Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06828-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06828-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-06828-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
8 de febrero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06828-00
Demandante: Guillermo García Rodgers
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06828-00
Demandante: GUILLERMO GARCÍA RODGERS
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ, OFICINA DE
ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ,
CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LOS
JUZGADOS CIVILES, LABORALES Y DE FAMILIA DE
BOGOTÁ Y JUZGADO TREINTA Y TRES CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTÁ
Temas: Tutela contra autoridad administrativa y judicial. Solicitud de
desarchivo de proceso ejecutivo. Derecho fundamental de petición
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Guillermo García Rodgers1, quien actúa en nombre propio,
contra el Consejo Superior de la Judicatura -Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, la Oficina de Archivo
Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá,
el Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados Civiles, Laborales y de
Familia de Bogotá y el Juzgado Treinta y Tres Civil Municipal de Bogotá, con el
objeto de que se acceda al amparo constitucional de los derechos fundamentales
de petición y de acceso a la administración de justicia, los cuales considera
vulnerados por la falta de respuesta a la solicitud presentada el 21 de junio de
2023, en la que pidió el desarchivo del expediente que contiene el proceso
ejecutivo con radicado No. 11001-40-03-033-2003-00569-00.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El accionante indicó que el 21 de junio de 2023, por intermedio de apoderado,
solicitó de manera virtual ante el Centro de Servicios Administrativos para los
Juzgados Civiles, Laborales y de Familia el desarchivo del proceso ejecutivo
identificado con radicado No. 11001-40-03-033-2003-00569-00, la cual fue
debidamente recibida. Agregó que la petición se presentó con ocasión a una
medida cautelar decretada en el referido trámite judicial en el que figura como
demandado.
1 Presentada el 8 de noviembre de 2023.
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Demandante: Guillermo García Rodgers
Sostuvo que el 19 de octubre de 2023, por medio de correo electrónico pidió
información ante el centro de servicios, debido a que se había superado el plazo
de sesenta días para realizar el desarchivo.
Refirió que el 20 de octubre de la misma anualidad, el Centro de Servicios
Administrativos para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia dio traslado a la
petición a solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Relató que el 31 del mismo mes y año remitió nuevamente la solicitud de
información sobre el estado de desarchivo del proceso ejecutivo, y que el 1 de
noviembre de 2023 se volvió a trasladar la petición a la siguiente dirección
electrónica solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Por último, manifestó que a la fecha de interposición de la acción de tutela, no
había recibido respuesta a la solicitud presentada.
2. Fundamentos de la acción
El demandante, quien actúa en nombre propio, presentó acción de tutela con el
objeto de que se amparen sus derechos fundamentales de petición y de acceso a
la administración de justicia, los cuales considera vulnerados por la falta de
respuesta a la solicitud formulada el 21 de junio de 2023, por medio de la cual
pidió el desarchivo del expediente que contiene las actuaciones del proceso
ejecutivo con radicado No. 11001-40-03-033-2003-00569-00.
Señaló que “(...) la no respuesta del derecho de petición vulnera mi derecho fundamental
consagrado en el artículo 23 de la constitución política. Tal como lo ha señalado la Corte
Constitucional [en la sentencia T-204 de 2022], el derecho fundamental de petición
consagrado a los ciudadanos el derecho a elevar solicitudes respetuosas a entidades
privadas y a recibir respuesta oportuna y de fondo (…). Ahora, la no respuesta del
derecho de petición vulnera asimismo lo consagrado en el artículo 228 superior que
protege el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia”.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela el demandante formuló las siguientes:
“PRIMERA. Se proteja mi derecho fundamental al Derecho de Petición y Acceso a la
Justicia violado por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
SEGUNDO. Se ordene que el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en un
término no mayor a 48 horas dé respuesta a mi solicitud de información radicada el 21
de junio de 2023 en el Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los
Juzgados Civiles, Laborales y de Familia”.
4. Pruebas relevantes
En el expediente reposan los siguientes documentos:
• Copia de la imagen que da cuenta de la solicitud de desarchivo presentada el 21
de junio de 2023, por el aplicativo en línea.
• Correo electrónico de la remisión de la solicitud de desarchivo enviada el 20 de
octubre de 2023.
