Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-01152-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2012-01152-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2012-01152-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
28 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 28 de febrero de 2023
Radicación: 25000-23-26-000-2012-01152-01(56.476)
Actor: Diovan Trujillo Ávila
Demandado: Nación – Rama Judicial y Otros
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: Reparación directa - Responsabilidad extracontractual del Estado – Privación injusta de
la Libertad (Ley 906 de 2004) – Se configura cuando la medida de aseguramiento de detención
preventiva se decreta sin el cumplimiento de los presupuestos legales
Síntesis del caso: Se demandó la responsabilidad del Estado porque, en el marco de una
persecución, se produjo la privación de la libertad de un taxista quien posteriormente fue
absuelto
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Nación-Rama Judicial
en contra de la Sentencia de 13 de agosto de 2015 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda 1.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso
de apelación en contra de una Sentencia emitida por un Tribunal Administrativo,
con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la demanda,
de conformidad con lo previsto por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 2.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
1 En la parte resolutiva se dispuso lo siguiente (se trascribe): “PRIMERO. – DECLARAR de oficio probada la excepción de
‘falta de legitimación en la causa por pasiva’ de la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación, de acuerdo a lo
expuesto en la parte motiva de esta decisión. // SEGUNDO. – DECLARAR administrativamente responsable a la Nación –
Rama Judicial por los perjuicios ocasionados al señor DIOVAN TRUJILLO ÁVILA; por la privación injusta de la libertad que
soportó en el periodo comprendido entre el día 19 de octubre de 2009 hasta el 28 de junio de 2010. // TERCERO.-
CONDENAR a la Nación-Rama Judicial a pagar a la víctima directa (…) y por concepto de perjuicios morales, la suma
correspondiente a 70 SMLMV. // CUARTO.- CONDENAR a la Nación-Rama Judicial a pagar al demandante (…) la suma
de (…) ($5’999.588,28), por concepto de perjuicios materiales a título de daño emergente. [honorarios de abogado]//
QUINTO.- CONDENAR a la Nación-Rama Judicial a pagar [al demandante] la suma de (…) ($14’282.399) por concepto
de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante”. SEXTO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda. (…)”
2 De acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, expediente 11001-03-26-
000-2008-00009-00 (IJ) de 9 de septiembre de 2008.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-26-000-2012-01152-01(56476)
Actor: Diovan Trujillo Ávila
Demandado: Nación – Rama Judicial y Otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modificar
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 14 de junio de 20123, Diovan Trujillo Ávila, en ejercicio de la acción de
reparación directa, presentó demanda en contra de la Nación – Policía Nacional,
Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, con el fin de obtener la reparación
de los daños ocasionados con la privación de la libertad que experimentó.
2. En la demanda se formuló la siguiente pretensión declarativa:
Que se declare administrativamente responsables a las demandadas (se trascribe)
“… de la totalidad de los daños y perjuicios morales y materiales causados a Diovan
Trujillo Ávila, tanto por falla en el servicio como por error judicial, que ocasionó su
captura y detención injusta, entre el día 19 de octubre de 2009 y el 28 de junio de
2010 en la ciudad de Bogotá”.
3. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, solicitó que se
condenara a las demandadas al pago de perjuicios inmateriales y materiales,
que cuantificó así:
Perjuicio Monto
Moral 500 S.M.L.M.V.
Daño $8’536.758 (gastos de investigación particular; durante la detención y por
emergente honorarios)
Lucro $11’700.000 (ingresos dejados de percibir en su condición de taxista)
cesante
4. Como hechos que fundamentaron las pretensiones, la parte demandante
expuso, en síntesis:
5. 1) El 19 de octubre de 2009, en la ciudad de Bogotá, la Policía Nacional
desarrollaba un operativo para capturar a los miembros de una banda criminal
que, haciéndose pasar por integrantes de la fuerza pública, acababan de hurtar
una vivienda en el barrio Normandía. El demandante, quien tenía la condición
de taxista, se detuvo a recoger un pasajero en la avenida Boyacá con calle 54,
“resultando ser un miembro de la banda (…) y como la Policía le venía haciendo
seguimiento al delincuente inmovilizan el automotor”, por lo que capturan
equivocadamente al conductor.
6. 2) La Policía Nacional no analizó que el sujeto involucrado en el hurto iba
huyendo y que, luego de abandonar el carro en el que se desplazaba, debido a
que llegó a una calle cerrada, tomó el primer vehículo de servicio público que
encontró disponible. La presencia del demandante fue netamente casual.
Además, había contradicciones entre el Informe rendido por la Policía y la
3 Folios 17 y 18 del Cuaderno 1 del Tribunal.
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declaración de 2 de sus miembros sobre las condiciones en que ocurrió el hurto a
la vivienda y la persecución que se emprendió con posterioridad.
7. 3) La Fiscalía General de la Nación, solo con fundamento en el informe de la
Policía, imputó cargos y solicitó la imposición de medida de aseguramiento de
detención preventiva en contra de Trujillo Ávila, sin tener en cuenta las
circunstancias de la fuga. La actuación de esta entidad en contra del
demandante no tuvo respaldo probatorio y se soportó en una simple conjetura.
8. 4) La Rama Judicial, a través de los jueces de garantías y de conocimiento,
debió advertir que se estaba involucrando al demandante en hechos criminales,
sin mayores elementos de juicio. Esas autoridades desconocieron que era
imposible que hubiera existido concertación entre él y los autores del delito, que
simplemente se desplazaba por la avenida Boyacá en desarrollo de su oficio y,
además, en un lugar distante a aquel donde se presentó el hurto.
