Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00712-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2024-00712-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2024-00712-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
7 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00712-00
Demandante: Giovanny Mancilla Pinto y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 68001-23-33-000-2024-00712-01
Demandante: GIOVANNY MANCILLA PINTO Y OTRO
Demandado: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA DE BUCARAMANGA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA – Libertad religiosa y de cultos - Toda persona tiene derecho
a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva /
Principio de laicidad - Separación entre el Estado y las iglesias / Deber de
neutralidad del Estado en materia religiosa – Prohibición a las entidades públicas y
autoridades de desarrollar actividades institucionales con fundamento, sentido u
orientación en una determinada religión.
La Sala decide la impugnación instaurada por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración de Justicia de Bucaramanga contra el fallo de primera instancia,
proferido el 20 de noviembre de 2024, por el Tribunal Administrativo de Santander,
a través del cual accedió al amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda
1. El 25 de octubre de 2024, los señores Giovanny Mancilla Pinto y Álvaro Fernando
Plata Villarreal interpusieron acción de tutela contra la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Catorce Administrativo de
Bucaramanga, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la libertad
de cultos y la igualdad, así como por la transgresión del «principio de neutralidad
del Estado en materia religiosa», con motivo de la instalación de una gruta con la
figura de una Virgen católica en el Palacio de Justicia «Vicente Azuero Plata», de
Bucaramanga.
2. En la solicitud de amparo se formularon las siguientes pretensiones:
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00712-00
Demandante: Giovanny Mancilla Pinto y otro
PRIMERO. Se ampare mi derecho fundamental y el de toda la comunidad en
general a la libertad de conciencia, a la libertad de cultos, a la igualdad y por la
transgresión del principio de neutralidad del Estado en materia religiosa.
SEGUNDO. Se ordene al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de
Bucaramanga ordenar el retiro inmediato de la figura religiosa ubicada en el
primer piso del Palacio de Justicia «Vicente Azuero Plata» de Bucaramanga».
TERCERO. Se ordene a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial Bucaramanga el retiro inmediato de la figura religiosa ubicada en el
primer piso del Palacio de Justicia «Vicente Azuero Plata» de Bucaramanga.
CUARTO. En caso de existir el documento firmado por los 21 servidores
judiciales, se compulse copias a la Comisión Seccional de Disciplina con el fin
que se investigue las posibles faltas disciplinarias atendiendo la ocupación al
espacio público, así como la ejecución de obras sin contar con los permisos de
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bucaramanga por
parte de los servidores judiciales que enuncian realizaron la construcción de
una gruta en un edificio público.
3. Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes hechos jurídicamente
relevantes:
4. En el primer piso del Palacio de Justicia de Bucaramanga se encuentra instalada
una gruta con la escultura de una Virgen católica, visible desde los cuatro pisos del
edificio.
5. En criterio de los demandantes, la existencia de la figura religiosa en un recinto
público vulnera el principio de laicidad que pregona el Estado e incumple el deber
de neutralidad en materia religiosa; además, indica «la prelación que tiene la
institución que representa la Rama Judicial del poder público de una religión por las
otras y por otras creencias, incluso las no religiosas», lo que resulta contrario a la
Constitución, por cuanto «viola la igualdad entre las distintas religiones
establecidas».
6. Se presentó una petición ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bucaramanga con el fin de que se retirara la escultura; sin embargo, la
entidad no dio respuesta en el término legal, por lo que fue necesario acudir a la
acción de tutela, la cual finalizó con fallo proferido por el Juzgado 14 Administrativo
de Bucaramanga, que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.
7. La accionada respondió en esa ocasión que desconocía la existencia de la gruta
y su procedencia; no obstante, al indagar con los servidores judiciales se enteró de
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que la instalación de la figura se realizó por iniciativa de un grupo de servidores del
sistema penal acusatorio. Afirmó que la permanencia de la imagen religiosa no
afecta la prestación del servicio de administración de justicia; más bien, es una
expresión de la pluralidad religiosa y reconoce la riqueza y tolerancia por la
diferencia de credos en la comunidad judicial.
8. Adicionalmente, «enseñó» una serie de manifestaciones provenientes de 21
servidores judiciales pero no adjuntó un documento firmado por ellos, lo cual, en
sentir de los accionantes, «(i) hablan de un chisme de pasillos, pues no allegan
prueba de quiénes la construyeron, que efectivamente fueron ellos quienes lo
hicieron, que se construyera con piedra de Barichara o que tenga elementos que
representen la cultura santandereana, pues no se aportan facturas, fotos u otra
prueba que lo confirme; o (ii) no existe este documento firmado por 21 servidores
judiciales».
9. No existe acto administrativo, resolución u orden que autorice la construcción de
la gruta ni la instalación de la figura religiosa o la modificación del inmueble público.
La autoridad accionada permitió que se hiciera una modificación en el inmueble
público, «pues no se trata de un cuadro o un crucifijo, sino una construcción hecha
en piedra maciza, lo que denota una irresponsabilidad por parte de la entidad
accionada y, posiblemente, una falta disciplinaria por parte de esos servidores
judiciales misteriosos que se adjudicaron su construcción».
10. Estiman los demandantes que, de acuerdo con lo consagrado en los artículos
1 y 19 de la Constitución Política, el Estado no puede consagrarse a una religión
oficial o establecer la preeminencia jurídica de ciertos credos religiosos. En su
opinión, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial debió ordenar
el retiro de la gruta construida sin autorización, pero como no lo hizo dio vía libre a
que cualquier grupo religioso, étnico o cultural haga modificaciones en cualquier
sitio del Palacio de Justicia, «incluyendo grafitis, construcciones, demoliciones en
virtud de sus creencias». Consideran que los servidores que deseen tener «una
comunión más cercana con Dios» no necesitan una figura religiosa en su lugar de
trabajo y eso no afectaría su fe; además, no es cierto que la imagen promueva la
pluriculturalidad pues sólo representa a la religión católica con fines de veneración,
y sí impone la creencia de unos pocos.
11. Concluyeron que «el Estado debe abstenerse de ejecutar actuaciones que
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Demandante: Giovanny Mancilla Pinto y otro
constituyan un favorecimiento al conjunto de símbolos u objetos de veneración
vinculados a los diferentes sistemas de creencias».
Trámite impartido e intervenciones
12. Mediante auto de 25 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Santander admitió la demanda, ordenó notificar la decisión a las autoridades
accionadas y les advirtió que la información suministrada se consideraría rendida
bajo la gravedad de juramento.
