Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00892-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00892-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-00892-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
4 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024).
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00892-00
Accionante: Sergio Leandro Manjarres Reyes
Accionado: Tribunal Administrativo de Caquetá - Sala Segunda de
Decisión
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial por la presunta vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, defensa, reparación integral e igualdad. Conteo de la caducidad del
medio de control de reparación directa en los asuntos de ejecución extrajudicial.
Decisión: Se accede a las pretensiones de la demanda por la modulación de los
efectos de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado.
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
I. ANTECEDENTES
La Subsección decide la acción de tutela presentada el señor Sergio Leandro
Manjarres Reyes, actuando por intermedio de apoderado judicial, en contra del
Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Segunda de Decisión, por la presunta
vulneración de derechos fundamentales ocurrida con ocasión de la expedición
de la providencia del 27 de julio del 2023 proferida dentro del proceso con
radicado núm. 18001-33-33-004-2019-00397-01.
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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00892-00
Accionante: Sergio Leandro Manjarres Reyes
1. HECHOS
El accionante en ejercicio del medio de control de reparación directa demandó a
la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se les
declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios causados por la
muerte del señor Osires José Reyes Santos en hechos ocurridos el 16 de
septiembre de 2006 en el caserío La Ilusión, Vereda Maticuru del Municipio de
Milán, Caquetá.
El proceso correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia,
autoridad judicial que mediante sentencia del 30 de septiembre de 2021, declaró
probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa.
En sede de apelación el Tribunal Administrativo de Caquetá, a través de
providencia del 27 de julio de 2023, confirmó la anterior decisión.
El actor sostiene que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
procedimental absoluto al aplicar las nuevas reglas de caducidad en los asuntos
de ejecución extrajudicial, a pesar de que la demanda fue presentada antes de
que se unificara el criterio.
Asimismo, considera que en la providencia cuestionada se incurrió en un
desconocimiento de precedente fijado por la Corte Constitucional, según el cual
cuando se trata de delitos de lesa humanidad se debe flexibilizar el requisito de
la caducidad.
2. PRETENSIONES
La parte accionante solicita:
«PRIMERO: Que se Tutele los Derechos al Debido Proceso, Libre Acceso a la
Administración de Justicia, a la Defensa, a la Igualdad, al Reconocimiento y
Cumplimiento del Precedente Jurisprudencial, Reparación Integral de las
Víctimas y el Derecho a no ser revictimizado por la Rama Judicial y otros,
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Accionante: Sergio Leandro Manjarres Reyes
consagrados en la Constitución Nacional, vulnerados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN.
SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración se deje sin
efectos la Sentencia de Segunda Instancia de fecha 27 de Julio de 2023, dentro
del proceso de Reparación Directa, incoado por CRISTHIAN ALEXANDER
NAVARRO RAMIREZ Y OTROS, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL CAQUETÁ – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN y se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN proferir
una Sentencia de reemplazo, en la que haga un análisis de fondo de los hechos
que demuestran inequívocamente que la muerte de OSIRES JOSE REYES
SANTOS (Q.E.P.D) se trató de una ejecución extrajudicial o falso positivo, a fin
de condenar a la NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO
NACIONAL, como responsables de la ejecución extrajudicial del señor OSIRES
JOSE REYES SANTOS (Q.E.P.D), constitutivo de graves violaciones a los
derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario,
condenando a LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO
NACIONAL, a pagar por concepto de perjuicios morales a favor de los
demandantes de conformidad con la sentencia de unificación de Jurisprudencia
del 28 de agosto de 2014, proferida por el Consejo de Estado, Sala plena de la
sección tercera, siendo consejero ponente el Doctor RAMIRO PAZOS
GUERRERO, dentro del expediente número 05001232500019991063-01 (
32988), teniendo en cuenta la mayor intensidad del daño moral por la grave
violación de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional
humanitario, a favor de cada uno de los demandantes del primer orden, el
equivalente a 300 S.M.L.M.V., a favor de cada uno de los demandantes del
segundo orden, el equivalente a 150 S.M.L.M.V.». (Sic a toda la cita)
3. INFORMES
La acción de tutela fue admitida por la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado mediante auto del 26 de febrero de 2024, a través del cual le
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Caquetá como accionado y a la
Nación – Ministerio de Defensa– Ejército Nacional como terceros interesados en
las resultas del proceso.
3.1. El Tribunal Administrativo de Caquetá solicitó se declare improcedente la
acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, toda
vez que lo que pretende la parte accionante con la interposición del mecanismo
constitucional es obtener una decisión favorable a sus pretensiones aun cuando
fue vencida en el proceso ordinario.
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En esa medida, señaló que la acción de tutela no puede ser utilizada como una
tercera instancia para revivir interpretaciones o valoraciones que fueron
contrarias a las pretensiones de la demandada.
