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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00961-00

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00961-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado por la sociedad 3M Construye S.A.S. contra la sentencia del 30 de noviembre de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de acuerdo con las razones expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta providencia no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00961-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

9 de mayo de 2024

Radicación: 11001 03 15 000 2024 00961 00
Accionantes: 3M Construye S.A.S.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 00961 00
Demandantes: 3M CONSTRUYE S.A.S.
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B

Tesis: No incurre en violación del derecho fundamental al
debido proceso el fallo que declara la nulidad absoluta
del contrato estatal, pues tal decisión obedeció al
ejercicio de la facultad oficiosa que le confiere la ley, y
con base en esta determinó razonablemente que no
cumplía con los presupuestos de validez.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la sociedad 3M
Construye S.A.S., por intermedio de apoderada judicial, contra el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. La sociedad 3M Construye S.A.S. solicitó el amparo del derecho
fundamental debido proceso y del “principio de legalidad”, que estima
vulnerados con ocasión de la sentencia del 30 de noviembre de 2023,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que
decidió en segunda instancia la demanda de controversias contractuales
identificada con el radicado 15001-23-33-000-2018-00693-02 (69.655).

1.2. Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, 3M Construye
S.A.S. manifiesta que, el 15 de diciembre de 2015, mediante documento

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Accionantes: 3M Construye S.A.S.

privado protocolizado en notaria tercera de Sogamoso (Boyacá), la
sociedad Construir y Crecer S.A.S. le cedió la totalidad de sus derechos
correspondientes al contrato de obra No. 001 del 2013, que suscribió en
calidad de contratista con la Unión Temporal El Sol Naciente, conformada
por el Municipio de Mongua (Boyacá) y el señor Henry Unriza Puin, en
calidad de contratante.

Informa que el 21 de noviembre de 2018 instauró demanda de
controversias contractuales contra el Municipio de Mongua y el señor Henry
Unriza Puin, integrantes de la Unión Temporal El Sol Naciente, y solicitó que
(i) se reconociera que, en virtud del contrato de cesión, era la titular de los
derechos derivados del contrato de obra, (ii) se declarara que los
contratantes habían incumplido el acuerdo y que, en consecuencia, (iii)
fueran condenados a pagarle los valores correspondientes a las obras
ejecutadas.

Señala que, mediante sentencia de 23 de noviembre de 2022, el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 5, declaró probada de
oficio su falta de legitimación en la causa por activa y denegó las
pretensiones de la demanda.

La demandante relata que apeló la anterior decisión y que, a través de
fallo del 30 de noviembre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, la revocó y, en su lugar, declaró de oficio la nulidad
absoluta de (i) la constitución de la Unión Temporal El Sol Naciente,
realizada el 10 de octubre de 2011, (ii) el contrato de obra No. 001 del
16 de septiembre de 2013 y (iii) el contrato de cesión del 15 de diciembre
de 2015. Además, denegó las pretensiones de la demanda y las
restituciones mutuas.

1.3. Contra la anterior decisión, la demandante expuso los siguientes
argumentos:

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1.3.1. La aplicabilidad del Decreto 1920 de 2011, reglamentario del
Decreto Ley 4832 de 20101, en el cual se fundamentó el Municipio de
Mongua, en calidad de estructurador del proyecto, para constituir la Unión
Temporal El Sol Naciente, no hacía parte del objeto de la litis, la cual
consistía únicamente en determinar la existencia o no de un
incumplimiento del contrato de obra por parte del ente territorial y del
señor Henrry Urinza Puin.

1.3.1.1. En esta línea, alegó que, de acuerdo con lo sostenido por el
consejero de Estado Martín Bermúdez Muñoz en el salvamento de voto a
la sentencia objeto de tutela, como la constitución de la Unión Temporal
no fue parte de la litis en este asunto, no se cumplían los presupuestos
para la declaratoria oficiosa de su nulidad, esto es, que: (i) la nulidad se
desprendiera de bulto del contrato, (ii) este hubiera sido invocado en el
proceso como fuente de derechos u obligaciones de las partes, y (iii) al
pleito hayan concurrido en calidad de partes las personas que
intervinieron en su celebración.

