produjo el 11 de octubre de 1992, y consta que la orden
de captura fue proferida el 15 de mayo anterior62, solo hay prueba
fehaciente de ese hecho a partir del 16 de octubre de ese año, cuando se
le impuso medida de aseguramiento junto con otros nueve sujetos, acto
jurídico en el cual se dejó constancia de que no se les concedía el beneficio
de la libertad provisional, y se advirtió que sólo hacía falta por capturar uno
de los implicados (Jorge Omar Hernández Villamizar, quien no es
demandante), de quien se ordenó su inmediata aprehensión63. De la
situación de detención padecida por Barajas Espinel también da cuenta la
decisión de 2 de agosto de 1994, por medio de la cual la Fiscalía Regional
de Bogotá negó una petición de libertad que hizo de manera conjunta con
Excelino Ariza Santana64. Consta que recobró la libertad el 6 de noviembre
de 199665, como consecuencia del fallo proferido por el Tribunal Nacional el
día anterior, decisión en la que se dio cuenta de que el procesado se
encontraba en situación de reclusión.
52. Contra Luis Armando Suescún Gómez, se profirió orden de captura en el
marco del proceso “756” el 15 de mayo de 199466. Consta que estuvo
privado de la libertad entre el 21 de julio de 199467 y el 8 de marzo de 1998,
pues al día siguiente el Tribunal Nacional ordenó su “libertad inmediata e
58 Fl. 86-103 “Cuaderno de pruebas Nº 3” Exp. 1998-1027.
59 En esa determinación se resolvió de manera adversa, porque en contra de los solicitantes se había proferido con
anterioridad resolución de acusación, de manera que se negó la petición de libertad provisional y se ordenó que
“permanezcan en el estado en que se encuentran” (Fl. 123 y ss., “Cuaderno pruebas Nº 3”, Exp. 1998-1027).
60 Boleta de Libertad (Fl. 400 “Cuadernos: 2” Exp. 1998-1027).
61 A Fl. 400 “Cuadernos: 2” Exp. 1998-1027 obra boleta de libertad.
62 Folio 25, “Cuaderno pruebas Nº 15”, Exp. 1998-1027.
63 Folio 296-313 “Cuadernos:2” Exp. 1998-1077. También Fl. 18-35 “Cuadernos: 1”, Exp. 1998-799.
64 Fl. 123 y ss., “Cuaderno pruebas Nº 3”, Exp. 1998-1027.
65 Boleta de Libertad (Fl. 400 “Cuadernos: 2” Exp. 1998-1027).
66 Fl. 16 conc. 24 “Cuaderno pruebas Nº 15” Exp. 1998-1027
67 Según da cuenta el Oficio 11285 de 22 de julio de 1994, del Departamento Administrativo de Seguridad con
destino a la Fiscalía General de la Nación, en el que se indicó que “…Luis Armando Suescún Gómez (…) el día de
ayer en horas de la tarde fue capturado en atención al oficio 112 del 15 de mayo de 1992” (Fl. 146 “Cuadernos:
1” Exp. 2000-654, también Fl. 300, “Cuaderno pruebas Nº12”, Exp. 1998-1027), oficio este último que corresponde a
la orden de captura proferida en su contra (Fl.145 Exp. 2000-654). Se cuenta asimismo con un informe de captura
elaborado por el DAS Santander el 22 de julio de 1994, y con el acta de derechos del capturado (313 y ss.
“Cuaderno pruebas Nº 12”, Exp. 1998-1027).
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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incondicional”, dando cuenta, a ese respecto, de que el enjuiciado se
encontraba recluido en la Cárcel Distrital de Bucaramanga68. Aunque en la
demanda se afirmó que la liberación se produjo el 11 de marzo de 1998, no
hay prueba que respalde esa aseveración.
53. Aunque Salvador Pardo Lobo alegó que estuvo privado de la libertad
desde el 5 de enero de 1996, no hay prueba que respalde esa afirmación.
Solo se tiene un referente cierto de su captura con una providencia de 24
de febrero de 1997, cuando la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional
(Rad. 2ª Instancia 35.852) dio cuenta de que el acto de aprehensión se
había materializado, aunque sin precisar en qué momento.
54. Solo a partir de esa fecha se tiene un referente cierto de la restricción de
la libertad, pues ningún acto procesal anterior da cuenta de ella: la
diligencia de indagatoria la rindió en libertad69 y, en su caso, no se aportó la
medida de aseguramiento (la que, por el contenido de otros actos
procesales, se sabe que fue proferida el 18 de enero de 199670); tampoco
consta que, con anterioridad a febrero de 1997, le hubieran sido resueltas,
por ejemplo, solicitudes de libertad. Pardo Lobo recobró ese derecho por
orden de la Sentencia de segunda instancia del Tribunal Nacional de 28 de
mayo de 1999, en relación con la cual se expidió boleta de libertad de la
misma fecha71. En síntesis, este demandante estuvo privado de la libertad
entre el 24 de febrero de 1997 y el 27 de mayo de 1999.
55. José Alejandro Ardila Molina, permaneció privado de la libertad con
ocasión del proceso penal 20549 entre el 27 de octubre de 199472 y el 23 de
octubre de 1997, fecha esta última en la que el Tribunal Nacional confirmó
su absolución al resolver el grado jurisdiccional de consulta. Sin embargo, en
esa decisión, aunque el Tribunal dio cuenta de su situación de reclusión y
ordenó que recobrara “la inmediata e incondicional libertad (…) por razón
de esta causa”, también dispuso que el procesado quedaría a disposición
de la Fiscalía Regional por cuenta del proceso penal 7939, del mismo modo
en el que se puso de presente que estaba involucrado en otra causa por el
delito de porte ilegal de armas73. Consta, asimismo que, por oficio de 24 de
68 Fl. 40-41, “Cuadernos: 1” Exp. 2000-654.
69 Fl. 113 “Cuaderno Pruebas Nº. 2”; también, Fl. 199 y ss. del mismo cuaderno.
70 Auto de 15 de diciembre de 1997, que resolvió el recurso contra la resolución de acusación (Fl. 273 “cuaderno
pruebas Nº 1”.
71 Fl. 31 “Cuadernos: 1” Exp. 2000-1214.
72 Según da cuenta el Auto de 11 de noviembre de 1994, por medio del cual se definió su situación jurídica (Folio
26 “Cuadernos: 1” Exp. 1999-358). Dicho documento expresó: “En el transcurso de toda la investigación,
paulatinamente y de acuerdo a las pruebas que se han ido recaudando, se han vinculado sumariamente varias
personas entre ellas el señor José Alejandro Ardila Molina, como posible partícipe dentro de los hechos motivo de
esta investigación, razón esta por la cual se ordenó su captura, la cual se hizo efectiva en día 27 de octubre de
esta anualidad y se le oyó en diligencia de indagatoria en fecha 28 del mismo mes y año” -se resalta.
73 Folio 69, “cuadernos: 1” Exp. 1999-358. En esa providencia se indicó: “Consecuentemente con lo anterior, se
ordenará la libertad definitiva e incondicional de José Alejandro Ardila Molina por razón de los hechos de la
presente causa; pero, como se sabe que la Fiscalía Regional de esta ciudad adelanta en su contra el proceso No.
7939 por infracción al Decreto 1194/89, en el que se reitera, fue afectado con medida de aseguramiento de
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
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octubre de 1997, el Tribunal Nacional le manifestó al Director Regional de
Fiscalías que Ardila Molina “se deja a su disposición y a partir de la fecha”74.
La Sala precisa que, aunque en la demanda afirmó que la detención se
produjo el 5 de septiembre de 1994, dicha circunstancia no se acreditó.
56. En esas condiciones, no puede sostenerse que el demandante
experimentó un daño por privación injusta de la libertad. Aunque es cierto
que Ardila Molina fue cobijado con medida de aseguramiento con ocasión
de la masacre de febrero de 1990 en Cimitarra, advierte la Sala que, junto
con esa medida restrictiva de la libertad, en su contra pesaba otra medida
de la misma naturaleza, decretada dentro de un proceso diferente. Tal fue
la razón por la cual no recobró la libertad con ocasión del fallo del Tribunal
Nacional, que ordenó que el procesado debía quedar a disposición de otra
autoridad que también lo había afectado con medida de aseguramiento.
57. Del fallo absolutorio dentro del proceso penal por los homicidios
perpetrados en Cimitarra, el Tribunal Nacional expuso que era
incuestionable que Ardila Molina estuvo vinculado a una agrupación de
autodefensas, tal y como precisó dicha autoridad, lo había reconocido él
mismo en la ampliación de su indagatoria “ilicitud por la que en actuación
separada fue afectado con medida de aseguramiento de detención
preventiva”. En esas condiciones, la Sala considera que la privación de la
libertad de la que era objeto dicho demandante se trataba de un daño que
estaba en la obligación de soportar, pues si se hiciera abstracción de la
medida de aseguramiento impuesta por los homicidios perpetrados en
Cimitarra, aquel, en todo caso, se encontraría sometido a la misma
afectación decretada dentro de otra actuación judicial.
58. Esta subsección ya tuvo la oportunidad de descartar, en un supuesto
análogo75, que se tuviera derecho a la indemnización de perjuicios cuando
el periodo de privación de la libertad coincidiera con el cumplimiento de la
detención preventiva, y que también está involucrado en el expediente No. 309 que cursa en el Juzgado Penal
del Circuito de Puerto Boyacá por el delito de porte ilegal de armas (…), Ardila Molina será puesto a disposición
de la referida Fiscalía; determinación que será comunicada al Director del establecimiento carcelario donde
actualmente se encuentra recluido y a los referidos funcionarios judiciales”.
74 Folio 31 del “Cuaderno Pruebas Nº9”, Exp. 1998-1927.
75 “En ese contexto, la Sala considera que la demandante no podía alegar que sufrió, con ocasión de la captura
de que fue objeto el 29 de junio de 2006 (por lo demás en un sitio distinto al lugar donde estaba previsto que
cumpliría con la prisión domiciliaria), una privación injusta de su derecho a la libertad, pues ese derecho se
encontraba previamente limitado, de manera legítima, por una decisión judicial penal de carácter condenatorio
(…) y que, con base en los documentos anteriores, se encontraba vigente y generando efectos para ese
momento. // [la demandante] no podía, entonces, elevar a la categoría de daño indemnizable la privación de
la libertad de que fue objeto (…), pues ese lapso coincidió́ con el periodo de cumplimiento de pena privativa de
la libertad a la que fue condenada en 2004 por el Juzgado 3 penal del circuito de Florencia a 8 años de prisión
(…). En consecuencia, la nueva detención ordenada (…) no podía permitirle reclamar la reparación de un daño
que ya padecía de manera válida y que, por consiguiente, se encontraba en la obligación jurídica de soportar.
En ese sentido, como el daño alegado no tiene la connotación de antijurídico, sus pretensiones y las de sus
familiares serán negadas”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 24 de abril de
2023, 18001233100020090033001 (68046), aprobada sin aclaraciones o salvamento de voto.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
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sentencia condenatoria dentro de otro proceso; por identidad de razón, no
se puede considerar privado ilegítimamente de la libertad la persona que,
a pesar de ser absuelto en un juicio, soportaba la restricción de su libertad
por cuenta de otra actuación penal. Por lo demás, en el caso concreto,
Ardila Molina no allegó prueba acerca de que la privación de la libertad por
la que acá demandó la indemnización de perjuicios hubiera estado vigente,
de manera exclusiva, durante determinado periodo. Con esto último, solo se
pone en evidencia que tampoco acreditó, de manera fehaciente, el daño
cuya indemnización reclamó, pues sobre él recaía la carga de acreditar el
tiempo por el que permaneció privado de la libertad dentro de cada una
de las actuaciones penales que se seguían en su contra, lo que permitiría
determinar el daño directamente causado dentro de la causa penal abierta
por los homicidios de Cimitarra. Por tales motivos, en el caso de José
Alejandro Ardila Molina no podía dictarse sentencia favorable a sus
pretensiones indemnizatorias.
