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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00733-00

Fecha
4 de abril de 2024
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00733-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Gloria Nubia Gómez Rengifo, quien actúa por conducto de apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y el Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-00733-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

4 de abril de 2024

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00733-00
Actora: Gloria Nubia Gómez Rengifo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00733-00
Demandante: GLORIA NUBIA GÓMEZ RENGIFO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN “A” Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de anular acto administrativo
que negó el reconocimiento de una pensión gracia. Requisito general
de la relevancia constitucional cuando se acude como instancia
adicional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Gloria Nubia Gómez Rengifo, quien actúa por conducto
de apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
“A” y el Tribunal Administrativo del Cauca, en la que pide el amparo constitucional
de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, supuestamente
vulnerados con las decisiones de 7 de septiembre de 2023 y 14 de abril de 2015,
en su orden, mediante las cuales se negaron las pretensiones del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales -
UGPP- (rad. No. 19-001-23-33-000-2014-00036-01).

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante relató que nació el 24 de octubre de 1948 y tiene 76 años de edad.

Mencionó que estuvo vinculada como docente desde el 18 de septiembre de 1970
hasta el 24 de octubre de 2013 en los municipios de Buenos Aires, Cauca,
Santander de Quilichao y el municipio del Huila, cotizando al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), por lo que el 29 de marzo de 2011
presentó petición de reconocimiento y pago de la pensión gracia ante Cajanal
EICE.

Sostuvo que la solicitud fue negada por medio de las Resoluciones Nos. UGM
042158 de 10 de abril de 2012 y UGM 054371 de 15 de agosto del mismo año, por
no cumplir con los requisitos, bajo el argumento de que Cajanal EICE consideró
que su vinculación como docente fue de carácter nacional en el periodo
comprendido entre el 21 de septiembre de 1970 al 30 de agosto de 1981 y del 21
de septiembre de 1993 al 30 de abril de 2011.

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1

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Actora: Gloria Nubia Gómez Rengifo

Por lo anterior, aseveró que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó demanda con el fin de que se declarara la
nulidad de los referidos actos administrativos y, en consecuencia, se accediera al
reconocimiento de la pensión gracia teniendo en cuenta que es una “docente
territorial o nacionalizada con 20 años de servicio y más de 50 años de edad”.

Indicó que el proceso correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del
Cauca, que por sentencia de 14 de abril de 2015 negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que no es posible computar el tiempo laborado por la
demandante entre el 21 de septiembre de 1993 y el 30 de abril de 2011, porque
conforme con el acta de posesión que allegó la UGPP, la docente fue nombrada
para ocupar una plaza nacional en la Escuela Núcleo Escolar de Villa Rica, por lo
que no era posible acumular dicho periodo para acceder a la prestación solicitada.

Por último, manifestó que interpuso recurso de apelación contra la referida
decisión, el cual fue desatado por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “A” en fallo de 7 de septiembre de 2023, en el sentido de confirmarla
íntegramente.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela en defensa de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, supuestamente vulnerados con
las sentencias de 7 de septiembre de 2023 y 14 de abril de 2015, proferidas por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y el Tribunal Administrativo
del Cauca, en su orden, mediante las cuales se negaron las pretensiones del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la
UGPP, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

Expresó que las decisiones judiciales acusadas incurrieron en i) defecto fáctico,
porque se valoró de manera “caprichosa y arbitraria” las pruebas presentadas en
el proceso, específicamente el Decreto 056 del 16 de septiembre de 1993
expedido por el alcalde del municipio de Santander de Quilichao, acto
administrativo que, a su juicio, demuestra que se desempeñó como docente
territorial al servicio del departamento del Cauca.

Manifestó que las autoridades judiciales demandadas determinaron que el cargo
que ocupó en el año 1993 fue de orden nacional con base en las pruebas
documentales aportadas por la Secretaría de Educación del Cauca, así como el
oficio No. 0110403 del 26 de mayo de 2011 suscrito por la directora de
afiliaciones y recaudo de Fiduprevisora, las cuales no son suficientes ni
determinantes, pues considera que se debió solicitar al Ministerio de Educación
Nacional que informara “desde que fecha el colegio nacionalizado Zenón Fabio Villegas
de Villa Rica Cauca con su planta de personal pasa a ser del orden departamental de
conformidad con la Resolución No.6270 del16 de diciembre de 1996 del Ministerio de
Educación Nacional”.

