Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00718-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00718-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00718-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
20 de junio de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00718-01
Accionante: César Augusto Molina Suárez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 11001-03-15-000-2024-00718-01
Accionante: César Augusto Molina Suárez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
Referencia: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial – debido proceso.
Subtema 1: Requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación que presentó la parte actora en contra de la sentencia
del 18 de marzo de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela.
César Augusto Molina Suárez solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso a desempeñar cargos y funciones
públicas, que consideró vulnerados por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, con ocasión de la sentencia del 14 de septiembre de 2023
proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
73001-23-33-000-2019-00510-01.
1.2. Hechos de la solicitud1.
El actor promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, con la pretensión de nulidad del acto que lo
desvinculó del cargo de Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de
Ibagué.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia el 20 de
enero de 2022 con la que negó las pretensiones de la demanda. El actor interpuso
recurso de apelación, que fue decidido en forma adversa a sus intereses por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, a través de la sentencia del 14 de
septiembre de 2023.
1.3. Pretensiones de la acción de tutela.
El accionante solicitó al juez constitucional la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso a desempeñar
1 Escrito de tutela contenido en el índice 002 del expediente digital de tutela de primera instancia en
Samai, con certificado número B21E0667B542C148 AAEEDD29FC1B6A8D 683F26E0665B16F5
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cargos y funciones públicas; deje sin efectos la sentencia del 14 de septiembre de
2023, y, en consecuencia, le ordene a la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado proferir una nueva decisión “subsanando los yerros alegados en la
presente tutela”.
1.4. Argumentos de la solicitud de amparo.
La parte actora expuso los motivos que la Sala resume a continuación:
1.4.1. Afirmó que la sentencia censurada incurre en incongruencia, dado que, por un
lado, “reconoce el cumplimiento de los requisitos de procedencia del medio de control”,
y, por otro lado, falla en contra de los intereses del accionante “con sustento en lo
dispuesto en la Ley 270 de 1996, el cual, para la fecha de los hechos narrados el cargo
de Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial se equipara en cuanto
categoría, prerrogativas y remuneración con el de los Magistrados de Consejo
Seccional de la Judicatura, lo cual llama especialmente la atención, pues, como ya se
expresó, la misma Corte Constitucional en su momento y que acoge el presente caso
concreto, en el análisis efectuado en Sentencia SU-539 de 2012, el cargo se encuentra
en la categoría de carrera, debido a que el legislador expresamente no le ha otorgado
la naturaleza de libre nombramiento y remoción”.
1.4.2. Expuso que, existe una irregularidad procesal que tiene un efecto determinante
en la sentencia ordinaria, pues sino adoleciera de los efectos alegados “claramente
hubiese sido una providencia judicial favorable a las pretensiones de mi poderdante,
pues, como se probará a lo largo de esta acción, la vulneración de los derechos
fundamentales de mi poderdante por parte de la Dirección Ejecutiva de la Rama
Judicial es grosera y caprichosa, a más de evidente”.
1.4.3. A su juicio, está acreditado el defecto sustantivo, porque son claras las falencias
originadas en el proceso ordinario, en tanto omitió una integración sistemática de
diversos preceptos que inciden en la problemática, y dio aplicación a un conjunto de
normas cuya interpretación desconoce los principios de legalidad y reserva legal, así
como el precedente constitucional vigente para la época en que ocurrieron los hechos.
Explicó que lo anterior se observa en la sentencia censurada, pues analizó la
naturaleza del cargo de Dirección Seccional de Administración Judicial para concluir
que es de libre nombramiento y remoción, aplicando los lineamientos de la Ley 909 de
2004 sobre la Ley 270 de 1996.
1.4.4. Afirmó que la sentencia del 14 de septiembre de 2023 incurre en el defecto de
decisión sin motivación “por varias razones en particular, cuales son, que la
argumentación para decidir el sentido del fallo es defectuosa, insuficiente y carece de
fundamento, al estar completamente ausente el juicio de causalidad existente entre los
fundamentos y lo resuelto, los cuales, se ven como contradictorios, incongruentes e
impiden establecer una línea argumentativa coherente y solidaria entre la decisión y
las premisas utilizadas”.
