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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02696-01

Fecha
18 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02696-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia impugnada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así: “[…] SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo constitucional por falta del requisito de relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 37 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02696-01 Actores: HIPÓLITO CALDERÓN DÍAZ Y OTRO TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-02696-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

18 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02696-01
Referencia: Acción de tutela
Actores: HIPÓLITO CALDERÓN DÍAZ Y OTRO

TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE NEGÓ LAS
PRETENSIONES DE LA TUTELA Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA
IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA, TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE CON
EL REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD Y VERDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta los actores contra la sentencia de

19 de junio de 2025, mediante la cual la SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN

“A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1 negó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

Los señores HIPÓLITO CALDERÓN DÍAZ y JOSÉ ÁNGEL ANGARITA

1 En adelante la SECCIÓN SEGUNDA.

2

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LEONEL, actuando a través de apoderada judicial, en ejercicio de la acción de

tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia, a la igualdad, a la verdad y a los principios de

seguridad jurídica, reparación integral y no repetición, los cuales estiman

vulnerados por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN -“C”- DEL CONSEJO

DE ESTADO2, al proferir la sentencia de 23 de septiembre de 2024, dentro de la

acción de reparación directa identificada con el número único de radicación

2011-00369-01.

I.2.- Hechos

Indicaron que presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación

directa por la privación injusta de la libertad que fueron sujetos desde el 29 de

octubre de 2007 hasta el 26 de junio de 2009.

Adujeron que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META3, profirió

sentencia el 19 de abril de 2018, en la que determinó que la privación de la

libertad fue injusta teniendo en cuenta que culminó con decisión absolutoria,

por cuanto no se probó que hubieran cometido el delito investigado, por lo que

2
En adelante SECCIÓN TERCERA.
3
En adelante el TRIBUNAL.

3

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declaró responsable a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN4 de los

perjuicios ocasionados.

Manifestaron que la FISCALÍA interpuso recurso de apelación, el cual fue

resuelto por la SECCIÓN TERCERA en sentencia de 23 de septiembre de

2024 que, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negó las

pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que la captura de los

investigados fue conforme a lo establecido en los artículos 336, 340, 349, 351,

352, 354 y 356 de la Ley 600 de 24 de julio de 20005, y la medida de

aseguramiento había sido necesaria, proporcional, razonable, por lo que no se

había generado daño antijurídico alguno.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de los actores, la SECCIÓN TERCERA incurrió en defecto fáctico,

desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución

Política.

Adujeron que en el caso bajo estudio se configuró el defecto fáctico por la

valoración defectuosa del material probatorio allegado al expediente ordinario,

entre este, las declaraciones rendidas por los señores JHON FREDY FIERRO

SALAZAR, EDEL SMITH RAMÍREZ e ISIDRO MÉNDEZ LASSO, dentro del

4
En adelante la FISCALÍA.
5 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

4

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proceso penal adelantado por el delito de por rebelión iniciado contra ellos.

Tampoco hubo pronunciamiento en la medida de aseguramiento frente a los

supuestos riesgos de fuga o entorpecimiento a la justicia por su eventual

liberación y no se le dio valor a la decisión absolutoria.

Consideraron que la medida de aseguramiento dictada no se basó en criterios

de peligrosidad, por el contrario, en ella se realizó un análisis parcial y

superficial del material probatorio, pasando por alto los principios de

razonabilidad y legalidad.

Afirmaron que se desconoció el precedente jurisprudencial contenido en las

sentencias proferidas por la SECCIÓN TERCERA6 en las que se analizó la

responsabilidad de la FISCALÍA por privación injusta de la libertad de

personas que fueron absueltas en procesos penales en las que, a pesar de

haberse establecido la legalidad de la medida de aseguramiento, la absolución

de la víctima conllevó a reconocer el daño antijurídico alegado.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, los actores solicitaron el amparo de sus

derechos fundamentales invocados como violados y, en consecuencia:

6
“[…] Consejo de Estado. Sentencia del 7 de febrero de 2025. Rad. N°54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372).
M.P. Alberto Montaña Plata; Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia del 27 de julio de 2023. Rad. N° 50001-
23-31-000-2008-00403-01 (59.189). M.P. Fredy Ibarra Martínez; Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del
13 de septiembre de 1991. Rad. N°6.453 […]” (sic)

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“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la
seguridad jurídica, a la verdad, a la reparación integral y a la no repetición
de los accionantes de la presente acción de tutela, JOSÉ ÁNGEL
ANGARITA LEONEL e HIPÓLITO CALDERÓN DÍAZ, quienes fueron
demandantes dentro del proceso de reparación directa identificado con el
radicado No. 50001-23-33-1000-2011-00369-01 (sic) (62091).

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Consejo
de Estado – Sección Tercera – Subsección C, de fecha 23 de septiembre
de 2024, notificada el 18 de octubre de 2024, mediante la cual se revocó
la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, se negaron las
pretensiones formuladas en el medio de control de reparación directa
dentro del proceso con radicado No. 50001-23-33-1000-2011-00369-01
(sic) (62091).

TERCERO: En concordancia con lo anterior, ORDENAR al Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección C que, dentro de los veinte (20)
días siguientes a la notificación de la sentencia que resuelva esta acción
de tutela, profiera una nueva decisión que reemplace la sentencia dejada
sin efectos, en la que se valoren de manera integral y conforme a la
Constitución las consideraciones planteadas en el presente escrito, así
como las que resulten de la sentencia que conceda la protección, en
relación con los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la
verdad, a la reparación integral y a la no repetición […]”. (Negrilla del
texto) (sic)

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA pese a ser notificada del presente trámite,

guardó silencio.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- La FISCALÍA solicitó su desvinculación del trámite de tutela por falta de

legitimación en la causa por pasiva, pues frente a ella no se predica la

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vulneración de algún derecho fundamental ni ha hecho u omitido algo para que

cese la presunta transgresión.

De otra parte, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela

dado que no se acreditó los requisitos de procedencia excepcional de la acción

de tutela contra providencia judicial.

I.6.2.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL DE VILLAVICENCIO solicitó declarar la improcedencia de la acción

de tutela de la referencia, dado que el presente mecanismo no es una tercera

instancia, máxime si se tiene en consideración que los actores contaban con

el recurso extraordinario de revisión.

Adujo que la SECCIÓN TERCERA efectuó un análisis minucioso de los

medios probatorios obrantes en el proceso y tuvo en cuenta los precedentes

judiciales en materia de responsabilidad del Estado, de modo que no se

vislumbra defecto alguno.

I.6.3.- El TRIBUNAL pese a ser notificado del presente trámite, guardó

silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

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La SECCIÓN SEGUNDA, mediante sentencia de 19 de junio de 2025, dispuso

lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada
por la Fiscalía General de la Nación.

SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por Hipólito Calderón
Díaz y José Ángel Angarita, a través de la acción de tutela
instaurada en contra de la Subsección “C” de la Sección Tercera
del Consejo de Estado […]”.