1.2. Posición de la parte demandada
9. La Policía Nacional contestó la demanda y alegó como excepción la de
“Falta de legitimación en la causa por pasiva”, en la medida en que el título de
privación injusta de la libertad se predica de la causada por agentes de la rama
judicial, condición que no tenían los miembros de la Policía, quienes solo
prestaban apoyo a la Rama Judicial4.
10. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda fuera del plazo legal5.
11. La Rama Judicial, en la contestación a la demanda, se opuso a las
pretensiones y propuso las excepciones de “Ausencia de causa para
demandar”, con respaldo en que todas las actuaciones estuvieron ajustadas a
derecho y la absolución se dio por aplicación de la garantía del principio in
dubio pro reo; “Hecho de un tercero” que sustentó en que el Informe de los
agentes de policía, Edilson Barón Daza y Carlos Alberto Cardozo Oliveros, fue el
que dio lugar a la privación de la libertad del demandante, ya que, en su
momento, esos agentes manifestaron que se encontraba a la espera del
delincuente que escapaba de la Policía. En línea con lo anterior, alegó que se
configuró el hecho de un tercero, en cabeza del delincuente que abordó ese
vehículo. Por último, planteó en su defensa la “Culpa exclusiva de la víctima”, ya
que el actor se expuso en forma imprudente a la situación, pues no debió haber
puesto en marcha su vehículo en el contexto de una persecución en la que se
hacían disparos6.
1.3. Sentencia de primera instancia
12. El 13 de agosto de 2015, el Tribunal Administrativo de Descongestión de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, profirió Sentencia de primera
4 Folios 83 al 92 del cuaderno 1 del Tribunal.
5 Folios 57 vto. y 107 al 125 del cuaderno 1 del Tribunal.
6 Folios 39 al 50 del cuaderno 1 del Tribunal.
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instancia. En relación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional,
concluyó que no tenían responsabilidad en la privación de la libertad del
demandante, dado que, en vigencia de la Ley 906 de 2004, la legalización de
la captura, como la imposición de la medida de aseguramiento, eran decisiones
de competencia de un juez de control de garantías, por lo que declaró probada
la falta de legitimación pasiva en la causa.
13. Acerca de la Rama Judicial, indicó que la privación injusta de la libertad se
estudiaba, de manera general, con base en el régimen objetivo de
responsabilidad de daño especial en el que, según Sentencia de Unificación de
17 de octubre de 2013 del Consejo de Estado, resultaba intrascendente
“determinar si las autoridades respectivas actuaron conforme a derecho”.
14. A partir de ello, y luego de trascribir extensos apartes del fallo absolutorio de
primera instancia proferido a favor del demandante, como de la sentencia que
lo confirmó, concluyó que, Diovan Trujillo Ávila estuvo privado de la libertad
entre el 19 de octubre de 2009 y el 28 de junio del año siguiente, daño que, en
virtud de su absolución, no estaba en la obligación de soportar, al margen “del
carácter legítimo o ilegítimo del actuar de los Jueces y Fiscales en el curso de la
investigación”.
1.4. Recurso de apelación
15. El 7 de septiembre de 2015, la Rama Judicial presentó y sustentó recurso de
apelación7. Alegó que el análisis del Juez de Control de Garantías se
circunscribió a verificar la razonabilidad, proporcionalidad, ponderación y el
cumplimiento de los fines constitucionales y legales para la imposición de la
medida de aseguramiento, los “… cuales se cumplieron en el caso que se
analiza, pues la misma resultaba necesaria por tratarse de un presunto punible
respecto del cual, la propia Ley 906 de 2004 impone como obligatoria la medida
de aseguramiento, razón por la cual se justificó la injerencia en el derecho
fundamental del demandante, habida cuenta de los motivos fundados
obtenidos objetiva y empíricamente por la policía judicial en el momento de la
captura”, particularmente, en las declaraciones de los agentes de policía que
participaron en la persecución del taxi conducido por el acá demandante.
16. Enseguida, reconoció que la jurisprudencia del Consejo de Estado tenía
establecida la posibilidad de que, cuando se produce la libertad del procesado
en aplicación del principio in dubio pro reo, era posible aplicar un régimen
objetivo de responsabilidad. Sin embargo, alegó que, en este caso, se presentó
la ruptura del nexo causal por el hecho de un tercero, debido a que: 1. La
privación de la libertad se dio como consecuencia de la conducta de los
agentes de policía Edilson Barón Daza y Carlos Alberto Cardozo Oliveros, “ya
que fueron quienes declararon que [el demandante] era la persona que estaba
esperando a Luis Enrique García Osorio, quien hacía parte de la banda criminal”,
7 Folios 198 al 207del cuaderno del Consejo de Estado.
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de manera que el Juez de control de garantías “...no tenía otra opción distinta,
que imponer la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía”. 2. La
conducta de Luis Enrique García Osorio también configuraba ruptura del nexo
causal por hecho de un tercero, en la medida en que “relacionó al
demandante, al subirse al vehículo por él conducido y que le ocasionó que
fuera vinculado al proceso”.
17. Por último, expuso que la privación de la libertad del demandante se dio por
su propia culpa, “pues se expuso imprudentemente a la situación presentada”,
toda vez que no debió arrancar el vehículo en momentos en que delincuentes
huían y la Policía disparaba8.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación del
daño; 2.3. Análisis de legalidad de la privación de la libertad; 2.4. Análisis de las causas eximentes
de responsabilidad 2.5. Entidad a la que se le atribuye el daño; 2.6. Liquidación de perjuicios; 2.7.
Costas
2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán
18. El actor demandó la indemnización de los perjuicios que le fueron causados
con la privación de la libertad de que fue objeto dentro del proceso penal que
se siguió en su contra. En esta instancia, la Rama Judicial sostiene que no se debe
declarar su responsabilidad patrimonial, porque actuó conforme a derecho al
decretar la medida de aseguramiento y porque, en todo caso, habría hecho de
un tercero y de la víctima.
