Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04016-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-04016-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-04016-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
5 de septiembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04016-00
Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04016-00
Demandante: SANDRA VIVIANA ALFARO YARA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA CUARTA
Y OTRO
TEMAS: Tutela contra providencia judicial – Ampara los derechos
fundamentales de la accionante. Ausencia del elemento
subjetivo - Imposibilidad jurídica de cumplir la orden de tutela –
cumplimiento de la Resolución 1049 de 15 de marzo de 2019.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela promovida por la señora
Sandra Viviana Alfaro Yara, en su calidad de directora técnica de reparación de la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, en adelante UARIV, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Cuarta y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, de
conformidad con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 del 6 de abril de 2021.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
Mediante escrito presentado el 1 de agosto de 2024, la señora Sandra Viviana Alfaro
Yara, en su calidad de directora técnica de reparación de la UARIV, radicó acción
de tutela con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al patrimonio.
Las referidas garantías fundamentales las consideró transgredidas con ocasión de
la providencia de 20 de junio de 2024, por medio de la cual, el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta confirmó la decisión de 31 de mayo de
2024, en la que el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín sancionó1 a la tutelante en el marco de un incidente de desacato que
presentó el señor Kevin Arley Martínez Gómez, y que se identificó con el radicado
número 05001-33-33-004-2024-00081-03.
1
A la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en su calidad de directora técnica de reparación de la
UARIV, la sancionaron con una multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ello
con ocasión a que presuntamente no cumplió la orden contemplada en las sentencias de 4 de abril
de 2024 y 21 de mayo de 2024, proferidas en primera y segunda instancia por el juzgado y tribunal
aquí demandados, respectivamente, en el marco de una acción de tutela promovida por el señor
Kevin Arley Martínez Gómez contra la UARIV.
1
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Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta y otro
1.2. Pretensiones
La parte accionante presentó las siguientes:
PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial
efectiva, buen nombre y patrimonio.
SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL
DE MEDELLIN, inaplicar la sanción impuesta a la suscrita, a través de auto fechado el 31 de
mayo de 2024, confirmada en auto de fecha 20 de junio de 2024 por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA CUARTA, consistente en multa de tres (03)
SMLMV, contra la suscrita.
TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN,
proferir una nueva decisión que estudie de fondo las solicitudes de inaplicación de la sanción
presentada por parte de la unidad para las víctimas, observando los asuntos relevantes dentro
del trámite sancionatorio por desacato en el acápite de los hechos y las consideraciones de la
Sentencia SU-034 de 2018 y el Auto 206 de 2019 de la Corte Constitucional.
CUARTO: ORDENAR al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN que
comunique a la autoridad encargada de la ejecución de la sanción de multa impuesta en auto
de 31 de mayo de 2024, que la misma se ha levantado con ocasión a la acreditación de la
imposibilidad del cumplimiento de la orden judicial de tutela y atendiendo lo dispuesto en la
Resolución No. 1049 de 2019 y la jurisprudencia aplicable al caso del Consejo de Estado y la
Corte Suprema de Justicia.
QUINTO: CONMINAR al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLIN y al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA CUARTA, a que acate y aplique los
precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción, previa
acreditación del cumplimiento de la orden y/o acreditando las razones que imposibilitan su
cumplimiento, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato 2.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta providencia:
1.3.1. El 18 de abril de 2024, el señor Kevin Arley Martínez Gómez3 solicitó que se
iniciara un incidente de desacato contra la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en
su calidad de directora técnica de reparación de la UARIV, con ocasión a que no
cumplió la orden que tanto el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín como el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta
dieron en el marco de una acción de tutela.
1.3.2. La orden fue la siguiente:
SEGUNDO: ORDENAR al UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS –UARIV, que, en el
término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
providencia, proceda resolver de fondo la solicitud incoada por el señor KEVIN
2
Transcripción literal, por lo que puede contener errores.
3
Quien se encuentra incluido en el registro único de víctimas por el hecho victimizante de
DESPLAZAMIENTO FORZADO – RADICADO FUD N. ° NK000299541/LEY 1448 DE 2011.
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Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara
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ARLEY MARTINEZ GOMEZ el 18 de diciembre de 2024 (sic) tendiente a que se
le informe fecha aproximada en la cual se le hará efectivo el pago de la
indemnización administrativa que le fue reconocida a través de la resolución
No. 04102019-1080138 del 21 de abril de 2021, notificando en debida forma al
peticionario. Así mismo informar al Despacho sobre el cumplimiento de la presente
orden. (Negrilla fuera del texto original)
1.3.3. En providencia de 31 de mayo de 2024, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Medellín declaró que la señora Sandra Viviana Alfaro Yara,
en su calidad de directora técnica de reparación de la UARIV, incurrió en desacato
de la orden de tutela de 4 de abril de 2024.
De manera que, la sancionó con una multa de tres (3) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
1.3.4. En grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Cuarta, en providencia 20 de junio de 2024, decidió lo siguiente:
PRIMERO: CONFÍRMASE la providencia consultada, proferida el 31 de mayo de
2024 por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Medellín.
SEGUNDO: CONMÍNASE a Sandra Viviana Alfaro Yara en calidad de directora
técnica de reparaciones de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, para que acate oportunamente las órdenes judiciales y vele porque el
personal a su cargo observe el mismo comportamiento.
El fundamento de la decisión fue que «la incidentada no cumplió con la orden
impuesta en el fallo descrito al inicio de esta providencia, pues no obra constancia
alguna que acredite el cumplimiento de esta. Incluso, en el informe presentado
durante el trámite del incidente, la entidad aceptó su incumplimiento y manifestó que
está en imposibilidad para acatar la orden judicial».
