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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00867-00

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00867-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-00867-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

21 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2024-00867-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES-.

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. LA
ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE EN LO REFERENTE AL
PROCESO EJECUTIVO, POR FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA ACTORA TRAE UN ASUNTO DE
MERA LEGALIDAD Y ECONÓMICO, ADEMÁS, REABRE DEBATE QUE
FUE RESUELTO DE FORMA ADMISIBLE. AHORA, EN CUANTO A LA
ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO,
TAMPOCO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS GENERALES DE
SUBSIDIARIEDAD E INMEDIATEZ.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, A LA DEFENSA Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra

2

Número único de radicación: 110010315000-2024-00867-00
Actora: COLPENSIONES

el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ1, la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO2 y el

JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

TUNJA3.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -

COLPENSIONES, actuando a través de apoderado judicial, en

ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la defensa, al

acceso a la administración de justicia y al principio de sostenibilidad

financiera, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el

TRIBUNAL, la SECCIÓN SEGUNDA y el JUZGADO al haber

proferido las providencias de 18 de noviembre de 2014 y 24 de enero

de 2019; y 3 de mayo, 16 de diciembre de 2022 y 22 de septiembre

1
En adelante el TRIBUNAL.

2
En adelante la SECCIÓN SEGUNDA.

3
En adelante el JUZGADO.

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3

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Actora: COLPENSIONES

de 2023 dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

identificada con el número único de radicación 150012331000-2008-

00171-01 y el proceso ejecutivo radicado bajó el número

150013333010-2021-00155-00, respectivamente.

I.2.- Hechos

Señaló que mediante Resolución núm. 2316 de 25 de noviembre de

1987, el INSTITUTO DE SEGURO SOCIALES -ISS SECCIONAL

BOYACÁ4 reconoció al señor JORGE ELIECER GONZÁLEZ

GONZÁLEZ Q.E.P.D pensión de jubilación.

Indicó que mediante la Resolución núm. 1341 de 8 de mayo de 1992

el ISS reconoció el derecho de sustitución pensional a la señora

GUILLERMINA DEL TRÁNSITO TORRES DE GONZÁLEZ5 Q.E.P.D.

en su calidad de cónyuge supérstite en cuantía de un 50% de la

mesada pensional y el otro 50% a la señora ANA SILVIA

BALAGUERA SUÁREZ en representación de sus hijos menores de

edad para ese momento, JORGE IVÁN, GIOVANNI ALBERTO y

4
En adelante el ISS.

5
Quien falleció el 8 de noviembre de 1995, acrecentándose el monto de la pensión para los hijos del
causante.

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AURORA DEL PILAR GONZÁLEZ BALAGUERA.

Refirió que, posteriormente, mediante Resolución núm. 056 de 1o.

de marzo de 2004 el ISS modificó la distribución de la pensión en el

sentido de reconocer como sustituta únicamente a la señora

AURORA DEL PILAR GONZÁLEZ BALAGUERA.

Relató que la señora ANA SILVIA BALAGUERA SUÁREZ solicitó

ante el ISS el reconocimiento de la sustitución pensional equivalente

al 100% de la mesada pensional, solicitud denegada en oficio

G.SS.SB-0477 de 3 de diciembre de 2007.

Manifestó que ante la negativa del ISS, la señora ANA SILVIA

BALAGUERA SUÁREZ promovió la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho identificada con el número único de

radicación 2008-00171-00, con la finalidad de que se le reconociera

la sustitución pensional.

Adujo que el proceso referido le correspondió en primera instancia al

TRIBUNAL que, a través de sentencia de 18 de noviembre de 2014,

accedió a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que la

peticionaria demostró los requisitos previstos en los artículos 12 y 13

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del Decreto 1160 de 2 de junio de 1989 6, pues, se demostró por un

lado, que entre el causante y la señora ANA SILVIA existió una

relación sentimental durante un lapso superior a 1 año y, por otro,

la convivencia mutua y cuidado recíproco, por lo que condenó al ISS

al reconocimiento y pago de la sustitución pensional.

Indicó que con ocasión del grado jurisdiccional de consulta previsto

en el artículo 184 del Decreto 01 de 1984, mediante providencia de

24 de enero de 2019, la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación

confirmó la sentencia que accedió a las súplicas de la demanda.