1.3.2. Luego, sostuvo que, para constituir la Unión Temporal, el Municipio
no se fundamentó en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 ni en el artículo
1 del Decreto 777 de 1992, como manifestó la autoridad judicial
demandada. Y enfatizó que, por haberla constituido con sustento en el
Decreto 1920 de 2011, no estaba obligado a realizar una convocatoria
pública bajo los preceptos de la Ley 80 de 1993, para adjudicar el contrato
de obra.

1.3.2.1. Agregó que, en todo caso, la constitución de la Unión Temporal
y la suscripción de los contratos de obra y de cesión no tuvieron por
finalidad eludir las disposiciones sobre contratación pública, pues estas no
les resultaban aplicables, sino que se regían por el Código Civil y el Código
de Comercio.

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“Por el cual se dictan disposiciones en materia de vivienda para hacer frente a la emergencia económica
social y ecológica nacional”.

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1.3.3. Por último, alegó que la decisión cuestionada, al sostener que el
acta de recibo final de obras, que daba cuenta de la ejecución de 69
viviendas y de la existencia de un saldo por pagar de $1.674.588.368,
por sí sola no otorgaba certeza sobre el valor de la obra ejecutada ni sobre
la existencia del saldo indicado, evidenció la falta de análisis de las
pruebas documentales y testimoniales aportadas por la parte actora.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, ponente de la sentencia objeto de tutela, alegó que en
este caso no se cumple con el requisito de relevancia constitucional
porque la demandante simplemente pretende acceder a una tercera
instancia y, en todo caso, la sentencia atacada hizo un correcto y racional
análisis fáctico, probatorio y jurídico del caso.

En tal sentido, sostuvo que es evidente que la parte actora simplemente
está en desacuerdo con la decisión, pero no porque esta no hubiera
efectuado la debida valoración jurídica y probatoria, sino porque denegó
las restituciones mutuas, decisión que se adoptó al concluir, del análisis
de las pruebas, que no estaba suficientemente acreditada la ejecución y
entrega de las obras ni la existencia de saldos por pagar.

Al respecto, agregó que, contrario a lo sostenido por el Tribunal en
primera instancia, la decisión concluyó que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 1525 del Código Civil, de un negocio jurídico con objeto
ilícito no podían surgir derechos válidos para las partes, razón por la cual
lo procedente era declarar de oficio su nulidad absoluta.

Adujo que la providencia concluyó que no había lugar a las restituciones
mutuas porque en el proceso no se demostró que el Municipio de Mongua
hubiera obtenido beneficio de la constitución de la Unión Temporal El Sol
Naciente, como lo exige el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, y porque no
era posible materialmente deshacer la obra ejecutada.

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2.2. El apoderado del Municipal de Mongua señaló que el Consejo de
Estado está facultado para declarar de oficio la nulidad de la constitución
de la Unión Temporal, y que la tutela no indica cómo tal actuación de la
autoridad judicial generó la vulneración de los derechos fundamentales.

Por último, señaló que con la presente acción de tutela simplemente se
busca discutir de fondo el contenido de la sentencia enjuiciada, finalidad
para la cual no fue previsto este mecanismo judicial.

2.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 5,
y el señor Henry Unriza Puin, a quienes se les comunicó el auto
admisorio del presente asunto, guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

3.2.1. Mediante documento privado del 15 de diciembre de 2015, la
sociedad Construir y Crecer S.A.S. le cedió la totalidad de los derechos
que le asistían en el contrato de obra No. 001 del 2013, que suscribió en
calidad de contratista con la Unión Temporal El Sol Naciente, conformada
por el Municipio de Mongua y el señor Henry Unriza Puin.

3.2.2. La sociedad 3M Construye S.A.S. interpuso demanda de
controversias contractuales contra el Municipio de Mongua y el señor Henry

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Unriza Puin por el incumplimiento del referido acuerdo de voluntades y
reclamó el pago de los valores correspondientes a las obras ejecutadas.