El tribunal adujo que «la orden de tutela debe ser acatada de inmediato y por su
destinatario, porque, de lo contrario, no se cumplirá con el objeto de la acción que
no es otro que la efectiva vigencia de los derechos fundamentales. El elemento
subjetivo se halla plenamente establecido, pues, como se indicó anteriormente, la
incidentada aceptó su incumplimiento, pese a ser notificada en debida forma, lo cual
denota que su conducta ha sido omisiva y no se advierte la intención de cumplir o
hacer cumplir el fallo de tutela».
1.3.5. Inconforme con la sanción, en cuatro oportunidades4 se solicitó ante el
Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, la inaplicación
de la sanción, con fundamento en que:
es de imposible cumplimiento informar una fecha aproximada en la cual se le hará
efectivo el pago de la indemnización administrativa o el turno en el que está para el
pago, puesto que como se ha informado en pasadas defensas, el procedimiento para
el acceso a la medida indemnizatoria será tramitado por la R. 1049 de 2019, teniendo
en cuenta que la parte accionante no ha acreditado uno de los criterios de priorización
establecidos en la R. 1049 de 2019 y primero de la Resolución 582 de 2021, razón
por la cual me permito insistir en que se procederá nuevamente con la aplicación del
método técnico de priorización en la vigencia del año 2024.
4
Por conducto de la representante judicial de la UARIV.
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Mencionó también lo siguiente:
si la Unidad procede a otorgar fechas de pago inmediatas, sin tener en cuenta el
procedimiento y con los criterios de priorización, se vulneraría el derecho de aquellas
personas que tienen un criterio de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad a ser
priorizadas, toda vez que involucra el presupuesto que primordialmente debe ser
destinado a ellas, protección que se deriva de diferentes pronunciamientos de la Corte
Constitucional; pero además, el derecho a la igualdad que le asiste a las víctimas que
al no estar en las situaciones de vulnerabilidad, debe aplicárseles las reglas del
método técnico de priorización que permite establecer si de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal de la Unidad en la presente vigencia pueden ser
indemnizadas.
Además, expuso que la entidad aplicó el «Método Técnico de Priorización», el 25
de agosto de 2023, y que para el caso en particular del señor Kevin Arley Martínez
Gómez, el resultado fue «no favorable».
Por lo anterior, adujo que «la Unidad aplicará durante el transcurso del año 2024 el
método técnico de priorización e informará el resultado de este proceso, de tal
manera que, si el resultado es favorable, la entrega de la indemnización
administrativa será de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la entidad. Si,
por el contrario, el resultado es no favorable, al señor KEVIN ARLEY MARTINEZ
GOMEZ se le aplicará nuevamente el «Método Técnico de Priorización», en el año
siguiente».
1.3.6. Por su parte, en providencias de 25 de junio, 4 de julio, 18 de julio y 25 de
julio de 2024, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín
no accedió a la inaplicación que solicitó la parte incidentada.
Ello con base en que «no está demostrado el cumplimento a la orden dictada ni
tampoco se acredita imposibilidad material respecto de otorgar respuesta en los
términos indicados en la mencionada providencia, pues a pesar de que la entidad
ha realizado la aplicación del método técnico de priorización, y le ha informado al
accionante que no ha sido favorable, dicha respuesta no satisface lo ordenado».
1.4. Fundamentos de la solicitud
La señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en su calidad de directora técnica de
reparación de la UARIV, adujo que, con las providencias de 20 de junio y 31 de
mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta y el Juzgado
Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, respectivamente,
transgredieron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial
efectiva, al buen nombre y al patrimonio.
Expuso que las providencias incurrieron en los siguientes yerros:
1.4.1. Desconocimiento del precedente: mencionó la sentencia SU - 034 de 2018,
proferida por la Corte Constitucional5, «que señala expresamente las reglas
jurisprudenciales, para que los jueces de tutela de primera instancia modulen el
5
Si bien cuando mencionó esta providencia hizo referencia a un defecto sustantivo, lo cierto es que
la sala lo adecúa en un defecto por desconocimiento del precedente.
4
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cumplimiento del fallo, en especial los que se relacionan con el pago de
indemnización administrativa».
También trajo a colación la sentencia T-351 de 2011, específicamente el siguiente
fragmento:
el sentido, alcance y fundamento normativo de obligatoriedad de los
pronunciamientos de la Corte Constitucional varía según se trate de fallos de
constitucionalidad o de revisión de tutelas. No obstante, ambos tienen en común, que
se deben acatar (i) para garantizar el carácter normativo de la Constitución como
norma de normas, en tanto la Corte Constitucional es el intérprete autorizado de la
Carta, y (ii) para unificar la interpretación de los preceptos constitucionales por
razones de igualdad.
1.4.2. Defecto fáctico: adujo que el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Cuarta y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, en
las sentencias reprochadas «valoraron defectuosamente los escritos proferidos por
la UARIV, así como la resolución que resolvió el reconocimiento de la medida
indemnizatoria y el oficio de no favorabilidad del actor de la acción constitucional».
Expuso que los medios de convicción se analizaron de forma arbitraria, irracional y
caprichosa, puesto que «sin razón valedera da por no probado el hecho del
incumplimiento de la sentencia, y adicionalmente no tiene en cuenta las
explicaciones manifestadas en distintas oportunidades relacionadas con el debido
proceso administrativo gestado en la Resolución 01049 de 2019, respecto a cómo
es el procedimiento para la entrega de la indemnización administrativa a las víctimas
del conflicto armado dentro de un marco de igualdad entre las víctimas».
Adicionalmente, expuso que, no se valoró de forma íntegra «el informe de
cumplimiento dado al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DE
MEDELLIN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA CUARTA,
en donde se manifestó el resultado de la aplicación del método técnico de
priorización y la imposibilidad de indicar un plazo aproximado y un orden para que
se realice el pago efectivo de la indemnización contenida en la Resolución
No.04102019- 1027827 del 19 de abril de 2021 esto, sin vulnerar el derecho de
igualdad frente a las demás personas que estén en las mismas condiciones,
vislumbrando un hecho superado respecto del objeto de la Litis propuesta en la
acción constitucional».6
1.4.3. Violación directa de la Constitución: arguyó que con las decisiones del
Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta y el Juzgado Cuarto
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, se evidencia arbitrariamente la
afectación de los principios constitucionales, tales como, el debido proceso, la
igualdad, la seguridad jurídica, la confianza legítima en el sistema judicial y la buena
fe.