Indicó que, la interpretación normativa que realizó el Consejo de Estado se aparta por
completo de una integración sistemática, pues para el momento de ocurrencia de los
hechos el cargo de Dirección Seccional de Administración Judicial no se encontraba
expresamente definido en la ley como un cargo de libre nombramiento y remoción,
como se desprende de la lectura del artículo 103 de la Ley 270 de 1996 que equipara
el cargo a la categoría de Magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura; además,
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esta equivalencia fue avalada por la Corte Constitucional en sentencia C-037 de 1997,
y esto incide en el caso concreto con los efectos de cosa juzgada constitucional.
1.4.5. Alegó violación de la Constitución Política y un abuso palmario del derecho, ya
que la sentencia censurada contiene una interpretación normativa contraria e
incongruente con los principios y valores constitucionales, además, desconoce que el
cargo de director ejecutivo Seccional es de carrera administrativa.
1.4.6. Consideró que la sentencia también vulneró el debido proceso, pues desconoció
que el accionante había sido designado como director ejecutivo Seccional de
Administración Judicial de Ibagué, en propiedad. Expuso que se vulneró el derecho al
trabajo, dado que fue desvinculado de un cargo que había desempeñado por espacio
de 9 años y del cual obtenía ingresos para su subsistencia y la de su familia.
1.5. Trámite en primera instancia.
1.5.1. En primera instancia, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado profirió auto el 16 de febrero de 2024 en el que admitió la acción tutela y
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Tolima, a la Nación- Rama Judicial -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a Edwin Riaño Cortés, como terceros
con interés.
1.5.2. Edwin Riaño Cortés2 solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo
constitucional por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Afirmó que
el accionante pretende un nuevo análisis, como si la acción fuera una tercera instancia.
1.5.3. La Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo del Tolima remitieron copia digital del proceso ordinario sin
pronunciarse sobre los fundamentos de la acción de tutela.
1.6. Sentencia de tutela de primera instancia.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia de
primera instancia el 18 de marzo de 20243, en la que declaró la improcedencia de la
solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional. Como fundamento, expuso
los siguientes argumentos:
i) Indicó que no observó la presencia del defecto sustantivo por violación directa de la
Constitución, dado que la autoridad judicial accionada estudió y definió la controversia
bajo las normas que resultaban aplicables al caso.
Explicó que, si bien el artículo 103 de la Ley 270 de 1996 estableció que la categoría,
prerrogativas y remuneración de los directores seccionales de Administración Judicial
son las mismas de los Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, ello
no implica que dichos cargos tengan la naturaleza de carrera administrativa, pues el
artículo 130 de la mencionada norma no le confirió tal categoría.
Adujo que, en consecuencia, para suplir el vacío normativo, la Sección Segunda del
Consejo de Estado recurrió al artículo 5 de la Ley 909 de 2004, según el cual, los
cargos de libre nombramiento y remoción son los de dirección, conducción y
orientación institucionales cuyo ejercicio implica la adopción de políticas y directrices;
interpretación que resulta constitucionalmente admisible en atención a lo dispuesto en
2 Índice 012 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
3 Índice 0018 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
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el artículo 3 ibidem que establece la aplicación supletoria de dicha Ley para los
servidores públicos de la Rama Judicial.
ii) Sostuvo que no se configuró el defecto por falta de motivación, dado que la autoridad
accionada expuso detalladamente los fundamentos fácticos y jurídicos que
sustentaron la decisión, y no se evidencia que la providencia constituya un mero acto
de voluntad del juez.
1.7. Impugnación.
La parte actora presentó escrito de impugnación4 en contra de la sentencia del 18 de
marzo de 2024, en el que solicitó revocarla conforme a las siguientes razones:
1.7.1. Reiteró que se configura la vulneración de sus derechos fundamentales en la
medida en que, con la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso
ordinario, la Sección Segunda del Consejo de Estado omitió “realizar una integración
sistemática de los diversos preceptos que coinciden en la problemática y da aplicación
a un conjunto de normas, cuya interpretación desconoce principios constitucionales
como los de legalidad y reserva legal, al igual que, desconoce el precedente
constitucional vigente para el momento en que se originaron los hechos objeto de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, como lo es la Sentencia SU-539 de
2012, en la que la Corte Constitucional precisó que el cargo de Director Ejecutivo
Seccional de Administración Judicial, se encuentra en la categoría de carrera, por
cuanto el legislador expresamente no le ha otorgado la naturaleza de libre
nombramiento y remoción”.
