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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02696-00

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02696-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Fiscalía General de la Nación. SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por Hipólito Calderón Díaz y José Ángel Angarita, a través de la acción de tutela instaurada en contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02696-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

19 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02696-00
Accionante: Hipólito Calderón Díaz y otros
Accionado: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección C

Temas: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Privación
injusta de la libertad. Ausencia de los defectos invocados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. Decide la Sala1 la acción de tutela formulada por Hipólito Calderón Díaz y José
Ángel Angarita en contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

2. El 11 de abril de 2025, Hipólito Calderón Díaz y otros presentaron acción de
tutela, con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, seguridad jurídica,
reparación integral, verdad y no repetición.

3. Como consecuencia de lo anterior, solicitaron dejar sin efectos la Sentencia
proferida el 23 de septiembre de 20242 por la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado en el medio de control de reparación directa con radicado
No. 50001-23-33-1000-2011-00369-01 y se le ordenara proferir una decisión de
remplazo, en la que se valoren de manera integral y conforme a la Constitución
Política las consideraciones expuestas en el escrito de tutela.

4. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora señaló
que, el 21 de julio de 2011, José Ángel Angarita Leonel (hoy fallecido), Hipólito
Calderón Díaz, Luz Albenis Correa Martínez, Leidy Yohana Angarita Correa, José
Bladimir Angarita Correa, Yudy Yicela Angarita Correa, Luz Marina Leonel García
(hoy fallecida), José Ángel Angarita, Melicio Angarita Leonel, José Darío Angarita
Leonel y Magnolia Angarita Leonel, Margoth Gutiérrez Guerrero, Nohemí Margarita

1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.
2
Notificada el 18 de octubre de 2024.

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Accionantes: Hipólito Calderón Díaz y otro

Calderón Gutiérrez, Daniel David Calderón Gutiérrez, Rut Isabel Calderón
Gutiérrez, Sandra Yolima Calderón Gutiérrez y Samuel Hipólito Calderón Gutiérrez,
por intermedio de apoderado judicial, instauraron demanda de reparación directa en
contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial para que se les
declarara administrativamente responsables por los perjuicios sufridos, con ocasión
de la privación injusta de la libertad de la que fueron objetos los 2 primeros
mencionados por la presunta comisión del delito de rebelión.

5. El 19 de abril de 2018, el Tribunal Administrativo del Meta accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que la privación de la
libertad de José Ángel Angarita Leonel e Hipólito Calderón Díaz fue injusta, toda vez
que fueron absueltos porque «no se probó que cometieron el delito investigado», lo
cual, en su criterio, constituía uno de los supuestos para declarar objetivamente la
responsabilidad patrimonial del Estado.

6. Inconforme con la anterior decisión, el 8 de mayo de 2018, la parte actora
interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó (i) incrementar el valor reconocido
por lucro cesante a favor de José Ángel Angarita Leonel e Hipólito Calderón Díaz; y
(ii) reconocer una indemnización de perjuicios por concepto de daño a la vida de
relación a José Ángel Angarita Leonel.

7. Por su parte, el 21 de mayo de 2018, la Fiscalía General de la Nación también
apeló la decisión, para lo cual solicitó analizar el caso bajo un régimen subjetivo de
responsabilidad, puesto que los procesados fueron absueltos en aplicación del
principio de in dubio pro reo.

8. El 23 de septiembre de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia, debido a que en el
caso no se configuró el daño antijurídico, lo que hacía infructuoso el análisis de los
demás elementos de responsabilidad e inclusive el estudio de una eventual causa
extraña, dado que la responsabilidad es una institución de carácter derivado que
depende necesariamente de la suma y presencia condicional de la totalidad de sus
elementos y que, ante la ausencia de alguno de estos, no puede reconocerse la
obligación de reparar.

9. Como fundamentos de derecho, los accionantes afirmaron que la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al expedir la sentencia
del 23 de septiembre de 2024, incurrió en las siguientes causales específicas de
procedibilidad:

10. Defecto fáctico, en la dimensión negativa, por una defectuosa valoración del
material probatorio. Concretamente, al (i) apreciar de manera deficiente las
declaraciones rendidas por Jhon Fredy Fierro Salazar, Edel Smith Ramírez e Isidro
Méndez Lasso en el marco del proceso penal y tenidos en cuenta por la Fiscalía
General de la Nación para imponer la medida privativa de libertad, limitándose a
transcribirlas y asumir su validez sin un análisis riguroso e integral que le permitiera
determinar si el contenido de estas era suficiente para inferir la existencia de indicios
graves de responsabilidad; (ii) no abordar los argumentos o «silencios» del ente

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investigativo, relativos a los supuestos riesgos de fuga, de reiteración o de
entorpecimiento de la justicia generados por la eventual liberación de José Ángel
Angarita Leonel (hoy fallecido) e Hipólito Calderón Díaz; y (iii) darle poco valor
probatorio a la sentencia penal de primera instancia proferida por el Juzgado Penal
de Circuito de Granada, mediante la cual se absolvió a los acusados.

