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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00867-01

Fecha
13 de junio de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00867-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 21 de marzo de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró improcedente la solicitud de amparo, dado lo expuesto en la parte considerativa que antecede. Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-00867-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

13 de junio de 2024

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00867-00
Demandante: Colpensiones

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)

Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00867-01
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otros

Temas: Tutela contra providencia judicial. Incumplimiento de requisitos de
procedibilidad. Subsidiariedad de la acción y falta de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia del 21 de marzo de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Primera, que declaró improcedente la solicitud de amparo.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), a través del
gerente de Defensa Judicial de la entidad, promovió demanda en orden a que se
tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, en conexidad con los principios de
sostenibilidad financiera del sistema pensional y seguridad jurídica.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00867-00
Demandante: Colpensiones

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se dejen sin efectos las sentencias
del 18 de noviembre de 2014 y 24 de enero de 2019, proferidas, en su orden, por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Descongestión, y el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 15000-23-31-004-2008-00171-00/15001-23-31-000-2008-00171-01; así
como el auto del 3 de mayo de 2022, emitido por el Juzgado 10 Administrativo del
Circuito Judicial de Tunja dentro del proceso ejecutivo con radicación 15001-33-33-
010-2021-00155-00. Y, en su lugar, que se ordene a las autoridades accionadas
proferir una nueva decisión subsanando los yerros señalados en la presente acción
constitucional.

De igual forma, solicitó como medida provisional, hasta tanto se defina la suerte de
la acción constitucional, que se suspenda el trámite del proceso ejecutivo con
radicación 15001-33-33-010-2021-00155-00, adelantado ante el Juzgado 10
Administrativo del Circuito Judicial de Tunja y, con ello, el auto del 3 de mayo de
2022, mediante el cual se ordenó la ejecución del mandamiento de pago por la suma
de $1.063.069.823. Lo anterior, en aras de proteger los dineros provenientes del
erario y el principio constitucional de sostenibilidad financiera del sistema pensional,
pues de ejecutarse el mandamiento de pago se tornaría ilusorio el eventual fallo que
se profiera en el recurso extraordinario de revisión promovido por la entidad, el cual
se tramita ante el Consejo de Estado bajo el radicado 11001-03-15-000-2023-03450-
00 (5389),1 que en caso de que le fuere favorable, es previsible que los dineros
serían de difícil recuperación e, incluso, de imposible recaudo, pues conforme lo ha
indicado el Consejo de Estado «no es viable disponer el reintegro de dineros
pagados de buena fe»2.

1.1.2. Los hechos

1 Según consulta realizada en el aplicativo Samai, el Consejo de Estado, Sala 23 Especial de
Decisión, en providencia del 14 de mayo de 2024, declaró infundado el recurso.
2 Sentencia del 26 de enero de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,

Subsección A, expediente 11001-03-25-000-2016-00660-00 (2763-2016).

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Demandante: Colpensiones

La accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) El 3 de abril de 2008, la señora Ana Silvia Balaguera Suárez, por intermedio de
apoderado, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
del Instituto de los Seguros Sociales ISS, en orden a que se declarara la nulidad del
Oficio G.SS.SB.-0477 del 3 de diciembre de 2007, que le negó la sustitución de la
pensión de jubilación reconocida a su excompañero, el señor Jorge Eliecer González
González (q.e.p.d), extrabajador del ISS y, a título de restablecimiento del derecho,
que se ordenara el reconocimiento y pago de la prestación.

ii) Por medio del Decreto 2013 de 2012, el Gobierno Nacional ordenó la supresión y
liquidación del ISS y estableció que la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP asumiría la
administración de los derechos pensionales legalmente reconocidos por el ISS, en
Liquidación, en su calidad de empleador, dejando en cabeza de la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones) los procesos derivados de la
administración del régimen de pensiones de prima media con prestación definida, por
lo que, según el mandato legal, la sucesión procesal de las pensiones concedidas
por el ISS patrono quedó en cabeza de la UGPP.

iii) Pese a lo anterior, mediante sentencia del 18 de noviembre de 2014, el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Descongestión, declaró la nulidad del acto
administrativo demandado y, en consecuencia, ordenó al ISS, hoy Colpensiones, a
reconocer la sustitución pensional reclamada.

iv) A través de sentencia del 24 de enero de 2019, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, en grado jurisdiccional de Consulta, confirmó la decisión de
primera instancia.

v) El 6 de mayo de 2022, la UGPP presentó incidente de nulidad de todo lo actuado, a
partir de la sentencia del 18 de noviembre de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Descongestión, al señalar que, de acuerdo con los
artículos 27 y 28 del Decreto 2013 de 2012, era la entidad competente para efectuar

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Demandante: Colpensiones

el reconocimiento pensional ordenado en la sentencia. El 29 de junio siguiente,
Colpensiones coadyuvó el incidente.

vi) Por medio de auto del 17 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Despacho n°.4, rechazó de plano la solicitud de nulidad, sin tener en cuenta
la fecha en que se suprimió y ordenó la liquidación del ISS, ni tampoco las entidades
llamadas a sucederla, ni sus responsabilidades y competencias.

vii) Ahora bien, el 21 de septiembre de 2021, la señora Ana Silvia Balaguera Suárez
presentó demanda ejecutiva en contra de Colpensiones, en orden a lograr el
cumplimiento de las sentencias de nulidad y restablecimiento.

viii) Mediante auto del 3 de mayo de 2022, el Juzgado 10 Administrativo del Circuito
Judicial de Tunja libró mandamiento ejecutivo de pago a favor de la señora Ana Silvia
Balaguera Suárez y en contra de Colpensiones, por la suma de $1.063.069.823,
correspondiente a las mesadas pensionales causadas entre el 1 de abril de 2007 y el
31 de diciembre de 2021.

