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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00876-01

Fecha
5 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00876-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 14 de junio de 2024 de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela, por las razones aquí presentadas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin19. TERCERO: Por Secretaría General REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-00876-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

5 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 5 de septiembre de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00876-01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional -
confirma

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia por medio de la cual se revocó la
decisión de primer grado, y, en su lugar, negó las pretensiones de una demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, relacionada con un proceso disciplinario
adelantado por la Procuraduría General de la Nación contra un servidor público de
elección popular.

De acuerdo con la competencia asignada1, así como el Auto de 20 de
agosto de 20242, procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por
la parte actora, en contra de la Sentencia de 14 de junio de 2024,
mediante la cual la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela3.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación. 1.3. Trámite en segunda instancia.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 22 de febrero de 2024, la Procuraduría General de la Nación
presentó una acción de tutela en contra de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por la presunta vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso, con ocasión de la Sentencia de 11 de
octubre de 2023, Rad. 15001-23-33-000-2014-00564-01 (5828-2018).

1 El artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333

de 2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “En tanto el proyecto de fallo presentado por el suscrito magistrado en el asunto de la referencia fue derrotado

por la posición mayoritaria en Sala del 13 de agosto de 2024, por Secretaría, ENVÍESE el expediente al Dr. Alberto
Montaña Plata para lo de su cargo”.
3 “PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por la Procuraduría General de la

Nación en contra de la Sección Segunda del Consejo de Estado”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00876-01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma
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2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

“1. Se deje sin efectos la sentencia del 11 de octubre de 2023, proferida por la
Sección Segunda-Subsección B del Consejo de Estado dentro del radicado
15001-23-33-000-2014-00564-01.

2. En consecuencia, se ordene a la Sección Segunda-Subsección B del
Consejo de Estado que, en un término razonable, profiera sentencia sustitutiva
en donde el factor competencia se analice de conformidad con las normas
constitucionales y el precedente de la Corte Constitucional en lo que hace al
control disciplinario sobre los servidores públicos de elección popular y, al
momento de la imposición de la sanción. En ese orden, se analicen las
causales de nulidad alegadas en la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho que no fueron objeto de estudio por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
fueron narrados los siguientes:

4. 1) Mediante fallo disciplinario de 18 de septiembre de 2012, la
Procuraduría Provincial de Tunja declaró responsable disciplinario a Carlos
Humberto Alfonso Morales y lo sancionó con la destitución del cargo de
alcalde de Miraflores, Boyacá, e inhabilidad general para ejercer funciones
públicas por 10 años y 3 meses. Ello, con ocasión de las irregularidades
presentadas en el contrato No. 6 de 30 de mayo de 2007, celebrado por el
municipio de Miraflores con Héctor Pablo Barreto Luna.

5. 2) Esa decisión fue apelada y, el 30 de noviembre de 2018, la
Procuraduría Regional de Boyacá la confirmó.

6. 3) Carlos Humberto Alfonso Morales presentó demanda4 en contra
de la Procuraduría General de la Nación, orientada a obtener la nulidad
de los mencionados fallos disciplinarios (18 de septiembre y 30 de
noviembre de 2012) y, en consecuencia, que se condenara a la entidad
demandada al restablecimiento del derecho.

7. 4) El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante Sentencia de 11 de
julio de 2018, negó las pretensiones de la demanda. Para ello, adujo que
no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos administrativos, no
operó el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria, por
tratarse de una conducta de carácter continuada y, del material
probatorio, quedó demostrada la comisión de la falta disciplinaria a título
de dolo5.

4 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
5 “La Sala negará las pretensiones de la demanda por cuanto los cargos propuestos en contra de los fallos

disciplinarios proferidos por la Procuraduría Provincial de Tunja y Regional de Boyacá, no logran desvirtuar su
presunción de legalidad. // Dirá la Sala que a pesar de no contar la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo con la calidad de tercera instancia dentro disciplinario, ello no implica en modo alguno que en su
potestad de ejercer control de legalidad sobre los actos de la autoridad disciplinaria, su control se vea limitado

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00876-01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma
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8. 5) La parte demandante presentó recurso de apelación6 y la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en Sentencia de 11 de octubre
de 2023, revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, declaró la
nulidad de los actos administrativos demandados, ordenó la eliminación
de la sanción de los registros en bases de datos y negó las demás
pretensiones de la demanda.

