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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2008-00403-01

Fecha
27 de julio de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-31-000-2008-00403-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Modifícase la sentencia proferida el 19 de agosto de 2015 por el Tribunal Administrativo del Meta la cual queda así: PRIMERO: Declárase patrimonial y extracontractualmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los daños antijurídicos causados por la privación injusta de la libertad que padeció la señora Rogelia Isabel Granda Patiño. 20 Expediente 50001-23-31-000-2008-00403-01 (59.189) Demandante: Rogelia Isabel Granda Patiño y otros Reparación directa Apelación sentencia SEGUNDO: Como consecuencia, condénase a la Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicio moral, las siguientes sumas de dinero: a) Para la actora Rogelia Isabel Granda Patiño la suma equivalente a cuarenta y ocho punto cero nueve (48.09) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia. b) Para cada uno de los actores Natalia Isabel Meneses Granda y Juan Guillermo Meneses Granda la suma equivalente a dieciséis punto ochenta y tres (16.83) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia. c) Para cada uno de los actores Manuel Jesús Granda Patiño y Ana Leonor Granda Patiño la suma equivalente a catorce punto cuarenta y tres (14.43) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia. d) Para la masa herencial de la señora Isabel Cesarina Patiño de Granda la suma equivalente a veinticuatro punto cero cinco (24.05) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia. e) Para la masa herencial de la señora Erika Janneth Meneses Granda la suma equivalente a dieciséis punto ochenta y tres (16.83) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia. TERCERO: La Fiscalía General de la Nación remitirá con destino a la señora Rogelia Isabel Granda Patiño una misiva en la que exprese disculpas a raíz de la privación de la libertad de la cual fue objeto y reconozca que no era responsable del delito por el que fue privada de su […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 50001-23-31-000-2008-00403-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

27 de julio de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintisiete (27) de julio de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 50001-23-31-000-2008-00403-01 (59.189)
Actor: ROGELIA ISABEL GRANDA PATIÑO Y OTROS
Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Acción: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - PRIVACIÓN INJUSTA
DE LA LIBERTAD – LEY 600 DE 2000

Síntesis del caso: la señora Rogelia Isabel Granda Patiño fue vinculada a una investigación
penal y se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento
carcelario por la supuesta comisión del delito de secuestro simple agravado en grado de
tentativa. En la etapa de juicio fue absuelta por atipicidad de la conducta. La Sala modifica
la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la
Nación (fls. 643 a 653 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 19 de
agosto de 2015 por el Tribunal Administrativo del Meta (fls. 604 a 640 cdno.
apelación) mediante la cual se dispuso lo siguiente:

“PRIMERO: DECLÁRASE administrativamente responsable a la
NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por los daños y perjuicios
ocasionados a los actores con ocasión de la privación injusta de la libertad
de la que fue objeto la señora ROGELIA ISABEL GRANDA PATIÑO entre
los días 13 de septiembre de 2003 y 6 de marzo de 2006.

SEGUNDO: En consecuencia, CONDÉNASE a la NACIÓN - FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, a pagar a favor de las personas que a
continuación se relacionan, los siguientes SMLMV por concepto de
perjuicios morales:

ROGELIA ISABEL GRANDA 100 SMLMV
PATIÑO (VÍCTIMA)
ISABEL CESARINA PATIÑO 100 SMLMV
(MADRE)
NATALIA ISABEL MENESES 100 SMLMV
GRANDA (HIJO)
JUAN GUILLERMO MENESES 100 SMLMV
GRANDA (HIJO)
ERIKA JANNETH MENESES 100 SMLMV
GRANDA (HIJA)
MANUEL JESÚS GRANDA 50 SMLMV
PATIÑO (HERMANO)
ANA LEONOR GRANDA 50 SMLMV
PATIÑO (HERMANA)

Las sumas concedidas a las señoras ISABEL CESARINA PATIÑO DE

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Expediente 50001-23-31-000-2008-00403-01 (59.189)
Demandante: Rogelia Isabel Granda Patiño y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

GRANDA y ERIKA JANNETH MENESES GRANDA, se reconocen a favor
de la sucesión de cada una, en virtud a la parte motiva de la sentencia.

TERCERO: CONDÉNASE a la Nación - Fiscalía General de la Nación -
Rama Judicial (sic) a pagar a la demandante ROGELIA ISABEL GRANDA
PATIÑO, a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante
la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA
Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
($34.695.377).

CUARTO: DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda (…).”
(fls. 638 a 640 cdno. apelación - negrillas y mayúsculas sostenidas del
original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1) Mediante escrito radicado el 3 de marzo de 2008 (fl. 148 cdno. 1), los señores
Rogelia Isabel Granda Patiño, Natalia Isabel Meneses Granda, Juan Guillermo
Meneses Granda, Érika Janneth Meneses Granda, Manuel Jesús Granda Patiño,
Ana Leonor Granda Patiño e Isabel Cesarina Patiño de Granda, por intermedio de
apoderado judicial presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación
directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo en
contra de la Fiscalía General de la Nación (fls. 131 a 148 cdno. 1) con las siguientes
súplicas:

“PRIMERO. DECLARAR administrativamente responsable a la NACIÓN
COLOMBIANA - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por los perjuicios
ocasionados a los demandantes con motivo de la detención injusta de la
señora ISABEL GRANDA PATIÑO desde el día 13 de septiembre de 2003
y hasta el día 06 de marzo de 2006, cuando fue absuelta mediante
sentencia de marzo 03 de 2006 proferida por el JUZGADO TERCERO
PENAL ESPECIALIZADO DE VILLAVICENCIO, POR EL DELITO DE
SECUESTRO SIMPLE AGRAVADO EN EL GRADO DE TENTATIVA
contenidos en el proveído acusatorio de septiembre 06 de 2001 proferido
por la Fiscalía Catorce Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito
Especializado de Bogotá DC por detención injusta de mi procurada.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración CONDENAR
a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a favor de
cada uno de los demandantes y de acuerdo con lo establecido por la
actual jurisprudencia, lo correspondiente a mil salarios mínimos legales
mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de la sentencia por
conceptos de daños morales ocasionados con la detención injusta de su
hija, madre y hermana, ROGELIA ISABEL GRANDA PATIÑO.

TERCERO: CONDENAR a LA NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN a pagar a favor de mis mandantes o los perjuicios materiales
(daño emergente y lucro cesante), inclusive los frutos corrientes de lo que
sumen los intereses compensatorios ocasionados desde la fecha del
perjuicio hasta la indemnización, en la cuantía que se demuestre en el
proceso, incluida la liquidación de todos los sueldos, prestaciones
sociales, primas, vacaciones, aumentos y demás emolumentos dejados

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Expediente 50001-23-31-000-2008-00403-01 (59.189)
Demandante: Rogelia Isabel Granda Patiño y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

de percibir durante el término comprendido del 14 de marzo de 2003 hasta
el día en que fue reintegrada a su cargo -marzo de 2006-. En subsidio el
equivalente en pesos a 4.000 gramos de oro fino (…)” (fls. 131 a 133 cdno.
1 - mayúsculas sostenidas del original).