ix) El 17 de junio de 2022, Colpensiones contestó la demanda, interpuso recurso de
reposición en contra del auto que libró mandamiento de pago y presentó incidente de
nulidad, argumentando que la entidad competente para dar cumplimiento al fallo era
la UGPP, toda vez que el causante era pensionado por el ISS empleador.

x) Mediante auto del 16 de diciembre de 2022, el Juzgado resolvió no decretar la
nulidad planteada y ordenó correr traslado del recurso de reposición.

xi) El 20 de febrero de 2023, la UGPP solicitó hacerse parte dentro del proceso.

xii) A través de auto del 21 de abril de 2023, el Juzgado resolvió tener por no
contestada la demanda, al haber sido presentada de forma extemporánea.

xiii) Por medio de auto del 22 de septiembre de 2023, el despacho ordenó seguir
adelante con la ejecución y decretó la medida cautelar por valor de $1.381.990.769.

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xiv) Finalmente, mediante auto del 26 de enero de 2024, requirió al Banco BBVA para
que aplicara la medida cautelar.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir de la entidad accionante, las decisiones de las autoridades demandadas
incurrieron en los siguientes vicios o defectos:

1.1.3.1. Defecto sustantivo

i) Se desconoció la normativa aplicable al caso, puntualmente, los Decretos 2013 del
28 de septiembre de 2012, 1388 del 28 de junio de 2013, 2115 del 27 de septiembre
de 2013 y 3000 del 24 de diciembre de 2013, expedidos por el Ministerio de Salud y
Protección Social, mediante los cuales se estableció la competencia de la UGPP para
el reconocimiento de las pensiones de los extrabajadores del ISS. En el Decreto 2013
de 2012, se ordenó la supresión del ISS y su consecuente liquidación, y se estableció
que la UGPP asumiría la administración de los derechos pensionales legalmente
reconocidos por el ISS en Liquidación, en su calidad de empleador, a más tardar
hasta el 28 de junio de 2013. Luego, en el Decreto 1388 de 2013, se amplió el plazo
de traslado de la función pensional a la UGPP hasta el 28 de septiembre de 2013;
posteriormente, en el Decreto 2115 de 2013, se prorrogó el plazo de la liquidación
del ISS, determinando que la UGPP asumiría la administración de los derechos
pensionales del ISS empleador a más tardar el 31 de diciembre de 2013; y,
finalmente, con el Decreto 3000 de 2013 se ordenó prorrogar, una vez más, el plazo
para asunción por parte de la UGPP de la administración de los derechos pensionales
legalmente reconocidos por el ISS en Liquidación, hasta el 28 de febrero de 2014. En
conclusión, a partir del 1 de marzo de 2014, la UGPP asumió definitivamente la
competencia de los derechos pensionales del ISS empleador.

ii) Dichas normas fueron desconocidas por las autoridades accionadas, pese a que
en materia pensional les asiste una función de adecuación e integración normativa.
En el asunto, no bastaba con remitirse a las normas que para el caso específico

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regulaban la sustitución pensional deprecada sino que, además, debía examinarse
las correspondientes a la competencia de la entidad encargada de asumir el pasivo
pensional, con independencia de que fueran o no mencionadas en el debate jurídico,
pues no es la calificación jurídica que demarcan las partes lo que limita el objeto del
proceso, sino los hechos jurídicamente relevantes conforme a los cuales el juez debe
realizar la subsunción del caso a la norma.

iii) Ha de tenerse en cuenta que para la fecha en que se originó el litigio aún no
existía Colpensiones y que, por ende, la competencia aún recaía en el otrora ISS; no
obstante, en el curso del proceso judicial, inclusive, antes de proferirse el fallo de
primera instancia, ya se encontraban vigentes las normas que gobernaban la
situación de la demandante y, en tal sentido, por lo que se tornaba imperioso la
negativa de las pretensiones de la demanda para que la señora Ana Silvia Balaguera
Suárez procediera al reclamo de sus derechos ante la UGPP —que en el curso de la
controversia ha reconocido abiertamente tener la competencia frente a los derechos
reclamados por la actora— o, en su defecto, haber sido vinculada en calidad de litis
consorte necesario.

iv) A lo anterior, se suma que para el 14 de noviembre de 2014, fecha en que el
Tribunal profirió el fallo de primera instancia, Colpensiones se encontraba en un
estado de cosas inconstitucional, lo que implicaba la presencia de un conjunto de
obstáculos materiales y administrativos que impedían el cumplimiento de los
términos dispuestos por el ordenamiento jurídico para la resolución de las peticiones
pensionales y el acatamiento de las órdenes dictadas por los jueces de la República;3
y ello explica la imposibilidad de haber ejercido una defensa judicial activa para
múltiples casos, entre ellos, el objeto de análisis.

v) Ahora bien, en el auto del 17 de agosto de 2022, el Tribunal rechazó de plano la
solicitud de nulidad presentada por la UGPP, la cual fue coadyuvada por

3 A través de Auto 110 del 5 de junio de 2013, la Corte Constitucional verificó la existencia de un

estado de cosas inconstitucional en la transición entre el ISS y Colpensiones, y adoptó medidas
provisionales de protección frente a los usuarios de estas entidades, mientras se declaró superado en
la Sentencia T-774 del 18 de diciembre de 2015.