9. Al respecto, la autoridad aquí accionada, luego de estudiar lo
relativo a los derechos políticos y su restricción en el proceso disciplinario, la
armonización de las normas convencionales con el derecho interno, el
control de convencionalidad y los efectos inter-partes de la aplicación de
la excepción de convencionalidad, señaló que el proceso disciplinario
adelantado contra el señor Alfonso Morales (se trascribe) “no se ajustó a la
normativa que regula la restricción de los derechos políticos y las garantías
judiciales, expresamente protegidas por la CADH, acatando el precedente
convencional del 8 de julio de 2020, toda vez que el marco normativo con
fundamento en el cual fue destituido, en aquel momento, el primer
mandatario de la capital no ha cambiado y fue el mismo con fundamento
en el cual la Procuraduría General de la Nación destituyó al ahora
demandante”, aspecto que fue alegado no solo en el recurso de
apelación del proceso disciplinario sino también en la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho y el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia.

10. El fundamento de la vulneración radicó en que, a juicio de la parte
actora, la providencia enjuiciada incurrió en violación directa de la
Constitución, desconocimiento del precedente y defecto sustantivo.

únicamente a verificar el respeto por las garantías mínimas del investigado, sino que incluso, en uso de dicho
poder, cuenta con la posibilidad de hacer una revisión integral de las pruebas recaudas en sede administrativa
de cara al debido proceso constitucional. // En aplicación de la finalidad de la potestad disciplinaria, la
Procuraduría Provincial de Tunja arribó a la conclusión que el señor Carlos Humberto Alfonso, en su condición de
alcalde del Municipio de Miraflores, participó en la actividad contractual que culminó con el detrimento del
patrimonio público del municipio de Miraflores, al demostrarse que celebró, liquidó y pagó el contrato de obra
No 06 del 30 de mayo de 2007, para la construcción de una cubierta en el lote, banco de maquinaria del
municipio y que finalmente no prestó ningún servicio. // Igualmente se demostró que la obra colapso a los dos
meses y medio después recibida, conforme a la prueba testimonial recolectada, y finalmente, que el
disciplinado terminó su periodo de gobierno el 31 de diciembre de 2007, sin realizar ninguna actuación posterior
para la recuperación de la obra o de los dineros invertidos en ella, tales como exigir que se realizará la obra o
intentar hacer efectivas las pólizas de garantía. // De igual forma se indicará que a juicio de la Sala, la entidad
demandada previo a adoptar la decisión de sancionar disciplinariamente al señor Carlos Humberto Alfonso,
contrario a lo afirmado en ésta demanda, adelantó una valoración juiciosa de los medios de prueba existentes
en el proceso, teniendo en cuenta tanto las pruebas recaudadas en ejercicio de su potestad disciplinaria, así
como las pruebas que fueron allegadas por el disciplinado, desvirtuándose de ésta manera que la decisión
disciplinaria hubiera respondido al capricho del ente disciplinario.”.
6 La parte demandante, además de insistir en que los actos administrativos estuvieron viciados de nulidad por

haber sido proferidos de forma irregular, con desconocimiento del derecho de audiencia, falsa motivación y
desviación de poder, argumentó que (1) la acción disciplinaria había prescrito desde el 15 de septiembre de
2018, esto es, con anterioridad a que fueran proferidos los fallos disciplinarios de 18 de septiembre y 30 de
noviembre de 2012, si se toma como fecha de la conducta el momento en el que se cayó la cubierta (15 de
septiembre de 2007); (2) no se incurrió en irregularidad alguna con ocasión de la ejecución del contrato de obra
No. 6 de 30 de mayo 2007; y (3) no hubo detrimento patrimonial y mucho menos dolo. Asimismo, adujo que los
actos demandados trasgredieron la Convención Americana de Derechos Humanos, en lo relativo a los derechos
y libertades como el trabajo, la presunción de inocencia, el debido proceso y sus garantías judiciales, todas ellas
aplicables al proceso disciplinario.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00876-01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma
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11. Frente al primer defecto, esto es, la violación directa de la
Constitución, la parte actora adujo que se desconocieron las normas que
(se trascribe)