Manifestó que la medida de detención preventiva dictada contra los actores

reunía las condiciones de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Además, tampoco se podía afirmar que la SECCIÓN TERCERA no tuvo en

cuenta la decisión absolutoria, pues en virtud de esta fue que se reconoció de

forma expresa que los procesados fueron absueltos en virtud del principio

indubio pro reo.

Agregó que el hecho de que los actores fueran privados de la libertad no

conllevaba a que el Estado respondiera patrimonialmente por tal restricción,

pues se debían acreditar los elementos de responsabilidad; asimismo, señaló

que los resultados del proceso penal eran diferentes a los de la acción de

reparación directa objeto de controversia.

Respecto al desconocimiento de la Constitución Política, afirmó que no existe

un trato diferencial al aplicar un régimen distinto al objetivo como lo pretende

la parte actora, por cuanto la jurisprudencia del Consejo de Estado ha

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establecido que el régimen de responsabilidad para los casos de privación de

la libertad puede ser objetivo o subjetivo dependiendo de los supuestos

fácticos y jurídicos.

Por último, refirió que las sentencias traídas como precedente jurisprudencial

no lo eran de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, por lo

que no se podía ordenar a la SECCIÓN TERCERA aplicarlas y/o tenerlas en

cuenta.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

Los actores impugnaron la decisión de primera instancia y solicitaron que se

revoque para que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la acción de

tutela en atención a las siguientes consideraciones:

Manifestaron que se omitió analizar los argumentos respecto a los testimonios

de los señores JHON FREDY FIERRO SALAZAR, EDEL SMITH RAMIREZ e

ISIDRO MÉNDEZ LASSO, dentro del proceso penal adelantado por el delito

de rebelión iniciado en su contra, pues en la sentencia acusada solo se valoró

el contenido de una de las declaraciones y se omitió el análisis de las

evidencias contradictorias e incoherentes en estas

Adujeron que discrepaban de los argumentos del juez de primer grado frente

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al desconocimiento del precedente jurisprudencial, pues tal reparo se expuso

conforme a derecho superando los estándares argumentativos así “[…] la ratio

decidendi de la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado,

proferida el 27 de julio de 2023 era aplicable al caso concreto […]”.

Mencionaron que el fallo de primer grado validó la detención preventiva con

fundamento en testimonios débiles y contradictorios, pues se le traslada al

ciudadano una carga incompatible con el principio de igualdad.

De otra parte, la SECCIÓN TERCERA allegó un escrito en el que se pronunció

frente a la impugnación presentada por los actores y manifestó que lo que se

pretende es reabrir una discusión sobre hechos y pruebas valoradas por el

juez natural sin que se observe la trasgresión de derecho fundamental alguno

que haga necesaria la intervención del juez constitucional.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de

noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida

en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º

del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80

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de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado,

que regula la distribución de negocios entre las secciones.

Cuestión previa

Impedimento manifestado por el doctor Oswaldo Giraldo López

Mediante escrito del 1° de septiembre de 2025, el doctor Oswaldo Giraldo
López manifestó impedimento para conocer y decidir el asunto de la
referencia, con fundamento en las causales previstas en el numeral 1º del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal y numeral 3º del artículo 130
del CPACA.

La Sala, encontrándose en la oportunidad procesal para resolver tal
manifestación de impedimento, advierte que, actualmente, el doctor Oswaldo
Giraldo López no es integrante de esta Sección, por haber terminado su
período constitucional para el cual fue elegido.

En atención a lo anterior, esta Sala de Decisión se abstendrá de resolver la
manifestación de impedimento realizada por el doctor Oswaldo Giraldo López.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente

núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, consejera María

Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia

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jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente

la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de

la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar

al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros

jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de

2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros

pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual

fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos

generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra

providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.

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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto
es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir
que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida
la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si
la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales,
tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de
imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en
el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias
a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que
el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al
interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender
la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates
sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

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[…] Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que
proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario
acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de
procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este
sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela
contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Negrilla fuera del texto).

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que los actores pretenden que se deje

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sin efecto la providencia de 23 de septiembre de 2024, proferida por la

SECCIÓN TERCERA, mediante la cual se revocó la sentencia dictada el 19

de abril de 2018 por el TRIBUNAL, dentro de la acción de reparación directa

identificada con el número único de radicación 2011-00369-01.

A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio, la

autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico por la indebida

valoración probatoria de los testimonios rendidos en el proceso penal,

violación directa de la Constitución por la presunta vulneración del derecho

al debido proceso, presunción de inocencia y garantías judiciales y el

desconocimiento del precedente judicial de la SECCIÓN TERCERA7 sobre

escenarios similares en los que se debatió la responsabilidad del Estado por

la privación injusta de la libertad de los allí demandantes.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN

SEGUNDA que, mediante sentencia de 19 de junio de 2025, negó las

pretensiones de la demanda.

Inconforme con lo anterior, los actores impugnaron la decisión de primera

instancia y solicitaron que se revoque, para lo cual reiteraron los argumentos

expuestos en el escrito de la tutela y sostuvieron que el a quo valoró solo el

7
“[…] Consejo de Estado. Sentencia del 7 de febrero de 2025. Rad. N°54001-23-31-000-1998-01027-01 (47372).
M.P. Alberto Montaña Plata; Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia del 27 de julio de 2023. Rad. N° 50001-
23-31-000-2008-00403-01 (59.189). M.P. Fredy Ibarra Martínez; Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del
13 de septiembre de 1991. Rad. N°6.453 […]” (sic)

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contenido de uno de los testimonios omitiendo el análisis de las evidencias

contradictorias e incoherentes de todas las declaraciones aportadas. Sobre el

desconocimiento del precedente judicial, adujeron que fue expuesto en

derecho y con fundamentos argumentados de modo que era aplicable “[…] la

ratio decidendi de la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado,

proferida el 27 de julio de 2023 […]”.

Mencionaron que el fallo de primer grado validó la detención preventiva con

fundamento en testimonios débiles y contradictorios, pues se le traslada al

ciudadano una carga incompatible con el principio de igualdad.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que se debe

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe confirmar,

modificar o revocar la decisión de primer grado, para lo cual, en primer lugar,

se debe estudiar si el presente caso cumple con los presupuestos generales

de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así,

se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

deprecados.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales

de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la

jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena

de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

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De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela

se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de

«evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia

constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias

judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser

el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de

amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es

necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional8, de manera tal que

«sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en

sede de tutela».9

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la

acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta

Corporación10, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada
por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.
8
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001

03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el
que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos
cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228
y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en
un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir
a otras jurisdicciones” [12].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos
fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que
supone la conjunción de dos elementos necesarios [13]

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor
para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No
basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se
cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [14].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede
erigirse en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso
de que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en
torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de
mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos.
Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales,
contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la
especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del
recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución,
para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de
amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

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En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007,
Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión
que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe
ser una cuestión de evidente relevancia constitucional.
Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de un
derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra
decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente
relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir
asuntos de mera legalidad [15]. Si bien no siempre es fácil
delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de
diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los
antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos
ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge
de la propia Constitución y que es el denominado debido
proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor
legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso
[16].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art.
29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o
básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales
garantías esenciales son el derecho al juez natural [17]; el
derecho a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de
defensa –que incluye el derecho a la defensa técnica-; el
derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el principio
de predeterminación de las reglas procesales o principio de
legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y
decisiones judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar
la relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace
parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos
caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la
inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso,
anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio

[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en
la sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional en

sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho requisito tiene

como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la
protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la
preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para
la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la
prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la tutela

contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de

corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para

la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de tutela en

concreto cumplía con el requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
(ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la

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acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte,
se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene como

propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de

mera legalidad; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia

o recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar

la competencia y la independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente acción de

tutela no cumple con el requisito general de la relevancia constitucional, en la

medida en que se advierte que lo pretendido por los actores es que se realice

un nuevo análisis del asunto puesto a consideración del juez natural de la

causa, como si este mecanismo constitucional se tratara de una instancia

adicional al proceso ordinario.

