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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00787-00

Fecha
4 de abril de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00787-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional frente a la señora CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES por falta del requisito general de la inmediatez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la señora Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 67 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 110010315000-2024-00787-00 ACTORAS: CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES Y OTRA. SANDRA VIVIANA ALFARO YARA. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS las providencias proferidas por el JUZGADO TREINTA Y UNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN de 26 de septiembre de 2023 y 30 de enero de 2024; y por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA el 27 de septiembre de 2023. TERCERO: INSTAR a la DIRECCIÓN TÉCNICA DE REPARACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS - UARIV para que continúe aplicando anualmente el método técnico de priorización con el fin de que se establezca el turno para el respectivo desembolso de la indemnización administrativa reconocida al señor OSCAR DE JESÚS ARANGO por el hecho victimizante de desplazamiento forzado mediante la Resolución núm. 04102019-822766 de 25 de noviembre de 2020, con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia de tutela de 14 de febrero de 2023 y se logre la reparación integral a las víctimas. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 68 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 110010315000-2024-00787-00 ACTORAS: CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES Y OTRA. QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00787-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

4 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2024-00787-00
Referencia: Acción de tutela
ACTORAS: CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES y SANDRA
VIVIANA ALFARO YARA.

TESIS: DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO DE LA SEÑORA
CLECLIA ANDREA ANAYA BENAVIDES POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO
GENERAL DE LA INMEDIATEZ. AMPARA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL
DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA
SEÑORA SANDRA VIVIANA ALFARO YARA. LAS AUTORIDADES JUDICIALES
ACCIONADAS INCURRIERON EN LOS DEFECTOS SUSTANTIVO POR
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE, FÁCTICO Y VIOLACIÓN DIRECTA DE
LA CONSTITUCIÓN AL IMPONER LA SANCIÓN Y NO ACCEDER A LA SOLICITUD
DE LEVANTAMIENTO DE LA SANCIÓN POR DESACATO EN EL CASO
PARTICULAR. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA POR
DESPLAZAMIENTO FORZADO. SE DEJAN SIN EFECTO LAS PROVIDENCIAS
ACUSADAS FRENTE A LA SEÑORA SANDRA VIVIANA ALFARO YARA. SE INSTA
A LA UARIV PARA QUE CONTINUE APLICANDO CADA AÑO EL MÉTODO
TÉCNICO DE PRIORIZACIÓN CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ORDEN
DE TUTELA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y AL BUEN NOMBRE.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte

actora contra el JUZGADO TREINTA Y UNO ADMINISTRATIVO

2

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 110010315000-2024-00787-00
ACTORAS: CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES Y OTRA.

DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN1 y el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA2.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

Las señoras CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES y SANDRA

VIVIANA ALFARO YARA actuando en nombre propio, en ejercicio

de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al

debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al buen

nombre, los cuales, a su juicio, les fueron vulnerados por el

JUZGADO y el TRIBUNAL al proferir las providencias de 2 de

marzo y 26 de septiembre de 2023; y 3 de marzo y 27 de

septiembre de 2023, respectivamente, dentro de los incidentes de

desacato identificados con los números únicos de radicación

050013333031-2023-00017-02/03.

1
En adelante el Juzgado.
2
En adelante el Tribunal.

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I.2. Hechos

Indicaron que el señor OSCAR DE JESÚS ARANGO promovió acción

de tutela contra la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN

INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS -en adelante UARIV-, con el fin de

que se amparara su derecho fundamental de petición, habida cuenta

que no se le había informado sobre una fecha, plazo o turno para el

pago de la indemnización administrativa por el hecho victimizante de

desplazamiento forzado, reconocida mediante la Resolución núm.

04102019-822766 de 25 de noviembre de 2020.

Refirieron que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 2023-00017-00, cuyo conocimiento le correspondió, en

primera instancia al JUZGADO que, mediante sentencia de 27 de

enero de 2023, declaró la carencia actual de objeto por hecho

superado.

Sostuvieron que el anterior fallo fue revocado por el TRIBUNAL en

sentencia de 14 de febrero de 2023, a través del cual tuteló el

derecho fundamental de petición y, en consecuencia, ordenó a la

UARIV que, dentro del término de 48 horas siguientes a la

notificación de dicha sentencia, informara al señor OSCAR DE JESÚS

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ARANGO la fecha en la que se efectuaría el pago de la indemnización

reconocida por vía administrativa.

Hechos relativos al trámite incidental identificado con el

número único de radicación 2023-00017-02

Relataron que el señor OSCAR DE JESÚS ARANGO promovió

incidente de desacato por el presunto incumplimiento de la orden

emitida dentro de la acción de tutela, ante lo cual la UARIV informó

que de acuerdo con los resultados obtenidos en el Método Técnico de

Priorización, no se obtuvo concepto favorable por lo que no era

posible indicar una fecha cierta para el pago de la indemnización

administrativa.

Comentaron que el JUZGADO mediante proveído de 22 de febrero

de 2023 dio apertura al trámite incidental y, a través de auto de 2

de marzo de 2023, sancionó a la señora CLELIA ANDREA ANAYA

BENAVIDES, con multa de un (1) SMLMV, que para ese momento

ostentaba la calidad de Directora Técnica de Reparaciones de la

UARIV, al considerar que la entidad no había dado cumplimiento

material a la orden impartida en la acción de tutela.

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Expusieron que el TRIBUNAL al resolver el grado jurisdiccional de

consulta confirmó la sanción impuesta, en providencia de 3 de marzo

de 2023, por estimar que no se había dado una fecha concreta o

plazo definido para efectuar el correspondiente pago de la

indemnización.

Adujeron que luego de presentar múltiples informes de cumplimiento

del fallo, mediante memoriales de 4 y 22 de marzo de 2023 la UARIV

solicitó la inaplicación de la sanción, la cual fue negada por el

JUZGADO mediante proveídos de 10 de abril y 17 de mayo de 2023.

Aseveraron que mediante memorial de 11 de abril de 2023 la UARIV

presentó solicitud de inaplicación de la sanción, teniendo en cuenta

que ya no era la Directora Técnica de Reparaciones de la entidad,

además de que estaba en imposibilidad de brindar una fecha exacta

debido a que el señor OSCAR DE JESÚS ARANGO no acreditó

ninguna situación de urgencia, de conformidad con lo establecido en

la Resolución núm. 1049 de 15 de marzo de 2019.

Refirieron que el JUZGADO, mediante proveído de 27 de junio de

2023, negó la solicitud de levantamiento de la sanción, por lo que

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ordenó continuar con los trámites tendientes a materializar la sanción

impuesta.

Hechos referentes al incidente de desacato identificado con el

número único de radicación 2023-00017-03

Aseveraron que el señor OSCAR DE JESÚS ARANGO promovió un

nuevo incidente de desacato, por lo que el JUZGADO mediante

providencia de 27 de junio de 2023 dio apertura al trámite y en

proveído de 26 de septiembre de 2023 sancionó con multa de cinco

(5) SMLMV, pero ahora a la señora SANDRA VIVINA ALFARO

YARA, actual Directora Técnica de Reparaciones de la UARIV, al

considerar que la entidad no había dado cumplimiento material a la

orden impartida en la acción de tutela.

Manifestaron que el TRIBUNAL al surtir el grado jurisdiccional de

consulta, en providencia de 27 de septiembre de 2023, confirmó

parcialmente la decisión del a quo y modificó la sanción impuesta,

por lo que redujo la multa a un (1) SMLMV.

Adujeron que la UARIV presentó solicitud de inaplicación de la

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sanción, por imposibilidad jurídica para dar una fecha exacta para la

entrega de la indemnización, la cual fue resuelta de forma negativa

por el JUZGADO en proveído de 30 de enero de 2024.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, no se encuentran en rebeldía a dar

cumplimiento a la orden judicial, sino en posición razonable dada la

imposibilidad de dar una fecha exacta para el pago de la

indemnización administrativa, por lo que no era factible la imposición

de las sanciones.

Refirieron que las providencias acusadas incurrieron en los defectos

sustantivo por desconocimiento del precedente, fáctico y

violación directa de la Constitución.

Adujeron que las autoridades judiciales accionadas desconocieron lo

establecido en la sentencia SU-034 de 2018, proferida por la Corte

Constitucional, que señala expresamente las reglas jurisprudenciales

para que los jueces de tutela de primera instancia modulen el

cumplimiento del fallo, en especial, los que se relacionan con el pago

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de indemnización administrativa.

Pusieron de presente que tanto el JUZGADO como el TRIBUNAL al

valorar las pruebas aportadas al plenario, realizaron un estudio

arbitrario, irracional y caprichoso, por lo que sin razón valedera se

dio por no cumplida la sentencia, sin tener en cuenta las

manifestaciones hechas en distintas oportunidades respecto del

procedimiento para la entrega de la indemnización administrativa a

las víctimas del conflicto armado dentro de un marco de igualdad

entre las demás víctimas establecido en la Resolución núm. 01049

de 15 de marzo de 2019.

