Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00844-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00844-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-00844-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
25 de julio de 2024
Demandante: Manuel Pacheco Pico
Demandado: Tribunal Administrativo de Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00844-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C, veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00844-01
Demandante: MANUEL PACHECO PICO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
TEMA: Tutela contra providencia judicial
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por Manuel Pacheco Pico contra la
sentencia 26 de abril de 2024, por medio de la cual la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el mecanismo de amparo
constitucional por no cumplir con el requisito de inmediatez.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Manuel Pacheco Pico, actuando en nombre propio, presentó el 22 de
diciembre de 20231 acción de tutela, en la que solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales «tales como el debido proceso – derecho de defensa, libre
acceso a la justicia».
Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas por parte
del Tribunal Administrativo del Magdalena con ocasión de la sentencia de 8 de
febrero de 20232, por medio de la cual revocó el fallo de primera instancia
proferido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta, para
en su lugar, negar las súplicas de la demanda dentro del medio de control de
reparación directa, identificado bajo el radicado 47001-33-33-006-2015-00227-
00/01.
1 Índice 6 del aplicativo Samai.
2 Notificada a las partes vía correo electrónico el 26 de junio de 2023. Por lo que quedó
ejecutoriada el 4 de julio siguiente.
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Demandante: Manuel Pacheco Pico
Demandado: Tribunal Administrativo de Magdalena
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1.2. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de
la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
El 27 de abril de 2013, el señor Manuel Pacheco Pico fue detenido y puesto a
disposición de la Fiscalía General de la Nación por el agente de policía Jhon
Manuel Maldonado, debido a que se encontró en la guantera del vehículo de
placas DVD-572 8 cartuchos de 9 milímetros marca Indumil.
Por tal motivo, el 29 de abril de 2013, el Juzgado Primero Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías le impuso la medida de aseguramiento con
detención domiciliaria en el lugar de su residencia por el delito de «Fabricación,
tráfico o porte de armas de fuego o municiones».
El 4 de octubre de 2013, el juez decidió conceder la solicitud de preclusión de la
investigación, por estar en incapacidad de desvirtuar la presunción de inocencia
del señor Pacheco Pico.
De modo que, el señor Manuel Pacheco Pico y otros3, presentaron demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa, en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, la Rama Judicial y la Fiscalía General
de la Nación, con el fin de declarar patrimonialmente responsable a las entidades
en mención, por la presunta privación injusta de la libertad.
El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta avocó conocimiento
del medio de control de reparación directa y, en sentencia de 24 de junio de
2022, accedió a las pretensiones de la demanda.
Por consiguiente, los apoderados de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y Nación – Fiscalía General de la Nación, interpusieron recurso de
apelación, del cual tuvo conocimiento el Tribunal Administrativo del Magdalena
autoridad judicial que, mediante sentencia de 8 de febrero de 20234 resolvió
revocar integralmente el fallo proferido por el a quo, para en su lugar, negar las
3 Conformaron la parte demandante: Manuel Pacheco Pico, actuando en nombre propio y
representación de su hijo menor Jhoan David Pacheco Ariza, Kelly Johana Cabas Barrios,
actuando en nombre propio y en representación de los menores Manuel Jesús Pacheco Cabas,
Jesús Manuel Pacheco Cabas; los señores Manuel Pacheco Pérez, Viviana Pacheco Pico,
Claudia Inés Pacheco Jiménez, Patricia María Pacheco Jiménez y Gabriel Smith Pacheco
Payares.
4 La decisión de segunda instancia se envió a los extremos procesales el 26 de junio de 2023
mediante correo electrónico y fue notificado el 28 del mismo mes.
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pretensiones5 de la demanda, por la ausencia probatoria por parte del extremo
activo de la litis.
1.3. Peticiones del amparo constitucional
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
1. Que se me tutele los derechos fundamentales como TALES COMO EL
DEBIDO PRCOESO – DERECHO DE DEFENSA, LIBRE ACCESO A LA
JUSTICIA y demás derechos que se encuentren violados y demostrados a
lo largo de esta acción por EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
MAGDALENA
2. Como consecuencia que se ordene EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL MAGDALENA
3. FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION resuelva la
solicitud de reconocimiento de la pensión de invalidez, por lo que pido tener
en cuenta lo resuelto por la CORTE CONSTITUCIONAL en sentencia T-
144/20.6
1.4. Fundamento de la solicitud
Para el accionante, la decisión del Tribunal Administrativo del Magdalena careció
de fundamento jurídico, toda vez que debió requerir al «JUZGADO PRIMERO
PENAL MUNICIPIAL DE SANTA MARTA, con funciones de control de garantía,
CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO
DE SANTA MARTA, JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO DE SANTA
MARTA, los respectivos audios, actas de audiencias, donde se demostrara la
privación de la libertad en detención domiciliaria, ya que la misma fue realizada
en audiencia de legalización, imputación e imposición de medida de
aseguramiento».