En este sentido, sostuvo que “[d]entro del plenario de pruebas aportadas al proceso no
existe certificación del Ministerio de Educación Nacional o de la Secretaría de Educación
y Cultura del departamento del Cauca que indique que el colegio Zenón Fabio Villegas de
Villa Rica Cauca a partir del 12 de diciembre de 1997 que era del orden nacionalizado
pasa a ser del orden departamental de conformidad con la Resolución No 6270 del 16 de
diciembre de 1996 expedida por el Ministerio de Educación Nacional por la cual se otorga
la certificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Ley
60 de 1993 por parte del Departamento del Cauca”, por lo que para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia el tiempo de servicio como docente
nacionalizada nombrada por el municipio de Santander de Quilichao debe
contarse a partir del 12 de diciembre de 1997 hasta la fecha de su retiro y como
tiempo nacional solo el periodo de 1993 hasta el 11 de diciembre de 1997.

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Adujo que se desconoció lo ordenado por la Sección Segunda del Consejo de
Estado en la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018,
en la cual se establece que para probar la calidad de docente se requiere copia
de los actos administrativos pues “lo importante de la prueba del tiempo de servicio y
de la vinculación, no es la denominación que se le dé, ni la forma que adopte, sino el
contenido de los datos puntuales que ofrezca alrededor del tipo de nombramiento”.

Aludió a la sentencia de la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de
Estado de 18 de mayo de 20231, para indicar que la jurisprudencia de esta
Corporación ha sido pacífica en indicar que el criterio relevante para diferenciar el
carácter territorial o nacional de una vinculación en el sector docente es que el
acto administrativo de nombramiento sea proferido por una entidad territorial,
circunstancia que considera que en su caso se cumple, toda vez que su
nombramiento fue suscrito por el alcalde del municipio de Santander de Quilichao
y pese a que tiene el visto bueno del delegado del Ministerio de Educación
Nacional, esto no lo hace de carácter nacional.

Precisó que el nombramiento que hizo el alcalde en uso de las facultadas
otorgadas en el artículo 9 de la Ley 29 de 1989, tampoco significa que su
vinculación sea nacional porque en virtud de la norma “se asignaron a los alcaldes
municipales las funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y en general
administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos
nacional o nacionalizado, por ende, se observa que no se relacionaron atribuciones
legales que fueran ajenas a su condición natural de autoridad territorial ni que estuviera
adelantando el nombramiento en representación de la Nación, además fue suscrito por
este y el secretario, es decir, sin intervención alguna de representantes del Gobierno
nacional”.

Por otra parte, adujo que también se incurrió en ii) defecto sustantivo, por
desconocer lo expresado por “la Corte Constitucional, en relación al estudio de
constitucionalidad del artículo 15 del numeral segundo, letra b, de la Ley 91 de 1989, por
la Corte Constitucional, en relación al estudio de constitucionalidad del artículo 15 del
numeral segundo, letra b, de la Ley 91 de 1989”.

Afirmó que no se tuvo en cuenta que de acuerdo con los artículos 29 del Decreto
3157 de 1968 y 60 de la Ley 24 de 1988, los Fondos Educativos Regionales
estaban conformados por recursos provenientes del “Situado Fiscal” y de las
entidades territoriales, de manera que atendían los gastos atinentes a los
docentes nacionales y nacionalizados y que conforme con el artículo 356 de la
Carta Política, el dinero del situado fiscal pertenece a las entidades territoriales en
calidad de rentas exógenas, por lo que los docentes nacionalizados no podían ser
considerados nacionales ya que los recursos destinados para su sostenimiento no
provenían exclusivamente de la Nación.

Así mismo, indicó que las providencias cuestionadas adolecen de iii)
desconocimiento del precedente judicial, porque se apartan de lo definido por
la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación CE-
SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 y en el fallo de 4 de mayo de 2023 2. Citó
apartes de dichas sentencias -con el fin de evidenciar que son casos en los que
analizaron los actos de nombramiento se determinó que la vinculación de los
demandantes fue de carácter territorial.

