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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2014-00036-01

Fecha
7 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2014-00036-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F AL L A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que denegó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia. TERCERO: RECONOCER personería adjetiva a las abogadas Gloria Ximena Arellano Calderón, portadora de la tarjeta profesional 123.175 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada general de la UGPP conforme al poder que le fue otorgado mediante escritura pública visible en el índice 76 de la plataforma SAMAI, así como a Carolina Nempeque Viancha, portadora de la tarjeta profesional 176.404 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderada sustituta de la demandante de acuerdo con el memorial obrante en el índice 115 del expediente. CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2014-00036-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

7 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 19001-23-33-000-2014-00036-01 (2509-2015)
Demandante: Gloria Nubia Gómez Rengifo
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente
en plazas del orden nacionalizado y nacional. Aplicación de
sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de
agosto de 2022. Condena en costas. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el catorce (14) de abril de dos mil quince (2015) por el Tribunal
Administrativo del Cauca, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la
demanda.

ANTECEDENTES

La señora GLORIA NUBIA GÓMEZ RENGIFO instauró demanda en contra de la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones, (i) UGM 042158 del 10 de abril de
2012, y (ii) UGM 054371 del 15 de agosto de 2012, por medio de las cuales se negó
el reconocimiento y pago la pensión gracia a favor de la demandante, y se confirmó
tal decisión respectivamente. Que a título de restablecimiento del derecho se

1 Folios 16 a 17.

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condene a la UGPP a reconocer, liquidar y pagar la mencionada prestación
conforme a las previsiones de la Ley 114 de 1913, con efectividad desde el 25 de
octubre de 1998.

Que se cancelen los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100
de 1993.

Que se dé cumplimiento a la sentencia conforme a las previsiones de los artículos
187, 189, 192, 194 y 195 del CPACA y se condene en costas a la parte accionada
en un monto mínimo de diez millones de pesos ($10.000.000).

HECHOS2

Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera.

Que la demandante nació el 24 de octubre de 1948. Que durante su vida laboral se
desempeñó como docente nombrada por el departamento del Cauca en los
siguientes períodos, del 21 de septiembre de 1970 al 28 de febrero de 1978, del 1º
de mayo de 1978 al 30 de agosto de 1981 y del 21 de septiembre de 1993 al 24 de
octubre de 1998. Igualmente, la actora detentó una vinculación como educadora del
departamento del Huila a partir del 30 de septiembre de 1985 y hasta el 17 de enero
de 1993.

Que el 29 de marzo de 2011, la señora Gómez Rengifo radicó ante la extinta Cajanal
EICE una solicitud tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión gracia por
haber laborado durante más de 20 años al servicio del magisterio. Que la referida
entidad negó lo reclamado a través de la Resolución UGM 042158 del 10 de abril
de 2012, por lo que la actora interpuso recurso de reposición que fue resuelto
negativamente a través de la Resolución UGM 054371 del 15 de agosto de 2012,
ello en el sentido de confirmar la decisión inicial.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 12 de febrero de 2014,3 y notificada a
la UGPP4, quien presentó memorial de contestación5 en el cual manifestó que la
accionante no cumple con los requisitos exigidos por las normas que regulan la
pensión gracia, esto es, las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 91 de 1989,
específicamente con los 20 años de servicios prestados a instituciones del orden
departamental, municipal o distrital, por lo que la referida entidad no puede

2 Folios 17 a 18.
3 Folios 32 a 34.
4 Folios 38 a 41.
5 Folios 42 a 48.

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reconocer la solicitada prestación porque transgrediría el ordenamiento jurídico.

Propuso las excepciones que denominó, (i) inexistencia de la obligación y cobro de
lo no debido, (ii) ausencia de vicios en el acto administrativo demandado, y (iii)
prescripción.

En la audiencia inicial6 se definió que las excepciones propuestas eran de mérito y
por lo tanto serían resueltas en la sentencia. Seguidamente se fijó el litigio
estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a las cuales se
orientaría la decisión, se señaló que no existía ánimo conciliatorio y se efectuó el
decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437 de 2011.

