RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00712-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00712-00

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00712-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela formulada por el señor Tomás de Aquino Góngora Micolta contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada la presente decisión, REMITIR el expediente a la CorteConstitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-00712-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

21 de marzo de 2024

Demandante: Tomás de Aquino Góngora Micolta
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-00712-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00712-00
Demandante: TOMÁS DE AQUINO GÓNGORA MICOLTA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedencia por
falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la solicitud de amparo del asunto, conforme lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentado mediante el Decreto
2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Tomás de Aquino Góngora Micolta, por conducto de apoderado judicial,
promovió acción de tutela1 contra la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en la que pretende el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso.

En criterio del accionante, la vulneración de la citada garantía constitucional
encuentra sustento en las decisiones de primera y segunda instancia del 2 de
diciembre de 2020 y el 27 de julio de 2023, respectivamente, proferidas al interior
del proceso ordinario que promovió la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra el señor
Tomás de Aquino Góngora Micolta en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho -lesividad- y que se identificó con el radicado 25000-
23-42-000-2015-04684-00.

1 La solicitud de tutela se radicó el 14 de febrero de 2024

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Tomás de Aquino Góngora Micolta
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-00712-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

1. Respetuosamente solicito al Honorable Magistrado que mediante fallo de tutela se
ampare el derecho fundamental al debido proceso del señor Tomás De Aquino
Góngora Micolta el cual está siendo vulnerado como consecuencia de la decisiones
establecidas en las sentencias del dos (02) de diciembre de dos mil veinte (2020)
dentro del Expediente: 25000-23-42-000-2015-04684-00 proferida Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección “C” y la del veintisiete
(27) de julio de dos mil veintitrés (2023) dentro del radicado 25000-23-42-000-2015-
04684-03 (2279-2021) Proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda - Subsección A

2. Se deje sin efectos las sentencias del dos (02) de diciembre de dos mil veinte (2020)
dentro del Expediente: 25000-23-42-000-2015-04684-00 proferida Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección “C” y la del veintisiete
(27) de julio de dos mil veintitrés (2023) dentro del radicado 25000-23-42-000-2015-
04684-03 (2279-2021) Proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda - Subsección A promovidas por La UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en contra Tomás De Aquino
Góngora Micolta

3. Se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
Subsección “C” y al Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Segunda - Subsección A, que profieran nuevas sentencias dentro de los procesos
25000-23-42-000-2015-04684-00 y 25000-23-42-000-2015-04684-03 (2279-2021) a
favor del señor Tomás De Aquino Góngora Micolta y negando las pretensiones
presentadas por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
(UGPP) dentro de los mismos.2

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, en lo sucesivo UGPP, promovió demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la
modalidad de lesividad, contra el señor Tomás de Aquino Góngora Micolta.

El proceso tuvo como objeto cuestionar la legalidad de la Resolución 36279 del 28
de julio de 2006, expedida por la extinta Caja Nacional de Previsión Social
CAJANAL EICE, por medio de la cual reconoció y ordenó el pago de una pensión
gracia al demandado en cumplimiento de un fallo masivo de tutela3, sin el
cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas que regulan la materia.

2 Transcripción original del texto con posibles errores.
3 Juzgado 31 Penal del Circuito de Bogotá, fallo de tutela del 16 de junio de 2006.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Tomás de Aquino Góngora Micolta
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-00712-00

La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, profirió sentencia el 2 de diciembre de 2020, en la que accedió a las
pretensiones de la demanda. Lo anterior, por cuanto se concluyó que la persona no
satisfacía los requisitos legales establecidos en la ley para acceder a la prestación
económica, en concreto, no se demostró el vínculo del señor Góngora Micolta antes
del mes de diciembre de 1980.

Apelada la anterior decisión, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado confirmó el fallo del a quo, mediante proveído del 27 de julio de 2023 y
en el que explicó:

En suma, es posible deducir con base en el material probatorio practicado en la
actuación, que el único tiempo comprobado en debida forma como docente oficial por
parte del señor Tomás de Aquino Góngora, fue el ocurrido entre el 22 de marzo de
1977 y el 10 de octubre de 2007 en desarrollo de una vinculación del orden nacional
sostenida con el Ministerio de Educación.