2) El 8 de abril de 2008, la parte demandante procedió a subsanar la demanda en
el sentido de determinar la cuantía del proceso de forma razonada, así:

“De acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado y de conformidad
con lo prescrito en el artículo 20 numerales 1 y 2 del CPC, para determinar
la cuantía se debe tomar la pretensión mayor, que en este caso son 1000
salarios mínimos legales mensuales vigentes para la lesionada Rogelia
Isabel Granda Patiño, por concepto del perjuicio ocasionado por su
detención injusta durante más de dos años y medio.

Perjuicio que se razona y explica, teniendo en cuenta la afectación
psicológica, afectación emocional hasta presentar cuadro psiquiátrico
tratado mediante médico especializado en razón de la privación injusta de
su libertad durante más de dos años y medio y trato discriminado ante su
situación de reclusa, que repercute a la fecha en un cuadro postraumático
de miedo, fobia y depresión de aceptar la realidad ante estímulos que
refieren episodios vividos, claustrofobia, que no han podido ser superados
y que requieren de un largo tratamiento hasta encontrar el sentido de vida
de mi poderdante.” (fl. 160 cdno. 1).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El 13 de septiembre de 2003, la Fiscalía General de la Nación a través de una de
sus delegadas inició una investigación penal en contra de la señora Rogelia Isabel
Granda Patiño y ordenó su captura la cual se materializó en esa misma fecha.

2) El 23 de septiembre de 2003, se resolvió su situación jurídica con medida de
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por el delito
de secuestro simple agravado en grado de tentativa.

3) El 3 de marzo de 2006, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de
Villavicencio profirió sentencia absolutoria por atipicidad de la conducta y, en
consecuencia, ordenó su libertad inmediata.

4) La privación injusta de la libertad a la que estuvo sometida les ocasionó a los
demandantes perjuicios materiales y morales los cuales deben ser indemnizados
(fls. 131 a 133 cdno. 1).

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Expediente 50001-23-31-000-2008-00403-01 (59.189)
Demandante: Rogelia Isabel Granda Patiño y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

3. Contestación de la entidad demandada

Por auto del 10 de marzo de 2010, el Tribunal Administrativo del Meta admitió la
demanda (fls. 292 a 294 cdno. 2) y ordenó la notificación personal del representante
legal de la entidad demandada.

Mediante escrito radicado el 21 de septiembre de 2010, la Fiscalía General de la
Nación se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que la orden de
captura y la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta en contra
de la señora Rogelia Isabel Granda Patiño se ajustaron al ordenamiento jurídico,
por ende, la privación a la que estuvo sometida no puede catalogarse de injusta (fls.
311 a 320 cdno. 2).

5. Sentencia de primera instancia

A través de sentencia del 19 de agosto de 2015 (fls. 604 a 640 cdno. apelación), el
Tribunal Administrativo del Meta declaró la responsabilidad patrimonial
extracontractual de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la
libertad que soportó la señora Rogelia Isabel Granda Patiño desde el 13 de
septiembre de 2003 al 6 de marzo de 2006, en la medida que se acreditó que el
proceso penal seguido en su contra finalizó con sentencia absolutoria.

6. Recurso de apelación

La Fiscalía General de la Nación (fls. 643 a 653 cdno. apelación) solicitó que se
revoque la sentencia de primera instancia con apoyo en el siguiente razonamiento:

1) No hay lugar a declarar la responsabilidad de la entidad con base en el régimen
objetivo, pues, se debe analizar si en el caso concreto hubo o no una falla en la
administración de justicia.

2) Si bien la señora Rogelia Isabel Granda Patiño fue objeto de una medida de
aseguramiento de detención preventiva, lo cierto es que esta se fundamentó en los
elementos materiales probatorios allegados a la investigación penal.

7. Actuación surtida en segunda instancia

En providencia del 30 de mayo de 2017 (fl. 678 cdno. apelación) se admitió el
recurso de apelación formulado por la Fiscalía General de la Nación y el 24 de julio

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Expediente 50001-23-31-000-2008-00403-01 (59.189)
Demandante: Rogelia Isabel Granda Patiño y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

de 2017 se corrió traslado a las partes por el término común de diez (10) días para
que presentaran los alegatos de conclusión y, por el mismo lapso, al Ministerio
Público para que emitiera concepto (fl. 680 cdno. apelación).

En el término previsto la parte actora y la Fiscalía General de la Nación reiteraron
los argumentos expuestos durante el trámite del proceso (fls. 681 a 686, 707 a 714
cdno. apelación), mientras que el Ministerio Público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia, 2) objeto de
la apelación, competencia del ad quem y anuncio de la decisión, 3) análisis de la
impugnación, 4) conclusión y, 5) condena en costas.

1. Objeto de la controversia

La controversia planteada busca determinar si la restricción que soportó la señora
Rogelia Isabel Granda Patiño constituyó una privación injusta de su libertad es
pasible de comprometer la responsabilidad patrimonial extracontractual de la
Fiscalía General de la Nación, y si como consecuencia de ello hay lugar a reparar
los perjuicios reclamados por los actores.

2. Objeto de la apelación, competencia del ad quem y anuncio de la decisión

Sobre este punto, debe advertirse que en el asunto de la referencia únicamente
interpuso recurso de apelación la parte demandada. De acuerdo con lo anterior se
tiene que se trata de una situación de apelante único, de manera que la impugnación
se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y no es posible enmendar o
resolver lo que no fue objeto del recurso.

Por lo anterior, la Sala en esta providencia adoptará las siguientes determinaciones:

1) Decidirá el fondo del asunto porque encuentra reunidos los presupuestos para
fallar, entre ellos, la oportunidad en la presentación de la demanda. En efecto, la
sentencia absolutoria dictada el 3 de marzo de 2006 por el Juzgado Tercero Penal
del Circuito Especializado de Villavicencio quedó ejecutoriada el 23 de marzo de
2006 (constancia de ejecutoria, fl. 402 cdno. anexo 7), mientras que la demanda se

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Expediente 50001-23-31-000-2008-00403-01 (59.189)
Demandante: Rogelia Isabel Granda Patiño y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

interpuso el 3 de marzo de 2008 (fl. 148 cdno. 1), por ende, se concluye que fue
radicada dentro del término previsto por el artículo 136 numeral 8 del CCA.

2) Modificará la decisión de primera instancia, i) se declarará la responsabilidad
patrimonial extracontractual de la Fiscalía General de la Nación, ii) se reconocerá
una indemnización por concepto de perjuicios morales, iii) se ordenará una medida
de reparación no pecuniaria por la afectación del derecho al buen nombre y, iv) se
negarán las demás pretensiones de la demanda.

3. Análisis de la impugnación

En los términos en que ha sido planteada la controversia la sentencia apelada será
modificada por las razones que se exponen a continuación.