Finalmente, en razón a que no había pruebas pendientes de practicar, en la misma
diligencia se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y de esta forma
dictar sentencia en esa misma oportunidad, ello conforme al inciso final del artículo
179 del CPACA.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7

El Tribunal Administrativo del Cauca dictó sentencia oral en la audiencia inicial
celebrada el 14 de abril de 2015, a través de la cual negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte activa. Para ello se refirió al régimen
especial de la pensión gracia de los docentes oficiales dispuesto por las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, para posteriormente analizar la aplicación de
los requisitos previstos en estas normas en el caso específico de la accionante.

Al respecto, aseguró que para acceder a la pensión gracia, además del
cumplimiento de la edad, era necesario que la actora acreditara los requisitos
expresamente señalados en el artículo 4 de la Ley 114 de 1913, es decir, que en el
empleo se haya desempeñado con honradez y consagración, que no haya recibido
ni reciba actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional, y que
acredite 20 años de servicio en planteles educativos, pero solo del orden municipal
o departamental.

Que frente a la situación particular de la reclamante, no es posible computar el
tiempo laborado por aquella entre el 21 de septiembre de 1993 y el 30 de abril de
2011, ello en razón a que existe como prueba un acta de posesión que aportó en
medio magnético la entidad demandada donde se evidencia que la docente fue
nombrada para ocupar una plaza nacional en la Escuela Núcleo Escolar de Villa
Rica (Cauca), condición que le impedía acumular tal período a fin de acceder a la

6 Folios 86 a 95.
7 Folios 91 a 95.

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prestación solicitada, y en consecuencia, no logra acreditar la exigencia
fundamental para consolidar el derecho pretendido.

Que debido a que la parte activa fue vencida en juicio, debe ser condenada en
costas en un monto equivalente al 0.5% del valor de las pretensiones.

EL RECURSO DE APELACIÓN8

La parte demandante en su escrito de apelación solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia tanto en la negativa de las pretensiones como en la
condena en costas, ello por considerar que no se tuvo en cuenta como prueba el
hecho de que con base en el Decreto 0495 del 1º de junio de 2007, el gobernador
del departamento del Cauca decidió incorporar a la señora Gómez Rengifo a la
planta de personal docente de la entidad financiada con recursos del SGP, lo cual
la vuelve una educadora nacionalizada y no nacional como aduce la parte pasiva.

Que teniendo en cuenta que la misma UGPP reconoce como tiempos de servicio
en plazas nacionalizadas los causados entre el 21 de septiembre de 1970 y el 30
de agosto de 1981, así como desde el 30 de septiembre de 1985 hasta el 17 de
enero de 1993, se encuentra demostrado que la accionante cumplió con el requisito
de acumular 20 años de labor oficial educativa que le permiten acceder al derecho
pensional solicitado.

Que la condena en costas impuesta en primera instancia es injusta, toda vez que
en la actuación no se advierten actuaciones de mala fe o temeridad por parte de la
actora, más aún cuando la entidad demandada acudió para su defensa a un
abogado contratado con una asignación mensual independientemente de los
procesos que este deba asumir. Que en tal sentido, si se llega a confirmar la
imposición de esta carga, deberá considerarse la reducción del monto a uno mucho
menor.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes demandante y demandada presentaron alegaciones finales con las que
ratificaron los argumentos expuestos en la demanda, la contestación y el recurso de
apelación.9

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en esta etapa procesal.10

8 Folios 96 a 98.
9 Folios 133 a 135.
10 Según acta secretarial obrante a folio 136 del expediente.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió
con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,
especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter de territorial o
nacionalizado durante todo el tiempo de servicio. Igualmente deberá determinarse
si era procedente la condena en costas impuesta en primera instancia contra la
parte activa.

Cuestión previa - Sobre el recurso de reposición contra el auto que no avocó
conocimiento para unificación de jurisprudencia

Antes de abordar el caso concreto, la Sala observa que mediante memorial que obra
en la plataforma SAMAI,11 la UGPP interpuso recurso de reposición contra el auto
del 26 de octubre de 2022,12 por medio del cual la Sección Segunda en pleno decidió
no avocar el conocimiento de la solicitud de unificación de jurisprudencia elevada
por dicha entidad, tendiente a que se defina qué es lo que debe entenderse como
plaza docente.

Al respecto, resalta la Subsección que el artículo 271 del CPACA13 prevé en su
inciso sexto que el auto que decide si avoca o no conocimiento, no es susceptible
de recursos, razón por la cual en el presente asunto resulta improcedente la
reposición formulada por la parte accionada, al punto de tener que ser rechazada
por esa misma razón sin más consideraciones sobre el particular.

