Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-00787-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-00787-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2024-00787-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
4 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00787-01
Demandante: CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES Y OTRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES PROFERIDAS EN EL
TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE DESACATO – Ampara / CONFIGURACIÓN DE
DEFECTO FÁCTICO – Defectuosa valoración del material probatorio allegado al proceso/
DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE.
La Sala1 decide la impugnación presentada por la señora Clelia Andrea Anaya
Benavides y el señor Óscar de Jesús Arango contra la sentencia del 4 de abril de
2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que resolvió:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional frente a la señora CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES por
falta del requisito general de la inmediatez, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia de la señora SANDRA VIVIANA ALFARO
YARA. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS las providencias proferidas
por el JUZGADO TREINTA Y UNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
MEDELLÍN de 26 de septiembre de 2023 y 30 de enero de 2024; y por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA el 27 de septiembre de 2023.
TERCERO: INSTAR a la DIRECCIÓN TÉCNICA DE REPARACIONES DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS – UARIV para que continúe
aplicando anualmente el método técnico de priorización con el fin de que se
establezca el turno para el respectivo desembolso de la indemnización
administrativa reconocida al señor ÓSCAR DE JESÚS ARANGO por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado mediante la Resolución núm.
04102019-822766 de 25 de noviembre de 2020, con el objeto de dar
cumplimiento a la sentencia de tutela de 14 de febrero de 2023 y se logre la
reparación integral a las víctimas.
.
1 Se advierte que, el 15 de mayo de 2024, el proceso ingresó al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00787-00
Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
I. ANTECEDENTES
1.Demanda
1.1. Pretensiones
El 19 de febrero de la presente anualidad, las señoras Clelia Andrea Anaya
Benavides y Sandra Viviana Alfaro Yara interpusieron acción de tutela contra el
Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, al «patrimonio» y al buen
nombre. Formularon las siguientes pretensiones:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
tutela judicial efectiva, buen nombre y patrimonio de las suscritas.
SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al Juzgado Treinta y Uno
Administrativo de Medellín y al Tribunal Administrativo de Antioquia, inaplicar
las siguientes sanciones:
2.1.Sanción calendada el 02 de marzo de 2023 consistente en multa de uno (1)
SMMLV. Sanción confirmada mediante auto del 03 de marzo de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia.
2.2.Sanción calendada el 26 de septiembre de 2023 consistente en multa de
tres (3) SMMLV. Sanción confirmada parcialmente mediante auto del 27 de
septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en el sentido
de reducir a uno (1) SMMLV la multa.
TERCERO: Se ORDENE al Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito
de Medellín y al Tribunal Administrativo de Antioquia, ANALICE / ESTUDIE la
declaratoria de cumplimiento de la providencia de segunda instancia del 06 de
febrero de 2023, dentro del radicado 05001333303120230001700, en
cumplimiento de la Sentencia SU-034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la
Corte Constitucional, en la medida que se cumplió con la orden al expedir la
Resolución No. 04102019-822766 del 25 de noviembre de 2020, que reconoció
el derecho a la entrega de la indemnización administrativa a ÓSCAR DE JESÚS
ARANGO y dispuso la aplicación del método técnico de priorización al particular
con sus respectivos resultados de los años 2021, 2022 y 2023.
CUARTO: ORDENAR al Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de
Medellín o al Tribunal Administrativo de Antioquia, que comunique a la
autoridad encargada de la ejecución de las sanciones pecuniarias, que las
mismas se han levantado con ocasión al cumplimiento de la orden judicial de
tutela.
QUINTO: CONMINAR al Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de
Medellín o al Tribunal Administrativo de Antioquia, a que acate y aplique los
precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la
sanción, previa acreditación del cumplimiento de la orden, con base en la
naturaleza persuasiva del incidente de desacato.
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
1.2. Hechos
En la demanda se narró que el señor Óscar de Jesús Arango interpuso acción de
tutela contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -en
adelante UARIV-, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales
por no haberle entregado a la accionante una fecha, plazo o turno para el pago de
la indemnización administrativo por el hecho victimizante de desplazamiento
forzado, reconocida mediante la Resolución 04102019-822766 del 8 de octubre de
2019.
En sentencia del 27 de enero de 2023, el Juzgado 31 Administrativo de Medellín
declaró la carencia actual de objeto por hecho superado. Inconforme con la anterior
decisión, la parte demandante la impugnó. Mediante sentencia del 14 de febrero de
2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la providencia impugnada y,
en su lugar, amparó el derecho fundamental de petición del actor y le ordenó a la
UARIV que le indicara al accionante un plazo aproximado para el pago de la
indemnización solicitada, o al menos señalarle la vigencia mediante la cual le será
entregada la misma.
La UARIV, el 15 de febrero de 2023, le comunicó al Juzgado 31 Administrativo de
Medellín que, como no se acreditó que el accionante tuviera una situación de
urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad de las establecidas en el artículo 4 de
la Resolución 1049 de 2019 y 1° de la Resolución 582 de 2021, y que para la
vigencia 2021 y 2022, luego de aplicar el método técnico de priorización
concluyeron que no era procedente la entrega material de la medida de
indemnización administrativa.
Mediante auto del 22 de febrero de 2023, el Juzgado 31 Administrativo de Medellín
dio apertura al incidente de desacato en contra de la señora Clelia Andrea Anaya
Benavides. Mediante providencia del 2 de marzo de 2023, el referido juzgado
sancionó a la señora Anaya Benavides con multa de 1 SMMLV.
