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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00956-00

Fecha
26 de abril de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-00956-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las señoras Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-00956-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

26 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00956-00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por las señoras Patricia Tobón
Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara contra el Tribunal Administrativo de Antioquia
y el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud de tutela

El 27 de febrero de 20241 las señoras Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana
Alfaro Yara, en nombre propio, interpusieron acción de tutela2 en procura de la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial
efectiva, al buen nombre y al patrimonio que consideraron vulnerados con los
autos proferidos el 15 de diciembre de 2023 y 1 de febrero de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia que, confirmaron los autos del 14 de diciembre de
2023 y del 30 de enero de 2024, dictados por el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín, a través de los cuales se les impuso multa de un (1)
salario mínimo legal mensual vigente, dentro del incidente de desacato de tutela
identificado con el radicado 05001333303520230046800.

1.1. Hechos

1.1.1. El 18 de octubre de 20233 Rodrigo Javier Cárdenas Munera interpuso
acción de tutela4 contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas ─ UARIV en procura de obtener la protección a su derecho fundamental
de petición, debido a la falta de respuesta a su solicitud de pago de indemnización

1
Índice 1, expediente digital de tutela.
2
Obra escrito de tutela en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 310AF266FEAD403A
D969AD6658439BA5 1B6F1F48B274F5B5 C4C4B66322EA9033.
3
Obra en el archivo 002ActaReparto, certificado 184BEE8A436FA827 F2EBF158CA1E042F FF80234E0C73182A
871F8F2F45B8666C, índice 10, expediente de tutela digital.
4
Obra en el archivo 001Demanda, Ibidem.

2
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00956-00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

administrativa por desplazamiento forzado, reconocida a través de la resolución
No. 04102019- 393765 del 12 de marzo de 2020.

1.1.2. El 26 de octubre de 2023 el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo Oral del
Circuito de Medellín concedió el amparo constitucional5, por lo que ordenó a la
UARIV brindar una respuesta clara, de fondo y congruente a la petición formulada
por el accionante, informándole un plazo aproximado y el orden en el que podrá
acceder a la medida o, en su defecto, le indique la vigencia en la cual le será
entregada aquella, sin vulnerar el derecho de igualdad frente a las demás victimas
que se encuentren en las mismas condiciones.

1.1.3. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de
sentencia del 14 de noviembre de 20236, confirmó la sentencia proferida por el
Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín.

1.1.4. El 29 de noviembre de 2023 Rodrigo Javier Cárdenas Munera presentó
incidente de desacato contra la UARIV7. El 14 de diciembre de 20238 el Juzgado
Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín consideró que Sandra
Viviana Alfaro Yara y Patricia Tobón Yagari, en calidad de directora de reparación
y directora general de la UARIV, respectivamente, incurrieron en desacato a la
sentencia del 26 de octubre de 2023 y, en consecuencia, las sancionó con multa
de un (1) salario mínimo legal mensual vigente para cada una.

1.1.5. El 15 de diciembre de 2023 el Tribunal Administrativo de Antioquia,
mediante auto9, confirmó la providencia consultada. Explicó que a pesar de que la
UARIV hizo alusión a la imposibilidad jurídica de ofrecer una fecha cierta de pago,
hace más de 3 años se reconoció el derecho a la indemnización administrativa de
la parte accionante, por lo que corresponde a la UARIV desplegar las gestiones
administrativas para establecer mínimamente una fecha o vigencia en la que se
hará el pago de la indemnización reclamada.

5
Obra en el archivo 008SentenciaPrimeraInstancia2023-00468, Ibidem.
6
Obra en el archivo 016SentenciaSegundaInstancia, certificado DA8395CBC33D7DD5 76EBEEA90E9CCB42
33AF7842AC460C9E FE67289DC433D743, índice 10, expediente de tutela digital.
7
Obra en el archivo 020IncidenteDesacato, Ibidem.
8
Obra en el archivo 029AutoDecideIncidenteDesacato2023-00468, certificado 93744924568327EE 44D48EE44B85E5CE
54CAFA7ED146E858 DFDF1DA530792E4A, índice 10, expediente de tutela digital.
9
Obra en el archivo 035AutoConsultaConfirmaSancion, certificado 84D6F93A2FD90FE8 52D2A687DC08B449
4268F7A8FB48A562 7228FDDB38A037C3, índice 10, expediente de tutela digital.