Al verificar los motivos que fundamentan las divergencias, se encuentra que

estos se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial accionada

incurrió en una indebida valoración probatoria, en especial, respecto de los

testimonios de los señores JHON FREDY FIERRO SALAZAR, EDEL SMITH

RAMIREZ e ISIDRO MÉNDEZ LASSO dentro del proceso penal adelantado

por el delito de rebelión en su contra, sumado a que no se analizó el contexto

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en el que se dieron los hechos del caso objeto de cuestionamiento.

Además, por cuanto también, presuntamente, se desconoció el precedente

jurisprudencial establecido por la SECCIÓN TERCERA18 en asuntos similares

sobre privación injusta de la libertad.

En efecto, revisado el expediente digital del proceso objeto de controversia, se

extrae que las inconformidades traídas ante a esta instancia constitucional

giran en torno a la inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural

del asunto, la cual fue resuelta por la SECCIÓN TERCERA, así:

“[…] 7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

En aras de resolver los cargos invocados en el recurso de apelación, la
Sala analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la
responsabilidad patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho
instituto jurídico depende de la sumatoria de los componentes que lo
conforman. Por lo anterior, se hace necesario abordar dichos elementos
de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y ii) su imputación frente al
Estado.

[…]

Dichas premisas se analizarán teniendo en cuenta cuatro hechos
fundamentales que tuvieron lugar durante el proceso penal del que fueron
objeto José Ángel Angarita Leonel e Hipólito Calderón Díaz a saber: i) las
actuaciones de la Fiscalía General de la Nación en punto de su captura, ii)
la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva impuesta
en su contra el 14 de noviembre de 2007 por la Fiscalía 16 de la Unidad
contra el Terrorismo, iii) los términos procesales para calificar el mérito del
sumario, celebrar audiencia pública y proferir sentencia, y iv) las
decisiones mediante las cuales la Fiscalía General de la Nación y la Rama
Judicial negaron el beneficio de libertad provisional a los procesados.

18
“[…] Sección Tercera, Sentencia del 27 de julio de 2023. Rad. N° 50001-23-31-000-2008-00403-01 (59.189). M.P.
Fredy Ibarra Martínez […]”.

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7.2.1. Las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación en punto de
la captura de José Ángel Angarita Leonel e Hipólito Calderón Díaz

Según lo expuesto, en un primer momento, se procederá al estudio del
daño alegado, consistente en la privación de José Ángel Angarita Leonel
e Hipólito Calderón Díaz, derivada de la captura.

Al respecto, el artículo 340 de la Ley 600 de 2000 […]

A su turno, el artículo 352 ibidem estipula que […]

Finalmente, el artículo 354 […]

Bajo el anterior contexto, se observa que la captura de José Ángel Angarita
Leonel e Hipólito Calderón Díaz cumplió con el requisito previsto en el
artículo 340 de la Ley 600 de 2000, puesto que la Fiscalía General de la
Nación no tardó más de seis (6) días19 para realizar la indagatoria de los
procesados. Justamente, debe resaltarse que el 30 de octubre de 2007,
uniformados del Ejército Nacional dejaron a disposición de la Fiscalía 16
de la Unidad contra el Terrorismo a José Ángel Angarita Leonel e Hipólito
Calderón Díaz (hecho probado 7.1.3.) y el 31 de octubre y el 1º de
noviembre siguiente rindieron indagatoria ante el instructor,
respectivamente (hechos probados 7.1.5. y 7.1.6.)

Asimismo, se observa que la captura de los procesados cumplió con lo
dispuesto en el artículo 352 de la Ley 600 de 2000, toda vez que el
funcionario judicial bajo cuya orden se encontraban, expidió mandamiento
escrito al director del establecimiento donde se encontraban recluidos
dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a que tuvo conocimiento
de su captura. En efecto, el 29 de octubre de 2007, uniformados del Ejército
Nacional capturaron a José Ángel Angarita Leonel e Hipólito Calderón Díaz
(hechos probados 7.1.2.) y, al día siguiente, la Fiscalía 16 de la Unidad
contra el Terrorismo solicitó al director del establecimiento de reclusión
mantenerlos detenidos (hecho probado 7.1.4.), de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 352 de la Ley 600 de 2000.

Finalmente, se evidencia que se cumplió con el término previsto en el
artículo 354 de la Ley 600 de 2000, dado que no transcurrieron más de
diez (10) días hábiles20 contados a partir de la indagatoria, para que el

19
“[…] El término inicial de tres (3) días para recibir la indagatoria se amplió a seis (6) días, de conformidad con el
artículo 340 de la Ley 600 del 2000, porque fueron más de dos (2) los capturados. “Artículo 340. [L]a indagatoria
deberá recibirse en la mayor brevedad posible o a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a aquel en que el
capturado haya sido puesto a disposición del Fiscal General de la Nación o su delegado. Este término se duplicará si
hubiera más de dos (2) capturados en la misma actuación procesal y la aprehensión se hubiere realizado en la misma
fecha” […]”.
20
“[…] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 21 de octubre de 2009, exp. 38.892. “pues
en relación con la forma como deben contabilizarse los términos […] de la Ley 600 de 2000 y de aquellas que la
antecedieron, la Sala ha expuesto los siguientes criterios: En auto del 10 de julio de 1980, G.J. 2402, página 316 y
317, dijo lo siguiente: || De los términos anteriores, el referente a la práctica de la diligencia de indagatoria no admite
interrupción alguna de conformidad con el artículo 149 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto dispone que
‘todos los días y horas son hábiles para practicar actuaciones en la investigación sumaria’, de modo que ‘los términos

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funcionario judicial definiera su situación jurídica. En efecto, el 31 de
octubre y el 1º de noviembre de 2007, José Ángel Angarita Leonel e
Hipólito Calderón Díaz rindieron indagatoria, respectivamente, (hechos
probados 7.1.5. y 7.1.6.) y el 14 de noviembre de 200783 de noviembre
siguiente, la Fiscalía 16 de la Unidad contra el Terrorismo resolvió la
situación jurídica de los procesados (hecho probado 7.1.7.). En este orden
de ideas, se evidencia que la captura de José Ángel Angarita Leonel e
Hipólito Calderón Díaz satisfizo las prerrogativas previstas en los artículos
340, 352 y 354 de la Ley 600 de 2000.