3.2.3. Mediante sentencia de 23 de noviembre de 2022, el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 5, declaró probada de
oficio la falta de legitimación en la causa por activa de 3M Construye
S.A.S. como demandante, y por pasiva, respecto de la demanda de
reconvención presentada por ella; y denegó las pretensiones de la
demanda.

3.2.4. La sociedad 3M Construye S.A.S. apeló la anterior decisión y,
mediante sentencia del 30 de noviembre de 2023, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, la revocó y, en su lugar, declaró de oficio
la nulidad absoluta de la constitución de la Unión Temporal El Sol
Naciente, del contrato de obra No. 001 del 16 de septiembre de 2013 y
del contrato de cesión del 15 de diciembre de 2015. Asimismo, denegó
las pretensiones de la demanda y las restituciones mutuas.

3.2.5. 3M Construye S.A.S. interpuso acción de tutela al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales por la anterior providencia.

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

3.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

En ese orden de ideas, la Sala analizará si se cumplen los requisitos
generales fijados por la jurisprudencia constitucional para la procedencia

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de la acción de tutela formulada por 3M Construye S.A.S. con ocasión del
fallo del 30 de noviembre de 2023, proferido por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, que resolvió en segunda instancia el
proceso de controversias contractuales identificado con el radicado
15001-23-33-000-2018-00693-02 (69.655).

3.3.1.1. Sobre el requisito general de relevancia constitucional

3.3.1.1.1. En el proceso judicial se debate sobre las pretensiones, las
excepciones y los hechos que proponen el demandante y el demandado.
En tal sentido, la decisión del juez se fundamenta precisamente en las
razones de la demanda y de la contestación, así como en las pruebas y
en el derecho que ellas ponen a su disposición.

Entonces, en los eventos en los cuales el juez decide sobre la controversia
que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las partes o
aplicando la normativa vigente para el caso, simplemente está ejerciendo
las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y la ley. Al
juez constitucional no le corresponde inmiscuirse en ese ámbito, para
decirle cómo debe decidir el caso en particular, máxime cuando la acción
de tutela se surte dentro de un trámite breve, que no ha sido diseñado
con tal propósito.

Asunto distinto se presenta cuando la providencia que se controvierte está
por fuera de los planteamientos que en los hechos y en el derecho han
formulado las partes, y las sorprende con la decisión que se toma, caso
en el cual puede comprometer el núcleo esencial del derecho fundamental
al debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que no haya podido ser controvertida.

3.3.1.1.2. En el sub lite, la sociedad 3M Construye S.A.S. alega que la
providencia atacada incurrió en vulneración de su derecho fundamental al
debido proceso al declarar de oficio en segunda instancia la nulidad de la
constitución de la Unión Temporal El Sol Naciente, del contrato de obra
No. 001 del 16 de septiembre de 2013 y del contrato de cesión del 15 de

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diciembre de 2015 y, en tal sentido, al denegar las restituciones mutuas
y las pretensiones de la demanda.

La actora alega que la constitución de la Unión Temporal no fue parte de
la litis, razón por la cual, como lo manifestó el consejero de Estado Martín
Bermúdez Muñoz en el salvamento de voto, no se cumplían los
presupuestos para la declaratoria oficiosa de su nulidad absoluta. En el
mismo sentido, dijo que el acto de constitución se fundamentó en el
Decreto 1920 de 2011, cuya aplicabilidad tampoco era objeto del litigio,
el cual consistía básicamente en determinar si se había presentado un
incumplimiento contractual por parte de la referida organización.

Siendo así, para la Sala es claro que el presente asunto cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, pues la inconformidad que
propone la demandante en la tutela consiste en que el juez de segunda
instancia resolvió el asunto con base aspectos que no habían sido
debatidos a lo largo del proceso.

Este elemento de la decisión que se controvierte en tutela sorprendió a la
sociedad accionante, quien no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre
ellos a lo largo del proceso ni de debatirlos, en tanto fundamentos de la
decisión de fondo que allí se adoptó.