Aseguró que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional

y Contribuciones Parafiscales – UGPP el 6 de mayo de 2022, radicó

incidente de nulidad informando que era la entidad competente en el

asunto, memorial al cual coadyuvó, siendo este rechazado de plano

por el TRIBUNAL el 17 de agosto de 2022.

Aseveró que la señora ANA SILVIA BALAGUERA SUAREZ inició

proceso ejecutivo en su contra, al cual le fue asignado el número

único de radicación 2021-00155-00 y le correspondió al JUZGADO

6
por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 71 de 1988.

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que, a través de auto de 3 de mayo de 2022, libró mandamiento

ejecutivo de pago por la suma de mil sesenta y tres millones sesenta

y nueve mil ochocientos veintitrés pesos ($1.063.069.823) por

concepto de capital adeudado.

Advirtió que interpuso recurso de reposición contra el anterior auto,

así como incidente de nulidad, argumentando que la entidad

competente para dar cumplimiento al fallo era la UGPP, toda vez que

el causante era pensionado por el ISS.

Añadió que mediante proveído de 16 de diciembre de 2022, el

JUZGADO resolvió no decretar la nulidad planteada y en providencia

de 22 de septiembre de 2023 ordenó seguir adelante con la

ejecución, por lo que decretó medida cautelar, la cual fue informada

al Banco BBVA el 25 de enero de 2024.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la actora, las decisiones emitidas por las autoridades

judiciales accionadas representan un perjuicio irremediable a las

finanzas del Estado y, en últimas, al Sistema General de Seguridad

Social en Pensiones.

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Destacó que la Corte Constitucional, en auto de 5 de junio de 2013,

verificó la existencia de un estado de cosas inconstitucional y adoptó

medidas provisionales de protección constitucional frente a los

usuarios del ISS y Colpensiones, de tal forma que para el 18 de

noviembre de 2014 se encontraba afrontando una vulneración

masiva de diversos derechos fundamentales, por lo que existían

barreras de acceso al sistema y le fue imposible ejercer una defensa

judicial activa.

Afirmó que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto

sustantivo, toda vez que mediante el Decreto 2013 de 28 de

septiembre de 2012 se ordenó la supresión del ISS y su consecuente

liquidación, por lo que al tenor de su artículo 27, se estableció que la

UGPP asumiría la administración de los derechos pensionales

legalmente reconocidas, a más tardar hasta el 28 de junio de 2013,

plazo ampliado por los Decretos 1388 de 28 de junio y 2115 de 27

de septiembre de 2013.

Aseguró que finalmente, el Decreto 3000 de 2013 ordenó prorrogar

una vez más el plazo de asunción de la UGPP de los derechos

pensionales legalmente reconocidos por el ISS hasta el 28 de febrero

de 2014, de tal forma que a partir del 1o. de marzo de 2014 dicha

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entidad asumió definitivamente la competencia de los derechos

pensionales del ISS, por lo que era la competente para reconocer el

derecho reclamado por la señora ANA SILVIA BALAGUERA

SUAREZ.

Adujo que las autoridades judiciales accionadas pasaron por alto que

la entidad que debía asumir la condena impuesta era la UGPP,

situación que aun cuando fue puesta de presente no fue tenida en

cuenta, incurriendo así en desconocimiento de las normas

mencionadas.

Advirtió que también se incurrió en desconocimiento del precedente

tanto vertical como horizontal, dado que se desatendieron los

criterios jurisprudenciales vigentes para el momento de dictarse las

providencias.

Añadió que también se incurrió en violación directa de la

Constitución de los artículos 48 y 29 de la Carta Política, que

establecen que el derecho al debido proceso debe aplicarse a todas

las actuaciones tanto judiciales como administrativas, así como el

principio de sostenibilidad financiera que fue adicionado por el

artículo 1o. del Acto Legislativo 01 de 2005.