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Colpensiones, sin tener en cuenta la fecha en que se suprimió y ordenó la liquidación
del ISS, ni tampoco las entidades llamadas a sucederla, ni sus responsabilidades y
competencias. Claramente, en el transcurso del proceso se efectuó la disolución de
la parte demandada, lo cual requería de la notificación a quienes, en su momento, se
consideró debían realizar la sucesión del proceso, esto es, la UGPP o Colpensiones,
entidades que no fueron notificadas del auto admisorio de la demanda para que
ejercieran su derecho defensa y contradicción.

1.1.3.2. Desconocimiento de precedente jurisprudencial

i) En un caso similar en el que se demandó a Colpensiones para obtener la
reliquidación de una pensión de jubilación reconocida por el entonces ISS, se declaró
probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de
Colpensiones y se negaron las suplicas de la demanda, al señalarse que, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 2013 de 2012, el ente previsional competente para
administrar las pensiones de los ex trabajadores del ISS era la UGPP, y que, bajo ese
entendido, la reliquidación estaba a su cargo.

ii) Dicha decisión fue confirmada en segunda instancia por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 4 de mayo de 2017, en la que se
reflexionó de la siguiente forma: «las competencias del Instituto de Seguros Sociales
en materia pensional fueron reasignadas dependiendo su origen, esto es, si se
causaron por la relación laboral debían ser acogidas por la UGPP, mientras que si
gestan por los aportes al régimen de prima media con prestación definida,
corresponderían a Colpensiones».

iii) De la jurisprudencia en cita es dable inferir que, para el asunto, las normas de
competencia no tienen una significancia meramente instrumental sino sustantiva, y
que, por tanto, estaban implícitas en el conjunto normativo que se debía estudiar y
aplicar para determinar la reclamación pensional, las cuales debieron incidir en la
denegatoria de las pretensiones, máxime cuando en estos casos el Consejo de
Estado ha decantado que el titular del derecho queda libre para agotar los
mecanismos correspondientes ante la UGPP. De esta forma, se considera que no es

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razón suficiente esgrimir que la entidad no haya propuesto la falta de legitimación en
la causa por pasiva o propuesto la sucesión procesal, ya que, como se observa en la
sentencia de primera instancia traída como precedente, la excepción de fondo por
ausencia de legitimación fue declarada de oficio.

1.1.3.3. Violación directa de la Constitución

i) Los juzgadores violaron el principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional, previsto en el artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el
artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, al ordenar a Colpensiones a reconocer
una pensión desfinanciada, pues al tratarse de una pensión de origen patronal, el
causante no realizó los respectivos aportes al fondo común del régimen de prima
media, ni cotizó al entonces ISS —de manera que, se trató de una pensión otorgada
por el tiempo de servicios y no en razón a semanas de cotización—, lo cual contraría
el carácter parafiscal y destinación específica del fondo común, que únicamente se
debe destinar al pago de las pensiones de vejez del régimen de prima media y no del
régimen especial de los funcionarios de la seguridad social.

ii) El artículo 32 de la Ley 100 de 1993 establece como una de las características del
régimen de prima media que: «los aportes de los afiliados y sus rendimientos
constituyen un fondo común de naturaleza pública, que garantiza el pago de las
prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia, los
respectivos gastos de administración y la constitución de reservas de acuerdo con lo
dispuesto en la presente Ley», por lo que es ilegal que con los recursos del fondo se
paguen prestaciones económicas del ISS patrono, en tanto su destinación es
únicamente para sus afiliados quienes contribuyeron con sus aportes a la
conformación de las reservas del fondo común.

iii) En este caso, los criterios que determinan la existencia de un abuso palmario del
derecho surgen inequívocos, al librarse mandamiento de pago por la suma de
$1.063.069.863, por concepto de capital adeudado, teniendo en cuenta las mesadas
pensionales causadas desde el 1 de abril de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2021,
lo cual configura un detrimento en el patrimonio del Sistema de Seguridad Social.

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1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 27 de febrero de 2024, la consejera de Estado Nubia Margoth Peña Garzón
admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó i) notificar del proveído al
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, al Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Descongestión, y al Juzgado 10 Administrativo del Circuito Judicial
de Tunja, como demandados, y a la señora Ana Silva Balaguera Suárez, en calidad
de tercera con interés en las resultas del proceso, para que dentro del término de dos
días y en uso de su derecho de defensa rindieran el respectivo informe; y ii) oficiar
tanto al Juzgado 10 Administrativo del Circuito Judicial de Tunja como al Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Descongestión, para que, en su orden, remitieran
copia física o digital del expediente ejecutivo con radicado 2021-00155-00, y de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2008-00171-01, promovidos por
la señora Ana Silva Balaguera Suárez en contra de Colpensiones.

De igual forma, tuvo como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que
en derecho les corresponda, los documentos aportados por la actora con la solicitud
de tutela; reconoció personería al abogado Diego Alejandro Urrego Escobar, como
apoderado especial de la demandante, de conformidad con el poder y los
documentos anexos obrantes en el expediente; y no accedió a la solicitud de
suspensión provisional de los efectos de las providencias objeto de cuestionamiento,
al no allegarse prueba que demostrara la existencia de un perjuicio irremediable o un
daño inminente que ameritara la procedencia de dicha medida cautelar.

