Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07502-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-07502-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-07502-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
9 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., nueve (09) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07502-00
Accionante: Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por las señoras Patricia Tobón Yagarí
y Sandra Viviana Alfaro Yara contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el
Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 13 de diciembre de 20231 las señoras Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana
Alfaro Yara, en nombre propio, interpusieron acción de tutela2 en procura de la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial
efectiva, al buen nombre y al patrimonio que consideraron vulnerados con ocasión
de los autos proferidos el 5 de septiembre de 2023 y 3 de noviembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia que, confirmaron los autos del 30 de agosto de
2023 y del 27 de octubre de 2023 dictados por el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín, a través de los cuales se les impuso multa de un (1)
salario mínimo legal mensual vigente, dentro del incidente de desacato de tutela
identificado con el radicado 050013333035202300183-00.
1.1. Hechos
1.1.1. El 11 de mayo de 2023 Luis Julio González interpuso acción de tutela contra
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ─UARIV en procura
de obtener la protección a su derecho fundamental de petición, en atención a la falta
de respuesta a su solicitud de dar cabal cumplimiento a la indemnización por
desplazamiento forzado, reconocida a través de la resolución No. 04102019-859852
del 14 de diciembre de 20193.
1
Índice 1, expediente digital de tutela.
2
Obra en el certificado 14A60A21167B5224 C2DFF4EDDC9D7D38 31EE809083F94D73 39CEC01AE137BCD5, índice 2.
3
Información tomada de la sentencia del 4 de julio de 2023, certificado 955A6567DFAC5613 DFD1CC5958E6D4F7
32C4B69AEF66538A CBA88C9FC590BE9C, índice 4, expediente de tutela de radicado 050013333035202300183-01.
2
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07502-00
Accionante: Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
1.1.2. El 19 de mayo de 2023 el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo Oral del
Circuito de Medellín negó el amparo constitucional, al considerar que la UARIV dio
respuesta a la solicitud del peticionario4. En segunda instancia, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, a través de sentencia del 4 de julio de 2023, revocó la
decisión y ordenó a la UARIV dar “respuesta de fondo, clara y concreta a la petición
presentada por LUIS JULIO GONZÁLEZ indicándole el orden en el que se
encuentra para la entrega de la indemnización y la fecha estimada en que recibirá
el desembolso al cual tiene derecho, en virtud de la resolución 04102019-021530,
de 14 de diciembre de 2019”5.
1.1.3. El 24 de julio de 2023 Luis Julio González presentó incidente de desacato
contra la UARIV6. El 30 de agosto de 2023 el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo
del Circuito de Medellín sancionó a Sandra Viviana Alfaro Yara directora de
reparación de la UARIV y a Patricia Tobón Yagarí directora general de la UARIV–
con multa de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, para cada una, por
incumplir el fallo de tutela proferido el 4 de julio de 20237.
1.1.4. El 5 de septiembre de 2023 el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante
auto8, confirmó la providencia consultada y conminó a Sandra Viviana Alfaro y a
Patricia Tobón Yagarí, para que, en lo sucesivo, acaten oportunamente las órdenes
judiciales. Específicamente esta autoridad judicial consideró que las incidentadas
aceptaron el incumplimiento en relación con el fallo de tutela, ante la “imposibilidad
de acatar la orden judicial”. Sobre el particular, en esta providencia de advirtió que
“la directora de la entidad, pese a conocer de la contumacia, nada hizo al respecto,
no hay prueba que haya adelantado acciones tendientes a logar el cumplimiento de
la orden impartida en la tutela”9.
1.1.5. El 3 de octubre de 2023 Luis Julio González presentó nuevamente incidente
de desacato contra la UARIV y, por su parte, la entidad llamada a cumplir la
4
Información tomada de la sentencia proferida el 4 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, expediente
de tutela digital, certificado 955A6567DFAC5613 DFD1CC5958E6D4F7 32C4B69AEF66538A CBA88C9FC590BE9C, índice
4, radicado 050013333035202300183-01.
5
Obra en el certificado 955A6567DFAC5613 DFD1CC5958E6D4F7 32C4B69AEF66538A CBA88C9FC590BE9C, índice 4,
radicado 050013333035202300183-01.