Indicó que se vulneró el derecho a la igualdad y para desarrollar el cargo se refirió
a las citadas decisiones para insistir que las autoridades judiciales demandadas no
practicaron una prueba eficiente que demostrara que el cargo que ocupó la
demandante en la institución educativa Zeón Fabio Villegas de Villa Rica era de

1
Radicado No. 05001 23 33 000 2018 01874 01, C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
2
Radicado No. 2013-00455-01, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Actora: Gloria Nubia Gómez Rengifo

naturaleza territorial, toda vez que de conformidad con la Resolución No. 6270 de
16 de diciembre de 1996 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, a
partir de 15 de diciembre de 1997 dicha institución pasaba ser de orden
departamental.

Finalmente, de manera general adujo que tiene derecho al reconocimiento y pago
de la pensión gracia en virtud de lo ordenado en las sentencias de la Sección
Segunda del Consejo de Estado de 29 de febrero de 2016 3, 8 de febrero de 20184
y 18 de mayo de 20235.

3. Pretensiones

La accionante formuló las siguientes:

“PRIMERO: Declarar que la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado al confirmar el fallo de primer grado del 21 de Junio de 2018, radicado
bajo el número 19901-33-33-000-2014-00036-00 suscrito por el Tribunal
Administrativo del Cauca mediante sentencia del 07 de SEPTIEMBRE de 2023
Radicación No 19001-23-33-000-2014-00036-01, número interno 2509-2015
por la cual se niegan las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho tendiente a obtener el reconocimiento y pago de
la pensión gracia, ha vulnerado los derechos fundamentales a la igualdad
frente a la ley y la jurisprudencia, el principio de favorabilidad en materia
laboral, el debido proceso judicial y acceso efectivo a la administración de
justicia, que le corresponde a la señora GLORIA NUBIA GOMENZ RENGIFO
en su condición de docente TERRITORIAL O NACIONALIZADA vinculada
antes del 31 de diciembre de 1980.

SEGUNDO: En consecuencia DECLARAR que la sentencia de segundo grado
de septiembre 07 de 2023, Radicación 19001-23-33-000-2014- 00036-01,
número interno 2509-2015 proferida por el honorable Consejo de Estado
carece de efectos legales.

TERCERO. En su lugar ORDENAR a la corporación judicial demandada para
que profiera nueva sentencia, previo análisis de los actos de nombramiento
cotejados con la historia laboral, respetando el precedente jurisprudencial del
Consejo de Estado, especialmente en la sentencia unificada SUJ-1152 DE
JUNIO 21 de 2018. Exp. 2500-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014) proferido
por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el resto de
las sentencias que conforman la línea jurisprudencial aplicable al caso, igual
tenga en cuenta la Resolución No 6270 del 16 de diciembre de 1996 del
Ministerio de Educación nacional, mediante la cual se le otorga la certificación
en educación al departamento del Cauca en cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 14 de la Ley 60 de 1993 por parte del Ministerio de
Educación donde se registra el informe sobre los mecanismos y formalidades
de incorporación de PLANTELES NACIONALES al departamento del Cauca
(Numeral 6) que se anexa a este trámite judicial donde se anexa el Acta de
entrega de personal, bienes y administración del situado fiscal al Departamento
del Cauca por parte del MEN.

CUARTO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.,
realizar los trámites pertinentes para reconocer y pagar la pensión gracia a la
señora GLORIA NUBIA GOMEZ RENGIFO”.

3
Radicado No. 25000-23-42-000-2012-01774-01.
4
Radicado No. 25000-23-42-000-2013-05759-01.
5
Radicado No. 05001 23 33 000 2018 01874 01.

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4

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Actora: Gloria Nubia Gómez Rengifo

4. Pruebas relevantes

El Tribunal Administrativo del Cauca remitió el expediente digital del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, rad. No. 19-001-23-33-000-
2014-00036-01, accionante: Gloria Nubia Gómez Rengifo.

5. Trámite procesal

Por auto de 20 de febrero de 2024, la magistrada sustanciadora admitió la
demanda de tutela y ordenó notificar a las autoridades judiciales demandadas, así
como al Tribunal Administrativo del Cauca y a la UGPP como terceros interesados
en el resultado del proceso.