1.2.2. El 29 de febrero de 2024, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
a Colpensiones, al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, al Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Descongestión, al Juzgado 10 Administrativo del
Circuito Judicial de Tunja, y a la señora Ana Silva Balaguera Suárez.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Descongestión

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El 4 de marzo de 2024, el magistrado Félix Alberto Rodríguez Riveros solicitó
declarar improcedente la acción o, en su defecto, desestimar las pretensiones de
amparo, en atención a los siguientes argumentos:

i) Las decisiones censuradas por Colpensiones se adoptaron conforme al material
probatorio existente en el proceso y teniendo en cuenta los fundamentos legales y
jurisprudenciales aplicables al caso, por lo que no se vulneraron sus derechos
fundamentales invocados.

ii) Además, no resulta jurídicamente viable que se pretenda en sede de tutela
subsanar las deficiencias del ISS en el ejercicio de su derecho de defensa, que al
interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho omitió alegar la
excepción previa de falta de competencia, llamar en garantía a la UGPP, presentar
incidente de nulidad previo a la sentencia o sustentar en el recurso de apelación los
motivos de inconformidad en cuanto a la condena se refiere.

1.3.2. El Juzgado 10 Administrativo del Circuito Judicial de Tunja

El 29 de febrero de 2024, el secretario del Juzgado remitió el enlace para consulta
del expediente requerido, y la jueza Naida Yibell Lopez Molina solicitó declarar
improcedente la acción o negar el amparo pretendido, dado lo siguiente:

i) Las pretensiones de la acción de tutela no están llamadas a prosperar, puesto que
en el libelo la accionante no indicó en qué consistía la violación endilgada, sino que
se limitó a sustentar que con la decisión adoptada en el proceso ejecutivo se pone en
riesgo la sostenibilidad financiera. Es de advertir que en el proceso ejecutivo se han
surtido todas las etapas, se ha brindado a la parte ejecutada la posibilidad de
controvertir las decisiones y se han garantizado sus derechos al debido proceso y
defensa, y, además, en el auto que libró mandamiento de pago se incorporó una
carga argumentativa suficiente, fundamentada en las normas legalmente aplicables y
en los particulares supuestos de hecho.

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ii) Actualmente, el expediente ejecutivo se encuentra al despacho con informe
secretarial del 19 de febrero de 2024, en el que se señala que Colpensiones allegó
solicitud de levantamiento de medida cautelar, y que el Banco BBVA informó la
constitución del título judicial, el cual, una vez consultado en el portal del Banco
Agrario con el usuario del juzgado, se evidencia su constitución por valor de
$1.381.990.769. El Juzgado se ha limitado a dar cumplimiento a las sentencias
emitidas dentro del expediente ordinario de nulidad y restablecimiento, dada la
omisión de Colpensiones en pagar las mesadas correspondientes a la sustitución
pensional reconocida a la señora Balaguera Suárez.

1.3.3. La señora Ana Silva Balaguera Suárez

El 5 de marzo de 2024, la señora Ana Silva Balaguera Suárez, por intermedio de
apoderado, solicitó rechazar de plano todas y cada una de las pretensiones de
Colpensiones, dado lo siguiente:

i) En el caso no debe prosperar la medida provisional solicitada ni las pretensiones
de tutela, puesto que no se está vulnerando ni poniendo en peligro los dineros
provenientes del erario ni la sostenibilidad financiera del sistema pensional, debido a
que la sustitución de la prestación de su difunto compañero, Jorge Eliécer González
González (q.e.p.d), le fue reconocida judicialmente y, por tanto, tiene todo el derecho
a recibir la pensión, la cual Colpensiones se ha negado a pagar hasta la fecha.

ii) Téngase en cuenta que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho duró
casi 7 años a instancia del Tribunal y 5 años a instancia del Consejo de Estado, sin
que la parte demandada se pronunciara en ninguna de las oportunidades procesales
en que tuvo lugar; y, solo ahora, cuando se inició el proceso ejecutivo, empezó a
interponer recursos, nulidades, acciones de revisión y de tutela para no cumplir con
el fallo ni pagar la sentencia condenatoria.

1.4. Sentencia impugnada

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Mediante sentencia del 21 de marzo de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Primera, declaró improcedente la solicitud de amparo, en atención a las siguientes
consideraciones:

i) Frente al proceso de nulidad y restablecimiento con radicación 2008-00171-01, la
acción de tutela no cumple con los requisitos generales de subsidiaridad e
inmediatez, por una parte, porque la actora no promovió de forma previa el
mecanismo de revisión que sería procedente conforme con el artículo 20 de la Ley
797 de 2003 y, por otra, en razón a que no fue interpuesta en un término razonable,
dado que entre la fecha en que fue notificada la providencia acusada y la fecha en
que fue interpuesta la acción de tutela transcurrieron cerca de 5 años.

ii) Aunque es cierto que mediante Auto 110 de 2013, la Corte Constitucional declaró
el estado de cosas inconstitucionales con ocasión de las funciones que Colpensiones
asumió del extinto ISS, ello no es excusa para inobservar los referidos requisitos,
pues el mecanismo especial de revisión es un medio idóneo para controvertir la
decisión cuestionada, sin que se advierta que Colpensiones sea un sujeto de
especial protección que implique un tratamiento diferente en este tipo de asuntos y,
además, porque las directrices adoptadas por la Corte Constitucional no estuvieron
dirigidas a la modificación de los términos para hacer uso de los recursos que
procedían en los procesos judiciales.

iii) En cuanto al proceso ejecutivo con radicación 2021-00155-00, la acción de tutela
también es improcedente, al no cumplir con el requisito de relevancia constitucional,
pues lo puesto en discusión es una controversia de tipo legal que ya fue resuelta por
el juez natural, esto es, la entidad competente para asumir los derechos pensionales
del ISS; y además, de contenido estrictamente económico, como lo es el pago de la
pensión de la sustitución reconocida a la señora Ana Silvia Balaguera Suárez, cuya
falta de reconocimiento no compromete ningún derecho fundamental de la entidad
accionante.