3.1 La privación injusta de la libertad

En atención a lo expuesto por la Corte Constitucional en las sentencias C-037 de
1996 y SU-072 de 20181, la metodología adecuada para abordar el estudio de
responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado en los casos de privación
injusta de la libertad debe hacerse de la siguiente manera: i) en primer lugar, se
identifica la existencia del daño, esto es, debe estar probada la privación de la
libertad de la que en este caso se derivan los perjuicios reclamados por los actores;
ii) en segundo término, se analiza la legalidad de la medida de privación de la
libertad desde una óptica subjetiva, esto es, se estudia si esta se ajustó o no a los
parámetros dados por el ordenamiento constitucional y legal para decretar la
restricción de la libertad, tanto en sus motivos de derecho como de hecho; iii) en
tercer orden, y solo en el caso de no probarse la existencia de una responsabilidad
por el régimen subjetivo, esta se analiza por un régimen objetivo (daño especial);
iv) en cuarto lugar, en el evento de que se considere que hay sustento para declarar
la responsabilidad estatal, ya fuere en un régimen subjetivo o uno objetivo, se
procederá a verificar a qué entidad debe imputarse el daño antijurídico; v) aparte
de lo anterior, en todos los casos, debe realizarse el análisis de la culpa de la víctima
como causal excluyente de responsabilidad; vi) finalmente, en caso de condena, se
procede a liquidar los perjuicios.

1
Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, MP José Fernando Reyes Cuartas.

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Expediente 50001-23-31-000-2008-00403-01 (59.189)
Demandante: Rogelia Isabel Granda Patiño y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

3.1.1 Existencia del daño

La Sala encuentra que la señora Rogelia Isabel Granda Patiño fue privada de su
libertad personal en establecimiento carcelario desde el 13 de septiembre de 20032
hasta el 6 de marzo de 20063 por el delito de secuestro simple agravado en grado
de tentativa.

3.1.2 Existencia de daño especial

Con la finalidad de estudiar la existencia de la privación injusta de la libertad, la Sala
encuentra que en el expediente se acreditan los siguientes hechos relevantes:

1) El 13 de septiembre de 2003, la Unidad Nacional Contra el Secuestro y la
Extorsión de la Fiscalía General de la Nación ordenó vincular mediante diligencia
de indagatoria a la señora Rogelia Isabel Granda Patiño por la supuesta comisión
de los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir, en consecuencia,
dispuso su captura la cual se hizo efectiva en la misma fecha (fls. 268 a 273 cdno.
anexo 1, fls. 179 a 183 cdno. anexo 7).

2) El 16 de septiembre de 2003, la procesada rindió indagatoria (fls. 27 a 40 cdno.
anexo 4).

3) El 23 de septiembre de 2003, el ente investigador resolvió la situación jurídica de
la señora Rogelia Isabel Granda Patiño e impuso en su contra medida de
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por haber
cometido supuestamente el delito de secuestro simple agravado en grado de
tentativa, de modo que ordenó librar la respectiva boleta de detención ante el
director de la cárcel donde se encontraba recluida. Como argumentos de la decisión
se destacan los siguientes:

a) Para la fiscalía, se acreditó que con la ayuda de la señora Rogelia Isabel Granda
Patiño se pretendía llevar a cabo el secuestro del señor Franklin Germán Chaparro
en la condición de candidato a la alcaldía del municipio de Villavicencio (Meta),
pues, por una parte, el señor Juan José Cascavita Castro declaró que esta le pidió
que consiguiera a un grupo armado para retenerlo y, de otro lado, el señor Isidro

2
De conformidad con el informe de captura del 13 de septiembre de 2003, la señora Rogelia Isabel
Granda Patiño fue detenida en esa fecha por orden de la Fiscalía General de la Nación a través de
una de sus delegadas (fls. 179 a 183 cdno. anexo 7).
3
Fecha en que la señora Rogelia Isabel Granda Patiño suscribió diligencia de compromiso y canceló
caución prendaria para hacerse acreedora de su libertad (fl. 370 cdno. anexo 7).

8

Expediente 50001-23-31-000-2008-00403-01 (59.189)
Demandante: Rogelia Isabel Granda Patiño y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

Bernal Quintero señaló que aquella le solicitó que le ubicara a “Juan” para
preguntarle si él conocía gente que pudiera secuestrar al aspirante.

b) Se interceptaron varias llamadas telefónicas que se llevaron a cabo entre la
señora Rogelia Isabel Granda Patiño, Juan José Cascavita Castro, Isidro Bernal
Quintero y Ángel Cascavita en las que se evidenció que la investigada les exigió
que cumplieran con el cometido de retener ilegalmente al señor Franklin Germán
Chaparro y en las que les advirtió que el dinero que aquella les entregó era para
que se ejecutara el delito (fls. 52 a 69 cdno. anexo 4).

4) El 20 de enero de 2004, la señora Rogelia Isabel Granda Patiño amplió su
indagatoria (fls. 148 a 155 cdno. anexo 3).

5) El 6 de septiembre de 2004, se calificó el mérito del sumario con resolución de
acusación por el delito de secuestro simple agravado en grado de tentativa, decisión
que fue confirmada el 22 de noviembre de 2004 (fls. 70 a 117 cdno. anexo 4).

6) El 3 de marzo de 2006, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de
Villavicencio absolvió a la señora Rogelia Isabel Granda Patiño del delito de
secuestro simple agravado en grado de tentativa por atipicidad de la conducta (fls.
342 a 362 cdno. anexo 7).

7) El 6 de marzo de 2006, la señora Rogelia Isabel Granda Patiño suscribió
diligencia de compromiso y canceló la caución prendaria que le fue exigida (fl. 370
cdno. anexo 7).

8) De los elementos materiales probatorios aportados al expediente de la referencia
se concluye que la demandante no se encontraba llamada a soportar la privación
de su libertad si se tiene en cuenta lo siguiente:

a) La Corte Constitucional en sentencia C-037 de 1996 señaló que los casos de
privación de la libertad podían estudiarse tanto en un régimen subjetivo u objetivo.

En efecto, si bien la Corte Constitucional al estudiar el artículo 68 de la Ley 270 de
1996 se ocupó de analizar la privación de la libertad desde un régimen subjetivo
para señalar que habría responsabilidad del Estado cuando existiera una actuación
abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, “de
forma tal que se tornara evidente que la privación de la libertad no fue ni apropiada,
ni razonada, ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”, no lo es menos

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Expediente 50001-23-31-000-2008-00403-01 (59.189)
Demandante: Rogelia Isabel Granda Patiño y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

que la misma Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del inciso primero del
artículo 65 precisó que la alusión de la responsabilidad subjetiva no excluía ni podría
excluir la aplicación del artículo 90 superior en los casos de la administración de
justicia, lo que incluye a la privación injusta de la libertad que, habilita atribuir la
responsabilidad patrimonial del Estado con otras razones de atribución, es decir,
que no permite excluir la responsabilidad por otro, así:

“La Corte estima que el inciso primero del presente artículo es exequible,
pues si bien solo hace alusión a la responsabilidad del Estado -a través
de sus agentes judiciales- por falla en el servicio, ello no excluye, ni podría
excluir, la aplicación del artículo 90 superior en los casos de la
administración de justicia. En efecto, sin tener que entrar a realizar
análisis alguno acerca de la naturaleza de la responsabilidad estatal y sus
diversas modalidades -por escapar ello a los fines de esta providencia-,
baste señalar que el principio contemplado en el artículo superior citado,
según el cual todo daño antijurídico del Estado -sin importar sus
características- ocasiona la consecuente reparación patrimonial, en
ningún caso puede ser limitado por una norma de inferior jerarquía, como
es el caso de una ley estatutaria. Ello, en vez de acarrear la
inexequibilidad del precepto, obliga a una interpretación más amplia que,
se insiste, no descarta la vigencia y la aplicación del artículo 90 de la Carta
Política”4.

b) Ahora bien, el estudio del daño especial como régimen objetivo de
responsabilidad en los casos de privación de la libertad se da siempre y cuando
concurran los requisitos señalados por el Consejo de Estado, a saber:

“a) Que se desarrolle una actividad legítima de la administración;

b) La actividad debe tener como consecuencia el menoscabo del derecho
de una persona;

c) El menoscabo del derecho debe tener origen en el rompimiento del
principio de la igualdad frente a la ley y a las cargas públicas;

d) El rompimiento de esa igualdad debe causar un daño grave y especial,
en cuanto recae sólo sobre alguno o algunos de los Administrados;

e) Debe existir un nexo causal entre la actividad legítima de la
administración y el daño causado; y

f) El caso concreto no puede ser susceptible de ser encasillado dentro de
otro, de los regímenes de responsabilidad de la administración”5.

c) En el presente proceso es procedente el estudio del caso con base en el régimen
objetivo de daño especial en la medida que se acreditó que el proceso penal iniciado
en contra de la señora Rogelia Isabel Granda Patiño por el delito de secuestro

4
Corte Constitucional sentencia C-037 de 1996, MP Vladimiro Naranjo Mesa.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de
septiembre de 1991, expediente 6.453.

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Expediente 50001-23-31-000-2008-00403-01 (59.189)
Demandante: Rogelia Isabel Granda Patiño y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

simple agravado en grado de tentativa finalizó con sentencia absolutoria por
atipicidad de la conducta.

En la mencionada providencia se consideró que, aunque se acreditó que la
procesada tenía la “intención” de secuestrar al entonces candidato a la alcaldía de
Villavicencio Franklin Germán Chaparro con la colaboración de otras personas, lo
cierto es que nunca llegó a materializarse dicha intención porque no alcanzaron a
realizarse actos ejecutivos necesarios para predicar la tentativa del punible
investigado, así:

“(…) como se sabe el iter criminis consta de cuatro etapas, la idea criminal,
los actos preparatorios, los actos ejecutivos y la consumación. Para el
caso en concreto resulta claro que la idea criminal se materializó en la
intención de la señora Granda Patiño de secuestrar al doctor Chaparro
(…).

Ahora bien, el punto de discusión de la fiscalía consiste en darle el
carácter de actos ejecutivos a unos supuestos movimientos de los
agentes con miras a retener a la víctima, y concretamente fue la presencia
de ellos o algunos de ellos en la ciudad de Villavicencio, situación que se
infiere de las conversaciones telefónicas, de lo dicho por Granda Patiño
en la ampliación de su injurada, en donde hace referencia a cierta ocasión
en que de manera sorpresiva y a tempranas horas Chaparro llegó a su
apartamento durante los días en los que ya se estaba fraguando el plagio,
situación en la cual los potenciales captores perdieron la oportunidad de
lograr su cometido. Esta última situación no puede ser tenida en cuenta
como un acto ejecutivo, pues si nos remitimos a las declaraciones del
señor Chaparro Carrillo, esta persona, de no ser por la información que le
suministró el Departamento Administrativo de Seguridad jamás se habría
enterado del presunto secuestro del que iba a ser víctima, lo que significa
que en momento alguno se materializó el más mínimo contacto entre los
delincuentes y aquel (…).

Desde esa perspectiva y en tratándose de actos de alistamiento, jamás
se puede pregonar la existencia de una tentativa inacabada como lo
expone la fiscalía, pues para que esto ocurra necesariamente se deben
iniciar los actos ejecutivos, los cuales se interrumpen por causas ajenas
al agente. En el caso concreto, debe resaltarse nuevamente, que los
potenciales secuestradores, ni siquiera cruzaron palabra con la víctima,
menos aún la intimidaron.” (fls. 342 a 362 cdno. anexo 7).

En consonancia con lo anterior, la Sala observa que la señora Rogelia Isabel
Granda Patiño no se encontraba llamada a soportar la privación de su libertad,
pues, en la etapa del juicio se concluyó que hubo atipicidad de la conducta.

En otros términos, el Estado, con independencia de que su actuación fue legítima y
ajustada a derecho, rompió el principio de igualdad ante las cargas públicas que
debe soportar todo ciudadano, por el hecho de generársele a la aquí demandante
un daño anormal, desproporcional, especial y grave, pues, por no haberse
desvirtuado la presunción de inocencia que lo ampara por mandato constitucional,
no existe ningún título jurídico que pueda justificar la privación de su libertad, de

11

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suerte que el daño antijurídico alegado debe ser reparado, pues, en este caso se
produjo un daño atribuible al Estado a título de daño especial.

3.2 Entidad a quien se le imputa el daño

Por tratarse de una medida de aseguramiento dictada en vigencia del Código de
Procedimiento Penal contenido en la Ley 600 del 2000, el daño causado por la
privación de la libertad le es imputable en principio tanto a la Fiscalía General de la
Nación como a la Nación - Rama Judicial.

A la Fiscalía General de la Nación le es atribuible desde el momento de la captura
hasta la fecha de ejecutoria de la resolución de acusación, pues, de conformidad
con el artículo 400 ibidem es a partir de ese momento que asume competencia
sobre el asunto el juez encargado del juzgamiento y el procesado deja de estar a
cargo de la fiscalía6. A su turno, a la Nación-Rama Judicial le es imputable desde el
día siguiente de la ejecutoria de la resolución de acusación, instante a partir del cual
ella adquiere competencia7 para examinar y si es del caso revocar la medida de
aseguramiento si no se reúnen los requisitos de necesidad para mantenerla vigente,
y hasta el momento en que la detenida recuperó su libertad.

En este caso concreto se demandó únicamente a la Fiscalía General de la Nación
de modo que el daño antijurídico se imputará solamente a esta entidad desde el 13
de septiembre de 20038 al 22 de noviembre de 20049.