Ese mismo 2 de marzo, la UARIV informó que no había cumplido cabalmente con
la orden de tutela por imposibilidad jurídica, teniendo en cuenta que, para el pago
de ese tipo de indemnización, se debe cumplir lo dispuesto en la Resolución 01049
de 2019. Mediante providencia del 3 de marzo siguiente, el Tribunal Administrativo
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
de Antioquia, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, confirmó el auto del 2
de marzo de 2023.
El 4 de marzo siguiente, la señora Clelia Andrea Anaya Benavides solicitó la
inaplicación de la sanción, y mediante auto del 16 de marzo de la misma anualidad,
el Juzgado 31 Administrativo de Medellín negó la solicitud de inaplicación. Contra
la anterior decisión se solicitó la reconsideración, la cual fue negada mediante auto
del 10 de abril de 2023. El 11 de abril siguiente, la parte actora pidió que se
suspendiera la sanción, la cual fue resuelta mediante providencia del 17 de mayo
de 2023, en la que se negó.
El Juzgado 31 Administrativo de Medellín mediante auto del 26 de septiembre de
2023, sancionó a la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, directora técnica de la
Dirección de Reparaciones de la UARIV con multa de 5 SMLMV por el
incumplimiento del fallo de tutela de segunda instancia. Mediante providencia del
27 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó
parcialmente la decisión consultada, pues redujo la sanción a 1 SMLMV.
En memorial del 21 de diciembre de 2023, se le solicitó al Juzgado 31 Administrativo
de Medellín la inaplicación de la sanción por desacato, informándole que según el
método técnico de priorización para la vigencia del año 2023 era de 38.9898 y el
puntaje obtenido por el señor Óscar de Jesús Arango fue de 20.7571.
El Juzgado 31 Administrativo de Medellín, mediante auto del 30 de enero de 2024
negó la solicitud de inaplicación.
A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales demandadas incurrieron en
defecto sustantivo, al desconocer el precedente la Corte Constitucional establecido
en la sentencia SU-034 de 2018, que establece las pautas jurisprudenciales para
que los jueces de tutela modulen el cumplimiento del fallo relacionado con el pago
de la indemnización administrativa.
Sostuvo que también incurrió en defecto fáctico por valoración defectuosa del
material probatorio, puesto que no tuvieron en cuenta las explicaciones dadas por
la UARIV en relación con el debido proceso administrativo y lo dispuesto en la
Resolución 01049 de 2019, sobre el procedimiento para la entrega de la
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
indemnización administrativa a las víctimas del conflicto armado dentro de un marco
de igualdad entre las demás víctimas.
Expuso que se encuentra en imposibilidad material de cumplir el fallo de tutela, por
cuanto no es presupuestalmente viable indemnizar a las 9.625.203 víctimas al
mismo tiempo, teniendo en cuenta que la UARIV se encuentra en una «crisis
presupuestal reconocida por la Corte Constitucional en el auto 206 del 28 de abril
de 2017».
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 27 de febrero de 2024, la magistrada sustanciadora en
primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados
que integran el Tribunal Administrativo de Antioquia y al juez 31 Administrativo de
Medellín, como parte demandada, y al señor Óscar de Jesús Arango y a los
directores de la Dirección Técnica de Reparaciones y de la UARIV. Asimismo, se
negó la medida provisional solicitada.
2.2. Todos los sujetos procesales guardaron silencio, a pesar de haber sido
notificados del auto admisorio de la demanda.
3. Fallo impugnado
Mediante sentencia del 4 de abril de 2024, la Sección Primera del Consejo amparó
los derechos fundamentales de la señora Sandra Viviana Alfaro Yara y declaró
improcedente la solicitud de amparo presentada por la señora Clelia Andrea Anaya
Benavides, por incumplimiento del requisito de inmediatez.
En primer lugar, el a quo consideró que la tutela presentada por la señora Clelia
Andrea Anaya Benavides se presentó 11 meses y 12 días después de que se
profirió la providencia del 3 de marzo de 2023, por medio de la cual se resolvió el
grado jurisdiccional de consulta y como la accionante no explicó ninguna situación
que se enmarcara en los supuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional
que permitieran flexibilizar el requisito de inmediatez, concluyó que la solicitud de
amparo se presentó por fuera del término razonable para cuestionar providencias
judiciales.
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
En relación con el incidente de desacato que culminó con la sanción de la señora
Sandra Viviana Alfaro Yara, concluyó que se cumplían los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por cuanto
identificó los hechos y derechos que estimó lesionados, contra las providencias
cuestionadas no procedían recursos y la tutela se interpuso en un plazo razonable.
Al estudiar los defectos alegados por la accionante determinó que de haber
apreciado las pruebas aportadas al trámite incidental, de cara a la situación de la
UARIV, se hubiera podido llegar a la conclusión de que en el caso particular no se
configuró el elemento subjetivo de la responsabilidad para la imposición de la multa
por desacato, por cuanto no pudo señalar una fecha exacta para el desembolso de
la indemnización reconocida, pero esa circunstancia no se debió a un desinterés
en acatar la orden judicial o a una actitud negligente frente al derecho del señor
Óscar de Jesús Arango, sino a la complejidad del trámite. Asimismo, expuso que
quedó demostrado que la UARIV le comunicó al señor Óscar de Jesús Arango que
al aplicar el método técnico de priorización no resultó procedente materializar la
entrega de la medida indemnizatoria en el período fiscal vigente, por falta de
disponibilidad presupuestal.