11. Violación directa de la Constitución Política, comoquiera que la Subsección
accionada, al optar por aplicar el régimen subjetivo en lugar del objetivo, vulneró el
derecho a la igualdad y la presunción de inocencia, pues efectuó un trato desigual
entre «sujetos que, a efectos del derecho penal, son iguales, y, por ende, no tenían
la obligación de soportar una privación a un bien jurídico tan importante y
fundamental como lo es la libertad personal».

12. Indicó que el Consejo de Estado justificó el uso del régimen subjetivo con base
en que la absolución se dio por duda razonable (in dubio pro reo), pero esto creó
una distinción arbitraria entre personas declaradas inocentes en el proceso penal,
implicando que algunos deban probar una falla estatal para recibir reparación,
mientras que otros no, lo cual, en su criterio, es inconstitucional. Además, resaltó
que la medida de aseguramiento se impuso en un contexto excepcional «la política
de Seguridad Democrática y la lucha contra el terrorismo», sin respetar garantías
procesales ni el principio de proporcionalidad, lo que agrava la vulneración de
derechos.

13. Desconocimiento del precedente judicial, comoquiera que la Sección Tercera
del Consejo de Estado en las sentencias (i) del 27 de julio de 2023, radicado 50001-
23-31-000-2008-00403-01; y (ii) del 7 de febrero de 2025, con radicado 54001-23-
31-000-1998-01027-01, analizó la responsabilidad de la Fiscalía General de la
Nación por privación injusta de la libertad padecida por personas que fueron
absueltas en el proceso penal, y sostuvo que, a pesar de que se hubiese establecido
la legalidad de la medida de aseguramiento impuesta, la absolución de la víctima
supone la existencia de un daño antijurídico que no se está en el deber legítimo de
soportar.

Intervenciones3

14. La Fiscalía General de la Nación afirmó que carece de legitimación en la
causa por pasiva, ya que no es la entidad llamada a pronunciarse sobre las
pretensiones planteadas, dado que no existe una relación de causalidad entre sus
actuaciones y la presunta vulneración de derechos fundamentales invocados por
los accionantes.

3
El 12 de mayo de 2025, el despacho del magistrado sustanciador de la presente decisión admitió la acción de tutela en
contra de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y vinculó al Tribunal Administrativo del Meta, a la
Nación – Rama Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y a Luz Albenis Correa Martínez, Leidy Yohana Angarita Correa,
José Bladimir Angarita Correa, Yudy Yicela Angarita Correa, Melicio Angarita Leonel, José Darío Angarita Leonel, Magnolia
Angarita Leonel, Margoth Gutiérrez Guerrero, Nohemí Margarita Calderón Gutiérrez, Daniel David Calderón Gutiérrez, Rut
Isabel Calderón Gutiérrez, Sandra Yolima Calderón Gutiérrez y Samuel Hipólito Calderón Gutiérrez, en calidad de terceros
con interés en el proceso.

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15. Además, indicó que la acción de tutela era improcedente, por cuanto la parte
actora, en primer lugar, no explicó por qué no utilizó los otros mecanismos judiciales
idóneos disponibles para resolver la controversia, en particular el recurso
extraordinario de revisión; en segundo lugar, no fundamentó adecuadamente,
conforme a la jurisprudencia, las causales específicas de procedibilidad de este
medio frente a providencias judiciales; y, en tercer lugar, empleó la tutela para
intentar reabrir un debate legal ya resuelto en el proceso ordinario. En
consecuencia, solicitó su desvinculación del presente trámite y la declaratoria de
improcedencia de la acción.

16. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Villavicencio (Meta) manifestó que la acción de tutela era improcedente, puesto
que no constituye una tercera instancia, máxime cuando los actores contaban con
el recurso extraordinario de revisión.