13. La titular del Juzgado 14 Administrativo de Bucaramanga señaló que conoció
de la acción de tutela instaurada contra la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bucaramanga, por la vulneración del derecho a recibir
respuesta a una petición. En esa medida, manifestó que no violó ninguna
prerrogativa iusfundamental, pues la solicitud de amparo del derecho de petición no
incluía un análisis u orden distintos. Por esa razón, solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de
la demanda.
14. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga manifestó que la figura se encuentra ubicada en uno de los jardines
del Palacio de Justicia de esa ciudad, en un espacio abierto al público, pero no en
una oficina o despacho judicial, por lo que no afecta la calidad de la prestación del
servicio de administración de justicia; adicionalmente, no fue instalada por esa
entidad, sino por la comunidad judicial, y para su adquisición no se utilizaron
recursos públicos.
15. Aclaró que nunca ha promovido la práctica de una religión determinada ni ha
rechazado ninguno de los credos que practican los servidores judiciales o usuarios
de la administración de justicia. Agregó que la permanencia de la gruta, según
evidenció, no afecta la prestación de los servicios en el inmueble y es una muestra
del respeto por el credo y costumbres de las personas, así como de su derecho a la
libertad religiosa y de cultos en el ámbito laboral. Precisó que no existe una
preferencia de las autoridades estatales por alguna religión al momento de
desempeñarse en sus cargos, pues las labores que desarrollan «están orientadas
sin prejuicio de creencias particulares, en atención a la naturaleza secular de la
función pública».
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16. Añadió que no ha advertido hechos discriminatorios o lesivos de las creencias
religiosas de los accionantes ni una afectación en el servicio de administración de
justicia que comprometa la imparcialidad de los operadores judiciales, de modo que
no se observa vulneración alguna al principio de laicidad del Estado o a los derechos
fundamentales invocados.
17. Refirió que sí existe una petición firmada por 21 servidores judiciales, en la que
se mencionó que las figuras, símbolos y ornamentos fueron puestos allí por iniciativa
de la comunidad y son el reflejo del arte, la historia, la cultura y la libertad de
conciencia; por consiguiente, con el ánimo de proteger el derecho a la libertad
religiosa y de cultos en ámbitos laborales, según lo indicó la Corte Constitucional en
sentencia T-391 de 2021, esa Seccional consideró válidas y justificadas las razones
expuestas, «siendo la presencia de la figura una muestra de la expresión de la
pluralidad religiosa».
18. Por lo expuesto, solicitó declarar improcedente la acción de tutela, dado que no
se observa la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de cultos o la
igualdad, ni una transgresión del principio de neutralidad del Estado. Pidió, además,
vincular a la acción a la doctora Helga Johanna Ríos Durán para que ejerza el
derecho de defensa en nombre de los firmantes de la petición que busca conservar
la gruta.
19. Por último, sostuvo que la acción de tutela es improcedente porque no se
advierte un perjuicio irremediable cuya consumación se requiera evitar.
20. Por disposición del despacho sustanciador de primera instancia, los servidores
judiciales que presentaron la petición ante la autoridad accionada para que
mantuviera la gruta y la figura de la Virgen fueron vinculados al proceso, como
terceros intervinientes, mediante autos de 5 y 7 de noviembre de 2024. Durante el
trámite de la acción de tutela presentaron sendos memoriales, en los que, en
síntesis, señalaron que el retiro de los símbolos religiosos afectaría sus derechos
fundamentales a la libertad de culto, la autonomía y la dignidad, por cuanto esa obra
simboliza valores culturales y espirituales y no impone una religión determinada.
Agregaron que la imagen de la Virgen María constituye un signo de unidad y
conexión espiritual que enriquece la diversidad del espacio; además, retirarla podría
interpretarse como un acto de intolerancia religiosa y un atentado contra la tradición
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cultural e histórica del Palacio de Justicia. Algunos de los intervinientes solicitaron
su desvinculación del proceso, por cuanto no realizaron actos que afecten los
derechos fundamentales de los accionantes.
21. En el proceso, varios ciudadanos se pronunciaron, algunos para que se
accediera al amparo deprecado y otros para que se negara. Sus intervenciones se
encuentran resumidas en la sentencia de primera instancia, las cuales, por su
extensión, no se reiterarán en esta providencia. No obstante, la Sala considerará
todos los argumentos expuestos durante el trámite del proceso para la resolución
de la controversia planteada.
Sentencia impugnada
22. El Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia de primera instancia
el 20 de noviembre de 2024, a través de la cual declaró improcedente la acción
seguida contra el Juzgado 14 Administrativo de Bucaramanga, negó la
desvinculación de los terceros interesados, así como la compulsa de copias
solicitadas por los accionantes y accedió al amparo solicitado, en los siguientes
términos:
PRIMERO. AMPARAR el derecho fundamental a la libertad religiosa de los
accionantes Giovanny Mancilla Pinto y Álvaro Fernando Plata Villareal,
vulnerados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga.
SEGUNDO. ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bucaramanga, que, en el término de tres (3) meses, retire la
escultura de la Virgen María, ubicada en el jardín del sótano del Palacio de
Justicia «Vicente Azuero Plata» de Bucaramanga. Este retiro deberá realizarse
con el respeto que merece el significado religioso de la imagen para un grupo
de servidores y ciudadanos, procurando en lo posible preservar la integridad
de la escultura.
La Dirección Ejecutiva deberá conservar la imagen religiosa mientras los
servidores que la instalaron en el jardín determinan, dentro de un plazo de tres
(3) meses tras su retiro, un lugar privado dentro del edificio oficial para su
reubicación.
23. Para soportar la decisión, consideró que la decisión de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga de no retirar la estatua de la
Virgen María del jardín del Palacio de Justicia de esa ciudad vulneró el derecho
fundamental de los accionantes a la libertad religiosa, en su dimensión negativa.
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24. Explicó que los demandantes demostraron convicciones auténticas, fijas y
sinceras en su fe como cristianos y su falta de identidad con la religión católica o de
alguna representación de sus creencias en la estatua de la Virgen María.
25. Refirió que la decisión de la entidad accionada careció de un fundamento secular
predominante, pues, aunque reconoció el carácter religioso de la imagen, no justificó
la negativa de retirar la figura con base en principios universales aplicables a toda
la sociedad y vinculados a los fines del servicio de administración de justicia. En su
criterio, la exhibición simbólica religiosa puede constituir una forma de
discriminación del estatus que los no creyentes ostentan ante el Estado.
26. Adujo que «la presencia de la escultura en un lugar público y frecuentado por
funcionarios y ciudadanos constituye una manifestación simbólica de preferencia
hacia la fe católica, lo que contraviene el principio de neutralidad religiosa»; aunado
a ello, la Virgen María no representa un símbolo de identidad cultural del país
conforme al Decreto 1080 de 2015, y una interpretación diferente constituye un
razonamiento contraevidente y una exclusión de las minorías religiosas, agnósticas
y ateas, prohibida por la Constitución.