6
Información tomada del auto del 5 de septiembre de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, expediente
de tutela digital, certificado FA16717050D16A0A 2CE10459C460C068 37B09BD900835D46 17EC859995FF23AE, índice 6,
radicado 050013333035202300183-03.
7
Ibídem.
8
Obra en el certificado FA16717050D16A0A 2CE10459C460C068 37B09BD900835D46 17EC859995FF23AE, índice 6,
expediente de tutela digital de radicado 050013333035202300183-03.
9
Folio 7, Ibídem.
3
Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07502-00
Accionante: Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
sentencia presentó diversas solicitudes de inaplicación de la sanción impuesta10. En
auto de 27 de octubre de 2023 el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito
de Medellín negó la solicitud de inaplicación de la sanción de 30 de agosto de
202311.
1.1.6. De su lado, el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 3 de noviembre de
2023, confirmó la providencia consultada y reiteró los argumentos expuestos en el
auto del 5 de septiembre de 2023.
1.2. Fundamentos de la acción de tutela
1.2.1. Las accionantes consideraron que se les vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al
patrimonio, al entender que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente jurisprudencial y
violación directa de la Constitución. En concreto propusieron los argumentos que se
exponen a continuación.
Defecto sustantivo. Explicaron que se desconoció el precedente establecido en la
SU-034 de 2018 de la Corte Constitucional, en la que se señala expresamente las
reglas para modular el cumplimiento de los fallos de tutela.
Defecto fáctico. Refirieron que las autoridades accionadas incurrieron en una
valoración defectuosa del material probatorio allegado al proceso, específicamente
en relación con lo dispuesto en la Resolución 01049 de 2019, en la que se explica
cómo es el procedimiento para la entrega de la indemnización administrativa a las
víctimas del conflicto armado.
Agregaron que no se valoró el informe de cumplimiento presentado, en el que se
indicó el resultado de la aplicación del método técnico de priorización y la
imposibilidad de informar el plazo razonable en que se podría materializar la medida
de indemnización.
Desconocimiento del precedente constitucional. Adujeron que en las providencias
atacadas se dejaron de atender los lineamientos fijados por la Corte Constitucional.
10
Información tomada del auto del 3 de noviembre de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, expediente
de tutela digital, certificado 1805EA0F037C78FE 4A302D2B807AA50A 85B6261B2302BB63 3AE5B4BAF65D094A, índice 6,
radicado 050013333035202300183-04.
11
Ibídem.
4
Sentencia de primera instancia
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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Violación directa de la Constitución. Afirmaron que los jueces de tutela
desconocieron abiertamente “lo previsto en el Auto 206 de 2017 y el procedimiento
de reconocimiento de indemnización administrativa previsto en la Resolución 01049
de 2019”12.
Indicaron que en el caso del señor Luis Julio González se aplicó el Método Técnico
de Priorización en la vigencia del año 2023, con el propósito de determinar, de
manera proporcional a los recursos presupuestales asignados a la Unidad en
presente vigencia, y se concluyó que no era procedente materializar la entrega de la
medida de indemnización.
Añadieron que al ser desfavorable el resultado, no hay lugar a indicar el orden en el que
se encuentra para la entrega de la indemnización ni la fecha estimada en que recibirá
el desembolso, toda vez que la entidad no otorga turnos de indemnización para las
víctimas en vigencias posteriores. Precisaron que al ser no favorable el resultado,
la Unidad procederá a aplicar cada año el proceso técnico hasta que el resultado
permita el desembolso de la indemnización administrativa.
1.3. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“PRIMERO: AMPARAR nuestros derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial
efectiva, buen nombre, y patrimonio de las suscritas.
SEGUNDO En consecuencia, se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y CINCO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, inaplicar las sanciones impuestas a las suscritas, a través de
autos fechados el 30 de agosto de 2023 y 27 de octubre de 2023, confirmadas en autos de fechas
05 de septiembre de 2023 y 03 de noviembre de 2023 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA — SALA CUARTA, consistentes en multa de un (1) S.M.M.L.V., contra las suscritas.
TERCERO: Se ORDENE al JUZGADO TREINTA Y CINCO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE MEDELLÍN, proferir una nueva decisión que estudie de fondo las solicitudes de inaplicación
de la sanción presentada por parte de la Unidad para las Víctimas, observando la imposibilidad
jurídica, los asuntos relevantes dentro del trámite sancionatorio por desacato descrito en el
acápite de los hechos y las consideraciones la Sentencia SU- 034 de 2018 y el Auto 206 de 2017
de la Corte Constitucional.