iv) Dichos aspectos, además de que carecen de una perspectiva constitucional,
fueron resueltos por el Juzgado al conocer del incidente de nulidad presentado por

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Demandante: Colpensiones

Colpensiones. En efecto, en el auto del 16 de diciembre de 2022, el Juzgado afirmó
que, tal como lo expuso el Tribunal en la providencia de 17 de agosto de 2022, no
era procedente invocar una nulidad por falta de competencia de la entidad para
ordenar el reconocimiento de la sustitución pensional, toda vez que para ello
existieron mecanismos procesales dentro de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho, como la excepción previa, el llamamiento en garantía o el recurso de
apelación, de los cuales no se hizo uso, y además, que no era posible estudiar la
nulidad en sede del proceso ejecutivo, comoquiera que en esta instancia el juez
debía limitarse a los términos descritos en el título ejecutivo y su potestad se ceñía a
verificar si existía una obligación clara, expresa y exigible, sin que pudiera modificar
los extremos de la obligación.

1.5. Impugnación

Colpensiones impugnó la sentencia de primera instancia en orden a que se revoque
y, en su lugar, se concedan las pretensiones de tutela. Para dichos efectos, reiteró
los argumentos expuestos en el libelo y agregó los siguientes:

i) Se supera el requisito de subsidiariedad. Se observa con extrañeza que se haya
afirmado que Colpensiones no hizo uso del mecanismo de revisión de que trata el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, puesto que, como se informó en el libelo, se
presentó el 26 de junio de 2023 y se encuentra en trámite ante el Consejo de Estado
bajo el radicado 11001-03-15-000-2023-03450-00.

ii) También se cumple con el requisito de inmediatez. El caso no puede analizarse
desde la regla general de interposición de la acción de tutela dentro del término de 6
meses contados desde la ejecutoria de la sentencia acusada, sino atendiendo los
parámetros de excepción dispuestos por la jurisprudencia constitucional para su
irrupción, específicamente, porque persiste una afectación continua, permanente y
actual por tratarse del reconocimiento y pago de una prestación económica de tracto
sucesivo, y además, porque se debate un asunto con posible abuso del derecho en
detrimento del erario y del sistema general de pensiones.

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Demandante: Colpensiones

iii) Huelga aclarar que la interposición de la acción de tutela surge como
consecuencia de lo resuelto en el proceso ejecutivo, el pasado 25 de enero de 2024,
en la que se ordenó materializar la medida cautelar de embargo, puesto que en este
estado de la ejecución ya no es posible esperar a las resultas de la acción de
revisión por estarse ante la configuración de un perjuicio inminente y, conforme se
explicó en el escrito genitor de la tutela, los dineros pagados serían de difícil, o
incluso, de imposible recuperación, en la medida que el precedente unificado del
órgano cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha enseñado que «se
presumen de buena fe las sumas recibidas en cumplimiento de un fallo judicial».4

iv) Se satisface el requisito de relevancia constitucional. Lo pretendido con la acción
de tutela es evitar perjuicios ciertos e inminentes que afecten el interés público, la
sostenibilidad financiera del sistema pensional y la garantía del derecho a la
seguridad social en pensiones, comoquiera que se trata de un proceso ejecutivo en
el que se encuentra en firme un mandamiento de pago por la suma de
$1.063.069.823, que de ser desembolsado sería de difícil recuperación, por lo que es
del caso analizar los argumentos fácticos y jurídicos expuestos en el libelo.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25
del Acuerdo n.º 080 de 20195, según el cual «Las tutelas que sean de competencia
del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Primera de esta corporación.
4 Sentencia del 26 de enero de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, dentro del proceso 11001-03-25-000-2016-00660-00 (2763-2016).
5Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.

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Demandante: Colpensiones

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para controvertir las sentencias del 18 de noviembre de
2014 y 24 de enero de 2019, proferidas, en su orden, por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, Sala de Descongestión, y el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
15000-23-31-004-2008-00171-00/15001-23-31-000-2008-00171-01; así como el auto
del 3 de mayo de 2022, emitido por el Juzgado 10 Administrativo del Circuito Judicial
de Tunja dentro del proceso ejecutivo con radicación 15001-33-33-010-2021-00155-
00. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de las
referidas providencias se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la
parte accionante.

2.3. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional6 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,7 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la

6 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
7Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de
que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una
de las anteriores causales o defectos.

2.4. Hechos probados

2.4.1. Del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
15000-23-31-004-2008-00171-00/15001-23-31-000-2008-00171-01, la Sala
establece lo siguiente:

i) El 3 de abril de 2008, la señora Ana Silvia Balaguera Suárez, por intermedio de
apoderado, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra
del Instituto de los Seguros Sociales ISS, con el fin de que se declarara la nulidad del
Oficio G.SS.SB-0477 del 3 de diciembre de 2007, mediante el cual le fue negada la
pensión de sobreviviente solicitada con ocasión del cumplimiento de la mayoría de
edad de sus 3 hijos, titulares iniciales de la prestación.

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ii) El 18 de noviembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Descongestión, ordenó lo siguiente:

PRIMERO. DECRETAR la nulidad del Oficio G.SS.SB-0477 del 3 de diciembre de 2007,
proferido por el director seccional del Instituto de Seguros Sociales.

SEGUNDO. ORDENAR al Instituto de los Seguros Sociales, hoy Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones), reconocer la sustitución pensional a la
demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. ORDENAR a la demandada dar cumplimiento a lo establecido en los artículos
176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

CUARTO. CONSULTAR esta sentencia ante la Sección Segunda del Honorable Consejo
de Estado, de conformidad con lo indicado en la parte considerativa.

iii) El 24 de enero de 2019, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
en grado de jurisdiccional de consulta, confirmó la sentencia de primera instancia.