En consecuencia, se procederá con el estudio de los restantes requisitos
generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

3.3.1.2. Frente a los demás requisitos generales de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales

Previa verificación de las piezas documentales que componen este asunto
constitucional, la Sala destaca que esta solicitud de amparo cumple con
los demás requisitos generales de procedibilidad2, por estas razones:

2
Los presupuestos generales y especiales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales fueron
sistematizados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 (M. P. Jaime Córdoba Triviño),
postura luego acogida por la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado mediante sentencia de 31 de julio
de 2012 (C. P. María Elizabeth García González), expediente 11001-03-15- 2009-01328-01.

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i) En relación con el requisito de la subsidiariedad, la Sala advierte que
la accionante agotó el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, que declaró su falta de legitimación en la causa por activa.

Ahora, esta Sala3 ha sostenido que, en los casos en los que en sede de
tutela se alega que el juez de segunda instancia ha variado el debate
propuesto por las partes, lo que ocurre por ejemplo cuando decide sobre
aspectos no tocados en la apelación, resulta procedente el recurso
extraordinario de revisión, con fundamento en la causal consagrada en el
numeral 5º del artículo 250 del CPACA.

En la acción de tutela que nos ocupa, la sociedad 3M Construye S.A.S.
alega que el sustento normativo empleado por el Municipio de Mongua
para la constitución de la Unión Temporal El Sol Naciente no formaba
parte del objeto de la litis, la cual giraba en torno únicamente a
determinar la existencia o no de un incumplimiento del contrato de obra
por parte de los contratantes.

Entonces, lo que la demandante en últimas reprocha es la falta de
coherencia externa del fallo, pues considera que se emitió una decisión
por fuera del cauce del debate que se había adelantado. Tal argumento
podría entenderse como un planteamiento relativo a que el juez de
segunda dictó un fallo utra o extra petita, por haberse pronunciado sobre
aspectos que no fueron planteados por las partes en las pretensiones ni
en las excepciones.

Bajo tales circunstancias, en principio, podría considerarse que la actora
tenía a su alcance el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia
del 30 de noviembre de 2023, por la causal relacionada con la nulidad
originada en la sentencia4. Sin embargo, antes de llegar a tal conclusión

3
Sentencia de tutela del 11 de abril de 2024, Consejero Ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes,
radicación: 11001-03-15-000-2024-00937-00.
4
La Sección Tercera, Subsección A, de esta corporación, en auto del 1º de diciembre de 2023, radicación
número: 11001-03-26-000-2020-00056-00 (66.053), consejera ponente: María Adriana Marín, señaló los
supuestos en los que podría configurarse la nulidad originada en la sentencia de que trata el numeral 5º del
artículo 250 del CPACA, así:

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es necesario tener en cuenta que la decisión objeto de tutela revocó el
fallo de primera instancia para, en su lugar, declarar “de oficio, la nulidad
absoluta de la constitución de la unión temporal El Sol Naciente del 10 de
octubre de 2011, del contrato de obra no. 001 de 16 de septiembre de
2013 y del contrato de cesión del 15 de diciembre de 2015 con
fundamento en el numeral 8 del artículo 2 y numeral 2 de artículo 44 de
la Ley 80 de 1993, y de los artículos 1519 y 1521 del Código Civil”5.

Es decir que la autoridad judicial demandada ejerció la potestad oficiosa
que le confiere el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública para declarar la nulidad absoluta de los referidos acuerdos de
voluntades.

Siendo así, debe tenerse en cuenta que el inciso final del artículo 281 del
CGP6 indica que no se configura incongruencia cuando la sentencia se
pronuncia sobre un asunto que de acuerdo con la ley pueda ser analizado
de oficio. Sobre el particular, la Sección Tercera de esta corporación
manifestó lo siguiente al declarar infundado un recurso extraordinario de
revisión7:

“En lo tocante al principio de congruencia, cabe decir que se delimita el
contenido de las decisiones judiciales, para que éstas se profieran de acuerdo
con el contenido y alcance de las peticiones y excepciones formuladas por las
partes, de modo que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones
y excepciones oportunamente aducidas, salvo que la ley otorgue facultades o
competencias oficiosas al juzgador”. (Subrayas de la Sala).