19. Se encuentra probado en el expediente que, el demandante estuvo privado
de la libertad, entre el 19 de octubre de 2009 y el 25 de junio de 20109, dentro
del proceso penal que se adelantó en su contra por los delitos secuestro
extorsivo agravado, hurto calificado agravado, fabricación, tráfico o porte de
armas de fuego y concierto para delinquir10.
20. En esta providencia, la Sala estudiará el fondo del asunto porque están
reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la presentación de
la demanda dentro del término legal. En efecto, la sentencia que declaró la
absolución del demandante quedó ejecutoriada el 18 de febrero de 201111 y el
8 La Rama Judicial presentó, por fuera del plazo legal, alegatos de conclusión en esta instancia.
9 El 19 de octubre de 2009 se produjo la captura en flagrancia del demandante. Al día siguiente, ante un juez de control
de garantías, se legalizó la captura y se profirió medida de aseguramiento de detención preventiva y se ordenó expedir
la respectiva boleta de encarcelamiento (CD de la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación e
imposición de medida de aseguramiento, fl. 27 del cuaderno 2 del Tribunal). Consta que el actor estuvo recluido en la
Cárcel Nacional Modelo, porque a esa institución se elevaron las solicitudes de remisión del procesado a las audiencias
de formulación de acusación, preparatoria y juicio oral a las que asistió (fl. 67, 83, 97-100, 126, 148, 151, 154, 161, 164, 169
y 174 del cuaderno 2 del Tribunal). El 24 de junio de 2010 se profirió el sentido del fallo y se ordenó la libertad del procesado
(fl. 175). La boleta de libertad se expidió el 25 de junio de 2010 (fl. 183), día en el que se llevó a cabo la diligencia de
compromiso (fl. 186) y se prestó caución (fl. 181).
10 Sentencia proferida el 14 de julio de 2010 por el Juzgado 4 Penal del Circuito Especializado con función de
conocimiento de Cali. Folios 80 al 128 del cuaderno No. 2 del tribunal.
11 La sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá de 11 de febrero de 2010 (que confirmó el fallo absolutorio
de primera instancia proferido el 29 de junio de 2010) quedó ejecutoriada al vencimiento del plazo legal para interponer
el recurso de casación, para el caso, el 18 de febrero de 2011 (Folio 321 del cuaderno 2 del Tribunal).
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14 de junio de 2012 se presentó la demanda, por lo que es evidente que se
promovió dentro del término de 2 años previsto por el artículo 136, numeral 8, del
C.C.A12.
21. La Sala no se pronunciará sobre la eventual responsabilidad de la Policía
Nacional y la Fiscalía General de la Nación, toda vez que el fallo de primera
instancia declaró su falta de legitimación en esta causa, aspecto que no fue
cuestionado por la parte demandante, única que tenía interés para recurrir este
aspecto.
22. En lo que hace al fondo del asunto, la Sala modificará la Sentencia de
primera instancia, porque la responsabilidad de la Rama Judicial se activó en
este caso al imponer una medida de aseguramiento que no cumplía con los
requisitos legales exigidos. Además, se ajustarán los montos reconocidos a título
de perjuicios, de conformidad con los criterios desarrollados por esta Sala de
Subsección en casos similares, y se ordenará restablecer el buen nombre de la
víctima directa.
23. Con ese fin, en esta decisión se abordarán los siguientes aspectos: primero,
se identificará que, en este caso, se acreditó un daño derivado de la afectación
del derecho a la libertad. Luego, en el análisis de la legalidad de la privación, se
expondrán las razones por las cuales la Sala considera que la medida no cumplió
los requisitos de ley. Además, en línea con lo que alega el recurrente, explicará
por qué no se configuraron las causales eximentes de responsabilidad frente a
dicha privación. Por último, atribuirá el daño a la Rama Judicial, liquidará la
indemnización de los perjuicios y declarará improcedente la condena en costas.
2.2. Identificación del daño
24. El hecho generador del daño deriva de la privación de la libertad de Diovan
Trujillo Ávila, situación que, como ya se indicó, la Sala la encuentra debidamente
comprobada entre el 19 de octubre de 2009, día en el que se produjo la
captura, y el 25 de junio de 2010, un día después a la audiencia en la que el
Juzgado 4 penal del Circuito Especializado anunció que la sentencia de primera
instancia sería de carácter absolutoria.
2.3. Análisis de legalidad de la privación de la libertad
25. La Ley 906 de 2004, norma vigente para el momento de los hechos, prevé
que cualquier persona podrá capturar a quien sea sorprendido en flagrancia13.
12 Se precisa que la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría G eneral de
la Nación el 23 de junio de 2011, y que el plazo de caducidad se suspendió entre ese día y el 23 de septiembre del mismo
año, cuando se expidió la constancia de no acuerdo (fl. 24-25 del cuaderno 1 del Tribunal).
13 Ley 906 de 2004. Texto original del artículo 301, sin las modificaciones de la Ley 1453 de 2011, ya que no estaba vigente
para el momento de los hechos. “Flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: 1. La persona es sorprendida y
aprehendida al momento de cometer el delito. // 2. La persona es sorprendida o individualizada al momento de cometer
el delito y aprehendida inmediatamente después por persecución o voces de auxilio de quien presencie el hecho. // 3.
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Sin embargo, cuando sea una autoridad la que realice la captura, deberá
proceder a la plena identificación y registro del aprehendido, así como
informarle sus derechos y conducirlo inmediatamente ante la Fiscalía General
de la Nación, quien deberá presentarlo ante el juez de control de garantías a
más tardar dentro de las 36 horas siguientes, para que se pronuncie sobre la
legalidad de la captura14.