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Finalmente, alegó que se cumplen con los requisitos generales para

la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, en

especial los requisitos de subsidiariedad, relevancia constitucional e

inmediatez, comoquiera que el asunto que se debate es el abuso del

derecho con detrimento al erario de forma permanente y continua,

toda vez que se trata de una prestación económica periódica y de

tracto sucesivo.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la parte actora pretende la

protección de sus derechos fundamentales invocados como

vulnerados y, en consecuencia:

“[…] Tercero: dejar sin efecto de manera definitiva las
providencias proferidas el Juzgado Décimo Administrativo Del
Circuito de Tunja, el Tribunal Administrativo de Boyacá y el
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Segunda SUBSECCIÓN B, teniendo en cuenta, que contrarían la
normatividad y la jurisprudencia fijada en la materia.

En su lugar, ORDENE al despacho accionado, profiera nueva
decisión subsanando los yerros alegados en la presente tutela
[…]”.

I.5.- Defensa

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I.5.1.- El JUZGADO apuntó que lo solicitado por la actora a través

de la acción de tutela de la referencia no está llamado a prosperar,

toda vez que no se encuentra probada la vulneración de los derechos

fundamentales invocados, así como tampoco los yerros endilgados,

máxime cuando no se explica en que consiste la violación, pues los

argumentos expuestos se limitan a sustentar que con la decisión

acusada se pone en riesgo la sostenibilidad financiera.

Aseveró que no ha adoptado una decisión caprichosa, contrario

sensu, en la parte considerativa del auto que libró mandamiento de

pago se evidencia el cumplimiento de la carga argumentativa

suficiente, con base en las normas legalmente aplicables y en los

particulares supuestos de hecho.

Así las cosas, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo

de la referencia.

I.5.2.- El TRIBUNAL sostuvo que las providencias cuestionadas en

ningún momento vulneraron los derechos fundamentales de la

actora, pues estas se basaron en el material probatorio obrante en

el expediente y teniendo en cuenta los fundamentos legales y

jurisprudenciales aplicables al caso.

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Resaltó que no resulta jurídicamente viable que la actora pretenda

en sede de tutela subsanar las deficiencias en el ejercicio del derecho

de defensa del ISS, quien al interior del proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho omitió alegar excepción previa alguna

relacionada con falta de competencia, llamar en garantía a la UGPP,

presentar incidente de nulidad previo a la sentencia o sustentar el

recurso de apelación.

Así las cosas, solicitó denegar las pretensiones de la acción de tutela,

al no encontrarse vulneración alguna de los derechos fundamentales

invocados.

I.5.3.- La señora ANA SILVIA BALAGUERA SUÁREZ, vinculada

como tercera con interés directo, refirió que las actuaciones

cuestionadas se adelantaron en debida y legal forma, por lo que no

se advierte violación alguna de los derechos fundamentales

invocados, puesto que no existió un abuso del derecho como

erradamente lo manifestó la parte actora.

Por lo anterior, solicitó que se despachen desfavorablemente las

pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

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jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional

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que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo,
se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional
en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de
cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los

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hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]

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o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, la actora pretende que se dejen sin efecto

las providencias de 18 de noviembre de 2014 y 24 de enero de

2019; 3 de mayo, 16 de diciembre de 2022 y 22 de septiembre

de 2023 proferidas por el TRIBUNAL, la SECCIÓN SEGUNDA y el

JUZGADO dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del

derecho identificada con el número único de radicación

150012331000-2008-00171-01 y el proceso ejecutivo radicado bajo

el número 150013333010-2021-00155-00, respectivamente.

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El disenso de la actora tiene origen en la solicitud de sustitución

pensional presentada por la señora ANA SILVIA BALAGUER

SUÁREZ ante el ISS de la pensión de jubilación reconocida al señor

JORGE ELIECER GONZÁLEZ GONZÁLEZ en calidad de compañera

permanente, la cual fue negada por la entidad y, posteriormente,

reconocida en cumplimiento de las sentencias proferidas dentro de

una acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

A juicio de la actora, las autoridades judiciales accionadas vulneraron

sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la

defensa, al acceso a la administración de justicia y al principio de

sostenibilidad financiera, pues la entidad competente para el

reconocimiento, a su juicio, era la UGPP, lo que llevó a que se

incurriera en los defectos sustantivo, desconocimiento del

precedente y violación directa de la Constitución.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL,

la SECCIÓN SEGUNDA y el JUZGADO vulneraron los derechos

fundamentales invocados dentro de la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho identificada con el número único de

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Actora: COLPENSIONES

radicación 150012331000-2008-00171-01 y el proceso ejecutivo

radicado bajo el número 150013333010-2021-00155-00,

respectivamente, estudio que se realizará de manera separada.