Ello, por desconocer lo previsto en el auto 206 de 2017 y el procedimiento de
reconocimiento de indemnización administrativa previsto en la Resolución 01049 de
2019.
6
Transcripción literal, por lo que puede contener errores.
5
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1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 5 de agosto de 2024, el despacho sustanciador de esta decisión
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la accionante, al Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Medellín, y le otorgó el término de dos días para que rindieran
el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
Asimismo, vinculó como terceros con interés, al señor Kevin Arley Martínez Gómez
[quien actuó como incidentante en el trámite de desacato identificado con el
radicado número 05001-33-33-004-2024-00081- 03], para que, si lo consideraba del
caso, interviniera en la presente tutela, dentro del término de dos (2) días, contados
a partir de la fecha de recibo de dicha providencia.
De igual forma, negó la solicitud de medida provisional, y ordenó a la Oficina de
Sistemas del Consejo de Estado que realizara una publicación en la página web de
la corporación con la información de la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento
de los terceros interesados. También, requirió a las autoridades judiciales
respectivas la remisión digital del expediente del proceso ordinario donde se
dictaron las providencias censuradas.
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes, tal como se verifica en los índices
pertinentes del aplicativo Samai, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta
En intervención de 9 de agosto de 2024, el magistrado ponente del fallo de tutela
de 21 de mayo de 2024, y del desacato en consulta de fecha 20 de junio de 2024
rindió informe en el presente trámite tutelar, e hizo un recuento de los hechos y
pretensiones que suscitaron la presente acción constitucional.
Precisó que la presente acción constitucional no reviste de relevancia constitucional,
en consideración a que: (i) versa sobre un asunto meramente legal, (ii) busca reabrir
un debate ya concluido, en el que no se advierte una actuación arbitraria o ilegítima
por parte de las autoridades judiciales accionadas, y (iii) la acción interpuesta por la
accionante no fundamentó en debida forma el referido requisito, por cuanto el
amparo deprecado por la señora Alfaro Yara es un medio dirigido a revivir el análisis
efectuado por las autoridades judiciales accionadas dentro del incidente de
desacato de tutela, como si este mecanismo fuera una instancia adicional.
Expuso que teniendo en cuenta la subsidiariedad que reviste la acción de tutela,
«no es viable en este caso la procedencia del mismo, pues la procedencia de la
acción de tutela en contra de las decisiones judiciales es de carácter residual y no
puede usarse para desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida
como un “juicio de validez” y no como un “juicio de corrección” de la decisión
cuestionada, lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva
instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación
del derecho que se resolvieron en el curso del proceso censurado».
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Dejó claro que en el presente asunto no puede desconocerse que es el criterio del
juez de conocimiento el que prevalece, por cuanto las posiciones planteadas en las
providencias cuestionadas vía tutela son válidas, razonadas y ajustadas a derecho;
además, tal como se indicó en precedencia, se encuentra amparado por los
principios de autonomía e independencia judicial que imponen respeto por la cosa
juzgada.
Indicó que lo que pretende la parte actora con esta acción es «cuestionar los fallos
de tutela, específicamente las órdenes impartidas, y obtener, por vía de la tutela
contra los autos que resolvieron las consultas, autorización para incumplir los
mandatos dados en orden a restablecer los derechos constitucionales del
demandante en aquella acción de tutela».
Mencionó que «la imposibilidad jurídica argüida por la accionante para evitar dar
cumplimiento a una providencia judicial, conlleva a su vez al desconocimiento de
garantías legales y garantías constitucionales reconocidas a las víctimas del
conflicto armado interno, como sujetos de especial protección constitucional».
Finalmente, solicitó que se declare la improcedencia de la presente acción
constitucional.
1.6.2. Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín
En correo electrónico de 9 de agosto de 2024, remitió copia del expediente digital
del incidente de desacato promovido por el señor Kevin Arley Martínez Gómez
contra la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en su calidad de directora técnica de
reparación de la UARIV.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en su calidad de directora
técnica de reparación de la UARIV contra el Tribunal Administrativo de Antioquia –
Sala Cuarta y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al
patrimonio de la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en su calidad de directora
técnica de reparación de la UARIV, con ocasión de las providencias de 20 de junio
y 31 de mayo de 2024, proferidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Cuarta y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín,
respectivamente, en el marco de un incidente de desacato.
7
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Para abordar el problema jurídico planteado se analizarán los siguientes aspectos:
(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) evolución jurisprudencial del tema referente a la procedencia
de la acción de tutela contra los autos que resuelven el incidente de desacato; (iii)
estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y de encontrarse superados; (iv)
las generalidades de los defectos alegados y (v) el estudio del caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 7,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema8.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales9.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Evolución jurisprudencial de la procedencia de la acción de tutela contra
los autos que resuelven el incidente de desacato
La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tema de la siguiente manera:
«Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas en el
curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la Corte
ha establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre que logre
verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es claro que por
medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman decisiones que
pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes. Entonces, siendo
procedente de forma excepcional la acción de tutela, debe tenerse presente que
durante el trámite de tal incidente no se deberán ventilar asuntos que afecten la ratio
decidendi, ni la decisión que con base en ésta se adoptó en el fallo de tutela, y que
sirve como fundamento para promover el incidente de desacato. Así, el estudio de
una acción de tutela interpuesta contra un incidente de desacato deberá limitarse, en
7
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
8
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
9
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
10
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
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Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta y otro
todo caso, a la conducta desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin
consideración alguna del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un
asunto debatido que hizo tránsito a cosa juzgada11.