17. En todo caso, frente al caso bajo estudio, señaló que el Consejo de Estado
efectuó un análisis minucioso de los medios de prueba obrantes en el proceso,
asimismo, tuvo en cuenta los precedentes judiciales en materia de responsabilidad
del Estado, por ende, con la revocatoria de la sentencia de primera instancia,
contrario a lo manifestado por los tutelantes, no se configura ningún defecto. En
consecuencia, solicitó no acceder a las súplicas formuladas.

18. El Tribunal Administrativo del Meta solo remitió copia del expediente digital
del medio de control de reparación directa con radicado 50001-23-33-1000-2011-
00369-00/01.

19. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado guardó
silencio, a pesar de que fue debidamente notificada del auto admisorio de la acción
de la referencia.

II. CONSIDERACIONES

Cuestión previa

20. Antes de definir el problema jurídico que aquí se abordará, la Sala aclara
que no accederá a la solicitud de desvinculación formulada por la Fiscalía General
de la Nación, comoquiera que aquella fue vinculada al presente trámite debido a
que hizo parte del proceso de reparación directa, en calidad de demandada, frente
al cual hoy se discute la sentencia se segunda instancia, por lo que le asiste un
interés en el resultado del presente asunto.

Problema jurídico

21. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al expedir la Sentencia del 23 de
septiembre de 2024, incurrió en defecto fáctico, violación directa de la Constitución
Política y/o desconocimiento del precedente judicial; por ende, vulneró los derechos

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fundamentales invocados por la parte accionante.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

22. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
toda vez que el debate gira en torno a la presunta transgresión de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad
y seguridad jurídica. Se argumentaron con suficiencia los reparos alegados, los
cuales no son asuntos de mera legalidad o carácter eminentemente económico; (2)
se tiene acreditada la legitimación, tanto activa como pasiva, puesto que los
accionantes son los titulares de las garantías constitucionales que se invocan como
vulneradas, y la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado fue la
autoridad que profirió la decisión que se cuestiona en el escrito de amparo; (3) no
existe otro mecanismo judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de
sus derechos constitucionales; (4) la acción de tutela se presentó el 11 de abril de
2025, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia
del 23 de septiembre de 20244; (5) no se cuestionó una irregularidad procesal, sino
el hecho de realizarse el estudio sin un adecuado análisis probatorio y
jurisprudencial; (6) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con
fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (7)
la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.

Análisis de vulneración alegada: estudio de los defectos

23. La Sala negará al amparo solicitado por la entidad accionante, por las
razones que a continuación se exponen:

24. Para resolver, se considera necesario analizar los argumentos en que se
apoyó la autoridad accionada para revocar la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

25. Así, se advierte que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en la Sentencia del 23 de septiembre de 2024, luego de analizar el régimen
de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad y los elementos
probatorios obrantes en el expediente5, procedió a estudiar el daño alegado
consistente en la privación de la libertad de José Ángel Angarita Leonel e Hipólito
Calderón Díaz, como resultado de una medida de aseguramiento impuesta por la
Fiscalía 16 de la Unidad contra el Terrorismo, la cual los demandantes consideran

4
La providencia fue notificada el 18 de octubre de 2024.
5
Entre otras, la Resolución del 14 de noviembre de 2007, mediante la cual la Fiscalía 16 de la Unidad contra el Terrorismo
impuso medida de aseguramiento a los señores Angarita Leonel y Calderón Díaz como presuntos autores del delito de
rebelión, en virtud de declaraciones que los señalaban como «milicianos de las FARC»; y la sentencia del 26 de junio de
2009, mediante la cual el Juzgado Penal del Circuito de Granada absolvió a José Ángel Angarita Leonel e Hipólito Calderón
Díaz por in dubio pro reo.

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injusta. Para sustentar su análisis, la accionada, en primer lugar, hizo referencia a
los artículos 3556, 3567 y 3578 de la Ley 600 de 2000.

26. Bajo ese contexto normativo, la autoridad judicial consideró que la medida de
aseguramiento impuesta el 14 de noviembre de 2007 por la Fiscalía 16 de la Unidad
contra el Terrorismo cumplió con las exigencias previstas en el artículo 356 de la
Ley 600 de 2000, pues se sustentó en las declaraciones juramentadas de John
Fredy Fierro Salazar, Isidro Méndez Lasso y Edel Smith Ramírez, exintegrantes de
las FARC, que como prueba directa para ese momento procesal permitían inferir,
preliminarmente, que José Ángel Angarita Leonel e Hipólito Calderón Díaz podían
ser autores del delito de rebelión. En efecto, sostuvo lo siguiente:

«[…] Así las cosas, se advierte que en contra de José Ángel Angarita Leonel alias
“Rancho de Paja” existían tres declaraciones juradas que lo sindicaban de ser autor del
delito de rebelión. Precisamente, John Fredy Fierro Salazar en declaración jurada
sostuvo que “él es comandante de una escuadra de milicias en la vereda, se encarga
de recoger información y organizar fiestas y bazares para recoger fondos para para la
guerrilla, tiene cultivos de coca”. Por su parte, Edel Smith Ramírez en declaración
jurada indicó “Io conocí haciendo curso de inteligencia que lo hicimos en la vereda de
San Miguel a finales del 2003, miliciano de la vereda la Argelia municipio de Uribe, no
le conozco mucho de él, porque es de otra parte, lo único que sé es que es miliciano
ya que estuvo haciendo conmigo varios cursos de inteligencia... mueve víveres y
material de guerra a las FARC, él pasaba entre las veredas de la Argelia a Muriba a
recoger intendencia en las mulas, un día yo estaba ahí y las llevaba para el lado de
San Carlos donde los conejos, que es un sitio de bodega y a donde los Choyos”.
Igualmente, Isidro Méndez Lasso en declaración jurada manifestó “lo conozco de la
Julia y se desempeña como miliciano de información, yo lo miraba andando con más
milicianos, tenía contacto directo con la subversión”

De otro lado, se evidencia que frente a Hipólito Calderón Díaz alias “Polo o Pata Limpia”
existían dos declaraciones juradas que lo sindicaban de ser autor del delito de rebelión.
Justamente, John Fredy Fierro Salazar sostuvo en su declaración juramentada que
“alias Polo, tiene un granero en donde la guerrilla guarda estopines, munición y
artefactos explosives, queda saliendo del pueblo la Julia, hacia el lado de la pista...
lleva la economía y surte a las FARC, tiene un hijo en la guerrilla”. En el mismo sentido,
Isidro Méndez Lasso en declaración jurada indicó que “alias Pata Limpia o Polo, es
miliciano neto, suministra información de la tropa, además, encargado de enviar
economía desde la Julia, ya que tiene un granero, es una persona muy antigua en la
Julia, él estaba pendiente de todo lo que llegaba y salía de la Julia”.

De conformidad con lo anterior, se observa que la medida cautelar privativa de la
libertad, satisfizo los requisitos previstos en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, esto
es, existir “[…] por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las
pruebas legalmente producidas dentro del proceso”, más aún porque los testimonios
de John Fredy Fierro Salazar, Isidro Méndez Lasso y Edel Smith Ramírez eran pruebas
directas que permitieron superar las exigencias previstas en el artículo referido, para
poder imponer una medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de
José Ángel Angarita Leonel e Hipólito Calderón Díaz.

Bajo la óptica anterior, se observa que la Resolución del 14 de noviembre de 2007 por
la Fiscalía 16 de la Unidad contra el Terrorismo, que ordenó imponer medida de
aseguramiento en contra de José Ángel Angarita Leonel e Hipólito Calderón Díaz

6
FINES. La imposición de la medida de aseguramiento procederá para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso,
la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la continuación de su actividad delictual o las labores que
emprenda para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad
probatoria.
7
REQUISITOS. Solamente se tendrá como medida de aseguramiento para los imputables la detención preventiva. Se
impondrá cuando aparezcan por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente
producidas dentro del proceso.
8
PROCEDENCIA. La medida de aseguramiento procede […] cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea
o exceda de cuatro años.

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(hecho probado 7.1.7.), cumplió con lo dispuesto en el artículo 356 de la Ley 600 del
2000, porque se fundamentó en las versiones juramentadas de los exintegrantes de las
FARC, John Fredy Fierro Salazar, Isidro Méndez Lasso y Edel Smith Ramírez,
declaraciones que, según lo consagrado en la medida precautelar, fueron claras y
consistentes, alcanzando el estándar probatorio exigido en la ley procesal penal para
imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de los implicados
[…]».

27. En esa oportunidad, la autoridad accionada estimó que la Fiscalía General de
la Nación no ocasionó un daño antijurídico a los procesados, pues no quebrantó lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico y garantizó sus derechos, de conformidad con
lo estipulado en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000. Además, afirmó que la medida
de aseguramiento cumplió con los requisitos previstos en el artículo 357 de la
disposición mencionada, puesto que el delito por el cual se investigaba a José Ángel
Angarita Leonel y a Hipólito Calderón Díaz tenía prevista una pena de prisión que
excedía de cuatro (4) años. De hecho, el delito por el que se investigaba a los
procesados era el de rebelión, que según el artículo 467 de la Ley 599 de 2000 tenía
una pena de prisión mínima de seis (6) años.