2.4.2. Del expediente ejecutivo con radicado 15001-33-33-010-2021-00155-00, la
Sala establece lo siguiente:

i) El 21 de septiembre de 2021, la señora Ana Silvia Balaguera Suárez, por
intermedio de apoderado, presentó demanda ejecutiva en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

ii) El 3 de mayo de 2022, el Juzgado 10 Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Tunja libró mandamiento ejecutivo en contra de Colpensiones y a favor de la señora
Ana Silvia Balaguera Suárez, por la suma de $1.063.069.823, correspondiente al
capital adeudado de las mesadas pensionales causadas entre el 1 de abril de 2007 y
el 31 de diciembre de 2021.

iii) El 17 de junio de 2022, Colpensiones interpuso recurso de reposición en contra de
la anterior decisión y, además, contestó la demanda y presentó incidente de nulidad.

iv) El 16 de diciembre de 2022, el Juzgado no decretó la nulidad planteada por la
entidad y ordenó correr traslado del recurso de reposición.

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v) El 20 de febrero de 2023, la UGPP solicitó hacerse parte dentro del proceso.

vi) El 21 de abril de 2023, el Juzgado rechazó el recurso de reposición, por
encontrarlo extemporáneo, y tuvo por no contestada la demanda, al también haberse
presentado de forma extemporánea, ello, teniendo en cuenta que la notificación del
mandamiento ejecutivo se efectuó el 31 de mayo de 2022 y el traslado para contestar
la demanda se surtió entre el 3 y el 16 de junio de 2022.

vii) El 22 de septiembre de 2023, el Juzgado ordenó seguir adelante con la ejecución
y negó la solicitud de la UGPP.

viii) El 22 de septiembre de 2023, el Juzgado decretó la medida cautelar de embargo
y retención de los dineros depositados por Colpensiones en las cuentas del Banco
BBVA, limitando el valor a la suma de $1.381.990.769; y también el embargo y
retención de los dineros remanentes que por cualquier concepto tuviera o llegare a
tener dentro del proceso con radicado 27001-33-33-003-2017-00268-00 de Serafina
Palacios Mena contra Colpensiones, adelantado en el Juzgado Tercero Oral
Administrativo de Quibdó, limitándolo hasta la suma de $1.381.990.769.

ix) El 25 de enero de 2024, el Juzgado ordenó el cumplimiento inmediato de la
medida cautelar de embargo y retención de los dineros decretado en la providencia
del 22 de septiembre de 2023, y requirió al Banco AV VILLAS, el cumplimiento
inmediato de la medida cautelar decretada.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

2.5.1. Respecto de la acción de tutela interpuesta en contra del Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Descongestión, y el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B

Se insiste, en sede de impugnación, que la acción de tutela para controvertir las
providencias judiciales del 18 de noviembre de 2014 y 24 de enero de 2019,

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proferidas, en su orden, por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Descongestión, y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15000-23-31-004-
2008-00171-00/15001-23-31-000-2008-00171-01, sí cumple con los requisitos de
inmediatez y subsidiariedad, pues a más de que tutela surge como medida de
urgencia para evitar un perjuicio irremediable, en atención a lo resuelto en el proceso
ejecutivo que ordenó materializar la medida cautelar de embargo, Colpensiones sí
hizo uso del mecanismo de revisión.

Pues bien, es válido señalar con respecto del requisito de inmediatez que aunque el
a quo declaró improcedente la acción de tutela al encontrar que la sentencia objeto
de censura data del 24 de enero de 2019, la cual quedó ejecutoriada el 5 de marzo
de 2019, y que la demanda de tutela fue presentada hasta el 21 de febrero de 2024,
esto es, cinco años después, lo cierto es que, al proceder en el caso el recurso
extraordinario de revisión, del cual Colpensiones sí hizo uso —según se expondrá
más adelante—, era obligación de la recurrente agotar todos los medios de defensa
judicial, tanto ordinarios como extraordinarios, antes de promover la acción de tutela,
por lo que en el asunto de marras no puede hablarse de falta de inmediatez.

Y en lo que corresponde con el requisito de subsidiariedad se advierte, a diferencia
de lo planteado por el a quo, que a más de que en el libelo Colpensiones señaló de
manera expresa que había interpuesto el recurso extraordinario de revisión en contra
de la sentencia del 24 de enero de 2019, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, bajo la causal prevista en el artículo 20-A de la Ley 797 de
2003, esto es, por el reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público
o de fondos de naturaleza pública con violación al debido proceso, también dio a
conocer que el proceso se encontraba en trámite ante el Consejo de Estado con el
radicado 11001-03-15-000-2023-03450-00, de manera que, sobre el particular, no
fueron acertados los argumentos expuestos por el juez de primera instancia.

Ahora bien, una vez revisado el trámite del recurso, esta Sala de decisión pudo
evidenciar que el pasado 14 de mayo de 2024, el Consejo de Estado, Sala 23
Especial de Decisión, resolvió declarándolo infundado, al encontrar que tanto el

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Tribunal Administrativo de Boyacá como el Consejo de Estado actuaron con
observancia del debido proceso, pues, luego de traer a colación las actuaciones
judiciales efectuadas durante el trámite del proceso, evidenció que la autoridades
agotaron todas las etapas procesales correspondientes en clave a garantizar el
derecho de audiencia y defensa de Colpensiones, pese a su recurrente silencio, ya
que la entidad i) no se pronunció frente al auto que la instituyó como sucesor
procesal del ISS, ii) no presentó alegatos de conclusión en la primera instancia, iii)
tampoco presentó apelación contra la sentencia que le impuso la condena, y vi)
guardó silencio en la etapa de consulta efectuada ante el Consejo de Estado.