59. Por último, Jorge Armando Lugo Aponte no acreditó la privación efectiva
de su libertad. Aunque está probado que en su contra se adelantó un
proceso penal, los documentos que aportó como pruebas (y en general, las
pruebas incorporadas a todos los expedientes acumulados) no acreditan la
afectación de ese derecho, como pasa a explicarse.
60. De todos los elementos de juicio que conforman la actuación, no existe
ninguna relacionada con la captura de Lugo Aponte, como podría ser la
boleta de encarcelación o el informe de la detención; tampoco consta que
en su contra hubiera sido proferida medida de aseguramiento. Ahora, los
documentos que se refieren, en concreto, a la causa penal seguida en su
contra, no permiten determinar, de manera indirecta, que la privación de la
libertad tuvo lugar, por ejemplo: 1. porque del momento exacto de la
privación diera cuenta en forma explícita otra pieza procesal (el fallo
absolutorio, o la providencia que define la situación jurídica [como en el
caso de Gustavo Barajas Espinel]); 2. porque dicha privación se tratara de
una circunstancia que pudiera inferirse, de manera inequívoca y válida, a
partir de otros actos procesales. Por ejemplo, del hecho de que el
demandante hubiera elevado solicitudes de libertad y estas hubieran sido
denegadas, o porque, en general, otros actos dieran cuenta fehaciente de
que se encontraban en situación de reclusión a pesar de desconocerse
desde cuándo. En tales supuestos, en ausencia de prueba del momento
preciso de la captura, ella, sin embargo, podría tenerse como un hecho
cierto, a partir de la fecha del documento que da una referencia cierta de
esa situación.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
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61. En este caso, es verdad que la decisión por medio de la cual Lugo
Aponte fue absuelto (Auto de 18 de diciembre de 1997, adicionado el 23 de
diciembre de 1997 de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal) corroboró la
existencia de una actuación penal en su contra. Sin embargo, esos actos,
por sí solos, no prueban la restricción de su derecho a la libertad, pues no
hacen ninguna manifestación expresa acerca de que la privación se
materializó en un momento determinado y con fundamento en una
determinación judicial específica, corroboraciones que, si hubieran sido
realizadas por los jueces de las causas penales en las decisiones absolutorias,
salvo prueba en contrario, podrían ser tomadas como referentes probatorios
válidos del daño en este tipo de controversias.
62. En este orden de ideas, no bastan las afirmaciones realizadas por la parte
actora sobre la reclusión, pues tales aseveraciones están desprovistas de
aptitud demostrativa; y como no hay elementos de juicio que permitan
establecer, directa o indirectamente, la efectiva restricción de la libertad
del demandante, la falta de prueba del daño, como primer elemento de
análisis en un juicio de responsabilidad, hace inviables las pretensiones de
Jorge Armando Lugo Aponte y su grupo familiar.
2.3. Análisis de la legalidad de la medida de privación de la libertad
63. En esta parte de la providencia, la Sala pondrá de presente que: en el
caso en el que la medida de aseguramiento estuvo impuesta conforme a
derecho (Excelino Ariza Santana), tal circunstancia no excluye la
responsabilidad del Estado. En tal evento, la particularidad y gravedad del
daño impone que el derecho a la reparación se valore al margen de la
corrección (legalidad) de la actividad estatal, esto es, a partir de un título
objetivo: daño especial. Ese mismo fundamento opera en los casos en los
cuales no es posible determinar si la restricción de la libertad fue, o no,
legítima, como es la situación de Salvador Pardo Lobo, de quien no se
aportó el acto que la impuso.
64. En la situación de los demás demandantes principales (Gustavo Barajas
Espinel y Luis Armando Suescún Gómez), la Sala expondrá las razones por las
cuales el acto restrictivo de la libertad no cumplió con los presupuestos
legales, de modo que la responsabilidad del Estado se compromete a título
de falla del servicio. La Sala precisa que no hará ningún análisis en relación
con José Alejandro Ardila Molina y Jorge Armando Lugo Aponte pues, como
quedó expuesto, en relación con ellos, el estudio de la responsabilidad
quedó paralizado tras el análisis del daño.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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65. La actuación penal contra los demandantes principales fue adelantada
bajo las previsiones del Decreto 2700 de 1991. De acuerdo con el artículo
388, las distintas medidas de aseguramiento “…se aplicarán cuando contra
del sindicado resultare por lo menos un indicio grave de responsabilidad con
base en las pruebas legalmente producidas en el proceso”, precisando que
“[e]n los delitos de competencia de los jueces regionales sólo procederá
como medida de aseguramiento, la detención preventiva”. El artículo
siguiente dispone, como requisitos formales de la medida de aseguramiento,
que la providencia que la imponga debe hacer relación de: 1. Los hechos
que se investigan, su calificación jurídica y la pena correspondiente; 2. Los
elementos probatorios sobre la existencia del hecho y de la probable
responsabilidad del sindicado, como autor o partícipe y las razones por las
cuales no se comparten los alegatos de los sujetos procesales.
66. Para el caso de Excelino Ariza Santana, la Sala advierte que se
cumplieron los presupuestos para la imposición de la medida de
aseguramiento. La Fiscalía Regional de Cúcuta, en providencia de 3 de
noviembre de 199276, le dio credibilidad a las declaraciones rendidas por un
testigo con reserva de identidad “XXX-01”, persona que afirmó estar
presente en el lugar de los hechos, así como ser cercana a la Asociación de
Campesinos del Carare (ATCC), de la cual algunos de sus miembros fueron
asesinados junto con la periodista Silvia Duzán Sáenz el 26 de febrero de
1990, Asociación de la que también era cercano Ariza Santana.
67. La vinculación de este último con los hechos materia de investigación se
dio, fundamentalmente, porque el testigo afirmó que, en días previos al
atentado, vio al implicado reunido con reconocidos paramilitares y
auxiliadores en la casa de un tercero, encuentro que le resultó llamativo por
la declarada enemistad entre los miembros de la referida Asociación y los
paramilitares. Al ser increpado por el testigo con posterioridad a los múltiples
homicidios, Ariza Santana reaccionó de manera violenta y amenazante. La
veracidad de la declaración del testigo, a juicio de la Fiscalía, gozaba de
credibilidad, porque coincidió con aseveraciones del propio implicado, que
reconoció que había tenido trato con algunos integrantes de las
autodefensas, con quienes, supuestamente, había mediado para conseguir
la liberación de unos secuestrados.
68. En la Sentencia absolutoria, proferida en grado de consulta por el
Tribunal Nacional el 5 de noviembre de 1996, se concluyó que no existía
certeza sobre la responsabilidad penal de Ariza Santana en la masacre,
pues no se demostró que formara parte de una organización paramilitar, ni
que hubiera determinado o, de alguna forma, hubiera estado
76 Fl. 36 o 50 y ss. “Cuadernos: 1” Exp. 1998-799.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
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comprometido en ella. En concreto, en relación con el testimonio rendido
bajo reserva de identidad “XXX-01”, el Tribunal consideró que fue la única
prueba de cargo, pero que la misma había quedado desvirtuada con las
declaraciones de otros cinco testigos.
69. A pesar de que puede considerarse que la restricción de la libertad de
Ariza Santana estuvo, en su momento, justificada, la Sala reitera que el
carácter injusto de una privación de la libertad no se deriva única y
exclusivamente de la ilegalidad de la medida restrictiva de ese derecho, ya
que, aunque se trate de una medida legal (o no se tenga certeza sobre la
legalidad o ilegalidad de la decisión), la decisión absolutoria pone en
evidencia una afectación gravísima del derecho a la libertad de quien ha
sido vinculado a un proceso en el que, finalmente, es absuelto de
responsabilidad penal.
70. En este tipo de eventos, es deber del juez de la responsabilidad analizar,
en primera medida, si el Estado actuó, o no, conforme a derecho. Por tanto,
si su actuación no estuvo ajustada al ordenamiento jurídico, el caso deberá
resolverse bajo la óptica de la falla del servicio. En el supuesto contrario, el
juzgador deberá determinar si el perjuicio que sufre la víctima debe ser
reparado como un daño especial -no lo sufre la generalidad de la
población- y, por su gravedad, no podría considerarse que el afectado
debe soportarlo o tolerarlo por el solo hecho de vivir en sociedad. Bajo este
título de imputación, conocido de antaño por la jurisprudencia como “daño
especial”, debe considerarse que, sobre la gravedad y anormalidad del
daño, se encuentran los fundamentos del derecho a su indemnización.
71. Cabe precisar que, los títulos de responsabilidad objetiva pueden
aplicarse en aquellos casos en que el régimen subjetivo es insuficiente para
resolver la situación determinada, habida cuenta de que el artículo 90 de la
Constitución Política prevé la reparación ante la existencia de un daño
antijurídico, el cual puede derivarse, incluso, de una actuación legal.
72. En el caso de Excelino Ariza Santana, la Sala observa que el Estado, con
su actuar legítimo, rompió el principio de igualdad de las cargas públicas
que debe soportar todo ciudadano. Es decir, se le generó al aquí
demandante un daño anormal, especial y grave, pues se le imputó un delito
de gravedad, como se trataba del tipo de homicidio con fines terroristas. En
consecuencia, al no quedar desvirtuada su presunción de inocencia, no
existe ningún título jurídico que pueda justificar, de manera definitiva, la
privación de la libertad de la que fue objeto.
73. La afectación del derecho a la libertad, el cual ha sido considerado
como una garantía básica del ser humano -al tratarse de un atributo propio
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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de la persona-, no puede considerarse como una carga que deba soportar
un ciudadano como contraprestación propia de vivir en sociedad, dado
que, al mantenerse vigente su presunción de inocencia, no se valida dicha
restricción de la libertad durante el tiempo que se prolongó. Así, resulta
desproporcionada la detención del procesado que fue exonerado de toda
responsabilidad penal. Por las anteriores razones, procede la reparación del
daño antijurídico alegado, como en efecto se ordenará.
74. Dicho enfoque ya ha sido aplicado por esta Subsección cuando se
demanda la responsabilidad patrimonial del Estado en eventos de privación
injusta de la libertad77, interpretación que, se reitera, resulta acorde con el
mandato del artículo 90 de la Constitución Política y lo establecido por la
Corte Constitucional en la Sentencia SU-072 de 2018.
75. En el caso de Salvador Pardo Lobo, si bien en el expediente no obra la
providencia que le impuso la medida de aseguramiento (decisión que, por
el contenido de otra providencia, se sabe que fue impuesta el 18 de enero
de 199678), lo que impide determinar si se configuró una falla en el servicio,
lo cierto es que sufrió un daño especial que no estaba en el deber jurídico
de soportar. Al respecto, la Sala corrobora que estuvo privado de su
derecho a la libertad con ocasión de un proceso penal en el que el Estado
no desvirtuó su presunción de inocencia frente a acusaciones por delitos
graves. En esas condiciones, es evidente que la afectación a la que fue
sometido Pardo Lobo (que correspondió a una de las más intensas
vulneraciones del derecho fundamental a la libertad), además, por un
periodo dilatado, rompió el equilibrio de las cargas públicas, configurando
una superación injustificable de las imposiciones que la generalidad de la
población estaría en la obligación de soportar. Por consiguiente, la privación
de la libertad, en su caso, debe ser estudiada desde la perspectiva del daño
especial, como ya lo ha realizado esta subsección en otras ocasiones79.