28. Igualmente, señaló que la medida fue «i) necesaria, dado que existía el mérito
probatorio suficiente para decretar la medida preventiva conforme al ordenamiento
procesal penal vigente al momento de su imposición, determinación con la cual
también se garantizó la presencia de José Ángel Angarita Leonel e Hipólito Calderón
Díaz en el proceso penal que se seguía en su contra; ii) proporcional, por cuanto el
delito por el cual se investigaba a los indiciados era el de rebelión, que implicaba
una pena privativa de la libertad de seis (6) años de prisión; y iii) razonable, de cara
a la gravedad de la conducta». Indicó que el daño alegado encuentra amparo legal
por haberse derivado de una actuación de la Administración ajustada a derecho y
porque la medida de aseguramiento se dictó con fundamento en el material
probatorio mínimo que exigía la ley para la adopción de tal medida, frente a la cual
la parte demandante no puede pretender indemnización de perjuicios.

29. Finalmente, advirtió que la parte demandante tampoco allegó prueba alguna
que permitiera vislumbrar que la medida de aseguramiento carecía de
proporcionalidad, razonabilidad o que fuera arbitraria, carga que le correspondía
asumir con el propósito de acreditar la injusticia de la medida cuya omisión significa
la imposibilidad de acreditar responsabilidad al Estado por la privación de la libertad
de José Ángel Angarita Leonel e Hipólito Calderón Díaz, pues no logró establecerse
la antijuridicidad del daño que se les pudo haber causado.

30. En ese orden de ideas, la Sala considera que la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado valoró de manera racional e integral el material
probatorio, especialmente, los elementos de juicio invocados por los accionantes,
ya que, contrario a lo manifestado por dicha parte, no se limitó a transcribir las
declaraciones rendidas por los señores Fierro Salazar, Ramírez y Méndez Lasso,
sino que efectuó un análisis detallado de su contenido, examinándolas de manera
individual y conjunta, conforme a los artículos 356 y 357 de la Ley 600 de 2000.

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31. En efecto, la autoridad accionada determinó que las declaraciones
juramentadas de los testigos mencionados contenían descripciones directas y
específicas sobre las presuntas actividades de los señores Angarita Leonel y
Calderón Díaz en calidad de milicianos, encargados de logística, inteligencia,
almacenamiento de armas y suministro de bienes a la organización insurgente, lo
que la llevó a determinar que la medida de aseguramiento estuvo debidamente
fundamentada en pruebas que daban cuenta, de forma preliminar, que los antes
mencionados podían ser autores del delito por el cual eran investigados.

32. Ahora, con respecto al reparo del accionante sobre la omisión de analizar los
argumentos sobre la inexistencia de riesgos de fuga, reiteración delictiva o
entorpecimiento de la justicia, cuya ausencia haría injustificada la detención
preventiva, la Sala considera que no le asiste razón a estos, comoquiera que en la
providencia cuestionada se abordó de manera expresa el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 357 de la Ley 600 de 2000, norma que regula
los fines de la medida de aseguramiento. En su análisis, la accionada dejó claro que
la medida de detención preventiva impuesta reunía las condiciones de necesidad,
razonabilidad y proporcionalidad, toda vez que existía un mérito probatorio
suficiente que justificaba su adopción; el delito de rebelión investigado contemplaba
una pena privativa de la libertad superior a 4 años; y la medida resultaba adecuada
para garantizar la comparecencia de los procesados al proceso penal.

33. Adicionalmente, tampoco puede afirmarse que la autoridad tutelada no le dio
valor probatorio a la sentencia penal absolutoria, pues fue con base en esta que
reconoció expresamente que los procesados fueron absueltos en aplicación del
principio in dubio pro reo. Al respecto, repárese en que sólo hasta que se efectuó el
estudio de las pruebas, con el fin de establecer la plena responsabilidad penal, fue
que surgieron dudas que debieron ser resueltas a favor del investigado, en
virtud in dubio pro reo, lo cual no demuestra, por sí solo, la ausencia de mérito
para imponer la medida de aseguramiento.