“establecen que la función pública está al servicios del interés general, que
los servidores públicos que se aparten de ese objetivo serán responsables
conforme a la ley, y que, para ese efecto, se contempla, por un lado, la
existencia en todos los niveles de la administración de una instancia de
control interno, artículo 209, y, por otro, aquel que le atribuye a la
Procuraduría General de la Nación la competencia para ejercer la vigilancia
superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas,
inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder
disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las
respectivas sanciones conforme a la ley, artículo 277.6.”

12. En relación con el desconocimiento del precedente, sostuvo que se
desconoció el relativo a: (1) el carácter no supraconstitucional de las
normas de la Convención Americana de Derechos Humanos7, y (2) la
competencia de la PGN para investigar y sancionar disciplinariamente a
todos los servidores públicos, incluso los elegidos popularmente8.

13. Aunado a ello, en este reparo se indicó que la Sección Segunda del
Consejo de Estado desconoció el Auto de 22 de abril de 2021, Rad. 76001-
23-33-000-2013-00305-01, que avocó conocimiento para unificar
jurisprudencia sobre la materia.

14. Por último, alegó que se configuró un defecto sustantivo porque (1)
se desconoció el artículo 277 de la Constitución Política, relacionado con
la competencia de la PGN para (se trascribe) “disciplinar funcionarios de
elección popular” y (2) la sanción impuesta al señor Alfonso Morales fue
anterior a la sentencia del Caso Petro Urrego vs. Colombia, e incluso previa
a la expedición de las Leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021.

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación

19. El 14 de junio de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado profirió sentencia en la que declaró la improcedencia
de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional. Para ello
explicó que (1) la Sección Segunda del Consejo de Estado no desconoció
el Auto de 22 de abril de 2021, Rad. 2023-00305-01, comoquiera que la
Sentencia de 11 de octubre de 2023 no fijó reglas de unificación aplicables
a casos análogos sino que se limitó a resolver el caso concreto; (2) la parte

7 Sentencias C-551 de 2003, C-028 de 2006, C-986 de 2006, C-293 de 2007, C-111 de 2019 y C-146 de 2021 de la

Corte Constitucional.
8 Sentencias C-028 de 2006, SU-712 de 2013, C-500 de 2014, SU-355 de 2015, C-101 de 2018, C-086 de 2019, C-111

de 2019, C-325 de 2021 y C-030 de 2023 de la Corte Constitucional; y Sentencia de 15 de noviembre de 2017,
Rad. 11001-03-25-000-2014-00360-00 No. Interno: 1131-2014, del Consejo de Estado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00876-01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma
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actora no justificó cómo y en qué medida la providencia enjuiciada
vulneró su derecho al debido proceso, así como tampoco qué regla o
motivación del Auto de 22 de abril de 2021 debía ser tenida en cuenta
para resolver los cargos de nulidad y restablecimiento del derecho; (3) el
Auto de 22 de abril de 2021 y la Sentencia de 11 de octubre de 2023
resolvieron problemas jurídicos distintos; mientras el primero avocó
conocimiento de un asunto, la segunda resolvió de fondo un caso a partir
de la aplicación de la excepción de inconvencionalidad con expresos
efectos inter partes; (4) la decisión enjuiciada no tuvo sustento en las Leyes
1952 de 2019 y 2094 de 2021, ni tampoco de forma exclusiva en la
Sentencia de 8 de julio de 2020 del Caso Petro Urrego vs. Colombia; y (5) el
juez de tutela no es una instancia de corrección de las decisiones judiciales
que adopten los jueces naturales de la causa, pues ello desnaturalizaría
este mecanismo constitucional.

20. Finalmente, añadió (se trascribe)

“Al respecto, es preciso aclarar que es distinto que un asunto sea relevante
constitucionalmente, a que tenga relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad.