CUARTO: ORDENAR al JUZGADO TREINTA Y CINCO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA — SALA CUARTA, que
comunique a la autoridad encargada de la ejecución de la sanción de multa, que las mismas se
han levantado con ocasión a la acreditación de la imposibilidad del cumplimiento de la orden
judicial de tutela y atendiendo lo dispuesto en la Resolución No. 1049 de 2019 y la jurisprudencia
aplicable al caso del Consejo de estado y la Corte Suprema de Justicia.
12
Folio 8, del certificado 14A60A21167B5224 C2DFF4EDDC9D7D38 31EE809083F94D73 39CEC01AE137BCD5, índice 2.
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Sentencia de primera instancia
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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
QUINTO: CONMINAR al JUZGADO TREINTA Y CINCO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
MEDELLÍN y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA — SALA CUARTA, a que acate
y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la
sanción, previa acreditación del cumplimiento de la orden y/o acreditando las razones que
imposibilitan su cumplimiento, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de
desacato.”13.
2. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
Mediante auto del 15 de diciembre de 202314 se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia y al Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo de Medellín, en calidad de demandados y al señor Luis Julio
González, en calidad de tercero con interés.
2.1. Contestaciones
2.1.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia15 manifestó que el contenido y la carga
argumentativa de cada una de las providencias emitidas en sede de consulta
permitirán al juez de tutela concluir si hubo o no violación de los derechos
fundamentales invocados.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 37
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la tutela actual.
2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales. En caso afirmativo, se
determinará si se incurrió en las causales específicas o defectos denunciados.
13
Folio 19, Ibídem.
14
Obra en el certificado C306821646AC644F 64E471CE7E6306B3 BA52C8D26896208C 88E6A96292294DB9, índice 4.
15
Obra en el certificado 348C7A650C74E3BA E9E04A2790EF2229 B10B00B9862FBB2E 8DC4141D99285840, índice 9.
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Sentencia de primera instancia
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Accionante: Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara
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3. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto
3.1. Sobre este requisito, la Corte Constitucional ha señalado que el juez de tutela
“no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones”16.
En efecto, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber17: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa
y justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el
cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial
constitucional está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-215 de 202218,
advirtió que para analizar si una acción de tutela cumplía con el requisito de
relevancia constitucional, era necesario verificar
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales”.
Así mismo, resaltó que en caso de que una acción de tutela fuere incoada en contra
de una providencia judicial emitida por una Alta Corte, resultaba mandatorio advertir,
además de los anteriores requisitos, “una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales.”.
3.2. Para la Sala se torna evidente que el amparo impetrado no satisface el requisito
de relevancia constitucional, puesto que se advierte como un medio dirigido a revivir
el análisis efectuado por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del incidente de desacato de tutela
16
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
17
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001 03 15 000 2012 02201 01, C.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
18
Sentencia del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Sentencia de primera instancia
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identificado con el radicado 050013333035202300183-00, como si este mecanismo
fuera una instancia adicional, según se explicará.
3.3. Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara alegaron, en esencia, que
las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta que en este caso
particular, existe una imposibilidad de establecer el orden en que se hará la entrega
de la indemnización, así como la fecha en que se recibirá el desembolso respectivo,
de acuerdo con el método técnico de priorización.
3.4. Ahora bien, al verificar los argumentos vertidos en el auto del 27 de octubre de
2023 por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Medellín, se dilucidan las
siguientes consideraciones:
“La Unidad de Víctimas, ha reiterado la imposibilidad de cumplir a la orden emitida, toda vez que
el accionante hasta la fecha no había acreditado requisitos de priorización para el pago de la
medida, una vez aplicado el método técnico de priorización conforme a los lineamientos legales.
(…)
Ha de concluirse entonces que se encuentra demostrado el incumplimiento al fallo de tutela y
que no existen motivos razonables para abstenerse de sancionar por desacato al responsable
de cumplir la orden dada en la sentencia y a su superior jerárquico.”19.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Antioquia en el auto del 3 de noviembre
de 2023, explicó:
“El despacho observa que las incidentadas no cumplieron con la orden impuesta en el fallo
descrito al inicio de esta providencia, pues no obra constancia alguna que acredite el
cumplimiento de la misma. Incluso, en los informes presentados durante el incidente y en el grado
jurisdiccional de consulta, la entidad aceptó su incumplimiento y manifestó que está en
imposibilidad de acatar la orden judicial, lo que se traduce en actitud contumaz.