26. Por otra parte, en los casos en que la fiscalía cuente con elementos
materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que
permita inferir, de manera razonable, que una persona es autora o partícipe de
un delito, le comunicará su calidad de imputado, en audiencia ante el juez de
control de garantías15. Además, la fiscalía podrá solicitar la imposición de
medida de aseguramiento, para lo cual deberá indicar “la persona, el delito, los
elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia (…)
Escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y
la defensa, el juez emitirá su decisión”16.
27. En el evento de solicitarse la imposición de una medida de aseguramiento,
deberá acreditarse la inferencia razonable de autoría o participación del
imputado en la conducta investigada y la necesidad de la medida (artículo 308
del CPP17). Este último requisito se sustenta en el cumplimiento de las finalidades
indicadas en la misma norma, a saber, garantizar los fines de la justicia, la
protección de la comunidad y de las víctimas, así como el adecuado trámite
del proceso penal (circunstancias que deben ser valoradas de acuerdo con lo
previsto en los artículos 309, 310, 311 y 312 del CPP). Si se trata de una medida
de detención preventiva en establecimiento carcelario, procederá respecto de
los delitos de competencia de la justicia especializada o para aquellos que
tengan una pena mínima prevista por la ley que sea o exceda de 4 años de
prisión, entre otros supuestos (artículo 313 del CPP 18).
28. En este caso, el 20 de octubre de 2009, el Juzgado 9 penal municipal con
función de control de garantías de Bogotá legalizó la captura de Diovan Trujillo
Ávila y otros, comunicó la formulación de imputación por los delitos de secuestro
extorsivo, hurto calificado agravado, concierto para delinquir y fabricación,
La persona es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que
momentos antes ha cometido un delito o participado en él.”
14 Artículos 302 y 303 de la Ley 906 de 2004.
15 Artículos 286 y 287 de la Ley 906 de 2004
16 Artículo 306 de la Ley 906 de 2004.
17 Ley 906 de 2004. Artículo 308. Requisitos. “El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o
de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia
física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el
imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de
los siguientes requisitos: 1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado
obstruya el debido ejercicio de la justicia.// 2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o
de la víctima. // 3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.”
18 Ley 906 de 2004. Artículo 313. Procedencia de la detención preventiva. “Satisfechos los requisitos señalados en el artículo
308, procederá la detención preventiva en establecimiento carcelario, en los siguientes casos: // 1. En los delitos de
competencia de los jueces penales de circuito especializados. // 2. En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo
de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años. // 3. En los delitos a que se refiere el Título VIII del Libro II
del Código Penal, cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. // 4. (Numeral adicionado por el artículo 26 de la Ley 1142 de 2007)Cuando la persona haya sido
capturada por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro del lapso de los tres años anteriores, contados a
partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso
precedente”.
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tráfico o porte de armas de fuego y les impuso medida de aseguramiento de
detención preventiva en centro carcelario 19.
29. Posteriormente, el 29 de junio de 2010, el Juzgado 4 Penal del Circuito
Especializado de conocimiento profirió sentencia absolutoria a favor de Diovan
Trujillo Ávila por la imposibilidad de desvirtuar su presunción de inocencia 20.
30. Así las cosas, en primer lugar, se advierte que al menos uno de los delitos
imputados, es decir, la fabricación, tráfico o porte de armas de fuego de uso
privativo de las fuerzas armadas o explosivos, era de competencia de la justicia
penal especializada, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del
artículo 313, en concordancia con el numeral 23 del artículo 35 del C.P.P.
31. El Juez de control de garantías se pronunció favorablemente sobre la
solicitud de imposición de medida de aseguramiento realizada por la Fiscalía.
Luego de encontrar satisfechos los presupuestos objetivos, a propósito de la
exigencia legal de una inferencia razonable de la autoría o participación, indicó
que, de los elementos materiales probatorios expuestos por la fiscalía (que solo
mencionó: el informe de policía de vigilancia en casos de captura en flagrancia;
la denuncia penal presentada por la víctima y los informes de laboratorio
balísticos), “se puede hacer esa inferencia de la posible autoría de los aquí
imputados en los hechos que se investigan”.
32. Además, consideró que los imputados constituían un peligro para la
seguridad de la comunidad, de allí que la imposición de la medida de
aseguramiento fuera necesaria, dada la gravedad de las conductas
investigadas (que afectaban una pluralidad de bienes jurídicos), porque
redujeron a indefensión a sus víctimas, utilizaron y accionaron armas de fuego y
se dividieron las tareas. Posteriormente, el Juzgado indicó que, en relación con
algunos de los imputados, existían certificaciones que daban cuenta de la
existencia de condenas e investigaciones penales por otros hechos, de manera
que eran “proclives al delito”. Agregó que la imposición de la medida también
se hacía necesaria para asegurar la comparecencia de los investigados al
proceso e indicó que era adecuada y proporcional, porque fue el
comportamiento de los involucrados el que limitó su propia libertad21.
33. Advierte la Sala que el Juzgado de Control de Garantías no explicó la forma
en que, supuestamente, se configuró la inferencia razonable de participación
en las múltiples conductas punibles investigadas, concretamente, frente a
Diovan Trujillo Ávila. Al respecto, no explicó (y tampoco lo hizo en su momento
la Fiscalía) cuál fue su grado de participación en los hechos investigados de este
último, más allá de la comprobación de que uno de los sujetos que participó en
el hurto a la vivienda (que escapaba de la Policía luego de abandonar el
19 Acta de audiencia y CD visible en el folio 54 del cuaderno No. 1 del tribunal y en el folio 55 del cuaderno No. 2 del
tribunal, respectivamente.
20 Folios 190 al 248 del cuaderno 2 del Tribunal.
21 Minuto 1:04:26 y siguientes de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento. Archivo 10 del CD1 visible a
folio 27 del cuaderno 2 del Tribunal.