Agregó que las autoridades judiciales accionadas no acogieron las pautas que la
jurisprudencia constitucional ha avalado en materia de aplicación de criterios de
priorización y el agotamiento del procedimiento previsto por la ley dentro del
esquema para la entrega de la indemnización administrativa por los hechos sufridos
en el contexto del conflicto armado. De manera que, sostuvo que si al resolver el
incidente de desacato o pronunciarse sobre las peticiones de levantamiento de la
sanción, los jueces hubiesen tomado en cuenta el aspecto de la responsabilidad
subjetivo, habrían llegado a una conclusión diferente.
Por lo anterior, consideró que las decisiones cuestionadas incurrieron en
desconocimiento del precedente judicial sobre los criterios de priorización que
deben tener en cuenta los jueces constitucionales en los casos en que se ordena a
la UARIV el reconocimiento y pago de indemnizaciones administrativas.
Así las cosas, ordenó el levantamiento de la sanción que se le impuso a la
accionante, en relación con el asunto sometido a discusión por el señor Óscar de
Jesús Arango, pero, en todo caso, instó a la UARIV para que continúe aplicando el
método técnico de priorización con el fin de que se establezca el turno para el
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respectivo desembolso de la indemnización administrativa reconocida al señor
Óscar de Jesús Arango por el hecho victimizante de desplazamiento forzado.
4. Impugnaciones
4.1. Clelia Andrea Anaya Benavides
Inconforme con la decisión de primera instancia, argumentó que la última actuación
realizada por el despacho accionado fue del 30 de enero de 2024, que decidió no
acceder a la inaplicación de la sanción impuesta el 2 de marzo de 2023. Señaló
que la tardanza en la interposición de la tutela obedeció a que al ser «respetuosa
del ordenamiento jurídico, esperó hasta último momento una respuesta positiva por
parte de la autoridad accionada, de la solicitud elevada sin tener que acudir al
mecanismo constitucional de tutela».
Señaló que los hechos ciertos de las solicitudes de inaplicación que presentó la
UARIV a su nombre, teniendo en cuenta los fundamentos legales dables y
oportunos que acompañaban dicha solicitud y que justifican claramente el disenso
en presentar la solicitud de amparo, hasta tanto la autoridad judicial accionada
resolviera en primera instancia las peticiones elevadas de inaplicar las sanciones a
la suscrita.
4.2. Óscar de Jesús Arango
Reprochó que en la sentencia no se hizo un análisis profundo de las pruebas
documentales, pues lo pretendido es que se dé cumplimiento al incidente de
desacato interpuesto, ya que el juez sancionó a la entidad y el tribunal confirmó esa
decisión y es inconcebible, en su criterio, que no se acaten las órdenes judiciales.
Indicó que la UARIV no está acatando las directrices de la Corte Constitucional y lo
dispuesto en el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011. Por lo anterior, pidió que se
revoque la decisión impugnada y le ordenara a la UARIV que diera cumplimiento a
la sentencia proferida por el Juzgado 31 Administrativo de Medellín y por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, dado que tiene el derecho adquirido desde el año 2020
mediante Resolución.
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II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 4 de abril de 2024, proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. En primer lugar, la Sala deberá analizar si en el caso concreto la solicitud
de amparo cumplió con los requisitos generales de la tutela. Solo en el evento de
cumplirse, la Sala descenderá al análisis de fondo que corresponde, a fin de
establecer si el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado 31 Administrativo
de Medellín vulneraron o no los derechos fundamentales de las señoras Clelia
Andrea Anaya Benavides y Sandra Viviana Alfaro Yara.
2. Análisis de la Sala
2.1. De la acción de tutela contra providencias dictadas en el marco de otra
acción de tutela, incluidas aquellas proferidas en el trámite del incidente de
desacato
La Corte Constitucional, en la sentencia SU-627 del 1° de octubre 2015, unificó el
criterio en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
sentencias o actuaciones adelantadas en una acción de tutela. Al respecto, dijo lo
siguiente:
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata
de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra
la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a
ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es
la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude
(Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación.
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4.6.3. Si la acción se (sic) de tutela se dirige contra actuaciones del proceso
de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional.
De lo anterior, se pueden puntualizar las tres excepciones en las que la acción de
tutela procede contra sentencias o actuaciones adelantadas en procesos de tutela:
1. Contra la sentencia de tutela proferida por un juez, diferente a la Corte
Constitucional, siempre y cuando se demuestre que la nueva tutela no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, que la decisión adoptada
fue producto de una situación de fraude, y que no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.
2. Contra actuaciones del proceso de tutela anteriores a la sentencia, que puede
consistir, entre otros, en no haber informado, notificado o vinculado a los terceros
que serían afectados con la decisión.
3. Contra actuaciones posteriores a la sentencia de tutela, cuando se trate de
proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del
incidente de desacato.