Advierte el despacho que la orden de tutela debe ser cumplida de inmediato y por su destinatario,
porque, de lo contrario, no se reestablecerá la vigencia de los derechos fundamentales que se
siguen conculcando. El elemento subjetivo se halla plenamente establecido, pues, como se
indicó anteriormente, la incidentada aceptó el incumplimiento, pese a ser notificada en debida
forma, lo cual denota que su conducta ha sido omisiva y no se advierte la intención de cumplir o
hacer cumplir el fallo de tutela.
Por su parte, la directora de la entidad, pese a conocer de la contumacia, nada hizo al respecto,
no hay prueba que haya adelantado acciones tendientes a logar el cumplimiento de la orden
impartida en la tutela.
Analizada la sanción impuesta por el a quo, el despacho considera que se ajusta a los criterios
de razonabilidad y proporcionalidad contemplados por el ordenamiento jurídico.
Por lo anterior, se confirmará la decisión proferida por el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo
del Circuito de Medellín.”20
19
Folio 5, certificado 9D65BC4377761DED 2DB55B04F251A097 3DAD5D0BD6DF8319 0F38764E9B0C2503, índice 2.
20
Folio 6, certificado 1805EA0F037C78FE 4A302D2B807AA50A 85B6261B2302BB63 3AE5B4BAF65D094A, índice 6,
radicado 050013333035202300183-04.
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Sentencia de primera instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-07502-00
Accionante: Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
3.5. Luego de lo relatado, se observa que, en sede de tutela, la parte accionante
pretende que nuevamente se valoren los argumentos ya planteados al interior del
incidente de desacato, los que además ya fueron valorados por las autoridades
judiciales accionadas en las providencias censuradas, lo que finalmente se traduce
en una pretensión económica tendiente a que se deje sin efectos la multa por un (1)
salario mínimo legal mensual vigente.
Se advierte que en el trámite incidental las autoridades accionadas de manera
reiterada señalaron que la UARIV no ha cumplido adecuadamente con la orden de
tutela, esto es, dar respuesta de fondo, clara y concreta a la petición presentada por
Luis Julio González, indicándole el orden en el que se encuentra para la entrega de
la indemnización y la fecha estimada en que recibirá el desembolso al cual tiene
derecho en virtud de la resolución 04102019-021530 del 14 de diciembre de 2019,
por medio de la cual se decidió reconocer la indemnización administrativa por el
hecho victimizante de desplazamiento forzado y aplicar el método de priorización,
con el fin de determinar el orden de entrega de los recursos.
Específicamente las autoridades accionadas no encontraron una justificación válida
para dejar de cumplir con lo dispuesto en el fallo de tutela de segunda instancia y,
por el contrario, evidenciaron la ausencia de acciones tendientes a logar el
cumplimiento de la orden impartida.
A partir de las referidas consideraciones, se advierte que través del escrito de tutela
la parte actora no presenta argumentos con relevancia constitucional que permitan
entrar al análisis de fondo del presente asunto, más allá de su inconformidad con la
decisión adoptada por el juez natural del asunto.
3.6. Resulta claro que la parte accionante pretende utilizar la acción de tutela como
si se tratara de una instancia adicional, pues, como se vio, las críticas contenidas
en el escrito tuitivo buscan reabrir el debate que tuvo lugar en el trámite incidental
de tutela, con lo cual el asunto sale de la competencia del juez constitucional.
3.7. Al respecto, debe insistirse en que la procedencia de la acción de tutela en
contra de decisiones judiciales es de carácter residual y no puede usarse para
desconocer la autonomía e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica, en razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y
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no como un “juicio de corrección” de la decisión cuestionada21, lo que se opone a
que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en
el curso del proceso ordinario22.
4. En consecuencia, el presupuesto de relevancia constitucional, como se expuso,
no se encuentra superado en este caso y hace que la acción constitucional resulte
improcedente.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las
señoras Patricia Tobón Yagarí y Sandra Viviana Alfaro Yara, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de no ser impugnada.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
21
Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2009.
22
Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2018.
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