Indicaron que las autoridades judiciales accionadas omitieron valorar

la responsabilidad subjetiva en el asunto, de tal forma que no

resultaban procedentes las sanciones impuestas.

Aseveraron que la UARIV otorgó respuesta a la solicitud del señor

OSCAR DE JESÚS ARANGO mediante la Resolución núm.

04102019-822766 de 25 de noviembre de 2020, en la que le

reconoció la medida de indemnización administrativa por el hecho

victimizante de desplazamiento forzado y aplicar el Método Técnico

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de Priorización, con el fin de disponer el orden de la entrega de la

indemnización.

Comentaron que para el caso del señor OSCAR DE JESÚS ARANGO

en la vigencia del año 2023, la UARIV aplicó el Método Técnico de

Priorización, arrojando como resultado que no era procedente

materializar la entrega de la medida de indemnización, ya

reconocida, puesto que no alcanzó el puntaje requerido para ello.

Así las cosas, adujeron que de acuerdo con el procedimiento

administrativo establecido en la Resolución núm. 1049 de 2019, a la

UARIV le era imposible indicar una fecha de pago, por lo que se

procedería a aplicar nuevamente el método para la vigencia del año

2023.

Sostuvieron que en cumplimiento de la orden séptima del auto 206

de 2017, proferido por la Corte Constitucional, la UARIV expidió la

Resolución núm. 1049 de 2019, por medio de la cual se adoptó el

procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía

administrativa y se creó el Método Técnico de Priorización.

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A su juicio, si bien los derechos de las víctimas deben ser

garantizados de manera oportuna, cuando un Estado se enfrenta a

la tarea de indemnizar a millones de personas, es factible plantear

estrategias de reparación en plazos razonables y atendiendo a los

criterios de priorización previamente establecidos, lo cual no

desconoce los derechos de las víctimas, sino que, por el contrario,

asegura que en cierto período de tiempo todas serán indemnizadas.

Añadieron que la orden de tutela lleva consigo el desconocimiento de

la regla general de priorización para el acceso de la indemnización

administrativa por el conflicto armado, por lo que en esa medida

induce a una encrucijada de cumplir con la orden de tutela saltando

los turnos establecidos con los criterios objetivos ya señalados,

desconociendo los derechos de otros con igual o mayor prioridad.

Afirmaron que tanto la Corte Suprema de Justicia3 como el Consejo

3
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 3 de agosto de 2023, radicación
número: 11001-02-03- 000-2023-02362-00.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 30 de agosto de 2023, radicación
número: 11001-02-03- 000-2023-03185-00.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 31 de mayo de 2023, radicación
número: 70648

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 15 de diciembre de 2022, radicación
número: 11001-02-03- 000-2022-04143-00.

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de Estado4 en múltiples pronunciamientos, ampararon los derechos

fundamentales al debido proceso, al buen nombre y al patrimonio en

atención a la sanción impuesta por el no pago de la indemnización

administrativa.

I.4. Pretensiones

La parte actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al Juzgado Treinta y
Uno Administrativo del Circuito de Medellín y al Tribunal
Administrativo de Antioquia, inaplicar las siguientes sanciones:

2.1. Sanción calendada el 02 de marzo de 2023 consistente en
multa de uno (1) SMMLV. Sanción confirmada mediante auto del
03 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
2.2. Sanción calendada el 26 de septiembre de 2023 consistente
en multa de tres (3) SMMLV. Sanción confirmada parcialmente
mediante auto del 27 de septiembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia., en el sentido de reducir a uno (1)
SMMLV la multa.

TERCERO: Se ORDENE al Juzgado Treinta y Uno Administrativo del
Circuito de Medellín y al Tribunal Administrativo de Antioquia,
ANALICE / ESTUDIE la declaratoria de cumplimiento de la
providencia de segunda instancia del 06 de febrero de 2023, dentro
del radicado 05001333303120230001700, en cumplimiento de la

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 9 de febrero de 2022, radicación núm:
o 11001-02-03-000-2022- 00256-00.

4
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A” sentencia de 31 de marzo de 2023, radicación
núm. 11001-03-15-000-2023-00973-00.

Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2021, radicación núm. 11001-03-
15-000-2020-04776-00.

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Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte
Constitucional, en la medida que se cumplió con la orden al expedir
la Resolución No. 04102019- 822766 del 25 de noviembre de 2020,
que reconoció el derecho a la entrega de las indemnización
administrativa a OSCAR DE JESUS ARANGO y dispuso la aplicación
del método técnico de priorización al particular con sus respectivos
resultados de los años 2021, 2022 y 2023.

CUARTO: ORDENAR al Juzgado Treinta y Uno Administrativo del
Circuito de Medellín o al Tribunal Administrativo de Antioquia, que
comunique a la autoridad encargada de la ejecución de las
sanciones pecuniarias, que las mismas se han levantado con
ocasión al cumplimiento de la orden judicial de tutela.

QUINTO: CONMINAR al Juzgado Treinta y Uno Administrativo del
Circuito de Medellín o al Tribunal Administrativo de Antioquia, a que
acate y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la
procedencia del levantamiento de la sanción, previa acreditación
del cumplimiento de la orden, con base en la naturaleza persuasiva
del incidente de desacato […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO y el TRIBUNAL, pese a haber sido notificados

en debida forma del presente trámite constitucional, guardaron

silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

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abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial

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es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado
fuera del texto)

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De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones

dictadas dentro del trámite incidental

La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela

contra providencias que resuelven incidentes de desacato o

solicitudes de cumplimiento es procedente únicamente de manera

excepcional, “siempre que se cumplan los requisitos de procedencia

de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, se

constate una vulneración o una amenaza a los derechos

fundamentales del sancionado”5.

Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha establecido algunos

requisitos formales y materiales que se deben tener presentes al

momento de hacer el examen de procedibilidad. Así, en sentencia

SU- 034 de 20186, esa Corporación señaló:

«[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia
que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se
reúnan los siguientes requisitos:

i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente
si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado
jurisdiccional de consulta, si es del caso–.

5 Cfr. Sentencia T-325 de 2015.

6 M.P. Alberto Rojas Ríos.

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ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente,
por lo menos, la configuración una de las causales específicas
(defectos).

iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben
ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del
incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a
colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y
que el juez no tenía que practicar de oficio […]».

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se dejen sin efecto las providencias 2 de marzo y 26 de

septiembre de 2023, proferidas por el JUZGADO; y 3 de marzo

y 27 de septiembre de 2023 proferidas por el TRIBUNAL, por

medio de la cuales fueron sancionadas las accionantes, en calidad de

Directoras Técnicas de Reparaciones de la UARIV, por

incumplimiento de la orden impartida mediante sentencia de 14 de

febrero de 2023 y se denegaron las solicitudes de levantamiento de

la sanción, dentro de los incidentes de desacato identificados con los

números únicos de radicación 2023-00017-02/03, respectivamente.

La controversia tiene origen en el hecho de que a la UARIV no le es

posible materializar la entrega de la medida de indemnización

reconocida al señor OSCAR DE JESÚS ARANGO, comoquiera que

luego de aplicar el Método Técnico de Priorización el citado señor no

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alcanzó el puntaje requerido para el efecto, de tal forma que se

encuentra en imposibilidad de dar cumplimiento al fallo de tutela.

Por lo anterior, a juicio de la parte actora, las providencias acusadas

incurrieron en los defectos: i) sustantivo por desconocimiento

del precedente, al pasar por alto la sentencia SU-034 de 2018,

proferida por la Corte Constitucional, que señala expresamente las

reglas jurisprudenciales para que los jueces de tutela de primera

instancia modulen el cumplimiento del fallo; ii) fáctico, por

valoración indebida del material probatorio que daba cuenta del

procedimiento para la entrega de la indemnización administrativa; y,

iii) violación directa de la Constitución, al desconocer

abiertamente los principios constitucionales al debido proceso, a la

igualdad, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima en el sistema

judicial y la buena fe, pues no se tuvo en cuenta que la UARIV está

imposibilitada para dar cumplimiento a la orden emitida en sede de

tutela.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

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contra providencia judicial dictada dentro del trámite incidental y, de

ser así, ii) determinar si el JUZGADO y el TRIBUNAL vulneraron los

derechos fundamentales invocados dentro de los incidentes de

desacato identificados con los números únicos de radicación 2023-

00017-02/03.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la

Sala examinará si en el presente caso se cumplen los requisitos de

procedencia exigidos por la jurisprudencia, esto es, si (i) la decisión

cuestionada se encuentra ejecutoriada; (ii) los argumentos de la

parte actora son consistentes con lo planteado en el trámite de los

incidentes de desacato; y (iii) se acreditan los requisitos generales

de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

además de que se alega la configuración de alguna causal específica.

Frente al incidente de desacato identificado con el número

único de radicación 2023-00017-02.