Por lo tanto, aun si el accionado hubiese cumplido el requisito de edad, así como
eventualmente un máximo de 2 años de labor como profesor territorial o nacionalizado
por hora cátedra, al igual que el de haber laborado bajo dichas calidades antes del 31
de diciembre de 1980, y demostrar el desempeño de sus funciones con honradez; lo
cierto es que el referido tiempo de labor educativa estatal resultaba insuficiente para
consolidar el derecho que le había sido reconocido por la entonces Cajanal en
cumplimiento de un fallo de tutela, pues el mayor lapso como maestro oficial, lo fue
en ejecución de una relación legal y reglamentaria del nivel nacional que no podía ser
computado para satisfacer uno de los requisitos esenciales de la configuración de
esta prestación.

La anterior decisión se notificó el 4 de agosto de 2023, mediante mensaje de datos
remitido al buzón del apoderado judicial del señor Góngora Micolta y cobró
ejecutoria el 14 del citado mes y año.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

Para el actor se vulneró el derecho fundamental al debido proceso, en la medida
que la UGPP debió cuestionar el fallo de tutela que ordenó en su momento a
CAJANAL E.I.C.E., el reconocimiento de la prestación económica. O, en caso de
estimar que la autoridad judicial desbordó sus facultades, presentar la queja
correspondiente ante el Consejo Seccional de la Judicatura.

Por otra parte, en sentir del señor Góngora Micolta, la UGPP no podía promover la
demanda, pues, el acto administrativo que dio cumplimiento a la decisión judicial
antes mencionada, se encuentra amparado por la cosa juzgada constitucional.

Puestas de ese modo las cosas, explicó que la jurisdicción contenciosa
administrativa no podía avocar el conocimiento del asunto, en la medida que el
acto administrativo reprochado no era pasible del medio de control, dado que es
de aquellos que se considera de mera ejecución.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Tomás de Aquino Góngora Micolta
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-00712-00

En ese sentido, indicó que se incurrió en defecto orgánico, toda vez que el acto
administrativo que reconoció la prestación económica a favor del accionante es de
mera ejecución, pues, su objeto se contrajo a dar cumplimiento a la orden dictada
por el juez constitucional que conoció de la acción de tutela.

A partir de dicha premisa, no era factible que el juez de primera y segunda instancia
emitieran un pronunciamiento sobre la legalidad de tal manifestación de la
administración.

Finalmente, alegó que se desconoció la sentencia T-497 de 2014 en la que la Corte
Constitucional analizó un caso de similares características y en el que concluyó
que la administración tiene el deber de impugnar la decisión de tutela que ordena
el pago de la pensión de jubilación e inclusive solicitar la revisión ante el órgano de
cierre.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 21 de febrero de 2024 se dispuso: i) admitir la acción de tutela, ii)
notificar a las autoridades judiciales accionadas, iii) vincular a la UGPP, en su
condición de parte demandante, y iv) dar aviso a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

1.6. Intervenciones4

1.6.1. UGPP

Luego de hacer un recuento de las actuaciones judiciales y administrativas que
dieron origen al proceso ordinario 25000-23-42-000-2015-04684-00, explicó que la
solicitud de amparo constitucional pretende reabrir el debate superado por los
jueces de primera y segunda instancia.

En igual sentido, puntualizó que no se hace evidente la vulneración del derecho
fundamental invocado por el señor Góngora Micolta, circunstancia que impone
declarar improcedente la acción constitucional.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C.

Por conducto del magistrado sustanciador, indicó que se sometía al juicio
constitucional que se pretendía realizar por parte del accionante y, en consecuencia,
acogerá la decisión que al respecto se adopte.

4 Las autoridades accionadas y demás intervinientes fueron notificados mediante los Oficios 154065

al 154068 del 17 de enero de 2024.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Tomás de Aquino Góngora Micolta
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-00712-00

1.6.3. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.

Pese a haber sido notificados de la existencia del presente trámite, dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela formulada por el señor
Tomás de Aquino Góngora Micolta, contra la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado y la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en los términos del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante y el material probatorio recaudado corresponde a la Sala resolver el
siguiente problema jurídico:

• ¿Se superan los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá lo siguiente:

• ¿La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró el
derecho fundamental al debido proceso del señor Tomás de Aquino Góngora
Micolta, con ocasión de la sentencia proferida el 27 de julio de 2023 al interior
del proceso ordinario radicado No. 25000-23-42-000-2015-04684-00?

Se aclara que el estudio que se hará en la presente decisión no se hará extensivo
al fallo que dictó la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, pues, fue la sentencia de segunda instancia dictada en el citado
proceso la que consolidó la situación jurídica de la parte actora.