5. Trámite procesal
Por auto de 16 de noviembre de 2023, la magistrada sustanciadora dispuso la
admisión de la acción de tutela y ordenó notificar el contenido de esa providencia
al demandante, a las entidades demandadas -Consejo Superior de la Judicatura -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Consejo Seccional de la
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Demandante: Guillermo García Rodgers
Judicatura de Bogotá, la Oficina de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, el Centro de Servicios
Administrativos para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de Bogotá y el
Juzgado Treinta y Tres Civil Municipal de Bogotá-, así como a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, a quienes se les remitió copia de la solicitud de
amparo.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones Nos. 134580 a
134586 de 20 de noviembre de 2023 y 154460 de 18 de enero de 2024, con el fin
poner en conocimiento de las partes esa providencia2.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá
6.1.1. En escrito remitido por correo electrónico el 23 de enero de 2024, el director
seccional de administración judicial de Bogotá indicó que por medio de correo
electrónico solicitó al grupo de archivo central que se pronunciara sobre los
hechos de la presente acción y el trámite que se dio a la solicitud formulada por el
actor, a lo que agregó que sigue a la espera de la respuesta por parte de dicha
dependencia.
Manifestó que se encuentra adelantando las gestiones, trámites y verificaciones
necesarias para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y señaló que
una vez cuente con el pronunciamiento del área encargada procedería a su
comunicación.
6.1.2. Por medio de memorial radicado el 30 de enero de 2024, el director
seccional de administración judicial de Bogotá encargado solicitó declarar
improcedente la solicitud de tutela, por encontrarse ante una carencia actual de
objeto por hecho superado.
Al respecto, señaló que mediante correo electrónico enviado el 24 de enero de la
presente anualidad se dio respuesta a la petición del accionante, sin que la misma
tenga que ser favorable a lo pretendido, argumento que respaldó con algunos
apartes de las sentencias T-292 de 2022, T-070 de 2022 y T-086 de 2020,
proferidas por la Corte Constitucional, en relación con la carencia actual de objeto
por hecho superado.
Con relación a la presunta vulneración al acceso a la administración de justicia,
refirió que “no se ha obstaculizado en ningún sentido el acceso a la administración de
justicia, es tan notorio que estamos discutiéndolo en una actuación judicial, de allí que no
es congruente alegar que este derecho fundamental se haya vulnerado, más bien parece
que la parte accionante está confundiendo los mecanismos jurídicos tanto administrativos
como judiciales para discutir los derechos que considera vulnerados”.
6.2. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
En memorial allegado a través de correo electrónico de 22 de noviembre de 2023,
el abogado de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal pidió que
2 Las partes demandante y demandada fueron notificadas a las siguientes direcciones de correo electrónico:
guillermogarcia969@yahoo.com.co, litigation@legalnova.co,
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co,
notificacioncsjsabta@cendoj.ramajudicial.gov.co, cseradmcvifml@cendoj.ramajudicial.gov.co,
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co, deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co
jcmpl33bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co,
notificacionesacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, archivocentralbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co y
desajbtanotif@cendoj.ramajudicial.gov.co
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se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva y que se vincule al
trámite constitucional a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bogotá.
Sostuvo que conforme con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Estatutaria 270
de 1996, tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la
Rama Judicial necesarias para su funcionamiento, por lo que en virtud de la
“descentralización” de funciones se creó la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, que para el caso se encuentra a cargo de la
Oficina de Archivo de Bogotá, por lo que es la competente para resolver lo
pretendido por el actor.
6.3. Respuesta de la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura
En memorial allegado a través de correo electrónico de 27 de noviembre de 2023,
la magistrada auxiliar de la oficina de la Presidencia pidió que se declare la falta
de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, que se desvincule del
trámite constitucional, teniendo en cuenta que las acciones que manifiesta la
demandante como vulneradoras recaen en la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, en razón a que solo tiene la custodia del
archivo y de sus actuaciones administrativas, tales como actas, resoluciones,
oficios, circulares y demás.