6
El artículo 400 de la Ley 600 del 2000 preveía: “Con la ejecutoria de la resolución de acusación
comienza la etapa del juicio y adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento y el
Fiscal General de la Nación o su delegado la calidad de sujeto procesal. Al día siguiente de recibido
el proceso por secretaría se pasarán las copias del expediente al despacho y el original quedará a
disposición común de los sujetos procesales por el término de quince (15) días hábiles, para preparar
las audiencias preparatoria y pública, solicitar las nulidades originadas en la etapa de la investigación
y las pruebas que sean procedentes”.
7
En efecto, el artículo 363 de la Ley 600 de 2000 establece que “durante la instrucción, de oficio o a
solicitud de los sujetos procesales, el funcionario judicial revocará la medida de aseguramiento
cuando sobrevengan pruebas que la desvirtúen”. Se advierte que la Corte Constitucional declaró
exequible dicha normatividad, a través de la sentencia C-774 de 2001, con el argumento que procede
la revocatoria cuando no subsista la necesidad de mantener vigente la medida de aseguramiento.
8
Fecha en que la señora Rogelia Isabel Granda Patiño fue capturada (fls. 268 a 273 cdno. anexo 1,
fls. 179 a 183 cdno. anexo 7).
9
Aunque en el proceso no obra la constancia de ejecutoria de la resolución del 22 de noviembre de
2004 que confirmó la acusación proferida el 6 de septiembre de 2004, lo cierto es que puede
determinarse con base en las normas del Código de Procedimiento Penal vigente para la época de
los hechos -Ley 600 de 2000-; en efecto, el artículo 187 consagró que las providencias que deciden
los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias quedan ejecutoriadas el
día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente. Por lo tanto, con base en las reglas de
notificación se infiere que quedó ejecutoriada el 22 de noviembre de 2004.

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3.3 Culpa exclusiva de la víctima

De conformidad con el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 y lo señalado por la Corte
Constitucional en las sentencias C-037 de 1996, SU-072 de 2018 y SU-363 de 2021,
en el presente asunto no se demostró conducta alguna de la señora Rogelia Isabel
Granda Patiño digna de reproche y que además tuviera incidencia necesaria y
exclusiva en la decisión de la fiscalía de capturarla y mantenerla privada de su
libertad.

Si bien en la sentencia absolutoria el Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Villavicencio advirtió que se acreditó que la aquí demandante tenía
la intención de secuestrar al entonces candidato a la alcaldía de Villavicencio
Franklin Germán Chaparro, porque i) de las interceptaciones de las llamadas
telefónicas que la investigada mantuvo con el señor Juan José Cascavita Castro se
evidenció que aquella le entregó información relacionada con la posible fecha en la
que se podía efectuar el secuestro y, ii) si bien de las interceptaciones de las
llamadas telefónicas que la procesada sostuvo con los señores Juan José Cascavita
Castro, Isidro Bernal Quintero y Ángel Cascavita se percibió que ella expresó su
desconfianza por la demora en el secuestro y solicitó dar celeridad al objetivo, lo
cierto es que tanto en la diligencia de indagatoria como en su ampliación, la señora
Granda Patiño fue enfática en manifestar que se encontraba coaccionada por parte
de aquellas personas quienes un día llegaron al hotel de su propiedad y la
amenazaron, le solicitaron que les colaborara para retener al mencionado
candidato; además, sostuvo que en todas las oportunidades que habló vía
telefónica con dichos sujetos lo hizo bajo el efecto de fármacos que le suministraba
una mujer de nombre “Ángela” que se encargaba de vigilarla10, aspectos que no
fueron desvirtuados por el ente investigador.

10
“Señor fiscal yo tengo un hotel en Villavicencio dónde va cualquier cantidad de huéspedes y un
día que fui habían un par de señores uno me dijo llamarse José y otro me dijo llamarse Juan, (…)
ellos me dijeron que ya me conocían hace un año (…) ellos tenían algo urgente que contarme de
ellos mismos, que en el momento no me lo querían decir porque querían que yo estuviera bien para
que me lo tomara con calma, me dijeron que fuera al hotel a las tres de la tarde del día siguiente,
efectivamente yo estuve ahí les cumplí la cita a las tres de la tarde en el hotel. Una vez cumplí la cita
los dos señores estaban armados José y Juan y me dijeron que ellos eran paramilitares y que ellos
sabían que yo era el amante de Germán Chaparro y me hablaron muchas cosas que sabían de él
como también mías y de mi hijo Juan Guillermo Meneses, ellos me dijeron que yo tenía que
colaborarles y hacer todo lo que ellos decían de ahí en adelante para retener a Germán, ellos me
pusieron muchas condiciones, la primera si no les colaboraba cogían a mi hijo y me lo entregaría
muerto, ellos a mí me sorprendieron cuando me dijeron el colegio donde él estudiaba, me dijeron de
un sitio donde él va a jugar maquinitas, donde vivía la novia, me dijeron que la mínima sospecha de
que yo los delatara ellos pues atentarían contra mi vida (…) también se me olvida señor fiscal contarle
que ellos tienen una señora llamada Ángela por cierto muy ordinaria y grosera, ella andaba también
armada, me manifestó estar hospedada cerca de mi casa y ella es la que más mantenía en contacto
y me hacía llamar, ella era la que más me hostigaba, ella era amiga de ellos de José, Juan, Jair y el
otro muchacho no recuerdo el nombre (…). PREGUNTANDO: exprese si usted se comunicó por
algún medio con Juan José Cascavita Castro, con su hermano Ángel Benedicto Cascavita Castro y
José Isidro Bernal Quintero, de ser así por cual medio de comunicación, en cuántas oportunidades

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3.4 Determinación de los perjuicios y su reparación

Satisfechos los elementos requeridos para la declaración de responsabilidad
patrimonial extracontractual en cabeza de la entidad demandada en relación con la
privación injusta de la libertad de la señora Rogelia Isabel Granda Patiño, la Sala
procede a verificar la acreditación de los perjuicios cuya reparación reclama la parte
demandante.

3.4.1 Perjuicios morales

1) El Consejo de Estado en sentencia de unificación de jurisprudencia del 29 de
noviembre de 202111 manifestó que en los casos de privación injusta de la libertad
los perjuicios morales se infieren para la víctima directa, su cónyuge, compañero o
compañera permanente y sus parientes en primer grado de consanguinidad siempre
y cuando acrediten la calidad con la cual concurren al proceso; la sentencia de igual
forma señaló que para los demás parientes de la persona que fue objeto de