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vehículo en el que él y otros más habían emprendido la fuga, luego de cometer
el hurto en una vivienda), abordó en la avenida Boyacá un taxi conducido por
Trujillo Ávila. El juez no expuso ningún tipo de razonamiento que apuntara a
determinar que, esas circunstancias, permitían involucrar, de manera razonable,
al acá demandante como responsable de todos los delitos que se le imputaron
a título de coautoría.
34. La generalidad de los razonamientos con los que el Juzgado sustentó la
imposición de la medida de aseguramiento, aunque pudiera resultar suficiente
en el caso de las personas que tuvieron relación directa e inmediata con el hurto
a la vivienda, no permitía, por el contrario, sustentar dicha medida contra el acá
demandante. Lo anterior porque, aunque a partir del relato que realizó la fiscalía
podía inferirse en términos causales su participación en los hechos, en relación
con él también sería posible, razonablemente, descartarla, ya que su
vinculación con las circunstancias pudo ser producto, simplemente, de la
casualidad.
35. El Juzgado de control de Garantías debió, entonces, exponer de forma
particular y detallada de qué manera las circunstancias señaladas por la Fiscalía
comprometían, de modo razonable, la participación del ahora demandante en
las conductas que se le imputaron, así como debió cumplir con la carga
argumentativa de poner de presente las razones por las cuales, en relación con
él, la medida resultaba necesaria, proporcional y adecuada. Sobre esto último,
la argumentación que ofreció la autoridad judicial estuvo más encaminada a
sustentar la imposición de la medida para los demás imputados, argumentación
que no se ajustaba a las condiciones de la supuesta participación del Trujillo
Ávila en los hechos, quien, se insiste, si lo tuvo, habría tenido un compromiso
mucho menos directo en los distintos delitos que se investigaban lo que,
necesariamente, imponía hacer distinciones al momento de determinar si
constituía un peligro para la sociedad u obstruiría la función de la justicia en ese
caso.
36. Así las cosas, al haberse incumplido los requisitos exigidos por la ley procesal
vigente para la imposición de la medida de aseguramiento, la Sala declarará la
responsabilidad de la Rama Judicial por la falla en el servicio y, en
consecuencia, ordenará el pago de los perjuicios ocasionados al demandante
por la privación injusta de su libertad, sobre todo cuando, en línea con los
argumentos del recurso de apelación, no se advierte que se haya presentado
el hecho exclusivo de la víctima o hecho de un tercero.
2.4. Análisis de las causas eximentes de responsabilidad
37. En el presente asunto, la Sala no advierte la configuración del hecho
exclusivo de la víctima respecto de la captura de Diovan Trujillo Ávila. De las
pruebas que obran en el expediente, no se observa que hubiera desplegado
ninguna actuación de la cual pudiera predicarse incidencia de su
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-01152-01(56476)
Actor: Diovan Trujillo Ávila
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comportamiento gravemente culposo en la privación de la libertad de la que
fue objeto.
38. A juicio de la Rama Judicial, el demandante “se expuso imprudentemente a
la situación presentada”, porque puso en marcha el taxi que conducía en el
contexto de una persecución violenta, que incluyó disparos con armas de
fuego. Sin embargo, tales circunstancias estarían directamente relacionadas
con los hechos que fueron materia de investigación dentro del proceso penal,
donde se determinó la inocencia del procesado y se valoró no sólo su presencia
en lugar de los hechos sino, concretamente, el hecho de que hubiera
emprendido la marcha del vehículo en momentos en que se hacían disparos.
39. En sentencia de 11 de febrero de 2011, la Sala Penal del Tribunal Superior de
Bogotá confirmó el fallo absolutorio de primera instancia. A juicio de ese Tribunal,
“…fue la persecución policial la que generó la ulterior imposibilidad de seguir
desplazándose los delincuentes en uno de los vehículos que llevaba consigo; es
decir, fue la persecución la que llevó a que algunos en su afán de fuga se
encontraran en una sin salida vehicular y por ello abandonaron el rodante y
corrieran presurosos en procura de otro medio de transporte, lo que entonces
también en rigor lógico permite entender, o por lo menos deleznar
probatoriamente, que hubiesen previsto esa situación en ese preciso lugar para
que los vehículos de servicio público los esperaran en la avenida Boyacá con
calle 56, lugar por demás distante seis calles y por lo menos seis carreras de
donde ocurrieron los hechos, y así facilitar su fuga. No; el sentido común permite
deducir que la presencia policiva y su persecución alteró los planes y en esa
improvisación debieron acudir al medio de transporte más próximo, esto es, el
servicio público.// En ese orden de ideas, siguiendo una secuencia lógica de los
reseñados acontecimientos y de los medios acopiados en el propósito de
establecer responsabilidad penal, verdaderamente resulta muy contingente el
grado de compromiso del acusado Diovan Trujillo por cuanto se trata de simple
fenómenos de inferencia leve, más fruto de la casualidad que del concierto o
acuerdo de participación criminal y en esas condiciones no encuentra la Sala
la suficiencia convictiva como para predicar responsabilidad penal. // Por otro
lado, aun admitiendo que por los disparos que antecedieron la utilización del
taxi hubiesen determinado que el conductor se negara a prestar el servicio, a
ello también debe anteponerse como contraargumento el grado de
intimidación que de suyo genera la exhibición o utilización de armas de fuego,
por manera que en estas condiciones tampoco podría exigirse del conductor
actos heroicos de reticencia para no plegarse a la voluntad de sus abruptos
pasajeros. (…)” -se resalta- (fl. 318-319 del cuaderno 2 del Tribunal).
