Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00956-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00956-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-00956-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
25 de julio de 2024
Radicación: 11001 03 15 000 2024 00956 01
Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 00956 01
Accionantes: MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ Y SANDRA VIVIANA
ALFARO YARA
Accionados: JUZGADO TREINTA Y CINCO ADMINISTRATIVO DE
MEDELLÍN Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA – SALA CUARTA DE ORALIDAD
Tesis: Vulnera el derecho fundamental al buen nombre e
incurre en violación directa de la Constitución la
providencia judicial que impuso una sanción por
desacato, sin tener en cuenta que la orden de tutela no
era posible cumplirla.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra
del fallo de tutela proferido el 26 de abril de 2024 por la Subsección C,
Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente la
solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
Las señoras María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara,
actuando en causa propia, promovieron acción de tutela en contra del
Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín y el Tribunal
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 00956 01
Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara
Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Oralidad, y para ello formuló
las siguientes pretensiones1:
“[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido
proceso, a la tutela judicial efectiva, buen nombre y
patrimonio de las suscritas.
SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO TREINTA
Y CINCO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, inaplicar las
siguientes sanciones:
Sanción calendada el 14 de diciembre de 2023 consistente en
multa de un (1) SMMLV., para cada una. Sanción confirmada
mediante auto del 15 de diciembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.
Sanción calendada el 30 de enero de 2024 consistente en multa
de un (1) SMMLV., para la suscrita (SANDRA VIVIANA ALFARO
YARA). Sanción confirmada mediante auto del 01 de febrero de
2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y CINCO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, ANALICE /
ESTUDIE la declaratoria de cumplimiento de la providencia de
instancia del 26 de octubre de 2023 confirmada mediante
sentencia de segunda instancia del 14 de noviembre de 2023,
dentro del radicado 05001333303520230046800, en
cumplimiento de la Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206 de
2017 de la Corte Constitucional, en la medida que se cumplió con la
orden al expedir la Resolución No. 04102019-393765 del 12 de
marzo de 2020, que reconoció el derecho a la entrega de las
indemnización administrativa a RODRIGO JAVIER CARDENAS
MUNERA y dispuso la aplicación del método técnico de priorización
al particular con sus respectivos resultados de los años 2021, 2022
y 2023.
CUARTO: ORDENAR al JUZGADO TREINTA Y CINCO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN o al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, que comunique
a la autoridad encargada de la ejecución de las sanciones
pecuniarias, que las mismas se han levantado con ocasión al
cumplimiento de la orden judicial de tutela.
QUINTO: CONMINAR al JUZGADO TREINTA Y CINCO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN o al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, a que acate y
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aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del
levantamiento de la sanción, previa acreditación del cumplimiento
de la orden, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de
desacato […]”. (Mayúsculas, negrillas y subrayados originales del
escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
Las accionantes informaron que, mediante fallo de tutela del 26 de
octubre de 2023, el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín
amparó el derecho fundamental de petición del señor Rodrigo Javier
Cárdenas Múnera y, en consecuencia, ordenó a la UARIV que “(…) en el
término improrrogable de ocho (8) días, contados a partir de la
notificación de esta decisión, brinde una respuesta clara, de fondo y
congruente a la petición formulada por el señor Rodrigo Javier Cárdenas
Múnera desde el pasado el 11/09/2023, informándole un plazo
aproximado y el orden en el que podrá acceder a la medida, o en su
defecto, indicarle la vigencia en la cual le será entregada la misma; lo
anterior, sin vulnerar el derecho de igualdad frente a las demás victimas
que se encuentren en las mismas condiciones (…)”2.
Manifestaron que la anterior decisión fue confirmada por la Sala Cuarta
de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia del 14
de noviembre de 2023.
Señalaron que la UARIV, en escrito radicado el 22 de noviembre de 2023,
comunicó al despacho que para la vigencia del año 2023 se aplicó el
Método Técnico de Priorización al caso del señor Cárdenas Múnera, el cual
concluyó que no era procedente la entrega de la medida de indemnización
administrativa en dicha vigencia toda vez que no obtuvo el puntaje
mínimo requerido, el cual para el año 2023 era 38.9898 y el puntaje
obtenido en el caso particular fue de 22.52459.
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Indicaron que el señor Rodrigo Javier Cárdenas Múnera promovió
incidente de desacato. Agregaron que por auto del 14 de diciembre de
2023, el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín las sancionó,
a cada una, con multa de 1 SMLMV, y que, por auto del 15 de diciembre
de 2023, la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia confirmó dicha sanción.
Anotaron que el 16 de diciembre de 2023, la UARIV radicó escrito ante el
Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia reiterando que la entidad no ha incurrido en
vulneración alguna de los derechos fundamentales, comoquiera que se ha
explicado la imposibilidad jurídica de cumplir el fallo de tutela,
describiendo los derroteros jurídicos que implica el pago de las
indemnizaciones administrativas, conforme lo establecido en la
Resolución nro. 01049 de 2019.
Precisaron que la entidad le comunicó a las autoridades judiciales
accionadas “(…) que no desconoce los derechos de la víctima RODRIGO
JAVIER CARDENAS MUNERA, por el contrario, reconoció el derecho que
tiene de ser indemnizado, sin embargo, la Unidad ha manifestado en
varias escenarios su imposibilidad de indemnizar a todas las víctimas en
un mismo momento, por lo que a través de la Resolución 1049 de 2019,
además de los criterios de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad,
adoptó el “Método Técnico de Priorización”, para la atención de otras
víctimas que no cuentan con los referidos criterios, como es el caso que
nos ocupa, pero que son titulares del derecho a la reparación económica
(…)”3.
Agregaron que “(…) al no ser posible realizar el desembolso de la medida
de indemnización en la vigencia del año 2023, en razón al resultado del
método técnico y la disponibilidad presupuestal, la Unidad procederá a
aplicar cada año este proceso técnico hasta que el resultado permita el
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desembolso de su indemnización administrativa, puesto que, en ningún
caso, el resultado obtenido es acumulado para el siguiente año.
Advirtiendo que, si el accionante llegase a contar con uno de los criterios
de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad contenidos en los
artículos 4 de la Resolución 1049 de 2019 y primero de la Resolución 582
de 26 de abril de 2021, podrá adjuntar en cualquier tiempo, la
certificación y/o documentos necesarios con los requisitos establecidos,
para priorizar la entrega de la medida (…)”4.
Resaltaron que el 19 de diciembre de 2023 solicitaron la inaplicación de
la sanción impuesta y que, el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de
Medellín, en auto proferido ese mismo día, esto es el 19 de diciembre de
2023, negó dicha solicitud.
Las accionantes informaron que, nuevamente, en auto proferido el 30 de
enero de 2024, el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín las
sancionó, a cada una, con una multa de 1 SMLMV por incurrir en desacato
del fallo de tutela del 26 de octubre de 2023, y que el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, en auto del 1 de
febrero de 2024, confirmó dicha sanción.
Explicaron que “(…) para el caso de Rodrigo Javier Cárdenas Munera, en
la vigencia del año 2023, la Unidad para las Víctimas aplicó el Método
Técnico de Priorización (…) Sin embargo, conforme al resultado de la
aplicación del Método técnico de priorización, se concluyó que NO era
procedente materializar la entrega de la medida de indemnización ya
reconocida respecto del (…)”5.
Aseveraron que, al no ser posible hacer el desembolso de la medida de
indemnización en la vigencia 2023, la UARIV procederá a aplicarle al señor
Cárdenas Múnera el Método Técnico de Priorización en la vigencia del año
2024.
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Respecto a las causales específicas de procedibilidad de la acción de
tutela, alegaron que las providencias cuestionadas incurrieron en defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente establecido en la
sentencia SU 037 de 2018 de la Corte Constitucional que señala
expresamente las reglas jurisprudenciales para que los jueces de tutela
de primera instancia modulen el cumplimiento del fallo, en especial las
que se relacionan con el pago de indemnización administrativa.