Asimismo, con relación a la falta de carga probatoria, manifestó «que mas prueba
requería el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA, si el ente
encargado de ejercer la vigilancia, custodia y tratamiento de personas privadas
de la libertad está certificando el tiempo que duré preso».
5 El Tribunal Administrativo del Magdalena consideró negar las pretensiones de la demanda
debido a que «la parte actora pretende la reparación de un daño antijurídico con ocasión de la
privación de la libertad de que fue objeto el señor MANUEL PACHECO PICO, como
consecuencia de la imposición de una medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía
General de la Nación y decretada por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Santa Marta al interior de una investigación penal, le correspondía por
lo menos allegar al plenario la decisión mediante la cual se adoptó la decisión que aduce fue la
generadora del año, no obstante, en el asunto de marras el extremo activo de la litis guardo una
postura pasiva en relación con la carga probatoria que le incumbe, pues, se reitera no allegó al
expediente la decisión mediante la cual se impuso la medida restrictiva de la libertad al señor
PACHECO PICO».
6 Transcripción del texto original, por lo que puede contener errores.
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Por último, señaló que del informe dado por la Fiscalía General de la Nación, se
podía concluir que los policías encargados de la captura actuaron de mala forma
«porque en ningún momento llegaron pruebas al expediente ni fotografía alguna
de las supuestas municiones o armas».
1.5. Trámite de la acción
El 22 de febrero de 2024, el ponente de la decisión de primera instancia admitió
la acción y ordenó la notificación de la parte actora, y al Tribunal Administrativo
de Magdalena, como parte demandada, así como a la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, a la Rama Judicial, a la Fiscalía General
de la Nación y «a quienes hayan participado en proceso de reparación directa
con radicado número 47001-33-33-006-2015-00227-00/01» como terceros con
interés
Asimismo, requirió al accionante para que corrigiera la solicitud de amparo y
ordenó suspender los términos del trámite constitucional. De modo que, el
extremo activo del trámite constitucional, mediante memorial hizo corrección del
de la tutela y precisó que sus pretensiones estaban encaminadas a que se deje
sin efecto el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Magdalena y se
ordene dictar una nueva sentencia.
1.6. Intervenciones
Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo del Magdalena
El titular del despacho del Tribunal Administrativo del Magdalena luego de
realizar un recuento de la actuación procesal dentro del trámite del medio de
control de reparación identificado bajo radicado 47-001-3333-006-2015-00227-
01, manifestó que el señor Pacheco Pico no cumplió con la carga argumentativa
suficiente para señalar en forma precisa los motivos por los cuales consideró que
la decisión adoptada por la autoridad judicial trasgredió las garantías
constitucionales.
De la misma manera, señaló que la acción de tutela devenía improcedente al no
acreditar el requisito de inmediatez, pues la decisión de segunda instancia fue
«debidamente notificada en la calenda de 26 de junio de 2023, y la acción de la
tutelar de la referencia fue presentada en el mes de febrero de 2024, vale decir
fuera del tiempo establecido por la jurisprudencia unificada en torno a la
inmediatez para el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales».
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Por último, manifestó que el fallo fue adoptado bajo el lineamiento jurisprudencial
de la materia, la ley y a los elementos fácticos y probatorios obrantes en el
proceso ordinario dentro del medio de control de reparación directa, por lo que
se avizora que lo que pretende el tutelante es utilizar la acción de tutela como
una instancia adicional.
1.6.2. Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
El asesor del sector defensa - 16 del área jurídica de la Policía Nacional
manifestó, en primer lugar, que el actor no cumplió con la carga argumentativa
para desarrollar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos
establecidos para la prosperidad de la acción constitucional contra providencia
judicial.
