Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00718-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00718-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00718-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00718-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
18 de marzo de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00718-00
Accionante: César Augusto Molina Suárez
Se declara la improcedencia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00718-00
Accionante: César Augusto Molina Suárez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Cargos de libre nombramiento y remoción / Se declara la improcedencia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela presentada por César Augusto Molina Suárez contra
la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado para obtener el amparo de
sus derechos fundamentales a la igualdad, trabajo y debido proceso.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y
en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 14 de febrero de 2024 César Augusto Molina Suárez interpuso, por medio de
apoderado judicial, una acción de tutela contra la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado. El accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales a
la igualdad, trabajo y debido proceso porque, en sentencia del 14 de septiembre de
2023, la autoridad judicial accionada confirmó la decisión de negar las pretensiones de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró contra la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, identificada con el radicado 73001-23-33-000-
2019-00510-00/01.
1
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00718-00
Accionante: César Augusto Molina Suárez
Se declara la improcedencia
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones (se transcriben):
<<PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de mi poderdante a la Igualdad
(Art. 13), al Trabajo (Art. 25), al Debido Proceso (Art. 29), al acceso a desempeñar cargos
y funciones públicas (Art. 40), en consideración a que el Consejo de Estado, incurre en
graves falencias de relevancia constitucional y que se tornan incompatibles con la
Constitución Política - defecto sustantivo, decisión sin motivación y violación directa de
la Constitución Nacional
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida por fallo proferido por la Sección
Segunda – Subsección A del Consejo de Estado, el catorce (14) de septiembre de dos
mil veintitrés (2023) dentro del proceso de <<Acción de Nulidad y Restablecimiento de
derecho>>, identificado con el radicado 73001-23-33-000-2019- 00510-01, teniendo en
cuenta, que la decisión allí adoptada es contraria a la normatividad y conculca garantías
fundamentales, principios y valores constitucionales. En su lugar, SE PROFIERA una
nueva decisión subsanando los yerros alegados en la presente tutela>>.
B. Hechos
3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- Ejerció el cargo en provisionalidad de director de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Ibagué entre el 1° de abril y 9 de julio de 2008, y entre el 4 de
mayo y 27 de agosto de 2009. Luego, mediante Resolución 3385 del 28 de agosto de
2009, fue nombrado en propiedad.
3.2.- El 4 de octubre de 2018 el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo
PCSJA18-11118, en el cual se realizó una convocatoria pública para conformar las
ternas para los cargos de directores seccionales de administración judicial.
3.3.- El 11 de abril de 2019 el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo
PCSJA19-11254, en el cual integró la terna para proveer el cargo.
3.4.- Mediante Resolución 4104 del 13 de mayo de 2019, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial nombró, de las ternas enviadas, al señor Edwin Riaño Cortés
como director de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué.
3.5.- El accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para
obtener la nulidad de los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura que
conformaron e integraron la terna y de la resolución que lo desvinculó del cargo. A título
de restablecimiento del derecho solicitó ser reintegrado al cargo que venía
desempeñando o a otro empleo de igual o superior jerarquía.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00718-00
Accionante: César Augusto Molina Suárez
Se declara la improcedencia
3.6.- Mediante sentencia del 20 de enero de 2022, el Tribunal Administrativo de Tolima
negó las pretensiones de la demanda. El tribunal consideró que el cargo de director
seccional de administración judicial es de libre nombramiento y remoción y que los
artículos 99 de la Ley 270 de 1996 y 5 de la Ley 909 de 2004 excluyen a los directores
seccionales del régimen de carrera judicial.
3.7.- El accionante apeló la decisión argumentando que el cargo de director seccional
de administración judicial no está definido expresamente por la ley como un cargo de
carrera administrativa. Sin embargo, ante el vacío normativo, consideró que debe
aplicarse el principio consagrado en el artículo 125 de la Constitución, según el cual los
empleos públicos son –por regla general– de carrera. Agregó que no es admisible que
una autoridad administrativa determine la naturaleza jurídica del cargo, pues dicha
definición tiene reserva legal.
3.8.- Mediante sentencia del 14 de septiembre de 2023, la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado confirmó el fallo de primera instancia.
3.8.1.- Expuso que el cargo de director seccional de administración judicial cumple con
los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ley 909 de 2004 para ser considerado
como un cargo de libre nombramiento y remoción. En consecuencia, concluyó que la
desvinculación laboral del accionante fue lícita porque, en los cargos de libre
nombramiento y remoción, la declaratoria de insubsistencia es una facultad discrecional
y no requiere procedimiento previo. Precisó que el buen desempeño en el cargo no le
otorga fuero de estabilidad en el empleo.
3.8.2.- Por otra parte, indicó que artículo 99 de la Ley 270 de 1996 no exige adelantar
un concurso de méritos para la provisión del cargo. Además, que el accionante conoció
del proceso de selección que se adelantó con el Acuerdo PCSJA18-11118 del 4 de
octubre de 2018 y decidió voluntariamente no participar en él.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- El accionante alega que la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2023 por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado incurrió en los defectos
sustantivo, violación directa de la Constitución y por falta de motivación.