Argumentaron que también se incurrió en defecto fáctico por valoración
defectuosa del material probatorio allegado al proceso debido a que las
autoridades judiciales accionadas, al momento de valorar los escritos
emitidos por la UARIV, así como la resolución que resolvió el
reconocimiento a la medida indemnizatoria del señor Cárdenas Múnera,
valoró las pruebas de manera arbitraria, irracional y caprichosa, y sin
razón valedera dieron por no probado el cumplimiento del fallo de tutela
pese a que se explicó, en distintas oportunidades, cómo es el
procedimiento para la entrega de la indemnización administrativa a las
víctimas del conflicto armado dentro de un marco de igualdad entre todas
las víctimas.
Afirmaron que se presentó una violación directa de la Constitución, pues
las decisiones de las autoridades judiciales accionadas afectaron los
principios constitucionales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad
jurídica, a la confianza legítima en el sistema judicial y la buena fe, al
desconocer lo previsto en el auto 206 de 2017 y el procedimiento de
reconocimiento de inmunización administrativa establecido por la
Resolución nro. 01049 de 2019.
Anotaron que “(…) la imposibilidad por parte de la Unidad de Víctimas en
cuanto a indicar una fecha de pago de la indemnización, se encuentra en
una condición excepcional que valida la imposibilidad material. Lo anterior
teniendo que, como lo señala el marco normativo, la entrega de las
medidas de reparación, atención y asistencia, deben cumplir los principios
de progresividad, gradualidad y sostenibilidad fiscal, por cuanto no es
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viable jurídicamente, ni materialmente indemnizar a todas las víctimas al
mismo tiempo (…)”6.
Indicaron que, conforme lo anterior, “(…) el Método Técnico de
Priorización es la herramienta que determina el orden de pago de las
personas, que no se enmarcan en las situaciones del artículo 4° de la
resolución 1049 de 2019, pero que según la evaluación de otros factores
si es necesario apremiar el pago de la indemnización administrativa. Es
decir, la Unidad depende de un presupuesto anual, que se distribuye en
las personas que sean priorizadas por el artículo 4° de la resolución 1049
y las que salgan favorables luego de la aplicación del método técnico de
priorización; luego, no hay manera de saber la cantidad de víctimas que
serán priorizadas para pago, por ende, no se puede asignar una fecha de
pago cuando no es seguro si financieramente la Unidad pueda asumir
dicho pago (…)”7.
Finalmente, arguyeron que las autoridades judiciales accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela
judicial efectiva, buen nombre y patrimonio, pues a pesar de que la UARIV
ha presentado reiterados informes sobre el cumplimiento del fallo de
tutela, no ha sido posible obtener el levantamiento de las sanciones
impuestas.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 27 de febrero de 20248 a través del aplicativo
de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a la Subsección C, Sección Tercera del Consejo
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Ibidem.
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de Estado que por auto del 28 de febrero de 20249 la admitió y dispuso
notificar10 al Tribunal Administrativo de Antioquia y al Juzgado Treinta y
Cinco Administrativo de Medellín, como partes accionadas, así como
vincular al señor Rodrigo Javier Cárdenas Múnera11, como tercero
interesado en el resultado del proceso.
De igual forma, requirió al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de
Medellín que allegara copia digital o el hipervínculo del expediente de la
acción de tutela identificada con el radicado nro. 05001 33 33 035 2023
00468 00, el cual fue remitido12.
3.2. La titular del Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín
rindió informe13 en el que explicó que se “(…) han emitido al menos tres
sanciones contra las ahora accionantes, pues a la fecha no han acreditado
el cumplimiento efectivo de la misma [orden de tutela]. Colofón de ello,
no existe a mi juicio, vulneración alguna por parte de este Despacho,
máxime cuando las decisiones que causan el malestar de las accionantes,
dan cuenta del aun incumplimiento de la orden proferida en el trámite de
una acción de amparo constitucional (…)”.
3.3. El señor Rodrigo Javier Cárdenas Múnera allegó escrito14 en el que
aseveró que “(…) la dirección de la UARIV de manera caprichosa no ha
dado cumplimiento a la orden judicial lo que con ello se violan las normas
legales vigentes, lo que no se puede colegir en una sana lógica y no tiene
lugar ni en el tiempo ni en el espacio los derechos protegidos en una
providencia no se violan estos se protegen (…)”.
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Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00956 00.
10
Esta orden se cumplió el 5 de marzo de 2024. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00956 00.
11
Por oficio HBC nro. 157 del 18 de marzo de 2024, remitido a través de correo
certificado y entregado efectivamente el 1 de abril de 2024, la Secretaría General de
esta Corporación notificó al señor Rodrigo Javier Cárdenas Múnera del mencionado auto
del 28 de febrero de 2024. Visto en los índices 21 y 31 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00956 00.
12
Visto en los índices 10 y 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00956 00.
13
Ibidem.
14
Visto en los índices 27 y 29 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00956 00.
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En consecuencia, solicitó que se ordene a las accionantes que cumplan
con la orden impartida en el fallo de tutela proferido el 26 de octubre de
2023 por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín,
confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
3.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia guardó silencio.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del
26 de abril de 202415, declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.
Para ello, expuso que la parte accionante acude a este mecanismo
constitucional procurando que se valoren nuevamente los argumentos
planteados al interior del trámite incidental, los cuales ya fueron
analizados por las autoridades judiciales accionadas en las providencias
censuradas, lo que se traduce en una pretensión económica tendiente a
que se deje sin efectos las multas impuestas.
Anotó que “(…) en el trámite incidental las autoridades accionadas de
manera reiterada señalaron que la UARIV no ha cumplido adecuadamente
con la orden de tutela, esto es, dar respuesta de fondo, clara y concreta
a la petición presentada por Rodrigo Javier Cárdenas Munera, indicándole
el orden en el que se encuentra para la entrega de la indemnización y la
fecha estimada en que recibirá el desembolso al cual tiene derecho en
virtud del acto administrativo expedido el 12 de marzo del año 2020 ─
Resolución No. 04102019-393765, esto es, hace más de 3 años, por
medio de la cual se decidió reconocer la indemnización administrativa por
el hecho victimizante de desplazamiento forzado y aplicar el método de
priorización, con el fin de determinar el orden de entrega de los recursos
(…)”.
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Visto en el índice 34 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00956 00.
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Sostuvo que las autoridades judiciales accionadas no encontraron una
justificación válida para dejar de cumplir con lo dispuesto en el fallo de
tutela y, por el contrario, evidenciaron la ausencia de acciones tendientes
a lograr el cumplimiento de la orden impartida.
Advirtió que, del escrito de tutela no se evidencian argumentos con
relevancia constitucional que permitan analizar de fondo el asunto, más
allá de la inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural de la
causa.
5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
Inconforme con el fallo de primera instancia, las accionantes lo
impugnaron16 manifestando lo siguiente:
Relataron nuevamente la situación fáctica planteada en el escrito de tutela
y señalaron que no es posible brindar fecha exacta, plazo o turno probable
en el que se pagará la indemnización administrativa reconocida al señor
Rodrigo Javier Cárdenas Múnera mediante la Resolución nro. 04102019-
393765 del 12 de marzo de 2020.
Indicaron que “(…) para el caso de Rodrigo Javier Cárdenas Munera, en
la vigencia del año 2023, la Unidad para las Víctimas aplicó el Método
Técnico de Priorización (…) Sin embargo, conforme al resultado de la
aplicación del Método técnico de priorización, se concluyó que NO era
procedente materializar la entrega de la medida de indemnización ya
reconocida respecto del accionante con solicitud con radicado 2095995-
10380600, por el hecho victimizante de Desplazamiento Forzado, puesto
que para el año 2023 el puntaje mínimo definido para acceder a la
indemnización fue de 38.9898 y el puntaje obtenido por Rodrigo Javier
Cárdenas Munera fue de 22.52459(…)”.
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Visto en los índices 39 y 40 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
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Aseveraron que, al no ser posible realizar el desembolso de la medida de
indemnización en la vigencia 2023, la UARIV procederá a aplicarle al señor
Cárdenas Múnera el Método Técnico de Priorización en la vigencia del año
2024.