De igual forma, dispuso oficiar al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “A” y al Tribunal Administrativo del Cauca, en el evento de que el
expediente hubiese sido devuelto, para que allegara copia digitalizada del proceso
19001-23-33-000-2014-00036-01, demandante: Gloria Nubia Gómez Rengifo.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 167202 a 167210
de 21 de febrero de 20246, con el fin de notificar a las partes.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-

La subdirectora de Defensa Judicial Pensional en encargo rindió informe en el que
solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela por cuanto, las
decisiones objeto de reproche no incurrieron en los defectos alegados toda vez
que se ajustaron al ordenamiento legal y jurisprudencial que regulan el
reconocimiento de la pensión gracia, aunado al hecho de que la accionante
pretende utilizar el amparo constitucional como una tercera instancia del proceso
ordinario para revisar las decisiones del juez competente.

Sostuvo que lo pretendido en la solicitud se torna improcedente teniendo en
cuenta que la accionante busca sustituir las decisiones judiciales respecto de las
cuales se configuró la cosa juzgada, por lo que la acción de tutela no es la vía ni el
mecanismo para controvertirlas, máxime cuando no se le ha vulnerado derecho
alguno.

Expuso que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se encontró
probado que la demandante no reunía los requisitos para el reconocimiento de la
pensión gracia, específicamente, los 20 años de servicio en la docencia en la
modalidad de vinculación de orden departamental, municipal o distrital, por lo que
es inviable revocar las decisiones controvertidas.

Refirió que la demandante no demostró un perjuicio irremediable o la afectación al
mínimo vital, en tanto se encuentra pensionada por Fiduciaria La Previsora S.A.
del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio con “tope máximo de pensión”.

6
La parte accionante, las autoridades judiciales demandadas y los terceros interesados fueron notificados a
las siguientes direcciones de correo electrónico: plantigrado100@hotmail.com,
notifjduque@consejodeestado.gov.co, notifrsuarez@consejodeestado.gov.co, despachorfsv@gmail.com,
notifgvalbuena@consejodeestado.gov.co, dgavirias@consejodeestado.gov.co,
agencia@defensajuridica.gov.co, notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co,
ces2secr@consejodeestado.gov.co, stadmcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co,
sgtadmincau@notificacionesrj.gov.co, notificacionesjudiciales@ugpp.gov.co, defensajudicial@ugpp.gov.co,

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Finalmente, señaló que tampoco no se encuentra cumplido el requisito de
subsidiaridad porque no se inició “el recurso extraordinario contra la sentencia hoy
controvertida pues es allí donde se deberá controvertir las inconformidades de
quien hoy acciona”.

6.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” y el Tribunal
Administrativo del Cauca allegaron el expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin pronunciarse sobre la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Consejo de Estado Sección Segunda,
Subsección “A” y el Tribunal Administrativo del Cauca con las sentencias de 7 de
septiembre de 2023 y 14 de abril de 2015, en su orden, en las que se negaron las
pretensiones relacionadas con el reconocimiento y pago de la pensión gracia,
vulneraron a la accionante los derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad, al incurrir en:

i) Defecto fáctico, porque se valoró de manera “caprichosa y arbitraria” el Decreto
056 del 16 de septiembre de 1993 expedido por el alcalde del municipio de
Santander de Quilichao, por medio del cual fue nombrada como docente.

Además, porque no se requirió al Ministerio de Educación Nacional o la Secretaría
de Educación y Cultura del Cauca para que indicaran que conforme con la
Resolución No. 6270 del 16 de diciembre de 1996, el Instituto Educativo Zenón
Fabio Villegas de Villa Rica Cauca, a partir del 12 de diciembre de 1997 pasó a ser
del orden departamental.

ii) Defecto sustantivo, porque no se tuvo en cuenta que de acuerdo con los
artículos 29 del Decreto 3157 de 1968 y 60 de la Ley 24 de 1988 y 356 de la
Constitución Política, los recursos del situado fiscal pertenecen a las entidades
territoriales en calidad de rentas exógenas, por lo que los docentes nacionalizados
no podían ser considerados nacionales ya que los recursos destinados para su
sostenimiento no prevenían exclusivamente de la Nación.

iii) Desconocimiento del precedente judicial, por desconocer lo establecido por
la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación CE-
SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 y en los fallos de 29 de febrero de 2016 7, 8
8 9
de febrero de 2018 , 4 de mayo de 2023 y 18 de mayo de 2023 .

De manera previa, en razón a que se observa una similitud en los argumentos
expuestos en el escrito de tutela con los desarrollados en el curso del proceso
ordinario, la Sala deberá establecer si la acción de tutela cumple con el
presupuesto de la relevancia constitucional.