En primer lugar, la Sala abordará el estudio de los requisitos

generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia

judicial dictada dentro del trámite incidental, en lo que respecta al

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incidente de desacato identificado con el número único de radicación

2023-00017-02, dentro del cual se profirieron las providencias de 2

y 3 de marzo de 2023, por medio de las cuales fue sancionada con

multa de un (1) SMLMV la señora CLELIA ANDREA ANARA

BENAVIDES por incumplimiento de la orden de tutela de 14 de

febrero de 2023.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en especial, el requisito de la inmediatez.

La Sala advierte que conforme con las constancias obrantes en el

expediente digital allegado por el JUZGADO, la providencia de 3 de

marzo de 2023, aquí cuestionada, por medio de la cual se resolvió

el grado jurisdiccional de consulta del auto de 2 de marzo de esa

misma anualidad, fue notificada vía correo electrónico ese mismo 3

de marzo de 2023, sin embargo, en aplicación del numeral segundo

del artículo 205 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 7, la Sala

entenderá que la notificación de la sentencia cuestionada se surtió

debidamente el 7 de marzo de 2023.

7
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la

referencia se presentó el 19 de febrero de 2023, esto es,

transcurridos 11 meses y 12 días, en consecuencia, superados así

los 6 meses que han sido estimados por la jurisprudencia como

término razonable para impugnar por vía de tutela el contenido de

una decisión judicial, sin que la señora CLELIA ANDREA ANAYA

BENAVIDES haya expuesto razón alguna que justifique la

inactividad o tardanza en la presentación de la solicitud de amparo.

Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha

sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida

como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de

los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que

aunque no tenga previsto un término de caducidad para su

presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de

un plazo razonable y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso

injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y

la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la procedencia del

mecanismo […]”8.

8
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.

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Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,

para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el

momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la

instauración de la tutela.

Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción

constitucional se ejerce contra una providencia judicial, en razón a

que exige un examen más riguroso en aras de preservar los

principios de cosa juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el

interés de terceros, cuya situación podría verse injustamente

afectada por el otorgamiento tardío de la protección constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que 9:

“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que
el amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En
tercer lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional
como herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la
agencia de los derechos […]”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

9
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.

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del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los

requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias

judiciales, sostuvo10:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.

[…]

De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela, es más estricto cuando se
interpone contra providencias judiciales, por lo que, como
lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un
tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos,
resulta claramente desproporcionado el control constitucional de
una providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo.

[…]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.

[…]

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.

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[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).

En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición

de la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe

tener en cuenta los siguientes eventos:

(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso

fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor

para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de

un hecho nuevo e inesperado, entre otras11;

(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la

vulneración de los derechos fundamentales del interesado12;

(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los

derechos de terceros afectados con la decisión13;

(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de

11
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
13
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.

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acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales14;

(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad

manifiesta15.

Precisado lo anterior, teniendo en cuenta que en la presente acción

de tutela no se evidenció situación alguna de la señora CLELIA

ANDREA ANAYA BENAVIDES que se enmarque en alguno de los

supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional que

puedan excusar su presentación por fuera del término establecido

por la Sala Plena del Consejo de Estado, la Sala concluye que la

solicitud de amparo constitucional frente a las providencias de 2 y 3

de marzo de 2023, se presentó por fuera del término razonable para

cuestionar vía tutela providencias judiciales.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el

amparo solicitado en lo referente al incidente de desacato

identificado con el número único de radicación 2023-00017-02, por

medio del cual se sancionó a la señora CLELIA ANDREA ANAYA

14
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
15
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.

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BENABIDES, por carencia del requisito general de la inmediatez,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En cuanto al incidente de desacato identificado con el número

único de radicación 2023-00017-03.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales dictadas en el trámite incidental, frente al

proceso identificado con el número único de radicación 2023-00017-

03, dentro del cual se profirieron las providencias de 26 y 27 de

septiembre de 2023 que declararon en desacato y sancionaron con

multa de un (1) SMLMV a la señora SANDRA VIVIANA ALFARO

YARA.

(i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentra

ejecutoriada

En el caso sub lite, el trámite incidental que se cuestiona finalizó con

la providencia de 27 de septiembre de 2023 que resolvió el grado

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jurisdiccional de consulta, proferida por el TRIBUNAL, por lo que

este requisito se encuentra cumplido.

(ii) Los argumentos de la parte actora son consistentes con lo

planteado en el trámite de los incidentes de desacato, en

tanto a) no trajo a colación alegaciones nuevas y b) no solicitó

nuevas pruebas.

La señora SANDRA VIVIANA ALFARO YARA alega que no le

resulta posible materializar la entrega de la medida de indemnización

reconocida al señor OSCAR DE JESÚS ARANGO, comoquiera que

luego de aplicar el Método Técnico de Priorización, el citado señor no

alcanzó el puntaje requerido para el efecto, de tal forma que se

encontraba en imposibilidad de dar cumplimiento al fallo de tutela.

Lo anterior es consistente con lo alegado durante el trámite

incidental, por lo cual la Sala estima que se cumplen los requisitos

para la procedencia de la acción de tutela.

(iii) Se acreditan los requisitos generales de procedencia de

la acción de tutela contra providencias judiciales y se alega la

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configuración de al menos una de las causales específicas

(defectos)

Procede la Sala a verificar el cumplimiento de los requisitos generales

y causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, conforme a lo dispuesto en la sentencia C-

590 de 2005 y a la jurisprudencia vigente sobre la materia.

Se observa que la solicitud de amparo plantea un asunto de

relevancia constitucional, fundamentado en los presuntos yerros en

que incurrieron las providencias que confirmaron las sanciones y

denegaron la solicitud de levantamiento de las mismas, incurriendo

en los defectos sustantivo por desconocimiento del precedente

judicial, fáctico y violación directa de la Constitución; la parte actora

identifica los hechos y derechos que estima lesionados; contra la

decisión cuestionada no proceden recursos; la acción de tutela se

interpuso en un plazo razonable16; y la solicitud no se dirige contra

una sentencia de tutela.

16
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).

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En este orden, verificado el cumplimiento de los requisitos generales

de procedibilidad, la Sala procederá al estudio de fondo de las

providencias de 26 de septiembre y 27 de septiembre de 2023,

proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente,

dentro del incidente de desacato identificado con el número único de

radicación 2023-00017-03, con el fin de determinar si incurrieron en

los defectos invocados por la actora.

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente

judicial

En nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las

decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras

jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente

jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de

unificación y la extensión de la jurisprudencia.

Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4º de

la Ley 169 de 31 de diciembre de 189617 y el 270 de la Ley 1437 de

17
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).

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18 de enero de 201118; así como su respaldo jurisprudencial las

sentencias C-836 de 9 de agosto de 200119; C-816 de 1o. de

noviembre de 201120; C-179 de 13 de abril de 201621; y T-102 de

25 de febrero de 201422.

En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado,

ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:

“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de
resolver que por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al
momento de dictar sentencia […].”23 (Destacado fuera de
texto).

Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso

determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos

fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y

a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del

18
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el
Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de
unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al
mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el
artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
19
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. (Doctrina
probable).
20
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1o. de noviembre de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo.
(Sentencias de unificación jurisprudencial).
21
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
(Sentencias de unificación jurisprudencial).
22
Corte Constitucional, sentencia T-102 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente
jurisprudencial).
23
Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

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debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia.

Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por

la Corte Constitucional24, según el cual la actividad interpretativa que

se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial

está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación

de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los

funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por

la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado

por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el

mismo juez (precedente horizontal).

En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 13 de mayo

de 200825, indicó:

“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de
Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la
correcta utilización del precedente judicial implica que un
caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad
con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes
que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los
supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla
jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho
para su aplicación […]”. (Destacado fuera de texto).

24
Corte Constitucional, Sentencia T- 760A de 2011. M. P.: Juan Carlos Henao Pérez.
25
Corte Constitucional, Sentencia T-457 de 13 de mayo de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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Sin embargo, la misma Corte ha precisado que salvo en materia

constitucional, cuya doctrina es obligatoria26, la regla del respeto del

precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no

puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse,

o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación

concreta.

Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de

supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente

judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en

pronunciamientos anteriores de la Sala27, a saber: i) la disanalogía o

falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y

el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación

significativa de la situación social, política o económica en la que se

debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de

precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que

sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como

precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la

jurisprudencia que debe ser tomada como referente; y v) la

26
Ver sentencias Corte Constitucional C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo
de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-02074-00.

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consideración de que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser

contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se

fundamenta el ordenamiento jurídico.

En efecto, la Sala ha reconocido que “en los eventos referidos, el juez

que se separa del precedente asume una especial carga de

argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara,

razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio

de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse

a este, -al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y

fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se

sustenta la decisión de apartarse.

