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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00937-00

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00937-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00937-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

11 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00937-00
Accionante: RAÚL ALBERTO GUTIÉRREZ CASAMACHÍN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se declara
improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de
subsidiariedad.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Raúl Alberto Gutiérrez
Casamachín contra el Tribunal Administrativo del Cauca.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Raúl Alberto Gutiérrez Casamachín solicitó, a través de apoderado judicial,
el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó
a la providencia de 2 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
del Cauca, dentro del medio de control de reparación directa con el número único de
radicación 19001-33-33-001-2018-00330-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1 Relató que el 26 de noviembre de 2014 fue detenido por el delito de tráfico,
fabricación y porte de estupefacientes.

2.2 Indicó que el 22 de abril de 2015 fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito
de Puerto Tejada Cauca a la pena de 32 meses de prisión por la comisión del
referido delito.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00937-00
Accionante: Raúl Alberto Gutiérrez Casamachín

2.3 Señaló que, mediante auto de 28 de marzo de 2016, el Juzgado Primero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali le concedió el beneficio de
prisión domiciliaria.

2.4 Explicó
que, mediante auto de 28 de diciembre 2017, el Juzgado Quinto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán le concedió la libertad por
pena cumplida, al llevar 37 meses y dos días de detención, superando la pena
impuesta por el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Tejada.

2.5 Precisó que, por lo anterior, interpuso junto a su núcleo familiar la demanda de
reparación directa núm. 19001-33-33-001-2018-00330-00/01 en contra de la Nación
• Rama Judicial y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, para que
le repararan los daños padecidos con ocasión de la prolongación de su privación de
la libertad.

2.6 Señaló que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán, mediante
sentencia de 9 de marzo de 2021, accedió a las pretensiones de la demanda y
condenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC.

2.7 Refirió que el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario - INPEC interpuso
recurso de apelación contra la anterior decisión, sin controvertir el monto de la
condena por concepto de perjuicios morales.

2.8 Expuso que, pese a lo anterior, mediante sentencia de 2 de noviembre de 2023,
el Tribunal Administrativo del Cauca modificó la sentencia de primera instancia y,
en consecuencia, redujo el monto de los perjuicios morales, fijándola en la suma
equivalente a 12,666 salarios mínimos mensuales legales vigentes, para cada uno
de los demandantes.

2.9 Puntualizó que la anterior decisión vulneró su derecho fundamental al debido
proceso, toda vez que el Tribunal Administrativo del Cauca incurrió en un defecto
sustantivo, en un defecto procedimental, en un defecto orgánico y en una violación
directa de los artículos 1, 2, 11, 13 y 29 de la Constitución Política.

2.10 Frente a los defectos procedimental y sustantivo sostuvo que “[…] el Tribunal
Administrativo del Cauca pasó por alto que el Juez de primera instancia falló en
derecho y con la jurisprudencia vigente y sin tener en cuenta que el único apelante
era la parte demandada, toda vez que para el demandante la decisión estaba
ajustada a derecho, pero con dicha decisión e indebida aplicación e interpretación
a la sentencia unificadora (SU-406 de 2016), perdió la oportunidad para presentar
recurso de apelación […]”.

2.11 Frente al defecto orgánico explicó que no se tuvieron en cuenta las reglas de la
ultraactividad, retroactividad y retrospectividad, que son esenciales de las

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00937-00
Accionante: Raúl Alberto Gutiérrez Casamachín

sentencias unificadoras y de las de primera instancia que sean susceptibles del
recurso de apelación.

2.12 Sobre la violación directa de la Constitución indicó que se desconoció la dignidad
humana, el principio de legalidad, el acceso a la administración de justicia y la
igualdad.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 2.1 Solicito señor Juez Constitucional, proteger el DEBIDO PROCESO, y
se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, vulnero [sic] la
norma procedimental al emitir la sentencia TA-DES002-120-ORD-2023 por
fundamentar su sentencia en reparos que no fueron realizados en concreto, ni
sustentados por el abogado litigante en primera instancia, ni tampoco en la
sustentación del recurso de apelación.

