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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00643-00

Fecha
4 de abril de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00643-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DESVINCULAR de la presente acción al Consejo Superior de la Judicatura. SEGUNDO: AMPÁRESE el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia de la señora Diana María Barrera de González. TERCERO: ORDÉNASE a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Archivo Central que en el término de 48 horas, contados a partir de la notificación de la presente decisión, remita respuesta al Juzgado 31 de Familia de Bogotá en cuanto al trámite de desarchivo del proceso de sucesión de los señores Alfonso Villamil Murcia y María Esther Peña de Villamil radicado con el número 11001311000320080037100, archivado en el paquete 58-59 (Bodega 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Diana María Barrera de González Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicación: 11001-03-15-000-2024-00643-00 Puerta del Sol) del año 2022 del citado despacho judicial. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00643-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

4 de abril de 2024

Demandante: Diana María Barrera de González
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00643-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00643-00
Demandante: DIANA MARÍA BARRERA DE GONZÁLEZ
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
DE BOGOTÁ- ARCHIVO CENTRAL BOGOTÁ Y OTROS.

Tema: Derecho fundamental de petición. Ampara

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Diana María Barrera de González, actuando en nombre propio en su
calidad de abogada, instauró acción de tutela en contra del Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Archivo
Central y el Juzgado 31 de Familia de Bogotá, con el fin de que le sean
amparados sus derechos fundamentales de petición, a la igualdad, a la propiedad
privada y a la dignidad humana.

Consideró vulneradas dichas garantías por la omisión de las accionadas en
realizar las actuaciones necesarias para obtener el desarchivo del expediente
correspondiente al proceso de sucesión de los señores Alfonso Villamil Murcia y
María Esther Peña de Villamil tramitado ante el Juzgado 31 de Familia de Bogotá,
radicado con el número 11001311000320080037100.

1.2. Pretensiones

En concreto, solicitó lo siguiente:

1

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Demandante: Diana María Barrera de González
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00643-00

PRIMERA. - Que se tutelen mis derechos fundamentales como son la PETICION,
la IGUALDAD a la PROPIEDAD PRIVADA y a la DIGNIDAD HUMANA, los cuales
fueron violados por parte de las siguientes entidades:

1) CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BOGOTA – ARCHIVO
CENTRAL BOGOTA.
2) JUZGADO 31 DE FAMILIA DE BOGOTÁ, al no dar respuestas de fondo a mis
peticiones de corrección de oficios.

SEGUNDA. - Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a las entidades en
tuteladas a realizar las acciones que correspondan para que el expediente del
proceso aparezca sin más dilaciones.

TERCERA. - Que en caso de que el expediente no aparezca, se ordene al
Juzgado de Conocimiento a que, revise los archivos digitales que tenga del
expediente y emita los oficios de desembargo solicitados.

CUARTA. - Que en caso de persistir su renuencia o desacato del fallo de tutela
que emita su Despacho, se ordene el arresto inmediato de los funcionarios
involucrados en este caso por su conducta, de conformidad con la norma del
Artículo 52 del Decreto Especial 2591 de 19911.

1.3. Hechos

La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

La accionante en su calidad de abogada de una de las partes en el proceso de
sucesión de los señores Alfonso Villamil Murcia y María Esther Peña de Villamil,
mediante peticiones del 12 de septiembre y 25 de octubre de 2023 solicitó al
Juzgado 31 de Familia de Bogotá la corrección de un oficio dirigido a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos en cuanto al nombre de la causante, y el
destino correcto a las oficinas zonales de registro conforme a las matrículas
inmobiliarias.

El Juzgado 31 de familia de Bogotá en correo electrónico enviado a la accionante
el 15 de noviembre de 2023, le informó que la petición de corrección se encuentra
pendiente de resolver en atención al archivo del expediente; motivo por el cual se
procedió a solicitar su desarchive.

Reiterada la petición de corrección, el despacho judicial mediante correo
electrónico del 16 de noviembre de 2023 remitido a la abogada, manifestó que la
actualización se hará una vez el proceso sea desarchivado, solicitud que se
realizó desde hace varios meses al archivo central.

La oficina Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados

1 Trascripción literal con posibles errores.

2

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Civiles, Laborales y de Familia en correos electrónicos del 5 de septiembre, 8 de
noviembre y 11 de diciembre de 2023, comunicó al despacho judicial que se
recibió con éxito la solicitud de desarchivo, la cual “. . .. ya está en conocimiento
de Archivo Central”.