Indicó que, en virtud de la desconcentración de funciones realizada por el Consejo
Superior de la Judicatura, no es la autoridad competente para proceder con el
desarchivo del expediente, toda vez que las funciones asignadas por el artículo
257 de la Constitución Política y el artículo 85 de la Ley Estatutaria 270 de 1996,
son las de trazar las políticas y direcciones estratégicas que han sido
desconcentradas en diferentes órganos.
Señaló que el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 contempló que el
cumplimiento del fallo lo debe dar la autoridad que sea responsable de la
vulneración alegada, que para el caso no es el llamado a responder, máxime
cuando de las pruebas allegadas se tiene que la solicitud radicada el 21 de junio
de 2023 fue remitida al correo electrónico:
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, que corresponde al
dominio de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
Para terminar, citó una sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado en
el que se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto la
petición no había sido radicada ante el Consejo Superior de la Judicatura.
6.4. Respuesta del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá
En memorial allegado a través de correo electrónico de 21 de noviembre de 2023,
el presidente de la corporación solicitó la desvinculación de la solicitud de amparo
por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Adujo que procedió a verificar con el personal de la Secretaría si al canal
habilitado, esto es, csjsabta@cendoj.ramajudicial.gov.co se había remitido por el
accionante alguna solicitud relacionada con la situación fáctica de la acción de
tutela, frente a lo cual se expidió la certificación No. CSJBTCER23-311 de 20 de
noviembre de 2023, en la que se indica que revisada la base de datos no se
encontró ningún escrito radicado por el actor.
Finalmente, refirió que según las funciones establecidas para la corporación en el
artículo 101 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, le corresponde ejercer la vigilancia
judicial, sin que el demandante hubiese promovido dicho mecanismo, por lo que al
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tratarse de una solicitud de desarchivo, la misma debe ser objeto de
pronunciamiento por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá.
6.5. Respuesta del Juzgado Treinta y Tres Civil Municipal de Bogotá
En memorial allegado a través de correo electrónico de 21 de noviembre de 2023,
el titular del despacho solicitó la desvinculación del trámite constitucional, e
informó que el expediente fue archivado el 18 de diciembre de 2009 en el paquete
No. 1119, según la información que reposa en el aplicativo Siglo XXI, por lo cual
consideró que se debe presentar la solicitud ante la oficina de archivo que
actualmente tiene la custodia del expediente y una vez se efectúe el desarchivo
procederá a verificar si resulta del caso levantar o no las medidas cautelares.
Indicó que según la búsqueda realizada en el “Visor de documentos CSJ”, el
expediente no ha sido agregado por parte de la oficina de archivo, a lo que agregó
que no tiene competencia para desarchivar el expediente por cuanto ello recae en
la dependencia que tiene su custodia.
6.6. El Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados Civiles, Laborales y
de Familia de Bogotá, pese a que fue notificado en debida forma, no se pronunció
sobre los hechos que dieron origen al presente asunto.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Cuestión previa
El Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y el Juzgado Treinta y
Tres Civil Municipal de Bogotá, solicitaron que se declare la falta de legitimación
en la causa por pasiva, debido a que la petición frente a la cual se reclama el
amparo es de competencia de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, quien tiene a su cargo la Oficina de Archivo Central.
Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto
2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o
particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales”. Bajo esa línea, la
Corte Constitucional en la sentencia T-005 de 20223 señaló que dicho requisito
“hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la
llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de
que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.
De conformidad con lo expuesto, la Sala accederá a la solicitud de desvinculación
del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y el Juzgado Treinta y
Tres Civil Municipal de Bogotá, debido a que ante las mismas no se presentó la
solicitud respecto de la cual se alega la supuesta vulneración del derecho
fundamental de petición.
3 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si la Oficina de Archivo Central de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá vulneró al
señor Guillermo García Rodgers los derechos fundamentales de petición y de
acceso a la administración de justicia, al no resolver la solicitud de desarchivo del
expediente que contiene las actuaciones del proceso ejecutivo con radicado No.
11001-44-03-033-2003-00569-00, formulada por medio de correo electrónico el 21
de junio de 2023 bajo el No. DESCLF23-005734.
4. El derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales”.
En lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte Constitucional
ha precisado que:
“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y efectiva de
elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y
oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que
debe ser lo más corto posible, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la
solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos
y cada uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido
al peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no
necesariamente se debe acceder a lo pedido.
Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción de
este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o
material dentro del término previsto en la ley:
‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos sucesivos,
ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que conozca de aquél.
En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la petición, que supone el
contacto del ciudadano con la entidad que, en principio, examinará su solicitud y
seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo significado supera la simple adopción
de una decisión para llevarla a conocimiento directo e informado del solicitante.
De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito de
notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para informar al
particular de su respuesta y lograr constancia de ello.
Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el
derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo
solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular sobre la
respuesta adoptada por la entidad”4. (destacado fuera de texto)
Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las
peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del
mismo, en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes
del vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora
así como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:
4 Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Demandante: Guillermo García Rodgers
“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término
especial la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los
diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha
sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de
dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán
dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no
podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.
En definitiva, la garantía del derecho fundamental de petición conlleva el deber
constitucional y legal de dar respuesta a las peticiones de fondo, en forma clara,
precisa y congruente con lo solicitado, dentro de los términos establecidos por la
ley, siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela. Empero, la autoridad respectiva,
en caso de no ser competente para atender la solicitud, tiene el imperativo legal de
remitirla a quien sí lo sea, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la
Ley 1437 de 20115.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. El señor Guillermo García Rodgers presentó acción de tutela en defensa de
los derechos fundamentales de petición y de acceso a la administración de
justicia, los cuales considera vulnerados por la Oficina de Archivo Central de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, al no haber
dado respuesta a la solicitud formulada el 21 de junio de 2023, en la que pidió el
desarchivo del expediente que contiene las actuaciones del proceso ejecutivo
radicado bajo el No. 11001-44-03-033-2003-00569-00.
De conformidad con las pruebas allegadas con la demanda de tutela, la solicitud
con data 21 de junio de 2023 fue presentada por intermedio de apoderado, a
través del formulario de recepción de solicitudes de desarchivo en línea, disponible
en la página web de la Oficina de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá6, lo cual, como ya lo ha precisado
esta Sala7, implica el ejercicio del derecho fundamental de petición, en tanto de
conformidad con el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 –Ley Estatutaria del
Derecho de Petición–, “toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades
implica el ejercicio del derecho de petición (…), sin que sea necesario invocarlo”.
5 La disposición en cita establece: “ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado
por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a quien se dirige la
petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de
los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario
competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente
a la recepción de la Petición por la autoridad competente”.
6 Disponible en:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLosYviA80GN9Y65mQFZi1fTBb6jYmxNrzMbNoTHe
OVURFpKRFVPRFlNRFpRQjEyUjREVkdVNVJJOS4u.
7 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 22 de octubre de 2020, exp. No. 11001-03-15-000-2020-
04110-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E).
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06828-00
Demandante: Guillermo García Rodgers
Mediante correo electrónico de 21 de junio de 2023, el Centro de Servicios
Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia
acusó el recibo de la solicitud y le informó al actor lo siguiente:
“Señor (a)
Francisco Andrés Martínez Bustamante
Cordial saludo,
Su solicitud de desarchive del proceso 110014003033 -20030056900 de JUAN
GAVIRIA RESTREPO Y CIA LTDA contra AYDEE JARAMILLO BOLIVAR fue
recibida con éxito.
Según la información por usted suministrada Archivo Central realizara la
búsqueda en el paquete o caja 1119 del año 2009 enviado al Archivo Central
por el Juzgado 33 CIVIL MUNICIPAL
Señor (a) Francisco Andrés Martínez Bustamante le Informamos que las
solicitudes de desarchive son remitidas al Archivo Central el día siguiente hábil
a su radicación, en adelante cualquier trámite relacionado con la misma,
deberá ser tratado directamente con esa área, que es la encargada de realizar
el desarchive del expediente solicitado.
Así las cosas, si no recibe respuesta de su desarchive en un plazo de 60 días
hábiles, puede solicitar información en la dirección de correo electrónico
notificacionesacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co recuerde que debe adjuntar el
presente correo como evidencia de la radicación de su solicitud.
Atentamente: Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los
Juzgados Civiles, Laborales y de Familia”.