y a qué abonados celulares telefónico se hicieron esas comunicaciones. CONTESTÓ: señor fiscal
con las personas con las que obligatoriamente por las constantes amedrentaciones y amenazas que
ellos me hacían en las que me obligaban a estar en contacto con ellos eran el señor José, el señor
Juan, el otro señor Jair, siempre que ellos hacían que yo llamara era por intermedio de una señora
Ángela, ella me decía que yo tenía que llamarlos a ellos y ella me trataba muy mal me decía que yo
tenía que ser serena, tenía que mostrar mi forma de ser original sin nada de visaje, porque yo ya
sabía que la mínima sospecha, yo ya estaba advertida con ellos (…). A CONTINUACIÓN, SE
PERMITE ESCUCHAR EL CONTENIDO DEL COMPACT DISC QUE CONTIENE PARTE DE LA
CONVERSACIÓN REALIZADA A TRAVÉS DEL ABONADO CELULAR 310-800-7006 30, PARA
QUE CON FUNDAMENTO EN ELLA MANIFIESTE SI ALGUNA DE LAS VOCES QUE ALLÍ
APARECEN CORRESPONDE A LA SUYA, CON QUIÉN O CON QUIENES SE COMUNICA Y CON
QUÉ OBJETIVO O PROPÓSITOS. CONTESTÓ: sí señor es la voz mía y converso con Juan y con
José, todo el contenido de esas conversaciones las hice una vez que la señora Ángela me hizo
consumir una sustancia para tranquilizarme y todas las charlas las hice en compañía de ella, yo
siempre consumí esa sustancia siempre que hablé con ellos, es decir no lo hice en mis cinco sentidos
ella me hizo consumir una sustancia para que obrara normalmente (…) le repito ellos constantemente
en esos días me hicieron consumir una sustancia para que hablara naturalmente y créame señor
fiscal que yo no soy mala gente (…) créame señor fiscal que todo ese tiempo que ellos estuvieron
amenazándome, hostigándome yo tomaba, me sentía mal y la sustancia que ellos me suministraban
(…) el día sábado que estaba esta señora Ángela ella me obligaba con anterioridad me hacía
consumir alucinógenos ella me decía que yo debía hacer todo normalmente. (…) Yo fui víctima de
una sustancia que supuestamente la señora Ángela me dijo que era una bebida para que no me
mantuviera nerviosa, esto se lo manifesté a los señores del Das y también les sugerí que me llevaran
a medicina legal, cosa que ellos no hicieron (…) Partiendo de un principio cada vez que yo llamaba
que era bajo la presión de esta señora Ángela al señor Juan siempre me suministraba un vaso de
agua donde ella le echa unas gotas que según ella era para los nervios y que no los delatara que yo
estaba amenazada.” (fls. fls. 27 a 40 cdno. anexo 4, fls. 148 a 155 cdno. anexo 3).
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
unificación jurisprudencial del 29 de noviembre de 2021, expediente 46.681, MP Martín Bermúdez
Muñoz.

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privación debe acreditarse el padecimiento sufrido pues la prueba del parentesco
no es un indicio suficiente12.

2) De igual manera, en dicha providencia se establecieron unos criterios para el
cálculo de la indemnización según el tiempo de privación del afectado directo y se
dispuso lo siguiente:

“45.1.- Si la privación de la libertad tiene una duración igual o inferior a un
mes, una suma fija equivalente a cinco salarios mínimos legales
mensuales vigentes (5 SMLMV).

45.2.- Si la privación de la libertad tiene una duración superior a un mes:

a.- Por cada mes adicional transcurrido, sin importar el número de días
que tenga el mes, cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5
SMLMV).

b.- Por cada día adicional al último mes transcurrido, una fracción
equivalente a 0,166 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual
se obtiene de dividir cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes
(5 SMLMV) por 30 días.

c.- La cuantía se incrementará hasta cien salarios mínimos legales
mensuales vigentes (100 SMLMV), indemnización que recibirá la víctima
directa cuando esté detenida por 20 meses o más tiempo, con el objeto
de mantener el tope máximo jurisprudencial, de acuerdo con la
jurisprudencia antes indicada.

De igual manera, en esa misma sentencia se determinó que la indemnización no es
igual para todos los demandantes y, por tal motivo, se dispuso que para los
parientes en el primer grado de consanguinidad, su cónyuge o su compañero o
compañera permanente se les podría otorgar hasta el cincuenta por ciento (50%)
de lo reconocido a la víctima directa; para los demás demandantes, cuando
acrediten los perjuicios morales, el tope máximo sería el treinta por ciento (30%) de
lo reconocido al privado de la libertad13.

12
El magistrado ponente participó en la decisión y se apartó parcialmente de la misma por
considerar, entre otros aspectos, que la presunción del perjuicio moral no se debía limitar a la víctima
directa, su cónyuge, compañero o compañera permanente y parientes en primer grado de
consanguinidad, sino que también esta debía ser extensiva a otros parientes que incluso pueden
sufrir incluso más que la persona que es objeto de privación; de igual forma, no compartió las criterios
de tasación de la sentencia que se realizaron para los parientes de la víctima directa; sin embargo,
con todo ello se debe seguir la sentencia de unificación jurisprudencial en cumplimiento del artículo
10 de la Ley 1437 de 2011.
13
Se destaca que en la sentencia se estableció que las reglas allí contenidas deben aplicarse en
forma inmediata y sin reservas, lo que también incluye a las demandas presentadas antes del 28 de
agosto de 2013. Para las demandas presentadas desde el 28 de agosto de 2013 y hasta la
expedición de la sentencia, si las partes no solicitaron pruebas para acreditar el perjuicio moral con
fundamento en que bastaba la prueba del parentesco para presumir el perjuicio moral, el juez puede
hacer uso de sus facultades oficiosas para que la prueba del perjuicio se allegue con el fin de
garantizar el debido proceso.

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3) Las citadas reglas de la sentencia de unificación son de aplicación inmediata, de
manera que como la señora Rogelia Isabel Granda Patiño, por el hecho de haber
estado privada de su libertad con cargo a la Fiscalía General de la Nación entre el
13 de septiembre de 2003 y el 22 de noviembre de 2004 le corresponde una
indemnización equivalente a cuarenta y ocho punto cero nueve (48.09) smlmv14 en
proporción a todo el tiempo de detención15.

4) En relación con Natalia Isabel Meneses Granda, Juan Guillermo Meneses Granda
y Érika Janneth Meneses Granda en la condición de hijos de la víctima directa16, por
haber acreditado únicamente su parentesco la Sala le reconocerá la suma del 35%
de lo reconocido a la víctima directa, esto es, la suma de dieciséis punto ochenta y
tres (16.83) smlmv.

5) De otro lado, en favor de la señora Isabel Cesarina Patiño de Granda por haber
acreditado el grave sufrimiento moral que padeció con la privación de su familiar17
la Sala le reconocerá el 50% de lo asignado a la víctima directa, esto es, la suma
de veinticuatro punto cero cinco (24.05) smlmv.

6) Además, a los señores Manuel Jesús Granda Patiño y Ana Leonor Granda Patiño
en su condición de hermanos de la víctima directa18 se le reconocerá el 30% de la
indemnización otorgada, esto es la suma de catorce punto cuarenta y tres (14.43)
smlmv al haber probado la existencia del perjuicio moral19.