Argumentaron que en el escrito de tutela se indicó que en el curso del
trámite incidental se explicó en varias oportunidades el debido proceso
administrativo que se ha llevado a cabo para el reconocimiento de la
indemnización reclamada por el señor Cárdenas Múnera, así como la
imposibilidad jurídica para efectuar de manera material el desembolso de
dicha indemnización, pues la UARIV debe ser respetuosa del proceso
administrativo establecido en la Resolución nro. 1049 de 2019.
Concluyeron que “(…) sí se cumplió el requisito general de relevancia
constitucional, toda vez que, se demuestra la afectación a nuestros
derechos fundamentales, que no se tuvieron en cuenta por los despachos
accionados, a pesar de demostrar todas las razones por las cuales es
imposible cumplir el fallo judicial (…)”.
Por auto del 12 de junio de 2024 se concedió la impugnación17 y la misma
fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 25 de junio de 202418.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199119, en concordancia con el numeral 5 del artículo
17
Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00956 01.
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El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
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2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201520, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 21, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo de 201922 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente23:
6.2.1. El Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín, en fallo de
tutela proferido el 26 de octubre de 2023 resolvió:
“[…] PRIMERO: CONCEDER la acción de tutela promovida por
RODRIGO JAVIER CÁRDENAS MÚNERA identificado con cédula
de ciudadanía (…), respecto de su derecho fundamental de petición,
que ha sido vulnerado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Ordenar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA
LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, que en el
término improrrogable de ocho (8) días, contados a partir de la
notificación de esta decisión, brinde una respuesta clara, de fondo y
congruente a la petición formulada por el señor RODRIGO JAVIER
CÁRDENAS MÚNERA desde el pasado el 11/09/2023, informándole
un plazo aproximado y el orden en el que podrá acceder a la medida,
o en su defecto, indicarle la vigencia en la cual le será entregada la
misma; lo anterior, sin vulnerar el derecho de igualdad frente a las
demás victimas que se encuentren en las mismas condiciones […]”.
(Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
20
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
21
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
22
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
23
Lo que se desprende del expediente de la acción de tutela identificado con el radicado
nro. 05001 33 33 035 2023 00468 00. Visto en los índices 10 y 19 de la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2024 00956 00.
12
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6.2.2. La precitada decisión fue impugnada por la UARIV y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, en sentencia de
segunda instancia proferida el 14 de noviembre de 2023 la confirmó.
6.2.3. Por oficio nro. 2023-1939775-1 del 22 de noviembre de 2023, la
representante judicial de la UARIV allegó escrito con destino al Juzgado
Treinta y Cinco Administrativo de Medellín, solicitando “(…) DAR POR
CUMPLIDA LA ORDEN JUDICIAL IMPARTIDA, por considerar que la Unidad
para las Víctimas ha dado respuesta al accionante consecuentemente con
lo reglado en la resolución nro. 1049 de 2019 y DECLARAR LA
IMPOSIBILIDAD JURIDICA de dar cumplimiento al fallo judicial, dado que
RODRIGO JAVIER CARDENAS MUNERA no ha sido priorizado para recibir
el pago de la indemnización administrativa (…)”.
6.2.4. El 29 de noviembre de 2023, el señor Rodrigo Javier Cárdenas
Múnera solicitó al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín “(…)
iniciar trámite incidental por desacato, contra la autoridad pública por
RENUENCIA para que le sean impuestas las sanciones de Ley consagradas
en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991(…)”.
6.2.5. Por auto del 30 de noviembre de 2023, el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín dispuso:
“[…] requerir, previo a dar apertura formal de desacato por el
presunto incumplimiento a lo ordenado en la sentencia No. 432 del
26/10/2023, proferida por esta agencia judicial, en la acción de
tutela promovida por RODRIGO JAVIER CÁRDENAS MÚNERA
(…), a las siguientes funcionarias:
A la Directora de Reparación de la Unidad de Víctimas,
SANDRA VIVIANA ALFARO YARA para que: (i) INFORME si han
dado o no cumplimiento al fallo de tutela; (ii) en caso de ser cierto
lo afirmado por el peticionario, PROCEDA A DAR INMEDIATO
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO en sentencia del 26/10/2023 (art.
27 Dec. 2591 de 1991), esto es: “(…) brinde una respuesta clara, de
fondo y congruente a la petición formulada por el señor RODRIGO
JAVIER CÁRDENAS MÚNERA desde el pasado el 11/09/2023,
informándole un plazo aproximado y el orden en el que podrá
acceder a la medida, o en su defecto, indicarle la vigencia en la cual
le será entregada la misma; lo anterior, sin vulnerar el derecho de
igualdad frente a las demás victimas que se encuentren en las
mismas condiciones”; (iii) informe los motivos por los cuales no han
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dado cabal cumplimiento a lo ordenado y, en todo caso, (iv) remita
las pruebas correspondientes.
Igualmente, se requiere a la Directora de la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, PATRICIA TOBÓN YAGARI, como
superiora jerárquica de la funcionaria obligada; para que: (i) haga
cumplir o proceda de manera directa a dar inmediato cumplimiento
a lo ordenado en sentencia de tutela del 26/10/2023 (art. 27 Dec.
2591 de 1991); (ii) informe los motivos por los cuales no han dado
cumplimiento a lo ordenado; (iii) adelante las gestiones para iniciar
las actuaciones disciplinarias correspondientes contra los
subordinados y, en todo caso, (iv) remita las pruebas
correspondientes […]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la
providencia).
6.2.6. Por oficio nro. 2023-2024637-1 del 2 de diciembre de 2023, el
representante judicial de la UARIV dio respuesta al requerimiento, así:
“[…] que la entidad aplicó el «Método Técnico de Priorización»,
el 25 de agosto de 2023 y para el caso en particular, el resultado
fue no favorable, es decir, que no es procedente entregar de manera
priorizada en esta vigencia la medida de indemnización reconocida
a lo(s) integrante(s) relacionado(s) en la solicitud.
Por lo anterior, se informó que la Unidad aplicará durante el
transcurso del año 2024 el método, e informará el resultado de
este proceso, de tal manera que, si el resultado es favorable, la
entrega de la indemnización administrativa será de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal de la entidad. Si, por el contrario, el
resultado es no favorable, a usted se le aplicará nuevamente el
«Método Técnico de Priorización», en el año siguiente.
(…)
Por lo anterior, surge para la Entidad la imposibilidad de dar
fecha cierta y/o pagar la indemnización administrativa, toda
vez que debe ser respetuosa del procedimiento establecido en la
Resolución 1049 de 2019 y del debido proceso administrativo […]”.
(Negrillas originales del escrito).
6.2.7. Por auto del 6 de diciembre de 2023, el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín dio apertura al incidente de desacato en contra
de las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y Patricia Tobón Yagarí, y las
requirió para que dieran cumplimiento a la sentencia de tutela del 26 de
octubre de 2023.
6.2.8. En respuesta al anterior requerimiento, por oficio nro. 2023-
2079392-1 del 11 de diciembre de 2023 el representante judicial de la
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UARIV solicitó que (i) se declarara que dicha entidad dio cumplimiento al
fallo de tutela, (ii) se negaran las pretensiones del incidente de desacato
y (iii) se declarara la imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo
judicial, debido a que el señor Rodrigo Javier Cárdenas Múnera no ha sido
priorizado para recibir el pago de la indemnización administrativa y no ha
demostrado tener alguno de los criterios de urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad establecidos en los artículos 4 de la Resolución nro. 1049
de 2019 y 1 de la Resolución nro. 582 del 26 de abril de 2021.
Reiteró que “(…) de la aplicación método técnico de priorización se
determinó que NO es procedente materializar la entrega de la medida
indemnizatoria como “informándole un plazo aproximado y el orden en el
que podrá acceder a la medida, o en su defecto, indicarle la vigencia en la
cual le será entregada la misma” (…)”.