40. Referida la supuesta imprudencia que alegó el recurrente a situaciones
preprocesales, indisociables de los delitos por los que Diovan Trujillo Ávila ya fue
investigado y juzgado, sumado al hecho de que su comportamiento, según
logró establecerse dentro del proceso penal, estuvo condicionado por el actuar
violento de terceros que sugieren, indudablemente, cierto grado de coacción
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-01152-01(56476)
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sobre su conducta, no cabía, entonces, exponer esas mismas circunstancias,
ahora, como comportamientos constitutivos de una causal eximente de
responsabilidad a favor del Estado22.
41. Tampoco se configura la causal eximente de responsabilidad por el hecho
de un tercero. En criterio del recurrente, la privación de la libertad de Diovan
Trujillo Ávila se produjo con fundamento en las declaraciones de 2 agentes de
Policía y, en cualquier caso, atribuyó al delincuente que escapaba la
responsabilidad por dicha privación, ya que se trata de la persona que involucró
a Trujillo Ávila en los hechos que fueron materia de investigación penal.
42. Advierte la Sala que no fue la declaración de los policías lo que determinó
que se privara de la libertad al acá demandante, mucho menos que, como lo
alegó el recurrente, frente a esas declaraciones el Juez de Control de Garantías
no tuviera “opción distinta, que imponer medida de aseguramiento”. El daño
que acá se estudia, como ya se indicó, se produjo porque el funcionario que
debía valorar esos y otros elementos de juicio no realizó, para el caso particular
de Diovan Trujillo Ávila, el estudio de la procedencia de la medida de
aseguramiento de detención preventiva en la forma ordenada por la Ley. Esta
circunstancia, por ser la causa adecuada del daño, le resulta atribuible a la
Rama Judicial, y en ella la existencia de las declaraciones de los agentes de
policía serían apenas un antecedente, mas no la causa adecuada del daño.
43. Ahora, alegar la ruptura del nexo de causalidad por el hecho de que quien
involucró al demandante en el proceso penal en el cual fue privado de su
libertad, es un razonamiento que se limita a poner el acento en un plano
puramente causal de equivalencia de las condiciones. Es indiscutible que el
actor terminó involucrado a una investigación penal porque, en términos
causales, fue capturado en momentos en que el delincuente que huía de la
acción de la Policía abordó el vehículo que aquel conducía.
44. Sin embargo, como ese hecho no era condición necesaria, mucho menos
suficiente, para que procediera la privación de la libertad, pues con tal fin era
preciso que se profiriera un acto jurídico (decisión judicial-medida de
aseguramiento) en el que se verificara -entre otras cosas- circunstancias fácticas
22 Esta Subsección, a propósito de la culpa exclusiva de la víctima como causal exonerativa de responsabilidad del Estado
en esta especie de acción, ha considerado que: “Por último, debe establecerse si existió dolo o culpa grave de la víctima,
pero advirtiendo que este elemento ha de estudiarse como una circunstancia apropiada para romper la relación de
causalidad, y es sobre este aspecto de la responsabilidad que debe versar su análisis; con lo cual es claro que solo si se
demuestra que –en el curso del proceso– una conducta de la víctima fue la que determinó su detención, puede darse
por probada esta causal de exoneración de responsabilidad. // En otros términos, es necesario estudiar el dolo o la culpa
grave de la víctima como un elemento FÁCTICO vinculado a la relación de causalidad. Si, con base en el estudio de la
actitud procesal del sindicado se acredita que no existió, este elemento se deshecha. Al no estar probado que el HECHO
de la víctima fue causa del daño, este estudio es suficiente para descartar esta forma de exoneración de la entidad
estatal”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 24 de octubre de 2019 rad. Int. 54167.
Y de manera más reciente, con ocasión de una acción de tutela, se pronunció en este sentido: “La valoración de la
conducta preprocesal es competencia exclusiva del juez penal. Si el juez de la responsabilidad estatal concluye que la
detención de la demandante fue generada por su propia conducta, no sólo invade competencias de otras
jurisdicciones, sino que desconoce la decisión penal absolutoria porque implica considerar, de acuerdo con una de las
líneas jurisprudenciales antes expuestas, que al desplegar su conducta obró como sospechosa de estar cometiendo un
delito6 y determinó que la Fiscalía abriera la investigación y ordenara su detención. A tal conclusión sólo puede llegarse
desconociendo la decisión penal que la declaró inocente, porque, conforme con ella, los hechos no constituían delito
de acuerdo con la ley vigente en el momento en que ocurrieron”. Sentencia de 15 de noviembre de 2019, Radicación
número: 11001-03-15-000-2019-00169-01(AC)
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-01152-01(56476)
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Referencia: Acción de reparación directa
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a partir de las cuales fuera posible realizar un juicio de valor específico (“inferir
razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta
delictiva que se investiga”), además de que la medida cumpliría con
determinados fines, al quedar establecido que el daño fue consecuencia de la
indebida fundamentación de ese acto jurídico en esos 2 aspectos, y que esa es
la causa adecuada del daño cuya indemnización se demandó, en tal contexto,
de nuevo, la intervención de dicho tercero, aunque antecedente, no tendría la
aptitud de fracturar la relación de causalidad.
2.5. Entidad a la que se le atribuye el daño
45. De acuerdo con los artículos 114, 153 y 154 del C.P.P., la Fiscalía General de
la Nación debe “[s]olicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias que
aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la
prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas”, entre ellas, la
petición de medida de aseguramiento. Además, según el artículo 306 de la
misma normativa, en la audiencia preliminar “[e]l fiscal solicitará al juez de control
de garantías imponer medida de aseguramiento [y una vez] escuchados los
argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez emitirá su decisión (…)”.