3
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00956-00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

1.1.6. El 22 de enero de 2024 Rodrigo Javier Cárdenas Munera presentó
nuevamente incidente de desacato contra la UARIV10. En auto del 30 de enero de
2024 el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Medellín11
nuevamente entendió que Sandra Viviana Alfaro Yara y Patricia Tobón Yagari, en
calidad de directora de reparación y directora general de la UARIV,
respectivamente, incurrieron en desacato a la sentencia del 26 de octubre de 2023
y, en consecuencia, otra vez las sancionó con multa de un (1) salario mínimo legal
mensual vigente.

1.1.7. De su lado, el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 1 de febrero de
202412, confirmó la providencia consultada y reiteró los argumentos expuestos en
el auto del 15 de diciembre de 2023.

1.2. Fundamentos de la acción de tutela

1.2.1. Las accionantes consideraron que se les vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al
patrimonio al entender que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente jurisprudencial y
violación directa de la Constitución. En concreto propusieron los argumentos que
se exponen a continuación.

Defecto sustantivo. Explicaron que se desconoció el precedente establecido en la
SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional, en la que se señala expresamente las
reglas para modular el cumplimiento de los fallos de tutela.

Defecto fáctico. Refirieron que las autoridades accionadas incurrieron en una
valoración defectuosa del material probatorio allegado al proceso, específicamente
en relación con lo dispuesto en la Resolución 01049 de 2019, en la que se explica
cómo es el procedimiento para la entrega de la indemnización administrativa a las
víctimas del conflicto armado.

10
Obra en el archivo 048Solicitudincidentedesacato, certificado 03DCD4BD75AAEA38 24BE28D283F3C80A
25FA835D8B51BA04 654721DFA3BD33BA, índice 10, expediente de tutela digital.
11
Obra en el archivo 058AutoDecideIncidenteDesacato2023-00468, certificado 403B63038A4F0E9C 7434948FCA3E98C8
EE31D7F69F286C04 CB139496E4347606, índice 10, expediente de tutela digital.
12
Obra en el certificado 4CED1307F3F67339 4022B29E1B9EE84A 56B02077633A95E7 8CF5791E2CE60ECD, índice 4,
expediente Rad. 05001333303520230046803.

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Sentencia de primera instancia
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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

Desconocimiento del precedente constitucional. Adujeron que en las providencias
atacadas se dejaron de atender los lineamientos fijados por la Corte
Constitucional.

Violación directa de la Constitución. Afirmaron que los jueces de tutela
desconocieron abiertamente “lo previsto en el Auto 206 de 2017 y el procedimiento
de reconocimiento de indemnización administrativa previsto en la Resolución
01049 de 2019”13.

Indicaron que en el caso del señor Rodrigo Javier Cárdenas Munera se aplicó el
Método Técnico de Priorización, y que, sin desconocer su calidad de persona
víctima del conflicto armado, este no presenta ninguna situación de vulnerabilidad
o urgencia manifiesta, por lo que resulta procedente dar prelación a otras
personas que sí presenten circunstancias de priorización.

Destacaron que para poder indemnizar al universo de víctimas existente es
necesario aumentar el presupuesto asignado para la vigencia 2023 a la Unidad
para las Víctimas en lo referente al otorgamiento de la medida de indemnización
administrativa, sin embargo, la entidad adelantó las gestiones administrativas
correspondientes para poder dar cumplimiento a lo ordenado por parte del fallo de
tutela, a la luz del debido proceso y así poder brindarle una respuesta efectiva.

Precisaron que el no pago inmediato de la indemnización no obedece a una
actitud negligente del funcionario público, sino al contexto de un estado de cosas
inconstitucionales por la violación masiva de derechos en el marco del conflicto
armado.

1.3. Pretensiones de la acción de tutela

La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:

“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial
efectiva, buen nombre y patrimonio de las suscritas.

SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y CINCO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA, inaplicar las siguientes sanciones:

13
Folio 8, del certificado 310AF266FEAD403A D969AD6658439BA5 1B6F1F48B274F5B5 C4C4B66322EA9033, índice 2.

5
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Sanción calendada el 14 de diciembre de 2023 consistente en multa de un (1) SMMLV., para
cada una.
Sanción confirmada mediante auto del 15 de diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo
de Antioquia. Sanción calendada el 30 de enero de 2024 consistente en multa de un (1)
SMMLV., para la suscrita (SANDRA VIVIANA ALFARO YARA). Sanción confirmada mediante
auto del 01 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y CINCO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, ANALICE /
ESTUDIE la declaratoria de cumplimiento de la providencia de instancia del 26 de octubre de
2023 confirmada mediante sentencia de segunda instancia del 14 de noviembre de 2023,
dentro del radicado 05001333303520230046800, en cumplimiento de la Sentencia SU- 034 de
2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en la medida que se cumplió con la
orden al expedir la Resolución No. 04102019-393765 del 12 de marzo de 2020, que
reconoció el derecho a la entrega de las indemnización administrativa a RODRIGO JAVIER
CARDENAS MUNERA y dispuso la aplicación del método técnico de priorización al particular
con sus respectivos resultados de los años 2021, 2022 y 2023.

CUARTO: ORDENAR al JUZGADO TREINTA Y CINCO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE MEDELLÍN o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, que comunique a la
autoridad encargada de la ejecución de las sanciones pecuniarias, que las mismas se han
levantado con ocasión al cumplimiento de la orden judicial de tutela.

QUINTO: CONMINAR al JUZGADO TREINTA Y CINCO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE MEDELLÍN o al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, a que acate y aplique los
precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción, previa
acreditación del cumplimiento de la orden, con base en la naturaleza persuasiva del incidente
de desacato.”14.

2. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

Mediante auto del 28 de febrero de 202415 se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia y al Juzgado Treinta y
Cinco Administrativo de Medellín, en calidad de demandados y al señor Rodrigo
Javier Cárdenas Munera, en calidad de tercero con interés.

2.1. Contestaciones

2.1.1. El Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín16 señaló que las
sanciones impuestas se debieron a que la parte accionada no acreditó el
cumplimiento efectivo de la orden de tutela, por lo que no existe vulneración
alguna por parte de ese despacho.

2.1.2. Rodrigo Javier Cárdenas Munera17 solicitó que se ordenara a las
accionantes dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia del 26 de

14
Folio 20, Ibídem.
15
Obra en el certificado 1B2E0484D6E9DA1A 3EF5E4DCB58E7F86 3CDDEA052AD41B5A 9E37415B36576F12, índice 4,
expediente de tutela digital.
16
Obra en el certificado 9EA4A27CF741F00A 12EF320A068834A7 0C268B771DC688B5 216EFEF7AC1E95D3, índice 10,
expediente de tutela digital.
17
Obra en el certificado 1F1B2FA17E593692 3F76104C4B5E1B0A D49BA20F3274D377 5890157A65E6307A, índice 29,
expediente de tutela digital.

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octubre de 2023 proferida por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo Oral del
Circuito de Medellín.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política,
37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de
Estado 080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la tutela actual.

2. Problema jurídico

La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales. En caso afirmativo, se
determinará si se incurrió en las causales específicas o defectos denunciados.

3. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

3.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”18.

En efecto, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber19: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa
y justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de
aquellos y (ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al
proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo especial constitucional está instituido para proteger derechos
fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la
decisión judicial.

18
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
19
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001 03 15 000 2012 02201 01, C.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.

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Sentencia de primera instancia
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Por su parte, la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-215 de 202220,
advirtió que para analizar si una acción de tutela cumplía con el requisito de
relevancia constitucional, era necesario verificar

“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales”.

Así mismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en
contra de una providencia judicial emitida por una Alta Corte, resultaba mandatorio
advertir, además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales.”.

3.2. Para la Sala se torna evidente que el amparo impetrado no satisface el
requisito de relevancia constitucional, puesto que se advierte como un medio
dirigido a revivir el análisis efectuado por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo
de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del incidente de
desacato de tutela identificado con el radicado 05001333303520230046800, como
si este mecanismo fuera una instancia adicional, según se explicará.