6.2.9. Por auto del 14 de diciembre de 2023, el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín resolvió:
“[…] PRIMERO: DECLARAR que la Directora de Reparación de la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –UARIV–, SANDRA
VIVIANA ALFARO YARA, incurre en desacato a la sentencia del
26/10/2023, proferida por este Despacho, en la acción de tutela
promovida por RODRIGO JAVIER CÁRDENAS (…) contra la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –UARIV– (…), de acuerdo
a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: SANCIONAR a la Directora de Reparación de la UNIDAD
DE VÍCTIMAS – UARIV–, SANDRA VIVIANA ALFARO YARA, con multa
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, de
acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR que la Directora de la UNIDAD DE VÍCTIMAS
–UARIV–, PATRICIA TOBÓN YAGARI, incurre en desacato a la
sentencia del 26/10/2023, proferida por este Despacho, en la acción
de tutela promovida por RODRIGO JAVIER CÁRDENAS (…), contra
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –UARIV– (…), de acuerdo
a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: SANCIONAR a la Directora de la UNIDAD DE VÍCTIMAS –
UARIV–, PATRICIA TOBÓN YAGARI, con multa equivalente a un (1)
salario mínimo legal mensual vigente, de acuerdo a lo expuesto en
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Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara
la parte considerativa de esta providencia […]”. (Mayúsculas y
negrillas originales de la providencia).
6.2.10. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad,
en auto proferido el 15 de diciembre de 2023, al resolver el grado
jurisdiccional de consulta, confirmó el dictado el 14 de diciembre de 2023
por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín.
6.2.11. Por oficio nro. 2023-2171381-1 del 19 de diciembre de 2023, el
representante judicial de la UARIV solicitó al Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DAR POR CUMPLIDA LA ORDEN JUDICIAL
IMPARTIDA por considerar que la Unidad para las Víctimas ha dado
respuesta al accionante consecuentemente con lo reglado en la
resolución nro. 1049 de 2019 y DECLARAR LA IMPOSIBILIDAD
JURÍDICA de dar cumplimiento al fallo judicial, dado que
RODRIGO JAVIER CARDENAS MUNERA no ha sido priorizado
para recibir el pago de la indemnización administrativa y no ha
demostrado tener alguno de los criterios de urgencia manifiesta o
extrema vulnerabilidad contenidos en los artículos 4 de la Resolución
1049 de 2019 que le permitan a la entidad determinar fecha de pago
y en consecuencia ARCHÍVESE el expediente por cumplimiento del
fallo.
SEGUNDO: REVÓQUESE la sanción impuesta mediante auto del 14
de diciembre de 2023 y en su lugar DECRÉTESE EL CABAL
CUMPLIMIENTO de las órdenes impartidas dentro del presente
proceso.
TERCERO: TENER en cuenta el precedente jurisprudencial del
Consejo de Estado en sentencia con radicado 11001- 03-15-
000-2023-00973-00 proferida el 31 de marzo del presente año, la
cual se adjunta al presente escrito.
CUARTO: DESVINCÚLESE a la doctora MARIA PATRICIA TOBON
YAGARI, en atención al régimen de competencias de la Unidad […]”.
(Mayúsculas y negrillas originales del texto).
6.2.12. El Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín, por auto
del 19 de diciembre de 2023, obedeció lo resuelto por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad en providencia del
15 de diciembre de 2023 y negó la solicitud de inaplicación de la sanción
por desacato impuesta a las hoy accionante en auto del 14 de diciembre
de 2023.
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6.2.13. Mediante escrito radicado el 22 de enero de 2024, el señor
Rodrigo Javier Cárdenas Múnera solicitó al Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín que “(…) se sirva hacer cumplir la orden por
cuanto hay una sanción y de ella nada se sabe, por ello solicito el
cumplimiento de mis derechos, tal y como lo establece la ley. Ruego a
usted se sirva hacer cumplir la orden, contra la autoridad pública por
RENUENCIA para que le sean impuestas las sanciones de Ley consagradas
en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, por fraude a resolución judicial
a fin de que se me garanticen los derechos que me fueron protegidos por
esta judicatura. En cuanto no han dado cumplimiento al pago de la
reparación administrativa por desplazamiento forzado (…)”.
6.2.14. Por auto proferido el 22 de enero de 2024, el Juzgado Treinta y
Cinco Administrativo de Medellín dispuso lo siguiente:
“[…] requerir, previo a dar apertura formal de desacato por el
presunto incumplimiento a lo ordenado en la sentencia No. 432 del
26/10/2023, proferida por esta Agencia judicial, en la acción de
tutela promovida por RODRIGO JAVIER CÁRDENAS MÚNERA
identificado con cédula de ciudadanía No. 15.318.727, a las
siguientes funcionarias:
A la Directora de Reparación de la Unidad de Víctimas,
SANDRA VIVIANA ALFARO YARA para que: (i) INFORME si han
dado o no cumplimiento al fallo de tutela; (ii) En caso de ser cierto
lo afirmado por el peticionario, PROCEDA A DAR INMEDIATO
CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO en sentencia del 26/10/2023 (art.
27 Dec. 2591 de 1991), esto es: “(…) brinde una respuesta clara, de
fondo y congruente a la petición formulada por el señor RODRIGO
JAVIER CÁRDENAS MÚNERA desde el pasado el 11/09/2023,
informándole un plazo aproximado y el orden en el que podrá
acceder a la medida, o en su defecto, indicarle la vigencia en la cual
le será entregada la misma; lo anterior, sin vulnerar el derecho de
igualdad frente a las demás victimas que se encuentren en las
mismas condiciones”; (iii) informe los motivos por los cuales no han
dado cabal cumplimiento a lo ordenado y, en todo caso, (iv) remita
las pruebas correspondientes.
Igualmente, se requiere a la Directora de la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, PATRICIA TOBÓN YAGARI, como
superiora jerárquica de la funcionaria obligada; para que: (i) haga
cumplir o proceda de manera directa a dar inmediato cumplimiento
a lo ordenado en sentencia de tutela del 26/10/2023 (art. 27 Dec.
2591 de 1991); (ii) informe los motivos por los cuales no han dado
cumplimiento a lo ordenado; (iii) adelante las gestiones para iniciar
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Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara
las actuaciones disciplinarias correspondientes contra los
subordinados y, en todo caso, (iv) remita las pruebas
correspondientes […]”. (Mayúsculas y negrillas originales de la
providencia).
6.2.15. Por oficio nro. 2024-0026439-1 del 23 de enero de 2024, remitido
al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín, la representante
judicial de la UARIV expuso que:
“[…] En el caso particular de RODRIGO JAVIER CARDENAS MUNERA,
es pertinente resaltar que el 25 de agosto de 2023 la Unidad para
las Víctimas aplicó el Método Técnico de Priorización con el propósito
de determinar el orden de entrega de la indemnización a las víctimas
de manera proporcional a los recursos presupuestales asignados en
el año 2023; así las cosas, conforme el resultado obtenido se
concluyó que NO era procedente materializar la entrega de la medida
de indemnización reconocida a lo(s) integrante(s) relacionado(s) en
la solicitud con radicado 2095995- 10380600, por el hecho
victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO y por tal razón la
materialización de la misma queda supeditada a la aplicación
nuevamente del Método Técnico de Priorización en el año 2024,
aclarando que, en ningún caso, el resultado obtenido en una vigencia
será acumulado para la siguiente, situación que fue puesta en
conocimiento del accionante bajo la comunicación de radicado lex
7776005 de acuerdo a los comprobantes de envió y entrega
adjuntos al expediente. No obstante, es pertinente resaltar que bajo
la comunicación de lex 7817658 se realiza alcance a respuesta
brinda y que el resultado al método técnico 2023 obra en el
expediente.
(…)
De acuerdo con lo antes expuesto para la entidad NO es procedente
otorgar una fecha de pago y/o plazo aproximado, pues esto
vulneraria el derecho a la igualdad de las otras víctimas que se
encuentren en igual situación, adicionalmente es importante indicar
que no se genera con ello un perjuicio irremediable a la accionante,
toda vez, que la indemnización administrativa no está asociada al
mínimo vital (…).