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos generales de procedibilidad de
la tutela contra providencia judicial y iii) el caso en concreto.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Tomás de Aquino Góngora Micolta
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-00712-00

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20125
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6 y declaró su
procedencia.7

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se
analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

El criterio de relevancia constitucional establece la distinción que debe existir entre
el juez natural del caso y el juez constitucional, respetando la competencia que cada
uno tiene. Pues, como se ha sostenido en líneas anteriores, la acción de tutela no
se erige en una tercera instancia. Al respecto, la Sala considera pertinente traer a
colación lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 2022 8,

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
8 M.P. Natalia Ángel Cabo.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Tomás de Aquino Góngora Micolta
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-00712-00

la cual, desarrolló y explicó los derroteros que deben observarse en aplicación de
este requisito de relevancia constitucional.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de
los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se
previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se
garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una
instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes
o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal9

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico10; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”11

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

9 Sentencia SU-573 de 2019.
10 Sentencia SU-103 de 2022.
11 Sentencia SU-103 de 2022.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Tomás de Aquino Góngora Micolta
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-00712-00

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales]
y no a problemas de carácter legal.”12 En este orden, se reitera que el examen de
relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera
“inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”13

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto14, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal15.

2.5. Caso concreto

La Sala anticipa que declarará improcedente la solicitud de amparo constitucional
solicitada por el señor Tomás de Aquino Góngora Micolta, dado que, conforme al
análisis de los hechos expuestos y las pruebas aportadas, el asunto no goza de
relevancia constitucional, por carencia de carga argumentativa.

Se remembra que la solicitud de amparo pretende dejar sin valor y efecto la decisión
dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que
confirmó el fallo de primera instancia, en el que se accedió a la pretensión promovida
por la UGPP en la que cuestionó la legalidad del acto administrativo que reconoció
una prestación económica a favor del accionante, la cual se profirió en cumplimiento
a un fallo de tutela.

Esta sala recuerda que el simple alegato de una vulneración no conlleva a que el
asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente relevancia
constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio
hermenéutico y argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno
al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, pues la competencia
de este juez se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y
no a problemas de carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales.

12 Sentencia SU-103 de 2022.
13 Sentencia SU-128 de 2021.
14 Sentencia SU-573 de 2019.
15 Ibid.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Tomás de Aquino Góngora Micolta
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-00712-00

Para el señor Góngora Micolta no era factible que el juez contencioso administrativo
analizará la legalidad de la resolución que ordenó el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación, en la medida que dicha decisión se hizo en cumplimiento de
un fallo de tutela que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional. No obstante, dicha
situación no conlleva intrínsecamente que tales decisiones de la administración no
sean susceptibles de control a través de los mecanismos establecidos en la Ley
1437 de 2011.

Justamente, la UGPP promovió la demanda contra el señor Tomás de Aquino
Góngora Micolta, en la que advirtió la ilegalidad de la decisión consignada en la
Resolución 36279 del 28 de julio de 2006, contencioso en el que dicha persona
como titular del derecho reconocido, fue vinculada y se le permitió el ejercicio del
derecho de defensa y contradicción, respetando las garantías propias del debido
proceso.

A partir de dicho escenario, es claro que los reparos planteados por el accionante,
guardan simetría con las excepciones de mérito que se esbozaron en el proceso de
lesividad, esto es el fenómeno de la cosa juzgada derivada de la sentencia dictada
por el Juzgado Treinta y Uno Penal del Circuito Judicial de Bogotá al interior de la
acción de tutela que ordenó en su momento a CAJANAL E.I.C.E., el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación.

Lo anterior significa, en otros términos, que la acción de tutela busca reabrir el
debate superado en el proceso ordinario, lo que conlleva la desnaturalización del
mecanismo constitucional, pues, pretende que haga las veces de una tercera
instancia.

Adicionalmente, no está por demás mencionar que la autoridad judicial accionada
corresponde al órgano de cierre en la materia por su especialidad, esto es la Sección
Segunda del Consejo de Estado, circunstancia que impone demostrar una actuación
arbitraria o caprichosa, la cual, en el presente caso, no se hace palmaria.

A partir de lo expuesto, se reitera que el juez constitucional no está instituido como
órgano de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto
estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la
acción de tutela y la desarticulación de la organización judicial.

2.6. Conclusión

La Sala concluye que la discusión planteada en la acción de tutela no superó el
requisito de relevancia constitucional, por lo que se impone declarar su
improcedencia

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Tomás de Aquino Góngora Micolta
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y otro
Rad: 11001-03-15-000-2024-00712-00

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela formulada por el señor
Tomás de Aquino Góngora Micolta contra la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado y la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada la presente decisión, REMITIR el
expediente a la CorteConstitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado (E1)

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.