Por otra parte, informó que dio aplicación al precedente de unificación del
Consejo de Estado vigente que aunque fue posterior a la ocurrencia de los
hechos y la presentación de la demanda, su carácter retrospectivo conllevó a la
aplicación obligatoria a todos los casos pendientes de decisión.
3.2. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional solicitó que se
nieguen las pretensiones de la demanda por no existir vulneración alguna de
derechos fundamentales. Señaló que no le asiste el derecho pretendido porque
operó el fenómeno de caducidad de la acción.
Asimismo, indicó que carece de falta de legitimación en la causa por pasiva,
puesto que no está llamada a proteger los derechos fundamentales invocados
en protección.
4. TRÁMITE PROCESAL
4.1. La presente acción de tutela le correspondió inicialmente, por reparto, al
magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez, que registró proyecto de fallo para ser
discutido en la Sala del 13 de marzo de 2024. Sin embargo, dicha ponencia no
fue aprobada por la mayoría como lo exige el inciso 1.° del artículo 54 de la Ley
270 de 1996, por lo que, a través de auto proferido el mismo día, mes y
anualidad, ordenó trasladar el expediente al despacho del magistrado que
continuaba en turno.
4.2. En atención a ello, mediante informe secretarial del 18 de marzo de 2024,
la Secretaría General del Consejo de Estado pasó el expediente al despacho hoy
ponente para lo de su cargo.
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.
2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, la Sala de Subsección considera que el
problema jurídico se circunscribe a establecer si el Tribunal Administrativo de
Caquetá, con la expedición de la sentencia del 27 de julio de 2023, incurrió en
un defecto procedimental, y un desconocimiento del precedente1.
Previamente a lo anterior se deberá determinar la procedencia de la acción de
tutela contra la providencia judicial cuestionada.
3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992
y 1382 de 2000 y fue creada para proteger los derechos constitucionales
fundamentales de las personas, cuando éstos sean vulnerados o amenazados
por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de
otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede
afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
1
Advierte la Sala que aunque la parte actora en la demanda de tutela alega igualmente un defecto sustantivo, lo
cierto es que los argumentos son los mismos que expone para el desconocimiento de precedente, por lo tanto,
abordara el estudio de este último.
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De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en
esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar
justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo
constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en
esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
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fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados se encuentran plenamente
individualizados.
3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada.
3.1.4. El asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida
que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como
consecuencia del defecto procedimental y el desconocimiento del precedente en
que presuntamente incurrieron las autoridades judiciales demandadas.
Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
4. Caso concreto
El reproche del demandante consiste, en síntesis, en que la decisión proferida el
27 de julio de 2023, dentro del proceso de reparación directa, adolece de un
defecto procedimental absoluto al aplicarse las nuevas reglas de caducidad en
los casos de ejecución extrajudicial y un desconocimiento de precedente
proferido por la Corte Constitucional relacionado con la flexibilización del
requisito caducidad cuando se trata de delitos de lesa humanidad.
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Ahora bien, de las piezas procesales aportadas al proceso (índice 2 del
expediente visible en SAMAI), la Sala observa que la autoridad judicial en la
decisión cuestionada consideró que el término de caducidad debía contabilizarse
desde el momento en que los afectados tuvieron conocimiento de la ocurrencia
del hecho dañoso por la acción u omisión del Estado.
En ese sentido, aseguró que las personas afectadas conocieron de inmediato
las circunstancias en las que el señor Osires José Reyes Santos perdió la vida
por acción directa del Ejército Nacional, el 14 de septiembre de 2006, en total
estado de indefensión.
Así las cosas, comoquiera que la demanda se presentó el 4 de junio de 2019,
consideró que el término de dos años que tenía para acudir a la administración
de justicia y pretender la reparación de los perjuicios se encontraba ampliamente
superado, en virtud de lo dispuesto en el en el literal i) del numeral 2º del artículo
164 de la Ley 1437 de 2011.
Lo anterior, con fundamento en lo definido por la sentencia de unificación del 29
de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
torno a la caducidad del medio de control de reparación directa, en casos
relacionados con delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro
asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial
del Estado.
Sin embargo, si bien según dicha posición la caducidad del medio de control de
reparación directa debe contabilizarse a partir del momento en que se tiene
conocimiento del daño, la autoridad judicial accionada debe centrar su estudio
en el análisis de las circunstancias particulares del caso concreto2, y, teniendo
en cuenta que la sentencia de unificación de la Sección Tercera no moduló sus
efectos, se entiende que opera hacia el futuro, por lo que el Tribunal
2
Tal y como lo ha sostenido esta Sala de Subsección en casos similares: Consejo de Estado, Sección Segunda -
Subsección A, providencia de 7 de julio de 2022. Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02106-01,
accionante: GUSTAVO DE JESÚS IDÁRRAGA Y OTROS, demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA.
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Administrativo de Caquetá debió dar aplicación a la jurisprudencia vigente para
el momento de la interposición de la demanda.