A su vez, está demostrado que el 19 de octubre de 2023, el demandante insistió
en el desarchivo del expediente radicado con el No. 11001-44-03-033-2003-
00569-00 por medio correo electrónico remitido a las direcciones electrónicas:
cseradmcvifml@cendoj.ramajudicial.gov.co y notificacionesacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co,
correspondiente al Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los
Juzgados Civiles, Laborales y de Familia y a la Oficina de Archivo Central, en el
que manifestó lo siguiente:
“A quien corresponda
Espero se encuentre bien
Por medio de la presente, me permito hacer seguimiento al desarchivo del
proceso que aparece en la cadena de correos, toda vez que el pasado 19 de
septiembre de 2023 venció el término de 60 días hábiles con que el que cuenta
desarchivo para realizar dicho trámite.
Es de advertir que si el mismo no se desarchiva en un término de 3 días
hábiles, nos veremos en la obligación de interponer la correspondiente acción
de tutela.
Quedamos atentos a sus comentarios. Atentamente”.
Esa solicitud fue remitida por competencia el 20 de octubre de 2023 por el Centro
de Servicios a la siguiente dirección electrónica:
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co. De igual forma, fue
devuelta por la dirección notificacionesacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, por motivo
“no recibe mensajes de correo electrónico”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06828-00
Demandante: Guillermo García Rodgers
Como se vio, a pesar de que la dirección informada por el Centro de Servicios
Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia
para efectos de solicitar información sobre el estado del trámite de desarchivo fue
devuelta, lo cierto es que la petición se envió por competencia al correo
electrónico habilitado por la Oficina de Archivo Central - Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, con el
informe rendido a este trámite constitucional, aportó copia de la respuesta
dispensada al demandante el 24 de enero de 2024, a los correos electrónicos:
guillermogarcia969@yahoo.com.co y litigation@legalnova.co en la cual le informó
lo siguiente:
“Cordial Saludo,
En atención a Tutela de la referencia, me permito informar que, revisada la base de
datos de solicitudes radicadas a través del formulario en línea y módulo de radicación
física, se evidencia petición No. 2023-06828 en la cual se solicite el desarchive del
proceso 2003-00569 del JUZGADO 33 CIVIL MUNICIPAL, donde figuran las siguientes
partes: Demandante: JUAN GAVIRIA RESTREPO Y CIA LTDA, Demandado: AYDEE
JARAMILLO BOLIVAR.
Por consiguiente, y en atención (sic) Tutela se informa que, en bodega D06 SANTO
DOMINGO se ha realizado la búsqueda del proceso solicitado, no obstante, a la fecha
no ha sido hallado en el acervo documental perteneciente a dicho Juzgado.
Por lo anterior, en Bodega Santo Domingo se continúa realizando las actividades
pertinentes, una vez finalizada dicha labor se informarán los resultados finales de
búsqueda.
Nota: Se precisa que la Bodega Santa Domingo es objeto de organización y mapeo,
toda vez que se recibió en traslado el acervo documental de los despachos judiciales
que se encontraban en bodega Montevideo I y II”.
5.2. De conformidad con lo anterior, se evidencia que la Oficina de Archivo Central
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá no
vulneró el derecho fundamental de petición del demandante8, debido a las
siguientes razones:
Como se vio, el actor presentó solicitud el 21 de junio de 2023, con el fin de que se
procediera con el desarchivo del expediente correspondiente al proceso ejecutivo
identificado con el radicado No.11001-44-03-033-2003-00569-00, misma que fue
radicada a través del aplicativo dispuesto para ello y remitida por competencia a la
Oficina de Archivo Central - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá.
En ese orden de ideas, de la respuesta brindada se extrae que la accionada
realizó una búsqueda con el fin de comunicar al demandante el estado del trámite
administrativo y le indicó de manera precisa que continuará realizando gestiones
con el fin de ubicar el expediente y que una vez finalice, le “informará los
resultados finales de la búsqueda”.