De esta forma, se tiene que aunque Colpensiones interpuso la acción de tutela antes
de que fuera resuelto el recurso extraordinario de revisión, bajo el argumento de
estar ante un perjuicio inminente ―en atención a lo resuelto en el proceso ejecutivo,
en el que se ordenó materializar la medida cautelar de embargo―, no lo es menos
que, ya no es del caso realizar un juicio en torno al perjuicio alegado —en orden a
pretermitir la subsidiariedad—, ya que al haberse resuelto el recurso dentro del
trámite de la presente acción, se habilitó el uso del mecanismo de amparo.

Pese a lo anterior, es dable advertir que en el caso no confluye el requisito de
subsidiariedad, pero por las razones que se pasar a explicar:

La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que la acción de tutela
contra providencia judicial no cumple con el requisito de subsidiariedad cuando se
verifica i) que el proceso está en trámite, ii) que no se han agotado los medios de
defensa judiciales ordinarios y extraordinarios, iii) que se utiliza como un instrumento
para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos
en el ordenamiento jurídico, y iv) que el asunto que dio lugar al defecto no fue
previamente alegado.8

En el caso, la accionante denuncia la configuración de los defectos: i) sustantivo, al
no aplicarse el principio iura novit curia y con ello, analizarse —de oficio— la

8 Ver entre otras, la sentencia SU-062 de 2018.

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normativa relacionada con la competencia de la UGPP para el reconocimiento de las
pensiones de los extrabajadores del ISS; ii) desconocimiento de precedente
jurisprudencial, al no tomarse en cuenta los pronunciamientos traídos de referente en
el libelo, en los que se declaró —de oficio— la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva respecto de Colpensiones; y iii) violación directa de la
Constitución, al desconocerse el principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional, previsto en el artículo 48 de la Constitución Política, por el hecho de
ordenarse a Colpensiones a reconocer una prestación de origen patronal, en la que
el causante no realizó los respectivos aportes al fondo común del régimen de prima
media, ni cotizó al entonces ISS.

Es decir, que la entidad accionante plantea la existencia de los defectos sustantivo,
desconocimiento de precedente y violación directa de la Constitución bajo
argumentos que solo pretenden revivir oportunidades procesales dejadas de utilizar
en el medio judicial ordinario, convirtiendo la sede constitucional en una tercera
instancia para dilucidar el asunto.

Y si bien es cierto Colpensiones justifica la imposibilidad de haber ejercido una
defensa judicial activa en el proceso, en atención al estado de cosas
inconstitucionales que atravesaba con ocasión de las funciones que asumió del
extinto ISS, no lo es menos que, tal como lo refirió el a quo, las directrices que la
Corte adoptó en torno al tema no estuvieron dirigidas a la modificación de los
términos para hacer uso de los recursos que procedían en los procesos judiciales,9
por lo que no se puede tomar como excusa para pretermitir su desidia en actuar
dentro del asunto.

9 En el Auto 110 de 2013, la Corte Constitucional verificó el estado de cosas inconstitucionales
ocurrido en la transición entre ISS y Colpensiones, adoptando una serie de reglas a aplicar por los
jueces de la República —a partir de la fecha de proferimiento de la providencia y hasta el 31 de
diciembre de 2013— al momento de resolver las acciones de tutela por violación del derecho de
petición de solicitudes radicadas en su momento ante el ISS, o contra resoluciones en que el ISS
resolvió sobre el reconocimiento de una pensión o, sobre los incidentes de desacato por tutelas
concedidas por acciones u omisiones de la misma entidad. El estado de cosas inconstitucionales fue
declarado superado en la Sentencia T-774 de 2015.

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De esta forma, se tiene que lo querido a través de la acción de tutela es que se de
validez al alegato tendiente a encontrar demostrada una omisión de la autoridad
judicial en analizar la falta de competencia de Colpensiones en torno al
reconocimiento de las pensiones de los extrabajadores del ISS, sin que este haya
sido un alegato propuesto dentro del proceso ordinario y que, por contera, no
corresponde definir al juez constitucional, pues no es de su competencia estudiar los
casos sometidos a su consideración como si se tratara de una instancia adicional
dentro del proceso ordinario.

Por tanto, lo que corresponde en el asunto es preservar y dar estricto cumplimiento al
carácter subsidiario de la acción de tutela, pues de no ser así: i) se asumiría la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo, ii) se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, iii) se concentrarían
en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ella y iv) se
propiciaría un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de la
jurisdicción constitucional.10

Así las cosas, se encuentra que la presente acción de tutela no supera el examen de
subsidiariedad requerido, en tanto los alegatos de la parte actora lo que avizoran es
que se utiliza el mecanismo de amparo como una tercera instancia para plantear un
debate que no fue propuesto en la instancia ordinaria y que, por contera, no le
corresponde definir al juez constitucional.

2.5.1. Respecto de la acción de tutela interpuesta en contra del Juzgado 10
Administrativo del Circuito Judicial de Tunja

Señala la entidad accionante que la acción de tutela sí cumple con el requisito de
relevancia constitucional para controvertir el auto del 3 de mayo de 2022, emitido por
el Juzgado 10 Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, dentro del proceso
ejecutivo con radicación 15001-33-33-010-2021-00155-00, pues lo pretendido es
evitar perjuicios ciertos e inminentes que afecten el interés público, la sostenibilidad

10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.