Así, se concluye que el procedimiento de captura estuvo ajustado a
derecho, pues se cumplió con la normatividad procesal vigente que regula
dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos
fundamentales de los procesados, sin evidenciar actuaciones arbitrarias,
caprichosas o contrarias al ordenamiento jurídico por parte del ente
acusador que pudieran ocasionar la configuración de un daño antijurídico
digno de ser indemnizado.

7.2.2. La medida de aseguramiento impuesta el 14 de noviembre de
2007 en contra de José Ángel Angarita Leonel e Hipólito Calderón
Díaz por parte de la Fiscalía 16 de la Unidad de Terrorismo

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la
privación de la libertad de José Ángel Angarita Leonel e Hipólito Calderón
Díaz, derivada de la medida de aseguramiento impuesta por parte de la
Fiscalía 16 de la Unidad contra el Terrorismo, la cual es calificada como
injusta por los demandantes.

Ahora bien, el artículo 355 de la Ley 600 de 2000 señala […]

Igualmente, el artículo 357 ejusdem dispone que la medida de
aseguramiento es procedente, entre otros, cuando el delito tenga prevista
pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años.

Bajo el anterior contexto, se observa que la medida de aseguramiento
impuesta el 14 de noviembre de 2007 por la Fiscalía 16 de la Unidad contra
el Terrorismo cumplió con el requisito previsto en el artículo 356 de la Ley
600 de 2000, pues decretó la detención preventiva de la libertad de José
Ángel Angarita Leonel e Hipólito Calderón Díaz con fundamento en varias

legales y judiciales no se suspenden por la interposición del día feriado durante ella’; no así, sin embargo, el que se
contrae a la definición de la situación jurídica del capturado, plazo para el cual solo se computan los días hábiles,
como lo indican los artículos 191 y 186 ibídem, al establecer, el primero, que se suspenden durante los feriados o las
vacaciones y cuando no haya despacho al público y, el segundo, que el que vence en día sucesivo feriado se prorroga
de derecho hasta el día sucesivo no feriado, preceptos ambos de carácter general que no se oponen a la norma
especial del artículo 149 ibídem, que se refiere a la práctica de diligencia y no, por consiguiente, al proferimiento de
autos y sentencias, o a su notificación o ejecutoria, o a otras determinaciones, para las cuales rigen aquellas normas
generales y no está, su excepción […]. Por lo tanto, de acuerdo con el criterio jurisprudencial que rige en relación con
la Ley 600 de 2000, los términos se pueden contabilizar hábiles […]”. [Negrilla al texto]. Tomado de: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 17 de septiembre de
2018, exp. (47273) […]”.

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pruebas directas que daban cuenta, de forma preliminar, que podían ser
autores del delito de rebelión. Justamente, en la Resolución del 14 de
noviembre de 2007, dictada por la Fiscalía 16 de la Unidad de Terrorismo,
se consideró lo siguiente:

[…]

Según lo expuesto, el fundamento de la medida de aseguramiento cumplió
con las exigencias previstas en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, pues
se sustentó en varias declaraciones juramentadas que, como prueba
directa, para ese momento procesal, permitían inferir, preliminarmente, que
José Ángel Angarita Leonel e Hipólito Calderón Díaz podían ser autores
del delito de rebelión. En efecto, la medida precautelativa se sustentó en
las declaraciones juramentadas de John Fredy Fierro Salazar, Isidro
Méndez Lasso y Edel Smith Ramírez, exintegrantes de las FARC.

Así las cosas, se advierte que en contra de José Ángel Angarita Leonel
alias “Rancho de Paja” existían tres declaraciones juradas que lo
sindicaban de ser autor del delito de rebelión. Precisamente, John Fredy
Fierro Salazar21 en declaración jurada sostuvo que “él es comandante de
una escuadra de milicias en la vereda, se encarga de recoger información
y organizar fiestas y bazares para recoger fondos para para la guerrilla,
tiene cultivos de coca”. Por su parte, Edel Smith Ramírez22 en declaración
jurada indicó “Io conocí haciendo curso de inteligencia que lo hicimos en la
vereda de San Miguel a finales del 2003, miliciano de la vereda la Argelia
municipio de Uribe, no le conozco mucho de él, porque es de otra parte, lo
único que sé es que es miliciano ya que estuvo haciendo conmigo varios
cursos de inteligencia... mueve víveres y material de guerra a las FARC, él
pasaba entre las veredas de la Argelia a Muriba a recoger intendencia en
las mulas, un día yo estaba ahí y las llevaba para el lado de San Carlos
donde los conejos, que es un sitio de bodega y a donde los Choyos”.
Igualmente, Isidro Méndez Lasso23 en declaración jurada manifestó “lo
conozco de la Julia y se desempeña como miliciano de información, yo lo
miraba andando con más milicianos, tenía contacto directo con la
subversión”.

De otro lado, se evidencia que frente a Hipólito Calderón Díaz alias “Polo
o Pata Limpia” existían dos declaraciones juradas que lo sindicaban de ser
autor del delito de rebelión. Justamente, John Fredy Fierro Salazar24
sostuvo en su declaración juramentada que “alias Polo, tiene un granero
en donde la guerrilla guarda estopines, munición y artefactos explosives,
queda saliendo del pueblo la Julia, hacia el lado de la pista... lleva la
economía y surte a las FARC, tiene un hijo en la guerrilla”. En el mismo
sentido, Isidro Méndez Lasso25 en declaración jurada indicó que “alias Pata

21
“[…] Fl. 26 a 32, C. 23 […]”.
22
“[…] Fl. 172 a 180, C. 25 […]”.
23
“[…] Fl. 181 a 190, C. 25 […]”.
24
“[…] Fl. 26 a 32, C. 23 […]”.
25
“[…] Fl. 181 a 190, C. 25 […]”.

25

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Limpia o Polo, es miliciano neto, suministra información de la tropa,
además, encargado de enviar economía desde la Julia, ya que tiene un
granero, es una persona muy antigua en la Julia, él estaba pendiente de
todo lo que llegaba y salía de la Julia”.

De conformidad con lo anterior, se observa que la medida cautelar privativa
de la libertad, satisfizo los requisitos previstos en el artículo 356 de la Ley
600 de 2000, esto es, existir “[…] por lo menos dos indicios graves de
responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del
proceso”, más aún porque los testimonios de John Fredy Fierro Salazar,
Isidro Méndez Lasso y Edel Smith Ramírez eran pruebas directas26 que
permitieron superar las exigencias previstas en el artículo referido27, para
poder imponer una medida de aseguramiento de detención preventiva28 en
contra de José Ángel Angarita Leonel e Hipólito Calderón Díaz.