Frente a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 2008-00171-

01.

En primer lugar, la Sala abordará el estudio de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, especialmente, los requisitos de subsidiariedad e

inmediatez.

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19917, prevé

como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia de

“[…] otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que

aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

perjuicio irremediable […]” (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un

7
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos,

con la finalidad de evitar la consumación de un perjuicio

irremediable.

Por otro lado, la jurisprudencia constitucional ha sostenido, de

manera reiterada, que la acción de tutela está instituida como un

mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de los

derechos fundamentales que se consideran vulnerados y, aunque no

tenga previsto un término de caducidad para su presentación, es

necesario que se invoque tal protección dentro de un plazo razonable

y prudente, dado que, “[…] de transcurrir un lapso injustificadamente

largo, se desvirtúa la urgencia de la protección y la gravedad de la

afectación, por ende, no cabría la procedencia del mecanismo […]”8.

Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del

8
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.

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Consejo de Estado9, al unificar la jurisprudencia en torno a los

requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias

judiciales, acogió el plazo de 6 meses, contados a partir de la

notificación o ejecutoria de la providencia, según el caso, como

término razonable para la interposición de acciones de tutela en este

tipo de asuntos, así:

“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la
urgencia en la protección de las garantías constitucionales y el
respeto a la seguridad jurídica y los derechos de terceros
afectados.
[…]
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.

Este requisito que opera de forma general frente a todas
las acciones de tutela, es más estricto cuando se
interpone contra providencias judiciales, por lo que, como
lo ha sostenido la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un
tiempo significativo desde el hecho vulneratorio de los derechos,
resulta claramente desproporcionado el control constitucional de
una providencia judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe
mediar un término razonable entre la ejecutoria de la decisión
judicial que se aduce como violatoria de los derechos
fundamentales del accionante y la presentación de la acción de
tutela para buscar su amparo..

[…]

Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable,
prudencial, requisito que garantiza la realización del
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 5 de
agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 11001-03-15-000-
2012-02201-01.

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principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el
grado de certeza material, que la hace definitiva e
inmutable.

[…]

[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
(Destacado fuera de texto).

Ahora bien, en lo que concierne al requisito general de la inmediatez,

cuando se trata de acciones de tutela interpuestas contra

providencias en las que se decide sobre prestaciones periódicas, en

sentencia de 22 de mayo de 201410 esta Sección señaló lo siguiente:

“[…] siempre que se trate de una acción de tutela contra
providencia judicial que verse sobre prestaciones periódicas, se
realizará el análisis del cumplimiento de los requisitos generales
de procedibilidad, incluido el de inmediatez, el cual deberá
efectuarse desde los criterios de i) que se demuestre que la
vulneración de los derechos permanezca, esto es, que sea
continua y actual, pese a que el hecho que la originó sea muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela; y ii) que
el actor se encuentre en condición de debilidad manifiesta
[…]” (Destacado fuera de texto).

En el caso bajo estudio la Sala encuentra que la acción de tutela no

cumple con los requisitos generales de subsidiaridad e inmediatez,

10
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de mayo de 2014, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, número único de radicación 11001031500020130242301.

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por una parte, porque la actora no promovió de forma previa el

recurso extraordinario de revisión que sería procedente conforme con

el artículo 2011 de la Ley 797 de 2003 y, por otra, en razón a que no

fue interpuesta12 en un término razonable desde la fecha en que fue

notificada la providencia cuestionada13.

Ahora bien, esta Sala advierte que el hecho de que mediante Auto

110 de 2013, la Corte Constitucional haya declarado el estado de

cosas inconstitucionales con ocasión de las funciones que

COLPENSIONES asumió del extinto ISS, no es excusa para

inobservar los referidos requisitos.