76. Sobre el resultado del proceso penal en contra de este demandante, el
Tribunal Nacional, al resolver la apelación contra el fallo condenatorio de
primera instancia, lo absolvió de responsabilidad, tras considerar que existía
“duda razonable acerca de la real vinculación o cooperación de Pardo
Lobo con el paramilitarismo de Cimitarra durante la vigencia del Decreto
1194 de 1989; situación que se torna más relevante si se tiene en cuenta el
77 Al respecto, consultar las siguientes providencias proferidas por esta Subsección: Sentencia de 13 de noviembre
de 2020, Exp.: 51049; Sentencia de 13 de noviembre de 2020, Exp.: 50394; Sentencia de 6 de noviembre de 2020,
Exp.: 45161 y Sentencia de 23 de mayo de 2022, Exp. 53282, entre muchas otras.
78 Según se desprende del auto de 15 de diciembre de 1997, por medio del cual se resolvió el recurso de apelación
contra la resolución de acusación (Fl. 273 “cuaderno pruebas Nº 1”)
79 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 23 de mayo de 2022,
Exp. 53282.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
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testimonio de múltiples personas que dieron cuenta de la rectitud con que
ejerció el cargo de alcalde municipal de Cimitarra”.
77. Por último, Gustavo Barajas Espinel fue cobijado con medida de
aseguramiento de detención preventiva en providencia de 16 de octubre
de 199280, decisión que también definió la situación jurídica de Luis Armando
Suescún Gómez y otros81. A propósito de este último, la providencia le
atribuyó la condición de “financiador” del grupo paramilitar responsable de
los homicidios, y en relación con Barajas Espinel, afirmó que un testigo con
reserva de identidad “AZ3”, le atribuyó a Barajas Espinel y otros la autoría
material de los homicidios. Además, la Fiscalía citó el contenido de la carta
escrita por el hijo de una de las personas asesinadas, quien refirió que la
masacre había sido planeada, entre otros, por esos dos demandantes.
Destacó, asimismo, la declaración de otro testigo con reserva de identidad
(“XXX-01”), quien estuvo en el momento de los hechos, y manifestó constarle
que allí estuvo presente Suescún Gómez, aunque sin atribuirle participación
material en los asesinatos.
78. En la parte de la providencia denominada “valoración de la prueba”, la
Fiscalía Regional de Cúcuta manifestó que los móviles del crimen fueron de
índole político y que estaban dirigidos contra la Asociación (ATCC), cuyos
dirigentes habían sido objeto de amenazas. Afirmó que, a pesar de que no
existía certeza sobre los ejecutores del atentado, no había duda acerca de
los determinadores de los homicidios, aspecto en el que tenía relevancia
específica la declaración del testigo con reserva de identidad “XXX-01”,
quien dio cuenta de que Armando Suescún y Gustavo Barajas, junto con
otros, eran líderes del grupo paramilitar.
79. A diferencia de la decisión que impuso medida de aseguramiento
contra Excelino Ariza Santana, donde se expuso con claridad y suficiencia
el elemento de juicio y la forma como lo incriminaba penalmente, la Sala
echa de menos una estructura argumentativa similar en el caso de Armando
Suescún y Gustavo Barajas. Al respecto, la providencia se caracteriza por la
generalidad de los señalamientos contra ellos, y son particularmente
ausentes juicios de valor sobre la probable responsabilidad de los sindicados,
los cuales consta que sí se hicieron con algún grado de detalle, pero en
relación con tres policías vinculados a la investigación (José Omar
Hernández, Gonzalo de Jesús Bejarano y Alirio Castaño Cardona) y otro civil:
Carlos Alirio Atuesta Ardila (quienes no son demandantes dentro de esta
actuación).
80 Fl. 296 y ss. “Cuadernos: 2” Exp. 1998-1027; también Fl. 18 o 32 y ss. “Cuadernos: 1” Exp. 1998-799.
81 Jorge Omar Hernández Villamizar, Gonzalo de Jesús Bejarano Naranjo, Alirio Castaño Cardona, Hermogenes
Mosquera Obando, Carlos Alirio Atuesta Ardila, Alejandro Olave Hernández, José Iván Colorado González y
Joaquín Emilio Cataño Hernández.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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80. En el caso de Armando Suescún y Gustavo Barajas, la providencia,
desde el punto de vista probatorio, no se motivó con suficiencia en punto a
la supuesta condición de liderazgo que ejercían sobre la organización
criminal; al respecto, no bastaba con mencionar que un testigo con reserva
de identidad se las atribuyó, pues era preciso que el declarante hubiera
expuesto la ciencia del dicho de sus afirmaciones a ese respecto, y que a
ellas, la Fiscalía les atribuyera una aptitud demostrativa específica, derivada
de su propio contenido, o por su conexidad con otros elementos de juicio,
motivaciones que son ajenas a la providencia que definió sus situaciones
jurídicas. Quedaron asimismo sin justificar las aseveraciones según las cuales
esos implicados eran “financiadores”, del grupo de autodefensa, que
tomaron parte material en la ejecución de los homicidios, o que tuvieron
participación en su planeación.
81. El hecho de que en una sola providencia se hubiera resuelto la situación
jurídica de varios implicados, era una circunstancia que no permitía suplir las
exigencias sustanciales para la imposición de una medida de
aseguramiento. En estos dos casos, se advierte que la Fiscalía no argumentó,
de manera suficiente, cuál era el fundamento demostrativo concreto del
cual infería la responsabilidad penal de cada uno de los dos sindicados; no
expuso, como era su deber legal, cuál era el indicio que apuntaba a la
responsabilidad penal de Luis Armando Suescún Gómez y Gustavo Barajas
Espinel en los delitos que se les atribuían, en otros términos, qué elementos
de juicio permitían hacer la inferencia -por lo demás, grave- de
responsabilidad penal en relación con estos dos demandantes, en todo lo
cual, ciertamente, no bastaba con mencionar, de manera genérica, unas
pruebas o su contenido.
82. De manera que, si bien el ejercicio argumentativo de la Fiscalía podía
resultar suficiente para tener como probable la existencia de un grupo
dedicado a actividades delictivas en el municipio de Cimitarra, si se repara
en el carácter personal que tiene la responsabilidad penal, es evidente que,
a efectos de imponer una medida restrictiva del derecho a la libertad, la
Fiscalía Regional de Cúcuta debía exponer, de manera particular y
concreta, qué elementos de juicio apuntaban a demostrar (como mínimo
un indicio grave) la participación de cada uno de los implicados en los
hechos que eran materia de indagaciones, carga de motivación que, a
juicio de la Sala, no se cumplió con la suficiencia requerida. Al respecto, las
relaciones de cada uno de los implicados con el material probatorio fueron
bastante generales, como quiera que, si bien la providencia refirió que unos
testigos y el documento de una de las víctimas los asociaban con
actividades ilícitas, no se precisó en qué precisos actos de delincuencia y en
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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qué circunstancias de tiempo, modo y lugar, Luis Armando Suescún Gómez
y Gustavo Barajas Espinel tendrían comprometida su responsabilidad penal.
Esta ligereza analítica y argumentativa riñe con el derecho fundamental a
la libertad personal el que, por su valor constitucional, exige un riguroso
examen y argumentación suficiente, para que sus limitaciones se
encuentren justificadas.
83. Sobre el resultado del proceso penal contra Gustavo Barajas Espinel, en
la Sentencia absolutoria de segunda instancia, proferida por el Tribunal
Nacional el 5 de noviembre de 1996, se concluyó que no existía certeza
sobre su responsabilidad penal en la masacre, pues no se demostró que
formara parte de una organización paramilitar, ni que hubiera determinado
o que, de alguna forma, hubiera estado comprometido en ella. En concreto,
se sostuvo que los testigos con reserva de identidad no coincidieron en los
comportamientos delictivos que le atribuían, y que al proceso no se
aportaron otras pruebas que respaldaran su vinculación a grupos armados
o al homicidio múltiple.
84. En el caso de Luis Armando Suescún Gómez, fue absuelto en segunda
instancia por ese mismo Tribunal en Sentencia de 9 de marzo de 1998. En ella
se consideró que su situación era compleja, pues era difícil deslindar sus
actividades públicas y privadas como líder político, con aquellas que se
afirmaba que ejecutó en apoyo del paramilitarismo. En ese orden,
determinó que no había ilicitud en los comportamientos de naturaleza
política, a partir de los cuales los testigos con reserva de identidad dedujeron
su vinculación con organizaciones ilegales.
2.4. Análisis de la existencia de una causa extraña
85. Esta Subsección, a propósito de la “culpa exclusiva de la víctima”, en
realidad, hecho exclusivo, como causal de exoneración de responsabilidad
del Estado en esta especie de acción, por rompimiento del nexo causal, ha
considerado que:
“…este elemento ha de estudiarse como una circunstancia apropiada para romper
la relación de causalidad, y es sobre este aspecto de la responsabilidad que debe
versar su análisis; con lo cual es claro que solo si se demuestra que –en el curso del
proceso– una conducta de la víctima fue la que determinó su detención, puede darse
por probada esta causal de exoneración de responsabilidad. // En otros términos, es
necesario estudiar el dolo o la culpa grave de la víctima como un elemento FÁCTICO
vinculado a la relación de causalidad. Si, con base en el estudio de la actitud procesal
del sindicado se acredita que no existió, este elemento se deshecha. Al no estar
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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probado que el HECHO de la víctima fue causa del daño, este estudio es suficiente
para descartar esta forma de exoneración de la entidad estatal” 82 -se resalta-.
86. Con ocasión de una acción de tutela, la Subsección se pronunció sobre
el mismo tema en el siguiente sentido:
“La valoración de la conducta preprocesal es competencia exclusiva del juez penal.
Si el juez de la responsabilidad estatal concluye que la detención de la demandante
fue generada por su propia conducta, no sólo invade competencias de otras
jurisdicciones, sino que desconoce la decisión penal absolutoria porque implica
considerar, de acuerdo con una de las líneas jurisprudenciales antes expuestas, que
al desplegar su conducta obró como sospechosa de estar cometiendo un delito y
determinó que la Fiscalía abriera la investigación y ordenara su detención. A tal
conclusión sólo puede llegarse desconociendo la decisión penal que la declaró
inocente, porque, conforme con ella, los hechos no constituían delito de acuerdo con
la ley vigente en el momento en que ocurrieron”83.
87. Con respaldo en esas premisas, la Sala no observa que Excelino Ariza
Santana hubiera causado, de manera determinante y exclusiva, la privación
de su libertad, en la forma alegada por la Fiscalía en su apelación. En
relación con los demás demandantes principales (Gustavo Barajas Espinel,
Luis Armando Suescún Gómez y Salvador Pardo Lobo), tampoco encuentra
prueba de esa causa de rompimiento del nexo causal y solo se advierte la
necesidad de hacer algunas precisiones en el caso de Pardo Lobo.
88. La Fiscalía, en su recurso de apelación, alegó que “el irregular actuar”
de Excelino Ariza Santana propició que le abrieran una investigación, que
fuera acusado y posteriormente llevado a juicio. El “irregular actuar” a que
se refiere el recurrente, necesariamente está referido a los hechos que
fueron materia de investigación penal (conducta preprocesal) y no a una
conducta suya presentada con posterioridad a la iniciación del proceso, en
el desarrollo de este y que, además, hubiera determinado su detención.
