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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00690-00

Fecha
11 de marzo de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00690-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Héctor de Jesús Lopera Arango, por las razones expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 12. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00690-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

11 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 11 de marzo de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00690-00
Demandante: Héctor de Jesús Lopera Arango
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de segunda instancia que confirmó
la decisión de primer grado que negó las pretensiones de la demanda dentro de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho orientado a lograr el reajuste de una
asignación de retiro.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Héctor de Jesús
Lopera Arango contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
demás vinculados.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 13 de febrero de 2024, Héctor de Jesús Lopera Arango presentó una
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
mínimo vital, vida en condiciones dignas, seguridad social, “mantenimiento
del poder adquisitivo de [la] pensión” e igualdad, así como del principio in
dubio pro operario, con ocasión de la Sentencia de 28 de agosto de 20232,
proferida por la autoridad accionada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 05001-33-33-029-2020-00015-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“Que se tutelen mis derechos fundamentales al mantenimiento del poder
adquisitivo de mi pensión, debido proceso, mínimo vital, vida en condiciones
dignas, seguridad social, in dubio pro operario, igualdad, y cualquier otro
derecho que considere la Corporación violado.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Notificada electrónicamente el 5 de septiembre de 2023.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00690-00
Demandante: Héctor de Jesús Lopera Arango
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
_____________________________________________________________________________________________________________

1. Que se dejen sin valor ni efecto el fallo proferido por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA QUINTA DE DECISIÓN el 28 de agosto de
2023 en el proceso con Rad. 050013333 029 2020 00015 01.

2. Que se ordene proferir una sentencia en la que se garantice el debido
proceso, el poder adquisitivo de mi asignación de retiro y el mantenimiento de
las condiciones de vida logradas con mi trabajo-vida digna ligados con la
seguridad social, y la aplicación del entendimiento más favorable de las
normas laborales.

3. Se tome cualquier otra medida que la Judicatura estime pertinente para
proteger y restablecer mis derechos fundamentales.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) Héctor de Jesús Lopera Arango prestó servicios a la Policía Nacional
en el grado de agente, por más de 20 años.

5. 2) Mediante la Resolución No. 735 de 6 de marzo de 1990, la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR) le reconoció al señor
Lopera Arango una asignación de retiro equivalente al 74% de las partidas
computables, en aplicación del Decreto 2063 de 1984, la cual sería efectiva
a partir del 27 de enero de 1990.

6. 3) El 5 de abril de 2019, el señor Lopera Arango presentó una solicitud
de reliquidación para que fuese incluida en su asignación de retiro el
incremento porcentual de la prima de actividad. Petición que fue negada
mediante el Oficio No. E-02173-201909797-CASUR Id: 427138 de 29 de abril
de 2019.

7. 4) Héctor de Jesús Lopera Arango presentó una demanda contra
CASUR3, orientada a obtener la nulidad del Oficio No. E-02173-201909797-
CASUR Id:427138 de 29 de abril de 2019 y, en consecuencia, el
reconocimiento y pago del reajuste de su asignación de retiro, con inclusión
del porcentaje correspondiente a la prima de actividad, en consideración
a lo devengado al momento de su retiro del servicio como agente de la
Policía Nacional; sumas debidamente indexadas y con los intereses
moratorios o, subsidiariamente, los intereses legales correspondientes.

8. 5) El asunto fue conocido por el Juzgado 29 Administrativo de Medellín
que, mediante la Sentencia de 27 de septiembre de 2021, negó las
pretensiones de la demanda, tras considerar que no era posible ordenar el
reajuste de la asignación de retiro del señor Lopera Arango, toda vez que
los Decretos 2070 de 2003 y 4433 de 2004 no tenían vigencia al momento del
retiro del demandante. Además, no resultaba procedente la aplicación

3 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00690-00
Demandante: Héctor de Jesús Lopera Arango
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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retroactiva de tales disposiciones, al no existir norma alguna que permitiera
su aplicación a las situaciones ya consolidadas.

9. 6) El demandante presentó un recurso de apelación contra la
mencionada decisión en el que indicó que, como agente de la Policía
Nacional, obtuvo la asignación de retiro con anterioridad a los Decretos
2070 de 2003 y 4433 de 2004, los cuales habrían modificado los Decretos 1212
y 1213 de 1990, en lo relativo al tiempo de servicio para la asignación de
retiro con la inclusión del factor denominado prima de actividad, situación
que implicó desigualdad con los agentes que previamente habría adquirido
la asignación de retiro.

