Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02095-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-02095-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-02095-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-02095-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
6 de junio de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02095 00
Accionante: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02095 00
Accionante: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
A
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio, por intermedio de apoderado, contra el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia,
que estimó vulnerados con ocasión de la sentencia del 5 de febrero de
2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
que revocó la sentencia dictada el 3 de noviembre de 2016 por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, y en su lugar declaró
de oficio la caducidad y negó las pretensiones de la demanda de
controversias contractuales presentada por el Fondo Financiero de
Proyectos de Desarrollo (Fonade)1 y el Ministerio de Ambiente, Vivienda
1
Esta entidad pasó a denominarse Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio, en
virtud del Decreto 495 del 20 de marzo de 2019 y se transformó en una sociedad por acciones del tipo de las
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02095 00
Accionante: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio)
contra el Municipio de Montería2.
1.2. En la referida demanda, promovida el 21 de febrero de 2014, el
Fonade3 y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
pidieron que se declarara el incumplimiento, por parte del Municipio de
Montería, de las obligaciones derivadas del convenio de apoyo financiero
número 2060220 de 20064, y que se condenara a la entidad territorial a
reembolsar la suma entregada y a pagar la indemnización de perjuicios.
1.3. La demanda de controversias contractuales correspondió al Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, quien en la audiencia
inicial del 6 de marzo de 2015 declaró no probadas las excepciones
previas de caducidad y de falta de agotamiento de la conciliación
extrajudicial, propuestas por el Municipio de Montería. Luego, mediante
sentencia de 3 de noviembre de 2016, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
Contra la anterior decisión las demandantes interpusieron recurso de
apelación, que fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, a través de la sentencia del 5 de febrero de 2024, que
revocó la decisión de primera instancia y en su lugar declaró de oficio la
caducidad del medio de control y denegó las pretensiones de la parte
actora.
Respecto de la caducidad, el ad quem consideró que, según lo acordado
por las partes, la liquidación del convenio debió practicarse dentro de los
anónimas, cuya razón social será Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S. A., la cual formará
una persona jurídica distinta de sus accionistas, sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., de la Rama Ejecutiva del orden nacional,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 del Decreto-ley 1962 del 15 de noviembre de 2023.
2
Proceso que se identificó con la radicación 23001-23-33-000-2014-00057-00/01.
3
En adelante Fonade.
4
Este convenio del que hizo parte el Municipio de Montería, fue celebrado con fundamento en el Convenio No.
194048 celebrado entre Fonade y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el objeto de
“Prestar los servicios técnicos, jurídicos, administrativos y realizar las acciones necesarias para ejecutar la
gerencia de la Interventoría técnica, administrativa y financiera de proyecto denominado ‘proyecto de Agua
Potable y Saneamiento Básico Ambiental, que utilicen recursos de la Nación, financiados a través del
mecanismo de ventanilla única’, así como coordinar las actividades para la ejecución de las obligaciones de
convenios de apoyo financiero que se suscriban entre el Ministerio, Fonade y las entidades a las que se les
viabilice proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico Ambiental”.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02095 00
Accionante: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
cuatro meses siguientes a su terminación, lo cual ocurrió al vencimiento
de la última prorroga, esto es, el 30 de junio de 2011, por lo que el plazo
para liquidar iba hasta el 31 de octubre de 2011, lo cual no sucedió. Por
lo tanto, consideró que los dos años para presentar la demanda
empezaron a correr el 1º de noviembre de 2011 y vencieron el 1º de
noviembre de 2013, sin que obrara prueba alguna de la interrupción de
dicho término con ocasión del trámite de la conciliación extrajudicial. Por
lo anterior, concluyó que la demanda fue presentada de forma
extemporánea, pues se radicó el 21 de febrero de 2014.