Asimismo, señaló que el mecanismo de amparo no puede ser la posibilidad para
abrir un nuevo debate probatorio y, que la acción de tutela es improcedente toda
vez que «la decisión adoptada por el multimencionado alto tribunal, tienen
asidero jurídico que desvirtúan la existencia de alguna transgresión de derechos
fundamentales en sede presunción o en grado de certeza, la debida valoración
probatoria que se realizó en el proceso desvirtúan por completo las pretensiones
del señor Manuel Pacheco Pico».
1.6.3. Fiscalía General de la Nación
Mediante la profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos
señaló que la acción constitucional es improcedente por no cumplir con el
requisito de inmediatez, al solicitar el amparo de los derechos fundamentales al
advertir que «la providencia atacada del proceso de reparación directa con
radicado No. 2015-00227-00 mediante la presente acción, fue proferida el 8 de
febrero de 2023, superando los (6) meses que por regla general se consideran
oportunos para interponer la acción de tutela contra providencias judiciales».
Ahora bien, la Fiscalía General de la Nación advirtió que tampoco se cumplía
con el requisito de subsidiariedad, debido a que para cuestionar la decisión
judicial de segunda instancia que resolvió el proceso de reparación directa el
ordenamiento jurídico colombiano prevé diferentes recursos para solicitar el
amparo de sus derechos accionados, en específico «que la parte accionante no
justificó por qué el recurso extraordinario de revisión no resultaba idóneo para
amparar sus derechos fundamentales».
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Así pues, indicó que la parte actora no sustentó las causales específicas de
procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente, tal como lo determino
la Corte Constitucional en la sentencia T-230 de 2007.
1.6.4. Nación – Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
El apoderado judicial de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial solicitó la falta de legitimación en la causa por pasiva de
la Administración Ejecutiva de Administración Judicial, con fundamento en que
no podría ser la llamada a subsanar la posible afectación causada «sino lo sería
únicamente el Despacho Judicial involucrado a través de su titular». Sin
embargo, manifestó que no se avizora la trasgresión de sus derechos
fundamentales, debido a que la decisión adoptada dentro del contencioso
administrativo «está completamente fundada en los postulados del debido
proceso y en el precedente de la H. Corte Constitucional y el Consejo de Estado,
y justificada en que la medida de aseguramiento fue necesaria al encontrar el
ente investigativo indicios graves en contra del procesado».
1.7. Fallo impugnado
La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante
sentencia de 26 de abril de 2024 declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir con el requisito de la inmediatez.
Para sustentar su decisión el a quo constitucional refirió que la sentencia de 8 de
febrero de 2023 fue enviada por correo electrónico a las partes el 26 de junio de
2023 y cobró ejecutoria el 4 de julio del mismo año. Por consiguiente, la
oportunidad para presentar la solicitud de amparo se agotó el «5 de enero de
2024» y dicha acción constitucional fue interpuesta el 21 de febrero de 2024, «es
decir, luego del plazo establecido para presentar la acción constitucional, motivo
por el cual resulta forzoso concluir que la tutela no superó el requisito de
inmediatez».
1.8. Impugnación
El accionante señaló que la acción de tutela fue presentada el 22 de diciembre
de 2023 y repartida el 26 siguiente. De modo que, sí cumplió con el requisito de
inmediatez «por lo que hace mal este despacho judicial afirmar que esta fue
presentada fuera de la fecha de vencimiento».
Por otro lado, señaló que debió ser vinculado tanto en el trámite ordinario, como
en el constitucional, el Juzgado Primero Penal Municipal de Santa Marta, el
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Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Santa Marta y el
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Santa Marta «a fin de que estos hicieran
allegar la prueba que el tribunal solicitó y que nunca se lo hicieron llegar lo que
hizo incurrir en un error al tribunal que ordeno revocar el fallo de primera instancia
que concedió las pretensiones de la demanda entablada»7.
1.9. Trámite de la acción en segunda instancia
El 28 de junio de 20248, el despacho instructor de segunda instancia, manifestó
que «antes de dictar sentencia de segunda instancia, se observa que se debe
vincular al trámite de la referencia a Gabriel Smith Pacheco Payares, a la señora
Kelly Johana Cabas Barrios en representación de los menores Manuel Jesús
Pacheco Cabas y Jesús Manuel Pacheco Cabas; y el señor Manuel Pacheco
Pico, en representación del menor Jhoan David Pacheco Ariza» con fin de que
i) aleguen la nulidad si a bien lo tiene; ii) se pronuncien sobre la solicitud de
amparo sin alegar la nulidad; o, iii) guarden silencio.
