Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00690-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00690-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-00690-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
23 de mayo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00690-01
Demandante: Héctor de Jesús Lopera Arango
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00690-01
Demandantes: HÉCTOR DE JESÚS LOPERA ARANGO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial dictada en proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. Falta de relevancia
constitucional: reiteración de argumentos
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Héctor de Jesús Lopera Arango contra
la sentencia del 11 de marzo de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 13 de febrero de 20241, en ejercicio de la acción de tutela y a nombre propio, Héctor de
Jesús Lopera Arango pidió la protección del derecho fundamental al debido proceso,
mínimo vital, seguridad social, mantenimiento del poder adquisitivo de la pensión, in dubio
pro operario y la igualdad.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presentó con ocasión de la sentencia del 28
de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que confirmó la
decisión de denegar pretensiones en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 05001-33-33-029-2020-00015-00/01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:
1. Que se tutelen mis derechos fundamentales al mantenimiento del poder adquisitivo de mi
pensión, debido proceso, mínimo vital, vida en condiciones dignas, seguridad social, in dubio pro
operario, igualdad, y cualquier otro derecho que considere la Corporación violado.
2. Que se dejen sin valor ni efecto el fallo proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA-SALA QUINTA DE DECISIÓN el 28 de agosto de 2023 en el proceso con Rad.
050013333 029 2020 00015 01.
3. Que se ordene proferir una sentencia en la que se garantice el debido proceso, el poder
1 Índice 1 de Samai, bajo el radicado 11001031500020240069000
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Demandante: Héctor de Jesús Lopera Arango
adquisitivo de mi asignación de retiro y el mantenimiento de las condiciones de vida logradas con mi
trabajo-vida digna ligados con la seguridad social, y la aplicación del entendimiento más favorable de
las normas laborales.
4. Se tome cualquier otra medida que la Judicatura estime pertinente para proteger y restablecer
mis derechos fundamentales.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
Héctor de Jesús Lopera Arango estuvo vinculado a la Policía Nacional como agente por
un periodo de 20 años, 11 meses y 12 días. Con el tiempo adicionado por servicio militar
para un total de 21 años, 2 meses, 13 días.
Fue retirado del servicio el 27 de enero de 1990 y mediante Resolución 0735 del 6 de
marzo de 1990, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (en adelante
CASUR) reconoció asignación de retiro, en aplicación del Decreto 2063 de 1984.
El 5 de abril de 2019, el demandante le pidió a CASUR que reliquidara la asignación de
retiro, en especial para que ajustara el porcentaje de la prima de actividad conforme con
los decretos 2070 de 20032 y 4433 de 2004.
Mediante Oficio No. E-02173-201909797-CASUR del 29 de abril de 2019, CASUR negó
la reliquidación.
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Lopera Arango pidió la nulidad de Oficio E-02173-201909797-CASUR del 29 de abril de
2019. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se reliquidara la asignación
de retiro para incluir la prima de actividad percibida en actividad.
Mediante providencia del 27 de septiembre de 2021, el Juzgado Veintinueve
Administrativo de Medellín denegó las pretensiones de la demanda, porque los decretos
2070 de 2003 y 4433 de 2004 y la ley 923 de 2004, no estaban vigentes al momento del
retiro del demandante. Que el régimen que cobijó al demandante era el establecido en
el decreto 2063 de 1984.
Inconforme con la decisión, el actor apeló y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta de Decisión, mediante sentencia del 28 de agosto de 20233, la confirmó,
básicamente por las mismas razones del a quo.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, el actor expuso las razones por las que la acción de tutela cumple
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial.
En cuanto al fondo del asunto, alegó que la providencia objeto de tutela incurrió en
defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.
2 Declarado inexequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-432 de 2004.
3 Notificada electrónicamente el 31 de agosto de 2023, índice 11 de Samai en el proceso 05001-33-33-029-2020-
00015-01
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Señaló que el tribunal demandado hizo una aplicación indebida de las normas. Que
desconoció que en actividad devengaba una prima de actividad equivalente al 50% del
salario, pero en la asignación de retiro solo fue incluida con el 20%.
Que, en su caso, el Decreto 4443 de 2004 era aplicable de manera retroactiva porque
incluye esa norma tiene como destinatarios a personas que cumplieron las mismas
funciones y, en esa norma se incluye la totalidad de la prima de actividad como partida
computable en la asignación de retiro. Que desconocer esa situación afecta el poder
adquisitivo de la prestación pues recibe un pago mensual inferior a lo devengado en
actividad.