27. Señaló que los terceros intervinientes expresaron la conexión espiritual, de
protección y amparo que encuentran en la imagen de la Virgen, lo cual evidencia la
connotación religiosa que posee. Rechazó, además, la relación entre esa figura
religiosa y las cariátides que hacen parte de la fachada de la misma edificación,
pues estas últimas no están vinculadas a ningún credo o religión en Colombia, sino
que responden al «criterio estético» de quien las donó, tras haber sido rescatadas
de la conflagración del primer Palacio de Justicia de Bogotá, ocurrida durante las
protestas del evento histórico conocido como «El Bogotazo».
28. Sostuvo que el argumento de defensa que refiere que una orden de retiro de la
obra en cuestión implicaría eliminar otras figuras religiosas o culturales en espacios
públicos carecía de fundamento, dado que cada caso debe analizarse de forma
individual para determinar el propósito secular predominante de la exhibición.
29. Seguidamente, efectuó las siguientes precisiones:
(…) [E]l principio de pluralidad religiosa en edificaciones públicas no implica
que todos los credos puedan exhibir sus imágenes en estos espacios, ya que
ello convertiría estas construcciones en lugares de culto. Tampoco resulta
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válido invocar el Concordato entre Colombia y la Santa Sede como fundamento
para mantener imágenes religiosas en sedes oficiales. La Corte Constitucional,
en la sentencia C-027 de 1993 limitó algunos de sus efectos justamente porque
violaban la libertad religiosa.
Por estas razones, la Sala considera que la presencia de simbología religiosa
en un espacio de acceso al público, dentro de la principal instalación de la
Rama Judicial de la ciudad: el Palacio de Justicia «Vicente Azuero Plata»,
constituye una manifestación simbólica de preferencia hacia la fe católica, sin
que se haya identificado un fundamento secular predominante, lo que
transgrede el deber de neutralidad religiosa del Estado y el derecho a la libertad
religiosa de los accionantes.
Como se expuso en el marco jurídico, las expresiones de la fe católica están
protegidas por la Constitución. No obstante, su exhibición en espacios públicos
de edificaciones oficiales está prohibida constitucionalmente, ya que
representan una forma de Estado confesional, incompatible con el modelo
secular vigente. Por ello, los servidores judiciales católicos deben actuar con
especial prudencia, evitando vincular sus manifestaciones de fe a la institución
que representan, con el fin de no favorecer, adherir ni mostrar preferencia por
la religión o culto que, a título personal, profesan.
En criterio de este Tribunal, el presente caso debe resolverse conforme al
precedente inmediato establecido en la sentencia T-530 de 2023, en la cual la
Corte Constitucional ordenó a la Dirección de Tránsito y Transporte de
Floridablanca retirar la imagen de la Virgen del Carmen de un lugar público
visible para particulares y servidores. En dicha decisión, la Corte concluyó que
no se acreditó un propósito secular que justificara la negativa a retirar la
imagen. La Sala acoge este precedente por considerarlo vinculante dentro del
sistema jurídico colombiano, sin que resulten aplicables las decisiones que
pudieran resultar contrarias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Algunos intervinientes sostienen que el precedente en cuestión no es
vinculante, dado que los supuestos fácticos no son comparables. Para la Sala
sí lo son, como se detalla en el siguiente cuadro comparativo: (…)
En resumen, en este caso, se demostró que la decisión de la autoridad
accionada de no retirar la Virgen María en uno de los jardines del palacio de
justicia de Bucaramanga, sin un motivo secular predominante, viola la libertad
religiosa de los actores en su dimensión negativa, que le impone al Estado y a
sus agentes el deber de abstenerse de realizar acciones que impliquen un
«favorecimiento injustificado» hacia símbolos u objetos de veneración
vinculados a una religión específica.
30. Consideró, sin embargo, que no era necesario ordenar la remoción de toda la
estructura, sino únicamente la de la figura religiosa, mientras se establece un lugar
privado para su reubicación. Aclaró que una remoción definitiva de la imagen de la
Virgen podría afectar los derechos de los servidores judiciales implicados, en tanto
la vulneración de los derechos de los accionantes proviene de la exhibición de la
escultura en un espacio público.
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Demandante: Giovanny Mancilla Pinto y otro
31. Finalmente, expuso que no procedía desvincular del proceso a los terceros
interesados, toda vez que su participación en la firma de la solicitud para evitar la
remoción de la gruta y la figura religiosa, así como su participación en el proceso,
demostraban su interés en el resultado del mismo, no así la configuración de una
falta disciplinaria, como afirmó la parte accionante y, en todo caso, la acción de
tutela no era el escenario para efectuar ese tipo de análisis.
La Impugnación
32. De manera oportuna, la entidad accionada presentó escrito de impugnación en
el que solicitó revocar la sentencia de primera instancia para, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda o declarar la improcedencia de la solicitud de amparo.
Para el efecto, sostuvo que no ha expedido ningún acto administrativo para
promover la instalación de la Virgen, por lo que la acción constitucional no se dirige
en su contra y tampoco fue promovida por los accionantes en su condición de
servidores judiciales; luego, la jurisdicción de lo contencioso administrativo no tiene
competencia para resolverla.
33. Adujo que en la solicitud de amparo no se especificó cuál fue la fuente normativa
que esa autoridad supuestamente desatendió, en relación con lo que acontece en
el Palacio de Justicia de Bucaramanga, inmueble que corresponde a un bien fiscal
y no a un bien de uso público.
34. Añadió que los accionantes invocan «la protección de los derechos religiosos
de la comunidad jurídica no católica que ve la imagen y eventualmente pueden
apreciar una suerte de prelación de culto, frente a lo cual, no se allegan los
respectivos poderes para que surja la legitimación de los actores en la petición
tuitiva y por ende, que ni siquiera se sepa quiénes serían las personas determinadas
y concretas que tienen afectación a su libertad religiosa. Además, en el escrito de
tutela tampoco se indica que los mismos accionantes vean afectada su garantía de
libertad de culto porque se invoca el amparo de manera general, respecto de una
comunidad jurídica no católica».
35. En su concepto, tampoco se avizoran circunstancias que demuestren la
existencia de un perjuicio irremediable en los términos señalados en la sentencia T-
180 de 2023, porque de la sola imagen no se desprende una afectación del derecho
fundamental a la libertad de cultos ni la necesidad de una actuación urgente,
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Demandante: Giovanny Mancilla Pinto y otro
impostergable e inminente, y tampoco se identifica una tensión entre derechos
fundamentales para determinar cuál es la limitación irrazonable de la libertad
religiosa de la comunidad jurídica no católica, en la medida en la que los accionantes
no expresaron de qué forma la imagen de la Virgen María les impide, obstaculiza o
limita el ejercicio de sus prácticas religiosas.