Basta leer el contenido del acto por medio del cual se definió su situación
jurídica para concluir que, en la imposición de la medida de aseguramiento,
no tuvo ninguna injerencia específica algún comportamiento de Ariza
Santana, una vez que la actuación penal inició, comportamiento del que,
además, la Fiscalía hubiera inferido un indicio de responsabilidad penal que,
por lo mismo, legitimara la orden de detención.
89. La Subsección, dando alcance a sus precedentes precisa, en esta
oportunidad, que la conducta que se invoque como causa extraña, no solo
ha tenido que ser considerada en su existencia por el juez penal, sino que
este ha debido asignarle consecuencias jurídicas concretas: la imposición
de una medida de aseguramiento. Por consiguiente, al juez de la
82 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 24 de octubre de 2019
Rad. 54167. Planteamiento reiterado en Sentencia de 28 de febrero de 2023, Exp. 56476, aprobada con aclaración
de voto del magistrado Fredy Ibarra Martínez.
83 Sentencia de 15 de noviembre de 2019, Radicación: 11001-03-15-000-2019-00169-01(AC).
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Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
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responsabilidad estatal no le es dado valorar, en abstracto, si tal o cual
conducta habría permitido la imposición de la medida restrictiva de la
libertad, pues semejante juicio de valor no dejaría de ser una hipótesis,
cuando lo que se requiere es que, como elemento fáctico, se compruebe
que determinado comportamiento fue la causa determinante y exclusiva
del daño.
90. En ese orden de ideas, en relación con los demás demandantes
principales, la Sala tampoco encuentra que, en la definición de sus
situaciones jurídicas (cuyo contenido fue valorado en esta providencia en el
“Análisis de la legalidad de la medida de privación de la libertad”), hubiera
tenido una incidencia cierta y determinante algún comportamiento que
hubieran desplegado en el curso del proceso.
91. El caso de Salvador Pardo Lobo amerita, como se anticipó, una
precisión. Aunque del contenido de dos providencias (las que resolvieron las
apelaciones contra una solicitud de preclusión y contra la resolución de
acusación84), se sabe que intentó eludir su captura85, se desconoce si esa
concreta conducta -en línea con los planteamientos previamente
realizados por la Sala-, desde lo fáctico, fue valorada como un motivo,
exclusivo o concomitante, para la imposición de la medida de
aseguramiento, pues ese documento no fue aportado con la demanda, ni
de él dan cuenta los demás folios que conforman el voluminoso expediente.
La carga de la prueba del hecho exclusivo de la víctima, como causa de
exoneración de responsabilidad, en todo caso, le correspondía el extremo
demandado.
2.5. Entidad a la que se le atribuye el daño
92. Como ya se indicó, la actuación penal se adelantó bajo el régimen
previsto en el Decreto 2700 de 1991, según el cual, la etapa de instrucción
estaba a cargo de la Fiscalía General de la Nación. De conformidad con el
artículo 444 de esa normativa, “[c]on la ejecutoria de la resolución de
84 Decisión de 24 de febrero de 1997 de la Fiscalía delegada ante Tribunal, por medio de la cual se resolvió la
apelación frente a una solicitud de preclusión (Fl. 70 o 173 “Cuadernos: 1” Exp. 2000-1214. Y Auto de 15 diciembre
1997, que resolvió la apelación contra la resolución de acusación, confirmándola (Fl. 260-284 “Cuaderno pruebas
No. 1”; Fl. 483 y ss. “Cuadernos: 2” Exp. 1998-1027 y Fl. 24 y ss. “Cuadernos: 1”. Exp. 1999-357.
85 En la decisión de 24 de febrero de 1997 se indicó “Cuando Salvador Pardo Lobo fue aprehendido en
cumplimiento de la orden de captura impartida por razón de este proceso, captura que dicho sea de paso tuvo
connotaciones particulares que se describen en el informe de folio 3 del cuaderno original No. 21 [del que no se
cuenta en esta actuación] donde se indica que el sindicado pretendió evadir a las autoridades siendo sorprendido
cuando salía por una ventana de su casa ubicada en la parte trasera y con destino al techo de la misma mientras
en la puerta principal de la vivienda un hijo suyo distraía a las autoridades presentándose como sobrino del
procesado y argumentando que su tío se encontraba fuera de la ciudad, lejos de admitir cualquier compromiso
o vinculación con los grupos paramilitares de Cimitarra, se dijo víctima de la persecución de ellos en razón a que
durante su gestión como alcalde municipal se vio obligado a disponer por ante las autoridades de policía del
lugar, la captura de varios miembros de tal agrupación…” (Fl. 89 o 192 del “Cuadernos: 1” Exp. 2000-1214). Las
mismas referencias a las particularidades de la captura, se reiteraron en la providencia de 15 de diciembre de
1997, que resolvió la apelación contra la resolución de acusación, confirmándola.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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acusación, adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento.
A partir de este momento, el fiscal adquiere la calidad de sujeto procesal y
pierde la dirección de la investigación”.
93. En el caso de Excelino Ariza Santana y Gustavo Barajas Espinel, la
Resolución que los acusó en forma conjunta fue proferida el 1 de julio de
199486; esa decisión que quedó ejecutoriada en el momento el que adquirió
firmeza la que resolvió el recurso de apelación que fue interpuesto. Por
Resolución de 1 de noviembre de 1994, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal
Nacional resolvió dicho recurso87, confirmando la determinación recurrida88.
94. Debido a que, en el caso de esos 2 demandantes principales, la
privación de la libertad se prolongó hasta la etapa de juicio, en la causación
del daño habría participado tanto la Fiscalía General de la Nación como la
Rama Judicial. No obstante, como ya se anticipó, en el caso de Excelino
Ariza Santana, la Rama Judicial no fue condenada en primera instancia,
determinación que no fue cuestionada por la parte actora, que era la única
legitimada para recurrir ese aspecto, en la medida en que constituía la
negativa de una pretensión expresa formulada en la demanda. En el caso
de Gustavo Barajas Espinel, no se elevaron pretensiones contra la Rama
Judicial, de manera que, en virtud del principio de congruencia, no es
posible proferir condena alguna por el periodo durante el cual Barajas
Espinel estuvo privado de la libertad por su cuenta.
95. En esas condiciones, el daño se le atribuirá sólo a la Fiscalía General de
la Nación, en la proporción equivalente al tiempo que esas dos víctimas
directas estuvieron privadas de la libertad por cuenta de dicha entidad así:
en el caso de Excelino Ariza Santana, desde el 11 de octubre de 1992 al 1
de noviembre de 1994 (por 24 meses y 18 días); Gustavo Barajas Espinel,
desde el 16 de octubre de 1992 al 1 de noviembre de 1994 (por 24 meses y
13 días).
96. En el caso de Salvador Pardo Lobo, la Resolución que lo acusó fue
proferida el 7 de enero de 199789; esa decisión que quedó ejecutoriada en
el momento el que adquirió firmeza la que resolvió el recurso de apelación
que fue interpuesto. Por Resolución de 15 de diciembre de 1997, la Fiscalía
86 Fl. 314-348. “Cuadernos: 2” Exp. 1998-1027 y 105 y ss. “Cuaderno pruebas Nº 3”. También fl. 182 y ss. Cuaderno
pruebas Nº 12.
87 Fl. 67 y ss. “Cuaderno Pruebas Nº 3” Exp. 1998-1027
88 Dispone el ARTICULO 197 del Decreto 2700 de 1991, “EJECUTORIA DE LAS PROVIDENCIAS. Las providencias
quedan ejecutoriadas tres días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos y no deban ser
consultadas. La que decide el [casación], salvo cuando se sustituya la sentencia materia del mismo, la que lo
declara desierto, y las que deciden la acción de revisión, los recursos de hecho, o de apelación contra las
providencias interlocutorios, quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente”
-se resalta-.
89 Fl. 139 y ss. “Cuadernos: 1” Exp. 2000-1214. También, Fl. 226-259 “Cuaderno pruebas No. 1”.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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Delegada ante el Tribunal Nacional resolvió dicho recurso90, confirmando la
determinación recurrida.
97. Debido a que, en el caso de Pardo Lobo, la privación de la libertad se
prolongó hasta la etapa de juicio, en la causa del daño participaron tanto
la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial. Sin embargo, no se
elevaron pretensiones contra la Rama Judicial, de manera que, en virtud del
principio de congruencia, no es posible proferir condena alguna por el
periodo durante el cual Pardo Lobo estuvo privado de la libertad por su
cuenta. Con esa precisión el daño se le atribuirá a la Fiscalía General de la
Nación, en la proporción equivalente al tiempo en el que la víctima directa
estuvo privada de la libertad por cuenta de esta entidad así: desde el 24 de
febrero de 1997 al 15 de diciembre de 1997 (por 9 meses y 20 días).
98. Por último, en el caso de Luis Armando Suescún Gómez, la Resolución
que lo acusó fue proferida el 21 de julio de 199591; esa decisión que quedó
ejecutoriada en el momento el que adquirió firmeza la que resolvió el recurso
de apelación que fue interpuesto. Por Resolución de 29 de diciembre de
1995, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional resolvió dicho recurso92,
confirmando la determinación recurrida.
99. Debido a que, en el caso de Suescún Gómez, la privación de la libertad
se prolongó hasta la etapa de juicio, en la causa del daño participaron
tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial. En esas
condiciones, el daño se le atribuirá a la Fiscalía General de la Nación, en la
proporción equivalente al tiempo en el que la víctima directa estuvo privada
de la libertad por cuenta de esta entidad así: desde el 21 de julio de 1994 al
29 de diciembre de 1995 (por 17 meses y 8 días); la Rama judicial es
responsable por el periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 1995 y
el 8 de marzo de 1998 (por 26 meses y 6 días).
2.6. Liquidación de perjuicios
2.6.1. Perjuicios inmateriales
100. En relación con los perjuicios morales, la privación de la libertad, de
acuerdo con las reglas de la experiencia, causa una afectación de índole
moral, así como sentimientos de angustia, zozobra e incertidumbre, entre
otros, tanto en la persona que sufre la detención como en su núcleo familiar
y afectivo. La condena a reparar este perjuicio será reducida en el caso de
90 Fl. 260-284 “Cuaderno pruebas No. 1” Exp. 1998-1027; también, Fl. 483 y ss. “Cuadernos: 2” Exp. 1998-1027 y Fl. 24
y ss. “Cuadernos: 1” Exp. 1999-357.
91 Fl. 171 o 220, “Cuadernos: 1” Exp. 2000-654.
92 Fl. 181 y ss. “Cuadernos: 1” Exp. 2000-654.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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Excelino Ariza Santana y su grupo familiar, y se ordenará la reparación para
las víctimas directas Gustavo Barajas Espinel, Salvador Pardo Lobo y Luis
Armando Suescún Gómez, así como para sus correspondientes grupos
familiares.
101. Con el fin de unificar las reglas sobre la prueba y cuantificación de los
perjuicios morales en casos de responsabilidad del Estado por privación
injusta de la libertad, la Sección Tercera de esta corporación, en Sentencia
de 29 de noviembre de 202193, estableció los topes máximos de
indemnización para la víctima directa. Lo anterior, en función del tiempo de
la detención (cuyo incremento es progresivo) y en consideración a los topes
fijados para otro tipo de daños (v.gr. en caso de muerte).