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financiera del sistema pensional y la garantía del derecho a la seguridad social, al
encontrase en firme un mandamiento de pago por la suma de $1.063.069.823, el
cual corresponde a un pago único y que luego de ser desembolsado sería de difícil e,
incluso, de imposible recuperación.

En el sub judice, se advierte, en igual sentido que lo concluyó el juez de primera
instancia, que el asunto no reúne el presupuesto de relevancia constitucional, en
tanto lo puesto en discusión en esta sede constitucional es una controversia de tipo
legal, en torno a la entidad responsable para asumir los derechos pensionales del
ISS; y además, de contenido estrictamente económico, como lo es el pago de una

sustitución pensional, según se pasa a explicar:

La Corte Constitucional ha decantado una sólida línea jurisprudencial en torno a
dicha causal,11 en la que ha señalado que solo la evidencia prima facie de una
afectación o vulneración de facetas constitucionales de los derechos fundamentales
permite superar el requisito de relevancia constitucional de la tutela en contra de
providencias judiciales.12 Así, en aras de verificar su cumplimiento, el juez de tutela
debe concluir i) que el asunto tiene trascendencia para interpretar, aplicar y/o
desarrollar la Constitución Política o para determinar el contenido y alcance de un
derecho fundamental; ii) que la controversia no se limita a una discusión meramente
legal, como la correcta interpretación o aplicación de una norma de rango legal o
reglamentario —salvo que se explique con suficiencia el por qué la interpretación o
aplicación de una norma legal afectó garantías constitucionales—,13 o de contenido

11 La cual puede consultarse, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021, SU-

103 de 2022 y SU-215 de 2022.
12 Todo derecho fundamental tiene facetas constitucionales, legales y reglamentarias. Los debates

acerca de las facetas legales y reglamentarias de los derechos carecen, por tanto, de la relevancia
constitucional necesaria para habilitar la excepcional intervención del juez de tutela en aras de
controlar las decisiones proferidas en los procesos de las jurisdicciones diferentes de la constitucional.
13 No significa que en todos los casos en los que se cuestione la definición y aplicación judicial de

normas de rango legal se incumple el requisito de relevancia constitucional […] en la labor judicial la
indebida aplicación de normas de rango legal puede derivar en una violación de derechos
fundamentales. Justamente esa situación es la que sustenta la existencia, caracterización y definición
del defecto sustantivo. En todo caso, la relevancia constitucional exige que el accionante vincule la
discusión legal con la violación de una garantía fundamental o, en otros términos, que explique con
suficiencia el por qué la interpretación o aplicación de una norma de rango legal afectó garantías
constitucionales. SU-215 de 2022.

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económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general —salvo
que se comprometa algún derecho fundamental—,14 y iii) que existe justificación
razonable de una afectación grave y/o desproporcionada de derechos
fundamentales, producto de una actuación arbitraria.15

Ello, en aras de procurar «i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y iv) la prevención del uso indebido
de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal o con un marcado contenido económico».16

En el caso, la discusión planteada en torno a la entidad responsable para asumir los
derechos pensionales del ISS no fue un asunto analizado dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, al no haber sido propuesto dentro de la litis, y
en tal sentido, tampoco corresponde definirlo al juez de ejecución, ni mucho menos al
juez constitucional. Al involucrarse el juez de tutela en el asunto estaría permitiendo
que el mecanismo constitucional se convirtiera en una instancia o recurso adicional,
pues entraría a discernir asuntos de mera legalidad, como si se tratara del juez
natural de la causa, lo cual desnaturaliza la vía de amparo.

Además, la decisión cuestionada no involucra de manera esencial la afectación de
derechos fundamentales, sino que versa —en estricto sentido— en reconocimientos

14 Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de
naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales y las sentencias de anulación; (iv) procesos ejecutivos, entre
otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a
obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios. SU-215 de 2022.
15 Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
16 Sentencia SU-573 de 2019.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00867-00
Demandante: Colpensiones

que sin lugar a equívocos quedan envueltos en conceptos exclusivamente de
carácter económico, como lo es el pago de un capital proveniente del reconocimiento
de una sustitución pensional.

Visto lo anterior, es evidente por la Sala que en el caso no está demostrada la
relevancia constitucional del presente asunto, en tanto el apoderado de los
accionantes no propuso una discusión alrededor de las garantías superiores de la
carta política de 1991, y en tal sentido, corresponde el rechazo de la acción de tutela.

Sumado a lo dicho, es de señalar que el proceso ejecutivo se encuentra actualmente
en trámite, en etapa de ejecución del crédito y, tal como se dejó visto en acápite
anterior, la utilización de la acción de tutela se hace totalmente improcedente por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, máxime cuando dentro de los
alegatos presentados no se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable
que justifique su flexibilización, pues aunque se señala que la ejecución del crédito a
favor de la señora Ana Silvia Balaguera Suárez generaría un detrimento del erario,
por ordenarse el reconocimiento de la prestación a una entidad que no es la
responsable para asumir los derechos pensionales del ISS, lo cierto es que, al no
haber sido este un asunto sometido a juicio, no es del ámbito del juez de tutela —so
pretexto de la vulneración de derechos fundamentales— proceder a su análisis, de
aquí que también se configure en el caso la subsidiariedad de la acción.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala concluye que la presente acción de tutela no
cumple con los requisitos de procedibilidad relacionados con la subsidiariedad y la
relevancia constitucional y, por tanto, confirmará la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-00867-00
Demandante: Colpensiones

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 21 de marzo de 2024, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Primera, que declaró improcedente la solicitud de amparo, dado
lo expuesto en la parte considerativa que antecede.

Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
En comisión

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

YASM

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