36. Aseguró que el alegato de los demandantes, según el cual la exposición forzada
a la figura religiosa tiene un impacto psicológico que genera sentimientos de
alienación entre quienes no comparten esas creencias, no es de recibo, en tanto se
trata de una posibilidad, no de un perjuicio cierto, grave e inminente que amerite la
intervención del juez constitucional. Puntualizó que no se demostró que los
demandantes estuvieran forzados a observar la imagen desde sus puestos de
trabajo y tampoco el supuesto ambiente hostil que enfrentan los no católicos o los
actos atentatorios y «marginantes» a los que se hubieran visto sometidos por parte
de colegas que profesan la religión católica.
37. Agregó que en el caso concreto la entidad no ha promovido el desarrollo de
actividades religiosas, como sí ocurrió en el asunto que se analizó en la sentencia
T-530 de 2023; además, de la demanda no es posible determinar el nexo entre la
obra que se cuestiona y el derecho a la libertad de culto «porque no se establece si
la queja constitucional es porque se ubicó la imagen religiosa en desatención de
alguna norma que lo impidiera, ora porque la visualización de la virgen sea lo que
genere la vulneración en cuestión y, en ese orden, tampoco es posible considerar
un perjuicio irremediable».
38. Explicó que la imagen de la Virgen se ubica en una esquina del jardín de la
primera planta y no es visible desde el resto del edificio, a excepción del corredor
de la segunda planta, en tanto, se encuentra incrustada dentro de una gruta de
piedra. En esa medida, no se trata de una escultura exhibida, ya que no se ubica en
un lugar de paso obligatorio para los usuarios y servidores de la administración de
justicia, y no es cierto que se trate de un espacio destinado exclusivamente a la
visualización de la imagen, ni tiene protagonismo visual en el lugar donde se halla
o en el inmueble, por lo que «es insuficiente para impactar de manera negativa la
libertad de religión de los ciudadanos que transitan por el Palacio de Justicia». «Si
el accionante observa la imagen es porque se desplaza, motu proprio, hasta un
lugar donde pueda apreciarse la escultura y no porque en su marcha habitual se
vea obligado a observar la imagen».
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Demandante: Giovanny Mancilla Pinto y otro
39. Por otro lado, manifestó que la seriedad de las creencias de los accionantes no
queda demostrada con la presentación de una petición y una acción de tutela, toda
vez que la escultura lleva instalada un tiempo considerable; además, no se
determinó desde qué momento los demandantes se percataron de la presencia de
la imagen, pues si ello ocurrió hace más de dos años, no se cumpliría el requisito
de inmediatez. «Ahora, si solo hasta hace un tiempo corto se percataron de la
misma, ello permite colegir que la imagen es imperceptible y en ambas situaciones,
la seriedad de la creencia cae al vacío por cuanto lo que se persigue es un interés
diferente a la libertad religiosa».
40. Afirmó, así, que «la sentencia concedió una protección a un accionante respecto
de quien ni siquiera se sabe si su elección religiosa está en un culto que se ofende
con la imagen de la virgen».
41. Señaló que esa entidad no tiene directrices institucionales para la imposición de
actos religiosos católicos, de modo que no es posible sostener que la imagen esté
imponiendo o adoctrinando frente al modelo de la religión católica.
42. Consideró que la afirmación que se hizo en la sentencia acerca de la preferencia
de esa entidad hacia la fe católica constituye un razonamiento contraevidente,
carente de prueba. Y el supuesto fundamento secular predominante tampoco se
aprecia a partir de la respuesta que se otorgó a la petición de los demandantes,
nuevamente, porque no se impusieron directrices ni se asumieron posturas
institucionales al respecto, sólo se brindó información sobre el origen de la escultura
y se dio una opinión frente al caso. Adujo que la inacción institucional y el no
compromiso del erario para darle prioridad a la petición de los accionantes sí
constituye un argumento secular predominante, a diferencia de la sentencia de
primera instancia que, sin fundamento, le dio prevalencia al criterio religioso de los
demandantes, sin prueba de la afectación alegada.
43. Precisó que los supuestos que se analizaron en la sentencia T-530 de 2023
distan del caso que se analiza, porque en ese asunto la imagen tenía un tamaño
considerable y estaba expuesta en un sitio común de frecuente afluencia ciudadana,
adicionalmente, en ese proceso se probó la alteración de las funciones
institucionales para dar paso a los ritos católicos, lo que no ocurre en el sub lite.
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44. Agregó que «la sentencia a pesar de que pregona que, conforme al artículo 19
CN, las diferentes creencias religiosas tienen idéntico reconocimiento y protección
por parte del Estado, centra su análisis en la óptica y el sentir de los accionantes,
pues no valoró con el mismo rasero el derecho de la comunidad católica a que el
Estado proteja su derecho a exteriorizar sus convicciones religiosas, el que, en
cambio, sí pretenden impedir los actores como resultado de su intolerancia, actuar
que ciertamente afecta la armónica y pacífica permanencia, durante la jornada
laboral, de los servidores públicos, que debe darse dentro de los límites del respeto
y la tolerancia».
45. Finalmente, expuso que el asunto sometido a discusión requiere un debate
probatorio ajeno al escenario constitucional, mediante la vía ordinaria a través de la
cual se pueden solicitar medidas cautelares para cubrir la imagen, lo que sería más
razonable que disponer su retiro «como consecuencia de un hecho constitucional
no probado y afectando directamente los recursos públicos».
46. Los accionantes, en memorial radicado el 29 de enero de la presente anualidad,
solicitaron inadmitir las impugnaciones presentadas con posterioridad al 26 de
noviembre de 2024, incluida la ampliación que realizó la accionada el 3 de diciembre
de 2024, porque a través de ésta incorporó nuevos argumentos. Precisaron que la
imagen de la Virgen está ubicada en un lugar de acceso al público y es visible desde
las cuatro plantas que componen la edificación porque está en un patio descubierto.