Lo anterior, en razón a que las directrices que la Corte Constitucional

adoptó en la referida providencia no estuvieron dirigidas a la

modificación de los términos para hacer uso de los recursos que

procedían en los procesos judiciales y, además, porque el mecanismo

especial de revisión es un medio idóneo para controvertir la decisión

11
“[…] ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias judiciales que hayan decretado o
decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación
de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el
Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias […]”.

12
Radicada el 21 de febrero de 2024.

13
Notificada por edicto fijado el 1o. de marzo de 2019 y desfijado el 5 de marzo de la misma anualidad.

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cuestionada, sin que se advierta que COLPENSIONES sea un sujeto

de especial protección que implique un tratamiento diferente en este

tipo de asuntos.

Al respecto, en sentencia de 23 de enero de 202014, al resolver un

caso similar al presente, esta Sala señaló:

“[…] La entidad accionante alega que existe un motivo válido
para la inactividad, es decir, para no haber interpuesto en
oportunidad el recurso de apelación, y es que para la fecha en
que fue proferida la precitada sentencia Colpensiones estaba en
un estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte
Constitucional por Auto 110 de junio de 2013, por estar
demostrada “… la presencia de un conjunto de obstáculos
materiales y administrativos que impiden el cumplimiento de los
términos dispuestos por el ordenamiento jurídico para la
resolución de peticiones pensionales y el acatamiento de las
órdenes dictadas por los jueces de la República”.

Sin embargo, para la Sala dicho argumento no es de recibo, si
se tiene en cuenta que la Corte Constitucional, en el Auto 110
del 5 de junio de 201315, adoptó una serie de instrumentos
dirigidos a la modificación de los términos jurisprudenciales
dispuestos (i) para la resolución de peticiones pensionales, (ii)
para el cumplimiento de los fallos judiciales y (iii) para la
formulación de un plan que permitiera la superación de la
situación sistemática de infracción constitucional del ISS en
liquidación y de Colpensiones; no para hacer uso de los recursos
que procedían en los procesos judiciales, como ocurrió en el
asunto bajo examen.

[…]

Adicionalmente, la Sala observa que se dejaron pasar cinco (5)

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero
de 2020, CP Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-04934-00.

15
M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.

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años para interponer la presente tutela sin razón que lo
justifique, comoquiera que la sentencia cuestionada data del 25
de septiembre de 2013, quedó ejecutoriada el 9 de octubre de
2013, y la presente tutela fue radicada el 21 de noviembre de
2019, sin que tampoco se advierta que se haya interpuesto el
recurso extraordinario de revisión, mecanismo que era
procedente para este caso.

En efecto, el mecanismo especial de revisión se constituye en el
medio idóneo para controvertir la decisión atacada, teniendo en
cuenta que, tal como lo explicó la Corte Constitucional en la
sentencia SU-427 de 2016, la tutela en principio no es la vía para
debatir esta clase de decisiones judiciales, en tanto que para ello
los legitimados cuentan con el instrumento previsto por el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, y lo que la Sala observa es
que la entidad accionante dejó transcurrir el término señalado
en la ley sin interponerlo.

En consecuencia, no es de recibo el argumento expuesto por la
entidad accionante, consistente en que, aunque es procedente
la acción de revisión establecida en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, “la demora en el trámite de esta clase de acciones
(aproximadamente 4 años, la inminencia del daño y su
gravedad”), puesto que dejó transcurrir cinco años sin
interponerlo, para lo cual es menester insistir en que la sentencia
fue proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el
25 de septiembre de 2013, Colpensiones le dio cumplimiento
desde el 4 de agosto de 2014 y la presente tutela fue radicada
el 21 de noviembre de 2019.

[…]

A ello se agrega que la acción de tutela interpuesta y que es
objeto de análisis desatendió abiertamente el requisito de la
inmediatez, pues ya ha dicho la jurisprudencia que el mismo
requiere que la acción se intente dentro de los seis (6) meses
siguientes a la notificación de la providencia que se cuestiona, y
han transcurrido más de cinco (5) años desde esa fecha. La Sala
advierte entonces que el accionante pretende mediante este
mecanismo revivir simplemente los plazos que tenía, primero
para apelar y segundo para interponer el recurso de revisión
presentándola con evidente desconocimiento de este
presupuesto, lo que deja de manifiesto la negligencia en que se
ha incurrido en el manejo de este asunto […]”

En ese orden de ideas, la Sala reitera la posición de la sentencia en

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cita y destaca que la inminencia del perjuicio que se alega en el

presente caso está desvirtuada, dado que entre el momento en que

fue notificada la providencia acusada y la fecha en que fue

interpuesta la acción de tutela de la referencia transcurrieron cerca

de 5 años.