1.5. La accionante manifestó en la tutela que la decisión de segunda
instancia incurrió en:
(i) Defecto fáctico, porque no tuvo en cuenta la reforma acordada
por las partes en la quinta prórroga suscrita el 24 de noviembre de
2009, en la cual se pactó modificar la cláusula decimosexta del
convenio 2060220 de 2006, referente al plazo de liquidación, en el
sentido de extenderla de cuatro a ocho meses, por lo que tenían
hasta el 1º de marzo de 2012 para liquidar bilateralmente el
contrato y, como no lo hicieron en esa fecha, el término de la
caducidad corrió hasta el 1º de marzo de 2014, y
(ii) Defecto sustantivo, porque “aplicó de manera errónea el
numeral v) del literal j) del ordinal 2 del artículo 164 del CPACA”,
que consagra la caducidad del medio de control de controversias
contractuales, cuando se trate de contratos que requieran de
liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique
por la administración unilateralmente.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
por intermedio de la magistrada ponente de la decisión debatida,
manifestó que esta se fundó en las pruebas obrantes el expediente, pero
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02095 00
Accionante: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
que atenderá la decisión que se profiera dentro del presente trámite
constitucional.
2.2. La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial –
Enterritorio, por intermedio de apoderado, manifestó que coadyuva
todos los argumentos expuestos en el escrito de tutela, pues considera
que las pretensiones planteadas están llamadas a prosperar.
2.3. El Municipio de Montería, por intermedio de apoderado, manifestó
que la solicitud de amparo pretende sustituir al juez natural y discutir
aspectos que ya fueron decididos en el proceso ordinario. Sostuvo
asimismo que no se cumple el requisito de subsidiariedad porque el
accionante contaba con el recurso extraordinario de revisión, el cual
“constituye un medio de defensa idóneo” y “eficaz para amparar
integralmente los derechos fundamentales invocados en la acción de
tutela”, razón por lo cual solicitó que se declarare improcedente el
amparo.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
3.2. HECHOS
3.2.1. El Fonade y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, presentaron
demanda de controversias contractuales contra el Municipio de Montería,
con la finalidad de que se declarara el incumplimiento del convenio de
apoyo financiero número 2060220 de 2006 y que se condenara a la
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02095 00
Accionante: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
entidad territorial a reembolsar la suma entregada y a pagar la
correspondiente indemnización de perjuicios.
3.2.2. El asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala
Cuarta de Decisión, quien en la audiencia inicial del 6 de marzo de 2015
declaró no probadas las excepciones previas de caducidad y de falta de
agotamiento de la conciliación extrajudicial, propuestas por el Municipio
de Montería. Luego, mediante sentencia de 3 de noviembre de 2016,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
3.2.3. Las demandantes apelaron la anterior providencia y, mediante
sentencia del 5 de febrero de 2024, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, la revocó y en su lugar declaró de oficio la
caducidad del medio de control y denegó las pretensiones de la parte
actora.
3.2.4. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio interpuso acción de
tutela al considerar vulnerados sus derechos fundamentales por la
anterior providencia.
3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
3.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02095 00
Accionante: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación5,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20226, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:
“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para
cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar
de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos
mencionados. […]”.
En este caso, la parte accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, que considera vulnerados con ocasión de la
sentencia del 5 de febrero de 2024, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, que revocó la el fallo del 3 de noviembre
de 2016, dictado por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta
de Decisión, y en su lugar declaró de oficio la caducidad del medio de
control de controversias contractuales y denegó las pretensiones de la
demanda7.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para el
efecto.
5
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
6
M.P. Natalia Ángel Cabo.
7
Asunto que se tramitó con el radicado 23001-23-33-000-2014-00057-00/01.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02095 00
Accionante: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
3.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 20198, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:
8
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02095 00
Accionante: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 9.
3.3.1.3. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho10:
“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a
discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni
puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de
tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de
carácter legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la
decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita
de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios
[…]”.
9
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
10
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02095 00
Accionante: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de
2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02095 00
Accionante: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
3.3.2. Caso concreto
3.3.2.1. La Sala recuerda que los argumentos de la presente acción de
tutela giran en torno a las inconformidades de la parte actora con la
sentencia del 5 de febrero de 2024, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, pues considera que esta, al declarar la
caducidad del medio de control de controversias contractuales, incurrió
en: (i) un defecto fáctico, porque no tuvo en cuenta una reforma que las
partes realizaron al convenio, en la cual se amplió el plazo de liquidación,
por lo que, a su juicio, el término de la caducidad finalmente corrió hasta
el 1º de marzo de 2014, y no hasta el 1º de noviembre de 2013, como
consideró la autoridad judicial, y (ii) un defecto sustantivo, porque “aplicó
de manera errónea el numeral v) del literal j) del ordinal 2 del artículo
164 del CPACA”, que consagra la caducidad del medio de control de
controversias contractuales, cuando se trate de contratos que requieran
de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por
la administración unilateralmente.