Lo anterior, denota claramente que la acción de tutela sí es procedente en contra
de las decisiones que se profieran en el trámite de un incidente de desacato, lo que
está prohibido es que el juez constitucional ahonde y se pronuncie sobre la decisión
de tutela que sirvió como base para promover el incidente.
Dicha postura resulta lógica, pues, de lo contrario, los asuntos decididos por el juez
natural serían interminables y sometidos a incertidumbre, lo cual va en contravía de
los postulados de seguridad jurídica y cosa juzgada imperantes en un Estado de
Derecho.
Igualmente, en la sentencia SU-627 de 2015, el Máximo Tribunal Constitucional fijó
las reglas de procedencia de la acción de tutela contra providencias dictadas en el
trámite de la acción de tutela, en los siguientes términos:
4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela
contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela
anteriores o posteriores a la sentencia.
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia
proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de
que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida
por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de
Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que
debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista
fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre
y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con
posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión
del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que
serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
11
Corte Constitucional, Sentencia T-482 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.
9
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requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional 12”. (Subrayas
por fuera del texto)
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
Sobre el particular, para la Sala es necesario precisar que este requisito 13, se
encuentra superado, por cuanto la parte actora explicó que se vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen
nombre y al patrimonio, ante la posible configuración de los defectos por
desconocimiento del precedente, fáctico y violación directa de la Constitución.
Lo anterior, con fundamento en que el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Cuarta confirmó la decisión de 31 de mayo de 2024, en la que el Juzgado Cuarto
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín sancionó a la señora Sandra
Viviana Alfaro Yara, por el incumplimiento de una orden de tutela, a pesar de que
durante el trámite incidental y en las solicitudes de inaplicación de la sanción ha
explicado que existe imposibilidad jurídica para informar la fecha cierta en que se
entregará la indemnización administrativa al señor Kevin Arley Martínez Gómez,
dado que, debe regirse por el procedimiento administrativo dispuesto en la
Resolución 1049 de 2019.
En consonancia con lo anterior, la parte actora cumplió con el deber de evidenciar
con suficiencia una tensión entre las providencias censuradas y el núcleo
esencial de las garantías constitucionales alegadas. Esto, al exponer como las
decisiones de 25 de junio, 4 de julio, 18 de julio y 25 de julio de 2024, proferidas
por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín se
abstuvieron de levantar la sanción impuesta, quebrantando así el derecho
fundamental al debido proceso, dado que, a la señora Sandra Viviana Alfaro
Yara, en su calidad de directora técnica de reparación de la UARIV, no le es
posible cumplir la orden.
Así, se puede concluir que no se trata de un asunto de mera legalidad, ni tampoco
que se limite a cuestiones económicas, se trata de una duda legítima sobre la
posible vulneración de principios constitucionales como el debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, este último garantía de raigambre
constitucional, el cual establece el derecho de toda persona a acceder a la
administración de justicia para solicitar a los jueces competentes la protección o el
restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley.
Además, se debe precisar que el presente caso involucra la discusión sobre la
posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso derivado de los
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
13
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
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defectos endilgados a la parte demandada, que conllevó tanto al juzgado como al
tribunal accionado a sancionar a la señora Alfaro Yara, por el presunto
incumplimiento de un fallo de tutela, y por ende, no puede considerarse como una
discusión meramente legal, puesto que, es claro que no se pretende utilizar la
acción de tutela para reabrir un debate jurídico cerrado por el juez contencioso
administrativo.
Por todo lo anterior se concluye que se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de
relevancia constitucional, en atención a que se está en presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales de la actora, cuya controversia no se
enfocó en un debate de orden de contenido legal o económico, sino que se justificó
en una notoria tensión entre las garantías invocadas y la decisión judicial objeto de
reproche.
2.5.2. Inmediatez
El requisito de inmediatez se tiene por satisfecho en el presente asunto, si se
tiene en cuenta que la última providencia dictada al interior del trámite de
desacato corresponde al auto de 25 de julio de 2024, por medio del cual, el
Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín no accedió
a la inaplicación que solicitó la parte incidentada. Así, sin que sea necesario
establecer su fecha de de ejecutoria, se advierte que la acción de tutela se radicó
dentro del término razonable de seis (6) meses señalado por la jurisprudencia14.
2.5.3. Tutela contra tutela
Esta Sala de decisión encuentra que no existe reparo alguno en relación con este
juicio de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión
de la misma naturaleza, pues las providencias judiciales controvertidas se
profirieron en el marco del incidente de desacato que se identificó con el radicado
número 05001-33-33-004-2024-00081-03, el cual promovió el señor Kevin Arley
Martínez Gómez contra la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en su calidad de
directora técnica de reparación de la UARIV.
2.5.4. Subsidiariedad
En consideración a dicho requisito, por tratarse de decisiones que negaron la
solicitud de inaplicación de la sanción por desacato, se tiene que no son
susceptibles de recurso alguno, conforme lo dispone el Decreto 2591 de 1991.
Superados los requisitos de procedibilidad se analizarán los defectos alegados y el
fondo del asunto.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11
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2.6. Generalidades de los defectos invocados
2.6.1 Defecto por desconocimiento del precedente
Para esta Sala15, el precedente es aquella regla de derecho creada por una alta
corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un
determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el
mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal. Esta decisión es
vinculante para los demás operadores del sistema jurídico, porque, se reitera, se
crea una regla aplicable en los demás asuntos que se basen en los mismos
supuestos de hecho.
Lo anterior tiene lugar en ejercicio de la actividad creadora de derecho que ejercen
los jueces de las altas cortes y los órganos de cierre de cada jurisdicción, ya sea
para definir la interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe dársele
la mejor solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos normativos,
siempre a la luz de los preceptos constitucionales.
Por tanto, dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y
operadores judiciales y constituye una actividad de creación de derecho, al definir
directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de la
Constitución.