En efecto, la estructura del Estado, su funcionamiento y la competencia de
una de las principales instituciones previstas para su buen desempeño como
lo es la Procuraduría General de la Nación, son temas que están contenidos
de importantes preceptos de relevancia constitucional, no obstante, esto no
implica que, ipso facto cumpla con el requisito de relevancia constitucional,
entendido como que el escrito de amparo reúne las características
necesarias para habilitar al juez de tutela a pronunciarse sobre un asunto que
ya fue abordado y decidido por la autoridad competente.

De lo contrario, a modo de ejemplo, todos las acciones de tutela iniciadas en
contra de providencias judiciales en las que se decidan asuntos pensionales,
laborales, de salud, entre otros derechos que están previstos en la
Constitución Política y que su definición y alcance son relevantes
constitucionalmente, superarían el requisito de relevancia constitucional y
provocarían continuar con el debate concluido ante el juez ordinario en el
escenario natural que el legislador dispuso para tal fin.”

21. La parte actora impugnó la decisión de primera instancia. Adujo que
(1) los controles de convencionalidad y constitucionalidad responden a
criterios y finalidades disímiles; (2) cuando existen antinomias entre normas
constitucionales propiamente dichas y aquellas que hacen parte del
bloque de constitucionalidad, debe hacerse una interpretación que
armonice ambos textos, ya que no puede afirmarse la supremacía de una
sobre la otra; (3) la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias
oportunidades sobre la restricción de derechos políticos de cara al artículo
23.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos y (se trascribe)
“ha considerado que el artículo 23.2 de la CADH admite una interpretación
armónica y sistemática, en el sentido que las autoridades administrativas
también pueden restringir los derechos políticos previo a un debido

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00876-01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma
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proceso y con fundamento a la aplicación un margen nacional de
apreciación respecto de la CADH”; (4) no es jurídicamente viable
adjudicar la potestad sancionatoria contra los servidores públicos al juez
penal, comoquiera que se desconocería los fines del derecho disciplinario
y admitiría la impunidad de aquellas faltas disciplinarias que no son
catalogadas como delitos; y (5) el asunto sí tiene relevancia constitucional
porque está relacionado con el desconocimiento de competencias
constitucionales a cargo de la entidad, la cosa juzgada y el precedente
de la Corte Constitucional sobre integración y aplicación de la
Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución Política,
tal como lo dispone la Sentencia SU-712 de 2013.

1.3. Trámite en segunda instancia

22. Por reparto, el proceso fue asignado al despacho del consejero
Martín Bermúdez Muñoz.

23. El 30 de julio de 2024, el consejero Fredy Ibarra Martínez manifestó
estar impedido para conocer del asunto, con fundamento en el numeral 1
del artículo 56 de la Ley 906 de 20049, el cual se declaró fundado a través
de Auto de 31 de julio de 202410.

24. En Auto de 6 de agosto de 2024, se ordenó sorteo de un conjuez.
Dicha diligencia se llevó a cabo el 9 de agosto siguiente y, en ella, resultó
designada la consejera María Adriana Marín para integrar esta sala de
decisión.

25. Mediante Auto de 20 de agosto de 2024, el consejero Martín
Bermúdez Muñoz resolvió (se trascribe) “En tanto el proyecto de fallo
presentado por el suscrito magistrado en el asunto de la referencia fue
derrotado por la posición mayoritaria en Sala del 13 de agosto de 2024, por
Secretaría, ENVÍESE el expediente al Dr. Alberto Montaña Plata para lo de
su cargo”.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusión.