Agregó que la decisión censurada no cuenta con un soporte racional argumentativo
mínimo que justifique la afectación de las garantías constitucionales lesionadas.
1.7.2. A su juicio, la tesis bajo la cual la primera instancia en sede de tutela afirmó que
no se configura el defecto sustantivo y la violación directa de la Constitución Política,
va en contravía de las sentencias C-037 de 1997 y C-558 de 2009 en las que la Corte
Constitucional determinó que el cargo de Director Ejecutivo Seccional de
Administración Judicial tiene el mismo orden laboral que el de los Magistrados de
Consejos Seccionales de la Judicatura, y, por ende, se encuentra dentro de la
categoría de cargo de carrera administrativa; tesis que consideró tiene la fuerza de
cosa juzgada en relación con las pretensiones del proceso ordinario.
1.7.3. Afirmó que esta acción es el único mecanismo para evitar un perjuicio
irremediable consistente en su desvinculación laboral, y cumple con las siguientes
características i) afecta los derechos fundamentales al trabajo y acceso a desempeñar
cargos públicos; ii) ya fue consumado, dado que debido a un erróneo proceso de
interpretación normativa el Consejo Superior de la Judicatura materializó la
desvinculación; iii) tiene la connotación de grave y de gran intensidad: iv) la tutela es
impostergable para hacer cesar la vulneración de los derechos fundamentales.
1.7.4. Insistió en la configuración del defecto sustantivo, pues la sentencia censurada
incurre en “falencias o yerros originados en el proceso de interpretación y aplicación
de las normas jurídicas al caso sometido a su conocimiento”.
4 Documento contenido en el índice 22 del expediente digital de tutela de primera instancia, con certificado núm.
3D2D42327791D591 CA35140A9D189A8F 5C2720F9D33EFEB7 6574229AC9A629B5
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Reiteró que la decisión efectuó un análisis de sobre la naturaleza del cargo de Director
Ejecutivo Seccional de Administración Judicial para establecer que corresponde a uno
de libre nombramiento y remoción, bajo la interpretación de que el artículo 130 de la
Ley 270 de 1996 que contiene la clasificación de los empleos de la Rama Judicial no
dispone que el Director Seccional sea de periodo fijo, carrera administrativa o de libre
nombramiento y remoción, y que por tanto, este vacío justificó la remisión a las
disposiciones de la Ley 909 de 2004. Esto, a juicio del accionante, desconoció la
equiparación que de dicho cargo se hizo respecto de los cargos de Magistrados de
Consejo Seccional prevista en el artículo 103 de la misma norma y las consideraciones
de la sentencia C-558 de 2009, además, no tuvo en cuenta que el legislador es el único
llamado a definir qué cargos se encuentran dentro de la categoría de libre
nombramiento y remoción.
Agregó que, para la fecha en que el actor fue desvinculado, el cargo de director
ejecutivo Seccional no se encontraba definido expresamente en la Ley ni en la
jurisprudencia constitucional como de libre nombramiento y remoción, sino que, por el
contrario, por disposición de la equiparación contenida en el artículo 103 de la Ley 270
de 1996, es clara la aplicación de la regla general de carrera administrativa prevista en
el artículo 125 de la Constitución Política. Así, afirmó que “el defecto sustantivo que se
predica en la sentencia objeto de análisis, pues la misma deja de lado la aplicación de
la regla general contenida en el artículo 125 de la Constitución Política para dar
aplicación a una norma de rango inferior y de carácter ordinario como lo es la Ley 909
de 2004”.