Sin embargo, resulta necesario advertir que no todas las decisiones judiciales que
profieren las altas cortes generan una regla o subregla, pues aquellas corresponden
más al resultado de la aplicación al caso en concreto de la norma cuyos
presupuestos fácticos se subsumen al caso, sin que exista necesariamente una
actividad creadora del juez como tal16.
2.6.2. Violación directa de la Constitución
Al respecto, la Corte Constitucional17 ha señalado que este defecto se configura
cuando el juez ordinario profiere una providencia que desconoce la Constitución en
los dos casos que se señalan a continuación.
El primero, tiene lugar cuando el juez «deja de aplicar una disposición fundamental
a un caso concreto»18. En este caso, procede la tutela contra providencia judicial
por el defecto referido cuando: i) el juez no interpreta y aplica una disposición legal
orientado por el precedente constitucional; ii) la controversia versa sobre un derecho
de aplicación inmediata y iii) cuando en la providencia se vulnera un derecho
fundamental sin tener en cuenta el principio de interpretación conforme a la
Constitución19.
El segundo caso de violación directa de la Constitución tiene lugar cuando el juez
15
Frente a este aspecto puede revisarse, entre otras, la sentencia del 27 de junio de 2019, radicación
11001-03-15-000-2018-03784-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio y la
providencia del 27 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-201904312-00 con ponencia
de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
16
Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.
11001-03-15-000-2013-02690-01.
17
Corte Constitucional, Sentencia SU-198, 11.04.13, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
18
Ibidem
19
Ibidem.
12
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«aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución»20, y se fundamenta en
el artículo 4 de la Carta Política que establece que esta es norma de normas y, por
tanto, en todo caso que el juez deduzca que una norma es incompatible con aquella,
es deber del mismo «aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las
legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad»21.
2.6.3. Defecto fáctico
Esta Sala, en decisión del 12 de noviembre del 201522, precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto
fáctico en una providencia judicial, los cuales, a continuación, son traídos a colación
en la presente decisión.
Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados
por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv)
dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido
proceso.
Aquellos casos en los que se configura el defecto en referencia cuentan con las
siguientes características:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó
al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema
jurídico sometido a consideración y ésta fue negada; ello, sin desconocer
la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los
requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es
importante considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre
Omisión de decreto y la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste procederá
práctica de pruebas cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada
indispensables para oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.
fallar el asunto De esta manera, se requiere:
1. Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
2. Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
3. Que se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada
era conducente, pertinente o idónea.
4. Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse
decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
expediente y resultando decisivos frente a los hechos que se pretenden
probar, aquellos no son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este
punto, se requiere que de forma específica, se concrete en el escrito de
Desconocimiento del
amparo, cuáles pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron
acervo probatorio
desconocidas por el juez.
determinante para
Así las cosas, el defecto en este evento se configura siempre que:
identificar la
1. Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el juez.
veracidad de los
2. Se demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y
hechos alegados por
oportunamente al proceso
las partes
3. Se señalen las razones por las cuales eran relevantes para la
decisión
4. Se precise, razonadamente, la incidencia de estos para variar el
sentido del fallo.
20
Ibidem.
21
Ibidem.
22
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
13
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Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
apreciación efectuada por el fallador resulta manifiestamente equivocada
o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
Se requiere entonces que:
1. La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de
indebida valoración por el juez
Valoración irracional 2. Se indique la razón del por qué, en cada caso en particular, la
o arbitraria de las consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la
pruebas aportadas lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados resulta de vital importancia, pues
es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual
arribó el juez de instancia, de ninguna manera puede ser razón para
ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario,
implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.
3. Se señale la incidencia de la prueba en el fallo atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto con
base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su
producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la
prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en
Dictar sentencia con
cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta
fundamento en
una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
pruebas obtenidas
Para su configuración corresponde:
con violación del
1. Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con
debido proceso
violación al artículo 29 constitucional.
2. Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
3. Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento
de la decisión.
Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su
escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto,
sino también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución Política.
Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en
que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal
manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como
suele ocurrir, pues además de ser desacertado puede generar confusión al fallador.
2.7. Caso concreto
Es del caso resaltar por razones de transparencia que, en el Consejo de Estado, se
han tramitado acciones de tutela de similar situación fáctica a la presente, y en
varias de ellas se ha accedido al amparo deprecado23, porque se han encontrado
acreditados los defectos alegados, en razón a la imposibilidad jurídica de brindar
una fecha cierta o indicar un plazo razonable para el pago de la indemnización
23
La sala indica que acogerá algunas de las consideraciones expuestas en dichas providencias en
el presente fallo por la similitud fáctica y jurídica que presentan, a saber:
11001031500020230750200,111001031500020240205200,11001031500020240205300,1100103
1500020240201400,11001031500020240156800,11001031500020240118100,110010315000202
40113700,11001031500020230686001,11001031500020240095600,11001031500020240013800,
11001031500020230767200,11001031500020230750200,11001031500020230391801,11001031
500020230686000,11001031500020230681900,11001031500020230312101,1100103150002023
0312100, 11001-03-15-000-2024-01069-00.
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administrativa, es por esto, que esta Sala de decisión, hará algunas precisiones de
orden metodológico.
2.7.1. Derecho de las víctimas a ser reparadas y el procedimiento para
reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa
La Corte Constitucional, en la sentencia SU-254 de 2013 se refirió a los derechos
de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral y en relación con la
indemnización administrativa, concluyó que, por regla general, la acción de tutela
no tenía una naturaleza indemnizatoria, pero resultaba procedente para otorgar
protección a la población víctima de desplazamiento en condición de extrema
vulnerabilidad.
Así mismo, la Corte, en la sentencia C-753 de 201324 concluyó que las disposiciones
normativas que establecen plazos y límites en términos del presupuesto nacional
no suponían una extralimitación del principio de responsabilidad fiscal en detrimento
del derecho de las víctimas a la indemnización, por cuanto dicho principio «es un
criterio orientador de las ramas del poder para conseguir los fines del Estado que
no tiene la virtualidad de socavar derechos fundamentales».