Lo anterior, con base en asuntos similares en los que esta Sala de Subsección 3
ha tenido en cuenta la fecha de la presentación del medio de control para efectos
de verificar la aplicabilidad del citado precedente, por lo que no puede
desconocerse que para 20174 el criterio mayoritario de la Sección Tercera del
Consejo de Estado establecía la improcedencia del fenómeno jurídico de la
caducidad para ser aplicado a las acciones de reparación directa con
pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de crímenes de lesa
humanidad, genocidios y otras violaciones graves de los derechos humanos.
En la providencia de la referencia, esta Sala de Subsección consideró lo
siguiente:
«[…]
Es claro que para la fecha en que se emitió la providencia del 28 de septiembre
de 2021 objeto de censura, ya existía un criterio definido en torno a la caducidad
del medio de control de reparación directa, en casos relacionados con delitos de
lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda
solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, contenido en
la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado y, por tanto, puede concluirse prima facie que la
autoridad judicial accionada estaba en la obligación de aplicarla dado su carácter
vinculante, en términos de lo dispuesto en el artículo 270 del CPACA y en la
sentencia C-836 de 2001.
No obstante, en el sub examine debe tomarse en cuenta que, para el año 2018,
cuando se procedió a accionar al Estado para efectos de la reparación por
responsabilidad patrimonial de la administración, el criterio mayoritario de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, apuntaba a que no era procedente
aplicar el fenómeno jurídico de la caducidad a las acciones de reparación directa
con pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de crímenes de lesa
humanidad, genocidios y otras violaciones graves de los derechos humanos, en
atención a su naturaleza imprescriptible.
Lo anterior puede corroborarse, entre otras, en las siguientes providencias: i)
auto del 17 de septiembre de 20135;ii) sentencia del 7 de septiembre de 20156;
3
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 7 de julio de 2022. Consejero Ponente:
Rafael Francisco Suárez Vargas. Radicación: 11001 03 15 000 2022 02106 01.
4
El medio de control se interpuso el 15 de junio de 2017.
5
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 17 de septiembre de 2013, expediente radicado
núm. 25000 23 26 000 2012 00537 01.
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de septiembre de 2015, expediente radicado
núm. 85001 23 31 000 2010 00178 01
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iii) auto del 11 de abril de 20167; iv) sentencia del 5 de septiembre de 20168;y v)
sentencia del 31 de julio de 20199 en las que, en aplicación al control de
convencionalidad, la Sección Tercera del Consejo de Estado no tomó en cuenta
la caducidad».
De acuerdo con lo expuesto, se encuentra que el Tribunal Administrativo de
Caquetá se limitó a aplicar la sentencia de unificación sin advertir que, al
momento de la presentación del medio de control de reparación directa, esta
corporación no tenía una posición unificada que fuese aplicable frente a la figura
de la caducidad.
De esta manera, por tratarse de un caso anterior a la sentencia de unificación de
29 de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la
autoridad accionada debió analizar los hechos y los argumentos presentados en
la demanda de reparación directa, así como las demás particularidades de dicho
proceso, a fin de tomar una decisión frente al término de caducidad en un caso
relacionado con delitos de lesa humanidad.
Por lo anterior, esta Sala de Subsección dejará sin efectos la providencia del 27
de julio del 2023 proferida dentro del medio de control de reparación directa con
radicado núm. 18001-33-33-004-2019-00397-01, en su lugar, le ordenará al
Tribunal Administrativo de Caquetá que dicte una nueva decisión en la que se
tenga en cuenta lo expuesto en esta providencia.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
7
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 11 de abril de 2016, expediente radicado
núm.50001 23 31 000 2000 20274 01. En esta decisión se resolvieron los recursos de apelación interpuestos en
tres expedientes acumulados (Nros. 43481, 43626 y 36079), se analizó y decidió de fondo la responsabilidad
patrimonial del Estado derivada de los hechos acaecidos el 3, 4 y 5 de agosto de 1998, cuando guerrilleros de las
FARC atacaron la Base Militar antinarcóticos con sede Miraflores, Guaviare, donde fueron víctimas los miembros
de la fuerza pública que en dicha Toma se configuró una falla en el servicio significándole la condena indudable a
la entidad demandada por los daños antijurídicos causadas a soldados
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de julio de 2019, expediente radicado núm.
05001 23 33 000 2016 00587-01.
9
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de julio de 2019, expediente radicado núm.
25000 23 36 000 2018 00109 01.
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ACCIÓN DE TUTELA
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FALLA
Primero: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, defensa, reparación integral e igualdad. En
consecuencia,
Segundo: Dejar sin efectos la providencia del 27 de julio del 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo de Caquetá, dentro del medio de control de reparación
directa con radicado núm. 18001-33-33-004-2019-00397-01.
Tercero: Ordenar al Tribunal Administrativo de Caquetá que, dentro del término
de veinte (20) días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda
a dictar una nueva decisión en la que se tenga en cuenta lo expuesto en las
consideraciones que anteceden.
Cuarto: De no ser impugnada, remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Con salvamento de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
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