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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03157-00

Fecha
18 de julio de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-03157-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DESVINCULAR de la presente acción al Consejo Superior de la Judicatura y al Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: AMPÁRESE el derecho fundamental de petición del señor William Rincón Delgado. TERCERO: ORDÉNASE a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá – Archivo Central que en el término de 20 días contados a partir de la notificación de la presente providencia proceda con el desarchivo del expediente que corresponde al proceso de pertenencia instaurado por la señora Fanny Leiva Encinales en contra de personas indeterminadas tramitado ante el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá con radicado 11001-31-03-029-2012- 00414-00; expediente remitido a la Oficina de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de Bogotá- Cundinamarca- en el paquete 500 del 16 de mayo de 2014 . 8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: William Rincón Delgado Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicación: 11001-03-15-000-2024-03157-00 En el evento en que no sea posible cumplir con el término otorgado, la autoridad respectiva deberá poner en conocimiento del peticionario el tiempo que le tomará realizar el correspondiente desarchivo, sin que en todo caso, exceda el lapso de dos (2) meses. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-03157-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

18 de julio de 2024

Demandante: William Rincón Delgado
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03157-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03157-00
Demandante: WILLIAM RINCÓN DELGADO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
DE BOGOTÁ- ARCHIVO CENTRAL BOGOTÁ Y OTROS.

Tema: Derecho fundamental de petición. Ampara

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor William Rincón Delgado, actuando en nombre propio en su calidad de
abogado, instauró acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura
– Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Archivo Central y el
Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá, con el fin de que le sean amparados sus
derechos fundamentales de petición, de acceso a la administración de justicia, al
debido proceso, a la igualdad y a la dignidad humana.

Consideró vulneradas dichas garantías por la omisión de las accionadas en
realizar las actuaciones necesarias para obtener el desarchivo del expediente
correspondiente al proceso de pertenencia instaurado por la señora Fanny Leiva
Encinales en contra de personas indeterminadas tramitado ante el Juzgado 29
Civil del Circuito de Bogotá, radicado con el número 11001310302920120041400.

1.2. Pretensiones

En concreto, solicitó lo siguiente:

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: William Rincón Delgado
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03157-00

“PRIMERA: Que se tutelen mis derechos fundamentales la a la PETICIÓN, al
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, al DEBIDO PROCESO, a la
IGUALDAD, y a la DIGNIDAD HUMANA,, los cuales fueron violados por parte del
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva seccional de
Administración Judicial de Bogotá – ARCHIVO CENTRAL BOGOTÁ, al no dar
respuestas de fondo a mis peticiones de información en las que estoy solicitando
el desarchive de un proceso judicial que ya no aparece por ningún lado, y respecto
del cual debo solicitar el desglose y/o se solicite la entrega de oficios, ya que el
proceso terminó y se encuentra archivado.

SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a las entidades
accionadas realizar las acciones que correspondan para que el expediente del
proceso aparezca sin más dilaciones.

TERCERA: Que en caso de renuencia o desacato del fallo de tutela que emita su
Despacho, se ordene el arresto inmediato de los funcionarios involucrados en este
caso por su conducta, de conformidad con la norma del Artículo 52 del Decreto
Especial 2591 de 1991”1.

1.3. Hechos

La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

El accionante, en calidad de abogado de la señora Fanny Leiva Encinales,
mediante peticiones del 17 de mayo y 20 de octubre de 2023 enviadas a los
correos electrónicos notificacionesacbta@cendoy.ramajudicial.gov.co y
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co respectivamente,
solicitó el desarchivo del proceso de pertenencia formulado por su mandante en
contra de personas Indeterminadas que fuera archivado por parte del juzgado 29
Civil del Circuito de Bogotá el 16 de mayo de 2014 en el paquete 500 de 2014.

Manifestó el peticionario que sin recibir de la Oficina de Archivo Central de Bogotá
respuesta en debida forma, se le informó que los datos suministrados eran
incorrectos; motivo por el cual acudió al despacho judicial, autoridad que le ratificó
los plasmados en la solicitud de desarchivo.

Señaló que nunca ha recibido solución de fondo a la solicitud de desarchivo
realizada.

1.4. Sustento de la petición

El actor afirmó que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales de petición, de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso, a la igualdad y a la dignidad humana como consecuencia del no
desarchivo del proceso de pertenencia, expediente necesario para obtener copia
de la sentencia, oficios y/u otras piezas procesales.