7
Radicado No. 25000-23-42-000-2012-01774-01.
8
Radicado No. 25000-23-42-000-2013-05759-01.
9
Radicado No. 05001 23 33 000 2018 01874 01.

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3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones10.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 200511, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional12.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala13, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para
el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para
cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las
razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi.
De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque
sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la

10
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
11
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
12
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
13
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00733-00
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obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las
decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de
los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no
se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La señora Gloria Nubia Gómez Rengifo, en ejercicio de la acción de tutela,
manifiesta que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y el
Tribunal Administrativo del Cauca con las decisiones de 7 de septiembre de 2023
y 14 de abril de 2015, respectivamente, vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad, al negar las pretensiones de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho encaminadas a obtener el reconocimiento y pago de
la pensión gracia.

A juicio de la accionante, se incurrió en defecto fáctico porque se valoró de forma
caprichosa y arbitraria el Decreto 056 del 16 de septiembre de 1993, por medio del
cual fue nombrada como docente en el colegio Zenón Fabio Villegas de Villa Rica,
pues considera que debido a que el documento fue suscrito por el alcalde del
municipio de Santander de Quilichao su vinculación es de carácter territorial.

Además, consideró que las decisiones objeto de reproche adolecen de dicho
defecto porque no se requirió al Ministerio de Educación Nacional o la Secretaría
de Educación y Cultura del Cauca para que indicaran que conforme con la
Resolución No. 6270 del 16 de diciembre de 1996, el Instituto Educativo Zenón
Fabio Villegas de Villa Rica, a partir del 12 de diciembre de 1997 pasó a ser del
orden departamental.

De igual forma, afirmó que se incurrió en defecto sustantivo por no tener en
cuenta que de conformidad con los artículos 29 del Decreto 3157 de 1968 y 60 de
la Ley 24 de 1988 y 356 de la Constitución, los recursos del situado fiscal
pertenecen a las entidades territoriales en calidad de rentas exógenas, por lo que
los docentes nacionalizados no podían ser considerados nacionales ya que los
recursos destinados para su sostenimiento no prevenían exclusivamente de la
Nación.

Por último, de manera general alegó desconocimiento del precedente judicial
específicamente lo establecido por la Sección Segunda del Consejo de Estado en
la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 y en los fallos
15
de 29 de febrero de 201614, 8 de febrero de 2018 , de 4 de mayo de 2023, 18 de
mayo de 202316.

4.2. La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela porque
no cumple el requisito de la relevancia constitucional, en tanto se acude a ella con
la intención de dar continuidad al debate legal que fue resuelto en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.

14
Radicado No. 25000-23-42-000-2012-01774-01.
15
Radicado No. 25000-23-42-000-2013-05759-01.
16
Radicado No. 05001 23 33 000 2018 01874 01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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8

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00733-00
Actora: Gloria Nubia Gómez Rengifo

Con el fin de respaldar esa determinación, se realizará un breve recuento de
algunas actuaciones que se surtieron en ese trámite judicial, así:

La señora Gloria Nubia Gómez Rengifo presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP, con el fin de que se anularan las
Resoluciones UGM 042158 del 10 de abril de 2012 y UGM 054371 del 15 de
agosto de 2012, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago la
pensión gracia, y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se
condenara la entidad demandada a reconocer, liquidar y pagar la mencionada
prestación.

El Tribunal Administrativo del Cauca en fallo de 14 de abril de 2015 negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la accionante, al considerar
que la demandante no cumplió con los requisitos señalados en el artículo 4 de la
Ley 114 de 1913, específicamente, no se acreditaron los 20 años de servicio en
planteles educativos de orden territorial. En ese sentido, expuso que “no es posible
computar el tiempo laborado por aquella entre el 21 de septiembre de 1993 y el 30 de
abril de 2011, ello en razón a que existe como prueba un acta de posesión que aportó en
medio magnético la entidad demandada donde se evidencia que la docente fue
nombrada para ocupar una plaza nacional en la Escuela Núcleo Escolar de Villa Rica
(Cauca), condición que le impedía acumular tal período a fin de acceder a la prestación
solicitada, y en consecuencia, no logra acreditar la exigencia fundamental para consolidar
17
el derecho pretendido” .