Sin embargo, para la Corte, en cualquiera de los anteriores escenarios, sigue
siendo exigible el cumplimiento de los demás requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Con respecto a la procedencia específica de la acción de tutela contra decisiones
proferidas en el trámite incidental de desacato, la Corte Constitucional, en
sentencia de unificación 034 del 3 de mayo de 2018, manifestó que:
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En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene
que para enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un
incidente de desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos:
i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone
antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es
del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la
configuración una de las causales específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser
consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de
manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de
expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía
que practicar de oficio.
2.2. Requisitos generales de procedibilidad
2.2.1. De la inmediatez: al igual que el a quo la Sala considera que la solicitud de
amparo presentada por la señora Clelia Andrea Anaya Benavides no cumple con el
requisito de inmediatez, pues en el presente asunto se está cuestionando la
providencia del 3 de marzo de 2023, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
de Antioquia resolvió el grado jurisdiccional de consulta en la que se sancionó a la
señora Anaya Benavides por incumplimiento del fallo de tutela. De hecho, mediante
providencia del 16 de marzo de 2023, notificada en esa misma fecha, el Juzgado
31 Administrativo de Medellín negó la solicitud de inaplicación de la sanción
presentada por la accionante.
La accionante solicitó que se reconsiderara la anterior decisión y, mediante auto
del 10 de abril de 2023, el Juzgado 31 Administrativo de Medellín la negó. En el
mismo sentido, mediante auto del 17 de mayo de 2023, el juzgado de primera
instancia negó la solicitud de suspensión de la sanción presentada por la parte
actora.
Así las cosas, contrario a lo argumentado en la impugnación, la Sala considera que
la solicitud de amparo no se interpuso en un término razonable, pues desde que
tuvo conocimiento de la providencia del 16 de marzo de 2023, que resolvió la
solicitud de inaplicación de la sanción, la parte actora pudo acudir al juez
constitucional con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales que
considera vulnerados y no debió esperar hasta que la autoridad judicial accionada
profiriera una respuesta positiva.
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Así pues, la carga de acudir oportunamente al juez constitucional no resulta
desproporcionada, ya que en el proceso no está acreditado que la accionante, se
encontrara en una situación especial que les impidiera ejercer la acción de tutela
oportunamente, máxime si se tiene en cuenta que esta no requiere de formalidades
para su presentación.
Frente a los criterios valorativos de la inmediatez, debe advertirse que no está
acreditado en el expediente: (i) que la accionante pertenezca a un grupo vulnerable
y que en razón de esa situación les hubiese sido imposible acudir con antelación al
juez de tutela, (ii) la existencia de especiales circunstancias que impidieran acudir
al juez de tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) la vulnerabilidad económica, (v)
la afectación de derechos de terceros y, por último, (vi) no se advierte diligencia en
la presentación de la solicitud de amparo por parte de la accionante, ni que (vii) la
presente acción de tutela represente una seria afectación a la seguridad jurídica.
Así las cosas, como la solicitud de amparo se radicó el 19 de febrero de 2024, y la
providencia cuestionada se profirió el 16 de marzo de 2023, es claro que superó
ampliamente el término de 6 meses que la jurisprudencia ha considerado como
razonable para cuestionar providencias judiciales, por lo que, en esas condiciones,
la Sala confirmará la decisión impugnada en este sentido.
De otra parte, en relación con el cumplimiento del requisito de inmediatez por parte
de la tutela presentada por la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, se observa que
sí se cumple con este presupuesto, puesto que la acción de tutela se presentó en
un plazo razonable, si se considera que la providencia que la sancionó se profirió
el 26 de septiembre de 2023, y el grado jurisdiccional de consulta fue resuelto
mediante auto del 27 de septiembre de 2023.
Posteriormente, el Juzgado 31 Administrativo de Medellín, mediante auto del 12 de
diciembre de 2023, negó la solicitud de inaplicación presentada por la parte actora,
y, como la tutela se presentó el 19 de febrero de la presente anualidad, es claro
que no habían transcurrido ni siquiera tres meses, por lo que se concluye que fue
interpuesta en un término razonable.
Por lo anterior, la Sala estudiará si la tutela presentada por la señora Sandra Viviana
Alfaro Yara cumple con los demás requisitos generales y, en caso de cumplirse,
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estudiará de fondo el asunto con el fin de determinar si le vulneraron o no sus
derechos fundamentales.
2.2.2. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima
que este requisito está acreditado porque se agotaron los recursos disponibles en
el proceso de tutela y en el trámite del incidente de desacato, pues, precisamente,
lo que se está discutiendo es la inaplicación de una sanción proferida en el marco
de un incidente de desacato que ya surtió el grado jurisdiccional de consulta ante
el Tribunal Administrativo de Antioquia.
2.2.3. De la relevancia constitucional: la cuestión que aquí se discute sí tiene
relevancia constitucional, toda vez que la parte demandante alegó que con las
providencias que se abstuvieron de levantar la sanción impuesta en el incidente de
desacato, vulneraron sus derechos fundamentales, al no tener en cuenta la
imposibilidad material para dar cumplimiento al fallo de tutela y el desconocimiento
del precedente unificado de la Corte Constitucional, cuestiones que revisten una
marcada importancia desde la óptica de las prerrogativas iusfundamentales.