46. De lo anterior se desprende que, si bien el delegado de la Fiscalía debe
presentar la petición de imposición de medida de aseguramiento, al juez de
control de garantías le corresponde proferir, de manera autónoma e
independiente, la respectiva decisión. En consecuencia, como la
determinación de imponer dicha medida cautelar, de carácter personal, es una
función del ámbito de competencia de un juez de la República, se le atribuirá
el daño generado por la privación injusta de la libertad de la víctima directa,
por el período comprendido entre el 20 de octubre de 2009 -día en que se puso
el procesado a disposición del juez de control de garantías- y el 25 de junio de
2010.
2.6. Liquidación de perjuicios
2.6.1. Perjuicios inmateriales
47. En relación con los perjuicios morales, la Sala considera que toda privación
de la libertad causa una afectación de índole moral, así como sentimientos de
angustia, zozobra e incertidumbre, entre otros, los cuales se presumen respecto
a la persona que sufre la detención, así como también respecto a su núcleo
familiar más cercano, de acuerdo con las experiencias generalizadas en nuestro
entorno.
48. En la Sentencia de unificación de 29 de noviembre de 202123, la Sección
Tercera estableció que los perjuicios morales pueden inferirse para la víctima
23Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de noviembre de 2021,
exp. 18001-23-31-001-2006-00178-01 (46681).
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-01152-01(56476)
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Referencia: Acción de reparación directa
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directa (única que demandó en este caso), a partir de la prueba de la privación
de la libertad. Además, se establecieron unos criterios para el cálculo de la
indemnización, según el tiempo de privación de la libertad del afectado directo.
Así, si la privación de la libertad tiene una duración igual o inferior a un mes, se
debe indemnizar con una suma fija equivalente a 5 SMLMV. De ahí en adelante,
por cada mes adicional transcurrido, se suma un monto de 5 SMLMV, y por cada
día adicional al último mes transcurrido se debe sumar una fracción equivalente
a 0,166 SMLMV, la cual se obtiene de dividir 5 SMLMV entre los 30 días que
generalmente tiene un mes. Lo anterior, hasta llegar a un tope de 100 SMLMV,
correspondiente a las privaciones de la libertad con una duración igual o mayor
a 20 meses.
49. Por otra parte, la Sección Tercera precisó la forma en que debían
implementarse las reglas establecidas en la Sentencia de unificación de 29 de
noviembre de 2021, según lo cual, en las demandas presentadas a partir de la
ejecutoria de la Sentencia de unificación, la aplicación de las reglas para el
reconocimiento y la liquidación del perjuicio moral será inmediata. Además, en
las demandas presentadas antes de 28 de agosto de 2013, al no existir reglas
jurisprudenciales que crearan expectativa sobre el reconocimiento del derecho,
las reglas contenidas en la Sentencia de unificación deben ser aplicadas sin
ninguna reserva. Por otra parte, en relación con la determinación de los topes
máximos por perjuicios morales y la forma de calcularlos, la sentencia será
aplicada de inmediato, dado que sobre ese aspecto no puede considerarse
que exista una expectativa legítima de un derecho.
50. Así las cosas, la Sala procede a liquidar el monto a reconocer por este
concepto. Teniendo en cuenta que no se desvirtuó la presunción de perjuicios
morales sufridos por Diovan Trujillo Ávila, con ocasión de la privación de su
libertad, consistente en 8 meses y 6 días de detención, se concederá la suma de
41 SMLMV a su favor.
51. Por otra parte, la Sala advierte una afectación del derecho al buen nombre
de Diovan Trujillo Ávila. El ejercicio del poder punitivo del Estado se sustenta en
la confianza legítima de toda la población, que lo acata porque presume su
corrección. De manera que, una decisión de este tipo, en ausencia de un título
jurídico que justifique la restricción del derecho a la libertad, conlleva
necesariamente un menoscabo en la reputación de quien la soporta, como
ocurrió en el presente asunto.
52. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, de la vulneración al buen
nombre se deriva siempre y necesariamente un perjuicio sobre “ la reputación, o
el concepto que de la persona tenían los demás” 24, un deterioro de la apreciación
que se tenía del sujeto por la conducta que observaba en su desempeño dentro
de la sociedad25. Este asunto, ha sido considerado en la jurisprudencia un “factor
intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por
24 Corte Constitucional. Sentencia C-489 de 2002.
25 Corte Constitucional. Sentencia C-452 de 2016.
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-01152-01(56476)
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Referencia: Acción de reparación directa
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el Estado, como por la sociedad”26. De ahí la gravedad del perjuicio que debe
repararse con ocasión de la afectación al buen nombre del demandante.
53. Así las cosas, se ordenará a la Rama Judicial que emita un comunicado en
el que se disculpe con Trujillo Ávila por el perjuicio causado. De acuerdo con el
principio según el cual este tipo de reparaciones integrales debe concertarse
con la víctima, el demandante deberá informar a esta entidad, dentro del mes
siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si ese documento solamente le
será entregado en físico o si, además, desea que se publique en las plataformas
de comunicación y difusión, por lo que así se procederá una vez tenga
conocimiento de esa decisión. De no hacerse ninguna manifestación durante
ese lapso, se entenderá que la víctima directa opta porque las disculpas se
expresen de forma privada y así se cumplirá de manera inmediata.
2.6.2. Perjuicios materiales
54. En la sentencia recurrida, en relación con el daño emergente, el Tribunal
reconoció $5’999.588,28, por concepto de los honorarios profesionales que el
demandante pagó al abogado que intervino en su defensa dentro del proceso
penal. Sobre el pago de honorarios por concepto de daño emergente, en la
Sentencia de 18 de julio de 2019 27, la Sala Plena de la Sección definió como
requisitos para el reconocimiento de este perjuicio los siguientes: 1) la prueba de
la real prestación de los servicios del abogado y 2) la factura o documento
equivalente que registre el valor de los honorarios y la prueba de su pago. Como
no se aportaron al expediente las facturas o documentos equivalentes con las
exigencias previstas por la sentencia de unificación señalada, al igual que en los
artículos 615 y 617 del Estatuto Tributario, no se reconocerá monto alguno por
ese concepto.