La parte actora interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,
sustentado principalmente indicó “que no se tuvo en cuenta como prueba el hecho de
que con base en el Decreto 0495 del 1º de junio de 2007, el gobernador del
departamento del Cauca decidió incorporar a la señora Gómez Rengifo a la planta de
personal docente de la entidad financiada con recursos del SGP, lo cual la vuelve una
educadora nacionalizada y no nacional como aduce la parte pasiva. Que teniendo en
cuenta que la misma UGPP reconoce como tiempos de servicio en plazas nacionalizadas
los causados entre el 21 de septiembre de 1970 y el 30 de agosto de 1981, así como
desde el 30 de septiembre de 1985 hasta el 17 de enero de 1993, se encuentra
demostrado que la accionante cumplió con el requisito de acumular 20 años de labor
oficial educativa que le permiten acceder al derecho pensional solicitado” .
18

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en sentencia de 7 de
septiembre de 2023, confirmó la decisión de primera instancia, para lo cual, en
primer término, se refirió al material probatorio y en relación con el Decreto 056
del 16 de septiembre de 1993, expuso lo siguiente:

“Seguidamente, se tiene como prueba el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral emitido el 13 de agosto de 2015 por la Secretaría de
Educación Departamental del Cauca, en el que se precisa que la recurrente se
desempeñó como docente al servicio de dicha entidad territorial desde el 21 de
septiembre de 1993 hasta el 24 de octubre de 2013, período respecto del cual se
presenta la discusión, pues la parte activa asegura que fue en calidad de maestra
oficial municipal, mientras que la UGPP sostiene que lo fue como nacional.

Ahora, en punto a la aludida relación legal y reglamentaria se destaca que, en efecto,
en virtud del Decreto 056 del 16 de septiembre de 1993, el alcalde del municipio de
Santander de Quilichao (Cauca) nombró a la accionante en el referido cargo, para el
cual tomó posesión el 21 de septiembre del mismo año, ello bajo las consideraciones
que se extraen de las siguientes imágenes (…).

Como se observa, en el referido acto administrativo expresamente se indica que este
nombramiento efectuado por la mencionada autoridad municipal, se hacía en virtud de
lo previsto en el artículo 9° de la Ley 29 de 1989, el cual consagra que (…).

17
Resumen de la sentencia de segunda instancia de 7 de septiembre de 2023, Consejo de Estado, Sección
Segunda Subsección “A”.
18
Ibidem.

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9

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00733-00
Actora: Gloria Nubia Gómez Rengifo

Pues bien, en el presente caso se observa que la apelante estuvo vinculada en un
empleo provisto para el «Colegio Nacional Núcleo Escolar Rural de Villarrica» que
funcionaba en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca), esto es, en una
institución educativa del orden nacional como su propio nombre lo indica, lo cual
permite considerar en principio que sus plazas eran de la misma naturaleza.

Al respecto es de resaltar que si bien de conformidad con el artículo 6º de la Ley 19 de
1979, el referido colegio anexo al Núcleo Escolar de Villarrica fue nacionalizado y por lo
tanto para efectos académicos pasaría a denominarse «Instituto Técnico Agrícola
“Senón Fabio Villegas del Norte del Cauca”», tal situación no conllevó el cambio de la
calidad jurídica de los cargos docentes que desde el comienzo hacían parte de la
respectiva planta de personal, esto en la medida en que el referido establecimiento
tampoco cambió su carácter nacional como el mismo director del núcleo de desarrollo
educativo de Santander de Quilichao lo manifestó en el certificado que suscribió el 12
de agosto de 1999.

Esto se afirma además en la medida en que, en virtud del Oficio de la misma fecha
suscrito por el rector del mencionado plantel educativo, se señaló expresamente que la
señora Gómez Rengifo había laborado como educadora nombrada en propiedad en
una plaza del orden nacional, tal como se aprecia de la siguiente imagen.

Adicionalmente, la calidad de docente nacional en comento también fue ratificada por la
coordinadora (E) de la Oficina de Hojas de Vida y Kardex, adscrita a la Secretaría de
Gestión Institucional de la Gobernación del Cauca y por la coordinadora de la Oficina
de Personal de esta misma entidad, cuando a través de Oficios GHVK-288 del 29 de
agosto de 2000 y HVK-246 del 13 de julio de 2000 respectivamente (…).