Que fueron desconocidas las sentencias C-281 de 1994, C-891A de 2006, C-926 de
2006, SU- 1073 de 2012, SU-131 de 2013, SU-415 de2015 y C-568 de 2016 que, a su
juicio, determinan que debe aplicarse el principio de favorabilidad para evitar disminuir
el poder adquisitivo de la mesada pensional.
5. Intervenciones
El Juzgado Veintinueve Administrativo de Medellín remitió el expediente del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, sin embargo, nada dijo sobre el fondo del
asunto.
Los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia y la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional – CASUR no se pronunciaron pese a que, como se vio,
fueron debidamente notificados.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del 11 de
marzo de 2024, declaro improcedente la acción de tutela, por incumplir el requisito de
relevancia constitucional.
El a quo explicó que, aunque el actor señaló que con la sentencia cuestionada se
configuraban diferentes defectos, lo cierto es que su intención era reabrir el debate
sobre la aplicación retroactiva del Decreto 4433 de 2004 para reajustar la asignación de
retiro.
Uno de los magistrados que integró la sala de decisión aclaró voto en el sentido de
señalar que, a su juicio, el actor indicó los derechos que consideró vulnerados e
identificó los defectos, por lo que dijo que la acción de tutela debió estudiarse de fondo
para denegar las pretensiones.
7. Impugnación
El actor impugnó la sentencia de primera instancia. Solicitó que se revocara y que, en
su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.
Señaló que la acción de tutela si cumple el requisito de relevancia constitucional, puesto
que se demostró que las autoridades mencionadas no protegieron el derecho a
mantener el poder adquisitivo de la pensión establecido en el artículo 53 de la
Constitución. Por lo demás, reiteró los argumentos expuestos en la demanda de tutela.
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II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Héctor de Jesús Lopera Arango para dejar sin efectos la sentencia del 28 de agosto de
2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia que confirmó la decisión de
denegar las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 05001-33-33-029-2020-00015-00/01.
La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.
El demandante insiste en argumentos que ya fueron resueltos por el juez natural y usa
la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente, (iii)
analizará el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales4 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos5 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando
se han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-006, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre
la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente
de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se
acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción
de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue
proferida la providencia acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
4 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
5 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
6 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Básicamente, en el proceso ordinario y en la acción de tutela, el demandante
insiste en que la asignación de retiro debió ser reliquidada con aplicación del Decreto
4433 de 2004 y la Ley 923 de 2004 para evitar la pérdida del poder adquisitivo de la
pensión asignación de retiro.
En efecto, del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
del 27 de septiembre de 2021, dictada por el Juzgado 29 Administrativo de Medellín
(tomado de la sentencia de segunda instancia), se lee lo siguiente:
La parte demandante, al exponer sus argumentos de disenso en contra de la sentencia de primera
instancia, expresó que como Agente de la Policía Nacional adquirió la asignación de retiro con
anterioridad a los Decretos 2070 de 2003 y 4433 de 2004, los cuales habrían modificado los Decretos
1212 y 1213 de 1990 en lo relativo al tiempo de servicio para la asignación de retiro con la inclusión
del factor salarial de la prima de actividad, evidenciándose una desigualdad con los agentes que
previamente habría adquirido la asignación de retiro.
Refiere que el adoptar un salario base por debajo del realmente devengado por el actor en actividad
para liquidar la prestación periódica, afecta el poder adquisitivo de derecho que resulta de dicha
liquidación y en consecuencia se afecta en derecho una vida digna, lo que es incompatible con la Carta
Política.
En consonancia con ello, aduce la parte actora que no se observó en la decisión de primera instancia
el caso con las previsiones de la Ley 4 a de 1992, además de asegurar no se estudia la transgresión
al bloque de constitucionalidad planteado en el artículo 53 de la Carta Política, al considerar que se
habría demostrado en el proceso las desmejoras salariales entre los Agentes retirados con asignación
de retiro con anterioridad al Decreto 4433 de 2004 y los retirados con posterioridad a este.
Por su parte, en la acción de tutela (y ahora en la impugnación), el actor señala que la
asignación de retiro que devenga debió ser reliquidada en aplicación de normas
posteriores a su retiro del servicio porque son favorables y permiten, a su juicio,
garantizar el poder adquisitivo de la mesada, en lo pertinente, dice:
La decisión del Tribunal desconoce el precedente de la jurisprudencia de constitucionalidad en cuanto
a que, se debe mantener el poder adquisitivo de la mesada pensional, y que independientemente del
método que se emplee para ello, se debe respetar ese principio. El disminuir una partida salarial en el
IBL al momento de liquidar la prestación periódica, es decir, mutilar el monto del salario realmente
devengado, disminuye el poder adquisitivo del pensionado o retirado.