55. En el estudio del lucro cesante, el Tribunal tuvo en cuenta que el
demandante desempeñaba como actividad económica la conducción de un
taxi, circunstancia que debe tenerse por cierta, no solo porque fue
precisamente mientras conducía un vehículo de ese tipo que fue capturado,
sino porque allegó certificaciones en las que consta que, al momento de los
hechos, tenía en alquiler el vehículo de placas VEV07628.
56. Como no se demostró el monto que el demandante percibía por este
concepto, el Tribunal tuvo como ingreso base de liquidación el salario mínimo
legal mensual vigente 29 para la fecha en que profirió la Sentencia, es decir, la
26 Corte Constitucional. Sentencia T-977 de 1999.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 18 de julio de 2019, Exp.
44572.
28 Folios 12 al 16 del cuaderno 2 del Tribunal.
29 De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual: “[e]l ingreso base de liquidación deber ser
lo que se pruebe fehacientemente que devengaba la víctima al tiempo de su detención, proveniente del ejercicio de
la actividad productiva lícita que le proporcionaba ingresos (…) pero [cuando] se carezca de la prueba suficiente del
monto del ingreso devengado producto del ejercicio de tal actividad lícita o la privada de la libertad haya sido una ama
de casa o la persona encargada del cuidado del hogar, la liquidación del lucro cesante se debe hacer teniendo como
ingreso base el valor del salario mínimo legal mensual vigente al momento de la sentencia que ponga fin al proceso de
reparación directa”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 18 de julio
de 2019, Exp. 44572.
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-01152-01(56476)
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Referencia: Acción de reparación directa
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suma de $644.350; a este valor le aumentó el 25% por concepto de prestaciones
sociales e incluyó un periodo adicional de 35 semanas adicionales “que
corresponde al tiempo que, en promedio, puede tardar una persona
económicamente activa para encontrar un nuevo puesto de trabajo en
Colombia”. Con esos parámetros, obtuvo la suma de $14’282.399,80, que
actualizado a la fecha de expedición de esta providencia correspondería a la
suma $21’356.99930.
57. Sin embargo, considera la Sala que, para efectos de la liquidación del lucro
cesante, no se debió aumentar el ingreso presunto del demandante en un 25%
por concepto de prestaciones sociales, porque no se acreditó que tuviera una
relación de subordinación laboral. Tampoco había lugar a reconocer el periodo
adicional de 35 semanas, en la medida en que el alegado lapso de inactividad
tenía que ser acreditado de manera fehaciente, lo cual no sucedió en este
caso. Por lo demás, en las pretensiones de la demanda, la liquidación del lucro
cesante se limitó al periodo de la privación de la libertad 31.
58. En consecuencia, al liquidar el lucro cesante con el salario mínimo legal
mensual vigente para la fecha de expedición de esta sentencia -$1.160.000-
durante el período que se acreditó la privación de la libertad -8 meses y 6 días-
de acuerdo con la fórmula para liquidar rentas consolidadas empleada por la
jurisprudencia de esta Corporación 32, debería reconocerse el valor de
$9.680.348. Así las cosas, se reconocerá a favor del demandante este último
valor, que deberá ser pagada por la Nación-Rama Judicial.
2.7. Costas
59. En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la
actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas,
de conformidad con lo previsto por el artículo 171 del C.C.A., modificado por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución y la ley,
RESUELVE:
30 Con la fórmula aceptada por esta Corporación:
Vp = Vh x índice final
Índice inicial
En donde: Vp: Valor presente de la renta, Vh: capital histórico, o suma que se actualiza: $14’282.399,80, índice final
certificado por el DANE: para enero de 2023: 128,27, índice inicial certificado por el DANE: agosto de 2015 fecha de la
Sentencia de primera instancia: 85,78.
31 Folio 7 del cuaderno 1 del Tribunal.
32
Se aplicó la siguiente fórmula:
S = Ra (1+ i)n - 1
i
En donde, “S” Es la indemnización a obtener; “Ra” el capital adeudado; “i” el interés puro o técnico: 0.004867
y “n” el período indemnizable.
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-01152-01(56476)
Actor: Diovan Trujillo Ávila
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Decisión: Modificar
PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia proferida el 13 de agosto de 2015 por el
Tribunal Administrativo de Descongestión de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
la presente providencia.
SEGUNDO: DECLARAR a la Nación – Rama Judicial responsable por los perjuicios
causados con ocasión de la privación injusta de la libertad de Diovan Trujillo
Ávila.
TERCERO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial a pagar a Diovan Trujillo Ávila,
por concepto de perjuicio moral, la suma equivalente a 41 S.M.L.M.V, a la fecha
de ejecutoria de esta providencia.
CUARTO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial a pagar el valor de $9.680.348
a favor de Diovan Trujillo Ávila, por concepto de perjuicios materiales, en la
modalidad de lucro cesante.
QUINTO: ORDENAR a la Nación – Rama Judicial que emita un comunicado en el
cual ofrezca disculpas a Diovan Trujillo Ávila por la afectación de su derecho al
buen nombre, en los términos expuestos en esta decisión.
SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SÉPTIMO: NO CONDENAR en costas.
OCTAVO: EJECUTAR esta sentencia en los términos establecidos en los artículos
176 y 177 del C.C.A.
NOVENO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copia de la Sentencia
de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 del Código
General del Proceso.
DÉCIMO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriada esta
providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
competencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto
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Radicación: 25000-23-26-000-2012-01152-01(56476)
Actor: Diovan Trujillo Ávila
Demandado: Nación – Rama Judicial y Otros
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modificar
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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