De hecho, la naturaleza jurídica de la plaza ocupada por la recurrente durante el
período bajo examen, se corrobora como nacional en virtud de las certificaciones de
tiempo de servicio del 24 de agosto de 2000 y del 2 de junio de 2011 emitidas por las
Secretarías de Gestión Institucional y de Educación del departamento del Cauca
respectivamente, así como del Oficio 1010403 del 26 de mayo de 2011 suscrito por la
directora de afiliaciones y recaudo (E) de la Fiduprevisora S.A., documentos a partir de
los cuales se resalta lo que se aprecia en las imágenes que se colocan de presente a
continuación (…).

Incluso, debe tenerse en cuenta que a esta conclusión se arriba no solo a partir de este
último documento, sino también de los demás elementos probatorios, particularmente
los recaudados como pruebas de oficio decretadas por la Subsección mediante auto
del 21 de junio de 2018, los cuales convalidan lo anterior al demostrar de manera
inequívoca y reiterada que la reclamante fue vinculada en el cargo de docente en una
plaza propia de la Nación a partir del 21 de septiembre de 1993. Es decir, en razón de
un análisis integral y sistemático del material probatorio, debe desestimarse lo indicado
solamente en la certificación del 9 de agosto de 2010, y en consecuencia deducir de
manera lógica que la relación legal y reglamentaria de la accionante desde aquella
fecha, fue del orden nacional.

Bajo este contexto, en este caso es dable asegurar que el nombramiento y diligencia
de posesión llevadas a cabo por el alcalde de Santander de Quilichao (Cauca), se
dieron por autorización legal del artículo 9° de la Ley 29 de 1989, esto es, en orden de
que con fundamento en la figura de la desconcentración, tal autoridad administrara el
personal de maestros oficiales nacionales de aquel municipio, pero en nombre y
representación del Ministerio de Educación, y no como si se tratara de empleados de la
planta de personal de la entidad territorial.”

Luego, aludió a lo relacionado con los fondos educativos de la siguiente manera:

“En todo caso, aun si se plantea que con motivo de la mencionada incorporación el
centro de costos para asumir las acreencias laborales del personal docente
corresponde al SGP a través del FER, debe precisarse que como se adujo en la
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, «[…] los fondos educativos regionales
atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales
y nacionalizados […]», es decir, para ambos tipos de maestros, por lo que el origen de
los recursos destinados a financiarlos no es criterio suficiente ni indispensable para
determinar la calidad del vínculo laboral de aquellos.

Para el efecto, lo que resulta necesario es identificar cómo fue el nombramiento del
educador en lo que respecta a la entidad que lo haya designado como tal, así como la
plaza materialmente ocupada por este, de manera que tampoco sería adecuado afirmar

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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10

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00733-00
Actora: Gloria Nubia Gómez Rengifo

que se dio un cambio de relación legal por las anteriores razones, habida cuenta de
que como quedó demostrado en esta causa judicial, esta se dio por decisión de un
municipio en representación de la Nación con base en la normativa precitada”.

Finalmente, concluyó que en el periodo comprendido “entre el 21 de septiembre de
1993 y el 24 de octubre de 2013, no podría ser tenido en cuenta para colmar la exigencia
bajo estudio necesaria a fin de acceder al derecho en litigio, pues este tiempo de servicio
es incompatible con la finalidad de la prestación conforme a los presupuestos de la Ley
114 de 1913”.

4.3. Bajo el escenario expuesto, la Sala observa que la parte demandante emplea
la acción de tutela para dar continuidad al debate superado en el trámite del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pues, como se evidenció, los
reproches planteados en la acción de tutela fueron desarrollados en el curso del
proceso ordinario, concluyendo que no se acreditaron los requisitos establecidos
en la Ley 114 de 1913 para acceder a la pensión gracia, pues se encontró
probado que su vinculación como docente por medio del Decreto 056 del 16 de
septiembre de 1993, fue de carácter nacional, por lo que ese tiempo no podía
computarse para acceder a dicho reconocimiento.

En efecto, la Sala evidencia que la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo
de Estado analizó tanto las pruebas aportadas por la demandante, así como las
decretadas de oficio por auto del 21 de junio de 2018, tendientes a evidenciar la
naturaleza de la vinculación de la actora a partir del 21 de septiembre de 1993, sin
embargo, del análisis en conjunto de estos elementos de convicción, llegó a la
conclusión que la relación legal y reglamentaria fue del orden nacional.