Como complemento de sus argumentos, la parte actora alegó la carencia de una
interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, pues la sentencia censurada
ignoró los pronunciamientos de la Corte Constitucional aplicables en la materia, y se
apartó sin fundamentación alguno de la regla general prevista en el artículo 125 de la
Constitución Política, además, se remite a los lineamientos de la ley general [Ley 909
de 2004] sobre la ley especial [Ley 270 de 1996]. Esto, pese que contrario como se
afirmó por parte de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no existe vacío legal
que avale la remisión al régimen general de carrera administrativa.
1.7.5. Reiteró que la sentencia censurada carece de motivación, pues de un lado
acepta la procedencia del medio de control, pero, en la parte resolutiva falla en contra
“sin especificar” – sic – con sustento en lo dispuesto en la Ley 270 de 1996, pero sin
tener en cuenta que para la fecha de ocurrencia de los hechos el cargo de Director
Ejecutivo Seccional de Administración Judicial se equiparaba en cuanto a categoría,
remuneración y prerrogativas al de Magistrado de Consejo Seccional, y que en
sentencia SU-539 de 2012 la Corte Constitucional había precisado que se encuentra
dentro de la categoría de carrera administrativa.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.
2.2. Legitimación en la causa.
La legitimación en la causa por activa de César Augusto Molina Suárez está
acreditada, puesto que, en calidad de demandante, promovió proceso judicial en
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ejercicio del medio de control de nulidad al que le fue asignado el radicado número
73001-23-33-000-2019-00510-01, dentro del que se profirió la sentencia de segunda
instancia del 14 de septiembre de 2023; por lo tanto, es titular de los derechos
fundamentales cuyo amparo pretende.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la medida en que fue la autoridad que
profirió la decisión antes mencionada, que según indicó la solicitud de amparo, vulneró
los derechos fundamentales de la parte actora.
2.3. Inmediatez.
La Sala encuentra que la acción de tutela fue presentada dentro de un plazo razonable,
esto es dentro del término de seis (6) meses, por cuanto la providencia atacada fue
proferida por el accionado el 14 de septiembre de 2023, y notificada el 16 de noviembre
siguiente5, mientras que la solicitud de amparo se radicó y repartió 14 de febrero de
20246.
2.4. Subsidiariedad.
La Subsección no advierte acerca de la existencia de otro mecanismo judicial del que
dispusiera la parte actora para resolver la vulneración de sus derechos, dado que, en
contra de la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso ordinario antes
identificado, no procede ningún recurso.
2.5. Procedibilidad de la acción.
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción; pues, solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.
5 La constancia de notificación de la sentencia reposa en el índice 009 Samai, del expediente de primera
instancia, con certificado número B21E0667B542C148 AAEEDD29FC1B6A8D 683F26E0665B16F5
B10A10E6B35EC0EF
6 Índice 001 del expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
7 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan
en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión
judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo
constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b)
defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento
establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante
en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se origina en el evento
en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o
existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido,
cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una
decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en
el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de
un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h)
violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de
manera preferente la aplicación de sus postulados.
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2.5.1. Relevancia constitucional.
El cargo que se formule contra una decisión judicial tendrá relevancia constitucional
si presenta un problema constitucional y no se limita a revivir una controversia estricta
y exclusivamente legal8. De ese modo, en esta sede se ponderará entre la finalidad de
la acción de tutela como garantía iusfundamental y los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica que gobiernan las decisiones judiciales9. Así las cosas, el juez de
tutela debe resolver asuntos de dimensión constitucional, con respeto de las
competencias legales y del principio de autonomía de los jueces10.
En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar la
competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad11; (ii) restringir el ejercicio
del amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las personas, e
(iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales12.
Definir lo que es o no relevante en el plano constitucional depende de verificar que, a
primera vista, el cuestionamiento esté dirigido contra una posible afectación o
vulneración de las garantías relacionadas con el núcleo de los derechos
fundamentales. En especial, debe hacerse énfasis en el derecho al debido proceso 13.
Para ello, la jurisprudencia constitucional14 ha definido cuáles son los requisitos
específicos de procedencia que pueden ser invocados como únicas causales que
habilitan el control constitucional concreto.