Es decir, para la Corte, es viable la aplicación de criterios e instrumentos de
priorización, así como el agotamiento del procedimiento previsto por la Ley para la
entrega de la indemnización administrativa por los hechos sufridos en el contexto
del conflicto, con miras a viabilizar la adecuada reparación integral de las víctimas,
conforme a los principios de igualdad, gradualidad y progresividad.
En efecto, así lo ha reiterado en los distintos autos de seguimiento a la sentencia T-
025 de 200425, entre ellos, el auto 206 de 2017, en el que exhortó a los jueces de la
República a que se abstuvieran de impartir temporalmente órdenes de
reconocimiento de indemnización administrativa y sanciones por desacato, dado el
número de tutelas que desbordaban la capacidad de la entidad competente para
atenderla.
Tal postura fue reiterada en la sentencia SU-034 de 2018, en la que se estudiaron
las decisiones de los jueces de tutela frente a los presuntos desacatos de la UARIV
a órdenes de reconocimiento de indemnización administrativa, sentencia que será
analizada por la Sala al abordar el defecto por desconocimiento del precedente
planteado por la actora.
De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que, en el marco del derecho a
la reparación de las víctimas del conflicto armado, las órdenes de indemnizaciones
administrativas que imparten los jueces de tutela deben tomar en consideración las
medidas adoptadas por el ejecutivo con la finalidad de indemnizar al universo de
víctimas, ante la imposibilidad financiera de hacerlo al mismo tiempo.
24
Examinó la constitucionalidad de las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas, previstas en la Ley 1448 de 10 de junio de 2011 y en los Decretos 4634 de 9 de diciembre
de 2011 y 4635 de 9 de diciembre de 2011.
25
En la cual se declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de atención
a la población desplazada.
15
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Específicamente, en relación con la indemnización administrativa de las víctimas, la
UARIV expidió la Resolución 1049 de 15 de marzo de 201926, en la cual estableció
las fases del procedimiento para acceder a dicha prestación y creó el método
técnico de priorización para su desembolso.
El artículo 17 de la resolución mencionada indica que el método que se aplica
anualmente para la asignación de los turnos de pago: «tiene como objetivo generar
unas listas ordinales que indicarán la priorización para el desembolso de la medida
de indemnización administrativa y se aplicará anualmente para la asignación de
los turnos de pago de manera proporcional a los recursos apropiados en la
respectiva vigencia fiscal para tal fin, de conformidad con el Marco de Gasto de
Mediano Plazo del Sector». (Negrillas fuera del texto original)
Igualmente, en el artículo 4° de la Resolución 1049 de 201927 se establecen las
situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad que dan lugar a la
priorización del trámite y pago de la reparación administrativa, y son las siguientes:
“Artículo 4°. Situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad. Para los
efectos del presente acto administrativo se entenderá que una víctima,
individualmente considerada, se encuentra en urgencia manifiesta o extrema
vulnerabilidad cuando se acredite:
a. Edad. Tener una edad igual o superior a los sesenta y ocho (68) años. El presente
criterio podrá ajustarse gradual y progresivamente por la Unidad de Víctimas, de
acuerdo al avance en el pago de la indemnización administrativa a este grupo
poblacional.
b. Enfermedad. Tener enfermedad(es) huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico o de
alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protección Social.
c. Discapacidad. Tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones
e instrumentos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de Salud y
Protección Social o la Superintendencia de Salud.”
2.7.2. Reproches expuestos por la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en su
calidad de directora técnica de reparación de la UARIV
La señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en su calidad de directora técnica de
reparación de la UARIV consideró que las providencias acusadas incurrieron en los
siguientes defectos:
2.7.2.1. Desconocimiento del precedente: mencionó la sentencia SU - 034 de 2018,
proferida por la Corte Constitucional, «que señala expresamente las reglas
jurisprudenciales, para que los jueces de tutela de primera instancia modulen el
cumplimiento del fallo, en especial los que se relacionan con el pago de
indemnización administrativa».
También trajo a colación la sentencia T-351 de 2011, específicamente el siguiente
fragmento:
26
Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía
administrativa, se crea el método técnico de priorización, se deroga las Resoluciones 090 de 2015 y
01958 de 2018, y se dictan otras disposiciones.
27
modificada por la Resolución 582 de 2021.
16
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Demandante: Sandra Viviana Alfaro Yara
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta y otro
el sentido, alcance y fundamento normativo de obligatoriedad de los
pronunciamientos de la Corte Constitucional varía según se trate de fallos de
constitucionalidad o de revisión de tutelas. No obstante, ambos tienen en común, que
se deben acatar (i) para garantizar el carácter normativo de la Constitución como
norma de normas, en tanto la Corte Constitucional es el intérprete autorizado de la
Carta, y (ii) para unificar la interpretación de los preceptos constitucionales por
razones de igualdad.
2.7.2.2. Defecto fáctico: adujo que el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Cuarta y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, en
las sentencias reprochadas «valoraron defectuosamente los escritos proferidos por
la UARIV, así como la resolución que resolvió el reconocimiento de la medida
indemnizatoria y el oficio de no favorabilidad del actor de la acción constitucional».
Expuso que los medios de convicción se analizaron de forma arbitraria, irracional y
caprichosa, puesto que «sin razón valedera da por no probado el hecho del
incumplimiento de la sentencia, y adicionalmente no tiene en cuenta las
explicaciones manifestadas en distintas oportunidades relacionadas con el debido
proceso administrativo gestado en la Resolución 01049 de 2019, respecto a cómo
es el procedimiento para la entrega de la indemnización administrativa a las víctimas
del conflicto armado dentro de un marco de igualdad entre las víctimas».