14
Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
15
La demandante estuvo privada de la libertad entre 13 de septiembre de 2003 hasta el 6 de marzo
de 2006, sin embargo, la fiscalía responde en proporción al periodo por el cual la actora estuvo a su
cargo.
16
Natalia Isabel Meneses Granda, Juan Guillermo Meneses Granda y Érika Janneth Meneses
Granda son hijos de la víctima directa (registros civiles de nacimiento, fls. 8 a 10 cdno. 1).
17
En el proceso obra el testimonio de los señores Gladys Doris Ortega, Daniel Alexánder Cabrera y
Serbio Tulio Moncayo, quienes refirieron cómo conocieron a la demandante y señalaron el nombre
de su progenitora. En relación con la detención de su familiar, el primero señaló lo siguiente: “quiero
manifestar que antes de la detención de Rogelia Isabel, la señora Cesarina madre, al igual que Ana
Leonor Granda, hermana, gozaban de buena salud física y mental, además de ser unas personas
alegres y con los problemas cotidianos normales, pero posteriormente a la detención su situación,
económica, social y anímica cambió.” (fls. 372 a 373 cdno. 2). Por su parte, el señor Cabrera sostuvo
lo siguiente: “una vez que ocurrió la detención de Isabel Rogelia la señora Cesarina empezó a decaer
en su salud, yo siempre he sido secretario de salud municipal por esta razón yo conocí la situación
de la señora, psicológicamente, emocionalmente afectada por esta razón, ella estuvo siempre
acompañada de su hija mayor Ana Leonor hasta su fallecimiento, quienes tuvieron condiciones de
vida bastante precarias ya que ellas recibían ayuda de Rogelia Isabel Granda (…) su madre decayó
en la salud al enterarse de esa detención.” (fls. 374 a 375 cdno. 1). El señor Moncayo señaló lo
siguiente: “después ya empezó el rumor en Buesaco que Rogelia Granda le habían encarcelado en
Villavicencio y que el delito era grave, esto empeoró la situación económica, anímica y psicológica
de doña Cesarina Patiño, ya que fue tan duro el golpe de esta noticia.” (fl. 375 cdno. 2).
18
Manuel Jesús Granda Patiño y Ana Leonor Granda Patiño son hermanos de la víctima directa
(registros civiles de nacimiento, fls. 10 a 11 cdno. 1).
19
Los testimonios de los señores Gladys Doris Ortega, Daniel Alexánder Cabrera y Serbio Tulio
Moncayo dieron los nombres de sus hermanos y también se refirieron al perjuicio causado con la
privación de la libertad de la víctima directa, la primera señaló que: Manuel Jesús Granda Patiño “era
una persona alegre, dinámica, y por ese motivo su estado de ánimo cambió, cuando me lo contó él
se sintió apenado con la sociedad porque una hermana suya se encontraba en esta situación ya que

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7) La Sala advierte que las sumas de indemnización dineraria otorgadas en favor
de las señoras Isabel Cesarina Patiño de Granda y Érika Janneth Meneses Granda
se reconocerán con cargo a la masa herencial en la medida que con los registros
civiles de defunción que fueron allegados al proceso de la referencia se acreditó su
fallecimiento (fls. 601 a 602 cdno. 3).

3.4.2 Daño al buen nombre

1) El buen nombre hace referencia a la buena opinión que se forma de una
determinada persona, es decir, el concepto favorable que se tienen los congéneres
o la comunidad de alguien en particular.

Con la privación de la libertad se envía un mensaje a la sociedad que existen
razones válidas para la detención de quien es objeto de una investigación penal,
esto significa que, según las reglas de la experiencia, una restricción al derecho
fundamental de libertad por la supuesta comisión de un hecho punible produce
necesariamente una afectación al derecho al buen nombre en el seno de la familia
y del círculo social o laboral del afectado, esto es, la sola medida tiene la
potencialidad suficiente para generar descrédito, señalamiento o estigmatización y
que por ser injusta la privación la víctima no tiene porqué soportar la vulneración a
su buen nombre; en este sentido no se podría exigir en general una prueba
específica porque dicha afectación se infiere de la privación de la libertad, de allí
que en estos casos la reparación del buen nombre puede ser muy relevante para
la víctima, incluso más que la indemnización pecuniaria.

2) La Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquellos casos en los que se
evidencia que la víctima ha sido ilegal y arbitrariamente privada de su libertad ha
ordenado como garantía destinada a restituir el derecho al buen nombre, que se

es una persona pública, y me pidió el favor que en lo posible reservar esta situación, sin embargo
por tratarse de una persona pública todos estos hechos fueron de conocimiento público.” (fls. 372 a
373 cdno. 2). El segundo afirmó lo siguiente: “Quiero agregar además que la señora Ana Leonor
Granda Patiño luego de la detención de su hermana se afectó enormemente, primero porque su
madre decayó en la salud al enterarse de esa detención y posteriormente porque quedaron
desprotegidas de la ayuda de la hermana de hecho esto la trastornó mentalmente al punto de perder
su juicio.” (fls. 374 a 375 cdno. 2). Y el tercero sostuvo que: “también conozco a los hijos de Rogelia
y los demás hermanos. Quiero empezar diciendo que todos ellos son personas trabajadoras,
honestas y de buena reputación que han hecho su nombre en este municipio, era una familia unida.
Después ya empezó el rumor que Rogelia Granda le habían encarcelado en Villavicencio y que el
delito era grave, esto empeoró la situación económica, anímica y psicológica de Jesús Granda, doña
Isabel Cesarina Patiño y Ana Leonor Granda, ya que fue tan duro el golpe de esta noticia, que en
este lugar se hicieron señalamientos en contra de esa familia, por lo que Jesús Granda no pudo
conseguir trabajo en este municipio” (fl. 375 cdno. 2).

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hagan publicaciones en las que se indique que el afectado es ajeno a todos los
cargos que se le imputaron20.

3) En ese contexto, por el hecho de haberse determinado que existió una
incriminación contenida en una providencia judicial por la cual se le endilgó a la
señora Rogelia Isabel Granda Patiño la participación en un punible, que dio lugar a
la imposición de una medida restrictiva de la libertad, pero, que finalmente finalizó
el proceso por absolución, la Sala evidencia una afectación al buen nombre de la
demandante, de suerte que se torna en una afectación relevante a bienes derechos
o derechos convencional y constitucionalmente amparados.

4) En este asunto la Sala estima que la privación de la libertad que sufrió la
demandante, que fue injusta, trajo como consecuencia necesaria la afectación del
derecho al buen nombre en el seno de su familia y de su círculo social o laboral,
por esto la Sala encuentra que la forma de reparar este perjuicio es a través de la
rectificación como medida de reparación no pecuniaria y en tal sentido dispondrá
que la Fiscalía General de la Nación exprese disculpas a la señora Rogelia Isabel
Granda Patiño por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto mediante
de una misiva dirigida a la demandante.

5) Se ordenará en consecuencia, a la Fiscalía General de la Nación, que emita un
comunicado en el que se disculpe con la víctima por el perjuicio causado y
reconozca que no era responsable del delito endilgado. De acuerdo con el principio
según el cual este tipo de reparaciones integrales debe concertarse con la víctima,
la demandante le informará a la demandada, dentro del mes siguiente a la ejecutoria
de esta providencia, si dicho documento solamente le será entregado en físico o sí,
además, desea que se publique en las plataformas de comunicación y difusión de
la entidad, y a ello se procederá una vez así sea comunicado. De no hacerse
ninguna manifestación durante este lapso, se entenderá que la víctima opta porque
las disculpas se expresen de manera privada, de modo que así se cumplirá
perentoriamente.

20
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador,
sentencia de 21 de noviembre de 2007. En esta oportunidad, la Corte Interamericana se ocupó de
decidir el caso de dos personas que habían sido investigadas y privadas ilegalmente de su libertad
por supuestamente pertenecer a una organización dedicada al tráfico internacional de narcóticos. La
detención de las víctimas fue ilegal y se prolongó injustificadamente. Aunque el Estado ecuatoriano
ordenó que se quitaran las publicaciones y registros que hacían alusión a los ilícitos por los cuales
las víctimas fueron investigadas, la Corte precisó que, si bien con ello se buscaba restituir del buen
nombre de los actores, como medida de reparación integral de las víctimas se debía realizar una
publicación en la cual se señalara específicamente que fueron ilegal y arbitrariamente privadas de
su libertad, lo anterior con la finalidad de restituir el buen nombre y como garantías de no repetición.