3.3. Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara alegaron, en esencia, que
las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta que en este caso
particular, existe una imposibilidad de establecer el orden en que se hará la
entrega de la indemnización, así como la fecha en que se recibirá el desembolso
respectivo, de acuerdo con el método técnico de priorización.

3.4. Ahora bien, al verificar los argumentos vertidos en el auto del 14 de diciembre
de 2023 por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín, se dilucidan
las siguientes consideraciones:

“La UNIDAD DE VÍCTIMAS se pronunció dentro del término otorgado en los requerimientos
efectuados, reiterando la imposibilidad de dar cumplimiento a la orden emitida, toda vez que el
accionante hasta la fecha no había acreditado requisitos de priorización para el pago de la
medida, una vez aplicado el método técnico de priorización conforme los lineamientos legales
(Archivos 024 y 028).

Ha de concluirse entonces que se encuentra demostrado el incumplimiento al fallo de tutela y
que no existen motivos razonables para abstenerse de sancionar por desacato al responsable
de cumplir la orden dada en la sentencia y a su superior jerárquico.

20
Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Sentencia de primera instancia
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Accionante: María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

Ahora, conforme a la jurisprudencia constitucional21, incumplir una providencia judicial no solo
afecta el acceso a la justicia, sino que desconoce la prevalencia del orden constitucional y la
realización de los fines del Estado, vulnera los principios de confianza legítima, de buena fe, de
seguridad jurídica y de cosa juzgada, porque da al traste con la convicción legítima y justificada
de RODRIGO JAVIER CÁRDENA MÚNERA, quien ha acudido a la acción de tutela, esperando
que la sentencia sea acatada por los funcionarios destinatarios de las órdenes judiciales del
caso, y permitirlo sería propiciar una doble vulneración de derechos fundamentales, esta vez,
conjuntamente con el derecho al debido proceso.

Por supuesto, de acuerdo con la tarea encomendada por la Constitución (art. 86 C.P.), esta
funcionaria debe reiterar que la finalidad de un incidente de desacato no es adelantar un juicio
de responsabilidad personal al funcionario obligado, antes bien, la legítima garantía de
ejecución de las sentencias y órdenes judiciales se logra con la convicción justa de los
servidores públicos, particulares en ejercicio de funciones públicas y de las personas en
general, de actuar correcta, sensata y coherentemente en el cumplimiento de sus deberes,
pues obrar conforme al principio de solidaridad social, respetar y apoyar a las autoridades,
defender y difundir los derechos humanos, propender al logro y mantenimiento de la paz y
colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia, debe ser un fin en sí
mismo. Sin embargo, cuando no se logra el cumplimiento de una orden judicial debidamente
motivada, pese a los reiterados requerimientos, procede entonces la imposición de sanciones.

Por todo lo expuesto, de acuerdo con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, resulta
imperativo sancionar a la Directora de Reparación de la UNIDAD DE VÍCTIMAS, SANDRA
VIVIANA ALFARO YARA y a la Directora de la UNIDAD DE VÍCTIMAS, PATRICIA TOBÓN
YAGARI, por desacato a la sentencia de tutela, al pago de una multa equivalente a un (1)
salario mínimo legal mensual vigente, para cada una de las funcionarias.”22.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Antioquia en el auto del 15 de diciembre
de 2023, explicó:

“[E]ncuentra la Sala Unitaria que la entidad accionada UARIV despliega una conducta
negligente y renuente frente al cumplimiento a la orden judicial proferida por el Juez de Primera
Instancia, la cual se encuentra en firme; incumplimiento que, en razón al carácter subjetivo del
incidente de desacato, en consideración del Juzgado de Instancia, recae sobre la Directora de
Reparación de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –UARIV–, SANDRA VIVIANA ALFARO YARA,
pues a pesar de que se dio apertura al incidente de desacato, notificándose a la misma de
dicha decisión, no aportó ni si quiera en sede de consulta, prueba alguna encaminada a
acreditar una respuesta de fondo al derecho de petición de la accionante, y manteniendo su
conducta renuente a proteger dicho derecho fundamental.