En consecuencia, se abordará seguidamente la apelación de la sentencia objeto de
análisis en esta instancia.

Marco normativo y jurisprudencial

En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar
cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar
la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley
114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

11 Índice 70 de la plataforma SAMAI.
12 Índice 64 de la plataforma SAMAI.
13 Modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021.

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Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las
escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo
6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios
departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]
de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en
su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la
ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de
los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»14. Con la expedición de la
Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de
establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o
adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo
4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se

14 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.

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desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos.

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

(..)
2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»

Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199715 señaló que,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.

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De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201816
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones.

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la

16Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.

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respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza
de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,17 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

17 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP.

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Radicado: 19001-23-33-000-2014-00036-01 (2509-2015)

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos.

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias normativas señaladas previamente para consolidar
el derecho a la pensión gracia.

No obstante, en el asunto bajo estudio deberá enfocarse dicho análisis en el
entendido de que los motivos de inconformidad del apelante único (los cuales
circunscriben por congruencia la competencia de decisión en esta instancia), se
centran y limitan en verificar si la naturaleza jurídica de las vinculaciones de la
demandante como docente oficial, fueron del orden territorial o nacionalizado que le
permitan acumular los 20 años de servicio necesarios para consolidar el derecho
pensional en litigio.

Pues bien, frente al primer requisito enunciado relacionado con la edad, se
observa que la señora Gloria Nubia Gómez Rengifo nació el 24 de octubre de
194818, de modo que cumplió los 50 años el 24 de octubre de 1998.

18 De conformidad con la copia de la cédula de ciudadanía visible a folio 15 del expediente.

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Radicado: 19001-23-33-000-2014-00036-01 (2509-2015)

Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio
de la reclamante como docente territorial o nacionalizada, (el cual es punto de
debate en esta instancia), se advierte en primer lugar que conforme al Formato
Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral emitido el 4 de
septiembre de 2018 por la Secretaría de Educación y Cultura del departamento del
Cauca,19 efectivamente la demandante laboró en la Escuela Rural de Niñas de
“ASNAZU” del municipio de Buenos Aires (Cauca) desde el 21 de septiembre de
1970 hasta el 28 de febrero de 1978, ello bajo una vinculación que según dicho
documento, se asegura que fue nacionalizada.

Pues bien, sobre el punto se destaca que en el expediente reposa el Decreto 567
del 18 de septiembre de 1970,20 por medio del cual el gobernador del departamento
de Cauca nombró a la accionante en el cargo de docente seccional de la referida
institución educativa, previsto para su propia planta de personal, del que tomó
posesión desde el 21 de septiembre del mismo año,21 tal como se aprecia de las
siguientes imágenes.

19 Folio 157.
20 Folios 161 a 166.
21 Folio 167.

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Radicado: 19001-23-33-000-2014-00036-01 (2509-2015)

Frente al análisis de la naturaleza jurídica del vínculo en comento, es adecuado
resaltar que la Corte Constitucional en sentencias C-084 de 1999, por medio de la
cual se estudió la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la Ley
91 de 1989, así como en la C-085 de 2002, precisó que,

«[…] antes de la "nacionalización" de la educación primaria y secundaria oficial
decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es
decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes
oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa
al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados
laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces
en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada "pensión gracia", de que
trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes
116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos
en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos
sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la
diversidad del empleador (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta,
establecer un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de
devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta
igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma
acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de
la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohibe (sic)
dispensar trato diferente y discriminado "por razones de sexo, raza, origen nacional
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica", nada de lo cual ocurre en
este caso. […]» (Negrilla de la Sala)

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Radicado: 19001-23-33-000-2014-00036-01 (2509-2015)

«[…] los docentes nacionalizados son los vinculados antes del 31 de diciembre de
1980, por las entidades territoriales. […]».

Del mismo modo, es pertinente señalar que en lo que respecta a la diferenciación y
clasificación de las vinculaciones docentes, fue la misma Ley 91 de 1989 la que en
su artículo 1º consagró lo siguiente.

«ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán
el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» (Líneas intencionales).