Señaló que a la fecha de la interposición de tutela no se ha recibido respuesta
alguna por parte de la oficina de archivo.

1.4. Sustento de la petición

La accionante afirmó que las autoridades accionadas vulneraron su derecho
fundamental de petición como consecuencia de la dilación o tardanza para el
desarchivo del proceso de sucesión, expediente necesario para obtener la
corrección de las imprecisiones informadas al juzgado 31 de Familia de Bogotá
desde el 12 de septiembre de 2023.

Asimismo, afirma que se infringió el derecho a la igualdad al negarle la posibilidad
de acceder al expediente para reiterar el levantamiento de medidas cautelares y
por lo tanto ha recibido un trato desigual. A pesar de manifestar la infracción a los
derechos fundamentales de la propiedad privada y a la dignidad humana, no
desarrolló sus argumentos.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto del 14 de febrero de 2024, el despacho admitió la acción de tutela,
ordenó notificar la decisión a la parte actora y como accionadas al presidente del
Consejo Superior de la Judicatura, al director ejecutivo Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, al representante de la Oficina de Archivo
Central de Bogotá y al juez Treinta y Uno de Familia de Bogotá.

Además, vinculó a los herederos de los señores Alfonso Villamil Murcia y María
Esther Peña de Villamil, como terceros con interés en las resultas del proceso.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones2, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Juzgado 31 de Familia de Bogotá

La titular del despacho judicial remitió escrito a la Secretaría General de la

2 Mediante oficios enviados por correo electrónico el 15 y 29 de febrero de 2024 a las accionadas y

a varios terceros con interés y aviso publicado en la página web el 1 de marzo del presente en
cuanto a los herederos de los señores Alfonso Villamil Murcia y María Esther Peña de Villamil.
Índices 7, 12 y 13 Samai.

3

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Corporación en el que manifestó que una vez asumió el conocimiento la sucesión
de los causantes Alfonso Villamil Murcia y María Esther Peña Murcia en sentencia
del 22 de noviembre de 2017, aprobó el trabajo de partición presentado, y ordenó
expedir los oficios correspondientes para su inscripción.

Informó que en providencia del 11 de agosto de 2023 ordenó desarchivar el
referido proceso con el fin de resolver peticiones de los interesados, sin que a la
fecha haya sido posible obtenerlo, a pesar de solicitarlo desde el mes de marzo de
2023.

1.6.2. Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura

Mediante escrito remitido el 20 de febrero del presente año al correo electrónico
de la Secretaría General de la Corporación por parte de la magistrada auxiliar de
la Oficina del despacho de la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura,
solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto del escrito de tutela se establece que las acciones u omisiones que
manifiesta la accionante como vulneradoras, recaen exclusivamente sobre la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá; ya que la oficina de
archivo se encuentra adscrita a dicha Corporación de conformidad con el artículo 3
del Acuerdo PCSJA17-10784 del 26 de septiembre de 2017 del Consejo Superior
de la Judicatura.

Así mismo relacionó procesos análogos en los cuales se había accedido a su
desvinculación por no encontrarse encargada del manejo y funcionamiento del
archivo central de la ciudad de Bogotá3.

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, la Oficina de Archivo
Central de Bogotá y los terceros con interés a pesar de haber sido notificados en
debida forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
la señora Diana María Barrera de González. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591
de 1991 y el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021.

2.2. Cuestión previa

3 Sección Quinta. Radicados 11001-03-15-000-2023-02508, 11001-03-15-000-2023-05603-00,
11001-03-15-000-2023-06828-00. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral radicado
11001023000020230049900 y Sala de Casación Penal radicado 11001023000020230097500.

4

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El Consejo Superior de la Judicatura solicitó su desvinculación como
consecuencia de la falta de legitimación en la causa por pasiva, petición a la cual
se accederá pues de los hechos señalados por la parte actora y de los
argumentos de las accionadas se observa que la entidad no es la llamada a
responder por lo requerido en la petición objeto de tutela. Por lo tanto, se accederá
a la desvinculación de que se trata.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, si se presenta vulneración a los derechos
fundamentales de petición, a la igualdad, a la propiedad privada y a la dignidad
humana de la actora con ocasión de la falta de respuesta de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial – Archivo Central a la petición de desarchivo
del proceso con radicado 11001311000320080037100 realizada por el Juzgado 31
de Familia de Bogotá, con el fin de resolver petición de la accionante.