Bajo la óptica anterior, se observa que la Resolución del 14 de noviembre
de 2007 por la Fiscalía 16 de la Unidad contra el Terrorismo, que ordenó
imponer medida de aseguramiento en contra de José Ángel Angarita
Leonel e Hipólito Calderón Díaz (hecho probado 7.1.7.), cumplió con lo
dispuesto en el artículo 356 de la Ley 600 del 2000, porque se fundamentó
en las versiones juramentadas de los exintegrantes de las FARC, John
Fredy Fierro Salazar, Isidro Méndez Lasso y Edel Smith Ramírez,
declaraciones que, según lo consagrado en la medida precautelar, fueron
claras y consistentes, alcanzando el estándar probatorio exigido en la ley

26
“[…] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 18 de enero de 2017, rad. 40120: “Ahora
bien, el estándar de conocimiento requerido para la condena (certeza - racional-) debe considerarse frente al hecho
jurídicamente relevante que se integra al tema de prueba (el origen directo o indirecto de los bienes en alguna de las
actividades ilícitas descritas en la norma), que puede lograrse con “prueba directa” o con “prueba indiciaria”, según
se anotó en párrafos precedentes […] Por eso, a falta de prueba directa o, a lo sumo, inferencial o indirecta, pero
razonable, no exclusivamente contingente, sino necesaria, de que los bienes provienen de la comisión antecedente
de alguno de los delitos expresamente señalados en la ley, no podría entenderse acreditada la materialidad de la
conducta punible y la responsabilidad del acusado sino que habría que dar paso al reconocimiento de la duda
probatoria, dada la garantía sustancial de todo ciudadano a la presunción de inocencia” […]”.
27
“[…] Carnelutti, Francesco. Sistemas de responsabilidad civil. Tomo II, Buenos Aires. Editorial Uthea, 1994, p. 402,
tomado de Jairo Parra Quijano. Algunos apuntes de la prueba indiciaria. p.15 “los indicios son una prueba crítica,
lógica, indirecta. Podemos decir que cuando se habla de prueba directa el hecho lo presencia el juez; en la prueba
histórica, como por ejemplo, en el testimonio o el documento, se le representa al juez el hecho a probar; en la prueba
de indicios ni el juez observa el hecho ni éste está representado, lo que tiene es un hecho que le sirve de sustento o
de base para buscar el hecho a probar” […]”
28 “[…] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de junio de 2019. Rad.:

44473. “No obstante, la Sala estima pertinente aclarar que, conforme a lo anterior, la medida de
aseguramiento no se fundamentó en dos indicios graves en contra del investigado, sino por la existencia
de una prueba testimonial directa, que tiene mayor mérito probatorio que dichos indicios. Como lo ha
precisado la doctrina, la prueba indiciaria está conformada por un raciocinio, en el que un hecho
desconocido es inferido a partir de uno conocido, por lo que su fuerza probatoria reside en la solidez del
vínculo que une los dos hechos. Así pues, se presenta un indicio grave cuando existe una clara relación
de causalidad probable entre el hecho conocido y el desconocido, como lo ha explicado la jurisprudencia
contencioso-administrativa, haciendo suyas las palabras de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia. Sin embargo, aun cuando se trate de un indicio grave, los indicios han sido
clasificados, doctrinal y jurisprudencialmente, dentro de las pruebas indirectas, que tienen un menor valor
probatorio que las directas, ya que, al presentarse un raciocinio intermedio en la prueba indirecta, esta
pierde objetividad” […]”.

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procesal penal para imponer medida de aseguramiento privativa de la
libertad en contra de los implicados.

Así las cosas, se evidencia que la Fiscalía General de la Nación no
ocasionó un daño antijurídico a los procesados, pues no quebrantó lo
dispuesto en el ordenamiento jurídico y garantizó sus derechos, de
conformidad con lo estipulado en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000.
Finamente, se advierte que la medida de aseguramiento impuesta en su
contra estuvo debidamente fundamentada en pruebas que daban cuenta,
de forma preliminar, que los señores Angarita Leonel y Calderón Díaz
podían ser autores del delito por el cual eran investigados. Por otro lado,
también se advierte que la medida de aseguramiento cumplió con los
requisitos previstos en el artículo 357 de la Ley 600 de 2000, puesto que
el delito por el cual se investigaba a José Ángel Angarita Leonel e Hipólito
Calderón Díaz tenía prevista una pena de prisión que excedía de cuatro
(4) años. De hecho, el delito por el que se investigaba a los procesados era
el de rebelión, que según el artículo 46729 de la Ley 599 de 2000 tenía una
pena de prisión mínima de seis (6) años.

Igualmente, la medida restrictiva fue necesaria, proporcional y razonable30,
tal y como se desprende de los elementos de prueba obrantes en el
expediente, debido a la gravedad del delito por el cual estaban siendo
investigados, que no solo permitía sino aconsejaba la medida restrictiva de
la libertad. En otras palabras, se evidencia que el daño alegado encuentra
amparo legal por haberse derivado de una actuación de la Administración
ajustada a derecho y porque la medida de aseguramiento se dictó con
fundamento en el material probatorio mínimo que exigía la ley para la
adopción de tal medida, frente a la cual la parte demandante no puede
pretender indemnización de perjuicios.

En efecto, la medida resultaba: i) necesaria, dado que existía el mérito
probatorio suficiente31 para decretar la medida preventiva conforme al
ordenamiento procesal penal vigente al momento de su imposición,
determinación con la cual también se garantizó la presencia de José Ángel
Angarita Leonel e Hipólito Calderón Díaz en el proceso penal que se seguía
en su contra; ii) proporcional, por cuanto el delito por el cual se investigaba
a los indiciados era el de rebelión, que implicaba una pena privativa de la
libertad de seis (6) años de prisión; y iii) razonable, de cara a la gravedad
de la conducta.

De igual manera, debe tenerse en cuenta que en el caso concreto la parte
demandante tampoco allegó prueba alguna que permitiera vislumbrar que
la medida de aseguramiento carecía de proporcionalidad, razonabilidad o
29
“[…] Ley 599 de 2000. “Artículo 467. Los que mediante el empleo de las armas pretendan derrocar al Gobierno
Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente, incurrirán en prisión de seis (6) a nueve (9)
años y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes” […]”.
30
“[…] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU 072 de 2018 […]”
31
“[…] Las declaraciones juramentadas de tres exintegrantes de las FARC que los señalaban directamente de
pertenecer a dicho grupo armado al margen de la ley […]”

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que fuera arbitraria, carga que le correspondía asumir con el propósito de
acreditar la injusticia de la medida cuya omisión significa la imposibilidad
de acreditar responsabilidad al Estado por la privación de la libertad de
José Ángel Angarita Leonel e Hipólito Calderón Díaz, pues no logró
establecerse la antijuridicidad del daño que se les pudo haber causado.

En vista de lo expuesto se evidencia que la medida de aseguramiento
impuesta contra José Ángel Angarita Leonel e Hipólito Calderón Díaz
satisfizo las prerrogativas previstas en los artículos 355, 356 y 357 de la
Ley 600 de 2000.

7.2.3. Contabilización del término para calificar el mérito del sumario,
celebrar audiencia pública y proferir sentencia

En el caso sub examine se tiene que el daño consiste en la privación de
la libertad de José Ángel Angarita Leonel e Hipólito Calderón Díaz,
derivada del vencimiento de términos para calificar el mérito del sumario,
celebrar audiencia pública y proferir sentencia.