El requisito de relevancia constitucional, por tanto, exige que el cuestionamiento en la
solicitud de amparo esté dirigido a exponer una valoración en sentido negativo de la
actuación jurisdiccional en clave de los defectos, como han sido definidos por la
jurisprudencia. Así, son improcedentes los argumentos destinados a proponer
fórmulas que habrían podido ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, o reiterar
las ya expuestas en este. En efecto, como lo ha establecido la Corte Constitucional,
“la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del
8 “[L]os fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar
esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional
ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de
interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo
excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien […] se encuentra
en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente – es decir segura y en
condiciones de igualdad – de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. Corte
Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
9 “No se trata de convertir la tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir una actuación razonable
para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego,
al controvertir una providencia judicial”. Corte Constitucional. Sentencia T-066 de 2019.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencias del 21 de febrero de 2020, expediente n.° 2019-5066-00; 4 de mayo de 2020, expediente
n.° 2020-836-00.
11 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009,
T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061
de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-422 de 2018.
12 “[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia,
ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de
la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte Constitucional. Sentencia T-
422 de 2018.
13 Corte Constitucional, sentencia T-102 de 16 de febrero de 2006. En igual sentido: T-075-18, T-451-
18, T-422-18 y T-248-18.
14 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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procedimiento judicial que se cuestiona15, pues ello desconocería la competencia y
finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su
autonomía funcional”16.
En particular, cabe denotar que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de
2022, indicó que “[…] el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de
las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya
presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una
instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir
controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal”. Además, precisó que
“[…] Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto
tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite
a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales”.
Esta Corporación ha precisado que, para realizar el examen del requisito de relevancia
constitucional, se requiere en primera medida establecer que quien actúe como
accionante motivó con suficiencia argumentativa las razones por las cuales considera
que la decisión judicial que reprocha se erige como una afectación de derechos
fundamentales, a efectos de evitar una instancia adicional en el proceso ordinario17.
2.6. Caso concreto.
2.6.1. De la revisión del expediente ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 73001-23-33-000-2019-00510-01 remitido a este trámite18, y en lo
relevante para decidir la impugnación, la Sala encuentra lo siguiente:
i) César Augusto Molina Suárez promovió demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, con la pretensión de nulidad de la Resolución
número 1404 del 13 de mayo de 2019, mediante la cual fue desvinculado del cargo de
director ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Ibagué, que “ejercía en
propiedad”.
Como fundamento de la demanda, el actor expuso que: a) fue desvinculado del cargo
que venía desempeñando en propiedad sin que mediara un concurso de méritos ni se
configurara ninguna de las causales de desvinculación, además, que por disposición
de los artículos 125 y 150 ordinal 23 de la Constitución Política, por regla general, todos
los empleos del Estado son de carrera administrativa con excepción de los libre
nombramiento remoción -entre otros-; por ende, indicó, el cargo de Director Ejecutivo
Seccional de Administración Judicial de Ibagué, al no estar incluido dentro de las
15 Cita original: “Ver sentencia T-336/04”.
16 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
17 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
18 Índice 009 Samai, del expediente de primera instancia, con certificado número
B21E0667B542C148 AAEEDD29FC1B6A8D 683F26E0665B16F5 B10A10E6B35EC0EF. Índice 002
Samai del expediente de primera instancia, con certificado número
B21E0667B542C148 AAEEDD29FC1B6A8D 683F26E0665B16F5 B10A10E6B35EC0EF.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00718-01
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excepciones de la Constitución, es de carrera; b) el artículo 103 de la Ley 270 de 1996,
equiparó en cuanto a categoría, prerrogativas y remuneración, el cargo de Director
Ejecutivo Seccional al de Magistrado de Consejo Seccional, además, el artículo 128
ibidem dispuso que estos Magistrados son de carrera administrativa. Agregó que en
sentencia SU-539 de 2012 definió que el cargo de Director Seccional es de carrera pues
el legislador no le otorgó la naturaleza de libre nombramiento y remoción.
ii) El proceso correspondió por reparto, en primera instancia, al Tribunal Administrativo
del Tolima, quien profirió sentencia el 20 de enero de 2022 a través de la cual negó las
pretensiones de la demanda.