Entonces, se advierte que se resolvieron los mismos aspectos controvertidos en la
acción de tutela, pues se estudió la naturaleza de la vinculación que se realizó a
través del Decreto 056 de 16 de septiembre de 1993 a partir de otros documentos
allegados al proceso y, además, se explicó que conforme con la Sentencia de
Unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, los fondos del situado fiscal
atienen los gastos que se generan de los servicios educativos de los docentes sin
importar el tipo de maestro, por lo que el origen de los recursos no es criterio para
determinar la calidad del vínculo laboral, lo que demuestra sin lugar a dudas que la
accionante plantea es una discrepancia con las decisiones objeto de reproche
constitucional, sin que esto sea una causal de vulneración de los derechos
fundamentales incoados.

Adicionalmente, se tiene que si bien la demandante sostuvo que se desconoció la
sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 y los fallos de
29 de febrero de 201619, 8 de febrero de 201820, de 4 de mayo de 202321, 18 de
mayo de 202322 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo cierto es que,
como se mencionó anteriormente, la autoridades judiciales accionadas tuvieron en
cuenta la jurisprudencia de esta Corporación en relación con la pensión gracia,
motivo por el cual lo que se evidencia es la intención de continuar al debate
normativo probatorio que ya fue suficientemente desarrollado en las decisiones
objeto de reproche constitucional, relativo a la naturaleza de la plaza en la que
desempeñaba como docente, porque no está de acuerdo con la apreciación del
marco normativo, del precedente judicial y de las pruebas obrantes en el proceso.

En ese orden, es claro el desacuerdo de la accionante con las decisiones
proferidas en el marco de nulidad y restablecimiento del derecho y es lo que la
motivó a presentar la acción de tutela, lo que evidencia el propósito de continuar
19
Radicado No. 25000-23-42-000-2012-01774-01.
20
Radicado No. 25000-23-42-000-2013-05759-01.
21
Radicado No. 2013-00455-01, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
22
Radicado No. 05001 23 33 000 2018 01874 01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00733-00
Actora: Gloria Nubia Gómez Rengifo

con un debate que ya fue abordado por el juez natural del asunto, en sus dos
instancias. Además, se trata de una discusión que tiene contornos de estricta
naturaleza legal, que en nada involucra una discusión constitucional que pueda
habilitar el estudio de fondo de la solicitud, lo que conduce a darle una dimensión
de peso mayor a los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 201923, estableció
que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”24 (Negrilla y
resalta de la Sala)

En la sentencia SU-215 de 202225, recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que “la controversia no debe
limitarse a una puramente legal y/o económica”. De allí que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios,
pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección de los derechos efectiva de los derechos fundamentales y
no a problemas de carácter legal”.

Adicionalmente, valga indicar que la verificación de la relevancia constitucional
adquiere mayor importancia en este caso teniendo en cuenta que se trata de una
providencia emitida por una Alta Corporación, el Consejo de Estado Sección
Segunda, Subsección “A”.

En efecto, cuando se trata de providencias proferidas por una alta corporación, el
cumplimiento de este presupuesto se hace más estricto, en atención a que dichas
autoridades son las llamadas a definir y unificar la jurisprudencia en sus
respectivas jurisdicciones, por lo que el mecanismo constitucional solo procede
“cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente
incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance
y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la
imperiosa intervención del juez constitucional”26.

Lo expuesto es suficiente para concluir que los reproches expresados en la acción
de tutela son los mismos argumentos de naturaleza legal expuestos en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, los cuales fueron resueltos en ambas
instancias, sin embargo, emplea la acción de tutela para dar continuidad al debate
motivado por el desacuerdo con la valoración probatoria realizada en la decisión
judicial cuestionada, lo que resulta abiertamente improcedente.

Por las razones expuestas, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por
no cumplir el presupuesto de relevancia constitucional.

23
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
24
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
25
M.P. Natalia Ángel Cabo.
26
Corte Constitucional, sentencia SU-917 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Reiterada en las
sentencias SU-131 de 2013, M.P. (E) Alexei Egor Julio Estrada, SU-050 de 2017, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00733-00
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III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Gloria Nubia Gómez Rengifo, quien actúa por conducto de apoderado
judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y el
Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN

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