Consecuente con lo anterior, en la medida en que la solicitud de

amparo en lo que respecta a la acción de nulidad y restablecimiento

del derecho cuestionada carece de los requisitos generales de

subsidiariedad e inmediatez y la Sala no advierte la existencia de un

perjuicio irremediable, esto es, un daño cierto o inminente que

amerite la intervención del juez constitucional, la presente acción

resulta improcedente, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de la presente providencia.

En cuanto al proceso ejecutivo identificado con el número

único de radicación 2021-00155-00.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, frente al proceso identificado con el número

único de radicación 2021-00155-00, según la jurisprudencia trazada

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por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta

Corporación, en especial, el requisito de la relevancia

constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional 16, de manera

tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».17

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación18, en sentencia de unificación de 5 de

16
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
17
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001

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agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [19]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [20].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [21].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias

03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[19] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[20] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[21] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [22].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de

[22] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [23]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [24].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [25]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra

[23] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[24] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[25] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]” (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

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“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia

en el caso bajo estudio es de carácter meramente legal y de

contenido estrictamente económico, esto último, cuya falta de

reconocimiento no compromete ningún derecho fundamental de la

actora.

En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad

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porque se deriva del alcance que la actora pretende se dé a los

Decretos 2013 de 28 de septiembre de 2012 y 1388 de 28 de junio

y 2115 de 27 de septiembre y 3000 de 2013, en torno a la entidad

que debía asumir la competencia de los derechos pensionales del

ISS, así como el pago de la pensión de sustitución reconocida a la

señora ANA SILVIA BALAGUERA SUÁREZ.

Dichos aspectos, además de que carecen de una perspectiva

constitucional, fueron resueltos por el JUZGADO al conocer del

incidente de nulidad, así:

“[…] - Cualquier manifestación en contra de la determinación a
través de la cual se estableció como sucesor procesal del ISS a
Colpensiones o contra la sentencia que sirve de título ejecutivo,
en cuanto al titular de la competencia para ordenar el
reconocimiento de la sustitución pensional, ha debido
plantearse, tramitarse y decidirse en el curso del proceso
ordinario y en las etapas allí previstas, no en sede del proceso
ejecutivo, pues en esta instancia se torna extemporánea
cualquier argumentación a ese respecto.

Así lo estimo el Tribunal Administrativo de Boyacá, en
providencia del 17 de agosto de 2022, MP Dr. Félix Alberto
Rodríguez Riveros, mediante la cual resolvió el incidente de
nulidad promovido por la apoderada de la Unidad de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales- UGPP, frente a todo lo
actuado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho Nº 150002331004-2008-00171-00, con fundamento en
que dicha corporación, mediante sentencia de 18 de noviembre
de 2013, ordenó a COLPENSIONES reconocer la sustitución
pensional a favor de la señora ANA SILVIA BALAGUERA SUAREZ,
a pesar de no ser competente para efectuar tal reconocimiento,
sino que lo es la UGPP, solicitud que coadyuvó el apoderado de
la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES.

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[…]

Denota entonces la argumentación del superior funcional que no
es procedente en dichas instancias del proceso ordinario, invocar
nulidad de lo actuado por incompetencia de COLPENSIONES
para ordenar el reconocimiento de la sustitución pensional, en la
medida en que no hizo uso de los mecanismos procesales
previstos en aquél para invocar su falta de competencia, ora
como excepción previa, a través del llamamiento en garantía o
de los medios de impugnación establecidos en el ordenamiento
procesal.

Menos aún puede abrirse camino la petición de nulidad en sede
del proceso ejecutivo, en donde el juez debe limitarse a los
precisos términos establecidos en el título ejecutivo y su
potestad se ciñe a dilucidar si de él emerge una obligación clara,
expresa y actualmente exigible, pero en el ejercicio de dicha
facultad no le es dado modificar los extremos de la obligación
que se cobra coercitivamente y tampoco el titular como acreedor
o deudor llamado a ejecutar la prestación de dar, hacer o no
hacer.