9 “Lo anterior por cuanto mi cónyuge se desempeñó durante varios años en condición de Asesora Grado 24 de

la Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado y, actualmente, sin solución de continuidad de esa
vinculación laboral, funge como Procuradora Judicial II ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y por
tanto según lo expresamente dispuesto en el artículo 277 de la Constitución Política ejerce las funciones de la
máxima autoridad de ese organismo en su nombre y representación, entidad esta que tiene la condición de
extremo activo de la controversia en el proceso de la referencia”.
10 “El despacho considera que el magistrado Fredy Ibarra Martínez debe ser apartado del conocimiento de la

presente acción de tutela, ya que se cumple con lo establecido en el numeral 1º del artículo 56 de la Ley 906 de
2004, dado que su cónyuge se desempeña actualmente como Procuradora Judicial II ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00876-01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma
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2.1. Fijación de la controversia

26. Le corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo de la
referencia cumplió con el requisito de la relevancia constitucional. En el
evento en el que la respuesta a este interrogante sea afirmativa, se
procederá a establecer, una vez verificados los demás requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si la
Sección Segunda del Consejo de Estado, como juez de nulidad y
restablecimiento del derecho de segunda instancia, incurrió en violación
directa de la Constitución, desconocimiento del precedente y defecto
sustantivo. Como consecuencia de lo anterior, se confirmará, modificará o
revocará la decisión de primer grado.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

27. La Sala confirmará la Sentencia de 14 de junio de 2024, por medio
de la cual la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
declaró la improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional.

28. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo
se convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter
legal. En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han
sido identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional11.

29. Asimismo, dicha corporación ha sostenido que, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, el estudio
debe hacerse con mayor rigor y, en consecuencia, se exige,
adicionalmente, que se demuestre una vulneración desproporcionada y/o
arbitraria de un derecho fundamental12.

30. Ahora, sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, en
Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ),
adujo expresamente que el requisito que se analiza requiere la conjunción
de varios elementos: (1) una carga argumentativa por parte del

11 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.
12 Ídem. También puede verse: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.

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accionante que explique, con suficiencia, la relevancia de la controversia
para el juez de tutela, esto es, la necesidad de su intervención en el
asunto13; (2) que la solicitud de amparo no se presente con el objeto de
obtener una instancia adicional al proceso ordinario14 y (3) que se trate de
una controversia sobre derechos fundamentales y no asuntos de simple
legalidad15.

31. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202316,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir
debates concluidos.

32. Bajo este entendido, la Sala estima que en el presente caso no se
cumplió con el mencionado requisito, por las razones que pasan a
explicarse:

33. En lo que respecta al reparo relacionado con el desconocimiento de
las competencias constitucionales asignadas a la Procuraduría General de
la Nación, concretamente, el poder disciplinario sobre los servidores
públicos de elección popular17, logró advertirse que los argumentos de la
solicitud de amparo no se acompasan con las razones de la decisión
objeto de tutela. En otras palabras, no se satisfizo la carga argumentativa
que justifique, con suficiencia, en qué medida se vio afectado el derecho
al debido proceso de la parte actora, a partir del juicio de
convencionalidad y la aplicación de una excepción de la misma
naturaleza, con efectos inter – partes, por parte de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

34. De las razones plasmadas en el escrito de tutela, así como de las del
escrito de impugnación, no se evidenció alegato alguno que permitiera
establecer en qué consistió el yerro en el que presuntamente incurrió la
Sección Segunda del Consejo de Estado al dar aplicación, a solicitud de

13 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El

primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el
asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
14 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia

procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
15 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
16 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
17 Argumento que se enmarca en lo que la parte actora alegó como violación directa de la Constitución,

desconocimiento del precedente – parcial y defecto sustantivo.

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parte, del control de convencionalidad, más allá de la inconformidad
frente a la decisión.

35. En ese orden, correspondía a la Procuraduría General de la Nación
explicar, con rigor, los argumentos con los que pretendió demostrar la
vulneración desproporcionada y/o arbitraria de la garantía constitucional
invocada (debido proceso) por parte de una alta corte, de cara a los
principios de seguridad jurídica y autonomía judicial.

36. Debe recordarse que las diferencias interpretativas que existieran
entre la parte actora y el juez natural de la causa no constituyen, por sí
mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del
juez ordinario. Es decir, la presentación simple de las discrepancias entre lo
decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión, vía tutela,
no da por cumplido el requisito de explicar por qué el asunto es
constitucionalmente relevante en los términos de la acción de tutela,
como mecanismo de amparo de derechos fundamentales. Más, si se trata
de una tutela contra providencia judicial, pues este es un mecanismo
constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter
excepcional18.