Así las cosas, y como lo ha sostenido la Sala, solo el desconocimiento

injustificado de un precedente es el que da lugar a la configuración

del defecto sustantivo, como causal de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencias judiciales28.

Del defecto fáctico

28
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia 13 de marzo de 2013. C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001-03-
15-000-2012-02074-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia 18 de abril de 2013. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-
03-15-000-2012-01797-00.

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En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en

sentencia T-362 de 201329, explicó lo siguiente:

“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.

Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que
el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía
e independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las
reglas de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación
ha identificado que “el yerro en la apreciación del material
probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante,
protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se
desconozca “la realidad probatoria del proceso […]”.

En esa medida, a juicio de la referida Corte:

“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello
sería contrario al principio de que la tutela es un medio
alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la
órbita de la competencia y la autonomía de que son
titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas del original).

29
M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

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De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto

fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en

el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además

con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de

tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad

de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un

asunto, según las reglas generales de competencia.

Violación directa de la Constitución

En cuanto al defecto por violación directa de la Constitución, es

menester advertir que la Corte Constitucional en su sentencia SU-

024 de 5 de abril de 201830, manifestó que:

“[...] Todas las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales conllevan en sí mismas un
quebrantamiento de la Carta Fundamental; sin embargo, esta
Corte estableció una causal denominada violación directa de la
Constitución, originada en la obligación que le asiste a todas
las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del
mandato consagrado en el artículo 4° de la Carta Política,
según el cual “la Constitución es norma de normas”. De
manera que en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la
ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones
constitucionales […]” (Resaltado fuera de texto).

30
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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Esta causal especial de procedibilidad de la acción de tutela se

estructura cuando el Juez adopta una decisión que desconoce la

Carta Política, ya sea porque: “(i) deja de aplicar una disposición ius

fundamental a un caso concreto; o porque (ii) aplica la Ley al margen

de los dictados de la Constitución”31.

En el primer caso, la Corte Constitucional ha dispuesto que procede

la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la

Constitución: (a) cuando en la solución del caso se dejó de

interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el

precedente constitucional; (b) cuando se trata de un derecho

fundamental de aplicación inmediata y; (c) cuando el Juez en sus

resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el

principio de interpretación conforme a la Constitución 32. En el

segundo caso, ha dicho esa Corporación que, en virtud del artículo

4º Superior, el Juez debe aplicar las disposiciones constitucionales

con preferencia a las legales, mediante el ejercicio de la excepción

31
Corte Constitucional, Sentencia T-704 de 2012. Magistrado ponente: doctor Luis Ernesto Vargas
Silva.
32
Ver entre otras, Sentencias T – 199 de 2005, Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy
Cabra; T-590 de 2009, Magistrado ponente: doctor Luís Ernesto Vargas Silva y T-809 de 2010,
Magistrado ponente: doctor Juan Carlos Henao Pérez.

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de inconstitucionalidad, cuando advierta incompatibilidad entre estas

y aquellas.

La solución del caso concreto

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, es necesario

hacer un recuento del trámite surtido dentro del incidente de

desacato identificado con el número de radicación 2023-00017-03,

objeto de estudio:

• El señor OSCAR DE JESÚS ARANGO, al estimar que la UARIV

no dio cumplimiento al fallo de tutela de 14 de febrero de 2023,

por medio del cual el TRIBUNAL ordenó que se indicara fecha

exacta en la que se efectuaría el pago de la indemnización

administrativa reconocida mediante Resolución núm.

04102019-822766 de 25 de noviembre de 2020, promovió un

nuevo incidente de desacato.

• El JUZGADO, mediante auto de 27 de junio de 2023, dio

apertura formal al incidente de desacato y a través de proveído

de 26 de septiembre de 2023 le impuso sanción de un (1)

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SMLMV a la señora SANDRA VIVIANA ALFARO YARA, en

calidad de Directora Técnica de Reparaciones de la UARIV.

• La anterior decisión fue confirmada parcialmente por el

TRIBUNAL, en providencia de 27 de septiembre de 2023, por

medio de la cual modificó la sanción impuesta en el sentido

reducir la multa a un (1) SMLMV.

El TRIBUNAL confirmó parcialmente la sanción bajo los

siguientes argumentos:

“[…] Se encuentra además que, la entidad accionada en el trámite
de consulta aportó contestación en la cual no allegó prueba sobre el
cumplimiento de la orden dada en sede de tutela, en la cual se indicó
que le era imposible indicar una fecha cierta para la entrega de la
indemnización administrativa, pues debían seguirse ciertos
parámetros legales para ello, adicional a asegurar que el accionante
no cumplía con los requisitos para que le fuera aplicada una ruta de
priorización para tales fines.

Observa la Sala que, la presente es la segunda ocasión en la cual se
solicita por el accionante, señor Oscar de Jesús Arango se de
apertura al incidente de desacato a la orden de tutela impartida a su
favor, sin que se observe que la Unidad de Víctimas despliegue
diligencias tendientes a definir un marco de acción para la
programación de pagos de indemnizaciones a víctimas del conflicto
armado como lo es el tutelante, a quien le fue reconocido a través
de acto administrativo en firme el reconocimiento de la medida de
indemnización administrativa mediante Resolución No. 04102019-
822766 del 25 de noviembre de 2020, por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado.

Así las cosas, la entidad accionada UARIV despliega una conducta
negligente y renuente frente al cumplimiento a la orden judicial
proferida en este caso; incumplimiento que, en razón al carácter

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subjetivo del incidente de desacato, en consideración del Juzgado de
instancia, recae sobre la Directora Técnica de Reparaciones de la
Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación de las
Víctimas, pues a pesar de que se dio apertura al incidente de
desacato, notificándose a la misma de dicha decisión, no aportó
prueba alguna encaminada a acreditar una respuesta de fondo al
derecho de petición del accionante, y manteniendo su conducta
renuente a proteger dicho derecho fundamental.

Si bien en respuesta otorgada al Juzgado de instancia, frente a los
requerimientos realizados, la Unidad invocó una serie de argumentos
relacionados con la imposibilidad jurídica de ofrecer una fecha cierta
de pago, debido a que no existen los recursos para el pago de
indemnizaciones en el año que cursa, lo cierto es que bajo las
características especiales del caso, en el que ya existe un
reconocimiento a través de un acto administrativo desde hace mas
de dos (2) años, y resulta claro que el derecho que le asiste al actor
en la materia, es preciso que la UARIV despliegue gestiones
administrativas para establecer mínimamente una fecha o vigencia
en la que se haga el pago de la indemnización reclamada, que no
necesariamente debe delimitarse en este año que corre 2023, sino
en la vigencia en que se cuente con los recursos en proyección a los
que se asignan a la entidad para estos fines; ello daría al accionante
una parte de certeza frente al desembolso del pago y evidenciaría
una orden en sede administrativa de la forma en que se realiza el
cumplimiento de las indemnizaciones reconocidas […]”.

• Mediante oficios radicados el 29 de septiembre de 2023,

reiterado el 11 de enero de 2024, la apoderada de la UARIV

solicitó inaplicación de la sanción impuesta a la señora

SANDRA VIVIANA ALFARO YARA, argumentando que se

encuentra legalmente justificada para abstenerse de indicar

fecha en la que se efectuará el pago de la indemnización

administrativa, en atención al principio de sostenibilidad

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financiera y al acatamiento de lo que determine la aplicación

del Método Técnico de Priorización.

La solicitud se sustentó de la siguiente forma:

“[…] Ahora, surge para la Entidad la imposibilidad de informar
monto, fecha, plazo o turno probable de pago de la indemnización
reconocida mediante. Resolución No. 04102019-822766 del 25 de
noviembre de 2020, toda vez que debe ser respetuosa del
procedimiento establecido en la Resolución 1049 de 2019 y del
debido proceso administrativo.

Es preciso ser enfático frente a esta situación, en el entendido que
la orden de tutela lleva consigo el desconocimiento de la regla
general de priorización para el acceso de la indemnización
administrativa por efecto del conflicto armado y en esa medida
induce al servidor público a una encrucijada; a cumplir la orden de
tutela saltando los turnos establecidos con los criterios objetivos
señalados, desconociendo los derechos de otros con
igual o mayor prioridad; y de contera el reglamento a cuyo
cumplimiento se halla obligado.

Sin embargo, la Unidad para las Víctimas procedió conforme a la
norma y al procedimiento establecido, es decir, contestó la petición
en los términos conforme al reglamento y no la orden
de tutela, que en realidad es jurídicamente imposible de cumplir por
las razones ya citadas, en ese orden de ideas, no existe
responsabilidad subjetiva, pero si se configura unas ordenes
desproporcionadas y por fuera de las reglas emanadas por la Corte
Constitucional y del procedimiento ya reglado, que deben ser objeto
de análisis y revocatoria.