Así lo ha decantado el órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, en los términos precisos que se
trasliteran en seguida:

[…]

Lo anterior en la medida en que, tanto el contenido de la
prestación como los titulares de la misma (acreedor-deudor),
son tópicos que se debatieron en el litigio ordinario o de
conocimiento, en este caso al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho Nº 150002331004-2008- 00171-
00, escenario natural para esclarecer desde la perspectiva del
derecho sustancial, quien es el titular de la relación jurídica
llamado en este caso a reconocer y pagar la sustitución
pensional a favor de la señora ANA SILVIA BALAGUERA SUAREZ.

[…]”.

De la trascripción en cita, la Sala advierte que en auto de 16 de

diciembre de 2022, el JUZGADO al resolver el incidente de nulidad

presentado por COLPENSIONES, afirmó que tal como lo expuso el

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TRIBUNAL en providencia de 17 de agosto de esa misma anualidad,

no era procedente invocar una nulidad por incompetencia de la

entidad para ordenar el reconocimiento de la sustitución pensional,

toda vez que para ello existieron mecanismos procesales, como la

excepción previa, el llamamiento en garantía o el recurso de

apelación dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del

derecho.

Además, el JUZGADO explicó que no era posible estudiar la nulidad

aludida en sede del proceso ejecutivo, pues en esta instancia el juez

debía limitarse a los términos descritos en el título ejecutivo y su

potestad se ceñía a verificar si existía una obligación clara, expresa

y actualmente exigible, sin que pudiese modificar los extremos de la

obligación.

Lo anterior evidencia que, en efecto, la presente acción de tutela es

improcedente por falta de relevancia constitucional, en la medida en

que el asunto se deriva de una controversia legal que ya fue resuelta

por el juez natural del asunto.

Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado

improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no

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resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se

centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue

el caso de la providencia de 9 de febrero de 201726, en la que se

indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201827, sostuvo lo

siguiente:

“[…] En torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo

26
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

27
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

De igual forma, la discusión tiene un contenido claramente

económico, en la medida en que la inconformidad de la actora tiene

origen en un proceso ejecutivo en el cual le corresponde a

COLPENSIONES el reconocimiento y pago de la sustitución

pensional a favor de la señora ANA SILVIA BALAGUERA SUÁREZ,

sin que se advierta que dicha situación pueda llegar a comprometer

algún derecho fundamental o que el juez de tutela deba entrar a

verificar quién es la entidad competente para dar cumplimiento a la

orden emitida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del

derecho.

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En relación con este aspecto, esta Sala28 ha indicado:

“[…] para la Sala, el actor plantea una afectación de
derechos fundamentales que tienen su origen en últimas
en un debate estrictamente legal y económico, el cual ya
fue expuesto dentro del proceso ejecutivo y fue decidido
por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde
al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda
vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo
constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.

[…]
46. La Sala considera que la discusión que se expone a través
del escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia antes transcrita, no tiene
trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia
se encuentra limitado a asuntos meramente legales y
económicos cuya competencia se encuentran en cabeza del juez
de lo contencioso administrativo.

47.Igualmente, el conflicto que subyace en esta
oportunidad tiene un alcance de contenido particular y
meramente económico, esto es así porque la discusión y
los argumentos que se extraen de la acción de tutela, más
que develar la necesidad de protección de un derecho
fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica del actor y, con ello, acceda a las pretensiones de la
demanda, sin que de esta discusión se pueda evidenciar una
clara trascendencia o relevancia constitucional […]” (Destacado
fuera de texto)

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,

sino una divergencia que obedece a un debate de mera legalidad y

28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de enero
de 2023, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 110010315000202206436-00

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de carácter económico, en el cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de

un recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y de

paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Por lo expuesto, frente a las pretensiones dirigidas a controvertir el

proceso ejecutivo, la Sala advierte que no se cumple el requisito

general de la relevancia constitucional, razón por la que declarará

improcedente la presente acción de tutela, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

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F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de marzo de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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