Por lo tanto, al observar que la primera vinculación de la accionante tuvo lugar a
partir del 21 de septiembre de 1970, esto es, antes del 1º de enero de 1976 e incluso
previo al 31 de diciembre de 1980, aunado al hecho de que la autoridad nominadora
fue una entidad territorial (puntualmente el departamento del Cauca), resulta
acertado asegurar que el período en mención (21 de septiembre de 1970 hasta el
28 de febrero de 1978 – 7 años, 5 meses y 7 días), efectivamente fue laborado
como docente nacionalizada y en consecuencia debe ser computado a efectos de
acumular tiempo de servicio para satisfacer el requisito de 20 años contemplado en
la Ley 114 de 1913 en orden de consolidar el derecho a la pensión gracia, tanto así
que la extinta Cajanal EICE lo reconoció de esa manera en la Resolución UGM
042158 del 10 de abril de 2012.22

De hecho, la naturaleza nacionalizada de la vinculación de la demandante se ratifica
no solo por el referido planteamiento, sino porque frente a dicho tiempo de servicio
no existe discusión en vía administrativa ni judicial por parte de la entidad
demandada, y en todo caso se aportó la certificación de información laboral del 4
de septiembre de 2018 que indica exactamente que esa fue la calidad del vínculo
sostenido durante los mencionados extremos temporales, ello incluso al margen de
que no se haya aportado alguna prueba en la que se hubiese formalizado
expresamente la nacionalización del nombramiento que inicialmente había hecho la
entidad territorial de manera autónoma, pues aquel cumpliría las condiciones
legales para habe sido objeto del proceso consagrado en la Ley 43 de 1975.

22 Folios 2 a 4.

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Radicado: 19001-23-33-000-2014-00036-01 (2509-2015)

Lo propio habrá de señalarse para el lapso de labor comprendido entre el 1º de
mayo de 1978 y el 30 de agosto de 1981 (3 años, 3 meses y 29 días). Es decir,
se tomará como una vinculación nacionalizada la sostenida por la reclamante en
virtud el nombramiento que tuvo como docente en el Colegio Fernández Guerra del
municipio de Santander de Quilichao, ello en orden de que ese tiempo también sea
tenido en cuenta en la acreditación del requisito de 20 años de servicio.

Para arribar a esta conclusión se precisa que, si bien no reposa en el expediente el
respectivo acto administrativo que nombró a la demandante durante aquel
interregno, tal condición del vínculo sí puede extraerse a partir de las certificaciones
obrantes en la actuación, tal como lo habilita la regla jurisprudencial vi) de la
sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 21 de junio de 2018,23
pues a partir del certificado del 9 de agosto de 2010 emitido por la Secretaría de
Educación Departamental del Cauca,24 así como del Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral suscrito el 14 de agosto de 2015 por
la misma autoridad,25 es dable determinar de manera inequívoca y reiterada que la
naturaleza de esta relación legal y reglamentaria también fue del orden
nacionalizado, más aún cuando no habría discusión al respecto en esta instancia si
se tiene en cuenta que la extinta Cajanal EICE reconoció dicha calidad en el acto
administrativo que negó la prestación y en primera instancia tampoco se descartó
este tiempo.

No obstante, según lo indicado en las referidas pruebas documentales, deberá
descontarse del total del tiempo laborado, los períodos durante los cuales se
certificó que la accionante tuvo licencias ordinarias en las que no prestó su servicio,
concretamente del 3 al 30 de noviembre y del 1º al 20 de diciembre de 1980, así
como del 2 de febrero al 13 de abril de 1981.

En el mismo sentido respecto de la forma de establecer el carácter nacionalizado
del vínculo laboral de la señora Gómez Rengifo, habrá de entenderse aquel
desarrollado entre el 30 de septiembre de 1985 y el 17 de enero de 1993 (7 años,
3 meses y 18 días), el cual tuvo lugar por nombramiento del departamento del Huila
según consta en los certificados de información laboral expedidos el 15 de
septiembre de 2010 y el 9 de enero de 2019 por la Secretaría de Educación de dicha
entidad territorial.26 Esto en la medida en que tanto el lapso de labor oficial como la
calidad de la relación, fueron indicadas en las referidas pruebas, así como en el
expediente administrativo27 que da cuenta de lo anterior sin que ello hubiese sido

23 «[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde

conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de
aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de
vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. […]»
24 Folios 11 a 12.
25 Folios 193 a 195.
26 Folios 13 y 184.
27 En CD obrante a folio 110.

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Radicado: 19001-23-33-000-2014-00036-01 (2509-2015)

objeto de discusión, sino todo lo contrario, convalidado por la extinta Cajanal EICE
al igual que por el tribunal de origen.