(…)
Señor Juez, de manera respetuosa nos permitimos informar que la
Unidad para las Víctimas, no ha vulnerado los derechos
fundamentales de la accionante ya que respecto a la petición como
se relacionó en párrafos anteriores la Unidad para las Víctimas ha
emitido respuesta y bajo la Comunicación de lex 7817658, realizo
alcance a la respuesta emitida bajo el lex 7776005, la cual obra en
el expediente […]”.
6.2.16. Por auto proferido el 25 de enero de 2024, el Juzgado Treinta y
Cinco Administrativo de Medellín dio apertura a un nuevo incidente de
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Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara
desacato en contra de las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y María
Patricia Tobón Yagarí, y las requirió para que dieran inmediato
cumplimiento al fallo de tutela del 26 de octubre de 2023.
6.2.17. En respuesta al anterior requerimiento, por oficio nro. 2024-
0038568-1 del 26 de enero de 2024, la representante judicial de la UARIV
reiteró la imposibilidad de otorgar una fecha de pago y/o plazo
aproximado para la entrega de la indemnización administrativa
reconocida al señor Rodrigo Javier Cárdenas Múnera, debido a que el
resultado del método técnico de priorización aplicado a su caso el 25 de
agosto de 2023 determinó que no era procedente materializar la entrega
de la precitada indemnización, por lo que aseveró que se le aplicará
nuevamente el método técnico de priorización en este año 2024.
6.2.18. Por auto del 30 de enero de 2024, el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR que la Directora de Reparación de la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –UARIV–, SANDRA
VIVIANA ALFARO YARA, incurre en desacato a la sentencia del
26/10/2023, proferida por este Despacho, confirmada en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia; en la acción
de tutela promovida por RODRIGO JAVIER CÁRDENAS (…), contra
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –UARIV– (…), de acuerdo
a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: SANCIONAR a la Directora de Reparación de la UNIDAD
DE VÍCTIMAS – UARIV–, SANDRA VIVIANA ALFARO YARA, con multa
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, de
acuerdo a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR que la Directora de la UNIDAD DE VÍCTIMAS
–UARIV–, PATRICIA TOBÓN YAGARI, incurre en desacato a la
sentencia del 26/10/2023, proferida por este Despacho, que fue
confirmada en segunda instancia; en la acción de tutela promovida
por RODRIGO JAVIER CÁRDENAS (…), contra la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –UARIV– (…), de acuerdo a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: SANCIONAR a la Directora de la UNIDAD DE VÍCTIMAS –
UARIV–, PATRICIA TOBÓN YAGARI, con multa equivalente a un (1)
salario mínimo legal mensual vigente, de acuerdo a lo expuesto en
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Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara
la parte considerativa de esta providencia […]”. (Mayúsculas y
negrillas originales de la providencia).
6.2.19. Por auto proferido el 1 de febrero de 2024, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, al resolver el grado
jurisdiccional de consulta, confirmó el auto del 30 de enero de 2024
proferido por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta los reparos de la impugnación, y comoquiera que el
a quo declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse el
requisito general de relevancia constitucional, la Sala considera pertinente
analizar (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de evidenciarse que estos se encuentran
superados, descenderá a (ii) los requisitos o causales especiales de
procedibilidad invocados en el caso concreto.
6.3.1 Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial.
El primer requisito general de procedencia que debe verificarse es la
relevancia constitucional. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional24 para que esté cumplido es necesario que se reúnan los
siguientes tres criterios: (i) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales; (ii) preservar la competencia y la independencia de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto,
evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad; e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
24
Sentencia SU-573 del 27 de noviembre de 2019. Criterio reiterado en la Sentencia
SU-128 de 2021 y SU-103 de 2022.
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De este modo, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela
será improcedente por no superar la relevancia constitucional25.
(i) El primer criterio, implica que el asunto involucre un debate que gire
en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental 26 e
igualmente la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019 indicó
que este elemento “supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que
no es lo mismo que una simple relación con aquel”. Este criterio fue
reiterado en las sentencias SU-128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215
de 2022.
Siguiendo los pronunciamientos de la Corte Constitucional, para superar
el primer elemento que compone a la relevancia, no basta con la mera
enunciación de los derechos fundamentales, sino que supone que la parte
actora en el escrito de tutela (1) invoque la vulneración de derechos
fundamentales; (2) exponga los motivos por los que considera la
providencia judicial está vulnerando tales derechos fundamentales y (3)
compruebe que la transgresión suponga un atentado contra el núcleo
esencial de los derechos invocados, requisitos que exigen del juez de
tutela un examen de los motivos aducidos por la parte actora para afirmar
que hay amenaza o vulneración de los derechos fundamentales,
comparados con el núcleo esencial del mismo.
En el asunto bajo examen, la parte actora alegó la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva,
buen nombre y patrimonio, con fundamento en que las decisiones
proferidas el 14 de diciembre de 2023 y el 30 de enero de 2024 por el
Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín, confirmadas en los
autos dictados el 15 de diciembre de 2023 y el 1 de febrero de 2024 por
la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, no
25
Sobre los elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 03 15 000 2022 02850 01.
26
Corte Constitucional. Sentencia SU-573 de 2019.
21
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Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara
tuvieron en cuenta que la orden de amparo era de imposible
cumplimiento.
Lo primero que advierte la Sala, es que “el patrimonio” no es un derecho
de carácter fundamental susceptible de ser protegido a través de la acción
de tutela, por lo que el examen del requisito de relevancia constitucional
se abordará respecto de aquellos derechos que tienen la naturaleza de
fundamentales, es decir, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el
buen nombre.
En cuanto al debido proceso y la tutela judicial efectiva, la Sala considera
que no se cumple el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la
parte actora no explicó las razones por las que la providencia atacada
afecta el contenido o núcleo esencial de dichos derechos. Al efecto, la
Corte Constitucional en la sentencia SU-103 de 2022 sostuvo que “para
acreditar el requisito de relevancia constitucional no es suficiente alegar
una violación del derecho al acceso a la administración de justicia o del
debido proceso con fundamento en una simple relación de los hechos del
caso con aquellos, sino que se exige demostrar, de manera razonable,
una restricción desproporcionada sobre algunos de sus elementos”.
Sobre este punto, la Corte Constitucional ha señalado que el núcleo
esencial del debido proceso está integrado por las siguientes garantías:
(i) el derecho a la jurisdicción; (ii) el derecho al juez natural; (iii) el
derecho a la defensa; (iv) el derecho a un proceso público; (v) el derecho
a la independencia del juez y (vi) el derecho a la independencia e
imparcialidad del juez27.
En cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva o derecho de acceso
efectivo a la administración de justicia, la Corte Constitucional ha
explicado que tiene un contenido múltiple del cual se pueden identificar
tres categorías, la primera, aquellas que tienen que ver con el acceso
efectivo de la persona al sistema judicial, la segunda, las garantías
27
Corte Constitucional. Sentencia C-341 de 2014.
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previstas para el desarrollo del proceso, la tercera, lo relacionado con la
ejecución material del fallo28.
La primera categoría comprende: (i) el derecho de acción; (ii) a contar
con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de
derechos y obligaciones; y (iii) a que la oferta de justicia permita el acceso
a ella en todo el territorio nacional. La segunda incluye el derecho a (iv)
que las controversias planteadas sean resueltas dentro de un término
prudencial y sin dilaciones injustificadas; (v) que éstas sean decididas por
un tribunal independiente e imparcial; (vi) a tener todas las posibilidades
de preparar una defensa en igualdad de condiciones; (vii) que las
decisiones sean adoptadas con el pleno respeto del debido proceso; (viii)
que exista un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo
de controversias; (ix) que se prevean herramientas necesarias para
facilitar el acceso a la justicia por parte de las personas de escasos
recursos. La última de éstas abarca (x) la posibilidad efectiva de obtener
respuesta acorde a derecho, motivada y ejecutable; y que (xi) se cumpla
lo previsto en ésta.