Así las cosas, pido al despacho considerar los fundamentos
normativos y jurisprudenciales desarrollados en las siguientes líneas,
a fin de realizar una evaluación de la posibilidad del levantamiento
de las sanciones, el fin del incidente de desacato y la debida
fundamentación de la imposibilidad alegada para asignar una fecha
de pago, sin agotar el procedimiento administrativo.

[…]

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Por lo cual, al encontrarnos ante situaciones como la de OSCAR DE
JESUS ARANGO, en donde, sin desconocer su calidad de persona
víctima del conflicto armado, no presenta ninguna situación de
vulnerabilidad o urgencia manifiesta, resulta absolutamente lógico
dar prelación a otras personas que sí presenten circunstancias de
priorización.
[…]
En este contexto, resulta imperiosa la necesidad de analizar y
comprender la situación, toda vez que es evidente que para poder
indemnizar al universo de víctimas expuesto existe la necesidad de
aumentar el presupuesto asignado para la vigencia 2023 a la Unidad
para las Víctimas en lo referente al otorgamiento de la medida de
indemnización administrativa. Teniendo en cuenta que es preciso
otorgar dicha medida a través de 218.848 pagos, esto sin contemplar
los más de 5.438.226 víctimas que a diciembre de 2022 contaban
con acto
administrativo de reconocimiento, susceptibles a que se les aplique
el Método Técnico de Priorización y a la espera de la ordenación del
pago por un valor estimado de $33.654.037.181.200.

[…]
Adicionalmente, valdría la pena indicar que, pese a los diferentes
esfuerzos realizados históricamente en materia fiscal para
compensar económicamente a las víctimas del conflicto armado
interno, el reto de la política de la reparación integral aún es enorme.
De allí que el cometido primordial es indemnizar a aquellas víctimas
que por diversas situaciones presentan una vulnerabilidad mayor.
Esto además, en atención a lo dispuesto en el Auto 206 de 2017
emitido por la Corte Constitucional en el que determinó que los
criterios de priorización que se debían implementar para el pago de
la medida de indemnización administrativa, correspondía entonces
enfocarse en primera medida en aquellas víctimas inmersas en
circunstancias de extrema vulnerabilidad o urgencia manifiesta, en
el entendido que, si bien la población víctima de conflicto armado en
su totalidad es vulnerable, existen personas que presenten un grado
mayor de vulnerabilidad tales como los adultos mayores, personas
con discapacidad o víctimas con enfermedades gravosas o ruinosas.

[…]

Sobre el particular, es claro que el Juez de tutela de primera
instancia, que tiene a su cargo el seguimiento del cumplimiento del
fallo, debe sopesar los informes allegados por la entidad y evaluar
que el no pago inmediato de la indemnización, no obedece a una
actitud negligente del funcionario público sino al contexto de un
estado de cosas inconstitucionales por la violación masiva de

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derechos en el marco del conflicto armado
[…]”.

• El JUZGADO, a través de auto de 30 de enero de 2024, negó

la solicitud de inaplicación de la sanción impuesta mediante

providencia de 26 de septiembre de 2023 y confirmada el 27

siguiente por el TRIBUNAL dentro del incidente de desacato

identificado con el núm. 2023-00017-02, bajo el siguiente

argumento:

“[…] Por tanto, se reitera que la autoridad accionada no acreditó el
cumplimiento del fallo de tutela emitido por este Despacho y
confirmado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, de ahí que,
no se inaplicará la sanción impuesta.

Igualmente ser resalta lo expuesto por el Tribunal Administrativo de
Antioquia en trámite de consulta en el cual se pronunció sobre el
argumento presentado por la UARIV, de imposibilidad de señalar
fecha o vigencia para la entrega de la medida, descartándolo y
confirmando la sanción ‒aunque modificó el monto‒:

“Si bien en respuesta otorgada al Juzgado de Instancia, frente a los
requerimientos realizados, la Unidad invocó una serie de argumentos
relacionados con la imposibilidad jurídica de ofrecer una fecha cierta
de pago, debido a que no existen los recursos para el pago de
indemnizaciones en el año que cursa, lo cierto es que bajo las
características especiales del caso, en el que ya existe un
reconocimiento a través de un acto administrativo desde hace más
de dos (2) años, y resulta claro el derecho que le asiste al actor en
la materia, es preciso que la UARIV despliegue gestiones
administrativas para establecer mínimamente una fecha o vigencia
en la que se haga el pago de la indemnización reclamada, que no
necesariamente debe delimitarse en este año que corre 2023, sino
en la vigencia en que se cuente con los recursos en proyección a los
que se asignan a la entidad para estos fines; ello daría al accionante
un parte de certeza frente al desembolso del pago y evidenciaría una
orden en sede administrativa de la forma en que se realiza el
cumplimiento de las indemnizaciones reconocidas.”.

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Por lo anterior, no puede el Despacho inaplicar la sanción impuesta,
bajo los mismos argumentos de imposibilidad para señalar la
vigencia exacta para la entrega de la indemnización, por cuanto se
debe aplicar el método técnico de priorización; toda vez que dichos
argumentos ya fueron descartados por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, conforme lo expuesto […]”.

En el asunto bajo examen, la señora SANDRA VIVIANA ALFARO

YARA alega que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en

los defectos sustantivo por desconocimiento del precedente, fáctico

y violación directa de la Constitución al haberla sancionado dentro

del mencionado incidente de desacato por incumplimiento de la

orden de tutela emitida el 14 de febrero de 2023 por el TRIBUNAL.

A efectos de dilucidar la controversia planteada, la Sala considera

necesario hacer mención al derecho que le asiste a las víctimas a ser

reparadas integralmente y los límites constitucionales previstos para

la aplicación del principio de sostenibilidad fiscal.

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-254 de 2013, se refirió a

los derechos de las víctimas, a la verdad, justicia y reparación

integral y analizó la reparación integral a las víctimas de

desplazamiento forzado conforme a la sentencia T-025 de 2004, en

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la cual se declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional

en materia de atención a la población desplazada.

En relación con la indemnización administrativa, la mencionada

sentencia concluyó que, por regla general, la acción de tutela no tenía

una naturaleza indemnizatoria, pero resulta procedente para otorgar

protección a la población víctima de desplazamiento en condición de

extrema vulnerabilidad.

Al examinar la constitucionalidad de las medidas de atención,

asistencia y reparación integral a las víctimas, previstas en la Ley

1448 de 2011 y en los Decretos 4634 de 2011 y 4635 de 2011, la

Corte, en la sentencia C-753 de 2013, sostuvo que la misión

institucional del sistema de reparación precisaba de la capacidad

suficiente para responder a las exigencias relacionadas con la

reparación a las víctimas, lo que exige contar con la disponibilidad

de recursos para que la política de reparación sea viable en el tiempo

y para todo el universo de víctimas. De este modo, resaltó la

mencionada sentencia que es importante que las medidas de

atención se acojan a los principios de continuidad y progresividad,

pero sin que el derecho a la reparación esté supeditado a la

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sostenibilidad fiscal; y que dada la necesidad de que la política de

reparación sea viable y proporcional al número de víctimas y al daño

sufrido por ellas, es menester considerar mecanismos para

garantizar las indemnizaciones administrativas que esté

adecuadamente financiado, o, de lo contrario, no cumpliría el

propósito para el que fue diseñado ni tendría ninguna eficacia en

términos de justicia material.

En ese orden, la citada sentencia concluyó que las disposiciones

normativas que establecen plazos y límites en términos del

presupuesto nacional no suponían una extralimitación del principio

de responsabilidad fiscal, en detrimento del derecho de las víctimas

a la indemnización, por cuanto dicho principio “es un criterio

orientador de las ramas del poder para conseguir los fines del Estado

que no tiene la virtualidad de socavar derechos fundamentales”.

Es decir que, para la Corte, es viable la aplicación de criterios e

instrumentos de priorización, así como el agotamiento del

procedimiento previsto por la ley para la entrega de la indemnización

administrativa por los hechos sufridos en el contexto del conflicto,

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con miras a viabilizar la adecuada reparación integral de las víctimas,

conforme a los principios de igualdad, gradualidad y progresividad.

Así lo ha dejado en claro en los distintos Autos de Seguimiento a la

sentencia T-025 de 2004, entre ellos, el Auto 206 de 2017, en el que

exhortó a los jueces de la República a que se abstuvieran de impartir

temporalmente órdenes de reconocimiento de indemnización

administrativa y sanciones por desacato, dado el número de tutelas

que desbordaban la capacidad de la entidad competente para

atenderla.

Tal postura fue reiterada en la sentencia SU-034 de 2018, en la que

se estudiaron las decisiones de los jueces de tutela frente a los

presuntos desacatos de la UARIV a órdenes de reconocimiento de

indemnización administrativa, sentencia que será analizada por la

Sala al abordar el defecto sustantivo por desconocimiento del

precedente, planteado por la actora.