Ahora bien, el artículo 365 de la Ley 600 del 2000 […]

A su turno, el artículo 15 transitorio ibídem […]

Finalmente, el artículo 410 […]

Bajo el anterior contexto, se evidencia que la Fiscalía General de la Nación
cumplió con el requisito previsto en el numeral 4º del artículo 365 de la Ley
600 del 2000, pues no transcurrieron más de doscientos cuarenta (240)
días32 para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que los
sindicados fueron privados de la libertad de forma efectiva33. En efecto, el
32
“[…] El término inicial es de ciento veinte (120) días, no obstante, dicho término se duplica de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000. “Artículo 15. En los procesos que conocen los jueces
penales de circuito especializados, para que proceda la libertad provisional, los términos previstos en los numerales
4 y 5 del artículo 365 de este Código se duplicarán (…)” […]”
33
“[…] El término de doscientos cuarenta (240) días de privación efectiva de libertad se cuenta desde que se resuelve
la situación jurídica del sindicado con la imposición de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva.
Frente a la libertad provisional en la Ley 600 de 2000 y en el Decreto 2700 de 1991, la Corte Constitucional en
sentencia del 25 de julio de 2001 manifestó que: “(…) resulta pertinente reconocer la procedencia de las causales de
libertad provisional, mediante las cuales se restringe en el tiempo la duración de la detención preventiva (numerales
4 y 5 del artículo 415 del decreto 2700 de 1991, y numerales 4 y 5 del artículo 365 de la ley 600 de 2000), cuyos
parámetros de aplicación se encuentran estrictamente delimitados por ley. (…) estas normas permiten delimitar la
duración de la detención cumpliendo cabalmente el mandato constitucional de la presunción de inocencia, de tal
manera que la detención no se convierta en un anticipado de la pena”. (Se resalta) Corte Constitucional. Sentencia
C-774 de 2001. En el mismo sentido, en sentencia del 31 de mayo de 2000 manifestó que: “En punto a estas dos
últimas razones, la norma parcialmente impugnada -el numeral 4° del artículo 415 del C.P.P.- dispone que habrá lugar
a la libertad provisional cuando se hayan vencidos los términos de 120 o 180 días (según se trate de uno o varios
sindicados) sin que se hubiere calificado el mérito del sumario (…)’. Como se anotó al hacer referencia a las
circunstancias que amparan el reconocimiento del derecho a la libertad provisional, a través de esta causal el
legislador, en ejercicio de su facultad de configuración, quiso salvaguardar al procesado de la acción negligente del
funcionario judicial, conminando a este último a que, una vez resuelta la situación jurídica del implicado con medida
de aseguramiento de detención preventiva, actúe con celeridad y eficacia en el desarrollo de la investigación penal
(…)”. (Se resalta) Corte Constitucional. Sentencia C-634 de 2000. Sobre este aspecto, la Corte Suprema de Justicia
manifestó que el debido proceso penal en su faceta cautelar-accesoria, propia de las medidas de aseguramiento,
prevén como garantía fundamental la libertad provisional, establecida en términos específicos estipulados en la ley,
como por ejemplo, el artículo 365 de la Ley 600 de 2000: “la Sala fijará como premisas genéricas de resolución, en

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14 de noviembre de 2007 la Fiscalía 16 de la Unidad contra el Terrorismo
impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en
contra de José Ángel Angarita Leonel e Hipólito Calderón Díaz (hecho
probado 7.1.7.); y el 28 de abril de 2008, la misma Fiscalía dictó Resolución
de Acusación en su contra (hecho probado 7.1.13.).

Ahora bien, frente al término dispuesto en el numeral 5º del artículo 365 de
la Ley 600 de 2000, aunque se advierte que transcurrieron más de doce
(12) meses34 desde la ejecutoria de la Resolución de Acusación (hecho
probado 7.1.13.) hasta aquella en la que se celebró la Audiencia Pública
(hecho probado 7.1.25.), lo cierto es que se advierte que en el sub examine
no había lugar a conceder la libertad provisional de los sindicados, puesto
que el Juzgado Penal del Circuito de Granada instaló en término la
Audiencia Pública (hecho probado 7.1.16.), pero la misma fue suspendida
en varias oportunidades por causa justa o razonable35, de conformidad con
lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 365 y 15 transitorio de la Ley 600
de 2000, decisión que no fue objeto de reproche en la demanda ni en la
apelación.

A su vez, se advierte que la Rama Judicial cumplió con el término procesal
establecido en el artículo 410 de la Ley 600 del 2000, dado que no
transcurrieron más de quince (15) días contados a partir de la fecha en que
finalizó la práctica de pruebas y la intervención de los sujetos procesales
en la Audiencia Pública y aquella en la que se profirió sentencia de primera

primer lugar, algunos aspectos pertenecientes al debido proceso penal en su faceta cautelar-accesoria, propia de las
medidas de aseguramiento (debido proceso cautelar), que activan una protección reforzada del derecho a ser juzgado
dentro de un plazo razonable (…). ‘(…) La Corte ha indicado que la detención preventiva de una persona acusada de
un delito restringe su derecho a la libertad personal (…). Ha sostenido también, (…) que la fijación legal de un término
máximo de duración de la detención provisional (…), consulta en una sociedad democrática el delicado equilibrio que
debe mantenerse entre el interés legítimo del Estado de perseguir eficazmente el delito y sancionar a los responsables
y, de otro lado, la necesidad de asegurar la libertad de las personas y la posibilidad de garantizar un proceso justo e
imparcial. La detención temporal es una medida cautelar, pero, innegablemente, ‘trasciende sus efectos procesales y
repercute negativamente en la esfera de la libertad personal del inculpado’, lo cual revela la importancia de señalar
términos máximos de su duración (…). Sin embargo, en tanto manifestación del debido proceso, el plazo razonable
necesita de una concreción legislativa que, traducida a las formas propias del juicio, establezca los términos
específicos que ha de respetar el Estado para perseguir penalmente a una persona con restricción de la libertad
personal. Ejemplo de ello es el establecimiento de causales de libertad por vencimiento de términos (cfr. art. 317
nums. 4 al 6 de la Ley 906 de 2004 y art. 365 nums. 4 y 5 de la Ley 600 de 2000) o la fijación legal de un término
máximo de vigencia de la detención preventiva (…)”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia
STP16906-2017, Rad. 94.564 […]”.
34
“[…] El término inicial es de seis (6) meses, no obstante, dicho término se duplica de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000. “Artículo 15. En los procesos que conocen los jueces penales de
circuito especializados, para que proceda la libertad provisional, los términos previstos en los numerales 4 y 5 del
artículo 365 de este Código se duplicarán (…)” […]”
35
“[…] Sobre el particular, se advierte que el 3 de octubre se fijó fecha para evacuar audiencia pública de juzgamiento,
fecha en la que se escuchó la versión de algunos de los encartados y se fijó fecha para continuar la diligencia el 30 y
31 de octubre para escuchar la versión de los restantes procesados y evacuar algunas pruebas. Sin embargo, dicha
fecha fue aplazada por solicitud de la fiscalía y se fija nuevamente para el 21 de noviembre de 2008. En dicha fecha
se continuó con la audiencia pública y se escuchó la declaración de los demás procesados, además, se fijó fecha
para evacuar pruebas los días 15 y 16 de diciembre de 2008, en esta fecha se escucharon las declaraciones de los
procesados que faltaban. Por ello, se fijó el 29 de enero de 2009 para continuar evacuando la audiencia pública, no
obstante, esta no se pudo agotar por ausencia de los procesados privados de la libertad, razón por la cual se fijó
fecha para continuar la audiencia el 2 y 3 de marzo de 2009 a fin de escuchar estas declaraciones y de ser posible
las alegaciones finales de los señores defensores. Luego, el 20 de abril de 2009 se clausuró el período probatorio,
sin embargo, se solicitó el aplazamiento de las alegaciones finales por parte de la defensa de los procesados. En
consecuencia, se fijó los días 27 y 28 de mayo para finalizar la audiencia pública, circunstancia que acaeció el 5 de
junio de 2009 […]”.