Asimismo, es importante destacar que la tardanza de la Oficina de Archivo Central
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá en
culminar el proceso de búsqueda del expediente requerido, tiene fundamento en la
clausura temporal de la bodega donde funciona el archivo que se dio por medio de
la Resolución No. DESAJBOR22-6741 de 1º de diciembre de 2022, en la cual se
resolvió lo siguiente:
8 En similar sentido se pronunció la Sala en sentencia de 26 de octubre de 2023, M.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06828-00
Demandante: Guillermo García Rodgers
“ARTÍCULO 1°. Disponer el cierre temporal del archivo central de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá́ , Cundinamarca y Amazonas de
expedientes judiciales de las especialidades Civil, Laboral, Familia, Penal y de la
Jurisdicción Disciplinaria de Bogotá, por el término de noventa (90) días desde el 5 de
diciembre de 2022.
PARÁGRAFO 1°. A partir de la fecha de cierre, y hasta tanto se prolongue el mismo,
solamente se atenderá el desarchivo de expedientes que sean requeridos por
autoridades judiciales en acciones de tutela en los que se haya concedido medidas
provisionales u otras actuaciones en las cuales se esté decidiendo sobre la libertad de
personas.
PARÁGRAFO 2°. Durante el cierre temporal del archivo central, se cerrarán los canales
de recepción de solicitudes ordinarias.
PARÁGRAFO 4°. Las transferencias documentales durante el cierre temporal del
archivo central quedarán suspendidas. Por tanto, las unidades productoras deberán
preparar y ajustar sus cronogramas de entrega y las gestiones pertinentes para
garantizar la preservación de los archivos”.
Del acto administrativo antes relacionado se concluye que el archivo central de
expedientes judiciales tuvo un cierre temporal a partir del 5 de diciembre de 2022 y
que, conforme se evidenció en la información publicada el 9 de mayo de 2023 por
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá9, no había
sido superado para dicha oportunidad. Allí se indicó que “La Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá se encuentra trabajando en un proyecto para el traslado
de los procesos judiciales en archivo, según las normas que exige el Archivo General de
la Nación. En desarrollo del proyecto se presentaron dificultades con algunos de los
contratistas que han generado un déficit operacional en la organización de dicho archivo.
La Dirección Seccional está realizando las acciones administrativas y contractuales
correspondientes para superar las dificultades y continuar con la implementación de un
nuevo modelo operacional que permita optimizar las condiciones del archivo de los
procesos ya fallados de Bogotá, que se encuentran en bodegas”.
De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que la Oficina de Archivo Central
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá no
vulneró el derecho fundamental de petición, pues si bien solo emitió respuesta en
el curso de la acción de tutela, allí se indicó que, por lo pronto, no ha sido ubicado
el expediente, pero que continuará con la búsqueda y que para el momento en el
que finalice, será oportunamente informado.
Ahora bien, como quiera que el propósito de la petición es que el accionante tenga
certeza de que el expediente fue o no ubicado para fines de desarchivo, la Sala
instará a la Oficina de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá para que una vez culmine la búsqueda del
expediente No. 11001-44-03-033-2003-00569-00, se informe de manera oportuna
el resultado de la misma al señor Guillermo García Rodgers.
Finalmente, se debe indicar al demandante que en caso de que no se llegare a
ubicar el referido expediente, puede acudir al trámite de reconstrucción previsto en
el artículo 126 del Código General del Proceso.
Por lo demás, la Sala se abstendrá de hacer pronunciamiento sobre la vulneración
al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en tanto la
transgresión alegada se circunscribió únicamente frente a la solicitud de
desarchivo del proceso ejecutivo y si la falta de respuesta vulneraba el derecho de
petición.
9 Fuente: https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-superior-de-la-judicatura/-/direccion-seccional-de-
administracion-judicial-de-bogota-trabaja-para-superar-deficit-operacional-en-archivo-de-procesos-ya-fallados
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-06828-00
Demandante: Guillermo García Rodgers
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DESVINCÚLASE de la presente acción de tutela al Consejo Superior
de la Judicatura, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá y al Juzgado Treinta y Tres Civil Municipal
de Bogotá.
Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el
señor Guillermo García Rodgers, quien actúa en nombre propio, por las razones
aquí expuestas.
Tercero.- ÍNSTASE a la Oficina de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, para que una vez culmine la
búsqueda del expediente No. 11001-44-03-033-2003-00569-00, se informe de
manera oportuna el resultado de la misma al accionante.
Cuarto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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