2.2.4. No se advierte que la parte actora hubiera planteado argumentos
nuevos y no se solicitaron nuevas pruebas, pues los motivos de reproche contra
las providencias que la sancionaron y en el escrito de tutela, son consistentes en
afirmar que le es imposible dar cumplimiento material a la orden de tutela, toda vez
que, de conformidad con el procedimiento administrativo contemplado en la
Resolución 1049 de 2019, al aplicar el método de priorización diseñado por la
UARIV, el accionante en el proceso de tutela objeto de desacato no obtuvo el
puntaje necesario para ser incluida dentro del universo de víctimas priorizadas que
accedieron a la indemnización administrativa con los recursos asignados, en la
disponibilidad presupuestal del año 2023.
3. Caso concreto y solución del problema jurídico2
En el caso bajo estudio, la señora Sandra Viviana Alfaro Yara alegó que el Tribunal
Administrativo de Antioquia y el Juzgado 31 Administrativo de Medellín incurrieron
en defecto fáctico y desconocimiento del precedente, al no atender favorablemente
2 Por tratarse de asuntos con circunstancias fácticas y jurídicas similares, la Sala incorporará a este
fallo las consideraciones expuestas en las sentencias del 20 de mayo de 2022, expediente 2022-
02006-00, y del 31 de mayo de 2023, expediente 2023-00973-00, ambos con ponencia del magistrado
José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00787-00
Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
las solicitudes de inaplicación de las sanciones por desacato al fallo de tutela del
14 de febrero de 2023, que se le impusieron mediante providencias del 26 de y 27
de septiembre de 2023.
En la sentencia SU-034 de 2018, la Corte Constitucional analizó la validez de las
providencias mediante las cuales el Juzgado Civil del Circuito de Los Patios negó
el levantamiento de las sanciones por desacato impuesta a la antigua directora
general y a otras funcionarias de la UARIV por no entregar la indemnización
administrativa reclamada por tres víctimas de desplazamiento forzado en los
términos fijados en los fallos de tutela que ordenaron el pago de dicha medida de
reparación.
En aquella oportunidad, la autoridad jurisdiccional accionada se rehusó a inaplicar
las sanciones impuestas, por cuanto la entidad no había demostrado el pago a los
interesados tal y como había sido dispuesto en las sentencias de tutela que
ampararon los derechos por ellos invocados.
Por su parte, la UARIV explicó que no era posible realizar el desembolso inmediato
de los respectivos recursos, por cuanto era necesario establecer los criterios de
priorización que resultaran aplicables en cada caso y agotar el procedimiento
previsto legalmente para el efecto, debido a que la política de reparación integral a
las víctimas del conflicto del conflicto se ejecuta de acuerdo con los principios de
igualdad, gradualidad y progresividad en vista de la masiva cantidad de afectados
por la violencia y las limitaciones presupuestales.
La Sala Plena de la Corte analizó específicamente los requisitos para enervar
providencias que ponen fin a los incidentes de desacato y estudió la jurisprudencia,
con especial énfasis en su naturaleza y finalidad «que no es otra que propiciar el
cumplimiento efectivo de las órdenes de tutela como medio para asegurar el
restablecimiento de los derechos amparados». Sostuvo que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente, por cuanto omitieron la complejidad que implicaba la ejecución
inmediata de las órdenes de tutela -por estar inmersa en un estado de cosas
inconstitucional-, y se debía atender a las facultades del juez para modular las
órdenes impartidas en la sentencia -pago de la indemnización administrativa- en
consideración al contexto y los informes allegados por la UARIV.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00787-00
Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
La Corte concluyó que se trataba de órdenes complejas y, por tanto, el precedente
constitucional habilitaba al juez del desacato para modular la orden de pago en uno
de sus aspectos accidentales (tiempo, modo y lugar), con el propósito de hacer
posible y real su cumplimiento, pues la entidad obligada se allanó a su
cumplimiento, pero que debía contrastarse con la problemática estructura asociada
al estado de cosas inconstitucional en materia de víctimas de desplazamiento
forzado.
Adicionalmente, precisó que la omisión en el estudio de la responsabilidad subjetiva
condujo al desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre la finalidad del
incidente de desacato, pues pasaron por alto que el no pago inmediato de las
medidas de reparación no era imputable a la negligencia de las funcionarias, sino
a la situación coyuntural ocasionada por la violación masiva de derechos en el
marco del conflicto, y esa omisión condujo a una desnaturalización de las sanciones
de arresto y multa como mecanismos para propiciar la efectividad de la salvaguarda
en los fallos de tutela.
Finalmente, concluyó lo siguiente:
Al momento de resolver un incidente de desacato, la autoridad judicial debe
tomar en consideración si concurren factores objetivos y/o subjetivos
determinantes para valorar el cumplimiento de una orden de tutela por parte de
su destinatario. Entre los factores objetivos, pueden tomarse en cuenta
variables como (i) la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento, (ii) el
contexto que rodea la ejecución de la orden impartida, (iii) la presencia de un
estado de cosas inconstitucional, (iv) la complejidad de las órdenes, (v) la
capacidad funcional de la persona o institucional del órgano obligado para
hacer efectivo lo dispuesto en el fallo, (vi) la competencia funcional directa para
la ejecución de las órdenes de amparo, y (vii) el plazo otorgado para su
cumplimiento. Por otro lado, entre los factores subjetivos el juez debe verificar
circunstancias como (i) la responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del obligado,
(ii) si existió allanamiento a las órdenes, y (iii) si el obligado demostró acciones
positivas orientadas al cumplimiento. Vale anotar que los factores señalados
son enunciativos, pues, en el ejercicio de la función de verificación del
cumplimiento, el juez puede apreciar otras circunstancias que le permitan
evaluar la conducta del obligado en relación con las medidas protectoras
dispuestas en el fallo de tutela.