Del anterior recuento es dable concluir que, en el marco del derecho

a la reparación de las víctimas del conflicto armado, las órdenes de

indemnizaciones administrativas que imparten los jueces de tutela

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deben tener en consideración las medidas adoptadas por el Ejecutivo

con la finalidad de indemnizar al universo de víctimas, ante la

imposibilidad financiera de hacerlo al mismo tiempo.

Específicamente, en relación con la indemnización administrativa de

las víctimas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las

víctimas expidió la Resolución 01049 de 15 de marzo de 2019,

“Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la

indemnización por vía administrativa, se crea el método técnico de

priorización, se deroga las Resoluciones 090 de 2015 y 01958 de

2018, y se dictan otras disposiciones”, en la cual estableció las fases

del procedimiento para acceder a dicha prestación y creó el método

técnico de priorización para su desembolso. Este último consiste en:

“Artículo 16. El método de priorización es un proceso técnico
que determina los criterios y lineamientos que debe adoptar la
Subdirección de Reparación Individual para determinar la
priorización anual del desembolso de la indemnización
administrativa”.

El artículo 17 de la Resolución en comento indica que el método se

aplica anualmente para la asignación de los turnos de pago.

El citado texto reza:

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“Artículo 17. El método tiene como objetivo generar unas
listas ordinales que indicarán la priorización para el desembolso
de la medida de indemnización administrativa y se aplicará
anualmente para la asignación de los turnos de pago de
manera proporcional a los recursos apropiados en la
respectiva vigencia fiscal para tal fin, de conformidad con el
Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector” (Resaltado fuera
del texto original).

Retomando el caso bajo de estudio, la Sala destaca que en múltiples

ocasiones la incidentada SANDRA VIVIANA ALFARO YARA ha

manifestado al JUZGADO que se dio cumplimiento a la orden de

tutela mediante la Resolución núm. 04102019-822766 de 25 de

noviembre de 2020, en la que se reconoció una indemnización

administrativa a favor del señor OSCAR DE JESÚS ARANGO y se le

puso en conocimiento que el pago de la misma se realizaría conforme

al procedimiento previsto para el efecto en la Resolución 01049 de

15 de marzo de 2019 de la Dirección General de la UARIV, para lo

cual era necesario esperar a que la entidad procediera a la aplicación

del método de priorización que solo tiene lugar anualmente.

Es así como, en escritos dirigidos al JUZGADO el 29 de septiembre

de 2023 y el 11 de enero de 2024, la UARIV solicitó reconsideración

del cumplimiento del fallo e inaplicación de la sanción impuesta, para

lo cual expuso que conforme a la Resolución núm. 1049 de 2019,

aplicaría el Método Técnico de Priorización en el año 2024,

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comoquiera que para el año 2023 el señor OSCAR DE JESÚS

ARANGO no resultó favorecido en la aplicación de este.

Por lo anterior, destacó que se encontraba en imposibilidad jurídica

de informar al señor OSCAR DE JESÚS ARANGO fecha o plazo para

la entrega de la indemnización administrativa, de tal forma que no

buscaba asumir una conducta evasiva o dilatoria y muestra de ello

eran las gestiones administrativas realizadas por la entidad para

darle cumplimiento a la sentencia de tutela, siempre atendiendo lo

dispuesto en la Ley 1448 de 2011, que regula el reconocimiento de

las medidas de asistencia y reparación en estos casos.

Ello, evidencia que la UARIV explicó detenidamente las medidas que

adoptó para darle cumplimiento al fallo de tutela y el método que

dispuso esa entidad, en cumplimiento a lo ordenado por la Corte

Constitucional, para asignar los turnos de pago; y en relación con la

fecha exacta de pago, que las autoridades judiciales accionadas le

reprocharon a lo largo del trámite incidental, la entidad expuso que

la misma se obtendría a partir de la aplicación del método de

priorización, el cual corresponde a un proceso técnico que determina

los criterios para proceder al desembolso, proceso que se aplica

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de manera global y anualmente a todas las víctimas que

obtuvieron reconocimiento de indemnización administrativa.

En respuesta, el JUZGADO resolvió desfavorablemente las

peticiones elevadas por la UARIV.

Significa lo anterior que, pese a que la UARIV procedió a aplicar el

método de priorización previsto en la Resolución 01049 de 2009, el

señor OSCAR DE JESÚS ARANGO no resultó favorecido, razón por

la que no fue posible realizar el desembolso de la medida de

indemnización en la vigencia del año 2023. No obstante, en el

mismo comunicado se indicó que la Unidad procederá a aplicarle el

método cada año hasta que de acuerdo con el resultado, sea

priorizado para el desembolso de su indemnización administrativa.

En este contexto, para la Sala, una apreciación de las pruebas

aportadas al trámite incidental, de cara a la situación de la entidad,

hubiese permitido arribar a la conclusión de que, en el caso

particular, no se configuró el elemento subjetivo de la

responsabilidad para la imposición de la multa por desacato a la

señora SANDRA VIVIANA ALFARO YARA, toda vez que aunque la

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UARIV no pudo señalar una fecha exacta para el desembolso de la

indemnización reconocida, ello no se debió a un desinterés en acatar

la orden judicial o a una actitud negligente frente al derecho que le

asiste al señor OSCAR DE JESÚS ARANGO, sino a la complejidad

del trámite que aquí se ha destacado.

En efecto, dentro del trámite incidental a través de sendos escritos

de oposición y de solicitud de levantamiento de la sanción, la señora

SANDRA VIVIANA ALFARO YARA informó respecto de la

imposibilidad jurídica de dar una fecha y plazo para la entrega de la

medida indemnizatoria, de manera que tal evidencia no puede ser

desconocida en perjuicio de sus derechos fundamentales aquí

invocados.

Sumado a lo anterior, la incidentada demostró que la UARIV

comunicó al señor OSCAR DE JESÚS ARANGO que se procedió a

aplicar el Método Técnico de Priorización y como resultado de ello no

fue procedente materializar la entrega de la medida indemnizatoria

en el período fiscal vigente, por falta de disponibilidad presupuestal.

En consecuencia, contrario a las conclusiones a las que arribaron las

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autoridades judiciales accionadas, lo que se evidencia es una

actividad constante de parte de la incidentada SANDRA VIVIANA

ALFARO YARA de lograr persuadir al juez de tutela de abstenerse

de aplicar una sanción y valorar las gestiones adelantadas para

descartar la hipótesis de un incumplimiento deliberado del fallo.

Son estas las razones que conducen a la Sala a declarar que las

providencias de 26 y 27 de septiembre de 2023, proferidas por el

JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente, dentro del incidente

de desacato 2023-00017-03, incurrieron en el defecto fáctico

endilgado por la actora.

Ahora, la Sala considera necesario referirse a la jurisprudencia de la

Corte Constitucional y de esta Corporación relacionada con la

inaplicación de la sanción impuesta dentro del trámite del incidente

de desacato.

La jurisprudencia constitucional ha precisado que la finalidad del

incidente de desacato no es la imposición de una sanción en sí

misma, sino que debe considerarse como una de las formas de

buscar el cumplimiento de la respectiva sentencia. Por tanto, pese a

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que el incidente de desacato puede concluir con la imposición de una

sanción, su propósito ulterior, antes que imponerla, radica en

alcanzar el cumplimiento de la orden impartida por el juez de

amparo.

Sobre este asunto, la Corte Constitucional, en sentencia T-421 de

2003, indicó

«[…] la imposición de una sanción dentro del incidente puede
implicar que al accionado se persuada o no del cumplimiento de
una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente
de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado
lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción,
deberá acatar la sentencia.

En caso de que se haya adelantado todo el trámite y
resuelto sancionar por desacato, para que la sanción no
se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá evitar ser
sancionado acatando […]». (Negrillas de la Sala)

La anterior postura ha sido reiterada de manera pacífica por la Corte

Constitucional, entre otras, en sentencias T-171-09; T-652-10, T-

512-11, T-010-12, T-482-13 y SU 034 de 2018. En esta última, la

Corte sostuvo:

«[…] Acerca de la finalidad que persigue el incidente de
desacato, la postura que de vieja data ha acogido la Sala Plena
de esta Corte y que se ha mantenido es que, si bien una de las
consecuencias derivadas de este trámite incidental es la
imposición de sanciones por la desobediencia frente a la

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sentencia, su auténtico propósito es lograr el cumplimiento
efectivo de la orden de tutela pendiente de ser
ejecutada33; de suerte que no se persigue reprender al
renuente por el peso de la sanción en sí misma34, sino que
ésta debe entenderse como una forma para inducir que aquel
encauce su conducta hacia el cumplimiento, a través de una
medida de reconvención cuyo objetivo no es otro que auspiciar
la eficacia de la acción impetrada y, con ella, la reivindicación de
los derechos quebrantados35.

En consecuencia, cuando en el curso del incidente de
desacato el accionado se persuade a cumplir la orden de
tutela, no hay lugar a la imposición y/o aplicación de la
sanción.