2.2 Conforme a los anterior [sic] solicito se declare el DEFECTO
PROCEDIMENTAL y se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
CAUCA dejar sin efectos la sentencia TA-DES002-120-ORD-2023, y en su
lugar se ordene a rehacer la sentencia con los reparos en concreto presentados
por el abogado litigante de la parte pasiva de la presente acción.

2.2.1°- Solicito señor Juez Constitucional declare que habida cuenta que el
recurso de apelación incoado por la entidad demandada no controvierte tales
extremos como lo manifestó la segunda instancia; y la parte actora no recurre
la sentencia de primera instancia, de manera que los referidos puntos que no
fueron objeto de reclamo o de reparo quedaron en firme por la decisión proferida
por el a quo.

2.3 Solicito señor Juez Constitucional, proteger el DEBIDO PROCESO y se
declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA incurrió en
DEFECTO SUSTANTIVO, al emitir la sentencia TA-DES002-120-ORD-2023,
en el momento que omite aplicar los principios de retroactividad,
retrospectividad, ultraactividad, teniendo en cuenta que ya existía sentencia de
primera instancia por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE POPAYÁN.

2.4 Conforme a lo anterior solicito se declare el DEFECTO SUSTANTIVO y
dejar sin efecto la sentencia TA-DES002-120-ORD-2023 y en su lugar aclarar
que la sentencia unificadora base de la decisión no abordó de forma clara y
precisa la suerte y aplicación de esta en los procesos que habían sido juzgados
en primera instancia.

2.5 Solicito se deje sin efectos la condena en costas, y solicitó [sic] se declare
la debida interpretación y aplicación del precedente jurisprudencial.

2.6 Solicito señor Juez Constitucional se ordene respetar la jurisprudencia
imperante al momento de radicar la demanda, y al momento de la sentencia de
primera instancia […]”. [Negrilla original del texto y mayúscula original del texto]

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00937-00
Accionante: Raúl Alberto Gutiérrez Casamachín

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 1.° de marzo de 2024, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad
de terceros con interés en el resultado del proceso a la Nación - Rama Judicial, al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, a los señores Henry Gutiérrez
Montenegro, Elisa Casamachín Rivera, Cindy Julieth Capote Dagua, a la menor de
edad A.J.G.C.1 a través de su representante legal, y al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Popayán.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán solicitó, a través
de su titular, que se declarare improcedente el mecanismo constitucional
presentado por el accionante, toda vez que actuó según los precedentes normativos
y jurisprudenciales del máximo órgano administrativo.

5.2. La Nación - Rama Judicial - Dirección Seccional de Administración Judicial
de Popayán solicitó, a través de apoderado judicial, que se negaran las
pretensiones de la acción de tutela, teniendo en cuenta que de los argumentos
presentados no se advertía el cumplimiento de los requisitos establecidos para
presentar una acción de tutela contra una providencia judicial.

5.3. Agregó que el hecho de que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo
del Cauca no sea favorable a los accionantes no es motivo para interponer una
acción de tutela argumentando que hay una irregularidad procesal.

5.4. Finalmente, solicitó ser desvinculado del presente trámite constitucional, toda vez
que no se ha acreditado vulneración alguna por parte de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial.

5.5. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC solicitó, a través del
jefe de la oficina asesora, que se declarare improcedente el mecanismo
constitucional presentado por el accionante o se nieguen las pretensiones por existir
otros recursos o medios de defensa judiciales como lo es el recurso extraordinario
de revisión.

1
No se publica el nombre de la menor de edad.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00937-00
Accionante: Raúl Alberto Gutiérrez Casamachín

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse sobre la solicitud de
desvinculación procesal presentada por la Nación - Rama Judicial - Dirección
Seccional de Administración Judicial de Popayán.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20066 señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto]

9. Así lascosas, teniendo en cuenta que la Nación - Rama Judicial - Dirección
Seccional de Administración Judicial de Popayán es parte dentro del medio de
control de reparación directa objeto de la presente tutela, la Sala considera que a
esta entidad le asiste interés jurídico para ser vinculada en esta acción

2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6
Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Exp. T-1412872, M.P. Jaime Araújo Rentería; 30 de noviembre de 2006.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00937-00
Accionante: Raúl Alberto Gutiérrez Casamachín

constitucional, razón por la cual se denegará la solicitud de desvinculación elevada,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

10. Teniendo en cuenta la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer lo
siguiente:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, de ser así, se deberá
determinar:

b) Si la providencia de 2 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, dentro del medio de control de reparación directa
con el número único de radicación 19001-33-33-001-2018-00330-00/01
vulneraron el derecho fundamental invocado por el accionante.

11. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

13. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00937-00
Accionante: Raúl Alberto Gutiérrez Casamachín

vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.

17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

18. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

19. El señor Raúl Alberto Gutiérrez Casamachín solicitó, a través de apoderado judicial,
el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó
8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00937-00
Accionante: Raúl Alberto Gutiérrez Casamachín

a la providencia de 2 de noviembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo
del Cauca, dentro del medio de control de reparación directa con el número único de
radicación 19001-33-33-001-2018-00330-00/01.

20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de subsidiariedad.

VI.5.1. Del incumplimiento del requisito general de procedibilidad de
subsidiariedad

21. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.

22. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:

“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.

[…]”. [Negrilla original del texto]

23. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal [acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza11], lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

24. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de la
acción de tutela, en los siguientes términos:

“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción

11
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00937-00
Accionante: Raúl Alberto Gutiérrez Casamachín

constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.

Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”12.

25. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser utilizada
como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que
estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos
fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”13.

26. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.

27. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

28. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que el accionante alega que
la autoridad judicial accionada vulneró su derecho fundamental citado supra por haber
incurrido, presuntamente, en un defecto sustantivo, en un defecto procedimental, en
un defecto orgánico y en una violación directa de los artículos 1, 2, 11, 13 y 29 de
la Constitución Política.

29. Respecto de los defectos procedimental y sustantivo sostuvo:

12
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00937-00
Accionante: Raúl Alberto Gutiérrez Casamachín

“[…] En cuanto a los límites de la apelación el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011
dispone:

[…]

Pues bien, a la luz de esta garantía que le impone al juez de segunda instancia,
este también deberá respetar la parte inicial del inciso primero del artículo 357 del
CPC en razón de la cual “la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable
al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte
que no fue objeto del recurso”, de lo cual se desprende con claridad que si la
apelación debe entenderse interpuesta únicamente en relación con aquello que
en el fallo impugnado resultare perjudicial o gravoso para el recurrente, el juez de
la segunda instancia está en el deber de respetar y de mantener incólume, para
dicho recurrente único -y con ello para el resto de las partes del proceso-, los
demás aspectos de ese fallo que no hubieren sido desfavorables para el
impugnante o frente a los cuales él no hubiere dirigido ataque o cuestionamiento.

[…]

Ahora bien, en relación con la condena en costas y las agencias en derecho que
corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, el
Consejo de Estado, en sentencia del 01 de diciembre de 2016 se pronunció:

[…]

Por consiguiente la normativa deja a disposición del Juez la procedencia de la
condena en costas, en el que deberá analizar la actuación procesal de la parte
vencida y comprobar su causación y no el simple hecho de que el resultado del
proceso le haya sido desfavorable a sus intereses […]”.

30. Sobre el defecto orgánico adujo lo siguiente:

“[…] Es un hecho notorio que el Ad quo, en dicha sentencia vulnero [sic] los
derechos del señor RAUL [sic] ALBERTO GUTIERREZ [sic] y OTROS, entre otras
cosas al no darle aplicación a las reglas de la ULTRACTIVIDAD,
RETROACTIVIDAD, RETROSPECTIVIDAD, que son elementos esenciales de la
sentencias [sic] unificadoras, motivo por el cual lleva a la vulneración de lo
preceptuado en los artículos 1,2,13 y 29 de la constitución política de Colombia.
Además no tuvo en cuenta el precedente jurisprudencial por los diferentes
tribunales de Colombia con base a las reglas de la ULTRACTIVIDAD,
RETROACTIVIDAD, RETROSPECTIVIDAD, frente a las sentencias de primera
instancia que se encuentran en apelación. y se debe tener en cuenta que los
puntos que no fueron objeto de apelación quedaron en firme, considera este
litigante que en la primera instancia se consumaron y quedaron consolidadas las
decisiones que no fueron objeto de recurso […]”.