“Sobre el particular, se han identificado los siguientes supuestos transgresores del derecho al debido proceso:
(i) fallo inhibitorio; (ii) ausencia de motivación; (iii) transgresión del principio de la no reformatio in pejus; (iv)
condena contra un tercero que no ha sido vinculado como parte al proceso; (v) falta de competencia o
jurisdicción; (vi) decisión proferida en un proceso terminado por desistimiento, transacción o perención; (vii)
no contar la decisión con el número de votos requerido para su aprobación; y (viii) falta de congruencia por
condena extra, ultra o infra petita”.
5
Punto 1 del acápite de “CONSIDERACIONES DE LA SALA”, página 16.
6
“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda
ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el
cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que
haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita
considerarlo de oficio”. (Subrayas de la Sala).
7
Sentencia del 1 de diciembre de 2023, consejera ponente: María Adriana Marín, radicación: 11001-03-26-
000-2020-00056-00 (66.053).

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En consecuencia, no hay lugar a declarar en este caso la falta de
subsidiariedad ante la procedencia del recurso extraordinario de revisión,
porque los argumentos que se exponen en la tutela no podrían ser tenidos
en cuenta a través de ese mecanismo de defensa.

Adicionalmente, la sentencia que se ataca se pronunció sobre el fondo del
asunto, en tanto declaró la nulidad de los contratos objeto de debate y
denegó las pretensiones de la demanda. Es decir, que el fallo cuestionado
no es inhibitorio ni incurrió, por tanto, en denegación de justicia, toda vez
que se pronunció sobre el objeto del debate propuesto, comoquiera que
declaró la nulidad de la constitución de la Unión Temporal, del contrato
de obra y del contrato de cesión, acuerdos de los cuales se desprendían
las obligaciones reclamadas en la demanda de controversias
contractuales.

Se concluye entonces que la acción de tutela cumple con el presupuesto
de subsidiariedad.

ii) En igual sentido, la solicitud de amparo cumple con el requisito de
inmediatez, pues, de acuerdo con la información registrada en el sistema
Samai8, la sentencia del 30 de noviembre de 2023 se notificó a las partes
el 13 de diciembre, y la acción de tutela de la referencia se presentó el
27 de febrero de 20249, es decir, antes de cumplirse los seis (6) meses
que la jurisprudencia constitucional ha considerado razonable para
controvertir providencias judiciales en sede de tutela.

iii) Por otra parte, se advierte que en la tutela se alega que la sentencia
cuestionada presenta falta de concordancia con el debate planteado por
las partes, lo cual podría involucrar una irregularidad procesal que
tiene incidencia directa sobre la decisión. Además, los accionantes

8
Visible en el enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=150012333000201800693021
100103
9
Visible en el enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202400961001
100103

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identificaron de manera razonable los hechos que a su juicio generaron la
vulneración del derecho fundamental invocado.

iv) Finalmente, las providencias acusadas no se emitieron en desarrollo
de una acción de tutela, sino dentro del proceso de controversias
contractuales que se tramitó bajo el radicado 15001-23-33-000-2018-
00693-02 (69.655).

Así, aparecen cumplidos los presupuestos genéricos de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales, razón por la cual la Sala está
habilitada para proceder al estudio del fondo del asunto.

3.3.2. El fondo del asunto

3.3.2.1. En atención a los planteamientos de la tutela, como primer
aspecto, la Sala deberá determinar si la sentencia del 30 de noviembre
de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, incurrió en vulneración del derecho fundamental al debido proceso de
la sociedad 3M Construye S.A.S., al declarar de oficio la nulidad de la
constitución de la Unión Temporal El Sol Naciente, así como del contrato
de obra No. 001 de 16 de septiembre de 2013 y del contrato de cesión
del 15 de diciembre de 2015, si tal aspecto jurídico no era parte de la litis
planteada por las partes en el proceso de controversias contractuales.