Sin embargo, del total de tiempo de servicio será descontado el relacionado en las
aludidas certificaciones como «interrupciones laborales», el cual tuvo lugar entre el
13 de julio y el 10 de octubre de 1992.

Seguidamente, se tiene como prueba el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral emitido el 13 de agosto de 2015 por la Secretaría de
Educación Departamental del Cauca,28 en el que se precisa que la recurrente se
desempeñó como docente al servicio de dicha entidad territorial desde el 21 de
septiembre de 1993 hasta el 24 de octubre de 2013, período respecto del cual se
presenta la discusión, pues la parte activa asegura que fue en calidad de maestra
oficial municipal, mientras que la UGPP sostiene que lo fue como nacional.

Ahora, en punto a la aludida relación legal y reglamentaria se destaca que, en
efecto, en virtud del Decreto 056 del 16 de septiembre de 1993,29 el alcalde del
municipio de Santander de Quilichao (Cauca) nombró a la accionante en el referido
cargo, para el cual tomó posesión el 21 de septiembre del mismo año,30 ello bajo
las consideraciones que se extraen de las siguientes imágenes.

28 Folios 191 a 192.
29 Folio 187.
30 Folio 186.

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Radicado: 19001-23-33-000-2014-00036-01 (2509-2015)

Como se observa, en el referido acto administrativo expresamente se indica que
este nombramiento efectuado por la mencionada autoridad municipal, se hacía en
virtud de lo previsto en el artículo 9° de la Ley 29 de 1989, el cual consagra que,

«[…] Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, y a los alcaldes
municipales, las funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general
administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos
nacionales o nacionalizados, plazas oficiales de colegios cooperativos, privados,
jornadas adicionales, teniendo en cuenta las normas del Estatuto Docente y la
Carrera Administrativa vigentes y que expidan en adelante el Congreso y el
Gobierno Nacional, ajustándose a los cargos vacantes de las plantas de personal
que apruebe el Gobierno Nacional y las disponibilidades presupuestales
correspondientes. […]» (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Adicionalmente, a partir del aludido decreto también se concluye que la vinculación
de la reclamante tuvo lugar con el fin de dar cumplimiento al Decreto 1706 de 1989
«Por el cual se reglamentan los artículos 7º, 10 y 18 de la Ley 29 de 1989, y se dictan otras
disposiciones», que en su parte considerativa señala de forma breve los
antecedentes y las necesidades que justificaban la expedición del acto, así,

«Que el Congreso de la República, mediante el artículo 9 de la Ley 29 de 1989,
modificó el artículo 54 la Ley 24 de 1988, asignándole al Alcalde Mayor de Bogotá,
D.E., a los demás alcaldes del país y al Intendente de la Isla de San Andrés, las
funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general, administrar
el personal docente y administrativo de los institutos educativos nacionales y
nacionalizados, plazas oficiales de colegios cooperativos, privados y jornadas
adicionales.

Que mediante el artículo 10 de la mencionada ley, se asigna temporalmente a los
Gobernadores, Intendencias y Comisarios, las atribuciones establecidas en el
considerando anterior, cuando financiera y/o administrativamente el municipio no
pueda asumir tal responsabilidad. (…)

Que según esa norma, las facultades asignadas deben ejercerse teniendo en
cuantas el Estatuto Docente y la Carrera Administrativa, vigentes.

Que en consecuencia, se requiere desarrollar una reglamentación que se adecue a
la administración comprometidos en la prestación del servicio educativo, con el fin
de racionalizarlos y asegura su correcta aplicación.» (Negrillas, subrayas y cursivas
fuera del texto original)

De ahí que deba arribarse a la conclusión de que el procedimiento que se reguló en
la norma antes transcrita hace referencia a la designación tanto de docentes
nacionales como nacionalizados, en la medida que la creación de esta obedeció a
la facultad asignada por el artículo 9 de la Ley 29 de 1989 y, por tanto, se tiene que
hacer remisión al contenido en ella dispuesto para complementar el supuesto de
hecho de la misma norma.