Si bien en respuesta otorgada al Juzgado de Instancia, frente a los requerimientos realizados,
la Unidad invocó una serie de argumentos relacionados con la imposibilidad jurídica de ofrecer
una fecha cierta de pago, debido a criterios de priorización y disposiciones administrativas en la
materia, lo cierto es que bajo las características especiales del caso, en el que ya existe un
reconocimiento a través de un acto administrativo expedido el 12 de marzo del año 2020 a
través de la Resolución No. 04102019-393765 (Archivo 01) esto es, hace más de 3 años, y
resulta claro el derecho que le asiste al actor en la materia, es preciso que la UARIV despliegue
gestiones administrativas para establecer mínimamente una fecha o vigencia en la que se haga
el pago de la indemnización reclamada, que no necesariamente debe delimitarse en este año
que corre 2023, sino en la vigencia en que se cuente con los recursos en proyección a los que
se asignan a la entidad para estos fines; ello daría al accionante un parte de certeza frente al
desembolso del pago y evidenciaría una orden en sede administrativa de la forma en que se
realiza el cumplimiento de las indemnizaciones reconocidas.”23.

21
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-367 de 2014.
22
Folios 3-4, archivo 029AutoDecideIncidenteDesacato2023-00468, certificado 93744924568327EE 44D48EE44B85E5CE
54CAFA7ED146E858 DFDF1DA530792E4A, índice 10, expediente de tutela digital. Estos argumentos fueron reiterados en
el auto del 30 de enero de 2024 proferido por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín.
23
Folios 4-5, archivo 035AutoConsultaConfirmaSancion, certificado 84D6F93A2FD90FE8 52D2A687DC08B449
4268F7A8FB48A562 7228FDDB38A037C3, índice 10, expediente de tutela digital. Postura reiterada en el auto del 1 de
febrero del 2024 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00956-00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

3.5. Luego de lo relatado, se observa que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados al interior del
incidente de desacato, los que además ya fueron valorados por las autoridades
judiciales accionadas en las providencias censuradas, lo que finalmente se
traduce en una pretensión económica tendiente a que se deje sin efectos las
multas impuestas por incumplir con el fallo de tutela objeto de controversia.

Se advierte que en el trámite incidental las autoridades accionadas de manera
reiterada señalaron que la UARIV no ha cumplido adecuadamente con la orden de
tutela, esto es, dar respuesta de fondo, clara y concreta a la petición presentada
por Rodrigo Javier Cárdenas Munera, indicándole el orden en el que se encuentra
para la entrega de la indemnización y la fecha estimada en que recibirá el
desembolso al cual tiene derecho en virtud del acto administrativo expedido el 12
de marzo del año 2020 ─ Resolución No. 04102019-393765, esto es, hace más de
3 años, por medio de la cual se decidió reconocer la indemnización administrativa
por el hecho victimizante de desplazamiento forzado y aplicar el método de
priorización, con el fin de determinar el orden de entrega de los recursos.

Específicamente las autoridades accionadas no encontraron una justificación
válida para dejar de cumplir con lo dispuesto en el fallo de tutela de segunda
instancia y, por el contrario, evidenciaron la ausencia de acciones tendientes a
logar el cumplimiento de la orden impartida.

A partir de las referidas consideraciones, se advierte que través del escrito de
tutela la parte actora no presenta argumentos con relevancia constitucional que
permitan entrar al análisis de fondo del presente asunto, más allá de su
inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del asunto.

3.6. Resulta claro que la parte accionante pretende utilizar la acción de tutela
como si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, las críticas
contenidas en el escrito tuitivo buscan reabrir el debate que tuvo lugar en el
trámite incidental de tutela, con lo cual el asunto sale de la competencia del juez
constitucional.

3.7. Al respecto, debe insistirse en que la procedencia de la acción de tutela en
contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para
desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa

10
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00956-00
Accionante: María Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

juzgada y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de
validez” y no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada24, lo que se
opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de
los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron
en el curso del proceso ordinario25.

4. En consecuencia, el presupuesto de relevancia constitucional, como se expuso,
no se encuentra superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte
improcedente.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las
señoras Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

24
Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
25
Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.

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