No obstante lo anterior, se precisó que la alternativa de acción adoptada por la
UARIV (consistente en la asignación de un turno para la entrega efectiva de la
indemnización) está inserta en una estructura general de cumplimiento, por
tratarse de un estado de cosas inconstitucional, en este caso, en materia de
atención a víctimas de desplazamiento forzado. Se subrayó que la Corte
Constitucional no puede promover ni aceptar el uso estratégico del incidente
de desacato, de modo que se convierta en un mecanismo que les permita a los
accionados dilatar el cumplimiento de las órdenes de tutela en procesos que
no estén dentro de un escenario como el que aquí se observa, esto es, un
estado de cosas inconstitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00787-00
Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
A partir de los anteriores hallazgos, se concluyó que deben tutelarse los
derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso invocados por la
actora y, como consecuencia de ello, se debe dejar sin efectos aquellas
providencias que negaron el levantamiento de las sanciones por desacato
impuestas a las funcionarias de la UARIV, para proceder a levantarlas, de
conformidad con el precedente fijado por la Corte Constitucional en la materia.
En el presente asunto, se advierte que, a partir de los lineamientos establecidos por
la Corte Constitucional en el Auto 206 de 2017, la UARIV profirió la Resolución
01049 del 25 de marzo de 2019, por la cual se estableció el procedimiento para
acceder al componente de indemnización administrativa y se fijaron los parámetros
de aplicación del método técnico de priorización para su desembolso. Allí se
dispuso que las víctimas se encuentran en situación de urgencia manifiesta o
extrema vulnerabilidad cuando se acredita tener una edad igual o superior a los 68
años, o tener enfermedades huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo,
o tener una discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones e
instrumentos pertinentes que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social
o la Superintendencia Nacional de Salud.
Asimismo, se estableció que los formularios de solicitud de indemnización
administrativa debían ser clasificados en dos grupos (prioritarios y generales), y
para la materialización de la medida se tendría en cuenta la disponibilidad
presupuestal que tuviera la UARIV.
Se dispuso, además, que en los casos no priorizados el orden para la entrega se
define a través de la aplicación del método técnico de priorización y este se realiza
siempre que haya disponibilidad presupuestal.
Pues bien, se tiene que el señor Óscar de Jesús Arango promovió incidente de
desacato contra la UARIV por el supuesto incumplimiento del fallo de tutela
proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 14 de febrero de 2023.
Mediante auto del 27 de junio de 2023, el Juzgado 31 Administrativo de Medellín
abrió el correspondiente trámite incidental y requirió a la señora Andrea Nathalia
Romero Figueroa, directora técnica de reparación de la UARIV, con el fin de que
rindiera informe de cumplimiento del fallo de tutela. Mediante providencia del 18 de
septiembre de 2023, se desvinculó a la señora Romero Figueroa y se dispuso la
vinculación al incidente de desacato a la señora Sandra Viviana Alfaro Yara.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00787-00
Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
La UARIV, a través de representante judicial, manifestó que al accionante se le
había realizado el estudio técnico de priorización, pero no salió favorecido para la
entrega de la indemnización administrativa a la que tenía derecho. Además, señaló
que no resultaba posible jurídicamente dar cumplimiento al fallo, por cuanto al no
aprobar el estudio técnico de priorización, no podía asegurarle al señor Óscar de
Jesús Arango una fecha estimada para el pago de la indemnización. Asimismo,
sostuvo que le informó al accionante los resultados de los estudios y le precisó que,
de contar con elementos probatorios para el estudio de la siguiente vigencia, los
presentara en debida forma con el fin de que sirvieran de soporte para el análisis
correspondiente.
El Juzgado 31 Administrativo de Medellín, en providencia del 26 de septiembre de
2023, sancionó a la señora Sandra Viviana Alfaro Yara con multa por valor de cinco
(5) smmlv, por cuanto no se acreditó el cumplimiento de la orden de tutela del 14
de febrero de 2023, pues, si bien se aplicó el método técnico de priorización a la
accionante, no se determinó una fecha estimada para el pago de la indemnización
administrativa, tal y como fue ordenado en el fallo de segunda instancia en sede de
tutela.
La anterior providencia surtió el grado jurisdiccional de consulta ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia, el que, mediante auto del 27 de septiembre de 2023,
modificó la sanción y la redujo a un (1) smmlv. Para tal efecto, argumentó que no
se había acreditado el cumplimiento de la orden judicial, pues si bien se aplicó el
método de priorización, lo cierto es que la UARIV debía desplegar las gestiones
administrativas necesarias para establecer mínimamente una fecha o vigencia en
la que se hiciera el pago de la indemnización reclamada, pues esa circunstancia le
daría al accionante certeza frente al desembolso del pago y evidenciaría un orden
en sede administrativa de la forma en que se realiza el cumplimiento de las
indemnizaciones reconocidas.