102. En la misma decisión se determinó que la prueba del parentesco
dentro del primer grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge o su
compañero o compañera permanente, constituye presunción del perjuicio
moral para ellos, para lo cual estableció como monto máximo, el
reconocimiento del 50% de la suma que le correspondería a la víctima
directa. Adicionalmente, precisó que, para los demás demandantes, en
caso de acreditar los perjuicios morales, el máximo que se aplicaría sería del
30%. No obstante, indicó que para la determinación del monto final de la
indemnización de las victimas indirectas, “la cuantificación deberá estar
fundamentada en las pruebas que obren en el expediente y ella deberá ser
motivada según lo probado en cada caso” -se resalta-.
103. Por último, la Sección Tercera precisó la forma en que debían
implementarse las reglas establecidas en la Sentencia de unificación de 29
de noviembre de 2021, según las cuales, en las demandas presentadas a
partir de la ejecutoria de la Sentencia de unificación, la aplicación para el
reconocimiento y la liquidación del perjuicio moral sería inmediata, al igual
que para las demandas presentadas antes del 28 de agosto de 2013, como
ocurre en este caso.
104. Por lo anterior, acreditada la legitimación de los demandantes para
ser reparados patrimonialmente (análisis probatorio que se desarrollará en el
siguiente cuadro), la Sala tasará la indemnización con fundamento en las
siguientes proporciones:
93 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación
jurisprudencial de 29 de noviembre de 2021, Exp. 46681. Según esta providencia, si la privación de la libertad tuvo
una duración igual o inferior a un mes, una suma fija equivalente a 5 SMLMV. Si la privación tuvo una duración
superior a un mes, por cada mes adicional transcurrido, se adicionan 5 SMLMV; y además, por cada día adicional
al último mes transcurrido, una fracción equivalente a 0,166 SMLMV. En todo caso, la indemnización no podrá
superar los 100 SMLMV, salvo que se acrediten circunstancia que evidencien una gravedad e intensidad
excepcional en el perjuicio moral padecido; en dicho evento el tope máximo será de 300 SMLMV.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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1. Expediente 1998-1027
Demandante Calidad- Justificación Cuantificación
Legitimación
Excelino Ariza Víctima directa Presunción del perjuicio 100%
Santana
Clemencia Rueda de Esposa94 Se hicieron referencias acerca
Ariza del sufrimiento que la detención
generó en la familia del 50%
procesado95
Héctor Alonso Ariza Hijo96 Ídem 50%
Rueda
Gladys Rufina Ariza Hija97 Ídem 50%
Rueda
Lilia Marina Ariza Hija99 ídem 50%
Rueda98
Erasmo Ariza Rueda Hijo100 ídem 50%
2. Expediente 1998-799
Demandante Calidad- Justificación Cuantificación
Legitimación
Gustavo Barajas Víctima directa Presunción del perjuicio 100%
Espinel
Mercedes Martínez Esposa101 No se cuenta con referencias
Serrano acerca del sufrimiento que la
detención generó en la familia 35%
del procesado. No se solicitaron
testimonios
Gustavo Adolfo Hijo102 Ídem 35%
Barajas Martínez
Juan Pablo Barajas Hijo103 Ídem 35%
Martínez
Carlos Andrés Barajas Hijo104 ídem 35%
Martínez
María Teresa Barajas Hermana105 No se reconocerá por falta de N/A
de Jiménez prueba del parentesco y
relación afectiva
94 De quien se allegó registro civil de matrimonio (Fl. 23 “Cuadernos: 1” Exp.1998-1027). De su de convivencia como
esposa de la víctima directa dio cuenta la declaración de Orlando Ariza Peña (Fl. 76). En similar sentido declaró
Manuel Antonio Mira Serna (Fl. 90), Delascar Camargo Cruz (Fl. 91 Vto. y ss.), Donaldo Quiroga Rueda (Fl. 93) y
Germán Castañeda (Fl. 94 Vto.).
95 Según lo explicó en su declaraciones el testigo Orlando Ariza Peña, quien, preguntado acerca de si tenía
conocimiento de que “Clemencia Rueda, Héctor Alonso, Gladys Rufina, Lilia Marina y Erasmo” (los acá
demandantes) “tuvieron que sufrir la ausencia de su padre, el dolor, por estar privado de la libertad, por estar
enfermo y no poderlo socorrer, por saber además que era inocente y que era víctima de una temeraria acusación
y de la más grande de las injusticias?, respondió: “Lo único que puedo decir es que el señor EXCELINO y su familia
sufrieron demasiado porque él siempre manifestó su inocencia frente al caso que se le imputa y desde luego eso
había causado un daño moral y sicológico a toda su familia” (Fl. 76 “Cuadernos: 1” Exp. 1998-1027). Otro de los
testigos (Delascar Camargo Cruz [Fl. 92 “Cuadernos 1” Exp. 1998-1027])se pronunció acerca de la situación de la
esposa de la víctima directa, en los siguientes términos: “…ella se la pasaba llorando, desesperada, le contaba la
desgracia a todo el mundo y no calmaba de llorar, y decía que deseaba morirse y que jamás pensó que su hogar
se fuera a derrumbar tan horrible…”. El testigo Donaldo Quiroga Rueda (Fl. vto. y 94 vto.), manifestó que la señora
Clemencia Rueda “…durante mucho tiempo tuvo que permanecer con dosis de tranquilizantes”.
96 De quien se allegó registro civil de nacimiento (Fl. 24 “Cuadernos: 1” Exp.1998-1027).
97 De quien se allegó registro civil de nacimiento (Fl. 25 “Cuadernos: 1” Exp.1998-1027).
98 Aunque en la demanda se indicó que el nombre de esta demandante era “Lilia María Ariza Rueda”, de las
pruebas allegadas con ese escrito, en particular, del registro civil de nacimiento (Fl. 26 Exp. 1998-1027), consta que
su nombre correcto es “Lilia Marina Ariza Rueda”.
99 De quien se allegó registro civil de nacimiento (Fl. 26 “Cuadernos: 1” Exp.1998-1027).
100 De quien se allegó registro civil de nacimiento (Fl. 27 “Cuadernos: 1” Exp.1998-1027).
101 De quien se allegó registro civil de matrimonio (Fl. 18 “Cuadernos: 1” Exp. 1998-799).
102 De quien se allegó registro civil de nacimiento (Fl. 16 “Cuadernos: 1” Exp. 1998-799).
103 De quien se allegó registro civil de nacimiento (Fl. 15 “Cuadernos: 1” Exp. 1998-799).
104 De quien se allegó registro civil de nacimiento (Fl. 20 “Cuadernos: 1” Exp. 1998-799).
105 De esta demandante, como del demandante principal (Gustavo Barajas espinel), no se allegó el registro civil
de nacimiento, lo que impide determinar su tronco común dentro del parentesco por consanguinidad. En
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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3. Expediente 2000-654
Demandante Calidad- Justificación Cuantificación
Legitimación
Luis Armando Suescún Víctima directa Presunción del perjuicio. 100%
Gómez No se solicitaron testimonios
4. Expediente 2000-1214
Demandante Calidad- Justificación Cuantificación
Legitimación
Salvador Pardo Lobo Víctima directa Presunción del perjuicio 100%
Edna Judith Guevara Esposa106 Los testimonios no hicieron
de Pardo referencias específicas acerca
del sufrimiento que la detención 35%
generó en la familia del
procesado107
Adolfo José Pardo Hijo108 Ídem 35%
Guevara
Ernesto Miguel Pardo Hijo109 Ídem 35%
Guevara
Diana Paola Pardo Hija110 ídem 35%
Pinzón
105. Entonces, como ya se indicó, se tasará la indemnización en favor los
demandantes, teniendo en cuenta para ese fin, fundamentalmente, el
considerable tiempo en que las víctimas directas estuvieron privadas de la
libertad. La Sala precisa que los testimonios, en los casos que fueron
solicitados, no dieron cuenta del padecimiento moral, y en los casos en que
sí lo hicieron, no entraron en mayores detalles sobre de la afectación
emocional padecida por cada uno de los demandantes o los grupos
familiares, motivo por el cual la tasación de la indemnización no está sujeta
a un incremento sustancial, pues no se acreditaron circunstancias que
evidencien una gravedad e intensidad excepcional en el perjuicio moral
padecido.
cualquier caso, este demandante no solicitó la práctica de testimonios, por lo que quedó sin acreditarse la
existencia de algún tipo de relación afectiva entre ellos, y la forma como se vio afectada con ocasión de la
privación de la libertad.
106 De quien se allegó registro civil de nacimiento (Fl. 18 “Cuadernos: 1” Exp. 2000-1214). Sin embargo, uno de los
testigos la tuvo por esposa de la víctima directa (Flavio Amador Cortes, Fl. 354 “Cuadernos: 1” Exp. 2000-1214).
107 En la declaración de Flavio Amador Cortes (Fl. 354 “Cuadernos: 1” Exp. 2000-1214), indagado acerca del
“estado de anímico físico, psicológico, económico, familiar, social y/o político del señor Pardo Lobo y su núcleo
familiar”, el testigo se concentró en la víctima directa, al responder: “…el trauma que le ocasiono este impase a
este santo cristiano Pardo Lobo, le acarreo múltiples traumatismos a nivel psicosomático y social porque cantidad
de veces me llamaba hasta llegar a insultarme y faltarme al respeto, ejerciendo presiones por sus familiares, pues
yo comprendía la situación y su estado deprimente y moral hasta encontrarlo en un estado neurótico depresivo
es decir su detención lo disminuyo en gran porcentaje en su actividad normal, pues uno lo acepta como defensor
en este tipo de investigaciones, igualmente el colapso económico y que fue deprimente, una vez me toco asistir
a la ciudad de Cimitarra, donde varios dirigentes cívicos y juntas de acción comunal, se ahornaron hacer
recolectas para el pago de mis servicios profesionales, y la solidaridad del cura, notario y la gente prestante del
pueblo, en toma solidaria pedían justicia a favor de mi cliente”.
108 De quien se allegó registro civil de nacimiento (Fl. 17 “Cuadernos: 1” Exp. 2000-1214)
109 De quien se allegó registro civil de nacimiento (Fl. 16. “Cuadernos: 1” Exp. 2000-1214)
110 De quien se allegó registro civil de nacimiento (Fl. 15. “Cuadernos: 1” Exp. 2000-1214)
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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106. Es importante precisar que, en los casos de Excelino Ariza Santana,
Gustavo Barajas Espinel y Salvador Pardo Lobo, como ya se había
anticipado, únicamente hay lugar a condenar a la Fiscalía General de la
Nación, en la proporción en la que estuvieron privados de la libertad por su
cuenta así: Excelino Ariza Santana, desde el 11 de octubre de 1992 al 1 de
noviembre de 1994 (por 24 meses y 18 días); Gustavo Barajas Espinel, desde
el 16 de octubre de 1992 al 1 de noviembre de 1994 (por 24 meses y 13 días).
Salvador Pardo Lobo desde el 24 de febrero de 1997 al 15 de diciembre de
1997 (por 9 meses y 20 días). En el caso de Luis Armando Suecún, la condena
se impondrá contra la Fiscalía y la Rama Judicial, en la proporción en la que
estuvo privado de la libertad por cuenta de cada una de esas entidades:
Fiscalía, desde el 21 de julio de 1994 al 29 de diciembre de 1995 (por 17 meses
y 8 días); Rama judicial, por el periodo comprendido entre el 30 de diciembre
de 1995 y el 8 de marzo de 1998 (26 meses y 6 días).