10. 7) El Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de la Sentencia de
28 de agosto de 2023, confirmó parcialmente la sentencia de primera
instancia y revocó los numerales tercero y cuarto de dicha providencia,
relativos a la condena en costas y agencias en derecho impuestas a la
demandante. Para ello, señaló que el régimen jurídico aplicable al actor era
el consagrado en el Decreto 2063 de 1984, dada la fecha de consolidación
del derecho, el cual fue acatado por la entidad demandada en su
integridad en el momento de liquidar la respectiva asignación de retiro.

11. Como fundamento de la vulneración, la parte actora indicó que el
Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en los defectos sustantivo,
violación directa de la Constitución, desconocimiento del precedente y
falta de sustentación, en la medida en que debía mantenerse el poder
adquisitivo de la pensión, en relación directa con el ingreso percibido en la
etapa productiva de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional4.

12. Indicó que, de conformidad con la hoja de servicios, antes de retirarse
del servicio, devengaba una prima de actividad correspondiente al 50% del
sueldo básico y que en la actualidad devengaba dicha prima, pero en un
porcentaje menor, esto es, el 20%. Agregó que, a partir de los Decretos 2070
de 2003 y 4433 de 2004, la prima de actividad, como partida computable,
fue modificada, en el sentido de que se suprimieron porcentajes y rangos,
razón por la cual debió ser tomada en su integridad.

13. Señaló que, para el caso concreto, era aplicable de manera
retroactiva el Decreto 4433 de 2004 para reajustar su asignación de retiro,
con inclusión de la prima de actividad, en el mismo porcentaje en que era
devengada como salario al momento de su retiro.

4 Señaló que las Sentencias desconocidas fueron las siguientes: C-891A de 2006, C-926 de 2006, C-568 de 2016, SU-

1073 de 2012, SU-131 de 2013 y C-281 de 1994.

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Demandante: Héctor de Jesús Lopera Arango
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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1.2. Posición de la parte demandada y demás vinculados5

14. El Juzgado 29 Administrativo de Medellín remitió el expediente del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho solicitado, sin embargo,
no rindió informe sobre los fundamentos de la acción de tutela.

15. El Tribunal Administrativo de Antioquia y CASUR, pese a haber sido
debidamente notificados, guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido. 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusión.

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial7

16. La Sala advierte que la acción de tutela es improcedente porque no
se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.

17. De conformidad con la Corte Constitucional, (se trascribe) “el juez [de
tutela] no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”6.

18. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en la Sentencia
de 5 de agosto de 2014, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por parte
del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para el
juez de tutela7 y que la solicitud de amparo no se presente con objeto de
obtener una nueva instancia8; y que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad9.

19. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e

5 Mediante el Auto de 15 de febrero de 2024, el despacho ponente (1) admitió la acción de tutela de referencia,

(2) tuvo como parte accionada al Tribunal Administrativo de Antioquia, y (3) vinculó al Juzgado 29 Administrativo
de Medellín y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), como terceros con interés en el asunto.
6 Corte Constitucional, Sentencia C-590/2005.
7 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
8 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
9 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales.

No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00690-00
Demandante: Héctor de Jesús Lopera Arango
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional10.

20. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que el accionante
(1) no cumplió con la carga argumentativa necesaria para determinar los
motivos por los cuales este asunto tenía trascendencia constitucional y (2)
pretendió revivir un debate propio del juez natural sobre una situación
definida y consolidada. Así, buscó que, a través de la acción de tutela, se
estudiara un aspecto que ya fue resuelto, es decir, utilizarla como una
instancia adicional.

21. Lo anterior obedece a que, si bien, la parte actora refirió que la
cuestión discutida era de relevancia constitucional, en razón a que (se
trascribe) “los derechos de los que se reclama protección no son
meramente de orden legal, sino que están consagrados en la Constitución
Política y el bloque de constitucionalidad y tienen carácter de
fundamentales, lo que le confiere relevancia constitucional al asunto. Se
denuncia el desconocimiento del derecho constitucional fundamental al
mantenimiento del poder adquisitivo de la pensión, derecho
reforzadamente protegido por el estado de debilidad manifiesta de sus
titulares dada su edad avanzada”, lo cierto es que tal argumento no resulta
suficiente para explicar por qué era necesaria la intervención del juez de
tutela, de cara a la decisión adoptada por el juez de la nulidad y
restablecimiento del derecho, pues este se presentó, junto con los reparos
hechos a la decisión enjuiciada, como simples diferencias o discrepancias
interpretativas respecto la decisión del juez natural de la causa.