Teniendo en cuenta el contenido o núcleo esencial del derecho al debido
proceso y de acceso efectivo a la administración de justicia, se observa
que, la parte actora en el escrito de tutela no expuso ningún argumento,
ni se advierte de los hechos señalados que prima facie las precitadas
garantías puedan resultar comprometidas, por lo que el requisito general
de relevancia constitucional no está superado frente a estos dos derechos.
Situación distinta ocurre con el derecho al buen nombre, previsto por el
artículo 15 de la Constitución Política, toda vez que, el núcleo esencial de
este derecho está dirigido “a proteger la reputación o el concepto que de
un sujeto tienen las demás personas, ante expresiones ofensivas e
injuriosas, o la propagación de informaciones falsas o erróneas que
distorsionen dicho concepto”29. Además, la Corte Constitucional ha
28
Corte Constitucional. Sentencia T-799 de 2011.
29
Corte Constitucional. Sentencia T-007 de 2020.
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explicado que el derecho al buen nombre se diferencia del derecho a la
honra en que el primero “se refiere a la apreciación que se tiene del sujeto
por asuntos relacionales ligados a la conducta que observa en su
desempeño dentro de la sociedad” 30, mientras que el derecho a la honra
responde a la apreciación que se tiene de la persona a partir de su propia
personalidad y comportamientos privados directamente ligados a ella 31.
De esta manera, si la parte actora argumenta en la acción de tutela que
no ha vulnerado los derechos fundamentales del señor Rodrigo Javier
Cárdenas Múnera, pero las providencias judiciales atacadas sostienen que
sí, ello involucra prima facie el derecho al buen nombre, dado que, el
supuesto para que a las aquí accionantes se las haya sancionado por
desacato se fundamenta en que no han dado cumplimiento a la orden del
fallo de tutela, lo que está relacionado con la conducta que desempeñan
dentro de la sociedad.
Por consiguiente, el primer criterio de la relevancia está cumplido, toda
vez que el debate propuesto por la parte actora gira en torno al contenido
del derecho fundamental al buen nombre.
(ii) El segundo criterio que compone el requisito general de relevancia
constitucional, esto es, preservar la competencia y la independencia de
los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional, implica que
la discusión planteada no se limite a la determinación de aspectos legales
o de evidente naturaleza o contenido económico32.
En este caso, el segundo elemento de la relevancia se acredita, toda vez
que la discusión planteada por la parte actora no gira en torno a un
aspecto netamente legal o económico, sino que, como quedó visto, el
debate compromete el contenido y alcance del derecho fundamental al
buen nombre.
30
Ibidem.
31
Ibidem.
32
Corte Constitucional. Sentencia SU-573 de 2019.
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(iii) El tercer componente de la relevancia constitucional es impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces, lo que conlleva a que en la
solicitud de amparo no sea procedente discutir asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia
judicial33.
En este caso, el tercer elemento también se comprueba, comoquiera que
la accionantes no están utilizando la acción de tutela como una instancia
adicional para controvertir el análisis probatorio o la interpretación de las
normas que hicieron los jueces naturales de la causa, sino que su
inconformidad radica en que no había lugar a sancionarlas por desacato,
ante la imposibilidad material para cumplir lo ordenado en el fallo de
tutela.
Por lo anotado, el requisito general de relevancia constitucional está
superado por cuanto están cumplidos los tres elementos que la
componen.
Ahora bien, frente a los demás requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, la Sala advierte lo siguiente:
(i) La parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para
controvertir las decisiones proferidas en los trámites incidentales; (ii) la
acción de tutela se presentó dentro de un término razonable34 habida
cuenta que las providencias que resolvieron el grado jurisdiccional de
consulta fueron proferidas por el tribunal accionado el 15 de diciembre de
2023 y el 1 de febrero de 2024, y la tutela fue radicada el 27 de febrero
de 2024; (iii) la accionante manifestó en qué irregularidades incurrieron
33
Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
34
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de
agosto de 2014, Radicado nro. 11001-03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio
Ramírez Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de
Estado – Sección Primera, donde se dijo que acogiendo la jurisprudencia de la Corte
Constitucional era razonable que se presentara el amparo máximo en seis (6) meses
después de notificada la providencia que se cuestionaba en sede constitucional, sin
perjuicio de estudiar en cada caso, las circunstancias particulares para determinar el
cumplimiento del requisito de inmediatez.
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los autos cuestionados; (iv) no se trata de una providencia contentiva de
una sentencia de tutela y (v) la situación que se afirma generó la
vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente
puntualizada.
Adicionalmente, cuando la acción de tutela se presenta contra
providencias proferidas en un trámite incidental, la Corte Constitucional,
en la sentencia SU-034 de 2018, indicó que, además del cumplimiento de
los requisitos generales, deberá verificarse que: “(…) i) La decisión
dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que
la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el
trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso– (…)
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser
consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de
desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas,
que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar
nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato
y que el juez no tenía que practicar de oficio (…)”.
En este evento, estos requisitos adicionales también están superados,
dado que la acción de tutela se presentó una vez finalizados los trámites
incidentales y los argumentos de las accionantes no están encaminados a
presentar cuestionamientos distintos a los señalados en el expediente o a
solicitar nuevas pruebas, sino que su inconformidad radica en que no
había lugar a sancionarlas por desacato, dado que la orden de tutela era
de imposible cumplimiento.
En este punto, la Sala advierte que en el escrito de tutela, las actoras
alegaron que las providencias atacadas incurrieron en desconocimiento
del precedente de la sentencia SU-034 de 2018 proferida por la Corte
Constitucional; sin embargo, no cumplieron con la carga de identificar
cuál fue la regla jurisprudencial desatendida y que resultaba aplicable al
caso, lo que supone identificar los problemas jurídicos resueltos, junto
con las pretensiones y los fundamentos de hecho y de derecho, lo que le
impide al juez constitucional descender en el examen de este reparo. Lo
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mismo ocurre en cuanto al defecto fáctico, dado que las accionantes no
identificaron, en el escrito de tutela ni en la impugnación, las pruebas que
dejaron de ser valoradas en los trámites incidentales, sino que se
limitaron a señalar que hubo una valoración defectuosa del material
probatorio.
En consecuencia, y comoquiera que están cumplidos los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra la providencia
judicial que se profiere en un trámite incidental, hay lugar a descender al
estudio del defecto por violación directa de la Constitución, lo que se
fundamenta en que los autos cuestionados vulneran los derechos
fundamentales al desconocer el procedimiento establecido por la UARIV
para el reconocimiento de la indemnización administrativa, dado que no
era posible el cumplimiento de la orden de amparo, por lo que podría estar
comprometido el artículo 15 de la Constitución Política, que establece el
derecho al buen nombre, en tanto que las providencias cuestionadas
sancionaron por desacato a las aquí accionantes al considerar que no
habían dado cumplimiento a la orden de amparo.
6.3.2. Requisitos o causales especiales de procedibilidad
invocados en el caso concreto
En este caso, lo alegado por la parte actora es que las providencias
atacadas incurrieron en el defecto de violación directa de la
Constitución. Esta causal de procedibilidad se fundamenta en el principio
de supremacía constitucional previsto en el artículo cuarto Superior, en
virtud del cual los preceptos y mandatos allí dispuestos son normas
jurídicas de aplicación inmediata, de carácter vinculante y eficacia directa,
cuya fuerza normativa impone a todos los operadores judiciales el deber
de velar por su cumplimiento y prevalencia35.
A este respecto, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que el
actual ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los
35
Corte Constitucional. Sentencia SU-024 de 2018.
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preceptos superiores, al punto en que de ellos se derivan mandatos y
previsiones cuya aplicación corresponde a las distintas autoridades y, en
determinados eventos, a los particulares. En esas circunstancias, resulta
plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través
de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e
irrazonablemente tales postulados36.
En criterio de la Corte Constitucional, esta causal tiene lugar cuando el
juez ordinario adopta una decisión que representa la inaplicación de una
norma constitucional para el caso concreto, o cuando aplica una norma
de rango inferior a la constitucional, al margen de los dictados de la
Constitución37.