Posterior a ser debidamente notificados, Kelly Johana Cabas Barrios allegó
memorial, en donde manifestó que coadyuvaba a lo manifestado en la solicitud
de amparo.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el
accionante contra la sentencia de 26 de abril de 2024, de conformidad con el
Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa – solicitud de desvinculación
Esta colegiatura advierte que la Rama Judicial solicitó su desvinculación del
presente trámite dado que alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva;
no obstante, la referida petición será negada, en razón a que su comparecencia
a este mecanismo se hizo en calidad de tercero con interés en las resultas del
proceso y no como demandada.
7 Transcripción original del texto, por lo que puede contener errores.
8 Se decidió vincular al tramite constitucional de segunda instancia a Gabriel Smith Pacheco
Payares, a la señora Kelly Johana Cabas Barrios y el señor Manuel Pacheco Pico debido a que
conformaban el extremo activo del proceso ordinario.
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2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse
la decisión de primera instancia de 26 de abril de 2024, en el cual se declaró
improcedente la acción de tutela proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
Para el efecto, se abordará el estudio del caso así: (i) la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva,
de superarse (iii) el caso en concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20129
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema10.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de
la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales11.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados
hasta el momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
9 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de
tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María
Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
11 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia».
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1 De manera preliminar, respecto al requisito de inmediatez, es preciso
señalar que la decisión de segunda instancia que se cuestiona fue proferida el 8
de febrero de 2023, por el Tribunal Administrativo del Magdalena y notificado a
los extremos procesales a través de correo electrónico el 26 de junio de 2023.
Por otro lado, una vez revisado el expediente que reposa en el aplicativo Samai,
la solicitud de amparo se presentó el 22 de diciembre de 2023, como se puede
observar a continuación:
De manera que, revisando la fecha de ejecutoria de la providencia enjuiciada (4
de julio de 2023) se observa que su interposición se hizo en un término que a
juicio de la Sala es razonable, por cuanto fue antes de transcurridos seis (6)
meses desde que se notificó y cobró ejecutoria la decisión demandada.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 , en
la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200513 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
13 «Que se cumpla el requisito de la inmediatez, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es,
de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
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providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
2.5.2. Ahora bien, continuando con el estudio de los parámetros esenciales de
viabilidad de la tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, resulta
pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215
de 2022 en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara al
requisito de relevancia constitucional, así:
[…] 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales […].
Por su parte, esta Sala ha dispuesto que el estudio de la relevancia constitucional
debe estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional
en la sentencia C-590 de 2005 y acogidos por esta corporación en sentencia de
unificación del 5 de agosto de 201414, que en concreto se refieren a:
i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración
de aquellos;
ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal.
iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 29
de septiembre de 2022, expediente N.º 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil.
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controversias corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no
puede convertirse en una tercera instancia15.
Sobre el particular, se considera, que este asunto no es relevante
constitucionalmente, como se pasará a explicar.
En primera medida se recuerda que, en el escrito de tutela, se indicó que la
providencia controvertida carecía de fundamento jurídico ya que no realizó la
debida valoración de «los respectivos audios, actas de audiencia, donde se
demostrara la privación de la libertad en detención domiciliaria, ya que la misma
fue realizada en audiencia de la legalización, imputación e imposición de medida
de aseguramiento».
Por lo tanto, a pesar de que, en la argumentación del escrito de tutela, el
accionante no citó que se enmarcaran en la configuración de algún defecto. Es
posible concluir que los argumentos expuestos apuntan a convertir este
mecanismo constitucional en una tercera instancia.
Sobre el punto, se itera que en materia de tutelas contra providencias judiciales
le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita
de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por la
parte actora dentro del trámite de tutela, toda vez que si se analizaran solo los
argumentos de los accionantes frente a la apreciación de las pruebas del proceso
contencioso expuestos en la solicitud de amparo, sin el debido contraste de un
indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial, se atentaría contra
el principio de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo
constitucional en una tercera instancia.
En este orden de ideas, para esta Sala el argumento que se refiere a la indebida
valoración probatoria no cuenta con la carga argumentativa para ser estudiado,
en el marco de la trasgresión de derechos fundamentales, porque además de
ser una reiteración de lo ya resuelto en sede ordinaria16, no desvirtúa el análisis
realizado por el tribunal frente a los medios probatorios.