22. Además, aunque la parte accionante encuadró sus reparos en varios
defectos, la Sala considera que su intención era poner de presente una
aparente indebida interpretación normativa y jurisprudencial respecto del
Decreto 4433 de 2004 y, con fundamento en ello, reabrir el debate sobre su
aplicación y la forma en la que se debía reajustar su asignación de retiro
conforme a la partida computable de la prima de actividad para los
miembros de las Fuerzas Militares.

23. Esos reparos fueron abordados y resueltos por el Tribunal Administrativo
de Antioquia a través de la Sentencia de 28 de agosto de 2023, en la que,
luego de realizar un estudio del régimen prestacional de la Fuerza Pública,
la asignación de retiro de los agentes de la Policía Nacional, la prima de
actividad y el derecho a la igualdad en los regímenes especiales de
pensiones, se indicó que no era de recibo la interpretación realizada por la
parte demandante, en la medida en que no podía ser destinatario del
Decreto 4433 de 2004 ni de disposiciones posteriores a este que regularan el

10 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.

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Demandante: Héctor de Jesús Lopera Arango
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Decisión: Declara improcedencia
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régimen prestacional de los miembros de la Policía Nacional, por cuanto no
era posible que una norma posterior tuviera efectos retroactivos en
situaciones consolidadas con regímenes anteriores.

24. En ese sentido, adujo el Tribunal Administrativo de Antioquia que el no
incluir a los agentes de la Policía Nacional como beneficiarios del
incremento del 50% de la prima de actividad no constituía una vulneración
del derecho a la igualdad en relación con el personal de la Fuerza Pública,
comoquiera que no se encontraban en iguales condiciones y tampoco
desempeñaban funciones idénticas como lo disponía la Ley 4 de 1992.
Además, que la distinción obedecía a criterios de objetividad, razonabilidad
y disponibilidad de recursos públicos11.

25. Adicionalmente, debe indicarse que, si bien la parte actora señaló
que se desconocieron algunos precedentes judiciales de la Corte
Constitucional, lo cierto es que la Sala evidenció que con ese reparo no se
pretendía más que redundar en su inconformidad con la que, para él, era
la correcta interpretación del Decreto 433 de 2004 y de las disposiciones
posteriores y, a su vez, la acertada manera en que se debía reajustar su
asignación de retiro de conformidad con el incremento porcentual de la
prima de actividad.

26. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez natural, quien expuso las razones por las cuales consideró
que no existían argumentos para declarar la nulidad del acto administrativo
demandado y acceder al reconocimiento y pago del reajuste de la
asignación de retiro, con el porcentaje correspondiente a la prima de
actividad devengado al momento del retiro del accionante del servicio
como agente de la Policía Nacional.

27. Así las cosas, debe aclarase que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía tutela, no da por cumplido el requisito de relevancia
constitucional. Más, si se trata de una tutela contra providencia judicial, pues

11 Sobre el particular, el Tribunal citó lo enunciado en la Sentencia del 27 de marzo de 2014, respecto al Decreto

2863 de 2007: “(…) así al tratarse de un cuerpo jerarquizado, donde hay diferentes funciones y responsabilidades,
el mandato constitucional impone que la retribución por el trabajo sea proporcional a las funciones. Así, en el
presente caso no se está frente a sujetos que se encuentren en las mismas condiciones y que desempeñen las
mismas funciones, supuestos necesarios para que se predique la violación del derecho a la igualdad. Insiste la Sala
que el Gobierno Nacional al incrementar la prima de actividad debe seguir el mandato constitucional por el cual
se señala que al mismo trabajo corresponde el mismo salario; e igualmente debe sujetarse a la racionalización y
disponibilidad de los recursos públicos y la naturaleza de los cargos y las funciones, como lo señala la Ley 4a de
1992”. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Rad. 11001-03-25-000-2009-00029-00 (0656-09).

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00690-00
Demandante: Héctor de Jesús Lopera Arango
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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este es un mecanismo constitucional de amparo de derechos
fundamentales de carácter excepcional.

2.2. Conclusión

28. Por las consideraciones expuestas, la Sala concluye que el requisito de
relevancia constitucional no se cumplió en el caso concreto y, por tal
motivo, se abstendrá de emitir un pronunciamiento sobre los demás
requisitos de procedencia y, en consecuencia, declarará improcedente el
amparo solicitado.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Héctor de
Jesús Lopera Arango, por las razones expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 12.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

12 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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