107. Realizadas las operaciones respectivas, se obtienen las siguientes
sumas:
Demandante Fiscalía General de Rama Judicial Monto final a
la Nación reconocer
1. Expediente 1998-1027
Excelino Ariza Santana 50,55 SMLMV N/A 50,55 SMLMV
Clemencia Rueda de Ariza 25,27 SMLMV N/A 25,27 SMLMV
Héctor Alonso Ariza Rueda 25,27 SMLMV N/A 25,27 SMLMV
Gladys Rufina Ariza Rueda 25,27 SMLMV N/A 25,27 SMLMV
Lilia Marina Ariza Rueda 25,27 SMLMV N/A 25,27 SMLMV
Erasmo Ariza Rueda 25,27 SMLMV N/A 25,27 SMLMV
2. Expediente No. 1998-799
Gustavo Barajas Espinel 50,38 SMLMV N/A 50,38 SMLMV
Mercedes Martínez Serrano 17,63 SMLMV N/A 17,63 SMLMV
Gustavo Adolfo Barajas Martínez 17,63 SMLMV N/A 17,63 SMLMV
Juan Pablo Barajas Martínez 17,63 SMLMV N/A 17,63 SMLMV
Carlos Andrés Barajas Martínez 17,63 SMLMV N/A 17,63 SMLMV
3. Expediente No. 2000-654
Luis Armando Suescún Gómez 39,66 SMLMV 60,34 SMLMV 100 SMLMV
4. Expediente No. 2000-1214
Salvador Pardo Lobo 35,75 SMLMV N/A 35,75 SMLMV
Edna Judith Guevara de Pardo 12,51 SMLMV N/A 12,51 SMLMV
Adolfo José Pardo Guevara 12,51 SMLMV N/A 12,51 SMLMV
Ernesto Miguel Pardo Guevara 12,51 SMLMV N/A 12,51 SMLMV
Diana Paola Pardo Pinzón 12,51 SMLMV N/A 12,51 SMLMV
108. En todos los casos (con excepción de la demanda promovida por
Excelino Ariza Santana y José Alejandro Ardila Molina111, que solo
reclamaron indemnización del perjuicio moral), los demás recurrentes
111 Cuya reclamación, como ya quedó analizado por la Sala, no superó el análisis del primer elemento de la
responsabilidad.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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solicitaron el reconocimiento del daño social, y del físico mental. Sin
embargo, en ninguno de los casos se acreditó, a través de pruebas idóneas,
que la privación de la libertad fue causa de lesiones a la integridad
psicofísica de los demandantes (perjuicio a la salud). Tampoco acreditaron
la afectación social alegada, que históricamente se caracterizaba como
perjuicio a la vida de relación y que, según la jurisprudencia vigente, podría
encuadrarse en el componente subjetivo del perjuicio a la salud. Trátese del
perjuicio a la salud en su faceta subjetiva o del daño a la vida de relación,
sin perjuicio de las discusiones que pueden darse en la actualidad, acerca
de si debiese ser, nuevamente, materia de reconocimiento por parte de la
jurisprudencia de lo contencioso administrativo, requeriría, como mínimo,
que los hechos en los que se funda hubieran sido debidamente probados,
lo que no sucedió.
109. De otro lado, la Sala considera que toda privación injusta de la
libertad trae consigo una intensa vulneración del derecho al buen nombre
de quien la padeció. En efecto, el ejercicio del ius puniendi del Estado se
sustenta en la confianza legítima de toda la población, que lo acata porque
presume su corrección. Por tanto, cuando la sociedad tiene conocimiento
de la detención preventiva de un ciudadano, asume que el Estado tenía
serios y razonables indicios de su responsabilidad y que dicha persona no
podía defenderse de los cargos estando en libertad. Así las cosas, esta
Subsección estima que una medida de este tipo, en ausencia de un título
jurídico que justifique la restricción del derecho a la libertad, conlleva
necesariamente un menoscabo en la reputación de quien la soporta.
110. En estos casos, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la Sala
encuentra que de la vulneración al buen nombre se deriva siempre y
necesariamente un perjuicio sobre la reputación, o el concepto que de la
persona tenían los demás112, un deterioro de la apreciación que se tenía del
sujeto por la conducta que observaba en su desempeño dentro de la
sociedad113. Este asunto, que podría parecer coyuntural, ha sido
considerado en la jurisprudencia un factor intrínseco de la dignidad humana
que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la
sociedad114. De ahí la gravedad del perjuicio que debe repararse con
ocasión de la lesión al buen nombre de los demandantes principales
Excelino Ariza Santana, Gustavo Barajas Espinel, Luis Armando Suescún
Gómez y Salvador Pardo Lobo.
112 Corte Constitucional. Sentencia C-489 de 2002.
113 Corte Constitucional. Sentencia C-452 de 2016.
114 Corte Constitucional. Sentencia T-977 de 1999.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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111. En relación con este último reconocimiento, la Sala considera que la
adopción de una medida de restablecimiento del derecho al buen nombre
de esos demandantes es una expresión propia de la justicia restaurativa, que
le compete a todo funcionario judicial, con la que se busca volver las cosas
al estado anterior a la ocurrencia del hecho dañoso o, por lo menos, limitar
sus consecuencias nocivas. Por tanto, en este caso procede la reparación
oficiosa de los derechos efectivamente vulnerados o amenazados115.
112. En consecuencia, la Sala ordenará a la Fiscalía General de la Nación
y a la Rama Judicial que, de manera conjunta, para el demandante Luis
Armando Suescún Gómez, emita un comunicado en el que se disculpen con
las víctimas directas y sus familias por los perjuicios causados, como quiera
que la aquellas estuvieron privadas de su libertad por considerables periodos
de tiempo, sin que se hubiera logrado desvirtuar la presunción de inocencia.
Similar orden se emitirá a la Fiscalía General de la Nación en relación con los
demandantes Excelino Ariza Santana, Gustavo Barajas Espinel y Salvador
Pardo Lobo. De acuerdo con la regla según la cual este tipo de
reparaciones integrales debe concertarse con la víctima, las víctimas
directas (o quienes representen sus derechos) informarán a las entidades,
según corresponda, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta
providencia, si dicho documento solamente les será entregado en físico a
ellos o si, además, desean que se publique en las plataformas de
comunicación y difusión de la entidad, y a ello procederán las acá
demandadas una vez les sea indicado. De no hacerse ninguna
manifestación durante ese lapso, se entenderá que las víctimas optaron
porque las disculpas se expresen de forma privada, por lo que las entidades
demandadas así lo cumplirán de manera inmediata.
2.6.2. Perjuicios materiales
113. El estudio de los perjuicios materiales (daño emergente y lucro
cesante) se hará de manera individualizada en relación con cada una de
las víctimas directas. La Sala anticipa que, en los casos de Excelino Ariza
Santana y Gustavo Barajas Espinel y Salvador Pardo Lobo, en la liquidación
del perjuicio material a que habrá lugar, por las razones ya conocidas, sólo
se tendrá en cuenta el periodo durante el cual estuvieron privados de la
libertad por cuenta de la Fiscalía General de la Nación.
115 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación
jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 26251, en la que se indicó: “se reconocerá, aun de oficio, la
afectación o vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.
Procederá siempre y cuando se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación
integral. Se privilegia la compensación a través de medidas reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima
directa y a su núcleo familiar más cercano (…)” (subrayas fuera del texto).
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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114. En el caso de Excelino Ariza Santana, el fallo de primera instancia
reconoció lucro cesante ($34’540.365) y no accedió a la indemnización del
daño emergente solicitada en la demanda. En relación con este último
perjuicio, que se concentró en el deterioro experimentado por la finca
“Mata de Guadua”, de propiedad del demandante, mientras permaneció
privado de la libertad, el fallo de primera instancia concluyó que no se había
acreditado la afectación patrimonial alegada. En el recurso de apelación
se insistió en su reconocimiento, pues las declaraciones de cuatro testigos
dieron cuenta del estado de la finca antes y después de la privación de la
libertad. La parte actora también pidió que se decretaran otras pruebas con
el fin de acreditarlo, las cuales fueron negadas en Auto de 8 de agosto de
2024.
115. La Sala concluye, como en su momento lo hizo el Tribunal, que el daño
emergente no quedó acreditado. El demandante acreditó que el predio en
cuestión le fue adjudicado por el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria, mediante Resolución 19 de 1986116 y los testigos solicitados en la
demanda promovida por Ariza Santana117, convergieron en que era
propietario de unas tierras y que las tenía destinadas a actividades
productivas (fundamentalmente ganadería y producción maderera);
también afirmaron que la finca dejó de generar frutos y que empezó a
decaer desde el momento en el que Ariza Santana fue privado de la
libertad. Sin embargo, de esto último no se cuenta con evidencia
fehaciente: las aseveraciones de los testigos en torno al deterioro que
presentó la finca no fueron debidamente sustentadas, ya que no refirieron
que esa circunstancia les hubiera constado de manera personal y directa y,
además, en un momento específico. Sus afirmaciones sobre el particular
fueron genéricas y, por lo mismo, a partir de ellas la Sala no podía llegar a
un convencimiento sobre la existencia del perjuicio y su intensidad.
116. Lo anterior cobra más relevancia si se pone de presente que la parte
actora tampoco acreditó que las referidas actividades económicas que se
desplegaban en el lugar se hubieran visto afectadas de manera dramática,
que hubieran cesado por completo, prueba que, de algún modo, habría
permitido inferir que los bienes afectos a las mismas quedaron en el
abandono, comportando así una pérdida patrimonial. Por lo anterior, la Sala
confirmará el fallo recurrido en lo que a la negativa de reconocimiento del
daño emergente se refiere.
116 Fl.32 “Cuaderno Pruebas Nº 3” Exp. 1998-1027.
117 Dentro de este proceso declararon: Orlando Ariza Peña (Fl. 76 “Cuadernos: 1” Exp. 1998-1027); Manuel Antonio
Mira Sierra (Fl. 90); Delascar Camargo Cruz (Fl. 91 Vto.); Donaldo Quiroga Rueda (Fl. 93) y Germán Castañeda (Fl.
94 Vto.).
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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117. A propósito del lucro cesante en el caso de Excelino Ariza, aunque no
se demostró a cuánto ascendía la producción en los terrenos de su
propiedad, sí se sabe que realizaba actividades que le reportaban un
ingreso económico, que como no se determinó de manera precisa, activó
en la sentencia de primera instancia la presunción de que devengaba, por
lo menos, la asignación básica mensual establecida legalmente,
razonamiento que se encuentra acorde con precedentes de esta
corporación118.
118. Con todo, la Sala analizará el monto al que dicho demandante
tendría derecho, pues aunque el Tribunal reconoció la suma de $34’540.365,
la Fiscalía general de la Nación cuestionó que estuviera llamada a
responder en este caso, planteamiento que habilita que la Sala estudie la
liquidación de perjuicios de la primera instancia. La liquidación que se
realizará la Subsección arrojará un monto superior ($37.264.983,47), a pesar
de que solo se tuvo en cuenta el periodo de privación de la libertad por
cuenta de la Fiscalía y, además, que no se reconoce el aumento del 25%
correspondiente a prestaciones sociales119. En esas condiciones, se
condenará a la Fiscalía por el menor de esos dos valores ($34’540.365, que
fue el monto concedido en el fallo de primera instancia, el cual solo será
traído a valor presente120), pues la parte actora en su recurso no reclamó un
incremento de la indemnización por lucro cesante.
119. Gustavo Barajas Espinel, solicitó con la demanda la reparación del
daño emergente, representado en gastos de abogado y, a título de lucro
cesante, reclamó el pago de los honorarios que percibía como asesor
tributario y como administrador de una finca. La Sala no accederá al
reconocimiento del daño emergente y por lucro cesante, a falta de prueba
concluyente sobre los ingresos que dejó de percibir como consecuencia de
la privación de su libertad, asumirá que devengaba el salario mínimo legal
mensual. Este demandante no elevó pretensiones de pago de prestaciones
sociales dejadas de percibir por la privación de su libertad.