Consideró que el cargo de director ejecutivo Seccional de Administración Judicial es de
libre nombramiento y remoción por lo que prima sobre él la discrecionalidad del
nominador soportada en el artículo 41 literal a) de la Ley 909 de 2004, en consecuencia,
la entidad allí demanda no se encontraba obligada a agotar un concurso de méritos.
iii) La decisión fue apelada por el actor. El recurso fue decidido en forma desfavorable
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 14
de septiembre de 2023 a través de la cual confirmó la sentencia del Tribunal
Administrativo del Tolima, con fundamento en los siguientes argumentos:
a. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 256 de la Constitución Política,
la carrera judicial es un sistema especial de carrera, y en términos de la Ley 270
de 1996, se basa en i) el carácter profesional de funcionarios y empleados, ii) la
eficacia de su gestión, iii) la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a
la función para todos los ciudadanos aptos al efecto y iv) la consideración del
mérito como fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la promoción
en el servicio.
b. El artículo 130 de la mencionada Ley prevé la clasificación de los empleos de
la Rama Judicial identificando cuales son de periodo individual19, los de libre
nombramiento y remoción20, los de carrera21. A partir de la lectura de los
lineamientos de la norma, indicó que el cargo de Dirección Ejecutivo Seccional de
Administración Judicial no está clasificado dentro de estas categorías, y precisó
que, si bien dentro de la libre nombramiento y remoción se incluyó el cargo, esto
se refiere a la Fiscalía General de la Nación que no puede asimilarse de los de
administración judicial.
c. A través de la sentencia C-037 de 1996 la Corte Constitucional procedió con el
estudio de constitucionalidad de la norma, e indicó que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 125 de la Constitución Política, la regla general es que los
empleos del Estado sean de carrera, pero, la misma norma autoriza al legislador
19 Los cargos de Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo
de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, de Fiscal General de la Nación y de Director Ejecutivo
de Administración Judicial
20 Los cargos de Magistrado Auxiliar, Abogado Asistente y sus equivalentes; los cargos de los
Despachos de Magistrados enunciados en los incisos anteriores, los adscritos a la Presidencia y
Vicepresidencia de estas Corporaciones; los de los Secretarios de esas Corporaciones; los cargos de
los Despachos de los Magistrados de los Tribunales; los cargos de Vicefiscal General de la Nación,
Secretario General, Directores Nacionales; Directores Regionales y Seccionales, los empleados del
Despacho de Fiscal General, del Vicefiscal y de la Secretaría General, y los de Fiscales delegados ante
la Corte Suprema de Justicia. Estos cargos no requieren confirmación
21 Los cargos de Magistrado de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y de los Tribunales
Contencioso Administrativos y de las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura;
de los Fiscales no previstos en los incisos anteriores; de Juez de la República, y los demás cargos de
empleados de la Rama Judicial.
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para establecer excepciones a este principio bajo la condición lógica de que con
la medida de que se adopte no se altere el orden superior ni la filosofía que la
inspiró al Constituyente a establecer la regla general de carrera administrativa. En
consecuencia, cuando se establece que un cargo es de libre nombramiento y
remoción, esto no puede contradecir la esencia misma del sistema de carrera,
además, esta clase de cargos, además de estar determinados en la Ley, requieren
que su función, en su desarrollo esencial exija una confianza plena y total o
implique una decisión política.
d. El artículo 3 de la Ley 909 de 2004 estableció que sus disposiciones se
aplicarán de manera supletoria en caso de presentarse vacíos en la normatividad
que rige las carreras especiales como la de la Rama Judicial, por lo que debe
acudirse lo dispuesto en el artículo 5 de la norma que contiene los criterios para
identificar los cargos de libre nombramiento y remoción que se refieren a i) las
funciones asignadas que son de dirección, conducción y orientación
institucionales; ii) la especial confianza que implica su desempeño y; iii) que el
ejercicio de la funciones suponga administración y manejo directo de bienes,
dineros y/o valores del Estado.
e. Al analizar las funciones el cargo de director ejecutivo Seccional previstas en el
artículo 103 de la ley 270 de 1993, estableció la Sección Segunda Subsección A,
que se trata de un empleo de libre nombramiento y remoción, pues no solo se
tratan de funciones de dirección, conducción y orientación institucionales, sino que
también, comprenden la administración y manejo de bienes y dineros del Estado
que implican especial confianza en su ejercicio.
f. Agregó que, a esa misma conclusión había llegado la Sección Segunda en
sentencia del 20 de mayo de 2021 proferida dentro del proceso con radicado
47001-23-31-000-2012-00382- 01(1152-2015), además, que por disposición del
artículo 99 de la Ley 270 de 1996 el Director Seccional es nombrado por el Director
Ejecutivo de Administración Judicial de ternas presentadas por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, sin que se exija un concurso
de méritos previo.