La Corte ha explicado que la violación directa de la Constitución debe ser
entendida como una causal específica autónoma de procedencia del
amparo constitucional contra una decisión judicial, ante la exigencia de
razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo que
realizan los jueces o autoridades administrativas, el cual siempre estará
sujeto, entre otros aspectos, a la concordancia con la Carta Política38.
Esta causal de procedibilidad de la acción de tutela no supone el
desconocimiento de cualquier norma constitucional sino concretamente la
infracción de normas superiores relativas a derechos y garantías
fundamentales, en consideración a que es precisamente para el amparo
de éstos que se encuentra instituida en la Carta Política la acción de tutela.
Por ende, es indispensable que el análisis que efectúe el juez al examinar
esta causal se circunscriba a las citadas normas constitucionales.
En el asunto bajo examen, las accionantes controvierten los autos
proferidos el 14 de diciembre de 2023 y el 30 de enero de 2024 por el
Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín que las sancionaron
con multa de 1 SMLMV, a cada una, por desacato de orden judicial, así
36
Corte Constitucional. Sentencia SU-1073 de 2012.
37
Corte Constitucional. Sentencia T-704 de 2012. En este mismo sentido pueden verse
las sentencias T-967 de 2014, T-310 de 2009 y T-555 de 2009.
38
Corte Constitucional. Sentencia T-088 de 2018.
28
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como los dictados el 15 de diciembre de 2023 y el 1 de febrero de 2024
por la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
que confirmaron dichas sanciones. Como argumento, aducen que no era
posible el cumplimiento de lo ordenado en el fallo de tutela.
Para fundamentar lo anterior, indicaron que en el año 2023 la UARIV
aplicó el método técnico de priorización al caso del señor Rodrigo Javier
Cárdenas Múnera con el fin de determinar, de manera proporcional a los
recursos presupuestales asignados a dicha unidad para esa vigencia, el
orden de entrega de la indemnización reconocida; sin embargo, el
resultado de la aplicación de dicho método arrojó que no era procedente
la entrega de la indemnización.
Agregaron que teniendo en cuenta el procedimiento administrativo
establecido en la Resolución 1049 de 2019, a la UARIV le es imposible
otorgar una fecha de pago de la precitada indemnización, debido a que,
una vez aplicado el método técnico de priorización al caso del señor
Cárdenas Múnera, este no se ubicó dentro del universo de víctimas que
accederían a la indemnización administrativa conforme a la disponibilidad
presupuestal asignada a la entidad para el año 2023, debido a que no
obtuvo el puntaje mínimo requerido, y tampoco acreditó ninguna
situación de urgencia o extrema vulnerabilidad. Por lo anterior,
aseguraron que, se procederá a aplicarle nuevamente el método en la
presente vigencia de 2024.
La Sala, para determinar si se incurrió en el defecto de violación directa
de la Constitución, estima pertinente referirse a las actuaciones más
relevantes surtidas en los trámites incidentales de desacato, de la
siguiente manera:
(i) Se recuerda que el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín,
en sentencia proferida el 26 de octubre de 2023 dispuso: “(…) Ordenar a
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas, que en el término improrrogable de ocho (8) días, contados
a partir de la notificación de esta decisión, brinde una respuesta clara, de
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fondo y congruente a la petición formulada por el señor Rodrigo Javier
Cárdenas Múnera desde el pasado el 11/09/2023, informándole un plazo
aproximado y el orden en el que podrá acceder a la medida, o en su
defecto, indicarle la vigencia en la cual le será entregada la misma; lo
anterior, sin vulnerar el derecho de igualdad frente a las demás victimas
que se encuentren en las mismas condiciones (…)”. Dicha decisión fue
confirmada por el Tribunal Administrativo Antioquia, Sala Cuarta de
Oralidad, mediante sentencia proferida el 14 de noviembre de 2023.
(ii) El 29 de noviembre de 2023, el señor Rodrigo Javier Cárdenas Múnera
solicitó al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín que iniciara
incidente de desacato por el incumplimiento de la orden judicial proferida
el 26 de octubre de 2023.
(iii) Luego de surtido el trámite correspondiente, por auto del 14 de
diciembre de 2023, el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín
declaró que las señoras Sandra Viviana Alfaro Yara y Patricia Tobón Yagarí
habían incurrido en desacato a la orden de amparo impartida por dicho
despacho, y dispuso sancionarlas con multa equivalente a 1 salario
mínimo legal mensual vigente, a cada una, al estimar que:
“[…] se encuentra demostrado el incumplimiento al fallo de tutela y
que no existen motivos razonables para abstenerse de sancionar por
desacato al responsable de cumplir la orden dada en la sentencia y
a su superior jerárquico.
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, incumplir una
providencia judicial no solo afecta el acceso a la justicia, sino que
desconoce la prevalencia del orden constitucional y la realización de
los fines del Estado, vulnera los principios de confianza legítima, de
buena fe, de seguridad jurídica y de cosa juzgada, porque da al
traste con la convicción legítima y justificada de RODRIGO JAVIER
CÁRDENA MÚNERA, quien ha acudido a la acción de tutela,
esperando que la sentencia sea acatada por los funcionarios
destinatarios de las órdenes judiciales del caso, y permitirlo sería
propiciar una doble vulneración de derechos fundamentales, esta
vez, conjuntamente con el derecho al debido proceso […]”.
(iv) Por auto del 15 de diciembre de 2023, la Sala Cuarta de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la anterior decisión bajo la
siguiente consideración:
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“[…] Advierte la Sala Unitaria que, el derecho fundamental de
petición del accionante objeto de protección de la sentencia de tutela
que dio lugar al presente trámite, sigue siendo desconocido por la
entidad demandada, pues a pesar de que se advirtió la necesidad de
una respuesta de fondo a la solicitud de Reparación Administrativa,
la UARIV continúa ofreciendo igual respuesta que no cumple con las
características requeridas ante el derecho fundamental de petición
protegido en sede de tutela.
En este orden de ideas, encuentra la Sala Unitaria que la entidad
accionada UARIV despliega una conducta negligente y renuente
frente al cumplimiento a la orden judicial proferida por el Juez de
Primera Instancia, la cual se encuentra en firme (…).
Si bien en respuesta otorgada al Juzgado de Instancia, frente a los
requerimientos realizados, la Unidad invocó una serie de
argumentos relacionados con la imposibilidad jurídica de ofrecer una
fecha cierta de pago, debido a criterios de priorización y
disposiciones administrativas en la materia, lo cierto es que bajo las
características especiales del caso, en el que ya existe un
reconocimiento a través de un acto administrativo expedido el 12 de
marzo del año 2020 a través de la Resolución No. 04102019-393765
(…) esto es, hace más de 3 años, y resulta claro el derecho que le
asiste al actor en la materia, es preciso que la UARIV despliegue
gestiones administrativas para establecer mínimamente una fecha o
vigencia en la que se haga el pago de la indemnización reclamada,
que no necesariamente debe delimitarse en este año que corre
2023, sino en la vigencia en que se cuente con los recursos en
proyección a los que se asignan a la entidad para estos fines; ello
daría al accionante un parte de certeza frente al desembolso del
pago y evidenciaría una orden en sede administrativa de la forma en
que se realiza el cumplimiento de las indemnizaciones reconocidas
[…]”.
(v) Por auto proferido el 30 de enero de 2024, el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín declaró, nuevamente, que las señoras Sandra
Viviana Alfaro Yara y Patricia Tobón Yagarí habían incurrido en desacato
a la orden de amparo impartida por dicho despacho y las sancionó, una
vez más, con una multa equivalente a 1 salario mínimo legal mensual
vigente. Al respecto, consideró que:
“[…] se encuentra demostrado el incumplimiento al fallo de tutela y
que no existen motivos razonables para abstenerse de sancionar por
desacato al responsable de cumplir la orden dada en la sentencia y a
su superior jerárquico.
Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional, incumplir una
providencia judicial no solo afecta el acceso a la justicia, sino que
desconoce la prevalencia del orden constitucional y la realización de
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los fines del Estado, vulnera los principios de confianza legítima, de
buena fe, de seguridad jurídica y de cosa juzgada, porque da al traste
con la convicción legítima y justificada de RODRIGO JAVIER CÁRDENA
MÚNERA, quien ha acudido a la acción de tutela, esperando que la
sentencia sea acatada por los funcionarios destinatarios de las
órdenes judiciales del caso, y permitirlo sería propiciar una doble
vulneración de derechos fundamentales, esta vez, conjuntamente con
el derecho al debido proceso.
Por supuesto, de acuerdo con la tarea encomendada por la
Constitución (art. 86 C.P.), esta funcionaria debe reiterar que la
finalidad de un incidente de desacato no es adelantar un juicio de
responsabilidad personal al funcionario obligado, antes bien, la
legítima garantía de ejecución de las sentencias y órdenes judiciales
se logra con la convicción justa de los servidores públicos, particulares
en ejercicio de funciones públicas y de las personas en general, de
actuar correcta, sensata y coherentemente en el cumplimiento de sus
deberes, pues obrar conforme al principio de solidaridad social,
respetar y apoyar a las autoridades, defender y difundir los derechos
humanos, propender al logro y mantenimiento de la paz y colaborar
para el buen funcionamiento de la administración de justicia, debe ser
un fin en sí mismo. Sin embargo, cuando no se logra el cumplimiento
de una orden judicial debidamente motivada, pese a los reiterados
requerimientos, procede entonces la imposición de sanciones […]”.
(vi) Por auto proferido el 1 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, confirmó la precitada decisión al
estimar que:
“[…] el derecho fundamental de petición del accionante objeto de
protección de la sentencia de tutela que dio lugar al presente trámite,
sigue siendo desconocido por la entidad demandada, pues a pesar de
que se advirtió la necesidad de una respuesta de fondo a la solicitud
de Reparación Administrativa, la UARIV continúa ofreciendo igual
respuesta que no cumple con las características requeridas ante el
derecho fundamental de petición protegido en sede de tutela.
La renuencia de la entidad resulta evidente, pues a pesar de que se
decidió otorgar la medida de indemnización administrativa por el
hecho victimizante de desplazamiento forzado a través de la
Resolución No 04102019-393765 del 12 de marzo de 2020, esto es,
hace casi cuatro (4) años, aún no se han desplegado acciones
concretas para atender la solicitud de entrega de la medida
indemnizatoria del actor, como víctima del conflicto armado, pese a
que la orden es clara en indicar que, se le debe informar un plazo
aproximado y el orden en el que podrá acceder a la medida, o en su
defecto, indicarle la vigencia en la cual le será entregada la misma.
En este orden de ideas, encuentra la Sala que la entidad accionada
UARIV despliega una conducta negligente y renuente frente al
cumplimiento a la orden judicial proferida por el Juez de Primera
Instancia, la cual se encuentra en firme (…).
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Observa la Sala que, en respuesta otorgada al Juzgado de Instancia,
frente a los requerimientos realizados, la Unidad invocó una serie de
argumentos relacionados con la imposibilidad jurídica de ofrecer una
fecha cierta de pago, debido a criterios de priorización y disposiciones
administrativas en la materia; sin embargo, bajo las características
especiales del caso, en el que ya existe un reconocimiento a través
de un acto administrativo expedido el 12 de marzo del año 2020 (…),
resulta claro el derecho que le asiste al actor en la materia, por lo que
la UARIV debe desplegar las gestiones administrativas para establecer
mínimamente una fecha o vigencia en la que se haga el pago de la
indemnización reclamada, que no necesariamente debe delimitarse
en el año 2024, sino en la vigencia en que se cuente con los recursos
en proyección a los que se asignan a la entidad para estos fines; ello
daría al accionante un parte de certeza frente al desembolso del pago
y evidenciaría una orden en sede administrativa de la forma en que
se realiza el cumplimiento de las indemnizaciones reconocidas […]”.
En ese contexto, la Sala advierte que los autos proferidos el 14 de
diciembre de 2023 y el 30 de enero de 2024 por el Juzgado Treinta y
Cinco Administrativo de Medellín, confirmados el 15 de diciembre de 2023
y el 1 de febrero de 2024 por la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, incurrieron en violación directa de la
Constitución del artículo 15 Superior; lo anterior, porque de las
consideraciones planteadas en dichas providencias, se desprende que las
hoy accionantes no han garantizado la protección del derecho
fundamental de petición del señor Rodrigo Javier Cárdenas Múnera.
No obstante, para la Sala es claro que la orden de amparo no era de
posible cumplimiento en los términos en que se profirió, comoquiera que,
tal como explicó la UARIV39 en las respuestas presentadas a los
requerimientos efectuados por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo
de Medellín en los trámites incidentales, no es posible para la entidad
informarle al señor Rodrigo Javier Cárdenas Múnera el plazo aproximado
en el que podrá acceder al pago de la indemnización administrativa
reconocida, o indicarle la vigencia en la cual le será entregada la misma,
pues dicha situación está sujeta al método técnico de priorización, el cual
39
Oficios identificados con los radicados nro. 2023-1939775-1 del 22 de noviembre de
2023, nro. 2023-2024637-1 del 2 de diciembre de 2023, nro. 2023-2079392-1 del 11
de diciembre de 2023, nro. 2023-2171381-1 del 19 de diciembre de 2023, nro. 2024-
0026439-1 del 23 de enero de 2024 y nro. 2024-0038568-1 del 26 de enero de 2024.
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se aplica anualmente de manera proporcional a los recursos asignados a
la unidad en la respectiva vigencia fiscal.
Para el caso del señor Cárdenas Múnera, el resultado del precitado método
aplicado en el año 2023 fue no favorable debido a que el puntaje mínimo
definido en dicha vigencia para acceder a la indemnización administrativa
era de 38.9898 y el puntaje obtenido en el caso particular fue de
22.52459, por lo que no había lugar a priorizarlo. En ese sentido, las
accionantes no podían dar cumplimiento a la orden de amparo, razón por
la cual no era procedente imponerles las sanciones por desacato.
Así las cosas, los autos proferidos el 14 de diciembre de 2023 y el 30 de
enero de 2024 por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín,
confirmados el 15 de diciembre de 2023 y el 1 de febrero de 2024 por la
Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia,
incurrieron en el defecto de violación directa de la Constitución, debido a
que infringieron el artículo 15 de la Constitución Política, que establece el
derecho al buen nombre, toda vez sancionaron por desacato a las aquí
accionantes con fundamento en que no habían cumplido la orden del fallo
de tutela, sin tener en cuenta que dicha orden era de imposible
cumplimiento.
En consecuencia, la Sala revocará el fallo de tutela proferido el 26 de abril
de 2024 por la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado que
declaró improcedente la acción de tutela, y en su lugar, amparará el
derecho fundamental al buen nombre de las accionantes.
Así mismo, se dejarán sin efectos los autos proferidos el 14 de diciembre
de 2023 y el 30 de enero de 2024 por el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín, así como los dictados el 15 de diciembre de
2023 y el 1 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo Antioquia,
Sala Cuarta de Oralidad, en los trámites incidentales por desacato de la
acción de tutela identificada con el radicado nro. 05001 33 33 035 2023
00468 00 y, en consecuencia, se ordenará al Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín que, en el término de diez (10) días contados
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www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001 03 15 000 2024 00956 01
Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara
a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión
teniendo en cuenta las consideraciones aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 26 de abril de 2024
por la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al buen nombre de las
señoras María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara, según
lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS los autos proferidos el 14 de diciembre
de 2023 y el 30 de enero de 2024 por el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín, así como los dictados el 15 de diciembre de
2023 y el 1 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo Antioquia,
Sala Cuarta de Oralidad, en los trámites incidentales por desacato de la
acción de tutela identificada con el radicado nro. 05001 33 33 035 2023
00468 00.
CUARTO: ORDENAR al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de
Medellín que, en el término de diez (10) días contados a partir de la
notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión teniendo en
cuenta las consideraciones aquí expuestas.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
SEXTO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
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Radicación: 11001 03 15 000 2024 00956 01
Accionantes: María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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