4.1.- Frente al defecto sustantivo, sostiene que la autoridad judicial accionada no debió
recurrir al artículo 5 de la Ley 909 de 2004 para definir la naturaleza jurídica del cargo.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00718-00
Accionante: César Augusto Molina Suárez
Se declara la improcedencia
Lo anterior, en virtud de que el artículo 103 de la Ley 270 de 1996 –que es una norma
especial y estatutaria– equipara la categoría, prerrogativa y remuneración de los
directores seccionales de administración judicial con los magistrados de los consejos
seccionales de la judicatura.
4.2.- Invoca una falta de motivación porque (se transcribe) <<la argumentación para
decidir el sentido del fallo es defectuosa, insuficiente y carece de fundamento, al estar
completamente ausente el juicio de causalidad existente entre los fundamentos y lo
resuelto>>.
4.3.- Alega una violación directa de la Constitución porque en la providencia objeto de
reproche la autoridad judicial accionada vulneró las disposiciones constitucionales sobre
la igualdad, trabajo, debido proceso y acceso a desempeñar cargos y funciones
públicas, en la medida en que la decisión se fundamentó en una argumentación
insuficiente y contrarió el ordenamiento jurídico.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- Edwin Riaño Cortés (tercero interesado) solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, y sostuvo
que el accionante pretende reanudar un debate que ya fue resuelto en el proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.
6.- La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado (accionado) y el Tribunal
Administrativo del Tolima (tercero interesado) allegaron el expediente digital del proceso
con radicado 73001-23-33-000-2019-00510-00/01; sin embargo, no rindieron informe de
contestación.
II. CONSIDERACIONES
7.- Se acogerá la postura mayoritaria de la Sala y se declarará la improcedencia de la
acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Lo
anterior, en la medida en que la acción de tutela reitera los mismos argumentos que
fueron planteados en el recurso de apelación y resueltos en el proceso ordinario 1.
1 El magistrado ponente considera que la presente acción de tutela sí cumple con el requisito de relevancia
constitucional porque la accionante alega la vulneración de su derecho fundamental, entre otros, al debido proceso,
y explicó los vicios que consideró configurados en la decisión atacada. Sin embargo, acoge la posición mayoritaria
de la Sala, según la cual, cuando se reiteran argumentos que fueron resueltos dentro del proceso ordinario, no se
cumple con este requisito.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00718-00
Accionante: César Augusto Molina Suárez
Se declara la improcedencia
E. Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional, se constata que los cargos
formulados en el escrito de tutela no tienen vocación de prosperar
8.- En primer lugar, no se observa la presencia de los defectos sustantivo y por violación
directa de la Constitución, pues la autoridad judicial accionada se fundamentó en las
normas aplicables al caso y no se desconoció ninguna disposición legal o constitucional
relevante.
8.1.- En concreto, el accionante reprocha que la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado hubiese aplicado el artículo 5 de la Ley 909 de 2004 en lugar del
parágrafo del artículo 103 de la Ley 270 de 19962, para determinar que el cargo de
director seccional de administración judicial es de libre nombramiento y remoción.
8.2.- Si bien el artículo 103 de la Ley 270 de 1996 estableció que la categoría,
prerrogativas y remuneración de los directores seccionales de administración judicial
son las mismas de los magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, ello no
implica que la naturaleza jurídica de aquel sea la de un cargo de carrera, pues la ley no
le confirió esa categoría.
8.3.- Al efecto, amerita recordar que la norma que reguló específicamente la clasificación
de los empleos en la administración de justicia fue el artículo 130 de la Ley 270 de 1996,
en la cual el legislador categorizó los empleos de la Rama Judicial en (i) cargos de
período, (ii) cargos de libre nombramiento y remoción y (iii) cargos de carrera. Como
hizo notar la autoridad judicial accionada en la providencia atacada, la norma no clasificó
a los directores seccionales de administración judicial en ninguna de las tres categorías.
8.4.- Por lo tanto, para suplir el vacío normativo recurrió al artículo 5 de la Ley 909 de
2004, según el cual son cargos de libre nombramiento y remoción <<los de dirección,
conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas
o directrices>>; interpretación que resulta constitucionalmente admisible en virtud del
artículo 3 ibidem, que consagra la aplicación supletoria de las disposiciones contenidas
en aquella ley para los servidores públicos de la Rama Judicial.
2
<<Artículo 103. Director Seccional de la Rama Judicial. Corresponde al Director Seccional de la Rama Judicial,
ejercer en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del Director Ejecutivo
Nacional de la Administración Judicial, las siguientes funciones: (…)
PARÁGRAFO. El Director Seccional de Administración Judicial deberá tener título profesional en ciencias jurídicas,
económicas, financieras o administrativas, y experiencia no inferior a cinco (5) años en dichos campos. Su categoría,
prerrogativas y remuneración serán las mismas de los magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura>>.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00718-00
Accionante: César Augusto Molina Suárez
Se declara la improcedencia
9.- Por otra parte, tampoco se configura el defecto por falta de motivación, toda vez que
la autoridad judicial accionada expuso detalladamente los fundamentos fácticos y
jurídicos que sustentaron la decisión y no se evidencia que la providencia constituya un
mero acto de voluntad del juez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional frente a los cargos elevados.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: Si la sentencia no fuera impugnada una vez ejecutoriado este fallo, por
Secretaría ENVÍESE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su
cargo.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
6
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.