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instancia. En efecto, se precisa que el 5 de junio de 2009, finalizó la
práctica de pruebas y la intervención de los sujetos procesales en la
Audiencia Pública (hecho probado 7.1.25.) y el 26 de junio de 200936, el
Juzgado Penal del Circuito de Granada dictó sentencia de fondo (hecho
probado 7.1.21.).

En suma, se concluye que: i) la privación de la libertad de José Ángel
Angarita Leonel e Hipólito Calderón Díaz cumplió con los términos
dispuestos los artículos 365 y 410 de la Ley 600 de 2000 y 15 transitorio
de la Ley 600 de 2000, y ii) no se causó un daño antijuridico a los
demandantes por el vencimiento de términos dispuesto en los artículos
365, numeral 4º, y 15 transitorio de la Ley 600 de 2000.

7.2.4. Las decisiones de la Fiscalía General de la Nación y la Rama
Judicial por medio de las cuales se negó el beneficio de libertad
provisional a José Ángel Angarita Leonel e Hipólito Calderón Díaz

En el caso sub examine se tiene que el daño consiste en la prolongación
injustificada de la libertad de José Ángel Angarita Leonel e Hipólito
Calderón Díaz, derivada de la negativa por parte de la Fiscalía General de
la Nación y la Rama Judicial de otorgar a los procesados el beneficio de
libertad provisional.

Ahora bien, se evidencia que el 15 de noviembre de 2007, el Juzgado 19
de Familia de Bogotá negó la solicitud de habeas corpus presentada por la
defensa de José Ángel Angarita Leonel e Hipólito Calderón Díaz, entre
otros, al considerar que el ente instructor respetó los términos para recibir
indagatoria y resolver la situación jurídica de los procesados (hecho
probado 7.1.8.).

Adicionalmente, se observa que el 4 de diciembre de 2007, la Fiscalía 16
de la Unidad contra el Terrorismo negó la revocatoria de la medida de
aseguramiento y la sustitución de detención preventiva por detención
domiciliaria al señor Angarita Leonel, pues advirtió que no habían
desaparecido los requisitos que habían dado lugar a la imposición de la
medida precautelativa (hecho probado 7.1.10.).

De igual forma, se advierte que el 30 de abril de 2008, la Fiscalía 16 de la
Unidad contra el Terrorismo negó la libertad provisional de José Ángel
Angarita Leonel e Hipólito Calderón Díaz, pues se calificó el mérito del
sumario en término (hecho probado 7.1.14.).

A su vez, se observa que el 12 de noviembre de 2008, el Juzgado Penal
del Circuito de Granada negó la libertad provisional de José Ángel Angarita
Leonel e Hipólito Calderón Díaz, al constatar que no se encontraba vencido
el término de 6 meses para celebrar audiencia pública, pues la resolución

36 “[…] Se advierte que los días 6, 7, 13, 14, 15, 20 y 21 fueron feriados […]”

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de acusación cobró ejecutoria el 16 de mayo de 2008. Adicionalmente,
precisó que ya se estaba desarrollando la audiencia pública, razón por la
cual no había lugar a conceder dicho beneficio (hecho probado 7.1.18.).

Asimismo, se evidencia que el 19 de diciembre de 2008, el Juzgado Penal
del Circuito de Granada negó la libertad provisional de José Ángel Angarita
Leonel e Hipólito Calderón Díaz, al estimar que “no hay prueba
sobreviviente que desvirtúe los presupuestos esenciales y de ley, que
primaron a la hora de imponer la medida de aseguramiento” (hecho
probado 7.1.20.).

Igualmente, se observa que el 23 de abril de 2009, el Juzgado Penal del
Circuito de Granada negó la libertad provisional de José Ángel Angarita
Leonel e Hipólito Calderón Díaz, al considerar que “no hay lugar a la
libertad provisional pues la audiencia pública ya inició y se encuentra
suspendida por causa justa razonable” (hecho probado 7.1.22.).

Por último, se advierte que el 29 de abril de 2009, el Juzgado Penal del
Circuito de Granada negó la libertad provisional de José Ángel Angarita
Leonel e Hipólito Calderón Díaz, reiterando las razones expuestas en el
auto del 23 de abril de 2009 (hecho probado 7.1.24.).

En resumen, se precisa que la Fiscalía General de la Nación y la Rama
Judicial negaron el beneficio de la libertad provisional a José Ángel
Angarita Leonel e Hipólito Calderón Díaz en siete oportunidades, luego de
advertir que hasta la fecha no se habían allegado pruebas sobrevinientes
con las cuales desaparecieran los supuestos de hecho a que hacía
referencia el artículo 356 del Código de Procedimiento Penal, ni se
hubieran incumplido los términos dispuestos en la Ley 600 de 2000 para
recibir la indagatoria, definir la situación jurídica, calificar el mérito del
sumario y celebrar audiencia pública. En otras palabras, si bien la defensa
de los señores Angarita Leonel y Calderón Díaz solicitó en varias
ocasiones el beneficio de la libertad provisional, lo cierto es que no
fundamentó dichas solicitudes, ni logró desvirtuar entonces ni en este
proceso la necesidad de la detención preventiva.

Recuérdese que en un régimen de falla probada es a la parte demandante
a quien se le impone la carga de acreditar los hechos que le ocasionaron
una lesión antijurídica susceptible de ser indemnizada por el Estado,
situación que no ocurrió en el caso de marras.

Al efecto, se advierte que el ente instructor y el juzgador consideraron que
los hechos atribuidos a José Ángel Angarita Leonel e Hipólito Calderón
Díaz permanecieron incólumes a lo largo del proceso, reiterando que su
conducta se adecuaba al tipo penal de rebelión, frente al cual procedía la
detención preventiva. Adicionalmente, evidenciaron el cumplimiento de los
términos procesales para adelantar cada actuación del proceso penal, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 600 de 2000, situación que no fue
rebatida en el trámite penal ni en esta causa por los entonces procesados.