Recordemos que el alcance de dicho precepto es relativo a la desconcentración
administrativa al asignar como función a cargo de los alcaldes, la de nombrar,

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Radicado: 19001-23-33-000-2014-00036-01 (2509-2015)

trasladar, remover, controlar y, en general, administrar el personal docente y
administrativo de los establecimientos nacionales y nacionalizados, razón por la cual
no se puede concluir automáticamente que un nombramiento efectuado con
sustento en aquel postulado tiene alguna de esas dos connotaciones, al menos
hasta tanto no se verifiquen las demás causas y contextos de la vinculación.

Pues bien, en el presente caso se observa que la apelante estuvo vinculada en un
empleo provisto para el «Colegio Nacional Núcleo Escolar Rural de Villarrica» que
funcionaba en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca), esto es, en una
institución educativa del orden nacional como su propio nombre lo indica, lo cual
permite considerar en principio que sus plazas eran de la misma naturaleza.

Al respecto es de resaltar que si bien de conformidad con el artículo 6º de la Ley 19
de 1979,31 el referido colegio anexo al Núcleo Escolar de Villarrica fue nacionalizado
y por lo tanto para efectos académicos pasaría a denominarse «Instituto Técnico
Agrícola “Senón Fabio Villegas del Norte del Cauca”», tal situación no conllevó el
cambio de la calidad jurídica de los cargos docentes que desde el comienzo hacían
parte de la respectiva planta de personal, esto en la medida en que el referido
establecimiento tampoco cambió su carácter nacional como el mismo director del
núcleo de desarrollo educativo de Santander de Quilichao lo manifestó en el
certificado que suscribió el 12 de agosto de 1999.32

Esto se afirma además en la medida en que, en virtud del Oficio de la misma fecha
suscrito por el rector del mencionado plantel educativo,33 se señaló expresamente
que la señora Gómez Rengifo había laborado como educadora nombrada en
propiedad en una plaza del orden nacional, tal como se aprecia de la siguiente
imagen.

31 «Por la cual se nacionalizan unos Colegios de Bachillerato de Educación Media y se crean unos Institutos de

orientación Agropecuaria en los Departamentos del Cauca y del Valle del Cauca.» (Obrante en el expediente
administrativo aportado en CD obrante en el folio 110 del plenario.)
32 Documento en PDF que reposa en el expediente administrativo visible en CD a folio 110.
33 Idem.

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Adicionalmente, la calidad de docente nacional en comento también fue ratificada
por la coordinadora (E) de la Oficina de Hojas de Vida y Kardex, adscrita a la
Secretaría de Gestión Institucional de la Gobernación del Cauca y por la
coordinadora de la Oficina de Personal de esta misma entidad, cuando a través de
Oficios GHVK-288 del 29 de agosto de 2000 y HVK-246 del 13 de julio de 2000
respectivamente,34 se indicó de manera clara lo siguiente.

De hecho, la naturaleza jurídica de la plaza ocupada por la recurrente durante el
período bajo examen, se corrobora como nacional en virtud de las certificaciones
de tiempo de servicio del 24 de agosto de 2000 y del 2 de junio de 2011 emitidas
por las Secretarías de Gestión Institucional y de Educación del departamento del
Cauca respectivamente,35 así como del Oficio 1010403 del 26 de mayo de 2011
suscrito por la directora de afiliaciones y recaudo (E) de la Fiduprevisora S.A.,36
documentos a partir de los cuales se resalta lo que se aprecia en las imágenes que
se colocan de presente a continuación.

34 Idem.
35 Idem.
36 Idem.

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Radicado: 19001-23-33-000-2014-00036-01 (2509-2015)

Como resultado de lo anterior, se puede concluir que a pesar de que existe una
certificación de tiempos de servicio del 9 de agosto de 2010,37 que indica que la
vinculación de la actora fue como docente municipal, lo cierto es que esta es
contradictoria frente a un certificado posterior del 2 de junio de 2011 que rectifica la
información y señala con precisión que la relación en comento fue como docente
nacional.

Incluso, debe tenerse en cuenta que a esta conclusión se arriba no solo a partir de
este último documento, sino también de los demás elementos probatorios,
particularmente los recaudados como pruebas de oficio decretadas por la
Subsección mediante auto del 21 de junio de 2018,38 los cuales convalidan lo
anterior al demostrar de manera inequívoca y reiterada que la reclamante fue
vinculada en el cargo de docente en una plaza propia de la Nación a partir del 21
de septiembre de 1993. Es decir, en razón de un análisis integral y sistemático del
material probatorio, debe desestimarse lo indicado solamente en la certificación del
9 de agosto de 2010, y en consecuencia deducir de manera lógica que la relación
legal y reglamentaria de la accionante desde aquella fecha, fue del orden nacional.