Adicionalmente, expuso que, no se valoró de forma íntegra «el informe de
cumplimiento dado al JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DE
MEDELLIN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA CUARTA,
en donde se manifestó el resultado de la aplicación del método técnico de
priorización y la imposibilidad de indicar un plazo aproximado y un orden para que
se realice el pago efectivo de la indemnización contenida en la Resolución
No.04102019- 1027827 del 19 de abril de 2021 esto, sin vulnerar el derecho de
igualdad frente a las demás personas que estén en las mismas condiciones,
vislumbrando un hecho superado respecto del objeto de la Litis propuesta en la
acción constitucional».28
2.7.2.3. Violación directa de la Constitución: arguyó que con las decisiones del
Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta y el Juzgado Cuarto
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, se evidencia arbitrariamente la
afectación de los principios constitucionales, tales como, el debido proceso, la
igualdad, la seguridad jurídica, la confianza legítima en el sistema judicial y la buena
fe.
Ello, por desconocer lo previsto en el auto 206 de 2017 y el procedimiento de
reconocimiento de indemnización administrativa previsto en la Resolución 01049 de
2019.
Ahora bien, esta Sección encuentra que los tres defectos están íntimamente ligados,
puesto que conducen a demostrar que con las providencias cuestionadas se
configuró la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
tutela judicial efectiva, al buen nombre y al patrimonio, dado que, la UARIV adujo
que no era posible informarle al señor Kevin Arley Martínez Gómez, la fecha
aproximada en la cual se le haría efectivo el pago de la indemnización administrativa
28
Transcripción literal, por lo que puede contener errores.
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que le fue reconocida a través de la resolución No. 04102019-1080138 del 21 de
abril de 2021.
En consecuencia, por cuestiones metodológicas la Sala los estudiará de manera
conjunta.
De manera que, con el objetivo de determinar si se configuran los reparos expuestos
por la tutelante, resulta necesario recordar los fundamentos que condujeron a
imponer la sanción por desacato que se discute en el presente asunto:
El 18 de abril de 2024, el señor Kevin Arley Martínez Gómez solicitó que se iniciara
un incidente de desacato contra la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en su calidad
de directora técnica de reparación de la UARIV, con ocasión a que no cumplió la
orden que tanto el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín como el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta dieron en el
marco de una acción de tutela, en las sentencias de 4 de abril de 2024 y 21 de mayo
de 2024, respectivamente.
Por consiguiente, en providencia de 31 de mayo de 2024, el Juzgado Cuarto
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín declaró que la señora Sandra
Viviana Alfaro Yara, en su calidad de directora técnica de reparación de la UARIV,
incurrió en desacato por no cumplir las mencionadas órdenes, y la sancionó con
una multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Cuarta, en providencia 20 de junio de 2024, confirmó el auto de 31 de mayo de
2024.
El fundamento de la decisión fue que «la incidentada no cumplió con la orden
impuesta en el fallo, pues no obra constancia alguna que acredite el cumplimiento
de esta. Incluso, en el informe presentado durante el trámite del incidente, la entidad
aceptó su incumplimiento y manifestó que está en imposibilidad para acatar la orden
judicial».
Inconforme con la sanción, la representante judicial de la UARIV, en cuatro
oportunidades solicitó ante el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín, la inaplicación de la sanción, con fundamento en que «es de
imposible cumplimiento informar una fecha aproximada en la cual se le hará efectivo
el pago de la indemnización administrativa o el turno en el que está para el pago,
puesto que como se ha informado en pasadas defensas, el procedimiento para el
acceso a la medida indemnizatoria será tramitado por la R. 1049 de 2019, teniendo
en cuenta que la parte accionante no ha acreditado uno de los criterios de
priorización establecidos en la misma».
Por su parte, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín,
en providencias de 25 de junio, 4 de julio, 18 de julio y 25 de julio de 2024, no
accedió a las peticiones de inaplicación que solicitó la parte incidentada, con base
en que «no está demostrado el cumplimento a la orden dictada ni tampoco se
acredita imposibilidad material respecto de otorgar respuesta en los términos
indicados en la mencionada providencia, pues a pesar de que la entidad ha
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realizado la aplicación del método técnico de priorización, y le ha informado al
accionante que no ha sido favorable, dicha respuesta no satisface lo ordenado».
Considerado lo anterior, esta Sección debe indicar que para la imposición de la
sanción por desacato, es necesario que el juez verifique la existencia de dos
elementos, a saber: el objetivo, que hace referencia al incumplimiento del fallo, y el
subjetivo, que, dada la naturaleza disciplinaria de la sanción por desacato, exige
establecer que el responsable fue negligente respecto de su obligación.
En la sentencia SU-034 de 2018, que la señora Sandra Viviana Alfaro Yara,
mencionó en su escrito tutela, se señaló lo siguiente:
-El juez que instruye un incidente de desacato debe examinar el conminado a cumplir
la orden se encuentra inmerso en una circunstancia excepcional de fuerza mayor,
caso fortuito o imposibilidad absoluta jurídica o fáctica para conducir su proceder
según lo dispuesto en el fallo de tutela.
-Bajo esa óptica, no habría lugar a imponer una sanción por desacato en los casos
en que (i) la orden de tutela no ha sido precisa, porque no se determinó quién debía
cumplirla o porque su contenido es difuso, y/o (ii) el obligado ha adoptado alguna
conducta positiva tendiente a cumplir la orden de buena fe, pero no se le ha
dado la oportunidad de hacerlo. (Negritas fuera del texto original)
Todavía cabe señalar que para la Sala es dable concluir que, aun cuando el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Medellín afirmaron que los elementos para la imposición de
la sanción estaban acreditados, lo cierto es que, revisadas las providencias
acusadas, se advierte que en ellas únicamente se hizo un estudio respecto del
elemento objetivo, pero no del subjetivo.