118 “[e]l ingreso base de liquidación deber ser lo que se pruebe fehacientemente que devengaba la víctima al
tiempo de su detención, proveniente del ejercicio de la actividad productiva lícita que le proporcionaba ingresos
(...) pero [cuando] se carezca de la prueba suficiente del monto del ingreso devengado producto del ejercicio
de tal actividad lícita o la privada de la libertad haya sido una ama de casa o la persona encargada del cuidado
del hogar, la liquidación del lucro cesante se debe hacer teniendo como ingreso base el valor del salario mínimo
legal mensual vigente al momento de la sentencia que ponga fin al proceso de reparación directa”. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 18 de julio de 2019, Exp. 44572,
planteamiento reiterado, entre otras, en Sentencia de 28 de febrero de 2023, 25000-23-26-000-2012-01152-
01(56476). El Salario Mínimo Legal Mensual Vigente para la fecha de esta decisión es de $1’300.000.
119 La Sala precisa que el aumento en ese porcentaje del 25% fue reconocido por el Tribunal, a pesar de que no se
acreditó que el demandante se dedicara a una actividad económica al amparo de un contrato de trabajo y, en
cualquier caso, no solicitó dicho reconocimiento en la demanda.
120 Al respecto, ver pie de página 134.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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120. Sobre el pago de honorarios profesionales por concepto de daño
emergente, en la Sentencia de 18 de julio de 2019121, la Sala Plena de la
Sección definió como requisitos para el reconocimiento de este perjuicio los
siguientes: 1) la prueba de la real prestación de los servicios del abogado y
2) la factura o documento equivalente que registre el valor de los honorarios
y la prueba de su pago. Como no se aportaron al expediente las facturas o
documentos equivalentes con las exigencias previstas por la sentencia de
unificación señalada, al igual que en los artículos 615 y 617 del Estatuto
Tributario, no se reconocerá monto alguno por ese concepto. Cabe añadir
que, aunque la parte actora anunció con la demanda que aportaba el
“contrato de prestación de servicios profesionales con abogado para su
defensa”122, dicho acto no fue allegado al proceso, por lo que se
desconocen, asimismo, los pormenores de esa relación, vicisitud que
dificultaría determinar si los pagos eventualmente realizados tenían, o no,
relación con la misma.
121. A propósito del lucro cesante, la Sala solo cuenta con una
certificación, expedida por Humberto Martínez Serrano, según la cual
Barajas Espinel era administrador de la finca El Playón, labor por la que,
según se afirmó en ese documento, recibía una remuneración mensual de
$700.000 (la certificación tiene fecha cierta del 4 de octubre de 1997 123),
además de que percibía el 15% sobre las ventas de ganado. Aunque dicha
prueba podría tenerse como indicio de que este demandante estaba
dedicado a una actividad económica, no es un elemento de juicio que
permita tener por acreditado, de manera cierta, el monto de sus ingresos
mensuales y, por ende, el importe del lucro cesante.
122. No se acreditó que Humberto Martínez Serrano fuera propietario de la
finca en la que se afirma que prestaba sus servicios como administrador
Barajas Espinel; al no estar demostrada la calidad que se atribuyó la persona
que suscribió el documento, tal omisión impide que se le pudiera dar
relevancia demostrativa a las aseveraciones que, invocando esa precisa
calidad, realizó.
123. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera que ese documento no
tendría la aptitud de acreditar la ejecución (cumplimiento) de prestaciones
de naturaleza contractual o laboral, como, por el contrario, la tendrían los
recibos de pago de algunos periodos124, o las transferencias o
121 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 18 de julio de 2019,
Exp. 44572.
122 Fl. 10 “Cuadernos: 1” Exp. 1998-799.
123 Fl. 3 “Cuadernos: 1” Exp. 1998-799.
124 Dispone el artículo 1628 del Código Civil que: “En los pagos periódicos la carta de pago de tres períodos
determinados y consecutivos hará presumir los pagos de los anteriores períodos, siempre que hayan debido
efectuarse entre los mismos acreedor y deudor” -se resalta-.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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consignaciones bancarias sobre los mismos, incluso, la contabilidad que,
eventualmente, llevara el contratante. Estos últimos documentos serían
manifestación tangible de actos jurídicos de cumplimiento (circulación de
un capital) y, por lo mismo, permitirían no solo tener certeza de la
satisfacción de obligaciones contractuales, sino, también, de su importe. Por
lo anterior, ante la falta de prueba concluyente de la cuantía de los ingresos
frustrados que experimentó Barajas Espinel, pero comprobado que se
dedicaba a actividades productivas cuando sobrevino la privación de su
libertad, la Subsección asumirá que, por lo menos, devengaba un salario
mínimo legal vigente.
124. Salvador Pardo Lobo reclamó la reparación del daño emergente,
representado en los gastos de representación judicial dentro del proceso
penal; a título de lucro cesante, solicitó distintos montos ($48’880.000,
$27’900.000, $25’200.000 y $12’200.000) que correspondían a valores que,
alegó, dejaron de ingresar a su patrimonio como consecuencia de la
privación de su libertad. La Sala no accederá al reconocimiento del daño
emergente; y a falta de prueba concluyente sobre los ingresos que dejó de
percibir por la restricción de su libertad, asumirá que este demandante
devengaba, por lo menos, el salario mínimo legal mensual. Este
demandante no elevó pretensiones de pago de prestaciones sociales
dejadas de percibir por la privación de su libertad.
125. Sobre el pago de honorarios profesionales por concepto de daño
emergente, la Sala advierte que (del mismo modo en que lo hizo en el caso
de Barajas Espinel), no se aportaron las facturas o documentos equivalentes
con las exigencias previstas por la sentencia de unificación (Sentencia de 18
de julio de 2019), y los presupuestos previstos en los artículos 615 y 617 del
Estatuto Tributario. Si bien con la demanda se allegó un “contrato de
asesoría y consultoría”125, no hay elementos de juicio sobre el cumplimiento
efectivo de las prestaciones a cargo del contratante, prueba que no viene
conformada por la simple afirmación de un testigo, en este caso, el
acreedor de la prestación, en el sentido de que los pagos adeudados se
realizaron126. Ese tipo de aseveración (aunque se hagan constar por vía
documental) no son, en sí mismas, prueba del cumplimiento, pues este,
cuando está referido a la entrega de sumas de dinero, presupone, como ya
lo indicó la Sala, la transferencia -entrega, circulación- de un capital, acto
jurídico independiente y, además, comprobable (facturas, comprobantes
de transferencias, etc.), que no se demuestra o puede inferirse de la
existencia del vínculo negocial, que es su antecedente lógico.
125 Fl. 13-14 “Cuadernos: 1” Exp. 2000-1214.
126 En ese sentido se pronunció Flavio Amador Cortes (Fl. 352 “Cuadernos: 1” Exp. 2000-1214).
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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126. Por otra parte, Pardo Lobo reclamó el pago de varias sumas de dinero
a título de lucro cesante. Pidió 48 millones de pesos por la frustración de los
ingresos que le producía una volqueta que, según afirmó, tuvo que ser
vendida para sufragar los costos de su defensa y la manutención de su
familia. Sin embargo, de lo que existe prueba es de que se desprendió del
50% del dominio de ese bien, según da cuenta el “Formulario Único
Nacional” (que tiene por fecha 6 de enero de 1996) y la licencia de tránsito
allegadas con la demanda127. Aunque se demostró que la volqueta estaba
involucrada en la ejecución de relaciones contractuales (transporte de
mercancías), el destinatario de los eventuales pagos de los servicios no era
Salvador Pardo Lobo sino, mayoritariamente (24 documentos128), “Diofanol
Pardo Lobo” y solo en uno de ellos aparece como acreedor el acá
demandante, circunstancia que impone concluir que los ingresos de esa
volqueta no tenían a su patrimonio como frecuente destinatario. En fin, no
se probó que la venta del 50% de ese bien hubiera tenido como causa la
privación de la libertad del acá demandante, y que esta hubiera
determinado, asimismo, la terminación de los contratos de transporte
vigentes.
127. También solicitó el pago de $27’900.000, $25’200.000 y $5’100.000 por
las ganancias dejadas de percibir por negocios de compraventa de
ganado. Aunque con la demanda se allegaron certificaciones expedidas
por tres personas (Ricardo Angarita Medina, Víctor Manuel Zuluaga Henao y
León Guillermo Garzón Cárdenas129), quienes afirmaron que realizaron
“transacciones comerciales de ganado” en las que Pardo Lobo reportaba
una utilidad promedio del 10%, beneficio que, allí se consignó, le era
pagado en efectivo, quienes suscribieron esas certificaciones no
acreditaron, de cualquier forma, que estaban dedicadas de manera
esporádica, habitual o profesional (las certificaciones mencionan
“transacciones comerciales de ganado”) a la intermediación ganadera, lo
que pone en entredicho la aptitud que tenían para emitirlas. Esos tres
documentos, en cualquier caso, se refirieron a utilidades “promedio”, lo que
denota una falta de certeza adicional sobre el monto de los ingresos que
tenía la víctima.
128. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala insiste en que ese tipo de
certificaciones, aunque podrían dar cuenta de la existencia de relaciones
contractuales, no son pruebas fehacientes de su cumplimiento, que no
puede darse por descontado por el hecho de que los testigos solicitados por
este demandante (entre ellos las tres personas acabadas de citar130),
127 Fl. 37-39 “Cuadernos: 1” Exp. 2000-1214.
128 Fl. 41-63 “Cuadernos: 1” Exp. 2000-1214.
129 Fl. 32-33 y 35 “Cuadernos: 1” Exp. 2000-1214.
130 Fl. 339-347 “Cuadernos: 1” Exp. 2000-1214.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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convergieron en afirmar que la víctima directa se dedicaba, entre otras
cosas, a la intermediación en la compra y venta de ganado.
129. Otro tanto ocurre con la reclamación de pago de $12’200.000, por las
ganancias dejadas de percibir en negocios venta de leche. No se acreditó
que Gregorio de Jesús Restrepo León tuviera una empresa dedicada al
procesamiento de productos lácteos; al no estar demostrada la calidad que
se atribuyó al suscribir la certificación, no se le puede dar relevancia
demostrativa a las aseveraciones que, invocando esa precisa calidad,
realizó.
130. Haciendo abstracción de lo anterior, la Sala insiste en que esa
certificación, no sería prueba idónea de que el patrimonio de la víctima
directa, en efecto, percibía un beneficio económico y con determinada
periodicidad. Podría ser tomada como indicio de la existencia de relaciones
contractuales, pero no de su cumplimiento.
131. Por todo lo anterior, ante la falta de prueba incontrastable de la
cuantía de los ingresos frustrados que experimentó Salvador Pardo Lobo con
ocasión de su detención, la Sala asumirá que devengaba un salario mínimo
legal vigente.
132. Para terminar, Luis Armando Suescún Gómez reclamó la reparación
del daño emergente en cuantía de $20’000.000, valor que representaba sus
gastos de representación judicial dentro del proceso penal; a título de lucro
cesante, solicitó el pago de “$34’400.000” que correspondían a valores que,
alegó, dejaron de ingresar a su patrimonio como consecuencia de la
privación de su libertad. La Sala no accederá al reconocimiento del daño
emergente; y a falta de prueba concluyente sobre los ingresos que dejó de
percibir por la restricción de su libertad, como en los demás casos, asumirá
que este demandante devengaba, por lo menos, el salario mínimo legal
mensual. Este demandante tampoco elevó pretensiones de pago de
prestaciones sociales dejadas de percibir durante la privación de su libertad.