Bajo este contexto, en este caso es dable asegurar que el nombramiento y diligencia
de posesión llevadas a cabo por el alcalde de Santander de Quilichao (Cauca), se
dieron por autorización legal del artículo 9° de la Ley 29 de 1989, esto es, en orden
de que con fundamento en la figura de la desconcentración, tal autoridad
administrara el personal de maestros oficiales nacionales de aquel municipio, pero
en nombre y representación del Ministerio de Educación, y no como si se tratara de
empleados de la planta de personal de la entidad territorial.

Incluso, la afirmación de la parte recurrente al manifestar que su vínculo se tornó en
municipal con motivo de la incorporación a la estructura funcional de Santander de
Quilichao, surtida el 25 de junio de 2007 en cumplimiento del Decreto 0495 del 1º
de junio del mismo año,39 no resulta adecuada en la medida en que el mentado
proceso no implica el cambio de naturaleza jurídica de la vinculación original de la
docente, configurada desde el primer momento en que fue nombrada y
posesionada, pues lo que se transfiere a otra planta de personal es la plaza
propiamente dicha, de manera que no se genera solución de continuidad ni
terminación de la relación legal primigenia, así como tampoco el comienzo de una
nueva.

Sobre el punto debe tenerse en cuenta que el artículo 6° de la Ley 60 de 1993
consagró lo siguiente.

37 Folio 11.
38 Folio 148.
39 Idem.

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«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin
solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91
de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones
o cualesquiera otras clases de remuneraciones. […]».

De igual forma, en los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001 se dispuso que, «los
docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos, que fueron
nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de
continuidad.»

En tal sentido, es claro que el fenómeno en comento no es un fundamento válido
para afirmar que en virtud de las denominadas incorporaciones (que no
corresponden a nuevos vínculos derivados de relaciones legales diferentes), los
docentes que desde el principio eran nacionales y continuaron en ejercicio de su
cargo sin solución de continuidad en las plantas de personal de las entidades
territoriales, pueden modificar la naturaleza de su primera y única vinculación con
desconocimiento de las características y condiciones jurídicas que se configuraron
para ellos desde el mismo instante en que fueron nombrados por una autoridad en
ejercicio de su facultad nominadora como lo es, por ejemplo, el Ministerio de
Educación Nacional o una entidad territorial en representación de este por mandato
del artículo 9º de la Ley 29 de 1989 como es el caso de la actora.40

En todo caso, aun si se plantea que con motivo de la mencionada incorporación el
centro de costos para asumir las acreencias laborales del personal docente
corresponde al SGP a través del FER, debe precisarse que como se adujo en la
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, «[…] los fondos educativos
regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes
nacionales y nacionalizados […]», es decir, para ambos tipos de maestros, por lo que
el origen de los recursos destinados a financiarlos no es criterio suficiente ni
indispensable para determinar la calidad del vínculo laboral de aquellos.

Para el efecto, lo que resulta necesario es identificar cómo fue el nombramiento del
educador en lo que respecta a la entidad que lo haya designado como tal, así como
la plaza materialmente ocupada por este, de manera que tampoco sería adecuado
afirmar que se dio un cambio de relación legal por las anteriores razones, habida
cuenta de que como quedó demostrado en esta causa judicial, esta se dio por
decisión de un municipio en representación de la Nación con base en la normativa
precitada.

40 Como respaldo de este postulado pueden consultarse las sentencias proferidas por la Sección Segunda,

Subsección B del 5 de agosto de 2010, radicación 2079-2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de
marzo de 2012, radicación 1146-2010 C.P. Gerardo Arenas Monsalve y del 16 de junio de 2015, radicación
68001233100020040276201.

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Radicado: 19001-23-33-000-2014-00036-01 (2509-2015)

En consecuencia, bajo el entendido de que probatoriamente se encuentra
plenamente demostrado que la señora Gómez Rengifo detentó una vinculación
como docente oficial en virtud de un nombramiento del orden nacional, se concluye
que el lapso comprendido entre el 21 de septiembre de 1993 y el 24 de octubre
de 2013 (20 años, 1 mes y 3 días), no podría ser tenido en cuenta para colmar la
exigencia bajo estudio necesaria a fin de acceder al derecho en litigio, pues este
tiempo de servicio es incompatible con la finalidad de la prestación conforme a los
presupuestos de la Ley 114 de 1913.