31. Sobre la violación directa de la Constitución reiteró los argumentos expuestos en
los defectos previamente explicados.

32. Como se puede apreciar de la transcripción anterior, el centro de esta
controversia radica en la vulneración del derecho fundamental del accionante por la
presunta falta de congruencia de la sentencia de 2 de noviembre de 2023. Dicha

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Accionante: Raúl Alberto Gutiérrez Casamachín

falta de congruencia deviene de que se estudiaron puntos que no fueron objeto de
cuestionamiento por el apelante único.

33. LaSala considera que los argumentos que fundamentan esta acción son
susceptibles de plantearse a través del recurso extraordinario de revisión, por la
causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 18 de enero de
201114, que en su tenor literal prevé: “[…] [s]in perjuicio de lo previsto en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: (…) 5. Existir nulidad originada
en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación […]”.

34. En ese sentido, esta Sala de Decisión ha sostenido que el recurso extraordinario
de revisión, amparado en la causal 5°, es el medio judicial idóneo para controvertir
la falta de congruencia externa y/o interna de la sentencia. Al respecto se dijo en el
fallo de 16 de febrero de 202315:

“[…] De la revisión del contenido de los argumentos planteados en esta acción
de amparo es dable inferir que la inconformidad del actor se concreta en
que la sentencia de 6 de julio de 2022 violó el principio de congruencia y
la garantía constitucional de doble instancia porque no resolvió de fondo
los planteamientos que se efectuaron contra la decisión de primera
instancia.

39. En ese sentido, para esta Sección el debate propuesto en el escrito de
tutela está encaminado a demostrar que el fallo judicial incurrió en una
nulidad por desconocer el principio de congruencia de la sentencia, en
tanto que el juez contencioso se abstuvo injustificadamente de analizar
los argumentos señalados en el recurso de apelación.

40. En relación con el desconocimiento principio de congruencia como causal
de nulidad de la sentencia, cabe traer a colación el siguiente pronunciamiento
de la Sala Octava Especial de Revisión de esta Corporación:

[...] La congruencia corresponde a un atributo de la decisión judicial y se traduce
en la armonía que deber estar presente en su estructura interna, esto es, la
parte motiva y resolutiva del fallo, como en la externa, entendida como la
coherencia entre la decisión y lo pedido por las partes. Este principio es una
garantía de que gozan las partes para exigir del fallador una decisión que
resuelva la controversia formulada, no solo frente a las pretensiones que
formula el actor, sino respecto del pronunciamiento que el juez debe realizar de
la defensa de quien funge como parte accionada y que, generalmente, se
propone a título de excepciones. Ahora, la congruencia en la decisión de
segunda instancia está atada a la competencia del superior funcional y al
examen que le corresponde realizar como consecuencia de la revisión de la
providencia de primer grado y el reproche de los apelantes, para que, según su
análisis, la revoque, modifique o si lo encuentra pertinente, la confirme, de
acuerdo con el artículo 320 armonizado con el 281, ambos del CGP [...].

14
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
15
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de febrero de 2023. Exp. N°
11001-03-15-000-2023-6776-00. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00937-00
Accionante: Raúl Alberto Gutiérrez Casamachín

41. En consecuencia, esta Sección debe concluir que la supuesta omisión que
se atribuye por la parte actora a la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado es susceptible de ser invocada como causal de revisión,
motivo por el cual la acción de amparo resulta improcedente ante el
desconocimiento del principio de subsidiariedad […]”. [Negrilla fuera del texto]

35. Por lo expuesto, la Sala considera que en el asunto objeto de estudio no se
cumple el requisito general de subsidiariedad. Asimismo, tampoco se acreditó la
configuración de un perjuicio irremediable, evento en el cual procedería la acción de
tutela como mecanismo transitorio.

36. Conforme a lo anotado, la Sala declarará improcedente la presente acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de procedencia de subsidiariedad,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Nación - Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-00937-00
Accionante: Raúl Alberto Gutiérrez Casamachín

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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