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Así, la Sala encuentra que no existe prueba en el plenario que permita
evidenciar que la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial
ocasionaron un daño antijurídico a los demandantes, en tanto se evidencia
que las decisiones del 15 de noviembre de 2007, 4 de diciembre de 2007,
30 de abril de 2008, 12 de noviembre de 2008, 19 de diciembre de 2008,
23 de abril de 2009 y 29 de abril de 2009, se fundaron en las pruebas
válidamente allegadas al proceso, así como en la normatividad penal
vigente, que permitían mantener vigente la medida restrictiva de la libertad.

En suma, la Sala concluye que en el caso sub examine no se configuró el
daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad,
lo que hace infructuoso el análisis de los demás elementos del instituto
indemnizatorio e inclusive el estudio de una eventual causa extraña, pues
debe recordarse que la responsabilidad es una institución de carácter
derivado que depende necesariamente de la suma y presencia condicional
de la totalidad de sus elementos y que, ante la ausencia de alguno de
estos, no puede reconocerse la obligación de reparar.

En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia se revocará la
sentencia del 19 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo
del Meta, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y
en su lugar se negarán las súplicas del libelo introductorio, según lo
expuesto en precedencia […]”.

Así las cosas, se evidencia que lo pretendido es crear una instancia adicional

trayendo argumentos que ya fueron suficientemente debatidos por los jueces

naturales del litigio. Lo anterior pone de manifiesto que lo pretendido por la

parte actora es que el juez de tutela haga un nuevo análisis de las pruebas

obrantes en el expediente, con la finalidad de que se haga una corrección al

análisis que hizo la autoridad judicial accionada y se acoja la interpretación

que propone, como si el mecanismo de amparo fuera una instancia o recurso

adicional a los previstos en el trámite ordinario.

La Sala destaca que la acción de tutela no es una instancia para perseguir la

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imposición de conclusiones e interpretaciones que el juez natural de a las

pruebas allegadas al plenario, ni para mejorar los argumentos puestos a

consideración en un trámite ordinario, pues la intervención del juez

constitucional está dada para eventos en que resulta evidente que hubo una

actuación abiertamente arbitraria, situación que en el presente caso no se

vislumbra, dado que más allá de cualquier otra lectura que pueda darse al

caso, lo cierto es que el análisis que efectuó la SECCIÓN TERCERA es

razonable, admisible y atiende al principio de autonomía judicial.

En efecto, la Sala advierte que la SECCIÓN TERCERA realizó un estudio a

profundidad, en el que tuvo en cuenta las pruebas allegadas al expediente

ordinario, entre ellas, los testimonios rendidos en el proceso penal, traídos a

colación por la parte actora en el escrito de tutela; además, tampoco

desconoció precedente jurisprudencial alguno, habida cuenta que la sentencia

cuestionada se dictó conforme a los pronunciamientos emanados por dicha

autoridad judicial en materia de privación injusta de la libertad, mismas que

condujeron a determinar que no había lugar a declarar la responsabilidad del

Estado.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa del defecto

por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta Sala37 ha indicado:

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de noviembre de

2022, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 2022-04407-01.

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“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para sustentar
el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento del precedente se
limitó a referenciar la fecha y citar apartes de las decisiones judiciales que,
a su juicio, fueron desatendidas; sin embargo, tal como lo sostuvo esta
Sala de Decisión en pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga
argumentativa de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha
cuando, además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas y
sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las providencias que se
aducen desatendidas; ii) las situaciones fácticas coligadas, y iii) los
problemas jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se cumple […]”
(Destacado fuera de texto).

En ese orden de ideas, la Sala advierte que no se cumple con el requisito

general de la relevancia constitucional, no solo porque los actores no

cumplieron con el mínimo de carga argumentativa, sino en particular, porque

pretenden que en sede de tutela se estudien las razones y fundamentos de la

demanda de reparación directa que dio lugar a la providencia cuestionada, lo

que torna la acción de tutela improcedente, pues este mecanismo no está

instituido para ser ejercido como una instancia adicional a las establecidas por

el legislador en los procesos ordinarios.

Así las cosas, para la Sala ni el análisis, ni la decisión contenida en la

providencia controvertida resultan caprichosos o arbitrarios, sino que fueron

adoptados a partir del alcance dado a las fuentes jurídicas aplicables al caso

y a un análisis de las particularidades fácticas del mismo.

Situación distinta es que los actores no compartan la tesis allí dispuesta, al ser

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adversa a sus intereses, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino

que de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, la SECCIÓN TERCERA decidió el asunto sometido a su

consideración.

Esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado improcedentes acciones

de tutela cuando la cuestión litigiosa no resulta ser de verdadera relevancia

constitucional, debido a que se centra en reabrir un debate judicial

debidamente clausurado. Tal fue el caso de la providencia de 9 de febrero de

201738, en la que se indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no se cumple
con los requisitos arriba expuestos, lo cual genera que la solicitud de
amparo tutelar se torne improcedente, toda vez que lo pretendido por
la parte actora es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica
sobre cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y falladas
en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con
radicado No. 11001-33-31-015-2011-00427-00, por parte de los jueces
de dicha causa, con pleno desconocimiento de que el objeto del juicio
de amparo constitucional no es otro que la defensa de los derechos
fundamentales y no la revisión de la legalidad de las decisiones de la
justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera del texto).

Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201839, en la que se sostuvo:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, lo que se evidencia es su insistencia en el argumento de la falta
de competencia del funcionario que decidió su retiro de la institución,
aspecto que fue precisamente el que revisó la Sección Segunda,

38
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de radicación
2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
39
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de radicación
11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

35

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Subsección “B” del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la
cual indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo que no
había sido presentado en su momento en el escrito de apelación, por
lo que el recurso extraordinario no estaba diseñado para convertirse
en una tercera instancia. Y se tiene que estos argumentos resultan
válidos y razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que sea de
verdadera relevancia constitucional que conlleve la presunta trasgresión
de los derechos fundamentales del actor, sino la reiteración de
planteamientos que, por lo menos en sede de revisión ya fueron
estudiados por el juez natural y que no pueden volver a ser analizados
ahora en sede de tutela, pues esta acción constitucional tiene por
objeto la protección inmediata de derechos de rango fundamental que
se encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso […]”
(Destacado de la Sala).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión que sea de

«verdadera relevancia constitucional» que conlleve la presunta trasgresión de

los derechos fundamentales de los actores, sino una divergencia dirigida a

cuestionar una decisión judicial como si este mecanismo se tratase de un

recurso o instancia adicional para exponer aspectos que fueron resueltos de

forma admisible por la SECCIÓN TERCERA, por lo cual el juez de tutela no

puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un

carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se debe

respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la decisión que

adopte el juez natural dentro del ámbito de sus competencias, lo cual sólo es

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dable cuando se vulneran derechos fundamentales, lo que en el presente caso

no se encontró probado.

Por lo precedente, la Sala modificará el numeral segundo de la sentencia

impugnada, para en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela

por falta de cumplimiento del requisito de relevancia constitucional y

confirmará en todo lo demás la sentencia recurrida, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la

República y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia impugnada, de

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, el cual

quedará así:

“[…] SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo
constitucional por falta del requisito de relevancia constitucional, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia impugnada, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

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TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual

revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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