(…)

Por otro lado, el juzgado mal podía negar el levantamiento
de las sanciones con argumentos como que las mismas se
encontraban en firme y que el desacato es un dispositivo
para castigar al renuente, pues ello desconoce la doctrina
desarrollada de forma pacífica por esta Corte en cuanto a
que el propósito perseguido por la sanción es conminar al
obligado como medio para garantizar el goce efectivo del
derecho tutelado mediante sentencia, mas no sancionar
por sancionar […]»36. (Negrillas de la Sala)

Por su parte, esta Sección, en sentencia de 24 de septiembre de

33
Sentencias C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz y C-367 de 2014, M.P: Mauricio González
Cuervo
34
Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-368 de 2005, M.P.: Clara Inés
Vargas Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-171 de 2009, M.P.: Humberto
Antonio Sierra Porto, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: Jorge
Iván Palacio Palacio, T-074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-280A de 2012, M.P.:
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, C-367 de 2014, M.P.:
Mauricio González Cuervo,
35
Sobre la naturaleza de la sanción por desacato se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia
C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz
36
Corte Constitucional, sentencia SU-034 del 3 de mayo de 2018, C.P. Alberto Rojas Ríos.

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201537, se refirió a la finalidad del incidente de desacato en los

siguientes términos:

“[…] Para la Sala resulta forzoso rectificar la postura adoptada
mediante el auto de 11 de julio de 2013, dictado en el expediente
núm. 2012-00364, para, en su lugar, retomar el criterio
Jurisprudencial de antaño frente a la finalidad y carácter
persuasivo del incidente de desacato, que permite lograr
el cumplimiento efectivo del fallo que ampara los
derechos fundamentales, como claramente lo ha
dilucidado la Jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Ello, por cuanto no existe razón alguna que justifique mantener
una sanción por desacato contra quien ha sido persuadido por la
misma y ha procedido a cumplir la orden tutelar
correspondiente, aun cuando esto se produzca, inclusive, con
posterioridad a la resolución del Grado Jurisdiccional de
Consulta […]”. (negrillas se destaca)

Así las cosas, cuando se dé cumplimiento íntegro a la orden impartida

por el juez constitucional, la imposición de la multa y el arresto

carece de objeto, aunque haya culminado el grado jurisdiccional de

consulta.

Del levantamiento de la sanción por desacato y la

jurisprudencia de la Corte

La sentencia de la Corte que la actora invoca como desconocida

37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de
septiembre de 2015, Exp. No. 11001-03-15-000-2015-00542-01(AC), C. P. María Elizabeth García
González.

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indicó:

«[…] Ahora bien: allende las providencias traídas a colación por
la accionante, la Sala constata que la jurisprudencia
constitucional ha avalado de manera reiterada la
aplicación de criterios e instrumentos de priorización y
el agotamiento del procedimiento previsto por la ley
dentro del esquema para la entrega de la indemnización
administrativa por los hechos sufridos en el contexto del
conflicto, con miras a viabilizar la adecuada reparación
integral de las víctimas conforme a los principios de igualdad,
gradualidad y progresividad.

En efecto, a través de múltiples pronunciamientos[38] esta
Corte ha reconocido que la salvaguarda de los derechos de que
son titulares las víctimas, específicamente en su faceta de
acceso a la indemnización por vía administrativa, está
vinculada a la obligación estatal de llevar a cabo una efectiva
ejecución de la política de reparación integral, la cual está
sujeta a una regulación que, para avanzar en el sentido de ser
plenamente operativa, incluye, entre otras cosas, la debida
identificación y caracterización de las víctimas –en lo cual ellas
toman parte activa–, la incorporación de un enfoque diferencial
en las mecanismos y planes para resarcir los daños, y la
apropiada distribución de los recursos reservados por el Estado
para tal fin, atendiendo al particular estado de vulnerabilidad
de los destinatarios de tales medidas.

Inclusive, se ha señalado que la pretermisión de estas reglas –
como ocurre con el creciente recurso a la acción de tutela para
obtener una orden de pago directa e inmediata al margen de
los turnos– genera efectos adversos para el correcto
funcionamiento del sistema de reparación, entre los que se
cuentan la afectación del derecho a la igualdad de otras
víctimas que aguardan por ser indemnizadas y el paralelismo

[38] Cons. sentencias T-519 de 2017, M.P.: Alejandro Linares Cantillo, T-410 de 2017, M.P.: Gloria
Stella Ortiz Delgado, T-377 de 2017, M.P.: Alejandro Linares Cantillo, T-083 de 2017, M.P.: Alejandro
Linares Cantillo, T-130 de 2016, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-527 de 2017, M.P.: Gloria Stella
Ortiz Delgado, T-293 de 2015, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado, T-197 de 2015, M.P.: Martha Victoria
Sáchica Méndez, T-112 de 2015, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-908 de 2014, M.P.: Mauricio
González Cuervo, T-863 de 2014, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-680 de 2014, M.P.: Jorge Iván
Palacio Palacio, T-640 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo, T-534 de 2014, M.P.: Luis Guillermo
Guerrero Pérez, entre otras.

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de actuaciones que duplica la tarea de las autoridades
encargadas y auspicia el bloqueo institucional[39].

Vistas así las cosas, retomando el asunto que nos ocupa, para
la Sala es claro que el precedente a que se ha hecho alusión
exigía que el Juez Civil del Circuito de Los Patios y la Sala Civil-
Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta
asumieran una postura omnicomprensiva del contexto –
estado de cosas inconstitucional en materia de atención
a víctimas de desplazamiento forzado– y tomaran en
consideración los informes rendidos por la UARIV
(incluso aquellos allegados con posterioridad a la
imposición de las sanciones por desacato en cada uno de
los expedientes), para reconocer la imposibilidad de
efectuar los pagos en el escaso plazo concedido en las
sentencias, valorar las gestiones adelantadas por la
entidad para satisfacer las órdenes de tutela y descartar
así la hipótesis de un incumplimiento deliberado de los
fallos de tutela que dispusieron el pago de las
indemnizaciones administrativas.
(…)
A juicio de la Sala, la conducta desplegada por la entidad
con el propósito de dar cumplimiento a las órdenes de
tutela, pone de manifiesto el prudente acatamiento a las
reglas legales y jurisprudenciales que imponen al Estado
la adopción de medidas para garantizar de manera
efectiva los derechos de todas las víctimas del conflicto
–así no se concretara el pago inmediato de la
indemnización administrativa–, habida cuenta de que en
ningún momento se cuestionó el derecho que les asistía
a los tres peticionarios a reclamar la medida de
reparación a que se alude, los tiempos inicialmente previstos
para su entrega en dos de los casos no se aprecian
desproporcionados atendiendo a la masividad de solicitudes, y
en el otro caso se enfrentaba un obstáculo que la UARIV no
podía sortear de manera autónoma, consistente en la
imposibilidad jurídica de pagar la indemnización sin haber
previamente identificado y caracterizado el hogar del
peticionario.
(…)
Es necesario precisar, no obstante, que la alternativa de
acción adoptada por la UARIV (consistente en la
asignación de un turno para la entrega efectiva de la
indemnización) está inserta en una estructura general

[39] Auto 206 de 2017, Sala de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004.

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de cumplimiento, por tratarse de un estado de cosas
inconstitucional, en este caso, en materia de atención a
víctimas de desplazamiento forzado [..]». (Resaltado de
la Sala).

En la sentencia transcrita, la Corte examinaba si las decisiones de los

jueces constitucionales de denegar el levantamiento de la sanción

por desacato a las órdenes de reconocimiento de indemnización a las

víctimas, estuvieron ajustadas a derecho y concluyó que una lectura

ponderada del contexto de la situación no habría sido indiferente al

hecho de que la obligación de reparar integralmente a las víctimas

del conflicto está circunscrita a una regulación con respaldo

constitucional que incluye el agotamiento de un procedimiento

y la aplicación de unos criterios de priorización, así como al

respeto por unos principios de rango superior -especialmente- el

derecho a la igualdad de que son titulares todas las personas que

aspiran a acceder a la indemnización administrativa.

Las razones expuestas en precedencia llevan a la Sala a considerar

que los jueces accionados no acogieron las pautas que la

jurisprudencia constitucional ha avalado en materia de aplicación de

criterios de priorización y el agotamiento del procedimiento previsto

por la ley dentro del esquema para la entrega de la indemnización

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administrativa por los hechos sufridos en el contexto del conflicto

armado.

En efecto, si al momento de resolver el trámite incidental de desacato

o pronunciarse sobre las peticiones de levantamiento de la sanción,

los jueces hubiesen tomado en cuenta el aspecto de la

responsabilidad subjetiva en el contexto señalado, habrían arribado

a una decisión diferente.