El 29 de septiembre siguiente, se solicitó la inaplicación de la sanción por desacato
ante el Juzgado 31 Administrativo de Medellín. Indicó que se encontraba en
imposibilidad material para el cumplimiento del fallo de tutela, pues no resultaba
posible fijar un término razonable y perentorio para entregar de manera material la
indemnización administrativa reconocida, por cuanto la entrega de ese tipo de
medidas debe cumplir los principios de progresividad, gradualidad y sostenibilidad
fiscal, ya que no es viable indemnizar a todas las víctimas al mismo tiempo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00787-00
Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
El Juzgado 31 Administrativo de Medellín, en providencia del 12 de diciembre de
2023, negó la solicitud de inaplicación de la sanción, toda vez que los argumentos
alegados ya habían sido descartados por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
El 11 de enero de 2024, la accionante solicitó nuevamente el levantamiento de la
sanción por desacato, con fundamento en que luego de aplicar el método técnico
de priorización, el señor Óscar de Jesús Arango no acreditó alguna características
que la hiciera sobresalir sobre las demás personas víctimas del conflicto armado,
pues el puntaje obtenido para 2023 fue de 20.7571 y el mínimo requerido para
ordenar el reembolso en esa vigencia era de 38.9898, de ahí que no resultara
procedente asignar una fecha cierta de pago. Agregó que esa entidad no otorgaba
turnos ni listados, pues dicha indemnización se entrega en el marco de priorización
que introdujo la Resolución 1049 de 2019, que privilegia a aquellas personas que
presentan una condición de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad.
Mediante auto del 30 de enero de 2024, el Juzgado 31 Administrativo de Medellín
concluyó que no se había dado cumplimiento a la orden de tutela por cuanto la
imposibilidad alegada por la demandante, pues resaltó lo considerado por el
Tribunal Administrativo de Antioquia en el trámite de consulta en el cual se
pronunció sobre el argumento presentado por la UARIV, así:
Si bien en respuesta otorgada al Juzgado de Instancia, frente a los
requerimientos realizados, la Unidad invocó una serie de argumentos
relacionados con la imposibilidad jurídica de ofrecer una fecha cierta de pago,
debido a que no existen los recursos para el pago de indemnizaciones en el
año que cursa, lo cierto es que bajo las características especiales del caso, en
el que ya existe un reconocimiento a través de un acto administrativo desde
hace más de dos (2) años, y resulta claro el derecho que le asiste al actor en
la materia, es preciso que la UARIV despliegue gestiones administrativas para
establecer mínimamente una fecha o vigencia en la que se haga el pago de la
indemnización reclamada, que no necesariamente debe delimitarse en este
año que corre 2023, sino en la vigencia en que se cuente con los recursos en
proyección a los que se asignan a la entidad para estos fines; ello daría al
accionante un parte de certeza frente al desembolso del pago y evidenciaría
una orden en sede administrativa de la forma en que se realiza el cumplimiento
de las indemnizaciones reconocidas.
Visto lo anterior, la aquí accionante le comunicó en múltiples ocasiones a las
autoridades judiciales demandadas la imposibilidad material de cumplir con la orden
proferida en la acción de tutela con radicado 05001-33-33-031-2023-00017-01,
debido al agotamiento del procedimiento administrativo establecido en la
Resolución 01049 de 2019 y a la imposibilidad de asignar una fecha de entrega,
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00787-00
Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
pues se agotaron los recursos dispuestos para cubrir el componente de
indemnización administrativa para la vigencia del año 2023.
A pesar de los anteriores argumentos, se observa que el Tribunal Administrativo de
Antioquia, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, contrario a las reglas
establecidas por la Corte Constitucional, consideró que:
Se encuentra además que, la entidad accionada en el trámite de consulta
aportó contestación en la cual no allegó prueba sobre el cumplimiento de la
orden dada en sede de tutela, en la cual se indicó que le era imposible indicar
una fecha cierta para la entrega de la indemnización administrativa, pues
debían seguirse ciertos parámetros legales para ello, adicional a asegurar que
el accionante no cumplía con los requisitos para que le fuera aplicada una ruta
de priorización para tales fines.
Observa la Sala que, la presente es la segunda ocasión en la cual se solicita
por el accionante, señor Óscar de Jesús Arango se de apertura al incidente de
desacato a la orden de tutela impartida a su favor, sin que se observe que la
Unidad de Víctimas despliegue diligencias tendientes a definir un marco de
acción para la programación de pagos de indemnizaciones a víctimas del
conflicto armado como lo es el tutelante, a quien le fue reconocido a través de
acto administrativo en firme el reconocimiento de la medida de indemnización
administrativa mediante Resolución Nº. 04102019-822766 del 25 de noviembre
de 2020, por el hecho victimizante de desplazamiento forzado (Fls. 44 y ss.
Archivo 04 Tutela).
Así las cosas, la entidad accionada UARIV despliega una conducta negligente
y renuente frente al cumplimiento a la orden judicial proferida en este caso;
incumplimiento que, en razón al carácter subjetivo del incidente de desacato,
en consideración del Juzgado de Instancia, recae sobre la Directora Técnica
de Reparaciones de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación de las Víctimas, pues a pesar de que se dio apertura al incidente
de desacato, notificándose a la misma de dicha decisión, no aportó prueba
alguna encaminada a acreditar una respuesta de fondo al derecho de petición
del accionante, y manteniendo su conducta renuente a proteger dicho derecho
fundamental.