47. Agregaron que el señor Giovanny Mancilla Pinto indicó la religión que profesa
en la petición que elevó ante la demandada; además, en su criterio, la impugnación
presentada por la entidad encartada y el «hecho de informar a los empleados y
funcionarios para que firmaran una solicitud de mantener la escultura» denotan un
interés particular en mantenerla y una postura a favor de la religión católica.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Análisis de la Sala
48. A diferencia de lo expuesto en la sentencia de primera instancia, esta Sala
considera que la existencia de una figura religiosa al interior del Palacio de Justicia
«Vicente Azuero Plata» de Bucaramanga no vulnera los derechos fundamentales
de los accionantes a la libertad de cultos y la igualdad, ni desconoce los principios
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Demandante: Giovanny Mancilla Pinto y otro
de neutralidad y laicidad del Estado en materia religiosa, por las razones que pasan
a exponerse.
49. En la demanda, los accionantes alegaron que la permanencia de la escultura de
la Virgen en el edificio en el que funciona el Palacio de Justicia vulnera los principios
de laicidad y viola la igualdad entre las distintas religiones; además, se interpreta
como una preferencia por parte de la Rama Judicial sobre la religión católica. No
explicaron, puntualmente, las razones por las cuales consideran vulnerados los
derechos fundamentales que invocaron, de forma individual y directa, ni la
necesidad de que se profiera una orden de protección para garantizar el goce de
dichos derechos.
50. Como pretensión, se limitaron a solicitar la protección de sus derechos
fundamentales «y el de toda la comunidad en general a la libertad de conciencia, a
la libertad de cultos, a la igualdad y por la transgresión del principio de neutralidad
del Estado en materia religiosa».
51. Frente a tal imputación, la Sala advierte la necesidad de precisar que la acción
de tutela, de estirpe constitucional, constituye un mecanismo de protección residual,
preferente y sumario, cuyo objeto es la protección oportuna de los derechos
fundamentales de quien ejerce la acción, ante la vulneración o amenaza causada
por cualquier autoridad pública y, excepcionalmente, por particulares, en el
supuesto consagrado en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
52. Es por ello que los efectos que se predican de la resolución judicial son inter
partes, incluso cuando la Corte Constitucional ejerce la función de revisión, salvo
que esa autoridad, en su condición de máximo tribunal en materia constitucional,
extienda los efectos subjetivos de sus decisiones, por ejemplo, para evitar la
proliferación de decisiones encontradas o equivocadas 1. Dicho efecto, se insiste,
únicamente puede ser ordenado por la Corte Constitucional.
53. En el presente asunto, aun cuando los accionantes son titulares de los derechos
a la libertad de cultos y a la igualdad, su solicitud de amparo resulta insuficiente para
entender en qué consiste la supuesta afectación a tales prerrogativas, por cuenta
1 Al respecto, consultar, por ejemplo, las sentencias SU-1023 de 2001, SU-783 de 2003, SU-432 de 2015, SU-
037 de 2019, proferidas por la Corte Constitucional.
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de la existencia de una figura religiosa en un inmueble estatal de uso fiscal 2. La
demanda se ocupó de señalar la contrariedad entre la presencia de la imagen y los
principios de neutralidad del Estado en materia religiosa y laicidad, así como la
aparente preferencia de la autoridad que administra el bien respecto de una religión,
pero no dedicó el razonamiento suficiente para exponer en qué consiste la amenaza
o violación a sus derechos por ese sólo hecho.
54. En efecto, la sentencia de primera instancia afirmó que los demandantes
«exponen en sus escritos que con la presencia de una imagen de la Virgen María
en el palacio de justicia se les está imponiendo y adoctrinando en unas creencias
determinadas»; además, coligió que «los accionantes demostraron convicciones
auténticas, fijas y sinceras no acomodadas o estratégicas. El señor Mancilla Pinto
fundamentó su petición de retirar la imagen religiosa en su fe como cristiano no
católico. Señaló que la estatua de la Virgen María no representa sus creencias y
contradice un conjunto de convicciones laicas como la neutralidad religiosa del
Estado y la libertad de religión y de cultos, manifestaciones que comparte con el
segundo accionante. Asimismo, ambos han intentado a través de una petición en
sede administrativa y dos acciones de tutela lograr la protección de sus derechos,
lo cual refleja que sus convicciones son firmes y genuinas».
55. Con extrañeza, encuentra la Sala que ninguna de las deducciones efectuadas
por el Tribunal Administrativo de Santander se deriva de una lectura global de la
demanda.
56. Uno de los anexos de la solicitud de amparo corresponde a una petición que
elevó el señor Giovanny Mancilla Pinto ante la autoridad accionada, con el fin de
que se retirara la figura religiosa que suscita controversia en este proceso. En esa
ocasión, el solicitante indicó: «pertenezco a una iglesia cristiana, por lo cual, una
imagen de la Virgen María, propia de la religión católica, no me representa como
colombiano y mucho menos representa la pluriculturalidad que existe en el país».
57. Las dos acciones de tutela a las que aludió el a quo, por su parte, se refieren a:
(i) la demanda que perseguía el amparo del derecho de petición, por el silencio de
la autoridad implicada frente a la petición antes citada, dentro del término
establecido en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015; y (ii) a la presente acción. Ni
2 Segúnla categoría informada por la propia Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga.
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la primera acción, ni la que se tramita en esta ocasión, hicieron mención a
convicciones religiosas «firmes y genuinas», contrapuestas al dogma católico.
58. Ahora, la manifestación hecha en la petición que se anexó como prueba, aunque
denota la carencia de significado de la imagen de la Virgen María para uno de los
accionantes, de ninguna manera demuestra un sentimiento de imposición y
adoctrinamiento de una determinada religión, como aseveró el Tribunal, menos aún
un efecto extensivo de ese sentir al accionante Álvaro Fernando Plata Villarreal,
quien, valga mencionar, no acompañó la petición inicial ni razonó en la demanda
sobre el concepto de violación de sus derechos fundamentales.
59. Pese a las falencias advertidas, incluso considerando que la decisión de
conservar la figura religiosa en las instalaciones del Palacio de Justicia «Vicente
Azuero Plata» constituye una afrenta contra los derechos invocados por los
accionantes, debido a los valores predominantes o preferencia por la religión
católica que se podrían inferir de esa actuación, aún en ese hipotético escenario, la
solicitud de amparo no está llamada a prosperar por carencia de elementos
objetivos suficientes para establecer la existencia de una amenaza o vulneración de
los derechos fundamentales cuya protección se reclama.
60. La Corte Constitucional, a través de sentencia T-530 de 2023, -en la cual se
basó el Tribunal Administrativo de Santander para proferir la decisión impugnada-
dedicó apartes de la providencia a abordar el principio de laicidad en materia
religiosa, así como el deber de neutralidad del Estado y el contenido del derecho de
libertad religiosa y de culto.