(…) El conjunto de normas que regulan la asignación de retiro del suscrito, en especial la Ley 4 de
1992 Art. 2 literal a, Art. 10 y Art. 13, y el Art. 1 de la Ley 923 de 2004 admiten una interpretación más
favorable para el trabajador, que permite el reajuste de la prestación periódica en cuanto a las partidas
computables, con respeto de los derechos adquiridos conforme a normas anteriores.
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No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
en providencia del 28 de agosto de 2023, que consideró:
(...) En ese orden de ideas, en el sub examine, la norma aplicable para efectos prestacionales
atendiendo la fecha de retiro del actor, es el Decreto 2063 de 1984, que estableció de manera expresa
el porcentaje del 20% de la prima de actividad para los agentes de la Policía que habrían acreditado
entre 20 y 25 años de servicios, como es su caso. (...)
(...) En ese mismo sentido, la Corte Constitucional al resolver los alcances de la Ley 923 de 2004
en la sentencia C-924 de 2005, señaló que el régimen jurídico pensional aplicable a cada asunto, está
determinado por la fecha en que se originen los hechos que den lugar a la pensión, toda vez que la
nueva ley rige hacia el futuro y se aplica a los casos que se configuren a partir de su vigencia, sin que
se afecten las situaciones consolidadas con el régimen anterior.
Por lo tanto, no sería posible pregonarse la igualdad de condiciones pensionales entre sujetos
destinatarios de regulaciones distintas, de ahí que las situaciones afianzadas con regímenes
anteriores no puedan verse beneficiadas o afectadas por normas posteriores, circunstancia que prevé
el artículo 2° del Decreto 4433 de 2004.
En consecuencia, y teniendo en cuenta lo anterior, en lo que respecta a la aplicación del Decreto 4433
de 2004 y disposiciones posteriores, para situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a su
vigencia, debe tenerse en cuenta, además que dicha norma fue expedida a partir de los criterios y
objetivos fijados por la Ley 923 de 2004, norma que, a su vez, desde su artículo 1°, fijó como alcance
de la misma, la regulación de las situaciones producidas a partir de su vigencia -es decir, a partir del
30 de diciembre de 2004- y con sujeción a su propio contenido normativo, sin que se haya previsto
algún caso de aplicación retroactiva de la Ley.
En virtud de ello, al observarse la liquidación de la asignación de retiro del actor de conformidad con
la normatividad bajo la cual adquirió dicha prestación Decreto 2063 de1984-, tal como se puede
evidenciar en el contenido de la Resolución No. 0735 del 06 de marzo de 1991,(sic) resulta
improcedente la aplicación retroactiva del Decreto 4443 de 2004, en la medida en que no existe dentro
del ordenamiento jurídico, norma alguna que permita inferir que éste, gobierna situaciones
consolidadas y completamente definidas con anterioridad a su entrada en vigencia, ni para habilitar
posibles beneficios ni aplicar situaciones desfavorables, teniendo en cuenta además que ni el
mencionado decreto ni el posterior emitido Decreto 2863 de 2007 acarrean vulneración alguna al
principio de igualdad ni de oscilación, toda vez que de acuerdo a lo esbozado en el acápite anterior
las condiciones y funciones de los cargos son distintas entre sí incluso con el pasar del tiempo, por lo
que considera esta Sala no resulta contraria la diferenciación a la Carta Política.
Por lo anterior, el demandante no puede ser destinatario del Decreto 4433 de 2004 ni de disposiciones
posteriores a este que regulan el régimen prestacional de los miembros de la Policía Nacional, por
cuanto no es posible que una norma posterior tenga efectos retroactivos en situaciones consolidadas
con regímenes anteriores, y el no incluir a los Agentes de la Policía Nacional como beneficiarios del
incremento del 50% de la prima de actividad no constituye vulneración del derecho a la igualdad en
relación con el personal de la Fuerza Pública como quiera que no se encuentran en iguales
condiciones y tampoco desempeñan funciones idénticas como lo dispone la Ley 4 de 1992, además
que la distinción obedece a criterios de objetividad, razonabilidad y disponibilidad de recursos
públicos. (...)
Como se ve, el tribunal ya determinó que no es posible aplicar de forma retroactiva
normas a efectos de reliquidar la asignación de retiro del señor Lopera Arango.
Además, la Sala encuentra que con las sentencias que el demandante invoca como
desconocidas pretende insistir en que, por favorabilidad, le eran aplicables de forma
retroactiva normas expedidas con posterioridad a la adquisición del derecho a devengar
asignación de retiro, de modo que ese cargo tampoco cumple con el requisito de
relevancia constitucional.
En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
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Demandante: Héctor de Jesús Lopera Arango
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en el
proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
Por lo tanto, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la presente
providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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