37. Así las cosas, se comparte la postura del juez de tutela de primer
grado, según el cual, la acción de tutela no puede convertirse en un juicio
de corrección sobre lo decidido por el juez ordinario.

38. La misma suerte corre lo planteado en relación con la no
supraconstitucionalidad de la Convención Americana de Derechos
Humanos (desconocimiento del precedente), que la sanción fue anterior a
la Sentencia de 8 de julio de 2020 del Caso Petro Urrego vs. Colombia y las
Leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021 (defecto sustantivo), y el
desconocimiento del Auto de 22 de abril de 2021, Rad. 76001-23-33-000-
2013-00305-01 (desconocimiento del precedente), pues lo señalado por la
parte actora no dejan de ser simples inconformidades frente a la postura
asumida por el juez natural, esto es, argumentos que, en sí mismos, no
justifican la necesidad de intervenión del juez de tutela o, siquiera, la
vulneración del derecho invocado.

39. Al respecto, puede indicarse que frente al tema del control de
convencionalidad, la Sección Segunda desarrolló razonadamente un
análisis que da cuenta del alcance e interpretación que dio a la
Convención Americana de Derechos Humanos en el marco del derecho
interno y concluyó, sin que se evidencie, a primera vista, en el examen de
procedibilidad, forma alguna arbitrariedad por parte de aquella autoridad

18 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-72

de 2018, SU-261 de 2021, SU-215 de 2022 y SU-295 de 2023.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00876-01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

judicial, que, para el caso concreto, debía aplicarse una excepción de
inconvencionalidad.

40. Por otro lado, tal como lo indicó en su momento la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, como juez de tutela de primera
instancia, debe destacarse que la decisión enjuiciada no tuvo como
fundamento las Leyes 1952 de 2019 ni 2094 de 2021 y, tampoco, se basó
exclusivamente en las reglas que del Caso Petro Urrego vs. Colombia se
derivan, pues, como ya se señaló, el análisis se hizo a partir del estudio de
la aplicación de las reglas convencionales al derecho interno en el caso
particular y concreto. Esto permite afirmar entonces que tampoco se
cumplió la carga explicativa y argumentativa necesaria sobre este punto.

41. Por último, tampoco fueron justificadas las razones por las cuales se
estimó que se desconoció la decisión de avocar conocimiento en un caso
para unificar ciertas reglas jurisprudenciales a la hora de resolver un caso,
cuyos efectos fueron definidos de manera clara y expresa como inter –
partes. Razón por la cual, en este punto se comparte, igualmente, el
razonamiento del juez de tutela de primer grado.

42. Finalmente, debe señalarse que no resulta de recibo el único
argumento prestando por la Procuraduría General de la Nación contra la
decisión de tutela de primera grado, según el cual, en ocasiones
anteriores, la Corte Constitucional ha tomado decisiones respecto del
asunto en cuestión (derechos políticos y su restricción en el proceso
disciplinario por parte de la PGN), pues, como lo puso de presente la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el hecho de
que un tema tenga determinada trascendencia constitucional, no implica
que, de forma automática, las acciones de tutela contra providencia
judicial que tengan relación con el mismo superen necesariamente el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional, ya que esto
último, acorde con los precedentes citados, solo se acredita a partir de la
debida argumentación, con la que se evidencie que se persigue la
protección de derechos fundamentales y no se busca reabrir un debate
concluido y/o zanjado por el juez natural de la causa, como ocurre en este
caso, al plantear meras discrepancias interpretativas con la sentencia
judicial cuestionada.

2.3. Conclusión

43. La Sala confirmará la sentencia impugnada que declaró
improcedente la solicitud de amparo por no satisfacer el requisito de
relevancia constitucional.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00876-01
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Confirma
______________________________________________________________________________________________________________

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 14 de junio de 2024 de la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró
improcedente la acción de tutela, por las razones aquí presentadas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin19.

TERCERO: Por Secretaría General REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ MARÍA ADRIANA MARÍN
Con salvamento de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

19 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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