3.3.2.2. Correlativamente, deberá determinarse si la decisión atacada
vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la demandante al
concluir que la celebración de los acuerdos de voluntades anulados
incumplió las disposiciones sobre contratación pública, sin tener en cuenta
que la Unión Temporal se constituyó con fundamento en el Decreto 1920
de 2011, por lo que el Municipio no estaba obligado a adjudicar el contrato
de obra mediante una convocatoria pública regida por la Ley 80 de 1993,
pues para tal finalidad le resultaba aplicable el derecho privado.

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3.3.2.3. Con la finalidad de resolver los problemas así formulados, es
pertinente tener en cuenta el análisis que efectuó la autoridad judicial
demandada en la providencia objeto de tutela:

“1) Con fundamento en las disposiciones que rigen la materia, así como en las
decisiones que al respecto ha adoptado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y de esta Corporación, para la Sala es claro que,
independientemente de la denominación o título que se le imponga al negocio
jurídico, la unión temporal constituida por el municipio de Mongua (Boyacá) y
el señor Henry Unriza Puin el 10 de octubre de 2011 no cumple con lo
establecido y determinado por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, ni por el
artículo 1 del Decreto 777 de 1992.

En efecto, el artículo 96 de la Ley 486 de 1998 en desarrollo del artículo 355 de
la Constitución Política, permite que las entidades estatales en asocio con
personas naturales o jurídicas particulares creen personas jurídicas con una
única condición, y es que sean sin ánimo de lucro.

A su turno, el artículo 1 del Decreto 777 de 1992 exige que la asociación surja
con una persona de reconocida idoneidad, situación que no se encuentra
acreditado en el presente asunto, pues, el municipio de Mongua (Boyacá) se
asoció con una persona natural de quien no se tiene evidencia de su “reconocida
idoneidad” y se incluyó en la cláusula octava del mismo documento de
constitución que “[r]ecibida la remuneración que la Unión Temporal acuerde con
convenio que se celebre (…) se descontarán todos los costos operativos en que
incurra la Unión Temporal con motivo de la ejecución del convenio. Cumplido lo
anterior, la suma restante se pagará en su totalidad al ejecutante persona
natural (Henry Unriza Puin)” (fl. 52 cdno. no. 1).

2) En los precisos términos de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2 del
Decreto 777 de 1992, están excluidos del ámbito de aplicación de dicho decreto
las negociaciones adelantadas por las entidades estatales con personas de
derecho privado “para que, en cumplimiento de un mandato legal, desarrollen
funciones públicas o suministren servicios públicos cuya prestación esté a cargo
del Estado de acuerdo con la Constitución Política y las normas que la
desarrollan”.

3) En atención a lo dispuesto en el artículo 1742 del Código Civil, subrogado por
el artículo 2 de la Ley 50 de 1936, la nulidad absoluta “puede y debe” ser
declarada por el juez, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato,
elemento este que se encuentra de bulto en el presente asunto, con la
identificación a simple vista de la cláusula octava del acta de constitución de la
unión temporal El Sol Naciente, en virtud de la cual, proceden remuneraciones
en favor del particular integrante, y como no se trató de una nulidad causada
por elementos del contrato diferentes a la causa y objeto ilícito no fue posible
su saneamiento con la ratificación de las partes.

Advierte además la Sala que, hacen parte del proceso judicial los integrantes de
la unión temporal El Sol Naciente, esto es, el municipio de Mongua (Boyacá) y
Henry Unriza Puin, así como la compañía 3M Construye SAS en condición de
cesionaria, razón esta por la cual, no se atenta contra el debido proceso, derecho
de defensa y contradicción.

4) Así las cosas, el municipio de Mongua (Boyacá) no podía eludir los
procedimientos de selección objetiva, so pretexto de dar cumplimiento al
proyecto de viviendas de interés prioritario denominado Urbanización El Sol
Naciente y, en ese sentido, su objeto es ilícito y adolece de nulidad absoluta,

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según lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 24 y el numeral 2 del artículo 44
de la Ley 80 de 1993, y en los artículos 1519 y 1521 del Código Civil.