Al respecto, se resalta que la decisión del tribunal se basó en lo siguiente:
15 Énfasis de la sala.
16 El Tribunal Administrativo del Magdalena se refirió de la siguiente manera «En ese orden de
ideas, el daño antijurídico desde la óptica de la captura y la detención preventiva que a juicio de
la parte demandante fue ilegal impiden a la Sala determinar la existencia o no de la privación
injusta de la libertad que alegó sufrir el actor, pues, se reitera, las deficiencias probatorias a las
que se ha hecho mención, impiden a la Colegiatura establecer incluso bajo que causal se
fundamentó la decisión de detener previamente al accionante».
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Demandante: Manuel Pacheco Pico
Demandado: Tribunal Administrativo de Magdalena
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00844-01
i) La orfandad probatoria por parte del demandante al manifestar que «brilla por
su ausencia prueba alguna en el plenario que permita inferir al Tribunal que el
señor Manuel Pacheco Pico al momento de realizarle el registro, detención y las
posteriores audiencias concentradas hubiera desplegado actuación alguna
tendiente a demostrar que el material ilegal encontrado en el vehículo no era de
su propiedad o que desconocía su existencia en el automor».
ii) El precedente jurisprudencial17 al haber omisión probatoria por parte del
extremo activo, en el que dispuso que «si la parte actora quería sacar avante sus
pretensiones tenía que desplegar todos sus esfuerzos y allegar todos los
documentos que tuviera en su poder, para reforzar el dicho de los testigos y
brindar al juez la certeza suficiente»18.
Por lo tanto, para esta Sala el argumento que se cimentó en la indebida
valoración probatoria no cuenta con la carga argumentativa para ser estudiado,
en el marco de la trasgresión de derechos fundamentales, porque además de
ser una reiteración de lo ya resuelto en sede ordinaria, no desvirtúa, prima facie,
el análisis realizado por el Tribunal Administrativo del Magdalena en sentencia
de segunda instancia.
En este orden de ideas, se advierte que el tutelante pretende reabrir el debate
probatorio y busca que esta autoridad judicial imponga una valoración distinta a
la que asumió el Tribunal Administrativo del Magdalena, más allá de señalar que
el fallo emitido «carece de fundamento jurídico real», sin embargo, esa no es
función de esta Sala investida como juez constitucional, sino la de analizar si la
decisión del ad quem es irrazonable o desproporcionada, lo que, de entrada,
según los cargos de la tutela, no se advierte.
Por tal razón, se considera que no se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado este presupuesto,
en atención a que no se justificó la presencia de una posible trasgresión de las
garantías constitucionales del tutelante, sino que, por el contrario, se advierten
argumentos con el fin de intentar acreditar el daño antijurídico expuesto en la
demanda por la presunta privación injusta de la libertad, para a su vez, disentir
del análisis probatorio efectuado por la autoridad judicial de segundo grado
demandada.
17 Como precedente jurisprudencial citó: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
Consejero Ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH, veintinueve (29) de octubre de dos mil
doce (2012). Radicación número: 13001-23-31-000-1992-08522-01 (2149) – Consejo de
Estados, Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, nueve
(9) de mayo de dos mil once (2011). Radicación número: 05001-23-26-000-1994-02376-01
(18048)
18 Consejo de Estado, diez (10) de octubre de dos mil trece (2013). Radicación número: 25000-
23-25-000-1997-03631-01 (1192-12).
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De manera que, al aplicar las consideraciones expuestas ut supra a la
controversia planteada por el accionante, la Sala advierte que esta no se
encuentra ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional,
máxime cuando sus argumentos fueron resueltos por el juez natural de la causa,
lo que implica que la tutela se torna improcedente.
Por lo expuesto, para esta Sección, resulta claro que este asunto se circunscribe
a una inconformidad de la parte tutelante, de modo que la situación descrita es
«de competencia exclusiva del juez ordinario»19 y por ello, al funcionario
constitucional no le corresponde dirimir aspectos de esta naturaleza.
2.6. Conclusión
Así las cosas, se confirma la decisión de primera instancia que declaró
improcedente el mecanismo constitucional de la referencia. No obstante, la
improcedencia del amparo se predica por no superar el requisito de relevancia
constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 26 de abril de 2024 proferido por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al DECLARAR
improcedente la acción de tutela de la referencia, por no cumplir con el requisito
de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez [10] días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-
573 de 2017 y C-590 de 2005.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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