Para el efecto, se analizarán los siguientes temas: (i) generalidades de la acción
de tutela (ii) Derecho de Petición y (iii) análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces
la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de
los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6º ibíd., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.

2.5. Derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución»4. El mismo artículo superior
precisa que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.

4 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.

5

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La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «[e]l
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si
ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido»5.

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1437 de 20116, que señala 15 días para resolver la misma,
de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular
deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que “la respuesta al derecho de petición
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema
semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución
entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas
ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello
implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de
manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información
adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta
puede significar una aclaración plena de la respuesta dada”7.

Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante”8.

Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando
consista en indicar que se remitió la petición a la autoridad competente. En
palabras de la Corte Constitucional:

(…) El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de
contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e
informar sobre la remisión a la entidad encargada9.

5 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.
6 Modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.
7 Sentencia T-149 de 2013.
8 Ibídem.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.

6

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En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la
Corte Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a
la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar,
en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es
decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la
respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre
en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose
de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre
la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta
comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido
sea positivo o negativo10.

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el
derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y agota en la
solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o
no del derecho subjetivo.

2.6. Caso concreto

Como se indicó en los antecedentes de esta providencia, la accionante en su
calidad de abogada de un heredero presentó solicitud ante el Juzgado 31 de
familia de Bogotá, con el objeto de la corrección de oficio expedido en el proceso
de sucesión de los causantes Alfonso Villamil Murcia y María Esther Peña de
Villamil; despacho judicial que informó a la mencionada profesional que tal petición
sería resuelta una vez fuera desarchivado el proceso mencionado, trámite que
había ordenado desde el mes de marzo de 2023.

Revisadas las pruebas allegadas al expediente, se observa que, en efecto, según
lo informado por el Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogotá D.C., “Por parte
de la secretaría se ha solicitado en varias oportunidades al archivo central de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Judicial de Bogotá y
Cundinamarca, sin que a la fecha se haya procedido a dicho desarchive, siendo la
primera vez en el mes de marzo de 2023, constancias que obran en la aludida
carpeta, por lo que se procedió a solicitar a la secretaría adoptar las medidas del

10 Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.

7

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caso a fin de agostar todos los medios necesarios para obtener el desarchivo del
expediente a la mayor brevedad posible”.

De lo anterior se advierte que el Despacho mencionado ha efectuado todas las
labores tendientes a obtener el desarchivo del expediente ordinario de interés de
la parte actora, pues tan es así que ha requerido al Archivo Central de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá D.C. que proceda a
desarchivarlo para imprimir el trámite solicitado por la tutelante.

Sin embargo, de los medios probatorios que reposan en el expediente no se
advierte que la aludida oficina haya contestado a los requerimientos del juzgado
en ese sentido; de hecho, tras haber sido vinculada a la presente acción, se
abstuvo de contestar la demanda.

Por consiguiente, no se encuentra acreditado que la Oficina de Archivo Central de
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial haya procedido con el
respectivo desarchivo del expediente, pese a que conforme a lo indicado por el
Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogotá D.C. se ha solicitado ello en
reiteradas ocasiones desde el mes de septiembre de 2023.

Así las cosas, ante la falta de respuesta por parte de la oficina de archivo central
de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá se amparará el
derecho al acceso a la administración de justicia de la parte actora, el cual se ha
lesionado por la falta de trámite del desarchivo del proceso de sucesión de los
señores Alfonso Villamil Murcia y María Esther Peña de Villamil, requerido por el
juzgado 31 de Familia de Bogotá D.C.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DESVINCULAR de la presente acción al Consejo Superior de la
Judicatura.

SEGUNDO: AMPÁRESE el derecho fundamental al acceso a la administración de
justicia de la señora Diana María Barrera de González.

TERCERO: ORDÉNASE a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá – Archivo Central que en el término de 48 horas, contados a
partir de la notificación de la presente decisión, remita respuesta al Juzgado 31 de
Familia de Bogotá en cuanto al trámite de desarchivo del proceso de sucesión de
los señores Alfonso Villamil Murcia y María Esther Peña de Villamil radicado con el
número 11001311000320080037100, archivado en el paquete 58-59 (Bodega

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Demandante: Diana María Barrera de González
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00643-00

Puerta del Sol) del año 2022 del citado despacho judicial.

CUARTO: Notifíquese a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remítase el expediente
el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SÚAREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Salva voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

9

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