61. Explicó la Corte, en esa ocasión, que en la actual Constitución Política, Colombia
adoptó el modelo laico basado en el pluralismo religioso que consiste, básicamente,
en la separación entre el Estado y las iglesias, lo que impone el respeto por las
diferentes creencias religiosas y una protección y reconocimiento idénticos por parte
del Estado. El deber de neutralidad responde a ese principio de laicidad y prohíbe
el desarrollo de actividades públicas con fundamento, sentido u orientación en una
determinada religión.
62. Precisó al Alto Tribunal, sin embargo, que «el deber de neutralidad no implica
un total aislacionismo de la religión respecto de los intereses del Estado, sino que,
las actividades adelantadas por las autoridades públicas en materia religiosa tengan
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Demandante: Giovanny Mancilla Pinto y otro
un propósito o finalidad (secular) que no desconozca la separación entre las iglesias
y el Estado, así como, el pluralismo religioso y la igualdad de todas las confesiones
ante el Estado y la ley». La jurisprudencia constitucional se ha encargado, así, de
delimitar el deber de neutralidad en materia religiosa, para lo cual ha precisado que,
en virtud del mismo, al Estado le está vedado:
(i) Adoptar una religión o iglesia como oficial; (ii) identificarse formal y
explícitamente con una iglesia o religión; (iii) realizar actos oficiales de
adhesión, así sean simbólicos, con una creencia, religión o iglesia; (iv) tomar
decisiones o adoptar medidas que tengan una finalidad religiosa, en especial,
si la misma comporta una manifestación de preferencia por una determinada
religión o credo; (v) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto
primordial sea promover, beneficiar o afectar a una religión en particular; y (vi)
aprobar medidas de connotaciones religiosas que sean únicas y necesarias, es
decir, que se adscriban claramente para favorecer o afectar una confesión o
iglesia3.
63. Aclaró que frente a medidas legislativas dirigidas a salvaguardar una
manifestación cultural, social, histórica o de otro orden de contenido religioso, el
deber de neutralidad y, por ende, la constitucionalidad de esas medidas, ha
dependido de que se pueda identificar «un criterio secular principal o predominante,
el cual debe ser verificable, consistente y suficiente, e igualmente, que quede a
salvo la posibilidad de conferir medidas de esa misma naturaleza a otros credos, en
igualdad de condiciones».
64. En cuanto al contenido de la libertad de religión y de culto enunció algunos de
los derechos que la comprenden, conforme a lo dispuesto en la Ley 133 de 1994,
entre los que se destacan el derecho de toda persona de:
(i) profesar creencias religiosas libremente elegidas o no profesar ninguna; (ii)
cambiar de confesión o abandonar la que se tiene; (iii) manifestar libremente
su religión o creencias o no hacerlo; (iv) practicar individual o colectivamente,
privada o públicamente, actos de oración y culto; (v) no ser obligado a
practicar actos de culto o recibir asistencia religiosa contraria a sus
convicciones personales; (vi) no ser impedido por motivos religiosos para
acceder a cualquier trabajo o actividad civil, para ejercerlo o para desempeñar
cargos o funciones públicas; y (vii) reunirse o manifestarse públicamente con
fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades
religiosas. Asimismo, la Ley 133 reconoce que estas libertades encuentran
sus límites en los elementos constitutivos de una sociedad democrática, tales
como, la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades
públicas y sus derechos fundamentales y la salvaguarda de la seguridad, de
la salud y de la moralidad pública.
3 Estos criterios fueron tomados de las sentencias C-570 de 2016, C-152 de 2013, C-766 de 2010, C-817 de
2011, T-139 de 2014, C-948 de 2014, T-152 de 2017, entre otras.
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65. Las consideraciones referidas, aplicadas de cara al caso que se examina, llevan
a esta Sala a concluir que la decisión adoptada por la entidad demandada, mediante
la cual se abstuvo de retirar una figura religiosa en uno de los jardines del Palacio
de Justicia «Vicente Azuera Plata» de Bucaramanga, no constituye, per se, un
desconocimiento del principio de laicidad o del deber de neutralidad del Estado en
materia religiosa o una vulneración del derecho a la libertad de religión y culto de
los accionantes. Ciertamente, no se observa un sesgo o preferencia de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga por la religión
católica; lo que se aprecia, más bien, es el criterio secular principal y predominante
de esa autoridad y su intención de garantizar la libertad de religión y de culto de las
personas interesadas en que se conserve la escultura de la Virgen María.
66. Resulta relevante, en este punto, recordar las consideraciones que tuvo en
cuenta la entidad accionada para negarse a retirar la escultura de la Virgen María.
En esa oportunidad, mencionó que la figura religiosa había sido instalada por
algunos servidores de la Rama Judicial que trabajan en el Palacio de Justicia de
Bucaramanga, con su propio pecunio y en uno de los jardines, no en un despacho
u oficina judicial, por lo que, en su criterio, no afectaba la calidad del servicio de
administración de justicia. Refirió, además, que la imagen no había comprometido
recursos públicos ni se promovió como iniciativa oficial; luego, era una muestra del
respeto por el credo y costumbre de algunas personas, y de su derecho a la libertad
religiosa y de cultos en el ámbito laboral.
67. Recalcó que «la administración de justicia no promueve ni rechaza ninguno de
los credos de los servidores judiciales ni de los usuarios de la administración de
justicia, los respeta a todos por igual». Y agregó que «lo que se evidencia en relación
con la presencia de la figura religiosa es que la misma es una expresión de la
pluralidad religiosa constitucionalmente reconocida, es una muestra de la pluralidad
religiosa característica de nuestro Estado y denota la riqueza y la tolerancia por la
diferencia de credos en la comunidad judicial».
68. Indicó, también, que no advertía hechos discriminatorios contra el peticionario o
de algún tercero, como tampoco una afectación en la imparcialidad de los
operadores judiciales, de modo que no se evidenciaba una vulneración del principio
de laicidad del Estado.
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69. Para sustentar su postura, aludió a la sentencia T-391 de 2021, en la que la
Corte Constitucional se pronunció frente a la protección a la libertad de cultos en el
ámbito laboral, así como a la petición que elevaron 21 servidores judiciales del
Palacio de Justicia de Bucaramanga para que se conservara la figura religiosa.
70. Concluyó que las razones que expusieron esos últimos servidores judiciales
eran válidas y estaban justificadas en la libertad religiosa y de cultos en el ámbito
laboral, al tiempo que constituían una expresión de la pluralidad religiosa
constitucionalmente reconocida, lo que daba lugar a negar la solicitud del ahora
accionante.
71. Las razones aludidas fueron sustancialmente reproducidas en el escrito de
defensa que presentó la accionada en este proceso.