34. En esa línea de ideas, debe tenerse en cuenta que el hecho de que en el
proceso penal los investigados hayan estado privados de la libertad y,
subsiguientemente, hayan sido absueltos no conlleva indefectiblemente a que el
Estado responda en todos los casos por esa restricción, ya que deben acreditarse
los elementos de la responsabilidad, de conformidad con el artículo 90 de la
Constitución Política y las normas que rigen la materia.

35. Sobre ello, se destaca que los resultados del proceso penal son
independientes de los del mecanismo de reparación directa, por privación injusta de
la libertad, ya que la labor del juez de lo contencioso administrativo no consiste en
valorar las decisiones penales, sino en determinar si existió responsabilidad estatal
y, por ende, si el daño causado debe ser reparado.

36. Lo anterior permite extraer que la posición asumida por el accionado no
desconoce ni se traduce en una indebida valoración de las pruebas allegadas al
proceso; por el contrario, el análisis probatorio se efectuó desde el punto de vista
de los elementos constitutivos de la responsabilidad estatal.

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37. Por otro lado, se observa que la parte accionante planteó que la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la providencia censurada,
incurrió en violación directa de la Constitución Política, al aplicar un régimen
subjetivo de responsabilidad por privación injusta de la libertad, pues generó una
distinción arbitraria frente a sujetos que, desde el punto de vista jurídico, son iguales,
pues fueron absueltos penalmente, y se les aplicó el régimen de responsabilidad
objetivo.

38. Al respecto, al leer detenidamente la sentencia objeto de reproche, se advierte
que la autoridad accionada explicó, con apoyo en el artículo 90 de la Constitución
Política y de la evolución jurisprudencial del Consejo de Estado, que el régimen
aplicable en cada caso no debe imponerse de forma automática, sino que debe
elegirse de acuerdo con las circunstancias fácticas y probatorias del proceso. Así,
la Subección accionada, frente al caso en concreto, reconoció expresamente que
los actores fueron absueltos penalmente, pero también explicó que dicha
absolución, en aplicación del principio in dubio pro reo, no implica, per se, la
declaratoria de responsabilidad del Estado, si la medida de aseguramiento fue
adoptada con base en un material probatorio que satisface los parámetros legales
para su imposición.

39. Ciertamente, el juez de la responsabilidad examinó si la restricción de la
libertad se dio con observancia de los principios de necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad, concluyendo que así fue. En consecuencia, el daño derivado de
la detención no fue antijurídico, y, por tanto, no surgía para el Estado el deber de
resarcir.

40. En esa medida, no es posible afirmar que existe un trato diferenciado por
aplicar un régimen distinto al objetivo, pues la propia jurisprudencia del máximo
órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha establecido que el
régimen aplicable en materia de privación injusta de la libertad no es único ni
excluyente, sino que puede ser objetivo o subjetivo, dependiendo de los supuestos
fácticos y jurídicos del caso (hechos materiales del caso). Por tanto, para la Sala no
se estructuró la causal específica invocada, al no haberse demostrado una indebida
interpretación o aplicación de un mandato constitucional.

41. Ahora bien, en relación con los proveídos que la parte accionante cita como
desconocidos, no constituye precedente judicial, en los términos de la Ley 1437 de
2011, por lo cual mal podría ordenársele a la autoridad accionada aplicar la posición
allí adoptada. En todo caso, se repara en que no comparten similitud fáctica con el
asunto que aquí se analiza, pues allí se estudió la responsabilidad del Estado, con
ocasión de la privación injusta de la libertad por el delito de secuestro agravado en
grado de tentativa.

42. Respecto de la Sentencia de 7 de febrero de 2025, Rad. 54001-23-31-000-
1998-01027-01, la Sala observa que dicho pronunciamiento fue emitido con
posterioridad a la providencia actualmente cuestionada, por lo que no resultaría
lógico exigirle a la corporación accionada que adopte la tesis allí expresada, ya que

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02696-00
Accionantes: Hipólito Calderón Díaz y otro

solo se encuentra obligada a aplicar el marco normativo y jurisprudencial vigente al
momento de resolver la controversia.

Conclusión

43. Con fundamento en los anteriores argumentos, la Sala negará el amparo
solicitado por Hipólito Calderón Díaz y José Ángel Angarita, al no haberse
estructurado los defectos fáctico, violación directa de la Constitución Política y
desconocimiento del precedente judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Fiscalía
General de la Nación.

SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por Hipólito Calderón Díaz y José Ángel
Angarita, a través de la acción de tutela instaurada en contra de la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
A. R. F.

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