Así las cosas, la Sala advierte que el accionante se limita a reprochar el
análisis probatorio y normativo que el juez de instancia efectuó sobre
configuración de la caducidad del medio de control de controversias
contractuales, resultando evidente que la solicitud de amparo se interpuso
simplemente para revivir el debate que ya se agotó en el proceso ordinario
y para obtener una opinión diversa a la que ya emitió la jurisdicción de lo
contencioso administrativo sobre el particular, finalidad para la que es
improcedente este medio de protección excepcional.
Ahora, en otras ocasiones11 esta Sala ha considerado que se cumple el
presupuesto de relevancia constitucional en los casos en los que la
11
Sentencia de tutela del 25 de abril de 2024, radicación: 11001 03 15 000 2024 00961 00, consejero ponente:
Oswaldo Giraldo López.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02095 00
Accionante: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
providencia cuestionada está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en el derecho han formulado las partes, y las sorprende con la
decisión que se toma, caso en el cual puede comprometer el núcleo
esencial del derecho fundamental al debido proceso, en su faceta del
derecho a la defensa, en la medida en que no haya podido ser
controvertida. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando el juez de segunda
instancia resuelve el asunto con base aspectos que no habían sido
debatidos a lo largo del proceso.
Tal situación no se presenta en el sub lite, si se tiene en cuenta que el
Municipio de Montería en la contestación de la demanda propuso las
excepciones previas de caducidad y de falta de agotamiento de la
conciliación extrajudicial12, de las cuales se corrió traslado a la parte
demandante, y el Fonade, en escrito radicado el 16 de octubre de 2014,
emitió pronunciamiento sobre el particular 13. Dichas excepciones se
declararon no probadas por el Tribunal administrativo de Córdoba, Sala
Cuarta de Decisión, en el trámite de la audiencia inicial del 6 de marzo de
201514.
Por lo anterior, es claro que la declaratoria de la caducidad en segunda
instancia en el asunto objeto de tutela no fue una decisión que
sorprendiera a la demandante, por no haber sido discutida a lo largo del
trámite, tanto así que en el curso del proceso ordinario tuvo la
oportunidad de pronunciarse sobre la respectiva excepción.
En consecuencia, la Sala no puede llegar a una conclusión diferente a que
en este asunto no se cumple el presupuesto de relevancia constitucional,
pues la parte actora simplemente busca revivir la discusión ya agotada y
obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.
12
Visible en índice 15 SAMAI, folios 445 a 460 del documento “01ExpedienteDigitalizado.pdf” ubicado en la
carpeta “01CuadernoPrincipal”.
13
Visible en índice 15 SAMAI, folios 470 a 492 del documento “01ExpedienteDigitalizado.pdf” ubicado en la
carpeta “01CuadernoPrincipal”.
14
Visible en índice 15 SAMAI, folios 80 a 86 del documento “01ExpedienteDigitalizado.pdf” ubicado en la
carpeta “01CuadernoPrincipal”.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02095 00
Accionante: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes o aplicando la normativa vigente para el caso, simplemente está
ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución y
la ley, en el ámbito de sus competencias, y cualquier desconocimiento
que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría
claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le
corresponden, utilizando además el trámite de una acción que no ha sido
diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02095 00
Accionante: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.
Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
controvertir la valoración de las pruebas y la interpretación de las normas
aplicables que efectuaron las autoridades de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, como si este mecanismo pudiera emplearse
como una instancia adicional.
Siendo así, es evidente que la presente acción de tutela carece de
relevancia constitucional en relación con el tercero de los presupuestos
estudiados, razón por la cual resulta completamente innecesario el
estudio sobre el posible cumplimiento de los restantes requisitos
generales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales.
3.4. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la
presente acción de tutela, al constatar la ausencia del requisito de
relevancia constitucional respecto de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 02095 00
Accionante: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta
por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio contra el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si esta decisión no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.