72. Para la Sala, las explicaciones otorgadas por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bucaramanga no ameritan reproche alguno desde una
perspectiva constitucional. En primer lugar, la entidad no ha emprendido ninguna
actuación que permita, siquiera suponer, alguna identificación formal y explícita con
una iglesia o religión, y la sola negativa de acceder a la petición del señor Giovanny
Mancilla Pinto no puede ser entendida como un acto oficial de adhesión a una
creencia. La decisión que adoptó tampoco tiene una finalidad religiosa; por el
contrario, tuvo en cuenta la calidad de la prestación del servicio público de
administración de justicia y el derecho de algunos servidores judiciales de ejercer
con libertad su religión. Ello es suficiente para considerar el propósito secular que
se buscó y la garantía del deber de neutralidad en materia religiosa.
73. Y es que, coexistiendo dos peticiones contrapuestas, una para que se retirara
la figura religiosa y otra para que se conservara, era menester para la autoridad
demandada realizar una especie de balance entre los derechos que se
consideraban vulnerados y aquellos que se exigía proteger. En esa labor no
encontró ninguna vulneración de derechos fundamentales, en cambio sí una razón
para proteger la libertad religiosa de los servidores interesados en conservar la
imagen de la Virgen.
74. Frente a lo anterior, se tiene que la Ley 133 de 1994, por la cual se desarrolla el
derecho a la libertad religiosa y de cultos reconocida en el artículo 19 de la
Constitución Política, impone al Estado la obligación de garantizar el derecho
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fundamental a la libertad religiosa y de cultos (art. 1). Con ese objetivo, las
autoridades están llamadas a reconocer la diversidad de las creencias religiosas y
a respetar a quienes incluso no profesan fe alguna, así como a proteger su igualdad
y libertad ante la ley (art. 3).
75. A partir de lo expuesto, se considera que las afirmaciones del Tribunal de
primera instancia acerca de una posible discriminación del estatus que los no
creyentes ostentan ante el Estado, por la existencia de una imagen religiosa en las
instalaciones del Palacio de Justicia, así como una supuesta manifestación
simbólica de preferencia hacia la fe católica, responden a una mera conjetura,
producto de un entendimiento limitado del derecho a la libertad religiosa y de cultos.
76. En efecto, según estableció la Corte Constitucional en sentencia SU-626 de
2015, el derecho a la religiosidad es un derecho de libertad, lo que significa que no
puede ser impuesto, pero tampoco objeto de prohibición. Se indicó en esa
providencia que dicha prerrogativa incluye la posibilidad a:
(i) Adherir a una fe o profesar un sistema de creencias trascendental -libertad
de conciencia-; (ii) practicar individual o colectivamente un culto -libertad de
expresión y culto-; (iv) divulgarla, propagarla y enseñarla -libertad de expresión
y enseñanza-; (iv) asociarse y pertenecer a una congregación o iglesia -libertad
de asociación-; y (v) a impartir, los padres, determinada formación religiosa a
sus hijos. (…) 4. Los derechos de libertad religiosa y de cultos imponen deberes
de protección y respeto al Estado y los particulares, así: (i) el Estado, a no
imponer una religión o culto oficiales; los particulares, a no obligar a otros
profesar una fe; (ii) los particulares y el Estado, a respetar las creencias,
manifestaciones del culto, elementos sagrados del mismo y la divulgación y
enseñanza religiosas; y (iii) el Estado, a proteger los derechos de libertad
religiosa y garantizar su ejercicio pacífico y tranquilo. (…) 5. Los titulares de
derechos religiosos -creyentes, padres de familia, pastores o ministros del
culto, sacerdotes, iglesias, etc-, tienen un derecho a: (i) que el Estado se
abstenga de ofender o perseguir una determinada iglesia o confesión religiosa;
(ii) que el Estado y los particulares se abstengan de ejecutar comportamientos
que constituyan un agravio al conjunto de símbolos u objetos de veneración
vinculados a los diferentes sistemas de creencias; (iii) recibir protección de las
autoridades estatales –deber de protección- frente a determinadas conductas
que impidan o coarten la profesión de una fe religiosa o las manifestaciones de
culto; y (iv) que el Estado proteja igualmente las iglesias y confesiones, sin
discriminaciones ni favorecimientos especiales. (…) 6. El ejercicio de los
derechos de libertad religiosa y de cultos admite limitaciones, por razones de:
(i) seguridad, orden, moralidad y salubridad públicos; (ii) el ejercicio de los
derechos constitucionales y libertades de los demás.”.
77. En línea con lo anterior, para la Sala la permanencia de una imagen de la Virgen
María en un jardín del Palacio de Justicia que no es de tránsito común ni obligado
para acceder a los despachos judiciales que allí funcionan o visible de manera
forzosa para los funcionarios y usuarios del sistema de administración de justicia y
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que, además, fue colocada por servidores que laboran en ese lugar, aunado a la
inexistencia de actuación alguna proveniente de la autoridad demandada con
enfoque religioso, descartan la vulneración hallada en primera instancia. Lo que
demuestra, por el contrario, es el respeto por la libertad de algunos servidores
públicos a expresar y divulgar sus creencias religiosas, circunstancia que no está
prohibida por la Constitución, como afirmó apresuradamente el a quo.
78. La presencia de simbología religiosa en espacios de acceso al público no está
del todo vedada; un entendimiento en ese sentido llevaría al absurdo de eliminar
cualquier demostración gráfica, simbólica y/o arquitectónica de corte religioso en
todos los espacios públicos, lo que incluye monumentos, esculturas e incluso
iglesias en esos sitios. En realidad, la prohibición que se desprende del principio de
neutralidad del Estado en asuntos religiosos versa sobre la imposición de una u otra
visión religiosa como el culto oficial de una institución o la asociación de cualquiera
de las funciones o actividades públicas con una religión o creencia, no así con la
simple práctica personal de un culto o religión por parte de empleados públicos, de
forma alterna a sus labores.
79. Ahora, una decisión que permite a un grupo de servidores exteriorizar su credo
en el sitio de trabajo tampoco significa una adhesión institucional a esa creencia;
pues bien puede entenderse como un verdadero acto de respeto y tolerancia hacia
sus libertades de religión y de culto. El deber de neutralidad, tal como explicó la
Corte Constitucional en la citada sentencia SU-626 de 2015, exige de las
autoridades públicas «un especial deber de tolerar todas las manifestaciones y
creencias religiosas y, en particular, una obligación de abstenerse de ejecutar
cualquier conducta que pueda constituir una agresión o un favorecimiento
injustificado a cualquier confesión o iglesia».