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3.4.4 Lucro cesante

1) En la demanda se solicitó que se pague lo equivalente a ingresos dejados de
percibir por la demandante como auxiliar administrativa grado 02 del Departamento
del Meta durante el tiempo en que permaneció privada de la libertad, sin embargo,
se advierte que en relación con el periodo comprendido entre el 15 de septiembre
de 2003 al 14 de diciembre de 2003 no hay lugar a reconocer una indemnización
por este aspecto, porque la actora solicitó, por su propia voluntad, una licencia no
remunerada. De la resolución 0205 del 13 de febrero de 2004 expedida por el
gobernador departamental por medio de la cual se declaró la vacancia temporal del
cargo ocupado por la señora Rogelia Isabel Granda Patiño, se destaca lo siguiente:

“Que la señora ROGELIA ISABEL GRANDA PATIÑO quien ejerce el
cargo de auxiliar administrativo grado 02 en el sector central, ha solicitado
a la administración departamental una licencia no remunerada por tres (3)
meses por causas de fuerza mayor en razón a que se ha visto involucrada
en un proceso penal que cursa en la ciudad de Bogotá.

A través de la resolución 1289 de 2003 se le concedió licencia no
remunerada por 60 días contados a partir de septiembre 15 de 2003.
Mediante oficio del 13 de noviembre de 2003 la señora Granda Patiño
solicita prórroga de la licencia en razón a que se encuentra privada de la
libertad. Mediante resolución 0543 de 2003 se prorrogó la licencia no
remunerada en 30 días más a partir del 14 de noviembre de 2003.

Que la funcionaria debía haberse reintegrado a su empleo el día 14 de
diciembre de 2003 y llegada esa fecha no se reintegró a su trabajo.

(…) Que el Decreto 1950 de 1973 en su artículo 126 dispone que cuando
un funcionario no reasume sus funciones al vencimiento de una licencia o
deje de concurrir a su trabajo por tres días consecutivos sin justa causa
se produce abandono del cargo.

(…) Que para no violar los derechos que le puedan corresponden a la
señora Granda Patiño, y como la administración requiere un funcionario
para que ejerza las funciones del cargo del cual es titular la señora Rogelia
Granda se requiere declarar la vacancia temporal del empleo en tanto se
defina la situación jurídica de la titular.” (fls. 365 a 369 cdno. anexo 2).

2) De otra parte, tampoco hay lugar a reconocer una indemnización por el periodo
restante por el que la señora Rogelia Isabel Granda Patiño estuvo detenida a cargo
de la Fiscalía General de la Nación, pues, como se observa del elemento material
probatorio previamente referenciado, se declaró la vacancia temporal del cargo de
la demandante mientras se definía su situación jurídica, la cual fue restablecida el
11 de abril de 2006 mediante la resolución número 0387, luego de haberse proferido
la sentencia absolutoria (fl . 364 cdno. anexo 2).

3) Asimismo, debe tenerse en cuenta que según lo previsto en el artículo 359 de la
Ley 600 de 2000, con la imposición de la medida de aseguramiento de detención
preventiva procede la suspensión en el ejercicio del cargo del servidor público. En

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ese orden, el perjuicio invocado por la parte demandante provino de una actuación
legítima del Departamento del Meta en cumplimiento de una disposición legal que
obligaba a la suspensión en el ejercicio de sus funciones, por lo que es al
Departamento del Meta a quien se le debe reclamar el pago por los ingresos dejados
de percibir y, toda vez que este no fue vinculado en el proceso, la Sala revocará la
indemnización reconocida en primera instancia por concepto de lucro cesante y a
cargo de esa entidad territorial.

4) Finalmente, se confirmará la decisión de primera instancia que negó el
reconocimiento del daño emergente, por no ser objeto de recurso de apelación.

4. Conclusión

En consecuencia, por estar demostrada la privación de la libertad de la señora
Rogelia Isabel Granda Patiño hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial
extracontractual de la entidad demandada de conformidad con las consideraciones
expuestas en esta providencia, atribuible a la Fiscalía General de la Nación a título
de daño especial.

5. Costas

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 dispone que se condenará en costas a la parte
que hubiere actuado en forma temeraria, en el presente caso la Sala no observa
comportamiento temerario en las actuaciones procesales de la entidad demandada
dentro del proceso, razón por la cual no será condenada por este concepto.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1°) Modifícase la sentencia proferida el 19 de agosto de 2015 por el Tribunal
Administrativo del Meta la cual queda así:

PRIMERO: Declárase patrimonial y extracontractualmente responsable a
la Fiscalía General de la Nación por los daños antijurídicos causados por
la privación injusta de la libertad que padeció la señora Rogelia Isabel
Granda Patiño.

20

Expediente 50001-23-31-000-2008-00403-01 (59.189)
Demandante: Rogelia Isabel Granda Patiño y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

SEGUNDO: Como consecuencia, condénase a la Fiscalía General de la
Nación a pagar por concepto de perjuicio moral, las siguientes sumas de
dinero:

a) Para la actora Rogelia Isabel Granda Patiño la suma equivalente a
cuarenta y ocho punto cero nueve (48.09) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia de segunda
instancia.

b) Para cada uno de los actores Natalia Isabel Meneses Granda y Juan
Guillermo Meneses Granda la suma equivalente a dieciséis punto ochenta
y tres (16.83) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de
la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

c) Para cada uno de los actores Manuel Jesús Granda Patiño y Ana
Leonor Granda Patiño la suma equivalente a catorce punto cuarenta y tres
(14.43) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la
ejecutoria de la sentencia de segunda instancia.

d) Para la masa herencial de la señora Isabel Cesarina Patiño de
Granda la suma equivalente a veinticuatro punto cero cinco (24.05)
salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria
de la sentencia de segunda instancia.

e) Para la masa herencial de la señora Erika Janneth Meneses Granda
la suma equivalente a dieciséis punto ochenta y tres (16.83) salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la
sentencia de segunda instancia.

TERCERO: La Fiscalía General de la Nación remitirá con destino a la
señora Rogelia Isabel Granda Patiño una misiva en la que exprese
disculpas a raíz de la privación de la libertad de la cual fue objeto y
reconozca que no era responsable del delito por el que fue privada de su
libertad, conforme a los términos señalados en esta providencia.

CUARTO: Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

2°) Sin condena en costas en segunda instancia.

3º) En firme este fallo, por Secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen
para lo de su cargo, previas las constancias de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Aclara voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado

Aclara voto
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en

21

Expediente 50001-23-31-000-2008-00403-01 (59.189)
Demandante: Rogelia Isabel Granda Patiño y otros
Reparación directa
Apelación sentencia

consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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