Si bien en respuesta otorgada al Juzgado de Instancia, frente a los
requerimientos realizados, la Unidad invocó una serie de argumentos
relacionados con la imposibilidad jurídica de ofrecer una fecha cierta de pago,
debido a que no existen los recursos para el pago de indemnizaciones en el
año que cursa, lo cierto es que bajo las características especiales del caso, en
el que ya existe un reconocimiento a través de un acto administrativo desde
hace más de dos (2) años, y resulta claro el derecho que le asiste al actor en
la materia, es preciso que la UARIV despliegue gestiones administrativas para
establecer mínimamente una fecha o vigencia en la que se haga el pago de la
indemnización reclamada, que no necesariamente debe delimitarse en este
año que corre 2023, sino en la vigencia en que se cuente con los recursos en
proyección a los que se asignan a la entidad para estos fines; ello daría al
accionante un parte de certeza frente al desembolso del pago y evidenciaría
una orden en sede administrativa de la forma en que se realiza el cumplimiento
de las indemnizaciones reconocidas.
Ahora bien, considera la Sala que en este caso es procedente confirmar de
forma parcial la sanción impuesta a la funcionaria incidentada, pues es del
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00787-00
Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
criterio que la aplicación de la misma en un (1) salario mínimo legal mensual
vigente, se adapta a los lineamientos sobre proporcionalidad de la sanción, y
cumple con el objetivo perseguido en el incidente de desacato
En ese contexto, se advierte que las autoridades judiciales accionadas
desconocieron el precedente sentado en la sentencia SU-034 de 2018, al no tener
en cuenta que los pronunciamientos de los jueces de tutela deben respetar los
procedimientos establecidos por las entidades que hacen parte del sistema integral
de reparación y que al imponer las sanciones en desarrollo del trámite incidental de
desacato al juez constitucional le corresponde valorar la responsabilidad subjetiva
de la parte obligada a acatar la orden.
Igualmente, la Sala considera que también incurrieron las autoridades demandadas
en el defecto fáctico alegado, puesto que, mediante la Resolución 04102019-
822766 del 25 de noviembre de 2020, la UARIV le reconoció el derecho a la medida
de indemnización por el hecho victimizante de desplazamiento forzado al señor
Óscar de Jesús Arango.
Asimismo, en el trámite incidental, la parte demandante informó que la UARIV
aplicó el método técnico de priorización en 2022 y le comunicó al accionante que el
puntaje obtenido fue de 25.44229 y la estadística de ese método determinó que
puntaje mínimo para acceder a la medida era de 46.6053, de conformidad con la
disponibilidad presupuestal para la vigencia 2022, pero que procedería a aplicar
nuevamente el método el 31 de julio de 2023, con el fin de verificar si se cumplían
los requisitos para ordenar el pago de la medida indemnizatoria. Que, además,
realizado el método en la vigencia 2023, el accionante tuvo un puntaje de 20.7571
y el puntaje mínimo para acceder a la indemnización era de 38.9898.
También le explicó que, si llegara a contar con uno de los tres criterios de urgencia
manifiesta o extrema vulnerabilidad, podría adjuntar en cualquier tiempo la
certificación y los documentos necesarios que acrediten esa circunstancia para
priorizar la entrega de la medida.
En virtud de lo anterior, le indicó que era imposible brindarle una fecha de pago
específica al señor Óscar de Jesús Arango, pues por su puntaje no se ubicó dentro
del universo de víctimas que accederán a la indemnización administrativa,
conforme a la disponibilidad presupuestal asignada a la entidad para el año 2021,
2022 y 2023.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00787-00
Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Así las cosas, se puede observar que al confirmar la sanción impuesta a la
accionante en el incidente de desacato, el Tribunal Administrativo de Antioquia no
valoró adecuadamente el material probatorio que obraba en el expediente, pues del
mismo resulta posible concluir que la asignación de fechas para el pago de la
indemnización administrativa dentro de determinada vigencia fiscal, está
determinada por dos factores, que no dependen de la voluntad de la señora Sandra
Viviana Alfaro Yara, esto es, la disponibilidad de recursos, pues la misma está
ligada al presupuesto que le asigne cada año a la UARIV y, de otra parte, el puntaje
obtenido a partir del método de priorización, el cual se establece a partir de unos
criterios objetivos definidos por la entidad para clasificar a la población desplazada
de acuerdo a su nivel de vulnerabilidad.
Entonces, si el señor Óscar de Jesús Arango no se encuentra dentro de la población
priorizada y se agotan los recursos destinados para el pago de las indemnizaciones,
debía ser reclasificado a partir del método de priorización, no por la omisión en el
cumplimiento del fallo de tutela por parte de la señora Alfaro Yara, sino por cuanto
el puntaje obtenido por la solicitante no es acumulable entre vigencias fiscales
anuales.
Por todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia impugnada que concedió el
amparo, al encontrar acreditado que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en defecto sustantivo, por desconocer el precedente fijado en la
sentencia SU-034 de 2018, y en defecto fáctico, al incurrir en una valoración
inadecuada del material probatorio que obra en el proceso. Lo anterior, tal como lo
ha considerado esta Subsección3, no es impedimento para que se recuerde el
deber que tiene el Estado de cumplir con el compromiso de reparar a las víctimas
del conflicto armado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 4 de abril de 2024, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
3 Sentencia del 31 de marzo de 2023, expediente 2023-00973-00, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Accionante: Clelia Andrea Anaya Benavides y otra
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la
derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
21
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