133. Sobre el pago de honorarios profesionales por concepto de daño
emergente, la Sala reitera que (del mismo modo en que lo hizo en el caso
de Barajas Espinel y Pardo Lobo), no se aportaron las facturas o documentos
equivalentes con las exigencias previstas por la sentencia de unificación
(Sentencia de 18 de julio de 2019), y los presupuestos previstos en los artículos
615 y 617 del Estatuto Tributario. La Sala precisa que la parte actora no
acompañó algún contrato de prestación de servicios profesionales para la
defensa dentro del proceso penal, por lo que se desconocen los
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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pormenores de esa relación, vicisitud que dificultaría determinar si los pagos
eventualmente realizados tenían, o no, relación con la misma.
134. Aunque con posterioridad a la presentación de la demanda, la parte
actora allegó, un certificado de pago de $10’000.000 por honorarios
profesionales dentro del proceso penal131, dicho documento no tiene
aptitud demostrativa por lo siguiente: fue allegado de manera espontánea
por la parte actora, quien no lo aportó o solicitó como prueba en la
demanda, así como tampoco lo anexó al proceso, en la forma que
corresponde, dentro de alguna de las oportunidades con las que contaba
para solicitar o aportar pruebas (v. gr., reforma de la demanda, o al
descorrer el traslado de las excepciones). Por lo demás, ese documento no
fue decretado como prueba por el Tribunal Administrativo.
135. Ahora, si se asumiera que ese documento podía ser valorado, lo cierto
es que no hay elementos de juicio sobre el cumplimiento efectivo de las
prestaciones a cargo del contratante, prueba que no viene conformada
por la simple afirmación del presunto acreedor de la prestación, en el
sentido de que los pagos adeudados se realizaron. Ese tipo de
aseveraciones (aunque se hagan constar por vía documental) no son, se
reitera, prueba del cumplimiento, pues este, cuando está referido a la
entrega de sumas de dinero, presupone la transferencia -entrega,
circulación- de un capital, acto jurídico independiente y, además,
comprobable (facturas, comprobantes de transferencias, etc.), que no se
demuestra o puede inferirse de la existencia del vínculo negocial.
136. Finalmente, a propósito del lucro cesante, la Sala solo cuenta con una
constancia, expedida por Cándida Rosa Castro Amaya132, según la cual
Suescún Gómez era administrador de una droguería, labor por la que, según
se afirmó en ese documento, recibía una remuneración mensual de
$600.000 (la certificación tiene fecha cierta del 23 de marzo de 2000). Sin
embargo, no se acreditó la condición en la que Castro Amaya suscribió ese
certificado, esto es, la de dueña del establecimiento de comercio en la que
se afirma que prestaba sus servicios Suescún Gómez, circunstancia que le
resta aptitud demostrativa a las aseveraciones documentadas que,
invocando precisamente esa condición, realizó.
137. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que esa certificación no
tendría la aptitud de acreditar el cumplimiento efectivo de prestaciones de
naturaleza contractual o laboral, como, por el contrario, se insiste, la
tendrían los recibos de pago de algunos periodos, o las transferencias o
131 Fl. 64 “Cuadernos: 1” Exp. 2000-654.
132 Fl. 63 “Cuadernos: 1” Exp. 2000-654.
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Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
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consignaciones bancarias sobre los mismos, incluso, la contabilidad que
tendría que llevar el contratante dada su condición de comerciante. Estos
últimos documentos serían manifestación tangible de actos jurídicos de
cumplimiento (circulación de un capital) y, por lo mismo, permitirían no solo
tener certeza de la satisfacción de obligaciones contractuales, sino,
también, de su importe. Por lo anterior, ante la falta de prueba concluyente
de la cuantía de los ingresos frustrados que experimentó Suescún Gómez, la
Subsección asumirá que, por lo menos, devengaba un salario mínimo legal
vigente.
138. Con fundamento en lo anterior, la respectiva operación
matemática133 arroja como resultado las siguientes sumas a pagar por cada
una de las entidades demandadas:
Demandante Fiscalía General de Rama Judicial
la Nación
1. Expediente 1998-1027
Excelino Ariza Santana $37.264.983,47 134 N/A
2. Expediente No. 1998-799
Gustavo Barajas Espinel $36.992.929,87 N/A
3. Expediente No. 2000-654
Luis Armando Suescún Gómez $25.519.967,17 $39.723.596
4. Expediente No. 2000-1214
Salvador Pardo Lobo $14.103.966 N/A
2.7. Costas
139. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia
en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes,
condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se
proceda de esta forma.
133El perjuicio que se indemniza corresponde al periodo de privación de la libertad que experimentaron los
demandantes principales por cuenta de cada una de las entidades demandadas, los cuales fueron identificados
en párrafos precedentes.
Para la liquidación del perjuicio se aplicó la siguiente fórmula:
S = Ra (1+ i)n - 1
i
En donde, “S” Es la indemnización a obtener; “Ra” el capital adeudado ($1’423.500); “i” el interés puro o técnico:
0.004867 y “n” el período indemnizable, que varía en cada caso, así: Excelino Ariza Santana, 24 meses y 18 días;
Gustavo Barajas Espinel, 24 meses y 13 días. Salvador Pardo Lobo 9 meses y 20 días. En el caso de Luis Armando
Suecún, 17 meses y 8 días (que corresponden a la privación por cuenta de la Fiscalía) y 26 meses y 6 días (que
corresponden al periodo de privación a cargo de la Rama Judicial), para un total, en su caso, de 43 meses y 14
días.
134 Sin embargo, como se indicó en el párrafo 118, por este concepto solo se condenará a la Fiscalía General de
la Nación al pago de $34’540.365, suma que corresponde a la condena que por lucro cesante impuso el Tribunal
Administrativo, y que será traída a valor presente utilizando la siguiente fórmula: VA=VH x IPC Final ÷ IPC inicial,
donde: VA (valor actual) = VH (valor histórico [que es la suma a actualizar]) x (IPC final [el más próximo a esta
sentencia - enero de 2025]) ÷ IPC inicial [el vigente al momento del fallo recurrido - junio 2012]. Entonces: VA:
$34’540.365 x 146,24 ÷ 77,72. VA= $64’992.060.
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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2. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, la Sentencia de 14 de junio de 2012, proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, que accedió parcialmente a las
pretensiones, la cual quedará así:
SEGUNDO: DECLARAR responsable a la Nación - Fiscalía General de la
Nación, de los perjuicios materiales e inmateriales causados a Excelino Ariza
Santana, Gustavo Barajas Espinel, Luis Armando Suescún Gómez y Salvador
Pardo Lobo, y a sus grupos familiares, por la privación injusta de la libertad
padecida por las víctimas directas.
TERCERO: CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a la
indemnización del perjuicio moral a favor de los demandantes principales y
sus grupos familiares, únicamente en la proporción equivalente al tiempo de
la detención de las víctimas directas a cargo de esa entidad, como se
establece en el siguiente cuadro:
Demandante Fiscalía General de la Nación
1. Expediente 1998-1027
Excelino Ariza Santana 50,55 SMLMV
Clemencia Rueda de Ariza 25,27 SMLMV
Héctor Alonso Ariza Rueda 25,27 SMLMV
Gladys Rufina Ariza Rueda 25,27 SMLMV
Lilia Marina Ariza Rueda 25,27 SMLMV
Erasmo Ariza Rueda 25,27 SMLMV
2. Expediente No. 1998-799
Gustavo Barajas Espinel 50,38 SMLMV
Mercedes Martínez Serrano 17,63 SMLMV
Gustavo Adolfo Barajas Martínez 17,63 SMLMV
Juan Pablo Barajas Martínez 17,63 SMLMV
Carlos Andrés Barajas Martínez 17,63 SMLMV
3. Expediente No. 2000-654
Luis Armando Suescún Gómez 39,66 SMLMV
4. Expediente No. 2000-1214
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
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Salvador Pardo Lobo 35,75 SMLMV
Edna Judith Guevara de Pardo 12,51 SMLMV
Adolfo José Pardo Guevara 12,51 SMLMV
Ernesto Miguel Pardo Guevara 12,51 SMLMV
Diana Paola Pardo Pinzón 12,51 SMLMV
CUARTO: CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación, a la
indemnización del lucro cesante a favor de los demandantes principales,
únicamente en la proporción equivalente al tiempo de la detención de las
víctimas directas a cargo de esa entidad, como se establece en el siguiente
cuadro:
Demandante Fiscalía General de la Nación
1. Expediente 1998-1027
Excelino Ariza Santana $64’992.060
2. Expediente No. 1998-799
Gustavo Barajas Espinel $36.992.929,87
3. Expediente No. 2000-654
Luis Armando Suescún Gómez $25.519.967,17
4. Expediente No. 2000-1214
Salvador Pardo Lobo $14.103.966
QUINTO: DECLARAR responsable a la Nación – Rama Judicial, de los
perjuicios materiales e inmateriales causados a Luis Armando Suescún
Gómez, por la privación injusta de su libertad.
SEXTO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial, al pago de la indemnización
de los siguientes perjuicios a favor de Luis Armando Suescún Gómez:
1. Por perjuicio moral 60,34 SMLMV, valor que corresponde a al tiempo
de su detención a cargo de esa entidad.
2. Por lucro cesante $39.723.596, valor que corresponde al tiempo de
su detención a cargo de esa entidad.
SÉPTIMO: En el caso de Luis Armando Suescún Gómez, se deberá tener en
cuenta que, por Auto de 22 de julio de 2019, corregido en Auto de 6 de
noviembre del mismo año, fueron reconocidos como sucesores procesales
Leila Yadira del Pilar Suescún Castro, Lyda Maritza Suescún Olarte y Elizabeth
Suescún Olarte (hijas) y Cándida Rosa Castro Amaya (compañera
permanente).
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Radicación: 54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372)
Acumulados: 1998-1027; 1998-799; 1999-357; 1999-358; 2000-654; 2000-1214.
Demandantes: Excelino Ariza Santana y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación y otros Decisión: Modifica
____________________________________________________________________________________
OCTAVO: ORDENAR que la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Rama
Judicial, emitan un comunicado en el cual ofrezcan disculpas por la
afectación del buen nombre de Excelino Ariza Santana, Gustavo Barajas
Espinel, Luis Armando Suescún Gómez y Salvador Pardo Lobo, en las
condiciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
NOVENO: NEGAR las demás pretensiones formuladas por Excelino Ariza
Santana, Gustavo Barajas Espinel, Luis Armando Suescún Gómez y Salvador
Pardo Lobo.
DÉCIMO: CONFIRMAR la sentencia apelada en lo que a la negativa de las
pretensiones de Jorge Armando Lugo Aponte y José Alejandro Ardila Molina
se refiere, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte
motiva de este fallo.
UNDÉCIMO: CONFIRMAR la sentencia apelada en cuanto declaró probada
de la excepción de falta de legitimación pasiva en la causa de la Nación –
Ministerio de Justicia y del Derecho.
DUODÉCIMO: NO CONDENAR en costas.
DÉCIMOTERCERO: EJECUTAR esta Sentencia en los términos de los artículos
176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
DÉCIMOCUARTO: EXPEDIR copia de la Sentencia de segunda instancia,
conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del C.P.C. Para tal efecto, el
Tribunal de instancia cumplirá lo previsto por el artículo 362 del C.P.C.
DÉCIMOQUINTO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriado este
proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su
competencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto Con aclaración de voto
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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