Es preciso traer a colación la providencia de 16 de julio de 2020, en

la que esta Sala, en un caso de similares presupuestos, indicó:

“[…] La Sala observa que con la expedición de la Resolución
núm. 04102019-27405 de 25 de julio de 2019, en efecto, la
UARIV dio cumplimiento a la orden contenida en la sentencia
de tutela de 19 de octubre de 2018, consistente en iniciar los
trámites necesarios para el reconocimiento de la indemnización
administrativa a favor del actor.

Cabe señalar que la mencionada resolución reconoció el derecho
a la medida de indemnización administrativa solicitada por el
accionante, para lo cual dispuso:

“[…] RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer el derecho a la medida de
indemnización administrativa por el hecho victimizante de
HOMICIDIO de la señora LUDIVIA NARVÁEZ ÁLVAREZ, quien
se identificó con cédula de ciudadanía Nº 57291529,

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conforme a las razones expuestas en el presente acto
administrativo, a los siguientes beneficiarios:

(…)

ARTÍCULO SEGUNDO. Aplicar el Método Técnico de
Priorización, con el fin de determinar el orden de
asignación de turno para el desembolso de la medida de
indemnización administrativa, de manera proporcional a los
recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal, de
conformidad con las razones señaladas en el presente acto
administrativo, a las siguientes personas:

ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el período de que dispone
la Unidad para las Víctimas para hacer efectivo el pago de la
medida en razón al resultado de la aplicación del Método
Técnico de Priorización.

ARTÍCULO CUARTO. La entrega de la medida de
indemnización administrativa queda condicionada a que, en
el momento del desembolso, el estado en el Registro Único
de Víctimas sea de inclusión […]”.

De la lectura de la citada resolución se advierte que, además de
otorgarle al actor la medida de indemnización administrativa
solicitada, dispuso la aplicación del método técnico de
priorización con el fin de ubicar el orden de asignación de
turno para el desembolso, trámite establecido para el
efecto.

Así las cosas, al verificar la sentencia de tutela que se alega
desatendida, la Sala encuentra que en efecto la UARIV dio
cumplimiento a la misma al iniciar los trámites necesarios para
el reconocimiento de la indemnización administrativa del actor.
(…)

En el caso bajo examen, no podía ser de otra manera, por cuanto
sabido es que para el pago de tales indemnizaciones las
entidades del estado tienen procedimientos y turnos que
deben observarse, pues de lo contrario se vulneraría el
derecho a la igualdad de aquellas personas que de tiempo atrás
están a la espera de tales desembolsos.

Precisamente, en la resolución a través de la cual se le reconoció
al actor la indemnización en comento fue clara en señalar que el

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turno para el pago de la misma se sometería al Método Técnico
de Priorización, procedimiento con el que cuenta la
entidad para establecer el turno de los respectivos
desembolsos por dicho concepto.

En efecto, a través de la Resolución núm. 1049 de 15 de
marzo de 2019, la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, entre otros, adoptó “el
procedimiento para reconocer y otorgar la
indemnización por vía administrativa”, para lo cual
creó el método técnico de priorización, en aras de darle
un trato prioritario a aquellas víctimas que estén
enfrentando una situación de vulnerabilidad debido a
factores como la edad y la discapacidad que les impide
darse su propio sustento, valoración que le corresponde
efectuar a la UARIV, con fundamento en la información
que reposa en dicha entidad, al momento de asignar los
turnos para el desembolso de la indemnización. De ahí que
el Despacho Judicial accionado haya exhortado y no
ordenado a la entidad dicho desembolso, en la providencia
objeto de tutela, como al parecer lo entendió el actor
[…]»40. (Resaltado fuera del texto original).

Sumado a lo anterior, en un asunto con similar situación fáctica a la

presente, la Sala41 amparó los derechos fundamentales de los allí

accionantes al no haberse accedido a la solicitud de levantamiento

de la sanción por desacato en razón a la imposibilidad jurídica de

darse fecha o plazo para el pago de la indemnización administrativa

reconocida.

40
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16
de julio de 2020, número único de radicación 20001-23-33-000-2020-00031-01 (AC), CP NUBIA
MARGOTH PEÑA GARZÓN.
41
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11
de febrero de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-04776-00, CP NUBIA
MARGOTH PEÑA GARZÓN.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de
octubre de 2023, número único de radicación 11001-03-15-000-2023-03815-00, CP NUBIA
MARGOTH PEÑA GARZÓN.

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Es por esta razón que la Sala estima que la decisión de no levantar

la sanción impuesta a la señora SANDRA VIVIANA ALFARO YARA

configuró un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente

judicial sobre los criterios de priorización que deben tener en cuenta

los jueces constitucionales en los casos en que se ordena a la UARIV

el reconocimiento y pago de indemnizaciones administrativas.

Finalmente, en cuanto a la alegada violación directa de la

Constitución, la Sala resalta que comoquiera que el argumento

relacionado con dicha inconformidad fue analizado al estudiar el

contexto de las indemnizaciones administrativas a cargo de la

UARIV, la Sala se remite a lo allí indicado, en el sentido de reiterar

que es necesario que los jueces constitucionales acojan las pautas

señaladas por la Corte Constitucional, en el momento de ordenar el

reconocimiento y pago de dichas indemnizaciones a favor de las

víctimas del conflicto armado.

En este punto, es del caso resaltar que la Sala ordenará el

levantamiento de la sanción en lo que respecta únicamente al caso

particular, toda vez que en el presente asunto al señor OSCAR DE

JESÚS ARANGO mediante la Resolución núm. 04102019-822766 de

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25 de noviembre de 2020 le fue reconocida una indemnización

administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado

y, además, está demostrado que la UARIV aplicó el método técnico

de priorización para lo cual el beneficiario no obtuvo el puntaje

necesario para que se le diera una fecha clara y concreta de pago de

la indemnización administrativa.

Así las cosas, toda vez que en el caso sub examine la UARIV ha

realizado las gestiones tendientes para el cumplimiento de la

sentencia de tutela de 14 de febrero de 2023, esto es, ha aplicado el

método de priorización el cual seguirá siendo aplicado anualmente

hasta que el beneficiario logre obtener el puntaje requerido para el

efecto, situación que, además, ha sido puesta en conocimiento del

señor OSCAR DE JESÚS ARANGO, la Sala considera que resulta

procedente el levantamiento de la sanción, pues no se configuró el

elemento subjetivo de la responsabilidad para la imposición de la

multa por desacato.

En efecto, si bien es cierto que la UARIV no ha dado fecha exacta

para el desembolso de la indemnización, también lo es que ello no

ha sido producto de una actitud negligente o desinteresada en

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cumplir con lo ordenado, sino de la complejidad que conlleva la

materialización de la entrega de la mencionada indemnización, de tal

forma que al estar demostrada la actividad constante de la entidad

para el acatamiento de la orden, lo procedente es acceder al

levantamiento de la sanción en el caso particular.

En ese orden de ideas, la Sala amparará los derechos fundamentales

al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la

señora SANDRA VIVIANA ALFARO YARA y dejará sin efecto las

providencias de 26 y 27 de septiembre de 2023 y 30 de enero

de 2024, proferidas por el JUZGADO y el TRIBUNAL,

respectivamente, por medio de las cuales, de una parte, fue

sancionada por incumplimiento de la orden impartida en sentencia

de 14 de febrero de 2023 y, de otra, se negó la solicitud de

levantamiento de la sanción, dentro del incidente de desacato

identificado con el número único de radicación 2023-00017-03, como

en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

Sin perjuicio de lo anterior, se instará a la UARIV para que continúe

aplicando anualmente el método técnico de priorización con el fin de

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que se establezca el turno para el respectivo desembolso de la

indemnización administrativa reconocida al señor OSCAR DE JESÚS

ARANGO por el hecho victimizante de desplazamiento forzado

mediante la Resolución núm. 04102019-822766 de 25 de noviembre

de 2020, con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia de tutela

de 14 de febrero de 2023 y se logre la reparación integral a las

víctimas, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la

presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional frente a la señora CLELIA ANDREA ANAYA

BENAVIDES por falta del requisito general de la inmediatez, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido

proceso y al acceso a la administración de justicia de la señora

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SANDRA VIVIANA ALFARO YARA. En consecuencia, DEJAR SIN

EFECTOS las providencias proferidas por el JUZGADO TREINTA Y

UNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN de 26 de

septiembre de 2023 y 30 de enero de 2024; y por el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA el 27 de septiembre de

2023.

TERCERO: INSTAR a la DIRECCIÓN TÉCNICA DE

REPARACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS

VÍCTIMAS - UARIV para que continúe aplicando anualmente el

método técnico de priorización con el fin de que se establezca el turno

para el respectivo desembolso de la indemnización administrativa

reconocida al señor OSCAR DE JESÚS ARANGO por el hecho

victimizante de desplazamiento forzado mediante la Resolución núm.

04102019-822766 de 25 de noviembre de 2020, con el objeto de dar

cumplimiento a la sentencia de tutela de 14 de febrero de 2023 y se

logre la reparación integral a las víctimas.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

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QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de abril de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Ausente con permiso

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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