1 Trascripción literal con posibles errores.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: William Rincón Delgado
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03157-00

Expuso que se infringió su derecho fundamental de petición al no recibir respuesta
de la solicitud de desarchivo a pesar de las actividades realizadas en la oficina de
archivo central, recibiendo de manera verbal sólo excusas que no satisfacen lo
solicitado. En cuanto a la igualdad afirmó que se le vulnera al negarle la
posibilidad que tiene cualquier ciudadano colombiano a acceder a un expediente.
Con relación a la dignidad humana indica que se infringe como consecuencia del
trato recibido al exponerlo a una tramitología que no tiene resultados.

Afirmó que se le vulneró el acceso a la administración de justicia y al debido
proceso por cuanto la accionadas no han ordenado y/o tomado las medidas
necesarias y oportunas para hacer efectiva la entrega del expediente
correspondiente.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto del 24 de junio de 2024, el despacho admitió la acción de tutela,
ordenó notificar la decisión a la parte actora y como accionadas al Consejo
Superior de la Judicatura, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial Bogotá, a la oficina de Archivo Central de Bogotá y al Juzgado 29 Civil del
Circuito Judicial de Bogotá ; a quienes se les otorgó el término de 3 días a partir
de la notificación, para dar respuesta a la solicitud de amparo y acompañar los
documentos que pretendieran hacer valer como pruebas .

Así mismo, vinculó como tercero con interés al Centro de Servicios Administrativos
Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia.

Ordenó a la Secretaría fijar aviso en el sitio web de la Corporación para comunicar
a eventuales interesados la existencia de la acción.

De igual manera ordenó al Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá fijar aviso en
lugar visible con el fin de comunicar a las partes e intervinientes del proceso de
pertenencia 11001310302920120041400 la existencia de la solicitud de amparo,
allegando al expediente certificación de su cumplimiento.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones2, se presentaron las siguientes
intervenciones:

2 Mediante oficios enviados por correo electrónico el 25 de junio de 2024 al accionante, al Consejo

Superior de la Judicatura, al Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los juzgados
civiles, laborales y de familia, a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá-
Cundinamarca- Archivo Central y al Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá.

El Juzgado 29 Civil del Circuito en escrito del 27 de junio de 2024 remitió copia del aviso fijado el
26 de junio de 2024 para comunicar a las partes e intervinientes del proceso de pertenencia.

3

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Demandante: William Rincón Delgado
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03157-00

1.6.1. Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá

El titular del despacho judicial remitió escrito a la Secretaría General de la
Corporación en el que manifestó que una vez asumió el conocimiento del proceso
de pertenencia con radicado 11001-31-03-029-2012-00414-00, el 28 de febrero de
2014 dictó sentencia, providencia con la cual terminó la instancia.

Indicó, que el expediente fue archivado de manera definitiva el 16 de mayo de
2014 en el paquete 500 del mismo año y remitido a las dependencias del archivo
central, momento a partir del cual el despacho perdió su custodia física. En
consecuencia, corresponde a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial, dependencia Archivo Central, desarchivar el proceso que reclama el
accionante o en su defecto ofrecer una respuesta integral, oportuna y de fondo.

Solicitó se deniegue el amparo reclamado respecto del despacho, así como
también su desvinculación por no haber vulnerado ni puesto en mengua derecho
fundamental alguno que amerite la intervención del Juez Constitucional.

1.6.2. Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura

Mediante escrito remitido el 2 de julio del presente año al correo electrónico de la
Secretaría General de la Corporación por parte de la magistrada auxiliar de la
Oficina del despacho de la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura,
solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto del escrito de tutela se establece que las acciones u omisiones que
manifiesta el accionante como vulneradoras, recaen exclusivamente sobre la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá; ya que la oficina de
archivo se encuentra adscrita a dicha Corporación de conformidad con el artículo 3
del Acuerdo PCSJA17-10784 del 26 de septiembre de 2017 del Consejo Superior
de la Judicatura.

Así mismo relacionó procesos análogos en los cuales se había accedido a su
desvinculación por no encontrarse encargada del manejo y funcionamiento del
archivo central de la ciudad de Bogotá3.

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá-
Cundinamarca-Archivo Central la Oficina de Archivo Central de Bogotá y los
terceros con interés a pesar de haber sido notificados en debida forma, guardaron
silencio.

3 Sección Quinta. Radicados 11001-03-15-000-2023-02508, 11001-03-15-000-2023-05603-00,
11001-03-15-000-2023-06828-00. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral radicado
11001023000020230049900 y Sala de Casación Penal radicado 11001023000020230097500.