5) Ahora bien, como resultado de la constitución de la unión temporal cuyo
objeto es ilícito, surgieron otros negocios jurídicos como son:

a) El contrato de obra no. 1 de 16 de septiembre de 2013, suscrito entre la
unión temporal El Sol Naciente y la compañía Construir y Crecer SAS con el
objeto de ejecutar “la construcción de noventa (90) viviendas de interés
prioritario, pertenecientes al proyecto de vivienda de interés prioritario
denominado urbanización El Sol Naciente” (fl. 72 cdno. no. 1), y

En relación con este contrato, advierte la Sala que como el objeto de este
precisamente era la construcción de las noventa (90) viviendas de interés
prioritario para la urbanización El Sol Naciente, finalidad misma de la unión
temporal El Sol Naciente conforme lo descrito en el acto de constitución de la
misma, el municipio de Mongua (Boyacá) no se desligó de sus deberes y
exigencias legales por el hecho de dejar en cabeza del privado la representación
de la unión temporal El Sol Naciente.

Contrario a lo anterior, desde el mismo momento en el que permitió la
suscripción y ejecución del contrato de obra no. 01 de 2013, avaló la elusión de
los procedimientos de selección objetiva, máxime si se tiene en cuenta que el
acta de recibo de las obras fue suscrita por el Municipio de Mongua, Henry Unriza
Puin en condición de representante de la unión temporal y la compañía 3M
Construye SAS.

En ese sentido, para la Sala es claro que el objeto del contrato de obra no. 01
de 2013 suscrito entre la unión temporal El Sol Naciente y la compañía 3M
Construye SAS cesionaria de la compañía Construir y Crecer SAS es ilícito por
el hecho de haber sido el resultado de una contratación directa sin el
cumplimiento de lo previsto en el Estatuto de Contratación Estatal para la
selección de contratistas, eludiendo lo dispuesto en el literal c) del numeral 4
del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, pues está expresamente exceptuado el
contrato de obra de la modalidad de contratación directa.

Así las cosas, en los términos del artículo 1519 del Código Civil hay objeto ilícito
en todo lo que contraviene el derecho público de la Nación, encuentra la Sala
que el objeto del contrato de obra no. 01 de 2013 constituye nulidad absoluta
de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993
y en el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.

b) De otra parte, el contrato de cesión de derechos de 15 de diciembre de 2015
suscrito entre la compañía Construir y Crecer SAS y la compañía 3M Construye
SAS, con el objetivo de que la persona a cargo de la ejecución del contrato de
obra no 1 de 2013 fuera en adelante la compañía 3M Construye SAS, esto es, a
cargo de la ejecución del proyecto de urbanización El Sol Naciente.

(…)

En ese sentido, como el fin principal de la cesión de derechos de la posición de
contratista para la ejecución del contrato de obra no. 01 de 2013 era llevar a
cabo la construcción de las noventa (90) viviendas del proyecto denominado
urbanización El Sol Naciente, esta debió adelantarse con la autorización previa
del municipio de Mongua (Boyacá) en los términos del inciso tercero del artículo
41 de la Ley 80 de 1993, y aun cuando con posterioridad esta entidad territorial
avalara el cumplimiento y ejecución del objeto del contrato de obra en comento,
ello no le da validez jurídica.

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Por lo anterior, en los términos del artículo 1519 del Código Civil hay objeto
ilícito en todo lo que contraviene el derecho público de la Nación, advierte la
Sala que el objeto de la cesión de derechos de 2015 constituye nulidad absoluta
de acuerdo con lo dispuesto el numeral 8 del artículo 24 e inciso tercero del
artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

6) Advierte la Sala que el punto de debate y de oposición a la decisión de primera
instancia, encaminada a determinar si el régimen jurídico del contrato de obra
no. 001 de 16 de septiembre de 2013 celebrado entre la unión temporal El Sol
Naciente era de derecho privado, habría sido válida siempre y cuando la
asociación realizada por el municipio de Mongua (Boyacá) hubiera sido
precisamente en cumplimiento del artículo 355 de la Constitución Política,
artículo 198 de la Ley 489 de 1998 y artículo 1 del Decreto 777 de 1992, es
decir, con una persona natural o jurídica, sin ánimo de lucro, de reconocida
idoneidad y con el objeto de desarrollar los planes y programas en beneficio de
la comunidad”. (Subrayas de la Sala).