Lo anterior, toda vez que a lo largo del trámite incidental, la señora Sandra Viviana
Alfaro Yara, en su calidad de directora técnica de reparación de la UARIV, explicó
en reiteradas oportunidades y detenidamente las medidas que adoptó para darle
cumplimiento a las sentencias de tutela y el método que dispuso esa entidad.
Sin embargo, en relación con la fecha cierta en la que se entregará la indemnización
administrativa al señor Kevin Arley Martínez Gómez, la UARIV expuso que la misma
se obtendría a partir de la aplicación del método de priorización, el cual corresponde
a un proceso técnico que determina los criterios para proceder al desembolso,
trámite que se aplica de manera global y anualmente a todas las víctimas.
Respecto de la capacidad financiera con la que cuenta la UARIV y el caso del señor
Kevin Arley Martínez Gómez, esta Sección pone de presente que mediante la
Resolución número 04102019-1080138 de 21 de abril de 2021, decidió la solicitud
de indemnización administrativa con radicado 2587787-12135591, por el hecho
victimizante de «DESPLAZAMIENTO FORZADO», y a su vez, ordenó dar aplicación
al mencionado método para determinar el orden del desembolso de la medida, de
manera proporcional a los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal, dado
que, para la fecha del reconocimiento, no se acreditó una de las situaciones
descritas como de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad para priorizar la
entrega.
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En ese sentido, para esta Sala es pertinente indicar que el método técnico de
priorización es un proceso técnico aplicable al universo total de las víctimas con
decisión de reconocimiento de la indemnización administrativa a su favor, que
determina los criterios y lineamientos para priorizar el desembolso de la medida de
indemnización administrativa y así, generar el orden para el pago de manera
proporcional a los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal, conforme al
«Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector».
Como lo explicó la UARIV, la entrega de los recursos de la indemnización estará
definida por el resultado de un análisis objetivo de variables: (i) demográficas, (ii)
socioeconómicas, (iii) de caracterización del daño, (iv) de avance en el proceso de
reparación integral de las víctimas, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal
anual asignada a la UARIV. En efecto, la Corte Constitucional ha reconocido en su
jurisprudencia que la entidad puede definir plazos y acoger criterios que permitan
priorizar la entrega de las medidas que correspondan a la indemnización
administrativa.
De manera que, el número de víctimas que podrán ser indemnizadas en cada
vigencia depende de la disponibilidad presupuestal de la UARIV, por ello es posible
que existan solicitudes que, aunque hayan alcanzado el puntaje mínimo después
del estudio, el presupuesto asignado no permita la entrega de los recursos.
En este punto, es importante precisar que lo mencionado en los párrafos
inmediatamente anteriores, y al interior del trámite incidental le fue comunicado en
diferentes oportunidades a las autoridades que conocieron el desacato y también al
señor Kevin Arley Martínez Gómez, a saber:
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En ese orden, para la Sala, es evidente que se configuraron los defectos alegados
por la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, en su calidad de directora técnica de
reparación de la UARIV, toda vez que, el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Cuarta y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín no
podían pasar por alto y dejar de analizar los informes, soportes y solicitudes de
inaplicación de la sanción, puesto que, estos estaban encaminados a demostrar
que, si bien, no se podía señalar una fecha exacta para el desembolso de la
indemnización reconocida al señor Kevin Arley Martínez Gómez, ello no se debió a
un desinterés en acatar la orden judicial o a una actitud negligente frente al derecho
que le asiste al señor Martínez Gómez, sino a la (i) la imposibilidad jurídica en
aplicación de la Resolución 1049 de 15 de marzo de 2019, (ii) la capacidad
financiera con la que cuenta la UARIV, así como (iii) la complejidad del trámite que
se mencionó en líneas precedentes.
Así las cosas, para la Sala, el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta y
el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín
desconocieron lo establecido en la sentencia SU-034 de 2018 de la Corte
Constitucional, por medio de la cual se establecieron los elementos que debe
considerar el juez al resolver el incidente de desacato en tutela, pues como se
evidenció, omitió valorar desde la óptica de la responsabilidad subjetiva los informes
de cumplimiento y las solicitudes de inaplicación presentadas, que demostraban
que el juez no podía establecer un límite temporal para el reconocimiento de dicha
reparación.
Ello, teniendo en cuenta que los plazos previstos para ese pago están sujetos a la
reglamentación citada, a los criterios de priorización adoptados por la UARIV, y a
los principios de progresividad y sostenibilidad.
2.8. Conclusión
En la presente sentencia, esta Sala de Decisión concederá el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen
nombre y al patrimonio de la señora Sandra Viviana Alfaro Yara, quien fue
sancionada en el trámite incidental de desacato identificado con el radicado 05001-
33-33-004-2024-00081-03, en su calidad de directora técnica de reparación de la
UARIV, de manera que:
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2.8.1. Se dejarán sin efectos las providencias de 25 de junio, 4 de julio, 18 de julio
y 25 de julio de 2024, en las que el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín negó la inaplicación de la sanción impuesta a la señora Sandra
Viviana Alfaro Yara, en su calidad de directora técnica de reparación de la UARIV.
2.8.2. Se ordenará al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín, que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de
esta sentencia profiera la providencia de reemplazo, teniendo en cuenta lo expuesto
en la parte motiva de esta sentencia.
Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que la UARIV, de conformidad con la
reglamentación citada debe continuar aplicando anualmente el método técnico de
priorización con el fin de que se establezca el turno para el respectivo desembolso
de la indemnización administrativa reconocida al señor Kevin Arley Martínez
Gómez, con el objeto de dar cumplimiento a las sentencias de tutela proferidas por
las autoridades demandadas, y se logre la reparación integral a las víctimas.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de la señora Sandra Viviana
Alfaro Yara, en consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS los autos de 25 de junio, 4 de
julio, 18 de julio y 25 de julio de 2024, proferidos por el Juzgado Cuarto
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín.
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Medellín, que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
sentencia, profiera la providencia de reemplazo con fundamento en las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Aclara voto)
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
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Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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