4

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Demandante: William Rincón Delgado
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
el señor William Rincón Delgado. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la
Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

El Consejo Superior de la Judicatura y el Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá
solicitaron su desvinculación como consecuencia de la falta de legitimación en la
causa por pasiva, peticiones a las cuales se accederá pues de los hechos
señalados por la parte actora y de los argumentos de las accionadas se observa
que no son las llamadas a responder por lo requerido en la petición objeto de
tutela.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, si se presenta vulneración a los derechos
fundamentales de petición, de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso, a la igualdad y a la dignidad humana del actor como consecuencia de la
falta de respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial –
Archivo Central a la petición de desarchivo del proceso de pertenencia con
radicado11001-31-03-029-2012-00414-00 tramitado ante el Juzgado 29 Civil del
Circuito de Bogotá.

Para el efecto, se analizarán los siguientes temas: (i) generalidades de la acción
de tutela (ii) Derecho de petición y (iii) análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces
la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de
los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6º ibíd., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
5

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mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.

2.5. Derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución»4. El mismo artículo superior
precisa que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «[e]l
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si
ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido»5.

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1437 de 20116, que señala 15 días para resolver la misma,
de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular
deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que “la respuesta al derecho de petición
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema
semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución
entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas
ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello
implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de
manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información
adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta
puede significar una aclaración plena de la respuesta dada”7.

Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello

4 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
5 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.
6 Modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.
7 Sentencia T-149 de 2013.

6

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(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante”8.

Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando
consista en indicar que se remitió la petición a la autoridad competente. En
palabras de la Corte Constitucional:

(…) El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de
contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e
informar sobre la remisión a la entidad encargada9.

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la
Corte Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a
la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar,
en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es
decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la
respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre
en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose
de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre
la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta
comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido
sea positivo o negativo10.

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el
derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y agota en la
solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o
no del derecho subjetivo.

2.6. Caso concreto

Como se indicó en los antecedentes de esta providencia, el accionante en su
calidad de abogado radicó mediante envío a los correos electrónicos
notificacionesacbta@cendoy.ramajudicial.gov.co ,
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co peticiones el 17 de

8 Ibídem.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.

7

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mayo y el 20 de octubre de 2023 respectivamente, mediante las cuales solicitó el
desarchivo del proceso de pertenencia instaurado por la señor Fanny Leiva
Encinales en contra de personas indeterminadas tramitado ante el Juzgado 29
Civil del Circuito de Bogotá con radicado 11001-31-03-029-2012-00414-00;
expediente remitido a la Oficina de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Bogotá- Cundinamarca- en el paquete 500 del 16 de mayo de 2014.

Sin embargo, de los medios probatorios que reposan en el expediente no se
advierte que la aludida oficina haya dado respuesta al accionante; de hecho, tras
haber sido vinculada como accionada a la presente acción, guardó silencio; motivo
por el cual se dará aplicación a la presunción de veracidad de que trata el artículo
20 del Decreto 2591 de 1991.

Por consiguiente, se encuentra acreditado que la Oficina de Archivo Central de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá no ha dado
respuesta a la petición de desarchivo y mucho menos haya realizado tal gestión
para que el actor pueda cumplir lo requerido con relación al proceso de
pertenencia referido.

Así las cosas, se amparará el derecho de petición de la parte actora ante la falta
de trámite a la solicitud de desarchivo presentada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DESVINCULAR de la presente acción al Consejo Superior de la
Judicatura y al Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá, conforme a lo expuesto en
la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: AMPÁRESE el derecho fundamental de petición del señor William
Rincón Delgado.

TERCERO: ORDÉNASE a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá – Archivo Central que en el término de 20 días contados a partir
de la notificación de la presente providencia proceda con el desarchivo del
expediente que corresponde al proceso de pertenencia instaurado por la señora
Fanny Leiva Encinales en contra de personas indeterminadas tramitado ante el
Juzgado 29 Civil del Circuito de Bogotá con radicado 11001-31-03-029-2012-
00414-00; expediente remitido a la Oficina de Archivo Central de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Bogotá- Cundinamarca- en el paquete 500 del 16 de mayo
de 2014 .

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: William Rincón Delgado
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicación: 11001-03-15-000-2024-03157-00

En el evento en que no sea posible cumplir con el término otorgado, la autoridad
respectiva deberá poner en conocimiento del peticionario el tiempo que le tomará
realizar el correspondiente desarchivo, sin que en todo caso, exceda el lapso de
dos (2) meses.

CUARTO: Notifíquese a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remítase el expediente
el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SÚAREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Salva voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

9

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