3.3.2.4. De acuerdo con lo expuesto por la autoridad judicial demandada,
la Sala considera que la validez de la constitución de la Unión Temporal y
de los demás acuerdos de voluntades sí formaba parte del objeto de la
litis del proceso de controversias contractuales, comoquiera que, de
conformidad con las normas invocadas en el fallo, el juez de lo
contencioso administrativo debe declarar de oficio la nulidad absoluta el
contrato10 cuando advierta que no cumple con los presupuestos legales,
lo que ocurre, por ejemplo, cuando está viciado por objeto ilícito.

Tal situación fue la que se presentó en este caso, pues la autoridad judicial
evidenció que la constitución de la Unión Temporal El Sol Naciente no
cumplía con el artículo 355 de la Constitución Política, con el artículo 96
de la Ley 489 de 1998 ni con el artículo 1 del Decreto 777 de 1992, que
rigen la constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento
de las actividades propias de las entidades públicas con participación de
particulares, si se tiene en cuenta que: (i) no había sido suscrita con una
persona natural o jurídica de reconocida idoneidad, (ii) presentaba ánimo
de lucro y (iii) ponía en cabeza de una persona de derecho privado el
desarrollo de funciones públicas que están a cargo del Estado.

10
Además de las disposiciones invocadas en el fallo atacado, téngase en cuenta que el artículo 45 de la Ley
80 de 1993 consagra: “Artículo 45.- De la Nulidad Absoluta. La nulidad absoluta podrá ser alegada por las
partes, por el agente del Ministerio Público, por cualquier persona o declarada de oficio, y no es susceptible de
saneamiento por ratificación (…)”.

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En este orden, la Sala advierte que la demandante no controvirtió
concretamente en la tutela la aplicabilidad de las anteriores disposiciones
normativas, ni expuso argumentos orientados a desvirtuar la conclusión
según la cual los acuerdos de voluntades se suscribieron para eludir la
normativa de contratación. Por el contrario, se limitó a señalar que la
Unión Temporal había sido constituida con sustento en el Decreto 1920
de 2011, y que por eso la posterior celebración del contrato de obra se
regía por el derecho privado, pero sin explicar por qué este decreto y no
las disposiciones invocadas por la autoridad judicial, eran las aplicables
para la realización de ese acto.

Por lo tanto, no cabe en este asunto una conclusión distinta a que el fallo
cuestionado consideró razonablemente que se encontraban reunidos los
presupuestos para la declaratoria oficiosa de la nulidad de los tres
acuerdos de voluntades. En efecto, la providencia dejó en claro (i) que la
nulidad de la constitución de la Unión Temporal saltaba de bulto, por las
razones que explica ampliamente, (ii) que las partes que intervinieron en
su suscripción estaban vinculadas al proceso, por lo que estaba
garantizado el derecho de contradicción, y, como es lógico, (iii) que los
contratos anulados eran la fuente de los derechos y obligaciones
reclamados en la demanda.

3.3.2.5. Finalmente, la demandante cuestionó la valoración probatoria
que efectuó la autoridad judicial demandada, pues a su juicio no tuvo en
cuenta los documentos ni los testimonios que demostraban el valor de la
obra ejecutada y el saldo que quedó pendiente por pagarle.

Sin embargo, se advierte que la actora no adujo concretamente cuáles
pruebas documentales y testimoniales fueron desconocidas por la
autoridad judicial, razón por la cual, sobre este argumento en particular,
la Sala no cuenta con parámetros para analizar si la decisión controvertida
incurrió en el defecto reprochado.

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3.4. Conclusión

En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que la sentencia del 30 de
noviembre de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, no incurrió en los defectos que le endilga 3M Construye
S.A.S., razón por la cual denegará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado por la sociedad 3M Construye
S.A.S. contra la sentencia del 30 de noviembre de 2023, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de acuerdo con las
razones expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta providencia no es impugnada oportunamente en
los términos señalados por la Ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Con salvamento de voto

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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