2.6.2. Los fundamentos de la acción de tutela y de la impugnación se centran en lo
siguiente i) que el cargo de Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial se
equipara al de Magistrado de Consejo Seccional, y por ende corresponde a un cargo
de carrera administrativa y; ii) la sentencia censurada incurrió en un error de
interpretación normativa, y que de avalarse la tesis que expone la parte actora se
habrían concedido las pretensiones de la demanda, pues alude a la improcedencia de
acudir a los lineamientos de la ley 909 de 2004 para clasificar el cargo de Director
Seccional en la categoría de libre nombramiento y remoción.
Al respecto, de la revisión las actuaciones procesales, la Sala observa que la autoridad
accionada expuso con claridad las razones jurídicas a partir de las cuales llegó a la
conclusión de que el cargo de Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial
es de libre nombramiento y remoción, y que por tal motivo el accionante no ocupaba un
cargo de carrera por lo que primaba la facultad discrecional del nominador y no era
necesario adelantar un concurso de méritos para proceder con desvinculación.
Por otro lado, en los fundamentos de la decisión censurada se consignó la motivación
de interpretación legal que fundamentó la aplicación de los lineamientos de la Ley 909
de 2004 para establecer la naturaleza del cargo del que fue desvinculado el actor, y las
consideraciones que llevaron a la autoridad judicial accionada a precisar la existencia
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de un vacío legal para el caso concreto en cuanto a que la ley 270 de 1996 no contiene
la clasificación del cargo.
En consecuencia, no es viable considerar que la decisión sea arbitraria o caprichosa,
pues encuentra respaldo en la interpretación normativa que realizó la Sección Segunda
del Consejo de Estado como órganon de cierre en materia laboral, acompañada
además del sustento jurisprudencial materializado en la sentencia del 20 de mayo de
2021 proferida dentro del proceso con radicado 47001-23-31-000-2012-00382- 01 –
citada – que decidió un asunto similar.
En tal sentido, esta Corporación precisa que no es suficiente para que una acción
supere el requisito de relevancia constitucional, que en la solicitud de amparo se afirme
la vulneración de derechos fundamentales y se expongan argumentos, puesto que, en
términos de la Corte Constitucional, es necesario “(i) preservar la competencia y la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por
tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad;
(ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
de los jueces”22.
Asimismo, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través
del amparo, la Corte Constitucional23 claramente indicó que no basta con la mención
de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, sino, que, para entender como acreditado el requisito general de procedencia
de relevancia constitucional se requiere demostrar i) su existencia; ii) su carácter
desproporcionado y; iii) su carácter arbitrario. Así, la parte actora debe aportar
elementos suficientes que permitan al Juez constitucional advertir la vulneración.
A partir de lo anterior, la Sala considera que el escrito de amparo no superó el requisito
de relevancia constitucional, pues, la parte actora, lejos de exponer las circunstancias
por las que consideró que la decisión censurada vulneró sus derechos fundamentales,
procuró utilizar la acción de tutela como una tercera instancia para plantear su
inconformidad, agotar un nuevo debate y obtener una decisión favorable a sus
pretensiones; esto, por cuanto sus argumentos se dirigen únicamente a debatir los
fundamentos legales y jurisprudenciales de la decisión censurada con miras a que se
profiera una nueva sentencia en donde se concedan las pretensiones del proceso
ordinario pese a que la Corte Constitucional ha indicado con precisión que “la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado”24.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 18 de marzo de 2024, proferida por la
Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, por las razones expuestas en
esta providencia.
22 Sentencia SU-573 de 2019
23 Sentencia SU215/22
24 Sentencia SU215/22
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
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