80. En síntesis, se tiene que en el caso analizado no estaban dados los elementos
para acceder al amparo, toda vez que no se demostró una violación o restricción a
los derechos invocados por los accionantes, por cuenta de una imposición
institucional a profesar una determinada religión o por la realización de actos de
favorecimiento injustificado de la autoridad demandada frente a la fe católica o
sencillamente contrarios a los dogmas que profesan los accionantes, que
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justificaran la intervención del juez de tutela con miras a garantizar un bien
constitucionalmente protegido4.
81. Como ya se explicó en esta providencia, los demandantes no expusieron de qué
manera han visto restringidos sus derechos a la libertad religiosa y de cultos por
cuenta de la existencia de una imagen religiosa en un edificio destinado a la
prestación de un servicio público, al que ni siquiera se conoce con qué periodicidad
acuden. Tampoco se logró acreditar que la decisión de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga de abstenerse de retirar la
figura de la Virgen María en el Palacio de Justicia de esa ciudad sea muestra de su
adhesión o favorecimiento por la religión católica, máxime cuando resaltó, en varias
ocasiones, su secularidad y la inocuidad de ese hecho en la prestación del servicio
de administración de justicia.
82. Finalmente, la Sala considera que el razonamiento aplicado en la sentencia T-
530 de 2023, en la que se basó el fallo impugnado para acceder a la solicitud de
amparo, no se puede trasladar al presente asunto, por las marcadas diferencias
entre uno y otro, según se pasa a exponer:
82.1. i) En la sentencia T-530 de 2023 la accionante ostentaba una vinculación legal
y reglamentaria con la entidad accionada, aspecto que fue crucial para determinar
la procedencia de la acción de tutela, como mecanismo idóneo para lograr la
protección del derecho a la libertad religiosa dentro del ámbito de una relación
laboral. En el caso que se analiza, los accionantes no hicieron referencia a la
vulneración de derechos en el marco de una relación laboral, ni alegaron ostentar
la condición de servidores de la administración de justicia.
82.2. ii) En el otro proceso, la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca
expidió una circular, a través de la cual, unilateralmente, modificó el horario laboral
y de atención al ciudadano para celebrar una eucaristía en honor a la Virgen del
Carmen, con lo cual promovió, de manera institucional, oficial y pública una religión.
Esa actuación desconoció el principio de laicidad e incumplió el deber de
neutralidad, pues generó un convencimiento en la accionante de tener que asistir a
4 La Corte Constitucional ha establecido que en los casos en que se invoca un desconocimiento a la libertad
religiosa y de cultos, como consecuencia de actos u omisiones de entidades públicas o particulares, la
procedencia material del amparo debe considerar, entre otros, el principio de razón suficiente aplicable, el cual
incluye dos etapas: (i) si el medio elegido es necesario para llegar al fin, y (ii) si la afectación
es desproporcionada. Al respecto, consultar las sentencias T-575 de 2016, T-152 de 2017, T-524 de 2017 y T-
530 de 2023.
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Demandante: Giovanny Mancilla Pinto y otro
la celebración y no tuvo un propósito secular que incluyera a otros credos y
religiones. En el presente asunto, la entidad demandada no ha asumido ninguna
actuación que dé cuenta de una preferencia o comunión con alguna religión o
creencia, desde el plano institucional. Se abstuvo de retirar una imagen religiosa al
interior de un inmueble de uso fiscal, sin que ello implique coartar o limitar la libertad
religiosa de los demás credos.
82.3. iii) En el antecedente que se estudia, se analizaron los cuatros aspectos que
la jurisprudencia constitucional ha definido para la procedencia material del amparo
al derecho a la libertad religiosa y de culto: (i) la importancia de la creencia invocada
frente a la religión que se profesa; (ii) la exteriorización de la creencia; (iii) la
oportunidad de la oposición frente al acto presuntamente contrario a la libertad
religiosa, y (iv) el principio de razón suficiente. En el sub lite, el Tribunal sólo
consideró una manifestación hecha en una petición por uno de los accionantes, en
la que adujo pertenecer a una iglesia cristiana, sin contar con mayores elementos
para establecer una verdadera creencia de los accionantes opuesta a la religión
católica o la existencia de una afectación desproporcionada a partir de la postura
asumida por la accionada.
82.4. iv) En la otra acción de tutela, una estatua de la Virgen del Carmen de una
dimensión importante (30 cm de ancho por 1 m de alto), adquirida por funcionarios,
se encontraba ubicada en un sitio común y de frecuente afluencia ciudadana del
primer piso de la entidad y favorecía la práctica de la religión católica, al punto que
allí se realizaban rosarios y oraciones, lo que denotaba una promoción pasiva por
la práctica de una determinada veneración sin relación con las funciones de la
entidad, en contravía de los principios de laicidad y al deber de neutralidad en
materia religiosa. Con todo, la Corte precisó en esa ocasión que la orden de retirar
la estatua no cerraba «la posibilidad de reubicación en un espacio que no cuente
con las características analizadas en el caso concreto, si así lo consideran los
funcionarios que fueron vinculados a esta acción constitucional que se reputan
dueños de la imagen». En el caso bajo análisis, a diferencia, la figura religiosa se
halla en una esquina de uno de los jardines del Palacio de Justicia que no es de
paso común ni obligado para los servidores y usuarios de la administración de
justicia, como advirtió el a quo; además, su tamaño es reducido y se encuentra
incrustada dentro de una construcción de piedra. De hecho, tampoco se demostró
que allí se practiquen actos de adoración que insinúen una preferencia institucional
por la fe católica.
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83. Como se observa, las únicas similitudes entre el hecho que se debatió en la
sentencia T-530 de 2023 y el que ocupa la atención de la Sala resultan ser la
adquisición de una Virgen católica por un grupo de servidores públicos; empero, las
particularidades que llevaron a la Corte Constitucional, en la sentencia T-530 de
2023, a concluir la vulneración del derecho a la libertad religiosa y de cultos de la
accionante, así como el desconocimiento de los principios de laicidad y neutralidad
religiosa del Estado, no se acompasan necesariamente con los supuestos fácticos
y probanzas del presente proceso.
84. Las razones expuestas resultan suficientes para revocar la decisión impugnada
y, en su lugar, negar la solicitud de amparo, al no hallarse acreditada una
vulneración a los derechos fundamentales de los accionantes, que amerite una
orden de protección por parte del juez constitucional.
85. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Revocar la sentencia de primera instancia, proferida el 20 de noviembre
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander. En su lugar, se niega el
amparo solicitado por los señores Giovanny Mancilla Pinto y Álvaro Fernando Plata
Villarreal, de acuerdo con las razones anotadas en la parte considerativa.
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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Demandante: Giovanny Mancilla Pinto y otro
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con salvamento de voto
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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