Por lo tanto, es claro que la parte activa no satisfizo el requisito de acreditar mínimo
20 años de servicio como docente territorial o nacionalizada exigidos por el
ordenamiento jurídico para el reconocimiento de la pensión gracia, pues para ello
habría acumulado un total de 17 años, 5 meses y 24 días en calidad de educadora
nacionalizada que no colman este presupuesto.41

Bajo tal contexto, en el entendido de que la apelante no cumplió esta exigencia que
es esencial para consolidar el derecho pretendido, resulta inane verificar los demás
requisitos señalados previamente, pues ante este primer análisis se corrobora la
necesidad de negar el reconocimiento de la prestación reclamada.

Con base en lo expuesto previamente, se estima que fue acertado el estudio
efectuado por el tribunal de origen en el fallo apelado para negar el reconocimiento
de la prestación solicitada por la accionante, de manera que habrá de confirmarse
dicha providencia.

Sobre la condena en costas de primera instancia

En lo que respecta a este punto de impugnación, la Sala en el caso particular acudirá
a la tesis que se había sostenido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, pues se entiende que la decisión de primera instancia fue proferida
previamente a la referida circunstancia.

Es decir, resultaba acertado al momento de la expedición de la sentencia apelada
(14 de abril de 2015), asumir que en virtud del criterio objetivo valorativo para la

41 Tiempo calculado con base en los períodos de labor de la demandante como docente nacionalizada, teniendo

en cuenta los lapsos de interrupción por no prestación de servicio. El resultado es el siguiente.

DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
21/09/70 28/02/78 7 5 7
1/05/78 2/11/80 2 6 1
21/12/80 1/02/81 0 1 11
14/04/81 30/08/81 0 4 16
30/09/85 12/07/92 6 9 12
11/10/92 18/01/93 0 3 7
TOTAL = 17 AÑOS, 5 MESES Y 24 DÍAS 15 28 54

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Radicado: 19001-23-33-000-2014-00036-01 (2509-2015)

imposición de las costas, debía excluirse el elemento subjetivo de la mala fe o la
temeridad de las partes y que en consecuencia procedía la referida condena contra
la demandante por haber resultado vencida en juicio y haberse demostrado la
causación de las agencias en derecho en el monto que el tribunal estimó conforme
a las previsiones del artículo 188 del CPACA y 365 del CGP, así como la demás
normativa que regula la materia.

En tal sentido, se confirmará en su totalidad el fallo apelado, incluida la decisión de
condena en costas de primera instancia a cargo de la accionante.

Condena en costas de segunda instancia

Sin perjuicio de lo anterior, respecto de la imposición de la referida carga en esta
oportunidad, se recuerda que la Subsección en sentencia del 7 de abril de dos mil
dieciséis (2016),26 concluyó que la legislación varió del Código Contencioso
Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Ahora bien, con observancia de las anteriores reglas, pero en atención a la nueva
postura del Consejo de Estado que ya ha venido analizando en cualquier caso la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica
conforme lo previsto en el inciso segundo del artículo 188 del CPACA (adicionado
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021), en el asunto particular se procederá a
estudiar dicha situación a la luz de la normativa vigente.

En el caso bajo examen, a partir de la revisión de la demanda, de la oposición a la
misma y del recurso de apelación, no se observa que sea manifiesta una carencia
de fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello,
ambas partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables en defensa
jurídica de sus intereses. Por tal motivo, al no encontrarse acreditado dicho
presupuesto normativo, no se impondrá la aludida carga en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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24

Radicado: 19001-23-33-000-2014-00036-01 (2509-2015)

F AL L A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada que denegó las pretensiones de la
demanda.

SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
demandante, según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia.

TERCERO: RECONOCER personería adjetiva a las abogadas Gloria Ximena
Arellano Calderón, portadora de la tarjeta profesional 123.175 del Consejo Superior
de la Judicatura, como apoderada general de la UGPP conforme al poder que le fue
otorgado mediante escritura pública visible en el índice 76 de la plataforma SAMAI,
así como a Carolina Nempeque Viancha, portadora de la tarjeta profesional 176.404
del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderada sustituta de la
demandante de acuerdo con el memorial obrante en el índice 115 del expediente.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

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